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Etiqueta: movimiento estudiantil

¿Por qué defender el presupuesto para las universidades y la educación superior?

Escrito en . Publicado en Educación.

Vladimir de la Cruz

Defender el presupuesto de las universidades públicas es un deber de las mismas universidades, y del Consejo Nacional de Rectores. Esto no es discutible.

Hoy, cuando las autoridades políticas de gobierno han perdido la visión nacional del desarrollo, las autoridades de las universidades son las que tienen en sus manos el irrenunciable papel de defender las universidades públicas, y su presupuesto público, en la negociación presupuestaria con las autoridades de gobierno, y con los diputados, que tienen en sus manos la etapa final de aprobación de presupuesto que el gobierno les envía respecto a las universidades.

Pero, también, la defensa del presupuesto para las universidades es un deber mayor, una obligación de los estudiantes, del movimiento estudiantil organizado, es decir, de todos los grupos de estudiantes que existen organizadamente en el interior de cada una de las universidades. Y, también, debe ser preocupación de los estudiantes de colegios, y de sus familias, porque se está peleando el derecho de ellos a la posibilidad de su educación superior.

Las asociaciones estudiantiles de cada unidad académica y las federaciones de estudiantes, de cada universidad, y de los centros o sedes regionales, deben asumir la conducción de las luchas de los estudiantes por la defensa del presupuesto para las universidades.

Es igualmente una lucha de las asociaciones y sindicatos gremiales de educadores, maestros y trabajadores en general de la educación. No es una lucha al margen de sus propios intereses.

A las movilizaciones de los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades se deben unir y sumar los trabajadores, profesores y estudiantes de las escuelas y colegios de todo el país.

La lucha por el presupuesto universitario es también una lucha y una preocupación permanente de todas las familias, de todos los padres y madres costarricenses y migrantes residentes en el país, porque es la lucha para garantizar que todos los niños, de ahora y del futuro, en edad preescolar, escolar y colegial puedan llegar a tener la posibilidad de estudiar en las universidades públicas.

Esta lucha se debe dar en San José presionando a los diputados, directamente en la Asamblea Legislativa, especialmente en estas semanas de octubre y noviembre, cuando se está discutiendo el Presupuesto Nacional para el 2027, cuando ya se han señalado los importantísimos recortes que se están discutiendo, que ponen en peligro sedes universitarias completas, cierre técnico y real de carreras universitarias, paralización de programas académicos de extensión cultural o profesional, de investigación, de docencia y de especialidades académicas.

También esta lucha tiene que hacerse sentir en las distintas comunidades del país, especialmente en aquellas donde hay sedes y recintos universitarios. Los sindicatos universitarios y las asociaciones de trabajadores y educadores de todo tipo, como la ANDE, APSE, SEC, deben integrarse a esta lucha nacional en defensa de la educación superior, que es también la defensa de los intereses de la educación nacional escolar y colegial.

La reducción del presupuesto al nivel que se quiere llevar en su aprobación reduce las posibilidades de ingreso de estudiantes que ahora están en el colegio para que puedan llegar a los estudios superiores.

En otras palabras, se reduce la admisión a las universidades públicas y se cierran posibilidades y oportunidades de preparación académica que permitan la movilización social, mejorar las condiciones socioeconómicas y sociales de los estudiantes y sus familias, y las posibilidades de superar la pobreza. Estadísticamente se ha sostenido que un estudiante con solo ingresar a la universidad se coloca en el nivel superior al de la pobreza.

Los estudiantes son la razón de ser de las universidades. Sin estudiantes no hay universidad.

Políticamente, los gobiernos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández están interesados en acabar con el sistema público de la educación nacional, en todos sus niveles, pero especialmente en el de la educación superior. No les interesa una formación humanística que genere una conciencia crítica sobre los problemas fundamentales de la sociedad costarricense, para lograr mayor compromiso ciudadano en sus posibles soluciones. Su forma de acabar la educación superior es reduciendo su presupuesto nacional provocando la privatización de toda la educación, en todos sus ciclos, primaria, secundaria y superior, como se impulsa bajo las políticas neoliberales en distintas partes del continente, excepto México, donde la presidenta actual, hace pocos días, ha declarado la gratuidad absoluta de todo el proceso educativo, incluyendo las universidades, y las posibilidades de acceso a él de toda la población.

La lucha por el presupuesto universitario no es de ahora. La empezamos los estudiantes del Frente de Acción Universitaria, FAU, cuando a inicios de la década de 1970, y en 1971, dimos la lucha para que, a la Universidad de Costa Rica, en ese momento la única universidad que había en el país, se le igualara su presupuesto al de la Corte Suprema de Justicia, equivalente a un 6% del presupuesto nacional. La lucha por el 6% fue intensa, sostenida, larga, de manifestaciones y movilizaciones, de paros universitarios, de huelgas. Permitió despertar una conciencia universitaria sobre esta necesidad presupuestaria. Fue sostenida con esas marchas, con esas huelgas, con plantones como se dice hoy, con tiendas de campaña en los jardines de la Asamblea Legislativa, cuando eran de acceso directo al público, como se hizo con ALCOA, en 1969 y 1970, también, para presionar directamente a los diputados. No se logró en aquellos años ese porcentaje para la Universidad de Costa Rica. Pero, se logró la conciencia de que esa batalla es de todos los años frente a los gobiernos anti-educación pública.

Los gobiernos liberacionistas de 1970-1978, de José Figueres y Daniel Oduber, impulsaron la creación de las otras universidades públicas, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Recientemente, la última de las universidades públicas fue la Universidad Técnica Nacional. Con ellas se impuso un Fondo para la Educación Superior, el FEES, para su mantenimiento y funcionamiento, de todo el sistema universitario que a partir de ese momento iría en crecimiento.

Interesada y visionaria fue la creación de estas universidades en otras ciudades importantes del país, al margen de las sedes regionales que cada una de ellas fue impulsando.

Así, las sedes principales de las universidades públicas se crearon el 26 de agosto de 1940, en San José, la Universidad de Costa Rica, UCR, en la capital de la República, el 10 de junio de 1971 el Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, en Cartago, el 15 de febrero de 1973 la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, el 3 de marzo de 1977, en San José, la Universidad Estatal a Distancia, UNED y el 4 de junio del 2008, en Alajuela, la Universidad Técnica Nacional.

La Universidad Técnica Nacional fue el resultado de la fusión que se hizo con el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), el Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG) y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco (CURDTS).

La primera de estas universidades fue fundada en el gobierno socialcristiano de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y las otras cuatro bajo gobiernos socialdemócratas, del Partido Liberación Nacional, bajo los gobiernos de José Figueres Ferrer, 1970-1974, Daniel Oduber Quirós, 1974-1978, y Óscar Arias Sánchez, 2006-2010.

De aquí, que los partidos socialcristiano y socialdemócrata, con sus diputados actuales, la socialcristiana y los liberacionistas, tengan la obligación principal, moral y política de defender sus creaciones educativas superiores.

