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Etiqueta: narcoestado

¿Qué es un Narco Estado o Narcoeconomía? ¿Es Costa Rica un Narco Estado o Narcoeconomía?

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

MBA Lic. Luis Gilberto Martínez Sandoval, UTN.

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Ex integrante de Comisión de Vinculación Academia- Sectores Productivos, UTN
y, Comisión de Capacitación y Formación UCCAEP por Cámara de Comercio de Costa Rica
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales.
Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Científico Social, Líder Sindical ANEP-UTN

No existe criterio para definir qué es un narcoestado o narcoeconomía. Punto de partida. Usar el concepto es caer en subjetividades. Este artículo aborda varias preguntas: ¿Qué es un Narco Estado o Narcoeconomía?, ¿Cuáles son las sus características?,¿Qué países son considerados Narco Estado?, ¿Es Costa Rica un Narco Estado o Narcoeconomía? Y, algunas alternativas estrategicas para enfrentar las mafias y el Narco Estado o Narcoeconomía. Hoy se habla por gente no especialista de narcocracia costarricense. Ayer caferonarcocracia, bananonarcocracracia, piñanarcocracia y … hoy cocanarcocracia.

¿Es Costa Rica un Narco Estado? ¿Se desarrolla en nuestro país la industrialización, distribución, comercialización internacional o financiamiento de las drogas por el Estado Nacional? ¿Esta involucrado el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Régimen Municipal, Tribunal Supremo de Elecciones, Partidos Políticos, Sistema Financiero Nacional con el Narcoestado? Son preguntas que requieren respuestas.

Según el Informe Mundial sobre las drogas 2023 de la ONU el cultivo para la producción de drogas, el narcotráfico y los delitos que afectan al medio ambiente están experimentando un auge en la cuenca del Amazonas, debido en parte a la conjunción de la abundancia de recursos naturales y la escasa presencia estatal, el arraigo de la corrupción y factores estructurales relacionados con la economía informal, la desigualdad y el desempleo.

La “narcodeforestación”, es decir, el blanqueo de los beneficios del tráfico de drogas mediante la especulación con los terrenos, el sector agrícola, la ganadería y la infraestructura conexa, constituye una creciente amenaza para la pluviselva de mayor extensión del mundo.

Las economías ilícitas de las drogas pueden prosperar en situaciones de conflicto y de debilidad del estado de derecho y, a su vez, pueden prolongar o alimentar los conflictos. En algunas zonas de conflicto, la economía de las drogas y la inestabilidad se entrelazan en un círculo vicioso en el que la debilidad del estado de derecho facilita la expansión de esa economía, la cual, a su vez, proporciona recursos financieros para mantener o ampliar el conflicto.

Hay un récord de consumo de cocaína y nuevos opioides sintéticos. La producción de cocaína se ha triplicado en 10 años. La aparición de nuevos y potentes opioides como los nitazenos hacen aumentar las muertes por sobredosis. La demanda y la producción sin precedentes de cocaína y la aparición de potentes opioides sintéticos están agravando el problema de las drogas, provocando un aumento de los trastornos por consumo, la violencia y los daños ambientales. El cultivo mundial de arbusto de coca aumentó 12% entre 2021 y 2022, hasta alcanzar las 355.000 hectáreas.

La aparición de nuevos opioides sintéticos está provocando un aumento de las muertes por sobredosis y complicando la lucha contra el narcotráfico. Los nitazenos, unos opioides más poderosos que el fentanilo, que están provocando numerosas sobredosis en América, Europa occidental y Oceanía. En conjunto, el consumo de drogas en el mundo aumentó un 20% en la última década hasta alcanzar los 292 millones de usuarios. Aunque el consumo de cocaína es el que más crece, en números totales, el cannabis sigue siendo la droga más usada, con 228 millones de consumidores. Le siguen: Opioides: 60 millones. Anfetaminas: 30 millones. Cocaína: 23 millones. Éxtasis: 20 millones.

