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Etiqueta: narcotráfico

La disputa por el Estado: narcotráfico, poder y democracia en Costa Rica

“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”
Lord Acton (1834-1902)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UNED y UCR
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

El asesinato de Camilo Rodríguez Chaverri no debería interpretarse solamente como un episodio de violencia criminal ni como una agresión contra la libertad de prensa. Su significado es más profundo: una señal de los cambios en las relaciones entre criminalidad, poder económico, política e instituciones democráticas.

La muerte del periodista, el pasado 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, obliga al país a mirar más allá de las circunstancias inmediatas del crimen.

Rodríguez había denunciado presuntas actividades del narcotráfico, corrupción y relaciones entre estructuras criminales y personas vinculadas al poder.

También había manifestado que recibía amenazas. La investigación judicial deberá determinar si esas denuncias guardan relación con el asesinato.

¿Qué significa que un comunicador que denunciaba esas relaciones sea asesinado? La respuesta trasciende el esclarecimiento de un homicidio: concierne a las bases de nuestra democracia.

El narcotráfico: de actividad criminal a estructura de poder

Las grandes organizaciones del narcotráfico no se limitan al comercio ilegal de drogas. Necesitan redes para movilizar recursos, ocultar capitales, asegurar operaciones y reducir los riesgos de intervención estatal.

Su expansión depende de la violencia y de sus relaciones con actores económicos, políticos e institucionales. El dinero ilícito puede penetrar circuitos legales y generar dependencias e influencia.

Cuando estas relaciones alcanzan determinados niveles, el problema deja de ser exclusivamente policial y se convierte en un problema de soberanía nacional.

El Estado pierde autoridad cuando actores respaldados por recursos ilícitos e intimidación consiguen condicionar decisiones o neutralizar a quienes amenazan sus intereses.

La pregunta fundamental aquí es determinar cuánto poder económico, político y social ha acumulado el narcotráfico.

La violencia como mecanismo de control social

El asesinato plantea otra preocupación: la utilización de la violencia para amedrentar a quienes investigan o denuncian determinados intereses.

La muerte de un comunicador intenta intimidar a periodistas, investigadores, funcionarios y ciudadanos; inducir autocensura y excluir asuntos de interés público del debate.

Basta con que denunciar determinados intereses parezca peligroso para debilitar la libertad de expresión y el derecho ciudadano a fiscalizar el poder.

Dinero, política y criminalidad

El crimen organizado no necesariamente pretende sustituir al Estado mediante una confrontación directa. Puede resultarle más conveniente establecer relaciones de influencia, complicidad o dependencia con determinados sectores.

La corrupción facilita esa penetración. Cuando recursos ilícitos ingresan en actividades legales y ciertos intereses encuentran protección o tolerancia institucional, surge un escenario de vulnerabilidad democrática.

No se afirma que el Estado haya sido capturado ni se atribuyen responsabilidades sin pruebas. Sin embargo, hay que reconocer que la penetración institucional es uno de los mayores riesgos del crimen organizado.

Nuestro país no está condenado a repetir experiencias ajenas, pero tampoco es inmune.

El deterioro de un patrimonio democrático

Durante décadas, Costa Rica construyó una identidad política sustentada en la abolición del ejército, la continuidad de sus instituciones civiles, la educación pública y el reconocimiento de las libertades fundamentales.

Aquella tradición no significó ausencia de corrupción o desigualdad, pero la expansión del narcotráfico representa un cambio sustancial en las condiciones de seguridad y convivencia.

Aquí hay un antecedente que merece recordarse. El periodista Parmenio Medina Pérez fue asesinado en julio de 2001. Su trabajo incluía igualmente denuncias sobre irregularidades y corrupción.

En este contexto, el asesinato de Rodríguez devuelve una pregunta vigente: ¿qué garantías existen para quienes investigan intereses poderosos que operan al margen de la ley?

La coincidencia merece atención, aunque no exista aún una relación demostrada entre ambos crímenes.

La responsabilidad del Estado y de la sociedad

La fortaleza de un Estado se mide por su capacidad para hacer cumplir las leyes e impedir que grupos económicos, políticos o criminales estén por encima de las instituciones.

Teniendo lo anterior como marco de referencia, la respuesta debe ir ahora más allá de identificar a los autores materiales: investigar las finanzas del narcotráfico, prevenir el lavado de dinero, fortalecer la independencia judicial, proteger a denunciantes y periodistas e investigar posibles conexiones criminales con personas en posiciones de poder.

El crimen organizado encuentra condiciones favorables donde se tolera la corrupción y el enriquecimiento inexplicable, y donde las relaciones entre dinero y política se consideran inevitables. La democracia se deteriora al normalizar la impunidad y el abuso de poder.

Una advertencia que nuestro país no debería ignorar

El asesinato no demuestra que el narcotráfico controle las instituciones ni que una organización criminal lo ordenara por sus denuncias. Eso deberá establecerlo la investigación judicial.

Sin embargo, obliga a examinar los riesgos de que las estructuras criminales acumulen recursos e influencia económica y política.

El país necesita con urgencia (“¡para ayer!”) una estrategia nacional que combata las finanzas del narcotráfico, investigue conexiones políticas y empresariales, fortalezca la justicia y proteja a quienes denuncian.

Hay que reconocer que la democracia no desaparece necesariamente de un día para otro. Puede deteriorarse mientras las elecciones continúan y las libertades permanecen formalmente reconocidas.

Defenderla exige impedir que poderes económicos y criminales decidan quién puede hablar, qué puede investigarse y cuáles intereses deben permanecer protegidos.

El problema más grave no es solamente que el narcotráfico penetre las estructuras del Estado. Sería que lleguemos a acostumbrarnos a vivir en una sociedad donde esa nefasta penetración se considere inevitable.

Costa Rica: de la «guerra contra las drogas» a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte IV (TIC, inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado)

Gobernanza, sostenibilidad y los límites de la IA

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA administrador de empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Principios del modelo CR-IA 2035

El modelo nacional se sustenta firmemente sobre diez principios rectores e institucionales que guían su implementación de manera transversal:

  • Legalidad: Sometimiento absoluto a la Constitución Política y al ordenamiento jurídico vigente.
  • Protección de derechos fundamentales: Blindaje de las garantías individuales y la privacidad ciudadana.
  • Evidencia: Diseño de políticas basadas en datos empíricos verificables y no en percepciones políticas.
  • Interoperabilidad: Capacidad técnica de intercambio seguro y fluido de información entre entidades.
  • Prevención: Priorización de intervenciones tempranas sobre las causas estructurales antes de la reacción.
  • Coordinación institucional: Trabajo articulado en red superando los compartimentos estancos de la burocracia.
  • Inteligencia financiera: Persecución sistemática del flujo económico como motor del delito.
  • Innovación tecnológica: Incorporación responsable de herramientas avanzadas de ciencia de datos y TIC.
  • Evaluación permanente: Medición científica de resultados mediante indicadores rigurosos de impacto.
  • Supervisión humana: Control, gobernanza y responsabilidad humana ineludible sobre todo sistema automatizado.

Resultados esperados

Si el modelo propuesto se implementa de manera progresiva y gradual conforme a la hoja de ruta establecida, los resultados estratégicos esperados para el Estado costarricense abarcarían:

  • Una optimización sustancial en la utilización de la información pública disponible.
  • Un fortalecimiento real de la coordinación interinstitucional en todos los niveles operativos.
  • La capacidad de detección temprana de riesgos, anomalías logísticas y amenazas de seguridad emergentes.
  • Un robustecimiento de las investigaciones financieras y la tasa de recuperación de activos ilícitos.
  • Una mejor focalización territorial y distribución eficiente de los recursos públicos de prevención social.
  • El establecimiento de procesos sistemáticos de auditoría y evaluación científica de las políticas de seguridad.
  • El incremento de las capacidades preventivas estatales y el blindaje de la ciberseguridad nacional.
  • La generación de conocimiento científico nacional y transferencia tecnológica mediante el sistema universitario.
  • Un aprovechamiento ético, eficiente y responsable de las ventajas que ofrece la inteligencia artificial.

Estos resultados esperados en ninguna circunstancia deben entenderse como promesas o garantías automáticas. La tecnología y los algoritmos no eliminan el crimen organizado por sí mismos; lo que realizan es potenciar las capacidades analíticas e institucionales del Estado para comprender el fenómeno y responder a él de forma estratégica y eficiente.

Discusión

La principal innovación conceptual que plantea esta propuesta consiste en modificar de raíz la unidad de análisis de la política pública de seguridad. La pregunta tradicional y lineal que ha guiado las estrategias estatales ha sido de carácter reactivo: ¿Cómo capturamos al criminal aislado? Por el contrario, la pregunta sistémica y contemporánea que introduce este modelo plantea un giro estratégico: ¿Cómo funciona el ecosistema complejo que permite que el crimen organizado continúe reproduciéndose de forma constante?

Ambas preguntas representan interrogantes legítimas dentro del diseño de una política criminal, pero la segunda opción cuenta con la ventaja estratégica de permitir al Estado intervenir simultáneamente sobre un número significativamente mayor de variables críticas.

Una organización criminal puede perder integrantes mediante detenciones y reemplazarlos en poco tiempo; puede sufrir la pérdida de un cargamento o ruta y absorber el evento como un simple costo operativo reemplazable, y puede experimentar el desplazamiento o fragmentación de sus liderazgos locales.

Sin embargo, si el aparato estatal logra afectar de forma simultánea, coordinada y basada en datos las condiciones económicas, financieras, logísticas, territoriales, institucionales y sociales que sostienen el negocio clandestino, aumenta exponencialmente su capacidad soberana para desmantelar la estructura y reducir la capacidad de reproducción del fenómeno sistémico.

Una nueva métrica de éxito multidimensional

El éxito de una política nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado no puede seguir dependiendo de un indicador único, aislado o de carácter mediático. El modelo CR-IA 2035 propone trasladar y evaluar la efectividad estatal a través de cinco dimensiones de forma simultánea, integrada y complementaria:

  • Dimensión de seguridad ciudadana: Medición de la reducción real y verificable de los índices de homicidios, sicariato, lesiones y extorsiones, controlando de manera científica las fluctuaciones y picos de violencia que suelen ocurrir en los territorios tras la remoción o extradición de líderes criminales.
  • Dimensión de economía criminal: Evaluación del volumen total de flujos financieros ilícitos detectados, cantidad de cuentas bancarias inmovilizadas, desarticulación de empresas fachada y porcentaje de patrimonio delictivo recuperado formalmente por el Estado.
  • Dimensión de estabilidad territorial: Medición de la disminución de los factores de vulnerabilidad social, incremento de la permanencia educativa de los jóvenes en zonas de riesgo y recuperación efectiva de espacios públicos por parte de las comunidades y gobiernos locales.
  • Dimensión social y humana: Evaluación de la cobertura, calidad y efectividad real de los programas preventivos de salud mental, tratamiento de adicciones, oportunidades económicas de reinserción y reducción comprobada de la tasa de reincidencia delictiva.
  • Dimensión de fortalecimiento institucional: Medición del incremento en los niveles de transparencia administrativa, reducción verificable de casos de corrupción interna, optimización de tiempos en procesos de contratación pública y eficiencia en los tiempos de respuesta en materia de asistencia jurídica internacional y procesos de extradición.

La política pública debe analizar y auditar las cinco dimensiones simultáneamente mediante el uso del CR-IA Dashboard para asegurar un equilibrio estratégico permanente.

Conclusión

Costa Rica no se encuentra ante la obligación de elegir entre la aplicación de los mecanismos tradicionales de la justicia y la adopción de innovaciones tecnológicas modernas. Ambas dimensiones no son excluyentes; por el contrario, se complementan y potencian de manera estratégica e indispensable. La fuerza pública, los investigadores judiciales, los fiscales, los tribunales de la República y los tratados internacionales de extradición continuarán siendo piezas fundamentales e insustituibles para el sostenimiento del orden democrático. Sin embargo, la efectividad real de todo este aparato institucional se multiplica cuando sus acciones son guiadas por un Estado inteligente capaz de integrar sus bases de datos, procesarlas éticamente mediante modelos de inteligencia artificial y evaluar con rigor científico los resultados obtenidos.

La transformación propuesta se resume en un principio estratégico de control: no se trata de administrar a las organizaciones criminales o carteles, sino de administrar de forma inteligente las condiciones económicas, financieras, logísticas, territoriales y sociales que hacen posible su existencia. Eso significa administrar técnicamente la información, los mercados, la violencia, el dinero, el territorio, la demanda, la logística, los riesgos de corrupción y los resultados medibles del Estado.

