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Etiqueta: mujeres defensoras

Crecen las muestras de solidaridad hacia Stella Chinchilla en redes y organizaciones sociales

Por Juan Carlos Cruz-Barrientos

La comunicadora y activista socioambiental Stella Chinchilla ha recibido en las últimas horas una amplia ola de respaldo público en redes sociales y plataformas digitales, luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra que diversos colectivos califican como un intento de criminalización del activismo.

Organizaciones sociales cierran filas

Uno de los pronunciamientos más difundidos proviene de SURCOS Digital, que publicó un comunicado firmado por múltiples organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. El texto señala que el señalamiento contra Chinchilla constituye “un acto de violencia simbólica y política contra una mujer activista que ha dedicado años a la defensa del ambiente y la democracia”.

Por su parte, el colectivo Bloque Verde advirtió que el caso refleja “una peligrosa tendencia a perseguir voces críticas mediante estrategias de intimidación”. Ambas declaraciones han circulado ampliamente en Facebook y X, generando cadenas de apoyo, debates públicos y llamados a reforzar la vigilancia ciudadana.

Diversas organizaciones de mujeres y agrupaciones feministas también se sumaron al respaldo, denunciando que las acciones contra Chinchilla constituyen violencia política y un intento de amedrentar a una mujer defensora de derechos humanos. Estos grupos reiteraron su compromiso de acompañarla y de mantener la vigilancia ante cualquier forma de hostigamiento.

Apoyo ciudadano en redes sociales

En su propio perfil de Facebook, Chinchilla ha agradecido la solidaridad recibida y ha insistido en que su caso no es aislado. En una de sus publicaciones, citada por medios nacionales, afirmó: “Gracias a todas las personas que me han escrito. No estoy sola y no nos van a callar”.

Usuarios de redes sociales han respondido con mensajes de respaldo, denunciando lo que consideran una campaña de desprestigio. Entre los comentarios más recurrentes destacan llamados a “no soltar a Stella” y a defender la libertad de expresión frente a prácticas de vigilancia estatal.

Diversos medios digitales han dado seguimiento al caso y han destacado la magnitud del apoyo recibido. La Teja reportó que Chinchilla ha utilizado sus redes para explicar su situación y que cuenta con una “amplia red de apoyo” que la respalda públicamente. AM Prensa, por su parte, subrayó que sus declaraciones han sido clave para denunciar lo que ella considera un montaje político en su contra.

Organizaciones exigen acción urgente de la Defensoría

En paralelo a las muestras de solidaridad, un amplio bloque de organizaciones sociales, colectivos feministas y personas defensoras de derechos humanos presentó una solicitud formal de acción urgente ante la Defensoría de los Habitantes. El documento advierte que el caso de Chinchilla evidencia la ausencia de un mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos en Costa Rica.

Las organizaciones señalan que lo ocurrido con Chinchilla se inscribe en un contexto de debilitamiento del Estado de derecho, aumento de la estigmatización y un clima de hostigamiento que, según denuncian, incluye agresiones provenientes de agentes estatales o estimuladas por el discurso gubernamental. La carta recuerda que desde 2017 se han presentado solicitudes formales para crear un mecanismo de protección y un protocolo especializado de investigación, sin que el Estado haya adoptado medidas concretas.

El pronunciamiento también cita recomendaciones internacionales, como las observaciones del Comité CEDAW sobre los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras, y los estándares reafirmados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2025, que obligan a los Estados a prevenir, proteger e investigar agresiones contra personas defensoras.

En este marco, las organizaciones solicitan a la Defensoría intervenir de inmediato en el caso de Chinchilla, impulsar la creación del mecanismo nacional de protección y promover un protocolo especial de investigación con enfoque de género. Advierten que la inacción estatal no solo incrementa los riesgos, sino que debilita la democracia en un contexto político preelectoral.

Un patrón claro: defensa del activismo y denuncia de persecución

Las publicaciones analizadas muestran coincidencias en varios puntos: rechazo a la criminalización del activismo socioambiental; señalamientos de misoginia y violencia política contra una mujer comunicadora; críticas a prácticas de vigilancia atribuidas a cuerpos de seguridad del Estado; y llamados a mantener la solidaridad y la presión pública.