Algunas zonas fronterizas de América Latina y Asia se han convertido en centros neurálgicos de grupos de narcotraficantes que expanden su actividad para abarcar otras formas de delincuencia, como la trata de personas para obligarlas a delinquir y los delitos que afectan al medio ambiente, lo que está dañando los frágiles ecosistemas y repercutiendo negativamente en las comunidades locales. Estas actividades ilícitas también están contribuyendo a la degradación ambiental mediante la deforestación, el vertido de desechos tóxicos y la contaminación química.

Según el informe citado supra, en Canadá y Estados Unidos, el consumo nocivo de la droga se ha acelerado, como muestran los datos sobre hospitalizaciones y trastornos psiquiátricos. Hay un “renacimiento” de los psicodélicos. La investigación sobre el uso terapéutico de sustancias psicodélicas, y el uso en retiros espirituales, viajes y festivales están contribuyendo al floreciente interés comercial y al uso no supervisado, “cuasi terapéutico” y no médico de psicodélicos.

Reiteramos. ¿Qué es un Narco Estado o Narcoeconomía?, ¿Cuáles son las sus características?,¿Qué países son considerados Narco Estado?, ¿Es Costa Rica un Narco Estado o Narcoeconomía? Y, ¿algunas alternativas estratégicas para enfrentar las mafias y el Narco Estado o Narcoeconomía? Hoy se habla por gente no especialista de narcocracia costarricense. Ayer caferocracia, bananocracracia, piñacracia y … hoy cocarocracia. ¿Es Costa Rica un Narco Estado? ¿Se desarrolla en nuestro país la industrialización, distribución, comercialización internacional o financiamiento de las drogas por el Estado Nacional? ¿Esta involucrado el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Régimen Municipal, Tribunal Supremo de Elecciones, Partidos Políticos, Sistema Financiero Nacional con el Narcoestado?

“El término narcoestado o narcoeconomía (con la partícula narco-: «droga»; y más específicamente:»asociado con el tráfico ilegal de drogas»), es un neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.”

Actualmente no existe ninguna institución u organismo que establezca criterios para definir qué es un narcoestado. Sin embargo, el término se usa en el discurso político y mediático con base en la situación de un país, y está en ocasiones influido por tendencias partidarias.

El uso del término comenzó a implantarse en los años 1980 con la aparición de poderosas organizaciones mafiosas en Colombia (los carteles de Medellín, Cali y del Norte del Valle), siendo particularmente notable el caso de Pablo Escobar, fundador del cartel de Medellín, quien había logrado convertirse en representante de Medellín ante el Congreso en 1982. También se estima que el Cartel de Cali logró influir en la campaña presidencial de Ernesto Samper.

Para el Dr. Paul Rexton Kan– que es nuestra fuente primaria de ésta reflexión-, los narcoestados se pueden dividir en cinco categorías según su nivel de dependencia en el comercio de narcóticos y la amenaza que el narcotráfico en dicho país representa para la estabilidad nacional e internacional. Estas cinco categorías son: Incipiente. En desarrollo. Serio. Crítico y Avanzado.

En su libro Tráfico de droga y Seguridad Internacional (2016), Kan ofreció ejemplos para cada categoría, colocando a Afganistán, Burma, Guinea-Bisáu y Corea del Norte en la categoría de «avanzado». También clasificó a los países según su papel en el narcotráfico en: fuente, de transporte e híbrido.

Pierre-Arnaud Chouvy dice en su artículo El mito del narco-estado que el uso reciente del término «narcoestado» ha sido cuestionado por ser aplicado de manera demasiado amplia y sin un criterio claro, en particular luego de la atención mediática hacia Guinea-Bisáu, catalogado como «el primer narcoestado del mundo» en 2008, y más bien el término debería referirse solo a aquellos países en los que el comercio de narcóticos está patrocinado por el estado y constituye la mayoría del PIB general de un país.

Algunos países señalados como narcoestados son:

En África: Guinea-Bisáu, Nigeria, Cabo Verde, Ghana.

El primer país considerado un narcoestado en el mundo fue Guinea-Bisáu en 2008, al cual la ONU llamó «el primer narco-estado de África» y la Casa Blanca catalogó como un refugio de narcotraficantes. Para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Guinea-Bisáu es un centro del transporte de droga en la región, con la complicidad de los más altos niveles políticos y militares.

