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Etiqueta: movimiento estudiantil

Movimiento estudiantil de la UNA exige cuentas al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias

En el marco del V Congreso Universitario, los estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) dieron a conocer un manifiesto, que fue aprobado por la Asamblea Universitaria. En el escrito, recuerdan el papel de las universidades públicas de Costa Rica, lo que representan para las familias y comunidades del país, denuncian la violencia estructural de la que son objeto, las implicaciones de su desfinanciamiento e invocan al diálogo. El documento presenta una petitoria de nuevo puntos.

Se reproduce textualmente el manifiesto.

Manifiesto del movimiento estudiantil (FEUNA) en el V Congreso de la Universidad Nacional

Universidades públicas: raíz, memoria viva y lucha por el presente y el futuro de Costa Rica

VIOLAR LA LEY DEL IMPERIO ES DEFENDER LOS DERECHOS DEL PUEBLO

Reunidos en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, de la Universidad Nacional, Heredia, el 24 de abril, 2026, las personas estudiantes señalamos que el V Congreso evidencia la fortaleza de la universidad pública costarricense, basada en el diálogo y la construcción de conocimiento, en colaboración con la sociedad y el estado, que procura contribuir a la atención de las demandas de los sectores y comunidades vulnerabilizadas por el sistema económico, social, político y cultural vigente. En consecuencia, sometimos al apoyo de las y los congresistas el presente pronunciamiento con el beneplácito mayoritario que hacemos de conocimiento público.

Las universidades públicas de Costa Rica no son cifras aisladas ni instituciones desconectadas entre sí; constituyen, en conjunto, una red viva que expresa una identidad compartida como país. Desde la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no solo se forman profesionales, se forma ciudadanía. En nuestras aulas convergen personas provenientes de distintos territorios, realidades y contextos, que aprenden no solo contenidos académicos, sino también a convivir, debatir y construir colectivamente. Esa experiencia compartida va tejiendo un profundo sentido de pertenencia que trasciende lo individual y que fortalece un proyecto común de país.

En nuestras aulas, cada estudiante que accede a la educación superior pública encarna una historia colectiva: la de familias que depositan esperanza, comunidades que proyectan desarrollo y territorios que encuentran en la universidad una presencia transformadora. La universidad pública representa, para muchas personas, la posibilidad real de movilidad social, de romper ciclos de exclusión y de generar nuevas oportunidades donde antes no las había. Lo que una persona aprende en la universidad no permanece únicamente en el aula, se comparte, se multiplica y se traduce en desarrollo local, liderazgo comunitario y mejores condiciones de vida.

Esta identidad común se sostiene, además, en una convicción histórica: el conocimiento es un bien público y un derecho, no un privilegio. Por eso, el impacto de las universidades públicas no se mide únicamente en indicadores, sino en las trayectorias de vida que logran transformar. Cada beca otorgada, cada sede regional fortalecida y cada proyecto de investigación vinculado con la realidad nacional representan una apuesta concreta por un país más equitativo, más cohesionado y con mayor capacidad de construir su propio futuro.

En ese esfuerzo por democratizar el acceso al conocimiento, la Universidad Nacional ha desarrollado históricamente un compromiso particular con la regionalización, entendida no solo como presencia territorial, sino como una apuesta ética por la equidad. A través de sus sedes regionales, sus carreras itinerantes y un sistema de admisión que reconoce las desigualdades estructurales del país, la universidad ha impulsado mecanismos que permiten discriminar positivamente en favor de quienes provienen de contextos con mayores barreras de acceso. Este modelo no responde únicamente a criterios académicos, sino a una comprensión profunda de las brechas históricas entre el centro y las regiones, y al deber institucional de generar oportunidades reales donde más se necesitan.

Hoy, más que nunca, en un mundo atravesado por guerras, autoritarismos y múltiples formas de violencia estructural que generan crisis complejas en la geopolítica global, las universidades tienen la obligación ética y social de sostener y defender los valores democráticos, el pensamiento crítico y el bien común. Esto implica asumir con claridad la responsabilidad que nos corresponde como espacios de reflexión, de producción de conocimiento y de formación de una ciudadanía comprometida con la justicia social.

Las universidades no pueden limitarse únicamente a transmitir saberes técnicos o profesionales; deben ser también territorios de debate, de cuestionamiento y de construcción colectiva de alternativas frente a los desafíos de nuestro tiempo. En ellas se cultiva la capacidad de pensar críticamente el mundo, de imaginar otros futuros posibles y de formar personas con sensibilidad social, capaces de intervenir de manera responsable en la vida pública.

En este contexto, la amenaza de un presupuesto de crecimiento cero no es una cifra abstracta: tiene rostro humano. Es el de las personas estudiantes de zonas rurales, de territorios costeros, de comunidades históricamente excluidas, que ven en la universidad pública una posibilidad real de transformación. Un 0% no impacta únicamente en estructuras institucionales; impacta directamente en trayectorias de vida, en oportunidades que se reducen y en brechas que se profundizan.

Reconocemos, además, que la universidad pública no es una institución perfecta. Se encuentra en un proceso constante de revisión, adaptación y mejora frente a las nuevas realidades y desafíos del país. Como comunidad, asumimos la responsabilidad de cuestionar nuestras propias estructuras, de identificar nuestras limitaciones y de trabajar activamente para garantizar una formación cada vez más pertinente, inclusiva y de excelencia.

Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Por ello, quienes habitamos la universidad tenemos la responsabilidad histórica de contribuir activamente a la construcción de ese futuro. Defender la educación pública no es únicamente proteger una institución, es resguardar una de las herramientas más poderosas para la igualdad, la movilidad social y el desarrollo humano.