La inteligencia artificial no constituye una solución mágica o definitiva frente al narcotráfico; representa una herramienta tecnológica de análisis aumentado. La solución real y de largo plazo continuará dependiendo de la fortaleza de instituciones capaces, la coordinación interinstitucional en red, la inteligencia humana, la investigación profesional, la justicia garantista, el control financiero estricto y el despliegue de políticas sociales eficaces e inclusivas.

Costa Rica ya posee los cimientos y gran parte de las instituciones y políticas públicas necesarias. El ICD cuenta con un nuevo horizonte estratégico nacional trazado en su Plan 2026-2035 en materia de drogas y legitimación de capitales, mientras que el MICITT dispone de las líneas de acción para el desarrollo responsable de la IA. El desafío crítico del presente consiste en conectar de forma operativa esas capacidades para que la información se transforme en inteligencia, la inteligencia guíe la intervención de precisión y los resultados alimenten las nuevas decisiones públicas.

El propósito final del modelo CR-IA 2035 no es edificar un aparato para incrementar la vigilancia invasiva sobre los ciudadanos, sino construir un Estado que comprenda mejor las amenazas que acechan a su población. No se trata de sustituir el juicio humano por algoritmos automatizados, sino de dotar a las personas responsables de proteger a la sociedad de las herramientas necesarias para tomar decisiones estratégicas mejor informadas. No se trata simplemente de ganar una batalla aislada contra una banda específica, sino de heredar al país una capacidad institucional permanente para que, cuando el escenario criminal mute o se adapte, el Estado ya se encuentre técnicamente preparado para comprenderlo, anticiparlo y desactivarlo en defensa de su paz democrática.

Epílogo

La verdadera transformación histórica de la seguridad pública no ocurre cuando una institución adquiere de forma aislada una nueva herramienta tecnológica. Ocurre cuando se modifica de raíz la manera en la que el Estado utiliza y gestiona el conocimiento para la toma de decisiones públicas. Costa Rica se encuentra ante la oportunidad histórica de transitar de una política criminal predominantemente reactiva hacia un modelo de gestión inteligente capaz de observar el fenómeno, comprender sus lógicas sistémicas, anticipar riesgos específicos, intervenir con precisión y evaluar de forma rigurosa sus propios resultados.

La diferencia operativa puede parecer sutil, pero sus implicaciones estratégicas son profundas. Un Estado inteligente que aprende sistemáticamente de cada una de sus intervenciones territoriales y financieras deja de comenzar desde cero ante cada crisis. Cada decomiso aduanero, cada investigación judicial, cada operación financiera sospechosa, cada homicidio violento, cada territorio vulnerable intervenido y cada programa de prevención social implementado genera datos analíticos de gran valor. La cuestión decisiva para la soberanía del país radica en qué hace el Estado con esa información:

  • Si los datos permanecen archivados y separados en burocracias aisladas, únicamente tenemos información estática.
  • Si los datos se integran de forma interoperable y se analizan con rigor científico, obtenemos conocimiento dinámico.
  • Si ese conocimiento se transforma en metodologías aplicables a la toma de decisiones estratégicas, generamos inteligencia operativa.
  • Y si esa inteligencia se despliega con estricto apego a la ley, respeto absoluto a los derechos humanos, transparencia pública y evaluación científica constante, podemos comenzar a hablar formalmente de un Estado inteligente.

Ese es el verdadero e ineludible desafío estructural que enfrenta la República de Costa Rica frente al fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado transnacional del siglo XXI.

Bibliografía y fuentes institucionales

  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva 2026-2035.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Información institucional y funciones establecidas en el marco de la Ley N.º 8204.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Cumplimiento y estructura del Plan Nacional sobre Drogas.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Normativa nacional sobre recuperación, incautación y comiso de activos ilícitos.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, actualización correspondiente al año 2026.
  • Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Costa Rica 2024-2027: políticas, principios y líneas de acción para el uso responsable de la IA.
  • Poder Judicial de la República de Costa Rica. Tratados Internacionales de Extradición, Códigos Procesales y Normativa de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal.

Nota editorial:
Puede leer las partes I, II y III mediante los siguientes enlaces:

Parte I

Parte II

Parte III

Costa Rica: de la “guerra contra las drogas” a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte III (TIC, Inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado)

La arquitectura tecnológica y el blindaje estatal

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Modelo CR-IA 2035: cronograma de implementación

Se propone una implementación gradual y progresiva estructurada en cuatro fases estratégicas orientadas a consolidar la transición hacia un Estado inteligente:

  • Fase I — integración (2026-2027)
    • Elaboración del inventario nacional de datos e identificación de duplicidades institucionales.
    • Establecimiento de estándares nacionales de interoperabilidad y protocolos seguros de intercambio de información.
    • Implementación del marco de ciberseguridad inicial y la política nacional de gobernanza de datos.
    • Adopción del marco ético y principios rectores para el uso responsable de la IA en la administración pública.
    • Homologación de tratados y optimización de expedientes de asistencia jurídica internacional y extradición.
  • Fase II — Inteligencia (2027-2029)
    • Despliegue operativo de plataformas analíticas y sistemas de mapas territoriales dinámicos.
    • Activación de los laboratorios de inteligencia artificial especializados en seguridad pública.
    • Implementación de herramientas avanzadas de análisis de redes criminales y de inteligencia financiera integrada.
    • Integración automatizada de sistemas de análisis de riesgo logístico y alertas operativas entre agencias internacionales.
  • Fase III — anticipación (2029-2032)
    • Activación de modelos de riesgo predictivo bajo estricta supervisión humana.
    • Despliegue de planes de contención social e intervención policial de precisión post-extradición en los territorios identificados con alta vulnerabilidad.
    • Automatización del procesamiento de indicadores del Índice Nacional de Impacto del Crimen Organizado.
    • Integración analítica avanzada entre todas las instituciones que conforman la red nacional de seguridad.
  • Fase IV — Estado inteligente (2032-2035)
    • Consolidación de un ciclo dinámico, sistemático y permanente de gestión pública basado en el flujo de conocimiento:

Detectar⟶Analizar⟶Intervenir⟶Evaluar⟶Aprender

Bajo este esquema consolidado, el Estado costarricense dejaría de considerar la política pública como una secuencia cerrada o un conjunto de programas aislados. Cada intervención produciría información analítica, cada resultado generaría aprendizaje técnico y cada aprendizaje modificaría de forma automatizada e inteligente la siguiente intervención estratégica del Estado.

Presupuesto y financiamiento

La transformación propuesta hacia un modelo inteligente no debe plantearse bajo ninguna circunstancia como una simple expansión inercial del gasto público o un aumento de la burocracia estatal. Debe conceptualizarse como una inversión estratégica en la capacidad soberana del Estado.

La asignación de recursos públicos de la Matriz Presupuestaria de Inversión se organizará en cinco componentes fundamentales: 

Componente

Finalidad e inversión estratégica

Datos e interoperabilidad

Infraestructura tecnológica para la interconexión ágil, interoperable y segura de las bases de datos de las instituciones públicas.

Ciberseguridad estatal

Sistemas avanzados de defensa informática, blindaje de datos sensibles y protección de redes de información de seguridad nacional.

IA y ciencia de datos

Herramientas analíticas avanzadas, software especializado y laboratorios de procesamiento predictivo de los subsistemas criminales.

Formación y alianzas

Financiamiento del Programa Nacional Universitario de Inteligencia y Seguridad Pública para la creación de talento humano especializado.

Evaluación científica

Financiamiento de las auditorías de impacto de las políticas públicas y el desarrollo de los tableros del CR-IA Dashboard.

 

El financiamiento del modelo combinará de forma transparente los recursos presupuestarios existentes en las carteras de seguridad, la cooperación internacional técnica y financiera, fondos específicos destinados por ley a la innovación tecnológica y seguridad nacional, y alianzas estratégicas con la academia pública, sometidos a estrictos mecanismos de control público y rendición de cuentas. Debe prevalecer un principio estratégico fundamental: no comprar tecnología sin construir la capacidad humana institucional para utilizarla.

Indicadores de resultado y el CR-IA dashboard

El modelo de gestión inteligente abandonará definitivamente la dependencia exclusiva de los indicadores tradicionales de actividad u operativos. No basta con contabilizar el volumen físico o el número de acciones (cuántas operaciones policiales se ejecutaron, cuántos agentes se desplegaron o cuántos decomisos aislados ocurrieron). La evaluación del Estado requiere indicadores cualitativos y de impacto que respondan técnicamente a las siguientes variables analíticas:

  • Cuánto disminuyó la violencia y los delitos conexos en los cuadrantes intervenidos.
  • Cuánto volumen de dinero ilícito fue identificado e interceptado de forma temprana.
  • Cuánto patrimonio y activos de origen delictivo fueron recuperados efectivamente por el Estado.
  • Qué territorios específicos mejoraron sus indicadores de vulnerabilidad social y exclusión.
  • Cuánto disminuyó la tasa de reincidencia criminal en las poblaciones atendidas.
  • Qué programas preventivos demostraron efectividad con base en la evidencia.
  • Qué recursos institucionales fueron utilizados y qué resultados específicos produjo cada intervención pública.

Para centralizar, procesar y visibilizar esta información de forma analítica, se propone la creación de un tablero nacional digital de control denominado CR-IA DASHBOARD. Esta plataforma operará con dos niveles técnicos de acceso: una interfaz con indicadores públicos agregados para fomentar la transparencia ciudadana y el análisis académico, y módulos reservados con sistemas de acceso cifrado para uso exclusivo de las autoridades e instituciones judiciales autorizadas por ley.

Matriz de evaluación

Para construir una cultura institucional de aprendizaje permanente y mejora continua, cada política de seguridad implementada en el marco nacional deberá responder de forma obligatoria a cinco preguntas fundamentales de control científico:

  1. ¿Cuál era el problema estructural o la vulnerabilidad identificada?
  2. ¿Qué intervención específica se realizó y bajo qué marco legal?
  3. ¿Qué recursos públicos (humanos, tecnológicos, financieros) se utilizaron?
  4. ¿Qué resultado medible e impacto real se obtuvo sobre el fenómeno?
  5. ¿Qué variables operativas deben modificarse para la siguiente intervención?

Riesgos del modelo

La implementación de una política de alta intensidad tecnológica y analítica conlleva riesgos críticos inherentes que deben ser identificados y mitigados de forma rigurosa desde su origen para evitar distorsiones en el sistema democrático:

  • Falsos positivos: alertas erróneas generadas por los modelos predictivos.
  • Sesgos algorítmicos: modelos entrenados con datos históricos distorsionados que puedan replicar discriminaciones.
  • Filtraciones de información: fugas de datos sensibles de seguridad nacional hacia redes externas.
  • Ataques cibernéticos: sabotajes o intrusiones en la infraestructura crítica del Estado.
  • Vigilancia excesiva o invasiva: riesgo de rebasar los límites de privacidad de la población.
  • Dependencia tecnológica: subordinación del Estado a proveedores o tecnologías extranjeras cerradas.
  • Concentración de información: acumulación desproporcionada de bases de datos en pocas manos burocráticas.
  • Decisiones automatizadas: emisión de sanciones o actos administrativos sin supervisión humana.

Por tales razones, cada sistema informático o algoritmo de IA integrado en el modelo deberá incorporar obligatoriamente auditorías de código, documentación técnica exhaustiva, evaluaciones periódicas de impacto en derechos humanos, supervisión humana constante, mecanismos ágiles de reclamación ciudadana, trazabilidad total de consultas y procesos de revisión técnica periódica.

La IA y los límites del poder estatal

Existe una diferencia conceptual y constitucional fundamental entre utilizar la inteligencia artificial para detectar patrones complejos y utilizarla para tomar decisiones punitivas sobre las personas. La primera constituye una herramienta analítica legítima; la segunda puede vulnerar de forma directa derechos fundamentales y el debido proceso.

Por ello, el modelo establece una frontera ética y constitucional clara e infranqueable: la IA puede recomendar dónde mirar, pero nunca puede decidir a quién condenar.

La inteligencia artificial tiene permitido:

  • Identificar anomalías administrativas, aduaneras y financieras.
  • Encontrar relaciones y reconstruir vínculos ocultos en redes complejas.
  • Priorizar riesgos logísticos y territoriales para guiar recursos.
  • Comparar de forma masiva grandes volúmenes de información dispersa.

La inteligencia artificial tiene estrictamente prohibido:

  • Declarar la culpabilidad jurídica de un ciudadano.
  • Sustituir el proceso de investigación policial o judicial humana.
  • Sustituir la función jurisdiccional y el criterio del juez de la República.
  • Producir o emitir de forma automatizada sanciones administrativas o penales.