La izquierda política siempre ha apoyado la educación pública, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, como un derecho ciudadano fundamental.

Los liberales del siglo XIX la impulsaron como un factor de movilización social, de oportunidades y posibilidades para las personas, y como un factor clave para el desarrollo del país. Así fue, por ejemplo, con gobernantes como Juan Mora Fernández 1823-1833, José María Castro Madriz en sus dos gobiernos, en las décadas de 1840 y 1860, Jesús Jiménez Zamora en 1869. En el siglo XX lo hicieron Alfredo González Flores, 1914-1917, Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, José Figueres, 1953 y 1970-1974, Daniel Oduber, 1974-1978 y Oscar Arias 2006-2010, fundando otras universidades.

Con los primeros centros regionales universitarios de San Ramón y de Turrialba, de la Universidad de Costa Rica, se produjo una revolución académica de gran proyección de la educación superior a las provincias, regiones, comunidades y distintos pueblos. Se le llevó la educación superior a los ciudadanos, y a los jóvenes, de manera más cerca, a sus propias comunidades, para que tuvieran mayor oportunidad de acceso a sus estudios y preparación académica y profesional.

Con ellos se le llevó la posibilidad de estudios superiores a los jóvenes, y a sus familias, de acercarles los estudios a centenares, y hoy a miles de jóvenes, de poder llegar a los estudios superiores universitarios.

Sucedió igual con el surgimiento de las otras universidades públicas que fueron desarrollándose, con su surgimiento y con sus respectivas proyecciones regionales.

Así se impulsaron las siguientes sedes y recintos universitarios de la Universidad de Costa Rica, la Sede de Occidente, que está en la ciudad de San Ramón, la del Atlántico, que está en la ciudad de Turrialba, con recintos en Paraíso de Cartago y Guápiles de Limón, la de Guanacaste que está en la ciudad de Liberia, con un recinto en la ciudad de Santa Cruz, la del Caribe, ubicada en Puerto Limón, la Sede del Pacífico en el cantón central de Puntarenas y en Esparza, y la Sede del Sur en Golfito, Puntarenas.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) tiene 5 unidades principales distribuidas en el país, divididas en 3 campus y 2 centros académicos. Ellos son: el Campus Tecnológico Central cuya sede principal está en Dulce Nombre de Cartago, el Campus Tecnológico Local San José, en Barrio Amón, el Campus Tecnológico Local San Carlos, en Santa Clara de Ciudad Quesada. El Instituto Tecnológico tiene también los Centros Académicos de Alajuela, ubicado en Villa Bonita de Alajuela, y el de Limón, frente al Colegio Diurno.

El de San Carlos opera como una Unidad de Cooperación para la Transferencia de Tecnología y Educación Continua del Campus Tecnológico Local San Carlos.

La Universidad Nacional tiene cinco sedes universitarias distribuidas así: la Sede Central, en Heredia, que tiene el Campus Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez Vargas, la Sede Regional Chorotega, en Liberia y Nicoya, la Sede Regional Brunca, con los campus en Pérez Zeledón y Coto, y la llamada Casa Golfito, y la Sede Regional Huetar Norte y la Caribe ubicada en Sarapiquí.

Bajo el manto de la UNA, está la Sede Interuniversitaria de Alajuela

que es un espacio de articulación y cooperación académico entre las universidades estatales, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional.

Por su parte los recintos universitarios de la Universidad Técnica Nacional están, con su sede principal en Alajuela y sus sedes regionales en el Pacífico, en Atenas, en Guanacaste y en San Carlos.

Este panorama de sedes centrales, sedes regionales y centros académicos de las universidades públicas nacionales es el que está amenazado de debilitarse, y de desaparecer por partes, por las acciones lesivas que impulsa el actual gobierno y su fracción legislativa del partido Pueblo Soberano, chuceada por el copresidente y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al no aprobar lo que constitucional y legalmente están obligados a darle al sistema nacional de Fondos para la Educación Superior, y por rebajar el presupuesto afectando negativamente a las universidades públicas en sus objetivos de crear, conservar y trasmitir la cultura nacional y universal, de ofrecer, a la juventud y a los estudiantes, la posibilidad de sus estudios superiores, de una educación integral que les garantice su óptima formación profesional y técnica, su desarrollo integral, moral, cultural y personal. Así, como de promover la investigación científica de alto nivel técnico y académico, para contribuir al mejoramiento de la vida social, cultural, política y económica del país, y elevar el nivel espiritual y educativo de los costarricenses, para coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los sectores productivos, las empresas exportadoras y, especialmente, las pequeñas, medianas y microempresas. Del mismo modo, para preparar profesionales de nivel superior, por medio de carreras universitarias que guarden armonía con los requerimientos científicos y tecnológicos del desarrollo mundial y las necesidades del país, que culminen con la obtención de títulos y grados universitarios, dando énfasis especial a las carreras técnicas que demanda el desarrollo nacional. De la misma manera, desarrollar carreras cortas en el nivel de pregrado universitario, que faculten para el desempeño profesional satisfactorio y la inserción laboral adecuada.

El sector empresarial de todo tipo del país, desde 1940, con la Universidad de Costa Rica, y con las universidades públicas que surgieron en la década de 1970, ha sido el principal sector de la economía nacional favorecido de sus graduaciones y preparaciones, de más del 90% del personal profesional contratado. La sociedad costarricense en su conjunto igualmente ha sido favorecida por la presencia de las universidades públicas en el bienestar nacional alcanzado. Las inversiones extranjeras que vienen a Costa Rica lo hacen porque valoran la capacidad profesional de los graduados universitarios costarricenses. El Instituto Tecnológico surgió en alianza estrecha con el sector empresarial costarricense.

La amenaza a esta presencia universitaria en todo el territorio nacional, con las decisiones negativas de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y su camada política de diputados, con graves problemas de capacitación, profesionalismo y entendimiento para comprender el significado de la educación al pueblo, a la juventud para un mejor desarrollo socioeconómico y político nacional, hay que detenerla por el bienestar del Desarrollo del Estado Social de Derecho y por la afirmación del Estado de Bienestar que se construyó durante el período histórico de la Reforma Social, 1943-1948 y bajo el impulso de la Junta Fundadora de la Segunda República con las reformas y refuerzos que se hicieron en la educación pública en general y de manera particular en la educación superior.

Las movilizaciones estudiantiles universitarias hay que sostenerlas en las siguientes semanas hasta noviembre, cuando tiene que votarse el Presupuesto Nacional del 2027.

Hay que involucrar a los gremios, asociaciones y sindicatos de la Educación primaria y secundaria.

Hay que llamar a los padres y madres de familia, de los jóvenes estudiantes, a apoyar esta lucha que también es por ellos.

Hay que vincular esta lucha al rescate de los fondos que ya le han sido eliminados a la educación primaria y secundaria de subsidios de becas, comedores escolares, transportes estudiantiles.

