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Etiqueta: movimiento estudiantil

Defender la universidad pública también exige respetar los derechos de toda la comunidad

Dr. Randall Jiménez Retana
Director
Escuela de Estudios Generales

Ante los acontecimientos del 12 de noviembre de 2026, relacionados con informaciones sobre una posible ocupación de edificios universitarios y las medidas preventivas adoptadas, la Dirección de la Escuela de Estudios Generales considera necesario expresar su posición:

Reconocemos y respetamos el derecho del estudiantado a organizarse, manifestarse y defender la educación superior pública. La participación estudiantil forma parte de la historia de nuestra Universidad y constituye una expresión de su vocación crítica y democrática.

Sin embargo, el ejercicio de ese derecho debe ser compatible con los derechos de las demás personas. El acceso a la educación, la integridad física y emocional de la comunidad universitaria, la libertad de tránsito y el desarrollo de las actividades académicas en condiciones de seguridad merecen igual protección. Ninguna causa, por legítima que sea, justifica la intimidación, el hostigamiento o la violencia.

Nos preocupan especialmente las denuncias por expresiones ofensivas y conductas intimidatorias contra la Dra. Marlen Calvo Oviedo, subdirectora de esta Escuela. Rechazamos toda forma de violencia contra las mujeres, particularmente aquellas conductas que puedan constituir violencia política por razones de género. El ejercicio de una responsabilidad académica no puede convertirse en motivo de hostigamiento. La crítica a las autoridades es legítima; la humillación y el maltrato no lo son.

Las autoridades universitarias tenemos el deber de proteger a las personas, resguardar las instalaciones y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la educación. Estas responsabilidades no nos convierten en adversarios del movimiento estudiantil ni deslegitiman sus reivindicaciones.

Sobre este particular, resulta especialmente relevante la resolución n.º 2025-021036, del 8 de julio de 2025, mediante la cual la Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de hábeas corpus relacionado con una manifestación ocurrida en el edificio de Estudios Generales. En esa sentencia, el Tribunal estableció que la libertad de expresión debe armonizarse con los derechos de terceros y reconoció la legitimidad de aplicar protocolos razonables y justificados para proteger la seguridad de las personas y regular el uso de los espacios universitarios.

La Sala recordó, además, que las autoridades pueden incurrir en responsabilidad si omiten intervenir oportunamente ante situaciones que comprometan la integridad de las personas o los derechos de terceros. La protección de estos derechos, por tanto, no constituye una medida contraria a la libertad de expresión, siempre que las actuaciones institucionales estén debidamente justificadas y sean proporcionales a las circunstancias.

Como Escuela de Estudios Generales, tenemos una responsabilidad especial con la formación humanista. El respeto a la dignidad humana, el pensamiento crítico, el diálogo y la convivencia democrática no pueden ser únicamente contenidos de nuestros cursos, deben expresarse también en nuestra manera de actuar y de resolver las diferencias.

No sería coherente enseñar el respeto a los derechos humanos en las aulas y tolerar su vulneración en nuestros propios espacios universitarios.

Hacemos un llamado al estudiantado, al personal docente y administrativo y a las autoridades universitarias a mantener abiertos los espacios de diálogo, evitar las provocaciones y rechazar toda forma de violencia. Las diferencias deben discutirse con firmeza, pero sin convertir a quienes piensan distinto en adversarios. Reafirmamos nuestro compromiso con una universidad pública, crítica y democrática, en la que todas las personas puedan estudiar, trabajar, manifestarse y ejercer sus responsabilidades en condiciones de respeto y seguridad.

Juventud alemana se moviliza contra el rearme y por la educación: exige la renuncia de Merz

La organización Gen Z regelt («La Generación Z decide») planea llevar a cabo una huelga masiva el 20 de noviembre, que afectará a 35 universidades en 33 ciudades del país, según informa Die Tageszeitung.

Según el periódico, la nueva organización se fundó en Hannover. En la asamblea constitutiva participaron 90 delegados que representaban a comités estudiantiles, la organización juvenil del sindicato Ver.di, asociaciones estudiantiles de izquierda y el movimiento «Contra la derecha».

«O somos la generación que observa cómo nos quitan el futuro, o logramos construir un futuro digno de ser vivido», afirmó la portavoz de la organización, Verónica Dinter, comparando los planes actuales con el movimiento de protesta de 1968.

La principal exigencia política de los manifestantes es la renuncia de Friedrich Merz al cargo de canciller. Además, los estudiantes insisten en que las universidades renuncien a cualquier investigación militar, que se ponga fin a la política de rearme de la República Federal de Alemania y que se abandone la introducción del servicio militar obligatorio. En el ámbito económico, las demandas incluyen el aumento de la financiación de la educación y la introducción de un impuesto sobre la propiedad para los ciudadanos más ricos.

Texto de LiuSivaya.

Imagen de teleSUR.

Serbia: universitarios que se negaron a olvidar

Dr. Randall Jiménez Retana
Director de la Escuela de Estudios Generales
Universidad de Costa Rica

El 1.º de noviembre de 2024, el derrumbe de una marquesina en la estación ferroviaria de Novi Sad, Serbia, provocó una tragedia que dejó dieciséis víctimas mortales. Pudo haber sido una noticia más, de esas que inquietan durante unos días y luego desaparecen de la conversación pública. Pero las personas estudiantes universitarias decidieron que aquellas muertes no podían quedar sepultadas bajo el silencio y las explicaciones pendientes.