Hoy, más que nunca, las universidades deben asumir su papel como actores fundamentales en la sostenibilidad de una sociedad viable, digna y profundamente humana. Esto significa fortalecer los vínculos con las comunidades, dialogar con las distintas fuerzas sociales y colocar el conocimiento al servicio del bienestar colectivo, de la democracia y de la vida en común.

PETITORIA

En consecuencia, como comunidad estudiantil universitaria, exigimos al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias en lo que corresponda:

  1. Garantizar un financiamiento digno y sostenido para la educación superior pública, en cumplimiento del marco constitucional.
  2. Reconocer la educación como eje estratégico para la movilidad social, la equidad territorial y el desarrollo nacional.
  3. Fortalecer las sedes regionales y los programas que amplían el acceso a poblaciones históricamente excluidas.
  4. Reafirmar el papel de la cultura como componente esencial en los procesos educativos y en la construcción de ciudadanía crítica.
  5. Defender el carácter público del conocimiento frente a lógicas que buscan reducirlo a un bien de mercado.
  6. Incremento anual real atado al costo de la vida, la inflación y el crecimiento del PIB, con un piso mínimo de crecimiento nominal que impida cualquier deterioro en el poder adquisitivo universitario.
  7. Volver a las negociaciones quinquenales, garantizado por un mínimo de cinco años, que asegure la ampliación de sedes regionales, el fortalecimiento del régimen de becas, el mantenimiento de infraestructura y la continuidad de proyectos de investigación y extensión universitaria.
  8. Cláusula de revisión y compensación automática si los recursos aprobados no se transfieren en tiempo y esto provocara la imposibilidad de su ejecución, por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
  9. Garantizar la participación vinculante y efectiva de las representaciones estudiantiles en los espacios de toma de decisión, particularmente en la mesa de negociación de la Comisión de Enlace y en la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconociendo su legitimidad como actor clave en la defensa, definición y fiscalización del financiamiento de la educación pública.

Porque cuando una estudiante cruza la puerta de una universidad pública, no lo hace sola. Entra con ella su historia, su familia, su comunidad y, en muchos sentidos, el país entero. Y en ese acto, aparentemente individual, se juega también el destino colectivo de Costa Rica.

Heredia, Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, UNA: 24 de abril de 2026

Estudiante Myriam Jara Watson
Vicepresidenta del Directorio
V Congreso Universitario de la Universidad Nacional

Libres para seguir luchando: convicción de los presos de la lucha contra ALCOA

El texto siguiente en una reproducción del artículo publicado en el periódico Libertad en mayo de 1970. Presenta el testimonio de Carlos Blanco Cole, uno de los jóvenes de aquel momento que fueron detenidos durante la lucha contra ALCOA. El material ha sido compartido con SURCOS por Lenin Chacón Vargas, quien hace la introducción.

El 11 de mayo un día después de que quedaran en libertad los cinco presos: cuatro obreros y una mujer, en el Centro Obrero de Estudios Sociales en San José hicieron un homenaje para recibirlos y conocer el testimonio de su detención. En nombre de los presos habló Carlos Blanco Cole dirigente sindical. He recuperado su testimonio y hoy lo comparto para que la memoria de aquellos acontecimientos de lucha y cárcel del 24 de abril de 1970 no se olvide. En la foto aparece Carlos Blanco y Luisa González quien rinde homenaje y lo condecora.

Testimonio de Carlos Blanco Cole:

“Camaradas: amigos:

Agradecemos al Partido este homenaje por haber estado detenidos a raíz de los sucesos del 24 de abril.

Mis compañeros y yo fuimos detenidos en forma arbitraria sólo por el hecho de haber participado en forma patriótica y horada en repudio de la contratación con ALCOA. Nuestra posición con respecto a la defensa del patrimonio nacional y de nuestra soberanía ha sido siempre firme y consciente y si alguien ha actuado de mala fe perjudicando los intereses nacionales son aquellos que entregaron un pedazo de nuestra tierra a una compañía extranjera, sin importarles la opinión de la gran mayoría del pueblo.

El 24 de abril se lanzaron a las calles de San José y provincias más de 50.000 estudiantes y pueblo en general. El gobierno y los entreguistas sabían que se iba a aprobar el contrato con ALCOA y desde tempranas horas del día organizaron a la policía y a la DIC para una represión masiva; compromisos políticos y chantaje económico encontraron buen eco en nuestros gobernantes.

Ese día fuimos detenidos cerca de 350 personas en forma indiscriminada por las fuerzas represivas. De esos trescientes cincuenta detenidos fueron puestos en libertad la gran mayoría, quedando presos siete personas sólo por el hecho de ser comunistas. La compañera Ana fue igualmente detenida y tratada en la misma forma, sin tomar en cuenta su condición de mujer. Luego fue trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor. Allí la mantuvieron hasta el día de su libertad, recibiendo como todos nosotros, solidaridad y ayuda de todas las internas del Buen Pastor.