Hay que vincular estas luchas a la de arreglos y reparaciones reales a los casi 900 establecimientos escolares que tienen amenaza de ser cerrados, por mal estado y malas condiciones sanitarias.

Hay que vincular estas luchas a las condiciones salariales de los educadores y trabajadores de la educación, y de todos los asalariados, y pensionados, para que sus salarios y pensiones congeladas desde hace 5 años se descongelen, y no se mantenga su congelamiento por los siguientes 5 años como quiere el gobierno de Laura Fernández.

Hay que vincular esta lucha para que no se aumenten los años ni las cuotas del seguro social, obligando a los trabajadores a aumentar su expectativa de retiro jubilatorio o de pensión a los 70 años.

Hay que vincular esta lucha al retiro del ROP cuando el trabajador así lo requiera en el momento de su retiro laboral.

Por cosas como estas los estudiantes franceses, alemanes y europeos, y de México, en 1968 se movilizaron con grandes jornadas de luchas sociales y populares, y con grandes sacrificios como los mexicanos, se movilizaron y los actuales de Francia se están movilizando. En las luchas de 1968 los movimientos sindicales europeos entendieron, y se sumaron, a las luchas estudiantiles.

En Europa, pero es parecido en Costa Rica, el descontento social existe, activo en Europa, pasivo en Costa Rica. Hay malestar social que afecta el pacto político y social del país. Miles de costarricenses, de las generaciones actuales, empiezan a ver que una vivienda digna, un trabajo seguro, un salario suficiente, una segura posibilidad de realizarse como parejas o matrimonios jóvenes, el tener hijos, o la simple esperanza de un futuro mejor son metas casi inalcanzables.

Los sindicatos nacionales costarricenses, sus centrales y federaciones sindicales deben sumarse, al menos solidariamente, a la lucha de los universitarios, en defensa de la educación en general y superior en particular, como defensa de los propios trabajadores, padres y madres, abuelos y abuelas de todos los estudiantes hoy en lucha.

La lucha del estudiantado universitario, y de las universidades públicas, es una lucha válida, justa y democrática por Costa Rica.

¡Hay que mantener la lucha social sostenida con presión en la Asamblea Legislativa, y sus diputados, hasta noviembre!

Francia: lo que se oculta detrás de las protestas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Carlos Cruz Barrientos, para SURCOS

Reducir las movilizaciones francesas a incendios, saqueos y enfrentamientos con la policía oculta sus causas sociales. En Costa Rica, esa imagen parcial está siendo utilizada para desacreditar la protesta y presentarla como una amenaza al orden público. Las protestas que sacuden Francia llegaron de pronto al debate político costarricense, no para intentar comprenderlas, sino para convertirlas en advertencia.

La diputada oficialista Kattia Calvo acusó a Ariel Robles, exdiputado del Frente Amplio, de promover la “sedición” por llamar al estudiantado costarricense a seguir el ejemplo de las movilizaciones en Francia y España. Calvo recordó los saqueos, incendios y actos de violencia ocurridos en Francia y responsabilizó anticipadamente a Robles por eventuales hechos vandálicos que pudieran producirse en una manifestación estudiantil en nuestro país.

Es cierto que en las movilizaciones francesas se han producido hechos de violencia. Negarlo no ayudaría a comprender lo que está ocurriendo. Pero tampoco se comprende una protesta social seleccionando las imágenes más espectaculares y suprimiendo todo lo que ocurrió antes de ellas.

¿Por qué protesta el estudiantado francés?

Un seguimiento más o menos regular de la prensa crítica europea permite reconstruir un panorama más completo de lo que está ocurriendo. Las movilizaciones comenzaron a finales de septiembre en institutos franceses y rápidamente se extendieron. Las y los estudiantes denunciaban falta de docentes y personal sustituto, aulas saturadas, deterioro de los edificios, carencia de personal de apoyo y reducción de recursos, problemas particularmente graves en centros situados en los barrios populares.

Algunos testimonios hablan de goteras, servicios sanitarios en malas condiciones y hasta presencia de ratas, ausencia de ventilación en el verano y de calefacción en el invierno. Es decir, los estudiantes no salieron inicialmente a las calles para enfrentarse con la policía. Salieron a reclamar mejores condiciones para estudiar. Pero el problema no termina en las aulas.

El economista y profesor Sebastián Irigoyen, en un análisis publicado por Diario Red, vincula el deterioro de la educación pública con una discusión mucho mayor: las políticas de austeridad y la manera en que se distribuye el costo del ajuste fiscal.

Mientras el Gobierno francés invoca el endeudamiento público para justificar restricciones presupuestarias, crece el cuestionamiento a las políticas fiscales que durante años han favorecido a los sectores de mayores ingresos. De manera que detrás de la protesta estudiantil está la pregunta: ¿quién termina pagando el ajuste?

Cuando el malestar se extiende

Las protestas estudiantiles comenzaron a encontrarse con otras demandas por parte de trabajadores, sindicatos, agricultores, activistas y otros sectores que se movilizaron contra el aumento del costo de la vida, por mejores salarios y en defensa de los servicios públicos y lo que inicialmente parecía un conflicto educativo empezó a mostrar un malestar social mucho más amplio.

A ello se sumó la actuación policial. Las intervenciones contra bloqueos y manifestaciones, las detenciones y las denuncias de agresiones contra menores introdujeron otro elemento en el conflicto. Amnistía Internacional expresó preocupación por la seguridad de los jóvenes participantes y reclamó a las autoridades francesas que garantizaran el derecho a manifestarse.

Y entre medio se han sucedido actos de violencia que si bien son condenables, para nada pueden usarse para restarle legitimidad a las causas que han llevado a la movilización.

Una imagen útil para el poder

Si de todo lo ocurrido en Francia se seleccionan únicamente automóviles incendiados, enfrentamientos y escaparates destruidos, se obtiene una imagen muy eficaz: la protesta aparece asociada al caos. Aquí es donde el episodio francés adquiere interés para Costa Rica.

Y si esa imagen se traslada al debate costarricense, el siguiente paso resulta sencillo. Quien convoca a protestar estaría convocando al desorden; quien llama a los estudiantes a movilizarse podría estar promoviendo la violencia. Así llegamos a una palabra mucho más grave: sedición.

La operación política consiste en desplazar la discusión. Ya no hablamos de las razones por las cuales determinados sectores podrían querer manifestarse. Hablamos del peligro que representarían quienes los convocan. La secuencia es conocida: protesta, desorden, violencia, amenaza al país y en algún momento de ese recorrido desaparece el derecho a protestar.

La democracia también ocurre en la calle

Conviene recordar algo elemental. En una democracia el conflicto social no constituye una anomalía. Las elecciones son fundamentales, pero la democracia no termina cuando se cierran las urnas. Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, universidades, asociaciones comunales y ciudadanos tienen derecho a organizarse, reclamar y manifestarse contra decisiones que consideran injustas. Eso también es democracia.