Comenzaron haciendo preguntas. Querían saber qué había ocurrido, quién debía responder y cómo una obra pública había terminado convirtiéndose en una tragedia. Pronto comprendieron que sus inquietudes iban más allá de aquel accidente y alcanzaban problemas que afectaban a toda la sociedad: la corrupción, la transparencia y la responsabilidad de las instituciones.

Lo extraordinario fue su perseverancia. No se conformaron con una manifestación ni permitieron que el paso de las semanas debilitara sus demandas. Organizaron asambleas, caminaron largas distancias, visitaron comunidades y conversaron con las personas ciudadanas que, poco a poco, comenzaron a reconocer como propias aquellas preguntas. Las universidades se convirtieron en el punto de partida de una movilización que alcanzó buena parte del país.

Aquel grupo joven, demostró que el compromiso ciudadano no depende de la edad ni de ocupar una posición de autoridad. Tenían estudios que atender, proyectos personales y un futuro por construir. Sin embargo, encontraron razones suficientes para dedicar tiempo, esfuerzo y organización a una causa que consideraban justa.

Su experiencia nos recuerda algo que a veces dejamos de lado: las y los estudiantes no son únicamente personas que se preparan para participar algún día en la sociedad. Ya forman parte de ella. Tienen ideas, preguntas y una capacidad de intervención que merece ser reconocida y escuchada.

El movimiento también abrió un debate sobre la relación entre la juventud y el poder político. Exigir responsabilidades desde las calles no es lo mismo que asumirlas desde las instituciones. En ambos casos, la coherencia entre los principios defendidos y las decisiones adoptadas resulta indispensable.

Pero la importancia de esta experiencia va mucho más allá de sus resultados electorales. Su mayor enseñanza está en el compromiso de unas jóvenes personas que decidieron involucrarse, sostener sus demandas y no permanecer indiferentes ante una catástrofe que exigía respuestas.

Desde la Universidad de Costa Rica, esta experiencia nos invita a reflexionar sobre el sentido de nuestra labor. Formar personas profesionales competentes es indispensable, pero una educación universitaria también debe ofrecer las herramientas necesarias para comprender la realidad, cuestionarla con argumentos y participar responsablemente en la vida pública.

Una formación humanística no consiste en decirles a las y los estudiantes qué deben pensar ni cuáles causas deben defender. Consiste en ayudarles a desarrollar criterios propios, reconocer la dignidad de los demás y comprender que el conocimiento adquiere una dimensión social cuando se pone en relación con los problemas de nuestro tiempo.

El grupo de personas jóvenes serbias encontró sus propias razones, se organizó y buscó caminos para hacerse escuchar. Su actuación, como cualquier otra expresión de participación ciudadana, puede y debe ser examinada críticamente. Pero sería difícil desconocer la importancia de una juventud dispuesta a involucrarse en los asuntos públicos.

Los nombres de las víctimas de Novi Sad quedaron unidos a una generación que se negó a aceptar el silencio como respuesta. Y acaso ahí radique lo más valioso de esta historia: en recordar que las grandes transformaciones sociales también pueden comenzar con un grupo de estudiantes universitarios que se atreve a preguntar por qué y no se conforma con cualquier respuesta.

Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica rechaza recortes a la educación y reconoce el liderazgo de las jóvenes universitarias

“Defender la educación pública es defender el presente y el futuro de Costa Rica”

Desde el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, hoy levantamos la voz en defensa de la educación pública, del cumplimiento del 8% constitucional para la educación y contra cualquier recorte presupuestario que comprometa el derecho de las personas a estudiar y construir un mejor futuro. Lo hacemos porque estamos convencidas de que cada colón que se recorte debilita las oportunidades, amplía las desigualdades y limita las posibilidades de desarrollo, movilidad social y bienestar para todo el país.

También queremos reconocer el liderazgo de las mujeres jóvenes que hoy encabezan esta causa desde las federaciones estudiantiles de las universidades públicas. Han estudiado los presupuestos, analizado las consecuencias de las decisiones políticas y asumido la responsabilidad de defender un derecho que pertenece a toda la sociedad.

Su ejemplo nos recuerda que la política, en su mejor expresión, es el compromiso con el bien común. Es organizarse, participar y levantar la voz cuando están en juego los derechos de las generaciones de hoy y del mañana.

La educación pública no solo forma profesionales. Forma ciudadanía y personas capaces de participar, cuestionar, proponer y defender el interés colectivo y el bien común. Y cuando vemos a estas jóvenes liderar esta causa, estamos viendo precisamente el resultado de esa inversión que algunos hoy pretenden recortar. La voz de las mujeres en política no es un problema para la democracia: es la democracia funcionando.

Por eso rechazamos los recortes a la educación y respaldamos la lucha por una inversión suficiente, sostenible y responsable que garantice oportunidades para todas las personas.

Porque defender la educación pública no es defender un presupuesto. Es defender el presente y el futuro de Costa Rica.

San José, 2 de noviembre del 2026

Convocan a plantón en defensa de la educación pública el 2 de noviembre

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y las federaciones estudiantiles de las universidades públicas convocan a un plantón en defensa de la educación pública para el lunes 2 de noviembre a las 4:00 p. m., en la Plaza de la Democracia, en San José.

La convocatoria pide:

  • el respeto al financiamiento constitucional de la educación;
  • el cumplimiento de los acuerdos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES);
  • la protección de las becas, la regionalización y las oportunidades educativas.

“¡Defendamos la educación pública!”, es el llamado de las organizaciones convocantes.

Estudiantes de secundaria se suman

El Frente Nacional de Estudiantes de Secundaria también se unió a la defensa de la educación pública. En un video, cada integrante se presenta y reitera que la educación pública:

  • es parte de la democracia;
  • es la vía para romper con la pobreza;
  • es un derecho humano;
  • es la garantía para contar con infraestructura educativa segura y adecuada.