Seguridad como concepto integral multidimensional

El concepto tradicional y lineal de seguridad nacional enfocado exclusivamente en el control policial clásico resulta insuficiente en el siglo XXI. La seguridad contemporánea debe entenderse como un entramado sistémico y multidimensional que comprende e integra de forma interactiva las siguientes dimensiones críticas:

  • Seguridad física: Protección directa de la vida e integridad de los ciudadanos ante la violencia criminal.
  • Seguridad financiera: Blindaje del sistema económico formal ante los flujos de legitimación de capitales.
  • Seguridad digital y ciberseguridad: Protección de las redes informáticas, infraestructuras y datos del Estado.
  • Seguridad territorial: Recuperación integral de los espacios geográficos y exclusión social en las comunidades.
  • Seguridad sanitaria: Enfoque de salud pública para la prevención, tratamiento y reducción del daño por consumo.
  • Seguridad institucional: Protección de los procesos administrativos públicos frente a los riesgos de corrupción.
  • Seguridad informacional: Garantía de la veracidad, custodia, calidad y trazabilidad de los datos públicos.

Dado que el crimen organizado tiene la capacidad de atacar simultáneamente cualquiera de estas dimensiones, la respuesta estratégica del Estado costarricense debe ser igualmente multidimensional e integrada en red.

Costa Rica como Estado inteligente

Un Estado inteligente no es simplemente un Estado digitalizado. Digitalizar las instituciones públicas sin modificar de raíz la estructura y la metodología con la que se toman las decisiones estratégicas únicamente produce un incremento de la burocracia digital.

La verdadera transformación conceptual consiste en utilizar la información para mejorar la calidad y precisión de las decisiones públicas. Un Estado inteligente se define como aquel aparato institucional que cuenta con la capacidad real de transitar de manera científica por un ciclo permanente de aprendizaje estatal:

  • Observar⟶Comprender⟶Decidir⟶Intervenir⟶Medir⟶Aprender

Costa Rica cuenta con ventajas particulares para liderar este modelo: estabilidad democrática, un sistema universitario de excelencia, conectividad digital, experiencia en políticas sobre drogas y una estrategia nacional de IA en desarrollo. El reto actual consiste en conectar de forma responsable esas capacidades dispersas para transformar los datos aislados en conocimiento estratégico aplicable al desarrollo nacional.

Continuará…

Costa Rica: de la «guerra contra las drogas» a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte II: TIC, inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado

El modelo CR-IA 2035 y las condiciones del mercado

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
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El modelo CR-IA 2035: seis pilares de gestión inteligente

  • Primer pilar: Administrar el mercado, no al cartel
    El mercado ilícito posee una dimensión económica y opera bajo dinámicas de oferta, demanda, precios, rutas, intermediarios, almacenamiento, logística y mecanismos para administrar el riesgo. El Estado debe analizar estas variables: comportamiento de precios, cambios en rutas, tipos de sustancias, patrones territoriales y de distribución, cambios en consumidores, movimientos logísticos, modalidades de distribución y aparición de nuevas sustancias o desplazamiento geográfico. El objetivo no es administrar a las organizaciones criminales, sino administrar la información sobre el mercado para neutralizar e intervenir sobre sus condiciones de funcionamiento.

Aplicación Tecnológica: Creación del Observatorio Nacional Inteligente de Mercados Ilícitos. Este sistema e instrumento interinstitucional integrará información estadística, territorial, financiera, sanitaria y policial proveniente de las instituciones competentes. La IA procesará estos datos para ayudar a identificar de forma automatizada cambios anómalos, mutaciones en el consumo, patrones emergentes y nuevas rutas de tráfico internacional.

  • Segundo pilar: Administrar la violencia

La prioridad fundamental de la política criminal debe ser proteger la vida. La violencia no debería analizarse únicamente después de que ocurre; puede estudiarse como fenómeno espacial y temporal acelerado por variables externas como las capturas de líderes o procesos de extradición. El Estado debe identificar y atacar particularmente las estructuras vinculadas con homicidios, sicariato, lesiones, amenazas, desapariciones, denuncias, extorsión, secuestro, tráfico de armas, trata de personas, corrupción, reclutamiento de menores y control territorial violento, integrando además variables socioeconómicas.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Geográfica de la Violencia. El sistema integrará toda esta información y permitirá construir mapas dinámicos de riesgo e identificar concentración de eventos y cambios de comportamiento. No se trataría simplemente de colocar más policías en determinados lugares; la información permitiría decidir qué combinación exacta y específica de prevención, policía, investigación, servicios sociales, educación, salud, infraestructura e intervención municipal puede ser necesaria en cada territorio o cuadrante afectado por disputas de poder criminal.

  • Tercer pilar: Administrar el dinero
    El poder criminal depende de su capacidad económica, pues una organización necesita dinero para sobrevivir e introducir sus activos en la economía formal. Por eso, perseguir y seguir el dinero de manera sistemática es tan vital e importante como interceptar los cargamentos de drogas. La pregunta ya no es únicamente cuántas personas se detuvieron, sino cuánto poder económico criminal fue desmantelado. Costa Rica ya dispone de estructuras institucionales de inteligencia financiera y recuperación de activos, contemplando el marco nacional la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir la legitimación de capitales. El desafío consiste en aprovechar mejor la integración de la información.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Financiera Integrada. Bajo las competencias y autorizaciones legales correspondientes, conectaría e integraría información financiera, sociedades, propiedades, comercio, aduanas, tributación, movimientos patrimoniales, adquisiciones, operaciones sospechosas e información internacional, rastreando conexiones entre personas y sociedades. La IA se programaría para detectar transacciones atípicas, estructuras patrimoniales incongruentes, redes societarias, relaciones económicas ocultas y patrones de operaciones, priorizando los análisis. La regla estratégica dictamina: no limitarse a decomisar la mercancía ni a extraditar al líder; desmantelar la red financiera que hace posible el negocio y sostiene la estructura.

  • Cuarto pilar: Administrar el territorio


El territorio es una variable fundamental. El crimen organizado requiere de espacios geográficos vulnerables para operar, almacenar, distribuir, reclutar, esconder activos, movilizar mercancías y generar mecanismos informales de control o establecer redes. Cuando el Estado está ausente, otros actores llenan ese vacío; por eso, recuperar el territorio significa aumentar la presencia integral del Estado y no solo la policial.

Aplicación Tecnológica: Mapa Nacional de Vulnerabilidad Territorial. Este instrumento combinará capas de datos e indicadores de pobreza, desempleo, deserción escolar y educativa, violencia, presencia criminal, infraestructura, conectividad, rutas logísticas, actividad económica, acceso a servicios públicos y población juvenil. La IA identificará los territorios de coincidencia multifactorial de riesgo, permitiendo pasar de una lógica de intervención uniforme a una lógica territorial diferenciada y preventiva de alta precisión geográfica, actuando sobre las condiciones antes de que aparezca la violencia.

  • Quinto pilar: Administrar la demanda y el daño social
    Una estrategia nacional inteligente no puede concentrarse exclusivamente en la oferta; también debe estudiar y diferenciar el consumo problemático del crimen organizado, pues confundirlos lleva a políticas ineficientes. Esto implica fortalecer científicamente las áreas de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, reinserción, salud mental, programas juveniles y oportunidades económicas para poblaciones en riesgo. La política pública nacional ya contempla estas dimensiones junto con las acciones de seguridad.

Aplicación Tecnológica: Las TIC y la IA contribuirán mediante modelos de identificación temprana de riesgos sociales en jóvenes, orientación de recursos, evaluación de tratamientos y medición de reincidencia, resguardando la privacidad y evitando rigurosamente estigmatizar comunidades o individuos vulnerables. El objetivo es reducir el daño humano e institucional y disminuir los incentivos económicos que sostienen el mercado criminal.

  • Sexto pilar: Administrar los resultados

Una política pública sin evaluación científica constante puede convertirse en una sucesión de acciones aisladas sin aprendizaje institucional. No basta con contabilizar indicadores de actividad u operativos tradicionales (cuántas operaciones se hicieron, cuántos agentes participaron, cuántos decomisos, allanamientos o detenidos ocurrieron). Debe conocerse el impacto real en el poder criminal.

Aplicación tecnológica: Creación del Índice Nacional de Impacto del Crimen Organizado. El índice medirá y cruzará periódicamente variables estructuradas en un tablero nacional. El objetivo no es producir un número de carácter político, sino construir una herramienta técnica de mejora continua para saber qué funciona, dónde funciona y bajo qué condiciones.

La inteligencia artificial como componente transversal

Costa Rica ya dispone de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027 orientada a promover el uso y desarrollo de IA de manera ética, segura y responsable. La propuesta consiste en conectar las agendas y extender esas capacidades analíticas al campo de la seguridad pública a través de una infraestructura tecnológica común denominada Sistema Nacional de Inteligencia Pública contra el Crimen Organizado.

Este sistema debería integrar, conforme a las competencias legales correspondientes, información de: ICD, OIJ, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública, Hacienda, Aduanas, autoridades financieras, Migración, sistema penitenciario, salud, educación y gobiernos locales. Su finalidad es convertir los datos dispersos en información, inteligencia, decisión, evaluación y aprendizaje.

La IA podría utilizarse de manera transversal para:

  • Detección de anomalías: Identificar comportamientos administrativos, logísticos o de seguridad que se aparten significativamente de patrones conocidos.
  • Análisis de redes complejas: Reconstruir vínculos y relaciones ocultas entre personas, empresas, sociedades mercantiles, cuentas bancarias, propiedades y operaciones vinculadas a objetivos con órdenes de extradición o investigación.
  • Inteligencia geográfica: Monitorear, identificar concentraciones territoriales y proyectar el desplazamiento del delito en el mapa nacional.
  • Inteligencia financiera: Detectar relaciones económicas complejas difíciles de observar mediante análisis manual.
  • Análisis documental masivo: Procesar automáticamente grandes volúmenes de expedientes judiciales, aduaneros e información administrativa.
  • Evaluación de intervenciones: Comparar con rigor científico los resultados e indicadores antes y después de determinadas operaciones policiales, programas o extradiciones de alto impacto.

La regla de oro constitucional: Una predicción algorítmica o un patrón de riesgo identificado por IA nunca constituye una acusación ni determina por sí misma la culpabilidad jurídica. La IA genera alertas y señales de priorización, pero la investigación corresponde exclusivamente a las autoridades policiales, la acusación al Ministerio Público y la decisión judicial a los jueces de la República dentro de sus competencias legales. El Estado de derecho permanece siempre por encima del algoritmo, el cual es una herramienta de apoyo y nunca un sustituto de la responsabilidad humana.

Puertos, fronteras y logística inteligente

Dada la posición geoestratégica y la intensa actividad logística de Costa Rica, resulta fundamental fortalecer las capacidades de análisis de riesgo en puertos, fronteras, aeropuertos y cadenas de comercio internacional.

Pretender revisar físicamente el 100% de la carga comercial es inviable institucional y operativamente. Por ello, se propone utilizar modelos de IA aplicados a la gestión de riesgo logístico para determinar de forma inteligente qué contenedores o embarcaciones ameritan inspección física prioritaria por parte de las autoridades competentes.

Conforme a las competencias legales, el sistema de riesgo considerará variables integradas como:

  • Rutas y desplazamiento geográfico;
  • Historial operativo del transportista o empresa;
  • Inconsistencias documentales;
  • Características específicas de la carga;
  • Relaciones empresariales y flujos financieros corporativos;
  • Patrones logísticos habituales;
  • Comportamiento anómalo en aduanas.

La inspección física continuaría siendo una función estrictamente institucional, pero la inteligencia artificial ayudará a priorizar los recursos para consolidar una frontera más inteligente guiada por mejor información.

La batalla contra la legitimación de capitales

El crimen organizado necesita convertir ingresos ilícitos en recursos utilizables y poder económico aparentemente legítimo dentro de la economía formal. Por ello, combatir el lavado de dinero constituye una intervención directa sobre el corazón económico del fenómeno y debe considerarse una política central de seguridad.

Costa Rica cuenta con mecanismos de inteligencia financiera, recuperación de activos y coordinación institucional, pero el siguiente paso estratégico debe consistir en aumentar la capacidad analítica conectando de forma interactiva: inteligencia financiera + investigación criminal + recuperación de activos + justicia.

La pregunta de investigación ya no debe ser únicamente qué dinero sospechoso encontramos, sino qué red y estructura económica explica ese dinero. Esto cambia el enfoque analítico de una transacción individual hacia el rastreo de una red corporativa compleja, impidiendo que las ganancias criminales se transformen en propiedades, empresas, vehículos, inversiones, negocios o capacidad logística y política. El principio es claro: no basta con quitarle la mercancía al crimen organizado, hay que quitarle la capacidad económica de reproducirse.