Nigeria se ha convertido en la última década en un importante productor de metanfetaminas. Según advierten los expertos, no es fácil detener el aumento de la metanfetamina en Nigeria. Ya que, pese al riesgo de arresto e incluso ejecución para los traficantes en Asia, las ganancias son irresistibles en un país donde el salario mínimo es de solo 50 dólares al mes. La ubicación de Cabo Verde lo convierte en un importante punto de transbordo y almacenamiento de drogas traficadas desde América Latina a Europa. Según una evaluación de la Unidad de Información Financiera del país, Cabo Verde es particularmente vulnerable al lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas. El estudio mostró que los delincuentes utilizaban empresas, notarios, organizaciones no gubernamentales y empresas inmobiliarias para blanquear dinero.

Ghana. En lo que se refiere al tráfico de droga en Ghana, este país ocupa un sitio importante en el cultivo, la transformación y el tránsito del cannabis en África de Oeste. En este país, el cannabis se produce en una gran escala y proporciona un mercado interior evaluado a más de 2 millones de consumidores. Las redes ghanesas del tráfico del cannabis son muy activas, y estarían al origen de la propagación del cultivo del cannabis dentro de la subregión, particularmente, en Gambia, Senegal y Burkina-Faso. Los traficantes ghaneses se ocupan del suministro de las semillas, compran las cosechas y organizan el transporte. Que se trate de grupos armados o de traficantes que desafían las autoridades por violencia y corrupción, este tráfico queda lucrativo en tiempos de paz así como en tiempos de guerra.

En Sudamérica: Bolivia. Colombia. Perú. Venezuela. Es último desde 2019, se ha estado reportando múltiples cargamentos de drogas que proceden de Venezuela en múltiples islas del Caribe como lo son Curazao, Aruba y Trinidad y Tobago.

En Centroamérica: Guatemala. Honduras.

Analistas en seguridad, todos exfuncionario de agencias de seguridad estadounidenses, advirtieron que Guatemala está a las puertas de convertirse en un narcoestado debido a la infiltración de estructuras criminales en instituciones de seguridad y de partidos políticos, donde candidatos con señalamientos por nexos con el crimen organizado resultaron elegidos con financiación política al Cartel de Sinaloa y conspirar para asesinar rivales políticos. Honduras, tiene todas las características para convertirse en un narcoestado.

En Norteamérica: México. Debido al poder que ejerce el narcotráfico en México, en años recientes comentaristas y periodistas lo han llegado a calificar como un narcoestado. En el Caribe: Haití, en las Antillas. Desde el regreso al poder de Jean-Bertrand Aristide en 2000 que los carteles de la droga y las bandas armadas ocuparon cada vez más el espacio público, hasta el punto de que figuras notorias del tráfico de narcóticos se postularan a cargos parlamentarios para defender directamente sus intereses. Haití se convierte así en un narco-Estado. En Asia: Afganistán.Siria. Filipinas. Líbano. Sobre Afganistán, tras la caída del régimen de Talibán con la invasión de una coalición internacional liderada por Estados Unidos en octubre de 2001, el país se convirtió rápidamente en el principal productor de opio del mundo. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advertía sobre la posibilidad crítica de Afganistán de convertirse en un «narcoestado», país que entonces proveía el 90 % de la heroína consumida en Europa. Hoy Afganistán es la fuente del 90 % de la heroína consumida a nivel mundial, con alrededor de 354 000 personas trabajando a tiempo completo en el negocio de la droga y ganancias que representan el 7 % del PIB de ese país. Siria, «uno de los más recientes narcoestados», señalándolo como el «epicentro global de la producción de la droga Captagon». El tráfico de drogas ilegales ha dominado el Líbano desde la década de 1960.104 En 2014, las autoridades libanesas incautaron 25,4 millones de tabletas de Captagon en el aeropuerto y el puerto de Beirut. Líbano se convirtió en un país de tránsito para el tráfico de drogas. El caso de Filipinas el archipiélago se está convirtiendo en un narcoestado. En Europa, Albania las organizaciones criminales del país «controlan territorios, producen inversiones sustanciales y activamente influencias la política albanesa». «Albania produce y exporta una significativa cantidad de marihuana, especialmente a Europa». Un país con «corrupción desenfrenada, instituciones jurídicas y gubernamentales débiles y control fronterizo laxo». Se califica como el «primer narcoestado de Europa». Países Bajos los cumple con muchas de las características de un narcoestado».