Por eso resulta preocupante que desde el Partido Pueblo Soberano y su enjambre de medios afines, troles e influencers, se instale una narrativa en la que cuestionar al Gobierno se aproxima cada vez más al desorden, convocar a una manifestación puede convertirse en instigación y llamar a protestar termina asociado con la sedición.

Francia merece ser observada con mayor cuidado.

Sus protestas no demuestran que toda movilización social conduce al vandalismo. Muestran algo bastante distinto: los conflictos que no encuentran respuesta política no desaparecen por decreto. Se acumulan.

Primero faltan profesores. Después se deterioran los centros educativos. Se encarece la vida, aumenta la precariedad y se debilitan los servicios públicos. Hasta que personas que parecían vivir problemas separados descubren que existe algo común entre ellos. Entonces la juventud estudiantil de toda Francia sale a la calle.

Y una democracia debería preocuparse no solamente por el desorden que eventualmente ocurre durante una protesta, sino por los problemas estructurales que padece la sociedad francesa desde hace varios años y que han dado lugar a grandes protestas sociales, por ejemplo: la Ley del Trabajo (2016); el movimiento de los Chalecos Amarillos (2018-2019), así como las revueltas de las periferias (2023).

Entre todas ellas hay un hilo conductor: la resistencia a las consecuencias sociales de las políticas de austeridad y liberalización, la defensa de los servicios públicos y del Estado social, la percepción de desigualdad y abandono de determinados territorios y sectores sociales y, progresivamente, el cuestionamiento de un sistema presidencial considerado excesivamente vertical.

De manera que Francia no estaría simplemente atravesando una nueva protesta estudiantil; estaría entrando en una nueva fase de un ciclo de conflictividad social iniciado hace aproximadamente una década. Lo novedoso de 2026 es que una generación que era niña cuando surgieron los Chalecos Amarillos está entrando directamente en escena política. Además, la crisis fiscal actual —con una deuda cercana al 119 % del PIB y un proyecto presupuestario que contempla fuertes ajustes— reduce considerablemente el margen del Estado para responder mediante mayor gasto, como ocurrió ante crisis sociales anteriores.

Fuentes consultadas

Diario Red:

  • Sebastián Irigoyen, “La disputa educativa en Francia: ultra ricos blindados, estudiantes precarizados”, 8 de octubre de 2026.

  • “Los jóvenes del mundo se levantan”, 9 de octubre de 2026.

  • Chloe Arús, “Manifestaciones en Francia: Amnistía Internacional denuncia la inseguridad de los menores frente a la violencia policial”, 9 de octubre de 2026.

  • Benjamín Gutiérrez, “Obreros y estudiantes unidos, ¡adelante!”, 4 de octubre de 2026.

  • “Más de 500.000 personas se manifiestan en toda Francia contra el Gobierno, las subidas de los precios y el deterioro de los servicios públicos”, 19 de octubre de 2026.

El Mundo CR, “Kattia Calvo acusa a Ariel Robles de sedición por llamar a seguir el ejemplo de las protestas en España y Francia”, octubre de 2026.

Imagen: Manifestación de estudiantes en Toulouse, 14-10-2026 (foto de Mathieu Pinard Baillet / Le Pictor / DPA).

¡Indignémonos!

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La semana que termina no podría ser diferente a este año de ruptura civilizatoria que nos tocó vivir.

En el mundo, la peor pesadilla política que registre la historia democrática contemporánea se ha manifestado contrariada por el no otorgamiento del Premio Nobel a su persona, dado el altruismo con que decide asesinar un día sí y otro también a poblaciones inocentes en todo el planeta.

Faltaba más que ese Nobel se lo otorguen algún día dados sus atributos manifiestos en “búsqueda de la paz mundial”.

En Francia lo mismo que en Argentina, España y Albania, los estudiantes han salido a las calles a manifestar su descontento e indignación por el deterioro en la educación pública, la crisis de financiamiento y la mala disposición de la infraestructura educativa. La respuesta ha sido la represión y la criminalización de la protesta.

En una historia que parece repetirse 15 años después, la indignación parece ser el motor que impulsa a estas generaciones a rebelarse contra su propio destino. Sus luchas materiales van hoy de la mano por la reivindicación de los derechos más elementales, como el derecho a tener una educación de calidad.

Hoy, como ayer, son los jóvenes quienes salen a contradecir la historia.

En un contexto más cercano, más local, la más aguda de las paradojas ha ocurrido en Costa Rica en cuestión de horas.

Como si se tratara de la teatralización de una escena de mal gusto, el gobierno costarricense inauguró un centro para privados de libertad siguiendo el pésimo guion de autoritarismos cercanos. La megacárcel es el proyecto estrella de una administración que apenas con cinco meses de funcionamiento ha mostrado una trayectoria errática y preocupantemente populista.

Pero al mismo tiempo, anuncia de forma contundente el recorte al presupuesto de la educación superior pública que provocaría cierre de sedes regionales, disminución de becas estudiantiles y el colapso institucional universitario a corto plazo.

Sí. Todo está al revés. Y asistimos a esta hora cargados de incertidumbre. El camino de la indignación empieza por indignarnos para que luego aparezca lo demás.

Pero hay que hacerlo.

Si estos anuncios provenientes desde el oficialismo costarricense no indignan y provocan la movilización, ya nada lo hará.

¡Solidaridad combativa con el pueblo colombiano! ¡Viva la CUT! ¡Viva la lucha obrera y estudiantil!

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Pronunciamiento del Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE)

El Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE), organización sindical costarricense comprometida con la solidaridad internacional, el internacionalismo proletario y la defensa irrestricta de los derechos de la clase trabajadora, se pronuncia con firmeza y combate en respaldo de las marchas obreras y estudiantiles convocadas para este miércoles 14 de octubre en Colombia, y extiende su más combativo apoyo a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a todas las organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles y comunitarias que hoy levantan su voz contra las políticas de ajuste, precarización y represión del gobierno de Abelardo de la Espriella.

CONSIDERANDO:

Que la CUT, junto a organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles y comunitarias, ha convocado una Jornada Nacional de Movilización para este 14 de octubre en las principales capitales del país, en defensa de los derechos laborales, humanos, las libertades democráticas, la justicia social y la soberanía nacional.

Que el movimiento obrero colombiano enfrenta una arremetida sin precedentes: el gobierno pretende implementar el pago por horas y aumentar la jornada laboral sin reconocimiento salarial adicional; derogar decretos que protegen la negociación colectiva y la intermediación laboral; y aplazar la reforma pensional para convertirla en una contrarreforma que atenta contra los derechos de los trabajadores.

Que el movimiento estudiantil colombiano se ha declarado en asamblea permanente y ha protagonizado movilizaciones masivas en rechazo al nuevo protocolo que permite militarizar los centros educativos, violando la autonomía universitaria y criminalizando la protesta social. La comunidad educativa denuncia esta medida como una violación directa a la autonomía universitaria y un intento de criminalizar el derecho a la protesta.