Corrupción: el punto de entrada del crimen al Estado

Existe un riesgo aún mayor que la existencia de una organización criminal: su infiltración institucional en las estructuras del Estado. Para penetrar el aparato público, el crimen organizado necesita oportunidades, y la corrupción es el método idóneo para producir información privilegiada, protección, contratación irregular, facilitación logística, acceso a instalaciones, sobornos, tráfico de influencias, empresas fachadas o manipulación administrativa.

Las herramientas de análisis de datos y ciencia de datos actúan como mecanismos de control interno al identificar de forma automatizada anomalías administrativas o financieras complejas. Por ejemplo:

  • Contrataciones públicas repetitivas con los mismos proveedores o empresas relacionadas;
  • Cambios patrimoniales injustificados o inusuales en funcionarios públicos;
  • Concentración inusual o sospechosa de decisiones administrativas;
  • Relaciones empresariales ocultas entre adjudicatarios y tomadores de decisión.

Nuevamente impera el principio garantista: una anomalía detectada tecnológicamente no demuestra corrupción ni culpabilidad. Genera una alerta o señal automatizada que debe ser investigada con controles legales y humanos de acuerdo con el debido proceso establecido por la ley. La tecnología no elimina la corrupción por sí misma, pero hace más difícil esconder sus patrones.

Nueva arquitectura institucional

La propuesta central no requiere necesariamente crear una enorme macro burocracia o una gran cantidad de nuevas instituciones administrativas. Requiere conectar, coordinar y optimizar de mejor manera las capacidades técnicas y bases de datos existentes en el país, respetando las atribuciones legales de cada entidad. Dado que el ICD posee por ley las funciones de coordinación y diseño de políticas nacionales sobre drogas y legitimación de capitales, se propone articular y fortalecer esta estructura mediante la conformación de un:

Centro Nacional de Inteligencia contra el Crimen Organizado

Este núcleo técnico trabajaría de forma coordinada con las instituciones competentes y contaría con cinco áreas especializadas de análisis:

  • Inteligencia criminal: Monitoreo analítico de las redes delictivas.
  • Inteligencia financiera: Seguimiento analítico a flujos de capitales y activos sospechosos.
  • Inteligencia territorial: Análisis de vulnerabilidades y riesgos geográficos.
  • Inteligencia tecnológica: Soporte analítico y administración de modelos de ciencia de datos e IA.
  • Evaluación de políticas públicas: Auditoría y medición científica del impacto de las intervenciones del Estado.

Su función principal y exclusiva sería convertir los datos dispersos de las agencias en conocimiento técnico y útil, produciendo inteligencia estratégica para apoyar la toma de decisiones institucionales sin sustituir las competencias de los cuerpos operativos.

Observatorio nacional del crimen organizado

Como componente técnico de apoyo al Centro Nacional, funcionaría un observatorio permanente encargado de recopilar datos agregados y publicar análisis e indicadores periódicos con rigor científico. Sus productos de difusión técnico-institucional incluirían:

  • Informes trimestrales sobre la evolución del fenómeno delictivo;
  • Mapas territoriales dinámicos de criminalidad y vulnerabilidad;
  • Tendencias de mercados ilícitos y escenarios de riesgo;
  • Análisis financieros agregados sobre tipologías de lavado;
  • Indicadores específicos de variaciones de violencia;
  • Evaluación del impacto de programas de prevención y persecución penal.

Esta estructura fortalecería la transparencia pública del Estado y permitiría que las universidades y centros de investigación independientes colaboren activamente con el análisis del fenómeno sistémico.

Universidades y conocimiento

La lucha contra el crimen organizado debe convertirse también en una política pública basada en el conocimiento y capacidades científicas del país. Costa Rica tiene una ventaja institucional de gran valor: su sistema universitario público. Las universidades nacionales pueden aportar capacidades académicas de alto nivel en disciplinas clave como:

  • Ingeniería, informática e inteligencia artificial;
  • Estadística y ciencia de datos;
  • Criminología, derecho, sociología y geografía;
  • Economía y finanzas;
  • Salud pública y ciberseguridad.

Se propone desarrollar e institucionalizar el Programa Nacional Universitario de Inteligencia y Seguridad Pública. Este programa financiaría investigaciones aplicadas sobre modelos de IA, prevención social y economía criminal, formando profesionales especializados capaces de laborar éticamente en la intersección de la tecnología, la seguridad ciudadana y la política pública, asegurando que Costa Rica desarrolle soluciones propias e independientes.

Gobernanza de datos

No existe inteligencia artificial confiable ni útil sin datos que cuenten con calidad y consistencia. Por ello, resulta indispensable que Costa Rica establezca estándares y lineamientos nacionales estrictos para la gestión institucional de la información. La gobernanza de datos regulará de forma obligatoria los siguientes parámetros interinstitucionales:

  • Calidad y consistencia técnica de los registros;
  • Interoperabilidad fluida entre sistemas públicos;
  • Actualización constante y oportuna de las bases de datos;
  • Trazabilidad completa de las consultas;
  • Seguridad informática en el almacenamiento;
  • Niveles estrictos de acceso según competencias legales;
  • Mecanismos de anonimización de datos personales cuando corresponda;
  • Plazos de conservación y auditorías de sistemas de información.

La gobernanza de datos determinará de forma transparente quién puede acceder a qué información específica, bajo qué justificación y amparo legal, con qué finalidad pública y durante cuánto tiempo.

Protección de datos y derechos fundamentales

La modernización tecnológica y analítica del Estado no puede ser utilizada como justificación para crear un aparato de vigilancia indiscriminada o masiva que amenace las libertades democráticas de su población. Existe una frontera ética, constitucional y convencional infranqueable; por ende, cualquier plataforma informática o modelo analítico implementado deberá cumplir rigurosamente con los principios fundamentales de protección de datos personales:

  • Legalidad: Apego estricto al ordenamiento jurídico nacional.
  • Finalidad y necesidad: Uso limitado a los fines legítimos de seguridad pública autorizados.
  • Proporcionalidad y minimización de datos: Recopilar exclusivamente la información indispensable.
  • Seguridad y confidencialidad: Evitar fugas o accesos ilegales.
  • Supervisión humana y rendición de cuentas: Monitoreo constante de sesgos algorítmicos.
  • Transparencia: Mecanismos claros de reclamación, trazabilidad e impugnación para los ciudadanos.

La inteligencia artificial y las TIC deben utilizarse para robustecer las garantías del Estado de derecho y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, nunca para debilitarlo o generar estigmatizaciones.

Ciberseguridad

Un Estado que concentra e integra información sensible de seguridad nacional también concentra riesgos informáticos críticos de alta intensidad. Por esa razón, el despliegue del modelo CR-IA 2035 debe concebir la seguridad de la información como parte de la seguridad nacional e incorporar desde su diseño inicial arquitecturas robustas de protección digital:

  • Centros de datos de alta seguridad e infraestructura resiliente;
  • Mecanismos de autenticación multifactorial robusta;
  • Segmentación estricta de las redes de inteligencia y bases de datos;
  • Monitoreo continuo y auditorías externas e independientes de los sistemas;
  • Protocolos de respaldo automatizado y planes de recuperación ante incidentes;
  • Pruebas de penetración (pentesting) periódicas sobre la infraestructura pública;
  • Protocolos de respuesta inmediata ante ciberataques o incidentes de denegación de servicio.

Costa Rica: de la ‘guerra contra las drogas’ a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte I: El cambio de paradigma y el “efecto hidra”

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Resumen

El narcotráfico constituye uno de los fenómenos de mayor complejidad para los Estados contemporáneos. Su capacidad de adaptación económica, territorial, financiera y tecnológica dificulta que pueda ser enfrentado exclusivamente mediante operaciones policiales tradicionales, decomisos y detenciones. Costa Rica cuenta con instituciones, legislación y políticas públicas destinadas a enfrentar el fenómeno de las drogas, el crimen organizado y la legitimación de capitales. El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tiene, entre otras funciones, la coordinación y diseño de políticas nacionales en esta materia. En abril de 2026 fue aprobada la nueva Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2026-2035.

El presente ensayo propone complementar ese marco mediante un cambio de paradigma: pasar de una estrategia predominantemente reactiva a un modelo de gestión inteligente del fenómeno criminal, sustentado en información, inteligencia humana, análisis territorial, inteligencia financiera, tecnologías de información, ciencia de datos e inteligencia artificial.

A este enfoque analítico se incorpora el análisis de impacto de la extradición como una herramienta de cooperación jurídica internacional de alta intensidad. Lejos de entenderse como una solución punitiva aislada, la extradición se analiza como un elemento disruptivo que altera las dinámicas del mercado ilícito, las estructuras de mando y los niveles de violencia.

La propuesta no consiste en negociar con organizaciones criminales ni en convertirlas en interlocutores del Estado. Tampoco plantea sustituir a policías, fiscales o jueces por algoritmos.

La propuesta consiste en administrar las condiciones que permiten que las estructuras criminales prosperen: mercados ilícitos, flujos financieros, territorios vulnerables, violencia, corrupción, demanda, infraestructura logística y redes de información.

Para ello se plantea el modelo CR-IA 2035, basado en seis pilares transversales potenciados por la analítica predictiva y la cooperación internacional:

  • Administrar el mercado, no al cartel.

  • Administrar la violencia.

  • Administrar el dinero.

  • Administrar el territorio.

  • Administrar la demanda y el daño social.

  • Administrar los resultados.

La inteligencia artificial constituye un componente transversal destinado a mejorar la capacidad del Estado para detectar patrones, identificar riesgos, priorizar recursos, evaluar políticas y aprender de sus propios resultados.

Palabras clave: Costa Rica, narcotráfico, crimen organizado, inteligencia artificial, TIC, seguridad, lavado de activos, política pública, inteligencia financiera, territorio, extradición.

Introducción

El narcotráfico ha dejado de ser únicamente un problema asociado con el traslado clandestino de sustancias. Es también un fenómeno económico, financiero, territorial, tecnológico, social e institucional.

Costa Rica atraviesa una transformación profunda de su entorno de seguridad. El país históricamente se ha caracterizado por instituciones democráticas, estabilidad política y una tradición de inversión social. Sin embargo, el crecimiento de determinadas formas de delincuencia organizada ha modificado las condiciones de seguridad y plantea nuevos desafíos para el Estado.

El crimen organizado funciona como una red. Produce, transporta, financia, distribuye, lava dinero, adquiere propiedades, establece relaciones comerciales, recluta personas y utiliza tecnologías para comunicarse y ocultar sus actividades. Por ello, combatirlo exige que el Estado también opere como una red.

Las organizaciones criminales contemporáneas pueden utilizar empresas, estructuras financieras, redes de transporte, comunicaciones digitales, comercio internacional, mecanismos de corrupción y relaciones transnacionales para desarrollar actividades ilícitas. Por esa razón, una política pública que mida su éxito únicamente por cantidad de droga decomisada o número de personas detenidas corre el riesgo de observar solamente una parte del fenómeno.

La pregunta fundamental debería ser más amplia y sistémica:
¿Qué condiciones permiten que el crimen organizado continúe reproduciéndose aun después de importantes operaciones policiales?

Esta pregunta conduce a un cambio conceptual. El objetivo no debería limitarse a perseguir indefinidamente organizaciones que pueden ser fácilmente sustituidas por otras. El objetivo debe ser reducir la capacidad del sistema criminal para reproducirse.

En este nuevo escenario, herramientas de alta intensidad como la extradición de nacionales y extranjeros por delitos de narcotráfico y crimen organizado actúan como un factor de disuasión y ruptura. No obstante, si la extradición no se acompaña de una estrategia de datos, puede generar efectos secundarios imprevistos, como la fragmentación de bandas y el aumento de la violencia local por disputas de poder.

Costa Rica ya dispone de una arquitectura institucional que reconoce la necesidad de una respuesta integral. El ICD señala que la política nacional comprende reducción de la demanda, control de la oferta, prevención, tratamiento, legitimación de capitales y coordinación interinstitucional. El siguiente paso consiste en aprovechar las capacidades contemporáneas de procesamiento de información.

La pregunta ya no es solamente cuántos agentes puede desplegar un Estado o cuántas extradiciones puede ejecutar. También es: ¿Cuánta inteligencia puede producir con la información que ya posee para gestionar los efectos de estas intervenciones?

Metodología y enfoque sistémico

El presente ensayo utiliza una metodología cualitativa, analítica, documental, sistémica y propositiva.

La investigación parte de la revisión de políticas públicas, legislación, estrategias nacionales y estructuras institucionales relacionadas con drogas, crimen organizado, legitimación de capitales, tecnología e inteligencia artificial.

