Ir al contenido principal

Etiqueta: mujeres defensoras

Denuncian avance extractivista y exigen protección para mujeres defensoras

Colectivas ecologistas denuncian el avance extractivista y exigen protección urgente para mujeres defensoras en Costa Rica y Latinoamérica

Costa Rica no es el paraíso verde que venden los folletos turísticos. Detrás del discurso de sostenibilidad, nuestros territorios están bajo la amenaza del modelo extractivista que sigue avanzando y destruyendo la vida con la permisividad del gobierno de Rodrigo Chaves. En este Día Internacional de las Mujeres, alzamos la voz para denunciar esto, así como el preocupante aumento en el número de feminicidios y de la violencia de género en el país en los últimos cuatro años.

Sabemos que somos las mujeres quienes estamos en la primera línea resistiendo, cargando con el peso de una defensa que el Estado debería garantizar pero que muchas veces criminaliza. Las políticas del Estado que priorizan los intereses económicos nos obligan a luchar y resistir frente a diversas y complejas problemáticas: minería no metálica mal regulada que está acabando con los ríos, agrovenenos al por mayor que envenenan el agua y el suelo, monocultivos depredadores que desplazan la vida, abandono de la semilla criolla y desprecio a la biodiversidad alimentaria, falta de recursos y apoyo estatal a las mujeres y organizaciones de mujeres en acciones pro naturaleza y empleos verdes, inexistente gestión integrada de residuos que convierte el mar y los ríos en vertederos, desfinanciamiento de las áreas silvestres protegidas que compromete su conservación, desprotección de las comunidades indígenas y represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades.

De esta forma la amenaza de la minería a cielo abierto no es cosa del pasado. La lucha en Crucitas sigue vigente mientras haya empresas esperando su oportunidad y suelos fértiles en riesgo. Nosotras, las que cuidamos las quebradas y sembramos la tierra, sabemos que detrás de un proyecto minero viene la deforestación de grandes extensiones de bosque, la contaminación del agua y el despojo de comunidades, por lo que no vamos a permitir que pongan el lucro por encima de nuestra salud y la de los ríos. Esta lógica de explotación también se repite cuando las ciudades consumen y generan toneladas de desperdicio, pero son las comunidades rurales y costeras las que terminan cargando con los rellenos sanitarios. No es casualidad, es discriminación territorial: nos usan como vertedero, contaminan nuestros suelos y aguas, y luego nos dicen que progresamos. El ecofeminismo lo tiene claro, la misma lógica que explota y violenta a las mujeres, explota y destruye la tierra, y no aceptaremos que nuestros territorios sean la solución barata para los problemas de otros.

La presión sobre la vida de las mujeres se siente también en el litoral, donde los planes reguladores o las voluntades políticas que se ajustan para facilitar el desarrollo turístico en realidad abren la puerta a la especulación inmobiliaria, a la gentrificación y al ecocidio. Pero además del turismo mal entendido, nuestras costas enfrentan una amenaza silenciosa y brutal: el avance del narcotráfico. El tráfico de drogas ha profundizado la violencia en nuestros territorios, trayendo consigo inseguridad, control armado y miedo. Las mujeres que vivimos en zonas costeras sabemos que cuando el narco llega, se llevan la paz, se llevan a nuestros jóvenes y nos dejan más vulnerables. Y cuando denunciamos, cuando nos oponemos, la represalia llega más rápido. El narco no sólo trafica con drogas, también trafica con nuestras vidas.