Que el gobierno colombiano impulsa un “estatuto antiterrorista” que, según la CUT, representa una amenaza para el Estado social de derecho, podría aumentar la estigmatización de los ciudadanos, restringir las garantías para ejercer la defensa legal y penalizar la protesta social.

Que la educación pública enfrenta un recorte presupuestal que pone en riesgo la gratuidad para los estudiantes de universidades públicas, y se suspenden los concursos de mérito para el ingreso y ascenso en la carrera docente.

POR TANTO, PRONUNCIAMOS:

Primero: Nuestro apoyo irrestricto e inclaudicable a la CUT y a todas las organizaciones que marchan este 14 de octubre. Reconocemos en la CUT a la central obrera que dignifica la lucha de la clase trabajadora colombiana. ¡Viva la CUT! ¡Viva la unidad de los pueblos!

Segundo: Respaldo combativo a las justas demandas del movimiento obrero y estudiantil colombiano. Exigimos el respeto a los derechos laborales conquistados, el rechazo al pago por horas y a la flexibilización que precariza el empleo. Defendemos la educación pública, gratuita y de calidad, y rechazamos la militarización de las universidades y la criminalización de la protesta social.

Tercero: Repudio enérgico a la represión y a las políticas neoliberales del gobierno de Abelardo de la Espriella. Las medidas de ajuste fiscal, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y los recortes presupuestales no son más que una agresión contra los sectores populares. La solidaridad de clase no conoce fronteras.

Cuarto: Llamado a la unidad internacional de los trabajadores. Hacemos un llamado fraterno y combativo a todas las organizaciones sindicales y populares de Nuestra América a expresar su solidaridad con el pueblo colombiano, a denunciar la represión y a unir fuerzas en la lucha contra el neoliberalismo y el imperialismo.

Quinto: Condena a cualquier intento de estigmatizar la protesta social. La CUT ha sido clara: “No aceptamos estigmatizaciones”. Las marchas serán pacíficas y legítimas. Rechazamos los intentos de calificar a los dirigentes sindicales y sociales como “instigadores”.

¡La solidaridad de clase no se detiene ante fronteras!
¡Viva la CUT! ¡Viva la lucha obrera y estudiantil colombiana!
¡Por la defensa de los derechos laborales, la educación pública y la soberanía de los pueblos!
¡Ni un paso atrás en la lucha por la justicia social!

JUNTA DIRECTIVA
INSTITUTO SINDICAL DE FORMACIÓN DEMOCRÁTICA (ISFODE)
San José, Costa Rica — 13 de octubre de 2026

Francia: estudiantes y sindicatos tomarán la Bastilla

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Instituto Sindical de Formación Democrática

Hoy resuena La Marsellesa en las calles de París, no como ritual oficial, sino como grito revolucionario que de nuevo reclama la República. La melodía, que es himno oficial, hoy se convierte en canto de insurrección. Y junto a ella, la bandera francesa ondea en las marchas: no como adorno protocolario, sino como río de telas rojas, blancas y azules que se mezclan con pancartas estudiantiles y estandartes sindicales. La República, arrebatada por las políticas antisociales de austeridad y la represión, vuelve a ser reclamada por su propio pueblo.

Desde mediados de septiembre de 2026, Francia vive una nueva insurrección de la dignidad. Lo que empezó como bloqueos en los liceos de Créteil y Bretaña —por aulas saturadas, techos que se caen y profesores ausentes— se ha convertido en un movimiento nacional que sacude universidades, sindicatos y plazas públicas. Entre el 15 y el 17 de septiembre, los estudiantes encendieron la chispa: exigieron más docentes, menos hacinamiento y edificios dignos. Los sindicatos de educación respondieron con huelgas el 21 de septiembre, y pronto se sumaron los del sector público. La protesta dejó de ser solo educativa: se convirtió en una denuncia contra la austeridad y el abandono social. Como una represa que intenta contener el cauce de un río desbordado, el poder levantó muros de silencio y represión; pero cada obstáculo anuncia la inundación.

Entre el 28 y el 30 de septiembre, la tensión escaló. Hubo enfrentamientos, incendios y más de 600 detenidos. El 1 de octubre, las universidades —Sorbonne, Lyon, Rennes— se unieron al paro, y la policía respondió con más de 1.900 arrestos en un solo día. Para el 10 de octubre, el balance era brutal: más de 5.000 detenidos, cientos de heridos, y un gobierno que promete “medidas rápidas” mientras la represión se intensifica. El Estado, que debería tender la mano como un puente de justicia, prefirió el garrote: disparó perdigones contra estudiantes, arrastró jóvenes por el suelo y golpeó profesores en las marchas. Pero cada golpe, cada arresto, cada perdigón, lejos de apagar la protesta, la convierte en río desbordado que anuncia nuevas inundaciones de dignidad.

El martes 13 de octubre, la Bastilla vuelve a ser símbolo. Estudiantes y sindicatos marchan hacia esa plaza histórica, no como gesto nostálgico, sino como reedición de la memoria revolucionaria. La Bastilla de hoy no son muros de piedra, sino las estructuras de un sistema que pretende domesticar la dignidad. Y como en 1789, la multitud se levanta para recordar que la libertad no se concede: se conquista en la calle, al ritmo de un himno que ya no pertenece al Estado, sino al pueblo que lo canta bajo una bandera que ha dejado de ser oficial para convertirse en estandarte de insurrección.

Organizaciones internacionales llaman al gobierno de Honduras a cesar la represión y respetar los derechos humanos

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, junto con organizaciones del movimiento social, popular y sindical, así como defensoras y defensores de derechos humanos de distintos países, hizo público un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo hondureño ante lo que califica como un preocupante incremento de la violencia institucional, la represión y la intimidación contra comunidades campesinas, ambientalistas, sectores estudiantiles y organizaciones magisteriales.

La declaración cuenta con el respaldo de más de 82 organizaciones e instancias internacionales y más de 50 personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la vida digna. En ella se hace un llamado urgente al gobierno encabezado por Nasry Asfura para que cese los mecanismos de represión y garantice el respeto pleno de los derechos humanos conforme a las normas nacionales e internacionales.

El documento señala que, desde la llegada del actual gobierno hondureño, se ha producido una profundización de prácticas represivas que recuerdan los periodos más difíciles vividos por ese país entre 2009 y 2022. Según el pronunciamiento, estas acciones han afectado especialmente a comunidades rurales, organizaciones campesinas, movimientos sociales y personas defensoras del ambiente, la tierra y los territorios.

Entre los hechos denunciados se encuentra la incursión ocurrida el 18 de mayo en la comunidad campesina de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón. De acuerdo con la denuncia, personas con uniformes policiales habrían destruido viviendas, herramientas de trabajo y medios de transporte utilizados por niños y niñas para asistir a la escuela. Posteriormente, el 21 de mayo, la comunidad habría sido escenario de un ataque armado que dejó un saldo preliminar superior a 19 personas fallecidas.