Las razones del Frente pueden escucharse en el video publicado en su cuenta de Instagram, disponible en este enlace.

¿Por qué defender el presupuesto para las universidades y la educación superior?

Vladimir de la Cruz

Defender el presupuesto de las universidades públicas es un deber de las mismas universidades, y del Consejo Nacional de Rectores. Esto no es discutible.

Hoy, cuando las autoridades políticas de gobierno han perdido la visión nacional del desarrollo, las autoridades de las universidades son las que tienen en sus manos el irrenunciable papel de defender las universidades públicas, y su presupuesto público, en la negociación presupuestaria con las autoridades de gobierno, y con los diputados, que tienen en sus manos la etapa final de aprobación de presupuesto que el gobierno les envía respecto a las universidades.

Pero, también, la defensa del presupuesto para las universidades es un deber mayor, una obligación de los estudiantes, del movimiento estudiantil organizado, es decir, de todos los grupos de estudiantes que existen organizadamente en el interior de cada una de las universidades. Y, también, debe ser preocupación de los estudiantes de colegios, y de sus familias, porque se está peleando el derecho de ellos a la posibilidad de su educación superior.

Las asociaciones estudiantiles de cada unidad académica y las federaciones de estudiantes, de cada universidad, y de los centros o sedes regionales, deben asumir la conducción de las luchas de los estudiantes por la defensa del presupuesto para las universidades.

Es igualmente una lucha de las asociaciones y sindicatos gremiales de educadores, maestros y trabajadores en general de la educación. No es una lucha al margen de sus propios intereses.

A las movilizaciones de los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades se deben unir y sumar los trabajadores, profesores y estudiantes de las escuelas y colegios de todo el país.

La lucha por el presupuesto universitario es también una lucha y una preocupación permanente de todas las familias, de todos los padres y madres costarricenses y migrantes residentes en el país, porque es la lucha para garantizar que todos los niños, de ahora y del futuro, en edad preescolar, escolar y colegial puedan llegar a tener la posibilidad de estudiar en las universidades públicas.

Esta lucha se debe dar en San José presionando a los diputados, directamente en la Asamblea Legislativa, especialmente en estas semanas de octubre y noviembre, cuando se está discutiendo el Presupuesto Nacional para el 2027, cuando ya se han señalado los importantísimos recortes que se están discutiendo, que ponen en peligro sedes universitarias completas, cierre técnico y real de carreras universitarias, paralización de programas académicos de extensión cultural o profesional, de investigación, de docencia y de especialidades académicas.

También esta lucha tiene que hacerse sentir en las distintas comunidades del país, especialmente en aquellas donde hay sedes y recintos universitarios. Los sindicatos universitarios y las asociaciones de trabajadores y educadores de todo tipo, como la ANDE, APSE, SEC, deben integrarse a esta lucha nacional en defensa de la educación superior, que es también la defensa de los intereses de la educación nacional escolar y colegial.

La reducción del presupuesto al nivel que se quiere llevar en su aprobación reduce las posibilidades de ingreso de estudiantes que ahora están en el colegio para que puedan llegar a los estudios superiores.

En otras palabras, se reduce la admisión a las universidades públicas y se cierran posibilidades y oportunidades de preparación académica que permitan la movilización social, mejorar las condiciones socioeconómicas y sociales de los estudiantes y sus familias, y las posibilidades de superar la pobreza. Estadísticamente se ha sostenido que un estudiante con solo ingresar a la universidad se coloca en el nivel superior al de la pobreza.

Los estudiantes son la razón de ser de las universidades. Sin estudiantes no hay universidad.

Políticamente, los gobiernos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández están interesados en acabar con el sistema público de la educación nacional, en todos sus niveles, pero especialmente en el de la educación superior. No les interesa una formación humanística que genere una conciencia crítica sobre los problemas fundamentales de la sociedad costarricense, para lograr mayor compromiso ciudadano en sus posibles soluciones. Su forma de acabar la educación superior es reduciendo su presupuesto nacional provocando la privatización de toda la educación, en todos sus ciclos, primaria, secundaria y superior, como se impulsa bajo las políticas neoliberales en distintas partes del continente, excepto México, donde la presidenta actual, hace pocos días, ha declarado la gratuidad absoluta de todo el proceso educativo, incluyendo las universidades, y las posibilidades de acceso a él de toda la población.

La lucha por el presupuesto universitario no es de ahora. La empezamos los estudiantes del Frente de Acción Universitaria, FAU, cuando a inicios de la década de 1970, y en 1971, dimos la lucha para que, a la Universidad de Costa Rica, en ese momento la única universidad que había en el país, se le igualara su presupuesto al de la Corte Suprema de Justicia, equivalente a un 6% del presupuesto nacional. La lucha por el 6% fue intensa, sostenida, larga, de manifestaciones y movilizaciones, de paros universitarios, de huelgas. Permitió despertar una conciencia universitaria sobre esta necesidad presupuestaria. Fue sostenida con esas marchas, con esas huelgas, con plantones como se dice hoy, con tiendas de campaña en los jardines de la Asamblea Legislativa, cuando eran de acceso directo al público, como se hizo con ALCOA, en 1969 y 1970, también, para presionar directamente a los diputados. No se logró en aquellos años ese porcentaje para la Universidad de Costa Rica. Pero, se logró la conciencia de que esa batalla es de todos los años frente a los gobiernos anti-educación pública.