Así también, las mujeres de pueblos originarios y las recuperadoras de tierras ancestrales sostienen la defensa del territorio con su cuerpo en Costa Rica y toda Latinoamérica. Ellas enfrentan amenazas, criminalización y violencia por proteger lo que es suyo por derecho histórico, y cuando queman una comunidad recuperada o desalojan con violencia, no solo atacan un espacio físico, sino que atacan la memoria y el futuro de un pueblo. Exigimos justicia y el fin de la impunidad para quienes hostigan a estas compañeras defensoras. Particularmente, a diez años de su siembra, queremos recordar y exigir justicia para Berta Cáceres, indígena lenca defensora del río Gualcarque en Honduras, quien recientemente se confirmó que fue asesinada por la cúpula empresarial del proyecto Agua Zarcas, utilizando fondos provenientes de bancos internacionales y con la complicidad del estado hondureño.

Además, manifestamos total solidaridad con las mujeres en Gaza, que llevan más de dos años viviendo un genocidio y ecocidio perpetuado por Israel y con apoyo de Estados Unidos. Estas han sido despojadas de su territorio, de sus olivos milenarios, de sus cultivos, del libre acceso al agua, se les ha arrebatado la posibilidad de reproducir y sostener la vida y se les ha exterminado sistemáticamente. Por esto manifestamos nuestra total oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel que fue pactado por el gobierno de Rodrigo Chaves, pero que aún no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa. ¡No queremos negociar con Estados genocidas!

El ecofeminismo nos enseña que la lucha por la tierra es la lucha por nuestros cuerpos y nuestro futuro, y no es casualidad que quienes más cuidan la vida sean las más amenazadas, pero tampoco lo es que seamos las más organizadas. Hoy, 8 de marzo resistimos, y mientras haya una mujer cuidando un manglar, protegiendo el arrecife o recuperando tierra ancestral, la vida seguirá resistiendo.

Desde las organizaciones que trabajamos por las montañas, los bosques, el mar, los ríos y el territorio, reafirmamos:

● No a la minería a cielo abierto, en Crucitas o en cualquier rincón del país. El agua vale más que el oro.

● Justicia ambiental para las comunidades rurales y costeras: basta de convertirnos en el basurero del «desarrollo» urbano y en zonas de sacrificio.

● Protección real para las mujeres defensoras: garantías de seguridad, fin a la criminalización y acceso a la justicia.

● Planes reguladores con participación comunitaria, no al servicio de la especulación inmobiliaria.

● Respeto a las Áreas Silvestres Protegidas: Gandoca-Manzanillo y todos los ecosistemas protegidos no son negociables.

● Apoyo real del Estado a proyectos por la Naturaleza gestionados por mujeres.

● Alto al represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades.

En memoria de María del Mar Cordero, ecologista asesinada en Costa Rica 1994 – La Guerrera del Golfo Dulce.

Organizaciones

Bloque Verde

Defensores de la Casa Común

Federación Ecologista

Guanadefensoras

Red de Mujeres Costeras y Rurales

Ecobichotas

Coecoceiba-amigos de la tierra Costa Rica

Movimiento Ríos Vivos

Costa Rica por el Océano

Talamanca Siempre Verde

Frente Ecologista Universitario – FECOU

Crecen las muestras de solidaridad hacia Stella Chinchilla en redes y organizaciones sociales

Por Juan Carlos Cruz-Barrientos

La comunicadora y activista socioambiental Stella Chinchilla ha recibido en las últimas horas una amplia ola de respaldo público en redes sociales y plataformas digitales, luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra que diversos colectivos califican como un intento de criminalización del activismo.

Organizaciones sociales cierran filas

Uno de los pronunciamientos más difundidos proviene de SURCOS Digital, que publicó un comunicado firmado por múltiples organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. El texto señala que el señalamiento contra Chinchilla constituye “un acto de violencia simbólica y política contra una mujer activista que ha dedicado años a la defensa del ambiente y la democracia”.

Por su parte, el colectivo Bloque Verde advirtió que el caso refleja “una peligrosa tendencia a perseguir voces críticas mediante estrategias de intimidación”. Ambas declaraciones han circulado ampliamente en Facebook y X, generando cadenas de apoyo, debates públicos y llamados a reforzar la vigilancia ciudadana.