El pronunciamiento también menciona hechos violentos ocurridos el mismo día en Corinto, Cortés, donde se registró un enfrentamiento armado que provocó la muerte de al menos cinco agentes policiales y tres civiles.

Las organizaciones firmantes sostienen que estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de reformas legales de carácter punitivo y de políticas orientadas a la militarización, situación que, afirman, incrementa la vulnerabilidad de las comunidades rurales y de quienes defienden derechos humanos y ambientales.

En el ámbito educativo, el Observatorio denuncia acciones dirigidas a desconocer la representación legítima de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), organización que considera la instancia representativa del magisterio hondureño. Según el documento, estas medidas debilitan la libertad sindical y afectan al movimiento educativo, estudiantil y comunitario.

Asimismo, se expresa preocupación por el caso de Axel Medina, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien perdió un ojo durante una protesta realizada en defensa del financiamiento de la educación superior pública.

Ante esta situación, las organizaciones internacionales exigen una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los hechos ocurridos en la comunidad de Rigores, así como la identificación, captura y juzgamiento de todas las personas responsables, incluyendo eventuales estructuras vinculadas al crimen organizado o a la narcoviolencia.

El pronunciamiento demanda además el cese de la violencia institucional contra las comunidades campesinas, la reparación integral para las víctimas, garantías de no repetición y medidas urgentes de protección para las personas afectadas.

Igualmente, respalda los llamados formulados por organizaciones de derechos humanos como ACI Participa, así como las gestiones dirigidas a organismos internacionales entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y Amnistía Internacional.

Las organizaciones también solicitan la apertura de un proceso de diálogo con la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, el respeto a los convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como atención a las demandas planteadas por el Frente de Reforma Universitaria (FRU) y el movimiento estudiantil hondureño.

El documento concluye con un llamado a detener las masacres y asesinatos selectivos, garantizar justicia para las víctimas de la represión, respetar al magisterio hondureño y al movimiento estudiantil, y defender los derechos humanos como una responsabilidad que trasciende fronteras.

Impulsan adhesiones a pronunciamiento de solidaridad con el pueblo hondureño

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Diversas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos impulsan una declaración internacional de solidaridad con el pueblo hondureño ante lo que califican como un agravamiento de la violencia estructural, la represión y la intimidación contra distintos sectores sociales del país.

La iniciativa es promovida por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos junto con organizaciones del movimiento social, popular y sindical, así como personas defensoras de derechos humanos de distintos países. El pronunciamiento se suma a las recientes expresiones de preocupación internacional sobre la situación hondureña, entre ellas las denuncias formuladas por organizaciones de derechos humanos sobre masacres ocurridas en diversas comunidades y los llamados de organizaciones magisteriales centroamericanas a respetar la libertad sindical y el diálogo social.

Según las organizaciones convocantes, la situación afecta particularmente a comunidades campesinas, al movimiento estudiantil y al magisterio hondureño, sectores que enfrentan crecientes mecanismos de presión, represión e intimidación.

La declaración plantea la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos, así como de visibilizar las denuncias sobre violencia y vulneración de derechos que afectan a diversos sectores de la sociedad hondureña.

Las organizaciones impulsoras invitan a colectivos, organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos a adherirse al pronunciamiento internacional durante la presente semana, antes del lunes 8 de junio.

Formulario de adhesión:

https://forms.gle/D9EdmGs9F1PAHRPp7

El llamado se acompaña de las consignas:

¡Justicia para Karla López y cada víctima de la represión en Honduras!

¡No a las masacres y asesinatos selectivos en Honduras!

¡La defensa y promoción de los derechos humanos no tiene fronteras!

UNA condena la violencia policial contra estudiantes

Escrito en . Publicado en Derechos.

Institución exige garantías plenas para el ejercicio del derecho a la protesta

La Universidad Nacional (UNA), expresa su más enérgica condena ante la actuación de la Fuerza Pública contra estudiantes universitarios que la noche de este martes 26 de mayo, concluían su participación en una manifestación pacífica en las afueras de la Asamblea Legislativa. Distintos reportes periodísticos y registros audiovisuales difundidos públicamente documentan una intervención policial desproporcionada, así como la detención de una persona manifestante en un contexto que ha generado serias dudas sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza.

De manera particular, la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación por la detención del estudiante Elián Xavier Jiménez Campos, así como por las denuncias de agresión física previas a su aprehensión, en medio de señalamientos que, según se ha reportado, surgieron a partir de acusaciones formuladas en el propio entorno legislativo. La gravedad del caso aumenta frente a los registros que, de acuerdo con la denuncia pública, muestran empujones, agresiones físicas y verbales contra otras personas estudiantes que también participaban de la manifestación.

La Universidad considera especialmente alarmante que, en el marco de estos hechos, también se haya reportado la agresión contra la diputada Vianey Mora, quien, según la denuncia pública, habría sido embestida por una patrulla policial mientras exigía explicaciones sobre la detención del estudiante. Si estos hechos se confirman, se estaría frente a una actuación incompatible con los principios democráticos, con el deber de contención de la fuerza pública y con el respeto debido a quienes ejercen funciones de representación popular.

El derecho a la protesta pacífica constituye una garantía democrática fundamental y no puede ser tratado como una amenaza al orden público por el simple hecho de interpelar decisiones de poder. Toda intervención policial en contextos de manifestación debe regirse por criterios estrictos de legalidad, racionalidad, necesidad y proporcionalidad; cualquier exceso o abuso de autoridad erosiona la confianza pública y debilita el Estado de derecho.

La Universidad Nacional advierte, además, con enorme preocupación, una secuencia reciente de actuaciones policiales que han recaído sobre personas manifestantes en contextos cívicos y simbólicos. Medios nacionales reportaron que estudiantes detenidas durante el traspaso de poderes por portar una bandera de Palestina fueron puestas en libertad, luego de que no se sostuvieran elementos para mantener su detención, lo que refuerza la necesidad de revisar con seriedad la actuación policial en este tipo de escenarios.

Frente a esta escalada, la UNA hace un llamado firme al Poder Ejecutivo, en su condición de responsable político de la conducción de los cuerpos policiales, para que garantice el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, cese toda práctica de hostigamiento o represión contra la protesta social y asegure investigaciones prontas, independientes y transparentes sobre estos hechos. Ninguna democracia se fortalece reprimiendo a su ciudadanía; por el contrario, se degrada cuando se normaliza la violencia estatal contra quienes ejercen derechos constitucionales.

La Universidad Nacional rechaza toda forma de retención indebida, privación arbitraria de libertad, criminalización de la protesta y uso de la fuerza como mecanismo de intimidación política. También reitera que la presunción de inocencia no puede ser sustituida por señalamientos apresurados ni por operativos montados sobre acusaciones no verificadas. Defender este principio no significa avalar conductas ilícitas; significa exigir que, aun ante cualquier sospecha, el Estado actúe dentro de los límites de la ley y del respeto a la dignidad humana.