A MODO DE CONCLUSIÓN

Costa Rica cumple con algunas de las cinco categorías para ser un Narco Estado o Narcoeconomía. Hay comercio de narcóticos a lo interno – consumo- y en algunos procesos de exportación que salen desde la provincia de Limón y Puntarenas. En ese sentido, no estamos en categoría de incipiente, en desarrollo sino en categoría de Serio. Debemos intervenir para no pasar a Crítico y Avanzado.

Adicionalmente, siendo las “mafias” una macro criminalidad del reciclaje de dinero que opera sin controles en todo el planeta y hace difícil la reconstrucción de los flujos financieros de dinero sucio. Y dado que Costa Rica, está en la ruta de la droga y zona regional de logística además es vulnerable y tiene escasos recursos. Tomando en cuenta que somos una bodega y puente de las guerras de las drogas en ruta a México, Brasil, UE y EEUU sugerimos algunas formas para combatir la mafia: Primero, estrategia de seguridad nacional y regional. Estamos inmersos en un área geopolítica, geoeconómica y militar en donde la seguridad nacional tiene un gran peso y cuya agenda tiene temas prioritarios, p.ej. el terrorismo, los grupos armados, los paramilitares, el narcotráfico, el tráfico de personas, las posibilidades de migraciones masivas, el lavado de dinero, los secuestros, las bandas como Mara Salvatrucha, los Zetas y el Populismo Radical. Debemos establecer una política exterior activa en Centroamérica contra el narcotráfico en alianza con EEUU-México. Segundo, estrategia cantonal. Hay que nombrar 86 Comisionados Antidrogas – uno por cada Cantón-. Tercero, estrategia de premios e incentivos. Requerimos una política seria de incentivo de los arrepentimientos y colaboración con la justicia por parte de quien, por haber sido mafioso, puede revelar desde adentro esos secretos de la organización absolutamente necesarios de conocer. Hay que promulgar una legislación de “premio e incentivo” equilibrada e inclusive de impunidad total (100%) para el colaborador (res) que nos lleven a los peces gordos. Esta estrategia supera “el rastreo de llamadas”, “la prisión preventiva”, “la plataforma de información policial”, el “Centro Judicial de Intervención Policial”, “El secreto bancario” e incluye el perdón por el Poder Ejecutivo para los que colaboren. Cuarto, estrategia de autonomía al Poder Judicial. Elección de magistrados por elecciones nacionales supervisadas por el Tribunal Supremo de Elecciones independiente de las elecciones nacional. Quinto, estrategia de comunicación pública. Hay que revisar el Plan “LODI” (Logic Distribution), en donde la solución pasa por una forma de legalización que no ha de ser libre, precisamente, sino que viene supeditada a una “distribución organizada y controlada de la droga” para aquellas poblaciones altamente adictas en nuestra sociedad para abordarlas desde la salud pública.

Somos una bodega de almacenaje de drogas al igual que los demás países centroamericanos, hay infiltración de carteles mexicanos y colombianos aliados con nacionales, que están pagando con drogas sintéticas y crack y no solo con dinero por ayudar en el transporte; tenemos un mercado de consumidores nacionales y espiral de violencia por drogas, sabemos que la droga se transporta por vía marítima (78%), aérea y terrestre (22%). Solo el Cantón Central de San José cuenta con 5.600 mendigos drogadictos. Debemos actuar en cada distrito y cantón de lo contrario serán tomados por las mafias.

Desde la Otra Acera – Costa Rica, ¿NarcoEstado? 

Publicado el . Publicado en Derechos.