No nos sentimos nunca abochornados y mantuvimos una alta moral revolucionaria. No cometimos ningún delito, pues defender nuestra patria es honor y no delito. Cuando ingresamos a la Penitenciaría mandaron al compañero Sánchez al Pabellón Oeste con la intención de que los reclusos lo desvalijaran. No fue así por la actitud del compañero y el respeto de los reos. El otro grupo fuimos mandados al Pabellón Norte. Aquí quiero hacer un paréntesis para que quede bien claro lo siguiente: desde el primer momento que ingresamos al Pabellón Norte, los presos, al tener conocimiento de los presos, al tener conocimiento de los motivos por los que habíamos sido detenidos, se solidarizaron con nosotros. Es falso que siquiera hayan intentado amenazarnos o quitarnos pertenencias. Al contrario, dos detenidos nos consiguieron colchones y campo para dormir en su celda y dos de nosotros fueron acomodados por otros presos en el segundo piso. Nos dieron café, cigarros, comida y nos prestaron sus trastos para que comiéramos el rancho, etc. Ese día estuvimos hablando con ellos hasta pasadas las dos de la mañana. Agrademos esta actitud de los detenidos.

Posteriormente fuimos pasados al pabellón de admisión donde nos trataron con igual consideración los que allí están detenidos hasta el día de nuestra salida.

Nosotros participamos conscientemente en esas manifestaciones y acudimos al llamado de la F.E.U.C.R. y 81 organizaciones más. Agradecemos principalmente a nuestro Partido y a la FEUCR por su preocupación y solidaridad.

Los estudiantes crearon dos delegaciones que se pusieron al frente de nuestra defensa legal y otra encargada de mandarnos alimentos y otros utensilios, como cepillos de dientes, paños, jabones etc.

Hoy estamos de nuevo en libertad y llevando adelante nuestra lucha liberadora. Estamos en una etapa de la revolución que exige que movilicemos a las masas en la calle para apoyar a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa. Nosotros no hemos elegido a nuestros representantes en la Asamblea para que pronuncien buenos discursos, No. Su lucha valiente y resuelta en las curules es parte de la lucha para crear conciencia en las masas y nuestro Partido tiene que estar en capacidad de poder dirigir estas luchas con el apoyo del pueblo.

A nuestros camaradas les pedimos que intensifiquen las labores partidarias y pongan interés en elevar sus conocimientos teóricos para poder dirigir la revolución costarricense.

Pedimos a nuestros amigos y simpatizantes que ingresen al Partido y a la Juventud Vanguardista para que organizadamente marchemos hombro con hombro en esta lucha por la Liberación Nacional y para crear una Patria Socialista”.

Replantear la relación de las universidades con las comunidades

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía

Universidad de Costa Rica
francescomc8@gmail.com

En el contexto actual, terminada la comisión de enlace del FEES y una propuesta tajante de un 0% de aumento (bajo el argumento que, en razón de la inflación negativa, resulta ser en realidad un 2%), resuena en mi mente varias cosas, las cuales me gustaría compartir.

Primeramente, yendo al aspecto más medular del asunto, el cual es que, a pesar del mandato constitucional del 8% destinado para la educación pública, en mi poca vida estudiantil y universitaria, jamás he podido observar esto. Siempre en las aulas de Derecho me enseñaron que la Constitución es la norma suprema dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, por lo cual, el sistema que hemos venido arrastrando a través de los años no respeta la jerarquía de dicha norma, así como no se alinea con lo pensado por dicha Asamblea Nacional Constituyente.

En el colegio y en los libros de historia se dice que cambiamos fusiles por libros. Sin embargo, 8 de cada 10 estudiantes no tienen la suficiente capacidad lectora al momento de ingresar a la universidad (de los pocos que entran), la deserción estudiantil es cada vez más común, y poco a poco nos convertimos en una sociedad más violenta.

No busco atribuir culpas ni realizar señalamientos, habría que estar ciego para afirmar que lo anterior es culpa del actual gobierno, incluso, de los últimos gobiernos. Esto va más allá del ejecutivo o de los políticos que se rotan cada 4 años, esto atañe a nosotros como costarricenses y un cambio en las políticas públicas, con el auge del neoliberalismo y el debilitamiento del Estado de bienestar. Les digo, ya entregamos el monopolio de la fuerza, otorgamos el poder, la organización y demás atribuciones que caracteriza al poder dentro de la democracia, lo más que nos queda es que el poder responda a nuestras necesidades y que nos encontremos legitimados para realizar reclamos cuando dichas necesidades no se cumplen.

Con eso parto hacia la próxima idea, sobre las manifestaciones estudiantiles. Las mismas cada vez parecen estar diseñadas y dirigidas para un sector poblacional cada vez más reducido. Si bien defiendo el derecho a la manifestación y la crítica al poder, considero que debe ser ejercido de manera estratégica, con el fin de buscar el impacto buscado. El Movimiento Estudiantil ya no es el mismo de antes, el que jugó un papel protagonista contra ALCOA y el Combo del ICE. Sin embargo, la forma de hacer política no es la misma que durante esos años, la sociedad cambió, así como sus formas de hacerse escuchar y de manifestarse.

Se debe de replantear la forma de hacer frente a las necesidades de las universidades públicas y de la educación superior, no solo del Movimiento Estudiantil, sino también por CONARE, y los demás representantes con algún tipo de injerencia. El discurso actual parece no convencer, ni al ejecutivo, ni al ciudadano promedio de a pie, no es solo clamar consignas vacías ni propuestas que carezcan de ejecutoriedad a corto plazo.

Hemos de reconocer que, en momentos de globalismo, auge de movimientos polarizadores, debemos tomar cartas en el asunto y movilizar verdaderamente, con discursos y propuestas contundentes, que empaticen con el pueblo y que, más importante, le hablen en el mismo idioma.

Costa Rica tiene el fenómeno de ser la democracia más longeva en América Latina, quizás por esto damos por sentado y por seguro lo que en realidad requirió luchas, vidas, negociaciones y sacrificios para tener hoy educación pública, entre otras tantas garantías sociales.