Se utiliza además un enfoque sistémico para analizar el narcotráfico como un fenómeno compuesto por diferentes subsistemas interconectados:

  • Mercado ilícito;

  • Oferta y demanda;

  • Estructuras criminales y liderazgos;

  • Mecanismos de cooperación internacional (extradición);

  • Violencia;

  • Territorio;

  • Logística;

  • Flujos financieros;

  • Corrupción;

  • Tecnología;

  • Instituciones y condiciones sociales.

El análisis se complementa con una perspectiva de política pública basada en evidencia. Esto implica que las intervenciones estatales —incluyendo los efectos de los procesos de extradición en la estabilidad de las organizaciones criminales— deberían ser evaluadas mediante indicadores verificables y no únicamente mediante percepciones políticas o mediáticas.

Finalmente, el ensayo desarrolla una propuesta institucional denominada CR-IA 2035, cuyo propósito es integrar progresivamente información, inteligencia, tecnología, prevención, persecución penal y evaluación.

La metodología reconoce una limitación importante: la inteligencia artificial puede identificar patrones y probabilidades, y la extradición puede remover liderazgos accidentales, pero ninguna de las dos determina por sí misma la culpabilidad jurídica final ni soluciona las causas estructurales del delito. Por ello, cualquier utilización de tecnología y de IA en seguridad pública debe permanecer subordinada al ordenamiento jurídico, la supervisión humana, el debido proceso, la protección de datos y los mecanismos de control institucional.

Objetivos

Objetivo general

Proponer un modelo nacional de gestión inteligente del narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica, basado en la integración de información, TIC, inteligencia artificial, análisis territorial, inteligencia financiera, el uso estratégico de la extradición y la evaluación de políticas públicas, con el propósito de fortalecer la capacidad preventiva, investigativa, institucional y social del Estado.

Objetivos específicos

  • Analizar el narcotráfico como fenómeno económico, financiero, territorial, social, tecnológico e institucional.

  • Examinar las limitaciones de una estrategia centrada exclusivamente en la interdicción, incautación y captura tradicional.

  • Evaluar el impacto de la extradición como variable disruptiva en la estructura de mandos del crimen organizado y sus efectos secundarios en la violencia territorial.

  • Proponer mecanismos de integración de datos entre instituciones públicas y agencias internacionales.

  • Desarrollar aplicaciones de IA para detección de anomalías, análisis de redes, inteligencia geográfica y evaluación de impacto criminal.

  • Fortalecer la inteligencia financiera y la recuperación de activos como complemento de la persecución penal internacional.

  • Identificar territorios y poblaciones sometidos a mayores factores de vulnerabilidad ante la fragmentación de carteles.

  • Incorporar mecanismos de prevención social y reducción del daño.

  • Crear indicadores nacionales e índices dinámicos para medir resultados de las políticas de persecución y extradición.

  • Fortalecer la participación de universidades y centros de investigación.

  • Establecer una hoja de ruta CR-IA 2035 para construir progresivamente capacidades de Estado inteligente.

Pregunta central de investigación

La investigación se articula alrededor de la siguiente pregunta:
¿Cómo puede Costa Rica utilizar las TIC, la inteligencia artificial, la inteligencia financiera, el análisis territorial y herramientas de cooperación internacional como la extradición para complementar la lucha tradicional contra el narcotráfico y desarrollar una gestión inteligente, preventiva, medible y jurídicamente garantista del crimen organizado?

De ella surge una segunda interrogante:

¿Puede el Estado intervenir eficazmente sobre las condiciones económicas, financieras, territoriales, sociales y tecnológicas que permiten la expansión del crimen organizado —y gestionar los vacíos de poder provocados por la extradición de líderes criminales— sin sustituir el Estado de derecho por sistemas automatizados de vigilancia o decisión?

Este ensayo propone que sí, siempre que la tecnología y la cooperación jurídica internacional sean concebidas como herramientas institucionales y no como sustitutos de la responsabilidad humana.

Marco jurídico e institucional de cooperación internacional

Costa Rica no parte de cero.

La Ley N.º 8204 constituye uno de los principales instrumentos jurídicos nacionales en materia de estupefacientes, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El ICD fue creado precisamente dentro de este marco y tiene funciones relacionadas con el diseño, coordinación e implementación de políticas contra el tráfico ilícito de drogas, actividades conexas y legitimación de capitales.

Costa Rica cuenta además con la Ley N.º 8754 contra la Delincuencia Organizada, códigos procesales que regulan la cooperación internacional, los tratados bilaterales y multilaterales de extradición vigentes y mecanismos relacionados con la incautación, comiso y administración de bienes.

En abril de 2026, el Consejo Directivo del ICD aprobó la Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva 2026-2035.

El marco constitucional y los tratados internacionales de extradición imponen límites garantistas estrictos. Esto permite plantear una conclusión metodológica:
CR-IA 2035 no debería construirse como una política paralela, sino como una capa de modernización tecnológica, analítica y predictiva que complemente la arquitectura institucional existente, agilizando el intercambio de información con agencias extranjeras para robustecer los expedientes de extradición y medir sus repercusiones internas.

El cambio de paradigma

Durante décadas, la respuesta frente al narcotráfico se ha asociado principalmente con herramientas punitivas y policiales aisladas:

  • Persecución policial;

  • Operaciones de interdicción;

  • Decomisos;

  • Detenciones;

  • Investigaciones judiciales;

  • Destrucción de infraestructura criminal.

Estas herramientas continúan siendo necesarias. La propuesta no es abandonarlas; el problema aparece cuando se convierten en la totalidad de la estrategia.

Una organización criminal puede perder miembros y reconstruirse. Puede perder cargamentos y reemplazarlos. Puede perder dinero y generar nuevos ingresos. Puede perder territorio o una ruta y trasladarse o desarrollar otra. Por ello, una política pública inteligente debe intervenir simultáneamente sobre las condiciones que permiten la reproducción del fenómeno.

El nuevo paradigma del Estado costarricense frente al fenómeno del narcotráfico se reestructura bajo la siguiente matriz de transición:

Enfoque Tradicional / Reactivo

Nuevo Paradigma / Gestión Inteligente

Perseguir únicamente organizaciones aisladas

Intervenir simultáneamente sobre sistemas complejos

Reaccionar ante la comisión de delitos

Detectar riesgos, vulnerabilidades y amenazas emergentes

Acumular datos dispersos en burocracias

Convertir la información integrada en inteligencia estratégica

Medir el éxito por kilos decomisados

Medir resultados por impacto socioeconómico y reducción de violencia

Ejecutar la extradición como un fin punitivo

Utilizar la extradición como disrupción del sistema, mitigando sus secuelas

Utilizar tecnología como herramienta aislada

Construir una capacidad institucional del Estado basada en datos

   

La propuesta consiste en pasar de los individuos a las redes, de los decomisos a los resultados y de la información tradicional a la inteligencia aumentada mediante IA. Esto no significa administrar a los carteles ni establecer acuerdos con organizaciones criminales, sino administrar el fenómeno criminal.

El impacto de la extradición en el subsistema criminal

La extradición de altos mandos del narcotráfico produce una profunda alteración en las estructuras criminales. Para que esta herramienta no genere efectos adversos en la seguridad ciudadana, su impacto debe analizarse desde la perspectiva de la ciencia de datos bajo tres dimensiones críticas:

  • A. Fragmentación estructural y el «efecto hidra»: La remoción de un líder criminal mediante la extradición rompe la cadena de mando vertical. La analítica de datos demuestra que esto suele provocar la división de una gran organización en múltiples células más pequeñas, locales y frecuentemente más agresivas. La IA aplicada al análisis de redes criminales permite prever estas ramificaciones e identificar de forma temprana quiénes asumirán los liderazgos intermedios para interceptar la reestructuración de la banda.

  • B. Desplazamiento geográfico y disputas territoriales: Cuando un jefe criminal es extraditado, el vacío de poder debilita el control monopólico de un territorio, incentivando a organizaciones rivales a invadir dichas zonas mediante el uso de la fuerza. El procesamiento de información geográfica integrada permite mapear de forma predictiva qué territorios sufrirán picos de violencia tras una extradición, orientando el despliegue policial y social preventivo en los cuadrantes exactos de alta vulnerabilidad.

  • C. Ruptura de canales financieros y logísticos: El mayor valor de la extradición no radica en el aislamiento físico del criminal, sino en la pérdida de sus conexiones directas con los mercados financieros y logísticos internacionales. Al perder sus canales de comunicación habituales, la organización local experimenta una parálisis temporal en el blanqueo de capitales. El cruce inmediato de datos tributarios, inmobiliarios y aduaneros en el momento de la captura facilita el congelamiento de activos antes de que la red intente diversificar sus cuentas.

Septiembre bajo la sombra del miedo. Seguridad, soberanía y normalización de la excepcionalidad en Costa Rica

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Hay momentos en los que el miedo deja de ser solamente una reacción frente a determinados acontecimientos y comienza a convertirse en una manera de interpretar la realidad.

Quizá Costa Rica esté atravesando uno de esos momentos.

Durante los últimos meses hemos escuchado hablar insistentemente de narcotráfico, sicariato, organizaciones criminales, amenazas, balaceras, inseguridad, Fuerza Élite, secreto de Estado y debilitamiento de las capacidades institucionales para enfrentar el crimen organizado. Ahora se ha incorporado un elemento particularmente sensible: la presidenta de la República ha considerado públicamente que eventuales operaciones terrestres estadounidenses contra el crimen transnacional podrían resultar beneficiosas para la seguridad nacional.

La afirmación merece atención. También merece serenidad.

Hasta donde se conoce públicamente, no existe una operación terrestre estadounidense anunciada para Costa Rica. Tampoco disponemos de evidencia que permita afirmar que una intervención extranjera sea inminente. La propia presidenta ha señalado que no existe actualmente un plan concreto y que una eventual presencia de tropas tendría que transitar por los procedimientos constitucionales correspondientes.

Pero algo importante sí ocurrió: la posibilidad fue introducida en la conversación política nacional desde la propia Presidencia de la República.

Eso es suficientemente relevante como para discutirlo. No necesitamos convertirlo en algo que todavía no es.

El miedo tiene razones

Sería irresponsable negar la gravedad del problema de seguridad que enfrenta Costa Rica.

El narcotráfico existe. El sicariato existe. Las disputas territoriales entre organizaciones criminales existen. Hay comunidades en las cuales las personas han modificado sus rutinas por temor a la violencia.

La propia presidenta ha recurrido a su experiencia cotidiana para describir esa realidad. Ha contado que las balaceras la despiertan durante la noche y ha explicado que las amenazas recibidas le impiden realizar actividades tan sencillas como salir tranquilamente a comprar pan.

Son imágenes comunicativamente poderosas.

La inseguridad deja entonces de expresarse mediante estadísticas, tasas de homicidios o distribución territorial del delito y adquiere un rostro cotidiano: si hasta la presidenta, protegida por los cuerpos de seguridad del Estado, no puede comprar pan tranquilamente, ¿qué puede esperar el ciudadano común?

La pregunta parece inevitable.

Pero precisamente allí debemos detenernos.

Una cosa es la violencia realmente existente. Otra, la percepción social de inseguridad. Y otra distinta, la construcción política del significado de esa inseguridad.

Las tres pueden coexistir y retroalimentarse sin ser exactamente lo mismo.

Reconocer esa diferencia no significa minimizar las víctimas ni negar la criminalidad. Significa impedir que el miedo sustituya al análisis.

La paradoja institucional

Hay además una cuestión difícil de ignorar.

Mientras el crimen organizado es presentado como una amenaza de enorme magnitud, hemos asistido a discusiones y reducciones presupuestarias que afectan precisamente a instituciones nacionales encargadas de investigarlo, perseguirlo y juzgarlo.

El Poder Judicial ha advertido sobre los efectos que determinadas reducciones pueden producir sobre las capacidades del OIJ y del Ministerio Público para enfrentar el crimen organizado.

La paradoja merece explicación.

Si la amenaza es tan grave, ¿por qué no ocupa un lugar igualmente urgente el fortalecimiento presupuestario, técnico y humano de las instituciones nacionales encargadas de combatirla?

No tenemos elementos para afirmar que exista una estrategia deliberada consistente en debilitar esas instituciones para justificar posteriormente soluciones extraordinarias o extranjeras.

No debemos afirmarlo.

Pero tampoco necesitamos demostrar semejante intención para formular una pregunta legítima sobre la coherencia de las políticas públicas.

Y esa pregunta resulta todavía más importante cuando, simultáneamente, empieza a presentarse como beneficiosa la posibilidad de operaciones terrestres extranjeras.

Cooperación e intervención no son sinónimos

Costa Rica necesita cooperación internacional.

El narcotráfico es un fenómeno transnacional. Combatirlo requiere intercambio de información, inteligencia, tecnología, cooperación policial y judicial y coordinación con otros Estados.