En una reciente edición del programa «Desde la Otra Acera» del APSE, se abordó la compleja realidad del narcotráfico en Costa Rica y la posibilidad de que el país esté evolucionando hacia un «NarcoEstado». El panel, compuesto por el historiador y analista Vladimir de la Cruz, la diputada Sofía Guillén Pérez y el profesor Hugo Vargas González, ofreció un análisis profundo sobre el narcotráfico y sus efectos en la juventud, la educación y la estructura del Estado costarricense. 

Uno de los temas centrales fue el impacto que los recortes en la educación pública han tenido en los y las estudiantes. La falta de oportunidades ha llevado a que jóvenes, e incluso niños de apenas 10 años, se vean seducidos por las promesas del narcotráfico.

Según el Semanario Universidad, en los últimos seis años, la reducción del presupuesto para becas ha sido paralela a una drástica caída en la matrícula escolar. En 2023, más de 23,000 estudiantes fueron expulsados del sistema educativo, dejando a muchos de ellos expuestos a actividades delictivas. 

Vladimir de la Cruz explicó que la historia del narcotráfico en Costa Rica se remonta a los años 80, cuando el fenómeno de los Irán-Contras trajo narcóticos al país como parte de un esquema de financiamiento para los rebeldes nicaragüenses. Desde entonces, el narcotráfico no solo ha afectado a sectores marginales de la sociedad, sino que ha penetrado profundamente en la política y economía del país. De la Cruz también señaló cómo las estructuras de poder han sido vulnerables a la influencia del narcotráfico, permitiendo que sus tentáculos lleguen a esferas empresariales y gubernamentales.

La diputada Sofía Guillén, por su parte, destacó el desmantelamiento de instituciones clave, como la Guardia Costera, y la drástica caída en los decomisos de drogas como señales alarmantes de la complicidad estatal. Guillén subrayó que este debilitamiento institucional ha permitido que las organizaciones narcotraficantes operen con mayor libertad, poniendo en riesgo la seguridad nacional y el bienestar de la población. 

Otro punto clave abordado en el programa fue la creciente politización del narcotráfico. Se discutió la posibilidad de que figuras políticas importantes estén vinculadas con el crimen organizado, ya sea mediante conexiones directas o por omisión en el cumplimiento de sus funciones. Hugo Vargas González añadió que la falta de voluntad política para enfrentar el narcotráfico está erosionando la confianza pública en las instituciones, alimentando la percepción de que el país podría estar transformándose en un NarcoEstado. 

El programa cerró con un llamado a la acción urgente: la necesidad de reforzar las políticas educativas y el combate efectivo al narcotráfico para evitar que más jóvenes caigan en las garras del crimen organizado. El futuro de Costa Rica, concluyeron los panelistas, depende de la capacidad del Estado para resistir la presión del narcotráfico y proteger a las nuevas generaciones.

Le invitamos a seguir este enlace para ver el programa.

Liberales, parásitos de la sociedad. ¿Hasta dónde quieren llevar a Costa Rica?

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez Espinoza

He venido publicando varias notas al respecto del narco en Costa Rica, la vinculación de estas mafias con las grandes élites político empresariales, las nocivas «propuestas» que se manejan desde el gobierno para detenerlo y que la solución a esta problemática está en la raíz, en las políticas neoliberales de empobrecimiento y miseria, mientras las mafias empresariales EVADEN, eluden y contrabandean.

Hoy, la SORPRENDENTE noticia de Diario Extra impacta, indigna y provoca el enfado de quien tenga dignidad y lea semejante situación que viven los arroceros, pero que también viven los indígenas, los pescadores artesanales, los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios nacionales.

“Estoy arrimado donde mis hijos, pidiéndoles ¢5.000 para un jabón o un cepillo de dientes”, dice uno de los agricultores, y peor aún, ¡he tenido ganas de matarme!, dice otro agricultor, que para tratar de salir a flote recurrió al narcopréstamo de los prestamistas «gota a gota», esos mismos que sacaron a patadas de El Salvador.