Diversas organizaciones de mujeres y agrupaciones feministas también se sumaron al respaldo, denunciando que las acciones contra Chinchilla constituyen violencia política y un intento de amedrentar a una mujer defensora de derechos humanos. Estos grupos reiteraron su compromiso de acompañarla y de mantener la vigilancia ante cualquier forma de hostigamiento.

Apoyo ciudadano en redes sociales

En su propio perfil de Facebook, Chinchilla ha agradecido la solidaridad recibida y ha insistido en que su caso no es aislado. En una de sus publicaciones, citada por medios nacionales, afirmó: “Gracias a todas las personas que me han escrito. No estoy sola y no nos van a callar”.

Usuarios de redes sociales han respondido con mensajes de respaldo, denunciando lo que consideran una campaña de desprestigio. Entre los comentarios más recurrentes destacan llamados a “no soltar a Stella” y a defender la libertad de expresión frente a prácticas de vigilancia estatal.

Diversos medios digitales han dado seguimiento al caso y han destacado la magnitud del apoyo recibido. La Teja reportó que Chinchilla ha utilizado sus redes para explicar su situación y que cuenta con una “amplia red de apoyo” que la respalda públicamente. AM Prensa, por su parte, subrayó que sus declaraciones han sido clave para denunciar lo que ella considera un montaje político en su contra.

Organizaciones exigen acción urgente de la Defensoría

En paralelo a las muestras de solidaridad, un amplio bloque de organizaciones sociales, colectivos feministas y personas defensoras de derechos humanos presentó una solicitud formal de acción urgente ante la Defensoría de los Habitantes. El documento advierte que el caso de Chinchilla evidencia la ausencia de un mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos en Costa Rica.

Las organizaciones señalan que lo ocurrido con Chinchilla se inscribe en un contexto de debilitamiento del Estado de derecho, aumento de la estigmatización y un clima de hostigamiento que, según denuncian, incluye agresiones provenientes de agentes estatales o estimuladas por el discurso gubernamental. La carta recuerda que desde 2017 se han presentado solicitudes formales para crear un mecanismo de protección y un protocolo especializado de investigación, sin que el Estado haya adoptado medidas concretas.

El pronunciamiento también cita recomendaciones internacionales, como las observaciones del Comité CEDAW sobre los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras, y los estándares reafirmados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2025, que obligan a los Estados a prevenir, proteger e investigar agresiones contra personas defensoras.

En este marco, las organizaciones solicitan a la Defensoría intervenir de inmediato en el caso de Chinchilla, impulsar la creación del mecanismo nacional de protección y promover un protocolo especial de investigación con enfoque de género. Advierten que la inacción estatal no solo incrementa los riesgos, sino que debilita la democracia en un contexto político preelectoral.

Un patrón claro: defensa del activismo y denuncia de persecución

Las publicaciones analizadas muestran coincidencias en varios puntos: rechazo a la criminalización del activismo socioambiental; señalamientos de misoginia y violencia política contra una mujer comunicadora; críticas a prácticas de vigilancia atribuidas a cuerpos de seguridad del Estado; y llamados a mantener la solidaridad y la presión pública.

La conversación digital continúa creciendo, y distintos sectores sociales insisten en que el caso de Stella Chinchilla debe ser observado con atención para evitar precedentes que afecten la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Un cierre marcado por el hostigamiento

La denuncia coincidió con la aparición de una campaña de recolección de firmas que, en cuestión de horas, sumó cientos de adhesiones antes de ser bloqueada por Google, un hecho que sus seguidores interpretan como parte del clima de hostigamiento que rodea el caso.

Pronunciamiento continental de organizaciones de mujeres y lideresas por Guatemala

Nosotras, representantes de organizaciones y lideresas de Abya Yala, en esta fecha reivindicamos la Resistencia de los Pueblos Originarios, alzamos nuestras voces y expresamos nuestra preocupación por la situación crítica en Guatemala. Observamos con profunda preocupación el cierre de espacios democráticos y represalias sistemáticas contra las mujeres defensoras de derechos y sociedad civil provocadas por el gobierno del presidente Giamattei.