Es por esto por lo que, necesitamos hablar en un mismo idioma, no quedarnos en los conversatorios de las universidades, en las consignas que se repiten, perdiendo su verdadero significado, y comenzar a buscar verdadera conexión y empatía con las comunidades, fuera del pretil y afuera de las aulas. Si continuamos con este elitismo intelectual, hablando en términos que comprenden unos pocos que tienen la dicha de pisar aulas universitarias, cada vez las universidades perderán más fuerza.

De ALCOA al FEES

Lenin Chacón Vargas

Presupuesto para las universidades públicas

El 24 de abril de 1970 estalló una decisión colectiva en defensa de la soberanía nacional. Aquellas jornadas patrióticas contra el contrato ley ALCOA-Estado costarricense no le pertenecen a ningún grupo político; quien así lo crea, peca de pedante e ignora la realidad de aquel día, de aquella gesta.

Fue el resultado de muchos días y muchos meses y de la forja de la unión de 81 organizaciones que entendieron que la patria no se entrega, que los recursos naturales y la soberanía se defienden en la calle. Esa jornada gloriosa fue la expresión máxima de estudiantes y trabajadores en defensa de la bauxita, el agua, la ecología y los pueblos originarios, frente a un contrato que pretendía hipotecar el futuro de las nuevas generaciones.

Esa memoria hoy respira en mí a través de los rostros de quienes entonces éramos adolescentes y jóvenes. Me conmueve recordar a compañeras como Ana Lupita Mora y Macarena Barahona, del Colegio Nuestra Señora de Sion, quienes tras debatir en las aulas decidieron lanzarse a las calles. Pienso en Marielos Azofeifa, del Samuel Sáenz, y en Melania Guevara, del Colegio Superior de Señoritas. En mis recuerdos aún veo desfilar a miles de estudiantes que rompieron esquemas, marchando con orgullo con sus uniformes y desafiando las amenazas de las autoridades.

Recuerdo especialmente la valentía en secundaria. Tras la expulsión de Fernando Ugalde, presidente del Liceo de Costa Rica, Manuel Gamboa Asch asumió el liderazgo con una madurez asombrosa, junto a Héctor Ferlini-Salazar, un secretario estudiantil que apenas cursaba el segundo año. Éramos jóvenes, sí, pero estábamos llenos de convicción patriótica.

No olvido a Javier Prada, expulsado del Brenes Mesén por su beligerancia en la lucha; ni a “Pele” Lizano, el joven trabajador que caminó desde Granadilla para unirse al clamor nacional; ni el ímpetu de Fredy Garrido Dubón. Las voces de tantas y tantos que hoy decimos con orgullo «yo estuve ahí», son el cimiento de nuestra identidad patriótica.

Hoy, esa memoria nos recuerda: si en 1970 el recurso a defender era el suelo y la bauxita, hoy ese recurso es el talento humano, el pensamiento crítico y la investigación científica de nuestras universidades públicas. El paralelismo es absoluto. El recorte presupuestario al FEES, impulsado por la administración actual, representa una nueva forma de dominación que debilita nuestra soberanía intelectual y profesional. Desfinanciar la universidad pública es tan dañino hoy como lo habría sido aquel contrato transnacional: nos arrebata la riqueza del mañana para cubrir vacíos políticos del presente.

La historia me ha enseñado que el protagonismo estudiantil es vital. En el 70, sabíamos que luchábamos por el país que heredaríamos. Los estudiantes de hoy deben comprender que un justo presupuesto para el FEES no es un privilegio, sino la garantía de que cualquier joven, sea de zona rural o urbana, tenga un pupitre y un profesor esperándolo.

Nuestra lucha por un presupuesto justo trasciende ideologías; es un punto de encuentro nacional y un acto de civismo. Así como aquellas jóvenes de colegios católicos y públicos y universitarios se unieron en un solo puño, la juventud actual tiene el deber ineludible de movilizarse. Cuestionar al poder cuando atenta contra el bien común no es un «error de juventud»; es, como demostró mi generación, la forma más alta de patriotismo y en defensa del presente y futuro de las juventudes

¡Jóvenes, a luchar sin tregua por una mejor universidad y por un mejor país!

Aquel memorable 24 de abril de 1970

Lenin Chacón Vargas
24 de abril de 2026
(Fragmento de “Memorias de un Militante”)

Aquel memorable 24 de abril día cálido de verano, amaneció con un aire pesado, cargado de la electricidad que precede a las grandes tormentas. Sabía que ese día la Asamblea Legislativa decidiría sobre el contrato ALCOA- Estado.

San José no era la ciudad calma de siempre; era un hervidero de voluntades juveniles que venían desde todos los puntos cardinales. Mientras terminábamos de organizar los mítines en las escalinatas de la Catedral Metropolitana, el paisaje sonoro era sobrecogedor: a lo lejos, el incesante ruido de las sirenas de la Cruz Roja se mezclaba con el rin ran profundo de las campanas de la Catedral. Parecía que el bronce llamaba al combate, convocando a la conciencia de un pueblo que se negaba a ser entregado a pedazos a una transnacional.

Desde esas escalinatas, avanzamos en una marea humana hacia la Asamblea Legislativa. La consigna era una sola: «¡ALCOA NO!» y un cartel que elaboro y enarboló el compañero Raúl Casteñanos que decía: “Diputados ¿How $ $Much?

Raúl Casteñanos y José Manuel Cerdas creadores y portadores de ese cartel

Pero tras los muros del Castillo Azul y el edificio legislativo, la sordera del poder era absoluta. Cuando se filtró la noticia de que los diputados habían aprobado el contrato-ley, la indignación rompió todos los diques.