Rodrigo Chaves Robles, flamante presidente de la República, entre sus primeros decretos como tal, exoneró del pago de impuestos a los tagarotes importadores de arroz, esos mismos que financiaron su campaña electoral, terminando el trabajo que empezó el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad con el Tratado de Libre Comercio, TLC, y que continuaron los gobierno del Partido Acción Ciudadana, PAC, todos son lo mismo.

Ya golpeados con el TLC, Rodrigo Chaves terminó de poner los «clavos en el ataúd» de los agricultores con su famosa «ruta del arroz», ruta que consistía en favorecer sus amigos, vagabundos que NO trabajan la tierra y se dedican a la importación. Estos tagarotes dejaron de pagar ₡7.600 millones de impuestos en sólo seis meses de entrada en vigencia del decreto de la Ruta del Arroz que bajó los aranceles de un 36% a un 5% y llevó a la ruina de los agricultores nacionales que SÍ trabajan la tierra. Con esto, el farsante de Rodrigo Chaves Robles dijo que nos beneficiaríamos con rebajo de precios para los consumidores… ¡¡MINTIÓ!!!

En el Semanario Universidad se indica que «Los importadores de arroz pilado dejaron de pagar ₡2.536 millones, entre ellos el financista de Chaves, Bernal Jiménez, que dejó de pagar ₡268 millones. Todos los importadores de arroz juntos suman una pérdida de ingresos al erario público de ₡10.400 millones.», mientras tanto, a los productores nacionales les «deberían recibir un saco de arroz a ¢27.375, no obstante, acusan que les compran el grano entre los ¢14.000 a ¢19.000. Además, los costos de producción por hectárea ascienden a ¢1.500.000 y, en el mejor de los casos, los agricultores recuperan un 20% de utilidad.» informa Diario Extra, esto a Rodrigo Chaves, el PLN, el PUSC, el PLP y NR no les importa.

¿Estamos ante un Narcoestado?

La definición más cercana define que el término narcoestado o narcoeconomía es un neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.

Veamos cómo está Costa Rica y saquen sus conclusiones.

19 de febrero 2024

Desplazados y terrorismo de Estado

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Eso de considerar que el gobierno de turno no preveía una escalada social de la protesta política en Colombia, incurriendo en des gobernabilidad, no es de por sí cierta; como quiera que obedece a la tozuda posición de la oligarquía colombiana, en su infinito poder de dominio, de no aceptar que los métodos de domesticación social aupadas con las prácticas sangrientas de Terrorismo de Estado aplicadas, desbordaron en ineficaces; demostrando cuan equivocadas están al pretender desconocer la fuerza arrolladora de un pueblo organizado.

En Colombia está proscrita la participación política directa y popular y por ende cualquier protesta publica es judicializada y calificada de “terrorista” dentro de la dictadura mediática de la guerra contrainsurgente y el “enemigo interno”. Con esa denominación justifican la existencia de un ejército que combate internamente a su mismo pueblo y que ha degenerado en un ejército de invasión, dada la aplicación de una doctrina militar y el adocenado y ya reiterativo comportamiento de unidades militares. La verdad de Perogrullo en Colombia es que las fuerzas militares aplican mano dura a la protesta política. Asocian la violencia desatada durante la protesta política y social, con sinónimo de vandalismo. Siempre argumentarán el libre tránsito de calles y vías; cuando precisamente en ese momento un grupo de ciudadanos y ciudadanas están haciendo un uso excepcionalmente soberano de las mismas; por ser ese el escenario natural de las protestas. Sabiéndolo de antemano, que no pueden judicializar como violento a todo aquel o aquella, que por múltiples y justificadas razones, ocultan su rostro: un ejercicio directo al derecho al habeas data, es decir, el derecho a la intimidad e identidad de la imagen; en momentos en que en Colombia el Terrorismo de Estado selectivo, continúa suministrando la información a fuerzas paramilitares y para estatales; cuando el dedo acusador contra la impunidad les hace variar de un comportamiento de ilegalidad y contra insurgencia a uno de supuesta legalidad. Que pese al maquillaje de las encuestas la institucionalidad policial en Colombia es sinónimo de temor, criminalidad y violación a los derechos humanos. Que una policía militar como la colombiana, aplica practicas militares.