Confundir toda cooperación con una intervención militar sería tan equivocado como presentar cualquier presencia operativa extranjera simplemente como una forma más de cooperación.

Las palabras importan porque las diferencias también importan.

Una cosa es cooperación internacional.

Otra, asistencia policial.

Otra, coordinación operativa.

Y otra cualitativamente distinta son operaciones terrestres desarrolladas por fuerzas extranjeras en territorio nacional.

Costa Rica, país sin ejército permanente desde hace décadas, debe discutir esa última posibilidad con particular cuidado. No desde un nacionalismo elemental ni desde un rechazo automático a Estados Unidos, sino desde nuestra historia institucional, nuestra Constitución, nuestra soberanía y nuestra concepción civil de la seguridad.

Cuando lo excepcional se vuelve imaginable

Quizá allí se encuentre uno de los cambios más importantes que estamos experimentando.

Las sociedades no cambian solamente cuando se aprueba una ley, se firma un decreto o ingresan tropas por una frontera.

También cambian cuando determinadas posibilidades dejan de parecernos extraordinarias.

Primero algo resulta impensable.

Después alguien lo menciona.

Luego provoca escándalo.

Más tarde se discute.

Finalmente puede incorporarse al repertorio normal de alternativas políticas.

No sabemos si Costa Rica recorrerá ese camino respecto de operaciones extranjeras. Precisamente porque no lo sabemos debemos evitar hablar como si ya hubiese ocurrido.

Pero sí podemos observar que algo anteriormente excepcional ha entrado en el campo de lo políticamente imaginable.

Y eso merece discusión democrática.

El problema del secreto

A este panorama se agrega la utilización del secreto de Estado respecto de determinadas materias vinculadas con seguridad e inteligencia.

También aquí necesitamos mesura.

Todo Estado requiere reservar determinada información. Ningún gobierno puede revelar anticipadamente tácticas policiales, fuentes de inteligencia, investigaciones en curso o detalles operativos cuya publicidad pueda beneficiar a organizaciones criminales.

El problema democrático no consiste, por tanto, en afirmar que todo secreto es ilegítimo.

La pregunta es otra:

¿cuánto secreto, sobre cuáles materias, durante cuánto tiempo y sometido a qué controles puede admitir una democracia?

Mientras mayor sea la excepcionalidad invocada para protegernos, mayor debería ser nuestra preocupación por conservar controles institucionales capaces de vigilar a quienes ejercen esas facultades.

Vigilancia democrática, sin embargo, no significa paranoia.

Preguntar no equivale a inventar una respuesta cuando todavía no la conocemos.

Denuncias que deben preocuparnos, pero también investigarse

En este clima han aparecido además denuncias de personas activistas y críticas del Gobierno que aseguran haber abandonado Costa Rica y solicitado protección internacional alegando amenazas o persecución política.

El asunto es suficientemente grave como para no trivializarlo.

Y precisamente por eso es suficientemente grave como para no convertir una denuncia en una conclusión antes de investigarla.

Hay que escuchar a quienes denuncian.

Documentar sus casos.

Conocer las amenazas.

Determinar su procedencia cuando sea posible.

Distinguir actuaciones de particulares de actuaciones estatales.

Exigir respuestas institucionales.

Y, si la evidencia permite establecer persecución política, denunciarla con toda contundencia.

Pero anticipar esa conclusión sin disponer todavía de pruebas suficientes puede terminar debilitando precisamente aquello que pretendemos denunciar.

La democracia necesita vigilancia. No necesita que sustituyamos los hechos que desconocemos por aquello que tememos que pueda estar ocurriendo.

Una pregunta incómoda para quienes criticamos

Y aquí quienes nos oponemos a determinadas decisiones gubernamentales deberíamos hacernos también una pregunta incómoda.

¿No estaremos contribuyendo nosotros mismos a propagar el miedo?

Las declaraciones presidenciales sobre eventuales operaciones estadounidenses han provocado preocupación comprensible. Muchas personas defensoras de los derechos humanos, de la soberanía y de nuestra tradición civilista han reaccionado denunciando los riesgos que podría representar una intervención extranjera.

La advertencia es necesaria.

Yo mismo me opongo firmemente a que la lucha contra el narcotráfico termine utilizándose para normalizar operaciones terrestres de fuerzas extranjeras en Costa Rica.

Pero advertir no es lo mismo que anunciar la catástrofe.

Cuando convertimos una posibilidad en certeza, un anuncio en un hecho consumado o una preocupación legítima en evidencia de que lo peor resulta inevitable, podemos terminar participando involuntariamente en la misma circulación social del miedo que cuestionamos.

Y entonces ocurre una paradoja.

Desde el Gobierno puede decirse:

la criminalidad es tan grave que necesitamos pensar en medidas extraordinarias.

Y desde la oposición podemos terminar respondiendo:

las medidas extraordinarias son tan graves que debemos vivir aterrados por lo que viene.

Los discursos son políticamente antagónicos.

Pero ambos pueden producir un mismo resultado emocional:

miedo, ansiedad e impotencia.

Cuando el miedo gana la discusión

El miedo posee una extraordinaria capacidad para reducir el espacio de las preguntas.

Frente a una amenaza presentada como extrema dejamos poco a poco de preguntarnos:

¿qué debemos hacer?

Y comenzamos a preguntarnos:

¿cuánto estamos dispuestos a permitir para que nos protejan?

Pero existe otro efecto menos visible.

Cuando desde posiciones críticas presentamos el deterioro democrático, la intervención extranjera o la excepcionalidad como acontecimientos prácticamente inevitables, también podemos producir otra pregunta:

¿para qué hacer algo si ya todo está perdido?

Ahí el miedo deja de movilizar.

Paraliza.

Satura.

Agota.

Produce la sensación de que las decisiones ya fueron tomadas en algún lugar inaccesible y que al ciudadano solamente le corresponde esperar sus consecuencias.

Ese quizá sea uno de los mayores peligros del momento.

No solamente que tengamos miedo.

Sino que el miedo termine convenciéndonos de nuestra propia impotencia.

No regalemos el miedo

Quienes cuestionamos al poder no necesitamos competir con él para determinar quién describe el futuro más aterrador.

Podemos hacer algo mucho más difícil.

Advertir sin aterrorizar.

Denunciar aquello que podemos demostrar.

Investigar aquello que sospechamos.

Preguntar aquello que desconocemos.

Y reconocer expresamente la diferencia entre las tres cosas.

La posibilidad de operaciones terrestres extranjeras debe discutirse.

Los recortes que puedan afectar la capacidad del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial deben cuestionarse.

El alcance del secreto de Estado debe vigilarse.

Las denuncias de persecución deben investigarse.

La violencia debe combatirse.

Pero ninguna de esas tareas exige convencernos anticipadamente de que la democracia costarricense está condenada.

La esperanza también puede ser política

Tal vez aquí necesitamos recuperar una palabra que parece haber desaparecido de nuestra conversación pública:

esperanza.

No la esperanza ingenua de quien piensa que nada malo puede ocurrir porque «Costa Rica siempre ha sido diferente».

La historia no concede semejantes garantías.

Tampoco la esperanza como simple optimismo.

Hablo de otra cosa: la esperanza crítica que nace precisamente de reconocer que el futuro todavía no está decidido.

Una posibilidad no es un destino.

Una amenaza no es un acontecimiento consumado.

Una democracia bajo tensión no es necesariamente una democracia derrotada.

Todavía existen instituciones.

Todavía existen tribunales.

Todavía existe prensa crítica.

Todavía existen universidades, organizaciones sociales, movimientos ciudadanos y personas dispuestas a cuestionar al poder.

Todavía podemos investigar.

Todavía podemos denunciar.

Todavía podemos recurrir.

Todavía podemos organizarnos.

Todavía podemos escribir.

Todavía podemos disentir.

Y precisamente porque todavía podemos hacerlo, debemos hacerlo.

La esperanza, entendida de esta manera, no es la antípoda ingenua del pensamiento crítico.

Es la antípoda política de la impotencia.

Septiembre bajo la sombra del miedo

Todo esto ocurre durante septiembre.

Banderas, faroles, himnos, independencia y soberanía forman parte durante estas semanas de nuestra liturgia cívica.

Quizá la coincidencia pueda servirnos para algo más que repetir ceremonias.

Soberanía no significa aislamiento.

Independencia no significa rechazo a la cooperación internacional.

Y defender nuestra tradición civilista no significa cerrar los ojos ante las nuevas dimensiones del crimen organizado.

Pero tampoco deberíamos celebrar la independencia mientras renunciamos a discutir serenamente qué significa ser soberanos frente al miedo.

Antes de preguntarnos si necesitamos fuerzas extranjeras operando en nuestro territorio, podemos preguntar qué necesitan nuestras propias instituciones.

Antes de aceptar que solamente medidas extraordinarias pueden protegernos, podemos exigir evidencia sobre la eficacia de las medidas existentes.

Antes de anunciar que la excepcionalidad es inevitable, podemos impedir que se vuelva normal.

Y antes de concluir que nada podemos hacer, podemos recordar que la democracia nunca consistió en tener garantías de que todo saldrá bien.

Consiste precisamente en conservar espacios colectivos para decidir qué hacemos cuando las cosas pueden salir mal.

Quizá esa sea una tarea apropiada para este mes patrio.

Mientras encendemos faroles para recordar una independencia conquistada hace más de dos siglos, convendría proteger otra forma menos visible de independencia:

la capacidad de una sociedad para pensar políticamente sin que el miedo piense por ella.

Y si el miedo pretende convencernos de que ya nada podemos hacer, quizá nuestra respuesta democrática más sencilla y más contundente sea:

todavía podemos.

Doña Laura: no queremos militares… no somos siervos menguados

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

No lo digo yo, solo lo repito. La bien amada del chavismo y encartada en la fiscalía general la hoy simple asesora presidencial Pilar Cisneros, dijo el pasado mes de agosto del 2025 en el programa de televisión el Octavo Mandamiento, que a Doña Laura Fernández «a veces le cuesta concretar una idea sencilla«. Esto, que pudo ser una frase atribuible a los calores de la campaña y ella no la quería como candidata, por algunos «safis» que la señora presidenta ha tenido en estos cuatro meses supuestamente al mando del país, si nos vuelven un tanto terroríficos. Hoy vamos a dejarlos pasar un tanto inadvertidos, como eso de llamarle presidente a Rodrigo Chávez y para sacar las extremidades del barro dijo que ¡él también la llamaba ministra!, ¡más “pior!» dijo Gorgojo; para no distraernos de sus últimas declaraciones que resultan, simplemente, alarmantemente inaceptables.

Ante la afirmación hecha en declaraciones dadas a la agencia de noticias Reuter, en el sentido de que está anuente a recibir operaciones militares estadounidenses en Costa Rica, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional, es preferible creer que el «síndrome pilarico» hizo su aparición, y no fue capaz de concretar claramente lo que talvez quiso decir, y por lo tanto, le salió semejante barbaridad.

Pero por si acaso, se le debe recordar a la presidencia de la República, a quienes la ejerzan de hecho y de derecho, que ellos tienen el poder y el gobierno de este país… prestado, por un tiempito. Y que, al ejercerlo, deben obedecer lo establecido en la Constitución y las leyes. En ellas, se les recuerda, está establecido que nosotros los costarricenses, desde 1848 vivimos en un país soberano y que ellos son guardianes de esa soberanía y nadie puede arrogarse ser ella y actuar por ella, fuera de las normas legales y constitucionales establecidas, sin caer en el delito de traición a la Patria.

En ese sentido, soberanamente los costarricenses desde 1949 abolimos el ejército y cualquier cambio, tratado o afectación a ese principio, debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa por 3/4 partes de la totalidad de sus miembros o sea 43 votos. Entonces, aunque alguien le silbe al oído que se pueden instalar bases militares gringas o traer fuerzas militares armadas sin la aprobación legislativa, seguro les está silbando desde una rama seca de alguna mata de cannabis.

No, miembros del régimen FER/CHA, por más convenios o acuerdos de escudos militares que hayan firmado -que deben ser conocidos por la Asamblea Legislativa- con el déspota de Trump y su aliado el genocida Netanyahu, aquí en nuestra querida Costa Rica la inmensa mayoría de verdaderos ciudadanos que no nos arrodillamos ni ante ustedes ni ante ellos y los fascistoides que han instalado en América Latina, vamos a permitir que las botas militares suenen en nuestro suelo…porque no somos siervos menguados y por eso vamos a exigirles que se respetan hasta la última palabra los derechos sagrados que la patria nos da.