La respuesta a la violencia institucional fue un estallido de furia patriótica. Recuerdo el momento exacto en que la multitud, en un acto de rebeldía pura, se lanzó contra el antiguo edificio legislativo. La intención era clara: prenderle fuego a la estructura que acababa de traicionar la soberanía nacional. En medio del caos, las llamas lograron lamer y devorar algunas cortinas antes de que el violento desalojo policial nos empujara de nuevo hacia la calle.

La Avenida Central se transformó de inmediato. En cuestión de minutos, la arteria principal de la capital se llenó de barricadas improvisadas. Enfrentamos a la policía antimotines bajo una lluvia de piedras y un aire irrespirable; los gases lacrimógenos formaban nubes densas que obligaban a retroceder, pero la moral seguía intacta.

La represión fue encarnizada. Centenares de compañeros fueron arrastrados a las celdas. Entre los presos estaba Francisco Barahona Riera entonces presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), cuya detención se convirtió en un símbolo de la lucha estudiantil. No olvidaré la imagen del poeta Alfonso Chase Brenes quien fue golpeado sin piedad por la fuerza pública y llevado entre varios policías al cajón de la patrulla junto a tantos otros que esa tarde pusieron el cuerpo por el país. Ni olvido la imagen de los estudiantes Manuel Picado Gómez arrastrado entre 6 policías y la de Manuel Gamboa dirigente estudiantil del Liceo de Costa Rica de igual manera golpeado y encarcelado, José Picado en ese tiempo dirigente de la Juventud Revolucionaria Demócrata Cristiana desafiando en plena avenida central a los puños a un policía con máscara anti gas y garrote en mano para golpearlo.

Manuel Picado Gómez

El ensañamiento y la cárcel como castigo para luchadores sean estudiantes obreros, campesinos mujeres nunca cesó. Aquel viernes 24 de abril de 1970 no golpeó a todos por igual. Mientras la presión social lograba que la mayoría de los estudiantes fueran liberados al día siguiente, el sistema decidió dar un escarmiento ejemplarizante a quienes consideraba el núcleo más peligroso de nuestra resistencia: los obreros y las mujeres de vanguardia.

Jose Picado Lagos enfrenta a un policía

Fue en ese contexto de brutalidad selectiva donde el nombre de Ana Cecilia Hernández Bolaños militante de la Juventud Vanguardista se grabó con letras de oro en nuestra historia, detenida violentamente en medio del caos de la Avenida Central, Ana fue conducida a la Cárcel del Buen Pastor. Allí, en aquel presidio de mujeres, permaneció recluida durante quince días, convirtiéndose en el símbolo de la dignidad femenina, de mujer revolucionaria, frente a una represión que pretendía, en vano, doblegar su espíritu. Su encarcelamiento no fue un error, fue un mensaje del poder contra la mujer que decide militar y luchar. Ana por mucho tiempo dedicó su vida a la lucha por organizar a las mujeres desde la Alianza de Mujeres Costarricenses.

Del mismo modo, la saña estatal cayó con todo su peso sobre el movimiento sindical. Dos destacados líderes obreros, Carlos Blanco Cole y Rigoberto Sánchez, sufrieron una detención brutal. No fueron llevados a cualquier celda; los hundieron en las húmedas y oscuras celdas de la Antigua Penitenciaria Central.

Mientras las aulas universitarias recobraban a sus alumnos, Carlos y Rigoberto cumplían quince días de encierro tras los muros de «la Peni». Ese ensañamiento contra los obreros era la prueba de que el gobierno de Trejos entendía que la verdadera amenaza al contrato ALCOA era la alianza que habíamos forjado entre el pensamiento estudiantil y el músculo trabajador. Esa diferencia de trato en las liberaciones lejos de dividirnos nos unió más: aprendimos que en la Juventud Vanguardista la lealtad hacia nuestros cuadros obreros era sagrada.

Ese día, aunque el contrato se firmó, el espíritu de la Juventud Vanguardista, el movimiento estudiantil y del movimiento popular costarricenses salieron fortalecidos. Comprendimos que el fuego de las cortinas era apenas un reflejo del fuego interno de una generación que ya no aceptaría más falacias infames disfrazadas de democracia y que la lucha unitaria juvenil por la soberanía, la justicia y la solidaridad continuarían. Al recordar esos nombres de aquel 24 de abril, recuerdo y rindo homenaje muy conmovido a las estudiantes y los estudiantes de los colegios públicos y privados de secundaria las y los jóvenes universitarios a todas y todos los trabajadores y sindicatos que en todo el país se movilizaron con elevado espíritu Patriótico en defensa de la soberanía nacional. En la UCR se inauguró unos días después la Plaza 24 de Abril donde luce un pequeño monumento y una placa que nos recuerda aquella gesta de abril de 1970

La persecución y agresión de las fuerza policíaca antimotines a las luchas de obreros, campesinos, estudiantes y las mujeres no cesa hasta nuestros días.