Los gobiernos liberacionistas de 1970-1978, de José Figueres y Daniel Oduber, impulsaron la creación de las otras universidades públicas, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Recientemente, la última de las universidades públicas fue la Universidad Técnica Nacional. Con ellas se impuso un Fondo para la Educación Superior, el FEES, para su mantenimiento y funcionamiento, de todo el sistema universitario que a partir de ese momento iría en crecimiento.

Interesada y visionaria fue la creación de estas universidades en otras ciudades importantes del país, al margen de las sedes regionales que cada una de ellas fue impulsando.

Así, las sedes principales de las universidades públicas se crearon el 26 de agosto de 1940, en San José, la Universidad de Costa Rica, UCR, en la capital de la República, el 10 de junio de 1971 el Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, en Cartago, el 15 de febrero de 1973 la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, el 3 de marzo de 1977, en San José, la Universidad Estatal a Distancia, UNED y el 4 de junio del 2008, en Alajuela, la Universidad Técnica Nacional.

La Universidad Técnica Nacional fue el resultado de la fusión que se hizo con el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), el Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG) y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco (CURDTS).

La primera de estas universidades fue fundada en el gobierno socialcristiano de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y las otras cuatro bajo gobiernos socialdemócratas, del Partido Liberación Nacional, bajo los gobiernos de José Figueres Ferrer, 1970-1974, Daniel Oduber Quirós, 1974-1978, y Óscar Arias Sánchez, 2006-2010.

De aquí, que los partidos socialcristiano y socialdemócrata, con sus diputados actuales, la socialcristiana y los liberacionistas, tengan la obligación principal, moral y política de defender sus creaciones educativas superiores.

La izquierda política siempre ha apoyado la educación pública, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, como un derecho ciudadano fundamental.

Los liberales del siglo XIX la impulsaron como un factor de movilización social, de oportunidades y posibilidades para las personas, y como un factor clave para el desarrollo del país. Así fue, por ejemplo, con gobernantes como Juan Mora Fernández 1823-1833, José María Castro Madriz en sus dos gobiernos, en las décadas de 1840 y 1860, Jesús Jiménez Zamora en 1869. En el siglo XX lo hicieron Alfredo González Flores, 1914-1917, Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, José Figueres, 1953 y 1970-1974, Daniel Oduber, 1974-1978 y Oscar Arias 2006-2010, fundando otras universidades.

Con los primeros centros regionales universitarios de San Ramón y de Turrialba, de la Universidad de Costa Rica, se produjo una revolución académica de gran proyección de la educación superior a las provincias, regiones, comunidades y distintos pueblos. Se le llevó la educación superior a los ciudadanos, y a los jóvenes, de manera más cerca, a sus propias comunidades, para que tuvieran mayor oportunidad de acceso a sus estudios y preparación académica y profesional.

Con ellos se le llevó la posibilidad de estudios superiores a los jóvenes, y a sus familias, de acercarles los estudios a centenares, y hoy a miles de jóvenes, de poder llegar a los estudios superiores universitarios.

Sucedió igual con el surgimiento de las otras universidades públicas que fueron desarrollándose, con su surgimiento y con sus respectivas proyecciones regionales.

Así se impulsaron las siguientes sedes y recintos universitarios de la Universidad de Costa Rica, la Sede de Occidente, que está en la ciudad de San Ramón, la del Atlántico, que está en la ciudad de Turrialba, con recintos en Paraíso de Cartago y Guápiles de Limón, la de Guanacaste que está en la ciudad de Liberia, con un recinto en la ciudad de Santa Cruz, la del Caribe, ubicada en Puerto Limón, la Sede del Pacífico en el cantón central de Puntarenas y en Esparza, y la Sede del Sur en Golfito, Puntarenas.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) tiene 5 unidades principales distribuidas en el país, divididas en 3 campus y 2 centros académicos. Ellos son: el Campus Tecnológico Central cuya sede principal está en Dulce Nombre de Cartago, el Campus Tecnológico Local San José, en Barrio Amón, el Campus Tecnológico Local San Carlos, en Santa Clara de Ciudad Quesada. El Instituto Tecnológico tiene también los Centros Académicos de Alajuela, ubicado en Villa Bonita de Alajuela, y el de Limón, frente al Colegio Diurno.

El de San Carlos opera como una Unidad de Cooperación para la Transferencia de Tecnología y Educación Continua del Campus Tecnológico Local San Carlos.

La Universidad Nacional tiene cinco sedes universitarias distribuidas así: la Sede Central, en Heredia, que tiene el Campus Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez Vargas, la Sede Regional Chorotega, en Liberia y Nicoya, la Sede Regional Brunca, con los campus en Pérez Zeledón y Coto, y la llamada Casa Golfito, y la Sede Regional Huetar Norte y la Caribe ubicada en Sarapiquí.

Bajo el manto de la UNA, está la Sede Interuniversitaria de Alajuela

que es un espacio de articulación y cooperación académico entre las universidades estatales, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional.

Por su parte los recintos universitarios de la Universidad Técnica Nacional están, con su sede principal en Alajuela y sus sedes regionales en el Pacífico, en Atenas, en Guanacaste y en San Carlos.