Como resultado de la intensificación de la lucha armada en el país y en consecuencia, la generalización del conflicto armado interno en diversas áreas de la geografía colombiana; en este año de 2.021, se han multiplicado los desplazamientos de población campesina e indígena, hacia zonas urbanas. Ello obedece al favorecimiento de la expansión paramilitar en los territorios más altamente militarizados. Demostrado está que las zonas y áreas de influencia de las antiguas FARC, fueron copadas con efectivos militares. Debieron, pero no lo hicieron, aplicar los lineamentos de un Plan de Desmantelamiento de las Estructuras Paramilitares, tal como lo contemplaron los Acuerdos de La Habana, para lograr el ingrediente de la No Repetición. Pero esos Acuerdos no fueron implementados por la derecha militarista en el poder. Por el contrario, haciendo uso de una política contra insurgente, sembraron el campo de bandas criminales- las bacrim- y en cínica alianza de ayuda colaborativa, del elemento y recurso paramilitar, intensificaron los enfrentamientos de esas estructuras, con las fuerzas insurgentes, en tanto la oficialidad y el generalato “se lavan la cara” ante el incremento de masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales.

El desplazamiento forzado afectó a 32.217 personas en 106 eventos masivos (Cohodes 2020.). En Nariño: 11.470 personas desplazadas, siendo la población afrodescendiente, la mayor afectada con número de 9.150 personas; mientras que 7.049 pertenecían a pueblos indígenas. Es el Pacifico colombiano, el de mayor número de personas desplazadas: 21.932. En Ituango un número superior a 5.000 desplazados, que se resisten a regresar a sus parcelas, por carencia de condiciones y permanencia de los enfrentamientos armados. Eso sí, sin cansar de repetirlo: son enfrentamientos y combates entre grupos paramilitares y las guerrillas insurgentes, sin pasar la hoja del sainete montado por la inteligencia militar y la política de contra insurgencia narco paramilitar en el poder, de ser enfrentamientos entre las distintas huestes insurgentes colombianas.

Para este año 2.021, la espiral de desplazamiento interno de población afectada por el conflicto armado es del 103%. Tanto en el Norte caribeño y el nororiente, en el sur del Departamento de Bolívar, en el occidente antioqueño y chocoano; en el la región occidental; el Arauca y el Catatumbo, el cuadro de afectación a los derechos humanos es dramático.

Hoy se está en una situación de desplazamientos y enfrentamientos armados, superior al previo escenario del proceso de terminación del conflicto armado con las antiguas insurgencias de las FARC-EP- que en modo alguno puede calificarse como un “proceso de paz”.

La permanencia narco paramilitar

La oligarquía militarista vende la idea que existe un “nuevo” paramilitarismo. Falso. Es el mismo paramilitarismo, develado, denunciado y condenado, el que actualmente funciona en Colombia. Siempre como recurso, imposible de prescindir, del ejército made in Usa, que opera en territorio colombiano. En la medida en que persiste el conflicto armado interno en Colombia, el para militarismo continua con soporte institucional, de terceros empresarios y vehículo del lavado de activos, tal cual es su naturaleza: un instrumento contra insurgente de dominación, control y miseria contra el pueblo colombiano.

El resultado de la no implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, y la hechura en trizas de su contenido documentario, ha cumplido el interés de la derecha militarista: la intensificación del conflicto interno armado. Logrado que, en vez de unas FARC, existan “tres en una”. El fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN); tanto por su inclaudicable consecuencia política, en una desgastante permanencia de sus negociadores plenipotenciarios en Cuba; como la no suplencia de la lucha armada en Colombia. Ello implica reiterar su vigencia, trayendo consigo el caracterizar como fuerza insurgente, a los antiguos reductos del Ejército Popular de Liberación (E.P.L), conforme a su sello de vocación de poder popular e insistencia de una salida política negociada al conflicto interno armado colombiano. De igual manera y así sea de soslayo, adelantar, que consecuencia a la no solución a los reclamos populares en la calle y el tratamiento contra insurgente dado a la protesta social en Colombia, ha traído, ello consigo, la inevitable irrupción de la guerrilla urbana en Colombia.