Sigo recordando como desde aquel abril de jornadas patrióticas explosivas en las calles de nuestras ciudades pasamos a la construcción política, al crecimiento y consolidación de la organización juvenil en el territorio nacional. La represión del 24 de abril y la conducta abominable de la mayoría de las diputaciones al doblar la cerviz ante el poderoso pulpo imperialista; LA ALCOA, dejó una herida abierta, pero también una lección indeleble. Las detenciones masivas de figuras como Francisco Barahona Riera y la agresión al poeta Alfonso Chase Brenes, del dirigente estudiantil en aquel tiempo militante de la Juventud Revolucionaria Demócrata Cristiana José Picado Lagos, de Manuel Picado, Manuel Gamboa y de varios centenares de jóvenes patriotas fueron solo actos de fuerza bruta; fueron el reconocimiento implícito de que el poder le temía a esas nuevas alianzas que se forjaban entre estudiantes, jóvenes políticos de diferente pensamiento, poetas, obreros, campesinos : hombres y mujeres y que los largo de las siguientes décadas libramos importantes batallas y logramos conquistas: aumento del 6% presupuesto para las universidades, convenciones colectivas de obreros con la patronal, (huelga de obreros bananeros del Sur 1971) más democracia con la reforma del artículo 98 y la posterior inscripción legal del Partido de los Comunistas (PVP) y otras: Ley de Comunidad Estudiantil y un nuevo Código de Educación, Mayoría de Edad a la 18 años, voto directo y universal para elegir a los Dirigentes Estudiantiles de las Universidades y Colegios. 5 años más tarde en 1975 se aprueba la Ley para Abolir los Contratos Ley quedando al fin derogada la Ley que aprobó el contrato ALCOA -ESTADO.

En las celdas, entre el olor a sudor y el eco de los cerrojos, no hubo derrota. Al contrario, se gestó una reflexión profunda: la lucha por la libertad de los presos políticos se convirtió en nuestra primera gran victoria moral tras la firma del contrato ALCOA. Comprendimos que, si el sistema nos quería silenciar con el Artículo 98, la cárcel y la represión, nosotros responderíamos con una organización que ellos no pudieran destruir.

Fue así como la Juventud Vanguardista dio un salto cualitativo. En mi condición de secretario general, junto a Oscar Madrigal Jiménez secretario nacional de Organización y Ricardo Araya secretario de Finanzas, (éramos el secretariado de la JVC) y junto a dirigentes y militantes, hombres y mujeres en todo el país nos empeñamos en trasladar ese fuego de las barricadas de la Avenida Central y los entusiasmo de las jornadas patrióticas contra ALCOA a la cotidianidad de los barrios populares, las aulas estudiantiles, las fincas bananeras y las fábricas. Sabíamos que la revolución no se hacía solo con mítines en la Catedral o en el mercado central que frecuentábamos para expresar a toda voz las denuncias de las injusticias y los llamados a las luchas reivindicativas, sino con presencia y organización real donde el pueblo sufría las carencias del sistema., los barrios eran importantes en esos procesos

Marielos Giralt Bermúdez hace su discurso en el 10º aniversario de la lucha contra ALCOA. Fototeca histórica UCR.

Nuestra organización empezó a multiplicarse. Ya no solo estábamos en la Universidad de Costa Rica o en los colegios emblemáticos; se extendían los comités en los barrios del sur de San José, y por todo el país, en las barriadas de Alajuela y Heredia, Cartago y en los enclaves bananeros. La consigna era clara: luchar, organizar, estudiar, por la Revolución y una Patria nueva a partir de las reivindicaciones primarias por salario justo, techo, oportunidades, más aulas escolares, más presupuesto para la educación, cetros deportivos y recreativos de esa manera teníamos la convicción que avanzábamos a la revolución según los ideales socialistas que nos inspiraban. La vida política evoluciono. Nuevas generaciones levantan las mismas banderas de justicia y democracia y la convicción de que un mundo mejor es posible: la utopía sigue viva.

Organizaciones socioambientales respaldan al movimiento estudiantil de la UCR

Comunicado
Costa Rica, 23 de abril de 2026

Las organizaciones socioambientales firmantes manifestamos nuestro respaldo firme a las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes hoy se encuentran en primera línea en la defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y los principios democráticos que sostienen nuestro Estado Social de Derecho.

Hoy, las y los estudiantes de la UCR no solo defienden su universidad, defienden a Costa Rica y su historia. En un contexto marcado por la ruptura del diálogo en torno al financiamiento de la educación superior pública (FEES), el debilitamiento de los espacios institucionales de negociación y una creciente conflictividad social, su movilización constituye una respuesta legítima frente a decisiones que afectan directamente su derecho a la educación pública de calidad.

Desde los colectivos socioambientales, reivindicamos el derecho legítimo a la protesta social, el cual encuentra sustento directo en la Constitución Política de Costa Rica, particularmente en el artículo 26 (derecho de reunión) y el artículo 29 (libertad de expresión). Estos derechos han sido reiteradamente protegidos por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, que ha reconocido la protesta como una manifestación esencial de participación democrática y control ciudadano.

En ese marco, las acciones de protesta estudiantil, incluida la ocupación de espacios institucionales como mecanismo de presión, deben ser comprendidas en su contexto y no tratadas como actos aislados. La realidad es que son expresiones de una acumulación de tensiones legítimas frente a decisiones que comprometen el financiamiento público, y el acceso a la educación.

En este contexto, resulta insostenible omitir el profundo cuestionamiento que recae sobre la actual rectoría de la Universidad de Costa Rica. La gestión del rector Carlos Araya Leandro atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes recientes, marcada por decisiones altamente controvertidas en el marco de la negociación del FEES, tensiones internas acumuladas y crecientes señalamientos sobre el manejo institucional. Esta situación ha erosionado gravemente la confianza de amplios sectores de la comunidad universitaria y ha comprometido la capacidad de conducción en un momento crítico para la educación pública.