Este episodio no solo interpela a las autoridades de seguridad, interpela al país entero. Lo que está en juego es la garantía de que estudiantes, agricultores, trabajadores y ciudadanía en general puedan manifestarse sin temor a ser agredidos, detenidos arbitrariamente o convertidos en blanco de operaciones desproporcionadas. La Universidad Nacional afirma con claridad que ni la intimidación ni la violencia van a detener a una ciudadanía consciente de sus derechos y decidida a defenderlos por las vías democráticas.

La defensa de la educación pública, de la libertad de expresión y del derecho a la protesta pacífica seguirá siendo una causa legítima. La Universidad Nacional acompañará toda exigencia de esclarecimiento, justicia y no repetición, en resguardo de la dignidad del movimiento estudiantil y de los valores democráticos que deben prevalecer en la vida pública costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Movimiento estudiantil de la UNA exige cuentas al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias

Escrito en . Publicado en Educación.

En el marco del V Congreso Universitario, los estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) dieron a conocer un manifiesto, que fue aprobado por la Asamblea Universitaria. En el escrito, recuerdan el papel de las universidades públicas de Costa Rica, lo que representan para las familias y comunidades del país, denuncian la violencia estructural de la que son objeto, las implicaciones de su desfinanciamiento e invocan al diálogo. El documento presenta una petitoria de nuevo puntos.

Se reproduce textualmente el manifiesto.

Manifiesto del movimiento estudiantil (FEUNA) en el V Congreso de la Universidad Nacional

Universidades públicas: raíz, memoria viva y lucha por el presente y el futuro de Costa Rica

“VIOLAR LA LEY DEL IMPERIO ES DEFENDER LOS DERECHOS DEL PUEBLO”

Reunidos en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, de la Universidad Nacional, Heredia, el 24 de abril, 2026, las personas estudiantes señalamos que el V Congreso evidencia la fortaleza de la universidad pública costarricense, basada en el diálogo y la construcción de conocimiento, en colaboración con la sociedad y el estado, que procura contribuir a la atención de las demandas de los sectores y comunidades vulnerabilizadas por el sistema económico, social, político y cultural vigente. En consecuencia, sometimos al apoyo de las y los congresistas el presente pronunciamiento con el beneplácito mayoritario que hacemos de conocimiento público.

Las universidades públicas de Costa Rica no son cifras aisladas ni instituciones desconectadas entre sí; constituyen, en conjunto, una red viva que expresa una identidad compartida como país. Desde la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no solo se forman profesionales, se forma ciudadanía. En nuestras aulas convergen personas provenientes de distintos territorios, realidades y contextos, que aprenden no solo contenidos académicos, sino también a convivir, debatir y construir colectivamente. Esa experiencia compartida va tejiendo un profundo sentido de pertenencia que trasciende lo individual y que fortalece un proyecto común de país.

En nuestras aulas, cada estudiante que accede a la educación superior pública encarna una historia colectiva: la de familias que depositan esperanza, comunidades que proyectan desarrollo y territorios que encuentran en la universidad una presencia transformadora. La universidad pública representa, para muchas personas, la posibilidad real de movilidad social, de romper ciclos de exclusión y de generar nuevas oportunidades donde antes no las había. Lo que una persona aprende en la universidad no permanece únicamente en el aula, se comparte, se multiplica y se traduce en desarrollo local, liderazgo comunitario y mejores condiciones de vida.

Esta identidad común se sostiene, además, en una convicción histórica: el conocimiento es un bien público y un derecho, no un privilegio. Por eso, el impacto de las universidades públicas no se mide únicamente en indicadores, sino en las trayectorias de vida que logran transformar. Cada beca otorgada, cada sede regional fortalecida y cada proyecto de investigación vinculado con la realidad nacional representan una apuesta concreta por un país más equitativo, más cohesionado y con mayor capacidad de construir su propio futuro.

En ese esfuerzo por democratizar el acceso al conocimiento, la Universidad Nacional ha desarrollado históricamente un compromiso particular con la regionalización, entendida no solo como presencia territorial, sino como una apuesta ética por la equidad. A través de sus sedes regionales, sus carreras itinerantes y un sistema de admisión que reconoce las desigualdades estructurales del país, la universidad ha impulsado mecanismos que permiten discriminar positivamente en favor de quienes provienen de contextos con mayores barreras de acceso. Este modelo no responde únicamente a criterios académicos, sino a una comprensión profunda de las brechas históricas entre el centro y las regiones, y al deber institucional de generar oportunidades reales donde más se necesitan.

Hoy, más que nunca, en un mundo atravesado por guerras, autoritarismos y múltiples formas de violencia estructural que generan crisis complejas en la geopolítica global, las universidades tienen la obligación ética y social de sostener y defender los valores democráticos, el pensamiento crítico y el bien común. Esto implica asumir con claridad la responsabilidad que nos corresponde como espacios de reflexión, de producción de conocimiento y de formación de una ciudadanía comprometida con la justicia social.

Las universidades no pueden limitarse únicamente a transmitir saberes técnicos o profesionales; deben ser también territorios de debate, de cuestionamiento y de construcción colectiva de alternativas frente a los desafíos de nuestro tiempo. En ellas se cultiva la capacidad de pensar críticamente el mundo, de imaginar otros futuros posibles y de formar personas con sensibilidad social, capaces de intervenir de manera responsable en la vida pública.

En este contexto, la amenaza de un presupuesto de crecimiento cero no es una cifra abstracta: tiene rostro humano. Es el de las personas estudiantes de zonas rurales, de territorios costeros, de comunidades históricamente excluidas, que ven en la universidad pública una posibilidad real de transformación. Un 0% no impacta únicamente en estructuras institucionales; impacta directamente en trayectorias de vida, en oportunidades que se reducen y en brechas que se profundizan.

Reconocemos, además, que la universidad pública no es una institución perfecta. Se encuentra en un proceso constante de revisión, adaptación y mejora frente a las nuevas realidades y desafíos del país. Como comunidad, asumimos la responsabilidad de cuestionar nuestras propias estructuras, de identificar nuestras limitaciones y de trabajar activamente para garantizar una formación cada vez más pertinente, inclusiva y de excelencia.

Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Por ello, quienes habitamos la universidad tenemos la responsabilidad histórica de contribuir activamente a la construcción de ese futuro. Defender la educación pública no es únicamente proteger una institución, es resguardar una de las herramientas más poderosas para la igualdad, la movilidad social y el desarrollo humano.

Hoy, más que nunca, las universidades deben asumir su papel como actores fundamentales en la sostenibilidad de una sociedad viable, digna y profundamente humana. Esto significa fortalecer los vínculos con las comunidades, dialogar con las distintas fuerzas sociales y colocar el conocimiento al servicio del bienestar colectivo, de la democracia y de la vida en común.