La opinión pública internacional ha asimilado esta constante de situación en Colombia. Comprendido que la llamada guerra contra los drogas, continúa siendo un instrumento imperial de domino geopolítico. Que la lucha contra el narcotráfico ha redundado en la instalación y perfil de un Narco Estado en Colombia; precisamente porque el negocio consiste en que el narcotráfico no se extinga y variantes como la legalización de la marihuana, se imponga.

Así le llamen eufemísticamente “cannabis” y su uso medicinal; está demostrado que solo la legalización universal de las drogas narcóticas es lo procedente y la sola legalización en un solo país, no ha traído solución definitiva al problema, de por si capitalista, como lo es el narcotráfico y su incidencia económica mundial.

Propio para el programa de matarife

La Confesión explícita del ex presidente innombrable, en el año de 2.006, en una entrevista en la W Radio, sobre la desmedida y concebida retórica presidencial, buscando desdibujar su activo papel paramilitar desde su paso por la Gobernación de Antioquia; el señalamiento en el número 82 como entre los 100 narcotraficantes buscados por la DEA; su confesión en esa entrevista difundida, de haber actuado armado, enmascarando o encubriendo actuación directa suya en operativo contra insurgente, de la fuerza pública contra un grupo de supuestos guerrilleros, que amenazaban la sagrada propiedad de sus tierras Ubérrimas, en Córdoba. Así aludido, trajo consigo, conforme a su relato, un golpe al Ejército Popular de Liberación (E.P.L), veinte años atrás; o sea hacia 1.986 y que, conforme a juristas populares, procede la acusación penal en su contra.

Esto, sumado a la distracción por las grandes contradicciones que generan sus acciones en las alturas del poder; ocultar el desgaste político que le ha representado su errada y asnal actitud frente al reclamo nacional de las Madres de Soacha y de reclamos de desaparecidos durante sus dos periodos de gobierno; perpetuando la dictadura civil de Terrorismo de Estado en Colombia; serían estos algunos del largo enunciado de situaciones que la desmedida escena de un ex presidente, fuera de sus cabales, denota.

Esa confesión paramilitar del innombrable y el mutismo del generalato de la época, se registró para entonces, en la entrevista a a él hecha, que publicaron los medios de alienación masiva (M.A.M). Demuestran su concepción paramilitar y de “justicia” por su propia mano. Relata como hace más de 20 años, con pistola en mano, participó en un operativo de la Fuerza pública (Policía y D.A.S) y se enfrentó a un grupo o cuadrilla de supuestos integrantes del Ejército Popular de Liberación (E.P.L.); obteniendo como resultado ocho bajas de los subversivos. Todo sucedió en predios de su Hacienda ganadera La Ubérrima en el Departamento de Córdoba, donde aún hoy afirman los uribeños: “todos somos paramilitares”.

(En Semana, Texto completo de la entrevista del presidente Uribe en la W Radio

3/12/2006): Dice: “Yo he tenido que enfrentar muchas situaciones de intento de secuestro a mí, a mi familia. Recuerdo que una vez casi me secuestran en el Ubérrimo, el EPL. Todo terminó porque yo mismo me armé, con una pistola, una escopeta y fui con la gente del DAS y de la Policía a enfrentar esos tipos, capturaron 8, ahí mismo fui donde los jueces de la República y les dije: espero que los traten con todo el respeto a los Derechos Humanos. Por ahí debe estar eso en los expedientes, como ha habido tanta leyenda de la oposición –me gustan estas entrevistas para poder enfrentar eso- y los tuvieron en la cárcel. Vino la amnistía al EPL, los soltaron y lo primero que hicieron fue que llegaron a la finca y se robaron 178 novillos”.

De manera que lo presento como propio para investigador, cuál fue la verdad sobre esa acción justiciera. Y lo traigo a colación, por encajar como anillo al dedo, a la vituperable practica de la “gente de bien” con camisas blancas, dispuestas a continuar actuando como sujetos de contra insurgencia en las ciudades.