Expediente 23.414 ¿Modernización eléctrica o una disputa por el modelo de país? 26 de mayo 2026
En medio del ruido político, las confrontaciones institucionales y la aceleración del debate público, surge una pregunta inevitable: ¿qué tanto conoce realmente la población costarricense sobre el expediente 23.414 de la Asamblea Legislativa?
El proyecto, denominado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional», es impulsado por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de modernizar el mercado eléctrico, incorporar nuevas tecnologías y adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos. Repetimos la última idea fuerza: «adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos.»
Sin embargo, lejos de convertirse en un debate técnico sereno sobre el futuro energético del país, la discusión amenaza con transformarse en otra batalla política polarizada. Y quizá allí reside el mayor riesgo: que el fondo del tema termine sepultado bajo la confrontación. Y más riesgo aún, que la confrontación sea el fin que busca el proponente (gobierno) porque de ello se alimenta su poder.
Existe una creciente percepción de que alrededor del expediente hay algo más que una simple reforma técnica. Para muchos sectores, el proyecto parece formar parte de una estrategia política donde se intenta arrinconar al Poder Legislativo, desplazar la atención de cuestionamientos acumulados y vender una promesa de futuro energético incierto, pero emocionalmente atractiva bajo el discurso de la «modernización».
El núcleo de las críticas: Las objeciones al expediente provienen de sindicatos, partidos de oposición, especialistas, sectores académicos y organizaciones sociales. Aunque los argumentos son diversos, convergen en una preocupación común: el posible desmontaje progresivo del modelo eléctrico solidario costarricense.
¿Privatización encubierta? La crítica más repetida es que el proyecto abriría mayores espacios al negocio privado dentro del sistema eléctrico nacional, debilitando el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Para sus opositores, el expediente no representa únicamente una actualización regulatoria, sino una transformación estructural hacia un mercado eléctrico competitivo donde la lógica comercial terminaría imponiéndose sobre el modelo público-solidario que históricamente caracterizó al país.
El debilitamiento del ICE Uno de los puntos más sensibles es la eventual pérdida de control estratégico del ICE sobre áreas fundamentales como:
la planificación energética,
la operación del sistema,
el despacho eléctrico,
y la administración del mercado.
El proyecto plantea la creación de ECOSEN, un nuevo ente coordinador del sistema eléctrico. Sus críticos consideran que trasladar funciones estratégicas a esta nueva estructura fragmentaría el modelo actual y reduciría la capacidad operativa y técnica del ICE.
Tarifas: la principal preocupación ciudadana En un país donde el costo de vida ya genera presión sobre hogares y empresas, el temor a un eventual aumento en las tarifas eléctricas se ha convertido en uno de los argumentos más sensibles políticamente.
Quienes cuestionan el proyecto afirman que no existen estudios concluyentes que demuestren que la apertura del mercado reducirá costos para la población. Por el contrario, advierten que podría priorizarse la rentabilidad privada, debilitando además los subsidios cruzados que hoy permiten cierto equilibrio tarifario entre regiones y sectores sociales.
¿Modernización o riesgo para la seguridad energética? Otro de los ejes del debate es la estabilidad del sistema eléctrico costarricense.
Costa Rica posee uno de los sistemas eléctricos con mayor cobertura y estabilidad de América Latina. Precisamente por eso, sectores críticos consideran innecesaria una reforma tan profunda. Advierten que una apertura acelerada podría generar:
pérdida de planificación centralizada,
mayor dependencia del mercado,
menor capacidad de respuesta ante crisis,
y eventuales problemas de abastecimiento.
No es casual que en el debate político ya aparezca el término «Ley Apagón», utilizado por quienes consideran que el proyecto podría comprometer la seguridad energética nacional.
Un trámite acelerado y poco discutido Otro cuestionamiento apunta a la velocidad con que se ha intentado impulsar el expediente. Sus opositores denuncian:
insuficiente discusión técnica,
ausencia de estudios tarifarios sólidos,
falta de evaluación integral de impacto,
y limitada participación ciudadana.
Definitivo, una reforma de esta magnitud requiere consenso nacional, transparencia y mayor profundidad técnica.
El verdadero debate de fondo Más allá del lenguaje técnico y jurídico, el expediente 23.414 ha terminado revelando una discusión mucho más profunda: ¿qué modelo de país quiere Costa Rica para su futuro energético?
De un lado están quienes defienden apertura, competencia y flexibilización como mecanismos para atraer inversión y modernizar el sistema.
Del otro, quienes consideramos que el país arriesga uno de sus modelos públicos más exitosos, construido durante décadas bajo criterios de cobertura universal, estabilidad y acceso solidario.
La pregunta pendiente sigue siendo la más importante: ¿está la ciudadanía recibiendo toda la información necesaria para comprender las verdaderas implicaciones de esta reforma?
Porque cuando una discusión estratégica termina reducida a consignas políticas, el país corre el riesgo de decidir su futuro energético más desde la polarización que desde el conocimiento.
El estilo o modelo del gobierno continuista sí está más claro al público: las propuestas de choque, el gobernar a gritos y acusar a la oposición de obstruir su paso.
Jeannette Cordero Gamboa, Cyd María Ramírez López, Yamileth Torres Delgado, Sonia Abarca Mora, Marta Solano Arias
Movimiento Atardeceres
Opinión con experiencia