Frente a este escenario, la exigencia de renuncia planteada por el movimiento estudiantil no solo es comprensible, sino que se inscribe dentro de un ejercicio legítimo de control democrático y responsabilidad política. Sostener una autoridad sin respaldo social suficiente, en medio de una crisis abierta, profundiza el conflicto y debilita aún más la institucionalidad universitaria. La responsabilidad política no puede ser eludida.

Por ello, manifestamos:

  1. Exigimos el respeto absoluto a la integridad física, psicológica y emocional de las y los estudiantes movilizados.

  2. Demandamos garantías claras, inmediatas y verificables de no represión, incluyendo el cese de cualquier forma de represalia contra las personas integrantes del movimiento estudiantil.

  3. Respaldamos la exigencia de instalación de una mesa formal de diálogo, con participación efectiva y vinculante de representantes estudiantiles, como condición mínima para una salida democrática al conflicto.

  4. Rechazamos cualquier intento de criminalización, estigmatización o deslegitimación de la protesta estudiantil, prácticas incompatibles con un Estado democrático de derecho.

  5. Reiteramos que la exigencia de renuncia del rector, planteada por el movimiento estudiantil, constituye una expresión legítima en el marco de la actual crisis de gobernabilidad universitaria.

Advertimos que cualquier actuación que vulnere estos derechos fundamentales no solo implicaría responsabilidad jurídica, sino que profundizaría la crisis institucional que hoy atraviesa el país. Las luchas socioambientales han demostrado históricamente que la movilización social ha sido determinante para la defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos colectivos. En esa misma línea, reconocemos en el movimiento estudiantil un actor clave en la defensa del interés público y en la construcción de un país más justo. La protesta es un derecho, no un delito.

La UCR sale a las calles en defensa del FEES: comunidad universitaria convoca a marchar unida este 24 de abril

La Universidad de Costa Rica (UCR) vivirá este viernes 24 de abril una jornada de movilización convocada por sectores estudiantiles y respaldada por autoridades universitarias, en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la universidad pública. La cita será a las 9:00 a.m. en El Pretil, desde donde se realizará un recorrido simbólico por la milla universitaria bajo un llamado a la unidad institucional y la participación pacífica.

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) difundió la consigna “Marchemos con las bandas”, invitando a que el movimiento estudiantil se haga escuchar en defensa del FEES. El mensaje señala que resguardar ese fondo es también defender la educación pública, las oportunidades para las nuevas generaciones y el futuro de la UCR.

“¡Que suenen las bandas! ¡Que se escuche el movimiento estudiantil! ¡Que la UCR salga a las calles!”, expresa una de las convocatorias compartidas por la organización estudiantil.

Llamado del Vicerrector de Docencia

El Vicerrector de Docencia, M.Sc. Jáirol Núñez Moya, dirigió un mensaje a la comunidad docente señalando que la defensa de la Universidad constituye una de las lecciones más profundas que hoy pueden transmitirse a la sociedad.

En su pronunciamiento pidió facilitar condiciones para que personal académico y equipos de trabajo puedan participar e invitar también al estudiantado. Añadió que salir a las calles en esta coyuntura es también una forma de hacer docencia de cara al país.

Asimismo, recordó que la movilización coincide con el 24 de abril, fecha vinculada a luchas sociales históricas en Costa Rica, así como con el Día de la Persona Funcionaria Universitaria.

Consejo Académico de Áreas llama a la unidad

Por su parte, el Consejo Académico de Áreas, integrado por decanaturas, la Dirección de la Escuela de Estudios Generales y representación de sedes regionales, advirtió que la sostenibilidad institucional está en juego y que solo una universidad unida podrá defender el presupuesto y, con él, la educación superior pública.

El pronunciamiento, firmado por el Dr. José Antonio Blanco Villalobos, coordinador de ese órgano, insiste en la necesidad de diálogo, mediación y articulación entre todos los sectores universitarios para enfrentar la coyuntura.

Defensa del modelo universitario público

La movilización ocurre en medio del debate nacional sobre el financiamiento de las universidades públicas. Para los sectores convocantes, el FEES no representa únicamente una partida presupuestaria, sino la posibilidad de sostener investigación, regionalización, becas estudiantiles, acción social y acceso a educación superior de calidad.

La jornada del 24 de abril busca proyectar una imagen de cohesión institucional y recordar el papel histórico de la universidad pública como motor de movilidad social, pensamiento crítico y desarrollo nacional.

Llamado a defender a las universidades públicas

Pronunciamiento del Instituto Sindical de Formación Política

Defensa de las Universidades Públicas de Costa Rica. Llamamiento a la unidad de la clase trabajadora, el movimiento estudiantil y las organizaciones sociales.

El Instituto Sindical de Formación Política manifiesta su más firme respaldo a las universidades públicas de Costa Rica, pilares fundamentales para la construcción de una sociedad democrática, justa y con movilidad social ascendente. Ante el persistente desfinanciamiento y los ataques a la autonomía universitaria, es nuestro deber recordar las obligaciones constitucionales del Estado costarricense y convocar a la acción colectiva.

Sobre las obligaciones del Estado

La educación superior pública es un derecho humano irrenunciable. El Estado tiene las siguientes obligaciones ineludibles, consagradas en el artículo 84 de la Constitución Política y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional:

1. Garantizar la autonomía universitaria como condición para el libre pensamiento crítico, la investigación científica y la acción social.

2. Asignar un financiamiento suficiente, periódico y oportuno a través del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que permita el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.

3. Respetar el patrimonio propio de las universidades, absteniéndose de recortes unilaterales o condicionamientos políticos que afecten su quehacer.