La conversación digital continúa creciendo, y distintos sectores sociales insisten en que el caso de Stella Chinchilla debe ser observado con atención para evitar precedentes que afecten la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Un cierre marcado por el hostigamiento

La denuncia coincidió con la aparición de una campaña de recolección de firmas que, en cuestión de horas, sumó cientos de adhesiones antes de ser bloqueada por Google, un hecho que sus seguidores interpretan como parte del clima de hostigamiento que rodea el caso.

Pronunciamiento continental de organizaciones de mujeres y lideresas por Guatemala

Nosotras, representantes de organizaciones y lideresas de Abya Yala, en esta fecha reivindicamos la Resistencia de los Pueblos Originarios, alzamos nuestras voces y expresamos nuestra preocupación por la situación crítica en Guatemala. Observamos con profunda preocupación el cierre de espacios democráticos y represalias sistemáticas contra las mujeres defensoras de derechos y sociedad civil provocadas por el gobierno del presidente Giamattei.

Estas represalias pretenden criminalizar a defensoras que demandan respeto a la voluntad del sesenta por ciento del electorado guatemalteco, expresada durante la segunda huelga del proceso electoral celebrado el día 20 de agosto del corriente y certificada por el Tribunal Supremo Electoral, TSE. Por mencionar algunas: (1) Violación a la autonomía del Tribunal Supremo Electoral (TSE), poniendo en tela de juicio los resultados emitidos por dicha instancia. (2) Persecución al Partido Semilla e intento de eliminar su personería jurídica para evitar que ejerza el mandato del pueblo en su función presidencial. (3) El secuestro de las actas 4 y 8 y la manipulación de los votos, símbolo de la soberanía popular expresada en las urnas, mediante un quinto allanamiento realizado en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. (4) La constante violación de los derechos de las defensoras, muchas criminalizadas y otras que lograron escapar a través de asilo político en países extranjeros.

Ante estas acciones que han puesto en riesgo el estado de derecho democrático, las organizaciones de mujeres y ciudadanía organizada han recurrido a diferentes recursos legales y amparos ante las Cortes, sin obtener una respuesta apegada a derecho, las autoridades indígenas de los 48 Cantones del pueblo de Totonicapán exigen la renuncia de la fiscal general, del Fiscal a cargo de la FECI, y del juez que ordenó la legalidad a las acciones que violentan el proceso democrático.

Las organizaciones de mujeres, autoridades indígenas, madres y niñas, organizaciones sociales, estudiantes universitarios, entidades religiosas, mercados populares, y miles de habitantes del campo y la ciudad continúan aumentado su presencia en las calles y carreteras, en las plazas, llegando a 180 puntos estratégicos, para demandar la renuncia de estos funcionarios y respeto a la decisión del pueblo durante el comicio electoral y a la democracia.

Hasta el momento, los mensajes emitidos tanto por el presidente de la República, la Fiscal General del Ministerio Público y el Ministro de Gobernación, en lugar de apelar al diálogo social, amenazan con medidas represivas para detener las manifestaciones pacíficas como un derecho garantizado por la Constitución, que incluyen, provocaciones por grupos de choques infiltrados, la presencia de fuerzas especiales antimotines, el ejército y el sobrevuelo de helicópteros con armas en los territorios indígenas.

  • Ante el incremento de la violación de derechos humanos y políticos, las Mujeres del Continente comprometidas con los derechos y bienestar de las mujeres, niñas, sociedad guatemalteca y ciudadanía en general demandamos al presidente Alejandro Giamattei a:
  • Que actúe conforme a los principios democráticos, orden constitucional y verdadero agente conciliador de la República.
  • Solicite la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curucchiche, Cynthia Monterroso y del Juez Fredy Orellana; quienes, con actos contra la ley, han querido deslegitimar el proceso electoral.
  • Respetar la decisión de la ciudadanía a ejercer su derecho democrático a la protesta y movilización política.
  • Cese inmediato de la violencia contra las mujeres y personas que en su justo derecho disienten de las medidas antidemocráticas y represivas de su gobierno.
  • Suspender las prácticas que violentan los derechos humanos de las mujeres y personas que manifiestan y expresan respaldo a las legítimas protestas.
  • La liberación inmediata de las presas políticas, así como retorno y reparaciones para las guatemaltecas asiladas en el exterior.

Exhortamos a la comunidad internacional y gobernantes del Continente a continuar pronunciándose en favor de los valores y principios democráticos, de la restitución del orden constitucional y la garantía de los derechos cívico-políticos de la ciudadanía, y particularmente de las mujeres y niñas en Guatemala.

Octubre 12, 2023

www.latinasenpoder.org