PETITORIA

En consecuencia, como comunidad estudiantil universitaria, exigimos al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias en lo que corresponda:

  1. Garantizar un financiamiento digno y sostenido para la educación superior pública, en cumplimiento del marco constitucional.
  2. Reconocer la educación como eje estratégico para la movilidad social, la equidad territorial y el desarrollo nacional.
  3. Fortalecer las sedes regionales y los programas que amplían el acceso a poblaciones históricamente excluidas.
  4. Reafirmar el papel de la cultura como componente esencial en los procesos educativos y en la construcción de ciudadanía crítica.
  5. Defender el carácter público del conocimiento frente a lógicas que buscan reducirlo a un bien de mercado.
  6. Incremento anual real atado al costo de la vida, la inflación y el crecimiento del PIB, con un piso mínimo de crecimiento nominal que impida cualquier deterioro en el poder adquisitivo universitario.
  7. Volver a las negociaciones quinquenales, garantizado por un mínimo de cinco años, que asegure la ampliación de sedes regionales, el fortalecimiento del régimen de becas, el mantenimiento de infraestructura y la continuidad de proyectos de investigación y extensión universitaria.
  8. Cláusula de revisión y compensación automática si los recursos aprobados no se transfieren en tiempo y esto provocara la imposibilidad de su ejecución, por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
  9. Garantizar la participación vinculante y efectiva de las representaciones estudiantiles en los espacios de toma de decisión, particularmente en la mesa de negociación de la Comisión de Enlace y en la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconociendo su legitimidad como actor clave en la defensa, definición y fiscalización del financiamiento de la educación pública.

Porque cuando una estudiante cruza la puerta de una universidad pública, no lo hace sola. Entra con ella su historia, su familia, su comunidad y, en muchos sentidos, el país entero. Y en ese acto, aparentemente individual, se juega también el destino colectivo de Costa Rica.

Heredia, Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, UNA: 24 de abril de 2026

Estudiante Myriam Jara Watson
Vicepresidenta del Directorio
V Congreso Universitario de la Universidad Nacional

Libres para seguir luchando: convicción de los presos de la lucha contra ALCOA

Escrito en . Publicado en Formación.

El texto siguiente en una reproducción del artículo publicado en el periódico Libertad en mayo de 1970. Presenta el testimonio de Carlos Blanco Cole, uno de los jóvenes de aquel momento que fueron detenidos durante la lucha contra ALCOA. El material ha sido compartido con SURCOS por Lenin Chacón Vargas, quien hace la introducción.

El 11 de mayo un día después de que quedaran en libertad los cinco presos: cuatro obreros y una mujer, en el Centro Obrero de Estudios Sociales en San José hicieron un homenaje para recibirlos y conocer el testimonio de su detención. En nombre de los presos habló Carlos Blanco Cole dirigente sindical. He recuperado su testimonio y hoy lo comparto para que la memoria de aquellos acontecimientos de lucha y cárcel del 24 de abril de 1970 no se olvide. En la foto aparece Carlos Blanco y Luisa González quien rinde homenaje y lo condecora.

Testimonio de Carlos Blanco Cole:

“Camaradas: amigos:

Agradecemos al Partido este homenaje por haber estado detenidos a raíz de los sucesos del 24 de abril.

Mis compañeros y yo fuimos detenidos en forma arbitraria sólo por el hecho de haber participado en forma patriótica y horada en repudio de la contratación con ALCOA. Nuestra posición con respecto a la defensa del patrimonio nacional y de nuestra soberanía ha sido siempre firme y consciente y si alguien ha actuado de mala fe perjudicando los intereses nacionales son aquellos que entregaron un pedazo de nuestra tierra a una compañía extranjera, sin importarles la opinión de la gran mayoría del pueblo.

El 24 de abril se lanzaron a las calles de San José y provincias más de 50.000 estudiantes y pueblo en general. El gobierno y los entreguistas sabían que se iba a aprobar el contrato con ALCOA y desde tempranas horas del día organizaron a la policía y a la DIC para una represión masiva; compromisos políticos y chantaje económico encontraron buen eco en nuestros gobernantes.

Ese día fuimos detenidos cerca de 350 personas en forma indiscriminada por las fuerzas represivas. De esos trescientes cincuenta detenidos fueron puestos en libertad la gran mayoría, quedando presos siete personas sólo por el hecho de ser comunistas. La compañera Ana fue igualmente detenida y tratada en la misma forma, sin tomar en cuenta su condición de mujer. Luego fue trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor. Allí la mantuvieron hasta el día de su libertad, recibiendo como todos nosotros, solidaridad y ayuda de todas las internas del Buen Pastor.

No nos sentimos nunca abochornados y mantuvimos una alta moral revolucionaria. No cometimos ningún delito, pues defender nuestra patria es honor y no delito. Cuando ingresamos a la Penitenciaría mandaron al compañero Sánchez al Pabellón Oeste con la intención de que los reclusos lo desvalijaran. No fue así por la actitud del compañero y el respeto de los reos. El otro grupo fuimos mandados al Pabellón Norte. Aquí quiero hacer un paréntesis para que quede bien claro lo siguiente: desde el primer momento que ingresamos al Pabellón Norte, los presos, al tener conocimiento de los presos, al tener conocimiento de los motivos por los que habíamos sido detenidos, se solidarizaron con nosotros. Es falso que siquiera hayan intentado amenazarnos o quitarnos pertenencias. Al contrario, dos detenidos nos consiguieron colchones y campo para dormir en su celda y dos de nosotros fueron acomodados por otros presos en el segundo piso. Nos dieron café, cigarros, comida y nos prestaron sus trastos para que comiéramos el rancho, etc. Ese día estuvimos hablando con ellos hasta pasadas las dos de la mañana. Agrademos esta actitud de los detenidos.

Posteriormente fuimos pasados al pabellón de admisión donde nos trataron con igual consideración los que allí están detenidos hasta el día de nuestra salida.

Nosotros participamos conscientemente en esas manifestaciones y acudimos al llamado de la F.E.U.C.R. y 81 organizaciones más. Agradecemos principalmente a nuestro Partido y a la FEUCR por su preocupación y solidaridad.

Los estudiantes crearon dos delegaciones que se pusieron al frente de nuestra defensa legal y otra encargada de mandarnos alimentos y otros utensilios, como cepillos de dientes, paños, jabones etc.

Hoy estamos de nuevo en libertad y llevando adelante nuestra lucha liberadora. Estamos en una etapa de la revolución que exige que movilicemos a las masas en la calle para apoyar a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa. Nosotros no hemos elegido a nuestros representantes en la Asamblea para que pronuncien buenos discursos, No. Su lucha valiente y resuelta en las curules es parte de la lucha para crear conciencia en las masas y nuestro Partido tiene que estar en capacidad de poder dirigir estas luchas con el apoyo del pueblo.

A nuestros camaradas les pedimos que intensifiquen las labores partidarias y pongan interés en elevar sus conocimientos teóricos para poder dirigir la revolución costarricense.

Pedimos a nuestros amigos y simpatizantes que ingresen al Partido y a la Juventud Vanguardista para que organizadamente marchemos hombro con hombro en esta lucha por la Liberación Nacional y para crear una Patria Socialista”.