4. Asegurar la gratuidad y la equidad en el acceso, la permanencia y la graduación, como mecanismos de justicia social y democratización del conocimiento.

El incumplimiento sistemático de estas obligaciones —evidenciado en negociaciones del FEES marcadas por la confrontación, el rezago presupuestario y la falta de visión de Estado— constituye una amenaza directa al modelo de desarrollo costarricense.

Llamamiento a la conformación de un frente de lucha

Ante la gravedad de la situación, el Instituto Sindical de Formación Política hace un llamado urgente a:

  • Las federaciones estudiantiles (FEUCR, FEUNA, FEUTEC, FEUNA, y todas las representaciones de las sedes regionales y colegios universitarios).

  • Las organizaciones sociales y comunales (asociaciones de desarrollo, frentes de vivienda, grupos ecologistas, movimientos de mujeres, diversidades, pueblos indígenas y campesinos).

  • Las organizaciones sindicales del sector público y privado (educación, salud, construcción, agroindustria, servicios, entre otros).

Debemos constituir un Frente de Lucha Nacional en Defensa de la Educación Superior Pública, con los siguientes ejes de acción:

1. Unidad orgánica y programática: Construir una plataforma común que vincule la defensa del FEES con la lucha por el empleo digno, los servicios públicos de calidad y el rechazo a los tratados de libre comercio que mercantilizan la educación.

2. Movilización sostenida: Realizar asambleas, marchas, cadenas humanas, paros estudiantiles y jornadas de visibilización en todo el territorio nacional.

3. Incidencia política y jurídica: Exigir a la Asamblea Legislativa el cumplimiento del Estado de derecho y, de ser necesario, recurrir a instancias internacionales de derechos humanos por la violación del derecho a la educación.

4. Campaña de comunicación popular: Desplegar una estrategia en redes sociales, medios comunitarios y espacios de base para desmontar los discursos que pretenden criminalizar la lucha universitaria y justificar los recortes.

Conclusión

La defensa de las universidades públicas no es un asunto exclusivo de académicos o estudiantes; es una causa de toda la clase trabajadora, de las comunidades y de los sectores populares. Sin universidades públicas fuertes, no hay formación de profesionales críticos, no hay investigación al servicio del pueblo, no hay extensión social que transforme realidades.

Desde el Instituto Sindical de Formación Política, asumimos el compromiso de convocar, organizar y acompañar este frente de lucha. Invitamos a todas las fuerzas vivas del país a sumarse. El futuro de Costa Rica se decide hoy en las aulas, los laboratorios, los territorios indígenas y las calles.

¡Por la defensa del FEES, por el respeto a la autonomía, por la unidad de los que luchan!

Pronunciamiento del Movimiento Estudiantil Indígena de la UNA

Ante la campaña “Malicia Indígena” del MICITT

Desde el Movimiento Estudiantil Indígena de la Universidad Nacional (MEIUNA) expresamos nuestra profunda preocupación por el uso inadecuado de la representación indígena en la campaña “Malicia Indígena” del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

Consideramos que el término y las imágenes empleadas en dicha campaña no reflejan la diversidad, dignidad ni el sentido cultural que representan los pueblos indígenas de Costa Rica. Al contrario, su utilización fuera de contexto es un absoluto irrepetible y puede contribuir a reproducir estereotipos y percepciones erróneas que afectan la comprensión social sobre nuestras identidades.

Reiteramos que toda comunicación institucional debe construirse con pertinencia cultural hacia los pueblos originarios, tal como establecen los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense. Las representaciones culturales no deben utilizarse como recursos simbólicos ni estrategias publicitarias, además que perpetúan categorías hegemónicas.

Como estudiantes indígenas de la Universidad Nacional de Costa Rica y futuros profesionales en diversidad de áreas del conocimiento, organizados, afirmamos que nuestras identidades no son objetos de apropiación ni herramientas de mercadeo. La representación de los pueblos indígenas debe surgir del diálogo, la escucha, participación genuina, para promover una convivencia basada en el respeto y la equidad cultural.

Por lo tanto, exigimos el retiro inmediato de la campaña “Malicia Indígena” de las redes sociales y otros medios del Ministerio de Ciencia e Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). Por el respeto de los pueblos que han sido violentados sistemática e históricamente.

Movimiento Estudiantil Indígena – Universidad Nacional de Costa Rica

Ver firmas en este documento.

Rector de la UCR destaca acuerdo sobre distribución del FES 2026

La Universidad de Costa Rica comunicó que, en el marco del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), se alcanzó un acuerdo para la distribución del incremento del Fondo Especial para la Educación Superior (FES) correspondiente al año 2026 entre las universidades públicas del país.

El rector agradeció al Consejo Universitario por asumir con valentía y compromiso la defensa de la institución, al movimiento estudiantil por su lucha decidida en favor de una visión humanista del desarrollo nacional, y al Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica por su constancia en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras.

En su mensaje, señaló que el esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria refleja la fuerza y el valor de una institución que sigue siendo pilar de excelencia académica, investigación y aporte a la sociedad costarricense. A su vez, reconoció la apertura al diálogo y al consenso por parte del CONARE.

El rector subrayó que, en tiempos de polarización, este acuerdo demuestra que la colaboración es posible y que fortalece la educación superior pública. Enfatizó que la Universidad de Costa Rica no es solamente una institución académica, sino también el hogar del pensamiento crítico, el refugio de la esperanza y un faro para el porvenir de la nación.

Finalmente, reiteró que defender a la Universidad de Costa Rica es, en lo más profundo, defender el futuro del país.

Le invitamos a ver el video completo aquí.