Estas represalias pretenden criminalizar a defensoras que demandan respeto a la voluntad del sesenta por ciento del electorado guatemalteco, expresada durante la segunda huelga del proceso electoral celebrado el día 20 de agosto del corriente y certificada por el Tribunal Supremo Electoral, TSE. Por mencionar algunas: (1) Violación a la autonomía del Tribunal Supremo Electoral (TSE), poniendo en tela de juicio los resultados emitidos por dicha instancia. (2) Persecución al Partido Semilla e intento de eliminar su personería jurídica para evitar que ejerza el mandato del pueblo en su función presidencial. (3) El secuestro de las actas 4 y 8 y la manipulación de los votos, símbolo de la soberanía popular expresada en las urnas, mediante un quinto allanamiento realizado en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. (4) La constante violación de los derechos de las defensoras, muchas criminalizadas y otras que lograron escapar a través de asilo político en países extranjeros.

Ante estas acciones que han puesto en riesgo el estado de derecho democrático, las organizaciones de mujeres y ciudadanía organizada han recurrido a diferentes recursos legales y amparos ante las Cortes, sin obtener una respuesta apegada a derecho, las autoridades indígenas de los 48 Cantones del pueblo de Totonicapán exigen la renuncia de la fiscal general, del Fiscal a cargo de la FECI, y del juez que ordenó la legalidad a las acciones que violentan el proceso democrático.

Las organizaciones de mujeres, autoridades indígenas, madres y niñas, organizaciones sociales, estudiantes universitarios, entidades religiosas, mercados populares, y miles de habitantes del campo y la ciudad continúan aumentado su presencia en las calles y carreteras, en las plazas, llegando a 180 puntos estratégicos, para demandar la renuncia de estos funcionarios y respeto a la decisión del pueblo durante el comicio electoral y a la democracia.

Hasta el momento, los mensajes emitidos tanto por el presidente de la República, la Fiscal General del Ministerio Público y el Ministro de Gobernación, en lugar de apelar al diálogo social, amenazan con medidas represivas para detener las manifestaciones pacíficas como un derecho garantizado por la Constitución, que incluyen, provocaciones por grupos de choques infiltrados, la presencia de fuerzas especiales antimotines, el ejército y el sobrevuelo de helicópteros con armas en los territorios indígenas.

  • Ante el incremento de la violación de derechos humanos y políticos, las Mujeres del Continente comprometidas con los derechos y bienestar de las mujeres, niñas, sociedad guatemalteca y ciudadanía en general demandamos al presidente Alejandro Giamattei a:
  • Que actúe conforme a los principios democráticos, orden constitucional y verdadero agente conciliador de la República.
  • Solicite la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curucchiche, Cynthia Monterroso y del Juez Fredy Orellana; quienes, con actos contra la ley, han querido deslegitimar el proceso electoral.
  • Respetar la decisión de la ciudadanía a ejercer su derecho democrático a la protesta y movilización política.
  • Cese inmediato de la violencia contra las mujeres y personas que en su justo derecho disienten de las medidas antidemocráticas y represivas de su gobierno.
  • Suspender las prácticas que violentan los derechos humanos de las mujeres y personas que manifiestan y expresan respaldo a las legítimas protestas.
  • La liberación inmediata de las presas políticas, así como retorno y reparaciones para las guatemaltecas asiladas en el exterior.

Exhortamos a la comunidad internacional y gobernantes del Continente a continuar pronunciándose en favor de los valores y principios democráticos, de la restitución del orden constitucional y la garantía de los derechos cívico-políticos de la ciudadanía, y particularmente de las mujeres y niñas en Guatemala.

Octubre 12, 2023

www.latinasenpoder.org