Este panorama de sedes centrales, sedes regionales y centros académicos de las universidades públicas nacionales es el que está amenazado de debilitarse, y de desaparecer por partes, por las acciones lesivas que impulsa el actual gobierno y su fracción legislativa del partido Pueblo Soberano, chuceada por el copresidente y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al no aprobar lo que constitucional y legalmente están obligados a darle al sistema nacional de Fondos para la Educación Superior, y por rebajar el presupuesto afectando negativamente a las universidades públicas en sus objetivos de crear, conservar y trasmitir la cultura nacional y universal, de ofrecer, a la juventud y a los estudiantes, la posibilidad de sus estudios superiores, de una educación integral que les garantice su óptima formación profesional y técnica, su desarrollo integral, moral, cultural y personal. Así, como de promover la investigación científica de alto nivel técnico y académico, para contribuir al mejoramiento de la vida social, cultural, política y económica del país, y elevar el nivel espiritual y educativo de los costarricenses, para coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los sectores productivos, las empresas exportadoras y, especialmente, las pequeñas, medianas y microempresas. Del mismo modo, para preparar profesionales de nivel superior, por medio de carreras universitarias que guarden armonía con los requerimientos científicos y tecnológicos del desarrollo mundial y las necesidades del país, que culminen con la obtención de títulos y grados universitarios, dando énfasis especial a las carreras técnicas que demanda el desarrollo nacional. De la misma manera, desarrollar carreras cortas en el nivel de pregrado universitario, que faculten para el desempeño profesional satisfactorio y la inserción laboral adecuada.

El sector empresarial de todo tipo del país, desde 1940, con la Universidad de Costa Rica, y con las universidades públicas que surgieron en la década de 1970, ha sido el principal sector de la economía nacional favorecido de sus graduaciones y preparaciones, de más del 90% del personal profesional contratado. La sociedad costarricense en su conjunto igualmente ha sido favorecida por la presencia de las universidades públicas en el bienestar nacional alcanzado. Las inversiones extranjeras que vienen a Costa Rica lo hacen porque valoran la capacidad profesional de los graduados universitarios costarricenses. El Instituto Tecnológico surgió en alianza estrecha con el sector empresarial costarricense.

La amenaza a esta presencia universitaria en todo el territorio nacional, con las decisiones negativas de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y su camada política de diputados, con graves problemas de capacitación, profesionalismo y entendimiento para comprender el significado de la educación al pueblo, a la juventud para un mejor desarrollo socioeconómico y político nacional, hay que detenerla por el bienestar del Desarrollo del Estado Social de Derecho y por la afirmación del Estado de Bienestar que se construyó durante el período histórico de la Reforma Social, 1943-1948 y bajo el impulso de la Junta Fundadora de la Segunda República con las reformas y refuerzos que se hicieron en la educación pública en general y de manera particular en la educación superior.

Las movilizaciones estudiantiles universitarias hay que sostenerlas en las siguientes semanas hasta noviembre, cuando tiene que votarse el Presupuesto Nacional del 2027.

Hay que involucrar a los gremios, asociaciones y sindicatos de la Educación primaria y secundaria.

Hay que llamar a los padres y madres de familia, de los jóvenes estudiantes, a apoyar esta lucha que también es por ellos.

Hay que vincular esta lucha al rescate de los fondos que ya le han sido eliminados a la educación primaria y secundaria de subsidios de becas, comedores escolares, transportes estudiantiles.

Hay que vincular estas luchas a la de arreglos y reparaciones reales a los casi 900 establecimientos escolares que tienen amenaza de ser cerrados, por mal estado y malas condiciones sanitarias.

Hay que vincular estas luchas a las condiciones salariales de los educadores y trabajadores de la educación, y de todos los asalariados, y pensionados, para que sus salarios y pensiones congeladas desde hace 5 años se descongelen, y no se mantenga su congelamiento por los siguientes 5 años como quiere el gobierno de Laura Fernández.

Hay que vincular esta lucha para que no se aumenten los años ni las cuotas del seguro social, obligando a los trabajadores a aumentar su expectativa de retiro jubilatorio o de pensión a los 70 años.

Hay que vincular esta lucha al retiro del ROP cuando el trabajador así lo requiera en el momento de su retiro laboral.

Por cosas como estas los estudiantes franceses, alemanes y europeos, y de México, en 1968 se movilizaron con grandes jornadas de luchas sociales y populares, y con grandes sacrificios como los mexicanos, se movilizaron y los actuales de Francia se están movilizando. En las luchas de 1968 los movimientos sindicales europeos entendieron, y se sumaron, a las luchas estudiantiles.

En Europa, pero es parecido en Costa Rica, el descontento social existe, activo en Europa, pasivo en Costa Rica. Hay malestar social que afecta el pacto político y social del país. Miles de costarricenses, de las generaciones actuales, empiezan a ver que una vivienda digna, un trabajo seguro, un salario suficiente, una segura posibilidad de realizarse como parejas o matrimonios jóvenes, el tener hijos, o la simple esperanza de un futuro mejor son metas casi inalcanzables.

Los sindicatos nacionales costarricenses, sus centrales y federaciones sindicales deben sumarse, al menos solidariamente, a la lucha de los universitarios, en defensa de la educación en general y superior en particular, como defensa de los propios trabajadores, padres y madres, abuelos y abuelas de todos los estudiantes hoy en lucha.

La lucha del estudiantado universitario, y de las universidades públicas, es una lucha válida, justa y democrática por Costa Rica.

¡Hay que mantener la lucha social sostenida con presión en la Asamblea Legislativa, y sus diputados, hasta noviembre!

Francia: lo que se oculta detrás de las protestas

Juan Carlos Cruz Barrientos, para SURCOS

Reducir las movilizaciones francesas a incendios, saqueos y enfrentamientos con la policía oculta sus causas sociales. En Costa Rica, esa imagen parcial está siendo utilizada para desacreditar la protesta y presentarla como una amenaza al orden público. Las protestas que sacuden Francia llegaron de pronto al debate político costarricense, no para intentar comprenderlas, sino para convertirlas en advertencia.