Ni jueces sometidos ni jueces intocables

«La independencia judicial es el escudo del ciudadano frente al abuso del gobernante, pero nunca puede convertirse en el velo que oculte los errores o la impunidad de los tribunales».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Defender la judicatura frente a la intimidación del Gobierno de turno es un deber; tolerar la opacidad y la lentitud burocrática es un error. Las claves para evitar la trampa de la «mano dura».

Hay una frase que convendría repetir estos días hasta que nadie pueda hacerse el desentendido: defender la independencia del Poder Judicial no significa darle un cheque en blanco. Tampoco significa considerar infalibles a sus jueces, colocar sus decisiones por encima de la crítica o asumir que toda persona que cuestione su funcionamiento es, por ese solo hecho, enemiga de la institucionalidad. Una democracia adulta debería ser capaz de entender algo tan elemental.

La concentración ciudadana realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia merece ser interpretada, ante todo, como una defensa de la independencia judicial frente a cualquier intento de sometimiento político. Esa defensa es legítima y necesaria, pues la judicatura no constituye un privilegio corporativo ni una concesión de quienes ocupan transitoriamente otros poderes del Estado: es una garantía esencial para todos los ciudadanos.

Precisamente por eso, acuerpar la institución no puede confundirse con defender indiscriminadamente todo lo que ocurre dentro de ella. Existe una diferencia fundamental entre ambos extremos: la primera es una obligación democrática; la segunda corre el riesgo de convertirse en un corporativismo ciego.

Cuando las decisiones generan sospechas

Costa Rica necesita un Poder Judicial fuerte e independiente, pero también eficaz, transparente, oportuno y sujeto a la rendición de cuentas. De acuerdo con el reporte mañanero de Delfino.cr de este 4 de septiembre, existen fallas sistémicas preocupantes en la aplicación de las medidas cautelares.

El informe expone ejemplos críticos: un funcionario judicial investigado que en el pasado liberó a un líder criminal que posteriormente se fugó; la liberación de un sospechoso de homicidio que después falleció en un tiroteo contra la policía; y un juez penal que dictó sobreseimiento en un caso relacionado con 800 kilos de cocaína, permitiendo la huida de los imputados.

Cada uno de estos casos puede estar rodeado de complejidades y tecnicismos jurídicos que deben ser analizados conforme a la ley y al debido proceso. Pero, considerados en conjunto, inevitablemente encienden las alarmas públicas. La independencia judicial es vital, pero no puede convertirse en un muro de silencio frente a resoluciones cuyos desenlaces resultan particularmente graves.

Cuando varias decisiones terminan teniendo consecuencias de esta naturaleza, es perfectamente legítimo preguntarse cómo fueron valorados los riesgos y si los mecanismos institucionales de control están funcionando adecuadamente.

¿Mano dura o reformas democráticas?

Ante el crecimiento del narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado, aumenta la demanda social de «mano dura». Es comprensible. Pero la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿mano dura contra el delito o mano dura contra los controles democráticos? No son la misma cosa.

Nuestro país necesita fiscales más eficaces, policías mejor preparados, investigaciones rápidas y jueces rigurosos. Necesita que los procesos no se eternicen y que quienes representen un verdadero riesgo para la sociedad no puedan burlar fácilmente las medidas impuestas por los tribunales.

La firmeza frente a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la evaluación de resultados y la eliminación de privilegios injustificados no son amenazas contra el Poder Judicial; son, por el contrario, condiciones indispensables para fortalecerlo.

El peligro real aparece cuando la llamada «mano dura» se convierte en intimidación, concentración del poder o sometimiento de los jueces a las decisiones del Gobierno de turno. Entonces ya no estamos hablando de reforma, sino de una amenaza directa al Estado de derecho y al orden constitucional.

Escuchar el malestar ciudadano

El profundo malestar ciudadano con el funcionamiento de la justicia no puede despacharse como ignorancia, manipulación o conspiración. Hay personas que esperan años por una resolución, víctimas que sienten que sus casos no avanzan, y ciudadanos que perciben una justicia lenta, burocrática y distante. Ese desencanto existe y merece ser escuchado.

Si las instituciones no lo atienden, otros terminarán capitalizándolo. Una ciudadanía frustrada puede llegar a pensar que cualquier transformación es preferible a mantener el estado actual de las cosas, incluso si para conseguirla debe sacrificar contrapesos institucionales. Esa tentación es peligrosa, pues las instituciones democráticas son mucho más fáciles de debilitar que de reconstruir.

Por lo tanto, es vital impedir que el descontento ciudadano se use como pretexto para arrodillar a los jueces, tanto como evitar que la bandera de la independencia judicial sirva para frenar las transformaciones urgentes del sistema. El reto democrático actual exige rechazar dos posturas destructivas por igual:

  • Exigir rendición de cuentas es un derecho cívico; presionar o amedrentar a la judicatura es una amenaza autoritaria.
  • Eliminar privilegios injustificados fortalece la República; subordinar los tribunales a los intereses del Ejecutivo la destruye.
  • Reclamar eficiencia y resultados es indispensable; concentrar el poder en el gobierno de turno es inaceptable.

La Costa Rica que necesitamos no es una Costa Rica con un Poder Judicial subordinado ante el Gobierno, pero tampoco una nación donde las instituciones puedan decirle a la ciudadanía: «confíe en nosotros y no haga preguntas». Eso tampoco es democracia.

La movilización pacífica del 6 de agosto debería servir para defender algo mucho más profundo que una entidad concreta: el principio republicano de que ningún Gobierno puede convertirse en juez de sus propios actos. Pero esa defensa quedaría incompleta si no incorporamos otro principio igualmente importante: ninguna institución democrática está por encima de la ciudadanía a la que sirve.

El peor escenario para el país sería tener jueces sometidos al poder político, pero tampoco es saludable tener instituciones que, amparadas en su independencia, terminen convencidas de que no tienen que dar explicaciones.

No queremos un Poder Judicial débil, pero tampoco uno intocable. Queremos una judicatura responsable, transparente y capaz de responderle a la ciudadanía cuando esta pregunta, con toda legitimidad: ¿por qué? Y cuando las preguntas son legítimas, las instituciones democráticas no deberían sentirse amenazadas por ellas; deberían responderlas.

Nuestra democracia bajo amenaza

Costa Rica ha sido catalogada, históricamente, como una de las democracias más sólidas y estables de Latinoamérica, pero ha venido sufriendo una progresiva y grave erosión desde 2022.

Gobiernos anteriores provocaron desconfianza en la ciudadanía, merced a muchas promesas incumplidas, y junto al desgaste de los partidos políticos tradicionales, crearon el terreno fértil para el surgimiento del discurso antisistema. Dicho descontento fue aprovechado por controvertidos personajes arribistas, del 2022 en adelante, para iniciar una escalada populista que cuestiona la arquitectura constitucional del país, redefiniendo la gestión pública como un choque permanente entre un “pueblo agraviado” y una “casta o institucionalidad corrupta”, y que utiliza reiteradamente un discurso de odio, para lo cual recurre a conferencias de prensa y plataformas digitales, con el propósito de descalificar a todos sus oponentes.

Los organismos internacionales y centros de monitoreo global han activado sus alarmas sobre este fenómeno, que degrada el nivel de la nuestra democracia; así, por ejemplo:

  • El Índice Mundial de Libertad de Prensa informó que Costa Rica perdió 33 puntos, del 2021 al 2025, pasando del puesto 5 del mundo al 38.
  • Según el Índice de Libertad Global (Freedom House), la puntuación de la Libertad de Prensa pasó de 88.8 a 72.3 puntos en ese mismo periodo.
  • Para el Instituto de la Libertad de Prensa y Reporteros Sin Fronteras, los monitoreos en el país revelan un incremento superior al 800% en ataques a la prensa independiente. La mayor parte corresponde a agresiones verbales y a desacreditaciones sistemáticas («sicarios políticos», «prensa canalla») emitidas desde las ruedas de prensa del Ejecutivo.

Pero el atropello más crítico ha sido el ataque directo y coordinado desde la presidencia anterior y la actual, contra las instituciones que tutelan el Estado de Derecho, así, por ejemplo:

  • El Poder Judicial y la Sala Constitucional han sido blanco de descalificaciones directas, tras haber frenado decretos u órdenes administrativas contrarias a la ley (p. ej., el cierre de recintos de eventos y ataques indirectos a medios). Se tilda a los magistrados de «obstáculos al desarrollo».
  • La Contraloría General de la República ha sido objeto de un acoso verbal inédito. El Ejecutivo ha intentado eludir los controles de contratación pública (proyectos de infraestructura, alianzas público-privadas) y mediante reformas legislativas populistas (como la «Ley Jaguar»), ha querido descalificar la función constitucional de fiscalización.
  • El Tribunal Supremo de Elecciones (garante de la pureza del sufragio), también ha sido objeto de ataques a su imparcialidad cuando ha señalado infracciones al deber de neutralidad política de los funcionarios públicos.

Uno de los síntomas más preocupantes es la persecución a la libertad de expresión y al ejercicio de un periodismo libre, mediante estrategias de acoso sistemático a través de troles y redes sociales. Se crean ecosistemas digitales destinados al linchamiento virtual, el ciberacoso y la difamación de voces analíticas. Asimismo, mediante el retiro de la pauta publicitaria oficial a medios independientes, se les pretende asfixiar económicamente, incluso se les persigue judicialmente, haciendo un uso abusivo del aparato estatal.

Se practica la persecución tributaria, administrativa y se amenaza, lo cual ha obligado a algunos incluso al exilio y otros han perdido la visa norteamericana, aparentemente por intervención del gobierno.

Todo esto contrasta con la Costa Rica que ha sido refugio insigne de exiliados latinoamericanos. El uso de calificativos degradantes desde la tribuna presidencial no es mero folclore político; es una señal de validación que impulsa a grupos fanáticos a llevar la agresión del plano virtual al físico.

Finalmente, alimentados por ese clima de violencia verbal y discursos de odio, crecen también la delincuencia, el sicariato, el crimen, el tráfico de drogas y el lavado de dólares, al amparo de acciones gubernamentales que los han terminado favoreciendo, como lo fue el retiro de las policías contra las drogas de nuestras fronteras, puertos y aeropuertos, la reubicación de nuestras policías costeras tierra adentro y los recortes a los presupuestos del OIJ y el Poder Judicial. Como corolario, cientos de funcionarios y de exfuncionarios, de los tres poderes del Estado, se han visto tentados a involucrarse en el lucrativo negocio de las drogas.

Sin embargo, frente a una narrativa de odio, autoritaria y populista, la sociedad civil ha comenzado a articular mecanismos de autodefensa institucional: por ejemplo, la manifestación del Plantón, el pasado 6 de agosto, en la Plaza de la Democracia, una marcha cívica que representa un hito en la historia reciente del país. Este movimiento espontáneo, bajo la consigna de nuestra bandera nacional, reunió a sectores muy diversos, hombres y mujeres patriotas: exmagistrados, estudiantes, sindicalistas, jubilados, profesionales, académicos y ciudadanía en general, para exigir respeto a la separación de poderes, el cese a los ataques a la Sala IV, la Contraloría, el OIJ, el TSE, el Poder Judicial y la defensa irrenunciable de la libertad de prensa y de expresión, baluarte histórico de nuestra democracia.

Esa manifestación, popular y pacífica, evidenció que a pesar de los esfuerzos del Poder Ejecutivo anterior y del actual, por polarizar y dividir la sociedad costarricense, existe una creciente masa crítica ciudadana, dispuesta a resguardar las bases institucionales establecidas en la Constitución vigente, la de 1949 y sus reformas.

En conclusión, todavía el país no enfrenta un colapso democrático, pero sí un ascendente proceso de erosión institucional, en el que tanto la ley como las instituciones que las tutelan son debilitadas intencionada y sistemáticamente.

Es importante, por tanto, no solo detener el deterioro democrático causado por la retórica oficialista, sino procurar una solución a las deudas estructurales (desigualdad, desempleo, infraestructura, salud, educación, seguridad) que el sistema político tradicional no supo atender y que le sirven a los dirigentes de turno como excusa para intentar derribar nuestra democracia e instaurar el autoritarismo tan en boga en Latinoamérica y el mundo.

Hacemos un llamado a la ciudadanía consciente y preocupada de la herencia que le podamos dejar a nuestros hijos y nietos, a defender la democracia y sus instituciones. Esa defensa no se hace con fusiles ni con violencia, sino ejerciendo nuestros derechos ciudadanos a la denuncia y a la manifestación pacífica, no doblegándonos a las exigencias de un gobierno autoritario que no respeta ni la división de poderes ni las instituciones, y finalmente, repensando nuestras decisiones electorales en los procesos de escogencia que se avecinan, en nuestras comunidades y a nivel nacional.