La diputada oficialista Kattia Calvo acusó a Ariel Robles, exdiputado del Frente Amplio, de promover la “sedición” por llamar al estudiantado costarricense a seguir el ejemplo de las movilizaciones en Francia y España. Calvo recordó los saqueos, incendios y actos de violencia ocurridos en Francia y responsabilizó anticipadamente a Robles por eventuales hechos vandálicos que pudieran producirse en una manifestación estudiantil en nuestro país.

Es cierto que en las movilizaciones francesas se han producido hechos de violencia. Negarlo no ayudaría a comprender lo que está ocurriendo. Pero tampoco se comprende una protesta social seleccionando las imágenes más espectaculares y suprimiendo todo lo que ocurrió antes de ellas.

¿Por qué protesta el estudiantado francés?

Un seguimiento más o menos regular de la prensa crítica europea permite reconstruir un panorama más completo de lo que está ocurriendo. Las movilizaciones comenzaron a finales de septiembre en institutos franceses y rápidamente se extendieron. Las y los estudiantes denunciaban falta de docentes y personal sustituto, aulas saturadas, deterioro de los edificios, carencia de personal de apoyo y reducción de recursos, problemas particularmente graves en centros situados en los barrios populares.

Algunos testimonios hablan de goteras, servicios sanitarios en malas condiciones y hasta presencia de ratas, ausencia de ventilación en el verano y de calefacción en el invierno. Es decir, los estudiantes no salieron inicialmente a las calles para enfrentarse con la policía. Salieron a reclamar mejores condiciones para estudiar. Pero el problema no termina en las aulas.

El economista y profesor Sebastián Irigoyen, en un análisis publicado por Diario Red, vincula el deterioro de la educación pública con una discusión mucho mayor: las políticas de austeridad y la manera en que se distribuye el costo del ajuste fiscal.

Mientras el Gobierno francés invoca el endeudamiento público para justificar restricciones presupuestarias, crece el cuestionamiento a las políticas fiscales que durante años han favorecido a los sectores de mayores ingresos. De manera que detrás de la protesta estudiantil está la pregunta: ¿quién termina pagando el ajuste?

Cuando el malestar se extiende

Las protestas estudiantiles comenzaron a encontrarse con otras demandas por parte de trabajadores, sindicatos, agricultores, activistas y otros sectores que se movilizaron contra el aumento del costo de la vida, por mejores salarios y en defensa de los servicios públicos y lo que inicialmente parecía un conflicto educativo empezó a mostrar un malestar social mucho más amplio.

A ello se sumó la actuación policial. Las intervenciones contra bloqueos y manifestaciones, las detenciones y las denuncias de agresiones contra menores introdujeron otro elemento en el conflicto. Amnistía Internacional expresó preocupación por la seguridad de los jóvenes participantes y reclamó a las autoridades francesas que garantizaran el derecho a manifestarse.

Y entre medio se han sucedido actos de violencia que si bien son condenables, para nada pueden usarse para restarle legitimidad a las causas que han llevado a la movilización.

Una imagen útil para el poder

Si de todo lo ocurrido en Francia se seleccionan únicamente automóviles incendiados, enfrentamientos y escaparates destruidos, se obtiene una imagen muy eficaz: la protesta aparece asociada al caos. Aquí es donde el episodio francés adquiere interés para Costa Rica.

Y si esa imagen se traslada al debate costarricense, el siguiente paso resulta sencillo. Quien convoca a protestar estaría convocando al desorden; quien llama a los estudiantes a movilizarse podría estar promoviendo la violencia. Así llegamos a una palabra mucho más grave: sedición.

La operación política consiste en desplazar la discusión. Ya no hablamos de las razones por las cuales determinados sectores podrían querer manifestarse. Hablamos del peligro que representarían quienes los convocan. La secuencia es conocida: protesta, desorden, violencia, amenaza al país y en algún momento de ese recorrido desaparece el derecho a protestar.

La democracia también ocurre en la calle

Conviene recordar algo elemental. En una democracia el conflicto social no constituye una anomalía. Las elecciones son fundamentales, pero la democracia no termina cuando se cierran las urnas. Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, universidades, asociaciones comunales y ciudadanos tienen derecho a organizarse, reclamar y manifestarse contra decisiones que consideran injustas. Eso también es democracia.

Por eso resulta preocupante que desde el Partido Pueblo Soberano y su enjambre de medios afines, troles e influencers, se instale una narrativa en la que cuestionar al Gobierno se aproxima cada vez más al desorden, convocar a una manifestación puede convertirse en instigación y llamar a protestar termina asociado con la sedición.

Francia merece ser observada con mayor cuidado.

Sus protestas no demuestran que toda movilización social conduce al vandalismo. Muestran algo bastante distinto: los conflictos que no encuentran respuesta política no desaparecen por decreto. Se acumulan.

Primero faltan profesores. Después se deterioran los centros educativos. Se encarece la vida, aumenta la precariedad y se debilitan los servicios públicos. Hasta que personas que parecían vivir problemas separados descubren que existe algo común entre ellos. Entonces la juventud estudiantil de toda Francia sale a la calle.

Y una democracia debería preocuparse no solamente por el desorden que eventualmente ocurre durante una protesta, sino por los problemas estructurales que padece la sociedad francesa desde hace varios años y que han dado lugar a grandes protestas sociales, por ejemplo: la Ley del Trabajo (2016); el movimiento de los Chalecos Amarillos (2018-2019), así como las revueltas de las periferias (2023).