Igualmente hacemos un llamado a las universidades, instituciones, organizaciones, movimientos, grupos de estudio, iglesias, intelectuales, demócratas, etc., a defender la institucionalidad, la democracia y la libertad que todavía disfrutamos, y a proponer proyectos, soluciones y cualquier idea que a través de los diputados y representantes cantonales y nacionales que todavía defienden esta patria, que nos permitan retomar el rumbo perdido, contrarrestar la polarización social y volver a una senda de progreso justa y equitativa, que propicie una convivencia pacífica en nuestra amada Costa Rica.     Agosto 27, 2026.

Firmantes:

Gerardo Fumero Paniagua, 301830948

Jorge Blanco Roldán, 103870769

Edgar Porras Thames, 103971236

Juan Gerardo Alvarado Ulate, 104830907

Alejandro Alvarado Induni, 103400452

Felipe Corriols Morales, 103720641

Hernán Sánchez Delgado, 103630887

Luis Bolaños Marín, 103840247

Fernando Fernández González, 104510498

Milton Esquivel Hernández, 103991282

Rodrigo Méndez, 104370959

Germán Murillo Pacheco, 400900601

Manuel Incer Arias, 103990517

Mario Granados Chacón, 103780680

Patricia Barzuna Castro, 105200588

Marina Aguiluz Armas, 102810948

Luis Fdo Chavarría Zannini, 103911334

Habib Succar Guzmán, 203240655

Víctor Mora Black, 601170946

Mercedes Monge Agüero, 104011497

Mario Salas Leal, 103720352

Jorge González Calderón, 107750334

Marco Vázquez Esquivel, 292940397

Luis González Espinoza, 202740104

Elizabeth Aguilar Zeledón, 104170170

Minor Ovares Fallas, 103880138

Xinia Herrera Quirós, 104220059

Mario Vilalta Jiménez, 104390432

José Luis Ocampo Rojas, 103720173

Alba María Muñoz Sibaja, 103960709

José Miguel Quirós Murillo, 202600256

Jaime Rosencwaig Topf, 103860466

Miguel Á. Montero Corredera, 104510398

Rolando González García, 202600476

Alberto Negrini Vargas, 104130248

Sandy Calderón Delgado, 103860628

Rosa L. Tormo Fonseca, 103920917

Rafael Ángel González Arce, 103990124

Víctor Hugo Esquivel Poveda, 104110982

Oscar Cuevas Zamora, 115200024

Carlos M. Villaseñor Brenes, 103530664

Emilia M. Rojas Umaña, 104090831

Azálea Álvarez Torres, 103840399

Víctor Mora Vilalreal, 106280826

Carlos E. Serrano Rodríguez, 202440879

José Pablo Sibaja Brenes, 112000166

Rogelio Zeledón Ureña, 104180816

Marco V. García León, 401300549

Guillermo Alvarado Induni, 105420448

Alexis Solís Marín, 104490703

María Nelly Porras Thames, 105330726

Marcela Guzmán Ovares, 301860044

María Helena Fonseca Mora, 301800640

Carmen Sandoval Jiménez, 103860587

María Elena Fonseca Mora, 301800640

Sergio Valenciano Ulloa, 105040820

Carlos Runebaun Madriz, 301720446

Tannia Oconnor Oconnor, 104060961

Eduardo Peralta, 103890642

Irene Araya Ortiz, 104870980

Alberto Gómez Vargas, 105720404

Luis Bolaños Marín, 104370959

María Teresa Bolaños Mora, 105130804

Arturo Pacheco Molina, 301820534

Ismael Mazón González, 104220207

Altagracia Sárraga Cuevas, 700390987

Carta Pastoral Profética IMWC – Que corra la justicia

“Que fluya el derecho como agua, y la justicia como arroyo inagotable”, Amós. 5:24, NVI.

A las iglesias cristianas, a otras expresiones de fe y al pueblo de Costa Rica

Ante la diatriba entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial costarricenses y ante la situación socioeconómica del país, la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense volvemos a hablar. No hablamos para defender a uno al otro, o a un partido ni para atacar a otro, hablamos porque amamos a Costa Rica y porque creemos que la vida, la dignidad, la libertad, la justicia y la verdad son valores que debemos defender entre todos y todas.

El texto bíblico nos recuerda que Dios escucha el clamor de quienes sufren y exige justicia para quienes son olvidados, por esto, como Iglesia, no podemos ser indiferentes ante el dolor de nuestro pueblo: “Ay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno malo” (Isaías. 5:20, NVI).

Gobernar es servir, ganar una elección no significa tener permiso para hacer cualquier cosa y ningún presidente/a, diputado, partido o grupo es dueño de Costa Rica. Costa Rica somos todos/as. Por esto pedimos a quienes gobiernan: ejerzan el poder con humildad, respeten la Constitución, las leyes y las instituciones, escuchen también a quienes piensan diferente. El poder necesita límites y vigilancia, porque todo poder humano puede equivocarse y puede abusar.

Las instituciones pueden equivocarse y deben rendir cuentas, pero cuando una institución falla, no debemos destruirla, debemos corregirla, investigarla y mejorarla dentro de la ley; hoy una institución puede proteger a unos y mañana proteger a otros. ¿Quién vigila al que tiene el poder? La respuesta debe ser clara, la ley, las instituciones democráticas y un pueblo consciente y participativo. Defender la democracia no significa defender privilegios, significa defender aquello que permite que nadie esté por encima de la ley.

Mirémonos también debemos nosotros mismos, como Iglesias. La Iglesia no fue llamada a ser brazo de ningún partido ni a convertir a un gobernante en un “ungido” de Dios, porque el Señor no pertenece a ningún partido y solo Jesús es el ungido y nos enseñó cómo ser humanos y humanas. Podemos votar diferente y seguir siendo hermanos, podemos pensar diferente y seguir amándonos. Ningún pastor/a debe controlar la conciencia política de sus miembros, ningún político debe ocupar el lugar que solamente pertenece a Cristo. La Iglesia debe ser libre para reconocer lo bueno y denunciar lo malo, venga de donde venga.

Los profetas bíblicos no preguntaban primero quién estaba en el poder, preguntaban, ¿Dónde está la justicia? Amós denunció a quienes se enriquecían mientras el pobre sufría; Isaías denunció la corrupción y la opresión; Miqueas recordó que Dios pide practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Por esto también nosotros preguntamos: ¿Hay justicia cuando gobiernan los nuestros? ¿Hay justicia cuando gobiernan los otros? ¿Denunciamos la corrupción, aunque la cometa alguien cercano? La verdadera voz profética no protege intereses, protege la vida y defiende la dignidad humana.

Por otro lado, no pongamos nuestra esperanza en un presidente/a, un partido, una figura pública o un líder religioso, ya que los gobiernos pasan, los partidos pasan, los presidentes/as pasan, en cambio, Dios permanece. Nuestra esperanza no está en los palacios ni en los partidos, nuestra esperanza está en Dios. Por esto podemos reconocer los aciertos de un gobierno y señalar sus errores, podemos apoyar una buena decisión sin convertir a nadie en ídolo.

A su vez, no podemos ignorar la violencia, el narcotráfico, el sicariato, el crimen organizado, la corrupción; nuestros barrios sufren y muchas familias viven con miedo, queremos seguridad, calles tranquilas, que nuestros hijos/as puedan vivir sin miedo y con esperanza, porque los adultos y adultas construimos juntos una sociedad justa.

La seguridad no puede construirse destruyendo la libertad, ni debilitando el Estado de derecho; necesitamos policías honestos, fiscales y jueces independientes, instituciones limpias y comunidades con oportunidades. El narcotráfico no solo busca armas y dinero, también busca comprar silencios, conciencias y poder, por esto debemos combatirlo con justicia, educación, prevención, oportunidades, inteligencia y honestidad pública. Es imprescindible saber que, detrás de cada cifra hay una persona. Hay familias que no llegan a fin de mes, trabajadores con salarios insuficientes, personas sin empleo, jóvenes sin oportunidades, personas esperando atención médica y comunidades que viven abandonadas.

La justicia no consiste solamente en buenos números económicos. La justicia significa que las personas puedan vivir con dignidad y desde la perspectiva del Evangelio, debemos preguntarnos: ¿Quién está quedando atrás?, ahí debemos mirar, debemos servir, encontrar también el rostro de Cristo. Como Iglesia, no podemos quedarnos solamente dentro de los templos, debemos estar en los barrios, en las comunidades, junto al trabajador/a, al migrante, al joven, a la persona enferma, a quien sufre adicciones, a quien está privado de libertad y a toda persona que ha perdido la esperanza.

No podemos pedirle a un joven que rechace el narcotráfico si no le ofrecemos oportunidades; necesitamos educación, empleo, deporte, arte, tecnología, salud integral y espacios seguros. Nuestros jóvenes no son el problema, son parte de la solución y de la esperanza de Costa Rica.

Como cristianos/as también debemos revisar nuestras palabras. No podemos hablar del amor de Cristo y pasar la semana insultando al que piensa diferente, predicar la verdad y compartir mentiras en las redes, hablar de reconciliación y alegrarnos cuando al otro le va mal. La mentira no se convierte en verdad porque la comparta un cristiano; el odio tampoco se vuelve santo porque lleve un versículo bíblico. Que el testimonio cristiano también esté presente en las redes sociales, en nuestras casas y en nuestras iglesias, que nuestras palabras den vida y no muerte. No tengamos miedo, no vendamos nuestras conciencias, nuestros púlpitos, no cambiemos la verdad por favores del poder o la justicia por votos.

Si el Gobierno hace bien, reconozcámoslo, si se equivoca, digámoslo. Si la oposición hace bien, reconócelo y dilo. Si un empresario actúa con justicia, reconócelo, pero si explota al trabajador, denúncialo. Si una institución protege al pueblo, defiéndela, si alguien abusa del poder, señálalo. Esto es ser una Iglesia libre, profética, esto es poder decir, “Así dice el Señor”.

Pueblo de Costa Rica, no entregues tu conciencia a un político, a un partido, a un pastor/a, a un medio de comunicación ni a un influencer; más bien, piensa, pregunta, investiga, escucha, medita y ora. Podemos estar en desacuerdo sin convertirnos en enemigos. El verdadero enemigo es todo aquello que destruye la vida, la verdad, la justicia, la dignidad y la esperanza.

¡Cuidemos Costa Rica! Costa Rica no es perfecta, pero tenemos una historia y unas libertades que debemos cuidar: no tenemos ejército, tenemos elecciones periódicas, instituciones, libertad de expresión, libertad religiosa y la posibilidad de protestar, participar y exigir cuentas; no destruyamos todo porque estamos enojados con quienes hoy ocupan una institución. Las personas pasan y las instituciones permanecen. Entonces, defendamos la democracia, la libertad, la justicia, la dignidad humana.

¡Que corra la Justicia!: que el Gobierno y el Estado, gobiernen con humildad; que la Asamblea legisle pensando en el bien común, que la justicia sea independiente, que las instituciones rindan cuentas, que los medios busquen la verdad, que los empresarios actúen con responsabilidad, que los trabajadores/as sean respetados, que los pobres sean escuchados, que nuestros jóvenes tengan oportunidades, que la corrupción sea investigada, que los criminales sean juzgados, que nadie esté por encima de la ley, y que ningún poder humano ocupe el lugar que solamente pertenece a Dios.

No hablamos porque hayamos perdido la esperanza, hablamos porque todavía tenemos esperanza. Esperanza en Dios, en nuestro pueblo, en nuestros jóvenes, en quienes trabajan honradamente, en quienes todavía quieren dialogar. La paz no nace del silencio, nace de la justicia. La democracia no se cuida sola, hay que defenderla. La libertad no se conserva sola, hay que ejercerla responsablemente. La justicia no llega sola, hay que construirla juntos y juntas.

Como Iglesia Metodista Wesleyana queremos ser una Iglesia que no se venda, que no manipule, que no odie y que no tenga miedo. Una Iglesia que escuche al pueblo, que acompañe al que sufre, que defienda al débil, que denuncie la injusticia, que reconozca el bien, que anuncie esperanza. Una Iglesia que, cuando haya miedo, diga, no tengan miedo, cuando haya división, busquemos la reconciliación, cuando haya pobreza, no están solos, y cuando haya injusticia, QUE CORRA LA JUSTICIA. Nuestra esperanza está en Dios.

Por esto, como Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, afirmamos: no nos callaremos ante la injusticia, no odiaremos al que piensa diferente, no venderemos nuestra conciencia, no pondremos a ningún político en el lugar de Cristo, no olvidaremos a los pobres y a quienes sufren, y no dejaremos de buscar la justicia.

“Que fluya el derecho como agua, y la justicia como arroyo inagotable”. Amós. 5:24, NVI.

Costa Rica, agosto de 2026