Entre todas ellas hay un hilo conductor: la resistencia a las consecuencias sociales de las políticas de austeridad y liberalización, la defensa de los servicios públicos y del Estado social, la percepción de desigualdad y abandono de determinados territorios y sectores sociales y, progresivamente, el cuestionamiento de un sistema presidencial considerado excesivamente vertical.

De manera que Francia no estaría simplemente atravesando una nueva protesta estudiantil; estaría entrando en una nueva fase de un ciclo de conflictividad social iniciado hace aproximadamente una década. Lo novedoso de 2026 es que una generación que era niña cuando surgieron los Chalecos Amarillos está entrando directamente en escena política. Además, la crisis fiscal actual —con una deuda cercana al 119 % del PIB y un proyecto presupuestario que contempla fuertes ajustes— reduce considerablemente el margen del Estado para responder mediante mayor gasto, como ocurrió ante crisis sociales anteriores.

Fuentes consultadas

Diario Red:

  • Sebastián Irigoyen, “La disputa educativa en Francia: ultra ricos blindados, estudiantes precarizados”, 8 de octubre de 2026.

  • “Los jóvenes del mundo se levantan”, 9 de octubre de 2026.

  • Chloe Arús, “Manifestaciones en Francia: Amnistía Internacional denuncia la inseguridad de los menores frente a la violencia policial”, 9 de octubre de 2026.

  • Benjamín Gutiérrez, “Obreros y estudiantes unidos, ¡adelante!”, 4 de octubre de 2026.

  • “Más de 500.000 personas se manifiestan en toda Francia contra el Gobierno, las subidas de los precios y el deterioro de los servicios públicos”, 19 de octubre de 2026.

El Mundo CR, “Kattia Calvo acusa a Ariel Robles de sedición por llamar a seguir el ejemplo de las protestas en España y Francia”, octubre de 2026.

Imagen: Manifestación de estudiantes en Toulouse, 14-10-2026 (foto de Mathieu Pinard Baillet / Le Pictor / DPA).

¡Indignémonos!

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La semana que termina no podría ser diferente a este año de ruptura civilizatoria que nos tocó vivir.

En el mundo, la peor pesadilla política que registre la historia democrática contemporánea se ha manifestado contrariada por el no otorgamiento del Premio Nobel a su persona, dado el altruismo con que decide asesinar un día sí y otro también a poblaciones inocentes en todo el planeta.

Faltaba más que ese Nobel se lo otorguen algún día dados sus atributos manifiestos en “búsqueda de la paz mundial”.

En Francia lo mismo que en Argentina, España y Albania, los estudiantes han salido a las calles a manifestar su descontento e indignación por el deterioro en la educación pública, la crisis de financiamiento y la mala disposición de la infraestructura educativa. La respuesta ha sido la represión y la criminalización de la protesta.

En una historia que parece repetirse 15 años después, la indignación parece ser el motor que impulsa a estas generaciones a rebelarse contra su propio destino. Sus luchas materiales van hoy de la mano por la reivindicación de los derechos más elementales, como el derecho a tener una educación de calidad.

Hoy, como ayer, son los jóvenes quienes salen a contradecir la historia.

En un contexto más cercano, más local, la más aguda de las paradojas ha ocurrido en Costa Rica en cuestión de horas.

Como si se tratara de la teatralización de una escena de mal gusto, el gobierno costarricense inauguró un centro para privados de libertad siguiendo el pésimo guion de autoritarismos cercanos. La megacárcel es el proyecto estrella de una administración que apenas con cinco meses de funcionamiento ha mostrado una trayectoria errática y preocupantemente populista.

Pero al mismo tiempo, anuncia de forma contundente el recorte al presupuesto de la educación superior pública que provocaría cierre de sedes regionales, disminución de becas estudiantiles y el colapso institucional universitario a corto plazo.

Sí. Todo está al revés. Y asistimos a esta hora cargados de incertidumbre. El camino de la indignación empieza por indignarnos para que luego aparezca lo demás.

Pero hay que hacerlo.

Si estos anuncios provenientes desde el oficialismo costarricense no indignan y provocan la movilización, ya nada lo hará.

¡Solidaridad combativa con el pueblo colombiano! ¡Viva la CUT! ¡Viva la lucha obrera y estudiantil!

Pronunciamiento del Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE)

El Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE), organización sindical costarricense comprometida con la solidaridad internacional, el internacionalismo proletario y la defensa irrestricta de los derechos de la clase trabajadora, se pronuncia con firmeza y combate en respaldo de las marchas obreras y estudiantiles convocadas para este miércoles 14 de octubre en Colombia, y extiende su más combativo apoyo a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a todas las organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles y comunitarias que hoy levantan su voz contra las políticas de ajuste, precarización y represión del gobierno de Abelardo de la Espriella.

CONSIDERANDO:

Que la CUT, junto a organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles y comunitarias, ha convocado una Jornada Nacional de Movilización para este 14 de octubre en las principales capitales del país, en defensa de los derechos laborales, humanos, las libertades democráticas, la justicia social y la soberanía nacional.

Que el movimiento obrero colombiano enfrenta una arremetida sin precedentes: el gobierno pretende implementar el pago por horas y aumentar la jornada laboral sin reconocimiento salarial adicional; derogar decretos que protegen la negociación colectiva y la intermediación laboral; y aplazar la reforma pensional para convertirla en una contrarreforma que atenta contra los derechos de los trabajadores.

Que el movimiento estudiantil colombiano se ha declarado en asamblea permanente y ha protagonizado movilizaciones masivas en rechazo al nuevo protocolo que permite militarizar los centros educativos, violando la autonomía universitaria y criminalizando la protesta social. La comunidad educativa denuncia esta medida como una violación directa a la autonomía universitaria y un intento de criminalizar el derecho a la protesta.

Que el gobierno colombiano impulsa un “estatuto antiterrorista” que, según la CUT, representa una amenaza para el Estado social de derecho, podría aumentar la estigmatización de los ciudadanos, restringir las garantías para ejercer la defensa legal y penalizar la protesta social.

Que la educación pública enfrenta un recorte presupuestal que pone en riesgo la gratuidad para los estudiantes de universidades públicas, y se suspenden los concursos de mérito para el ingreso y ascenso en la carrera docente.

POR TANTO, PRONUNCIAMOS:

Primero: Nuestro apoyo irrestricto e inclaudicable a la CUT y a todas las organizaciones que marchan este 14 de octubre. Reconocemos en la CUT a la central obrera que dignifica la lucha de la clase trabajadora colombiana. ¡Viva la CUT! ¡Viva la unidad de los pueblos!

Segundo: Respaldo combativo a las justas demandas del movimiento obrero y estudiantil colombiano. Exigimos el respeto a los derechos laborales conquistados, el rechazo al pago por horas y a la flexibilización que precariza el empleo. Defendemos la educación pública, gratuita y de calidad, y rechazamos la militarización de las universidades y la criminalización de la protesta social.

Tercero: Repudio enérgico a la represión y a las políticas neoliberales del gobierno de Abelardo de la Espriella. Las medidas de ajuste fiscal, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y los recortes presupuestales no son más que una agresión contra los sectores populares. La solidaridad de clase no conoce fronteras.

Cuarto: Llamado a la unidad internacional de los trabajadores. Hacemos un llamado fraterno y combativo a todas las organizaciones sindicales y populares de Nuestra América a expresar su solidaridad con el pueblo colombiano, a denunciar la represión y a unir fuerzas en la lucha contra el neoliberalismo y el imperialismo.

Quinto: Condena a cualquier intento de estigmatizar la protesta social. La CUT ha sido clara: “No aceptamos estigmatizaciones”. Las marchas serán pacíficas y legítimas. Rechazamos los intentos de calificar a los dirigentes sindicales y sociales como “instigadores”.

¡La solidaridad de clase no se detiene ante fronteras!
¡Viva la CUT! ¡Viva la lucha obrera y estudiantil colombiana!
¡Por la defensa de los derechos laborales, la educación pública y la soberanía de los pueblos!
¡Ni un paso atrás en la lucha por la justicia social!

JUNTA DIRECTIVA
INSTITUTO SINDICAL DE FORMACIÓN DEMOCRÁTICA (ISFODE)
San José, Costa Rica — 13 de octubre de 2026

Francia: estudiantes y sindicatos tomarán la Bastilla

Instituto Sindical de Formación Democrática

Hoy resuena La Marsellesa en las calles de París, no como ritual oficial, sino como grito revolucionario que de nuevo reclama la República. La melodía, que es himno oficial, hoy se convierte en canto de insurrección. Y junto a ella, la bandera francesa ondea en las marchas: no como adorno protocolario, sino como río de telas rojas, blancas y azules que se mezclan con pancartas estudiantiles y estandartes sindicales. La República, arrebatada por las políticas antisociales de austeridad y la represión, vuelve a ser reclamada por su propio pueblo.

Desde mediados de septiembre de 2026, Francia vive una nueva insurrección de la dignidad. Lo que empezó como bloqueos en los liceos de Créteil y Bretaña —por aulas saturadas, techos que se caen y profesores ausentes— se ha convertido en un movimiento nacional que sacude universidades, sindicatos y plazas públicas. Entre el 15 y el 17 de septiembre, los estudiantes encendieron la chispa: exigieron más docentes, menos hacinamiento y edificios dignos. Los sindicatos de educación respondieron con huelgas el 21 de septiembre, y pronto se sumaron los del sector público. La protesta dejó de ser solo educativa: se convirtió en una denuncia contra la austeridad y el abandono social. Como una represa que intenta contener el cauce de un río desbordado, el poder levantó muros de silencio y represión; pero cada obstáculo anuncia la inundación.

Entre el 28 y el 30 de septiembre, la tensión escaló. Hubo enfrentamientos, incendios y más de 600 detenidos. El 1 de octubre, las universidades —Sorbonne, Lyon, Rennes— se unieron al paro, y la policía respondió con más de 1.900 arrestos en un solo día. Para el 10 de octubre, el balance era brutal: más de 5.000 detenidos, cientos de heridos, y un gobierno que promete “medidas rápidas” mientras la represión se intensifica. El Estado, que debería tender la mano como un puente de justicia, prefirió el garrote: disparó perdigones contra estudiantes, arrastró jóvenes por el suelo y golpeó profesores en las marchas. Pero cada golpe, cada arresto, cada perdigón, lejos de apagar la protesta, la convierte en río desbordado que anuncia nuevas inundaciones de dignidad.

El martes 13 de octubre, la Bastilla vuelve a ser símbolo. Estudiantes y sindicatos marchan hacia esa plaza histórica, no como gesto nostálgico, sino como reedición de la memoria revolucionaria. La Bastilla de hoy no son muros de piedra, sino las estructuras de un sistema que pretende domesticar la dignidad. Y como en 1789, la multitud se levanta para recordar que la libertad no se concede: se conquista en la calle, al ritmo de un himno que ya no pertenece al Estado, sino al pueblo que lo canta bajo una bandera que ha dejado de ser oficial para convertirse en estandarte de insurrección.