La nueva producción de Flor Urbina, “Palomita Guasiruca” es un sencillo muy alegre lleno de buen ritmo, el cual se encuentra adjunto para que se pueda apreciar y compartir.
Imagen de cabecera tomada de YouTube José Carlos Martínez.
Compartido con SURCOS por Mario Céspedes.
1) Los circos son por definición hermosos, brillantes, graciosos, vertiginosos, entretenidos, artísticos incluso, profundamente humanos.
Estos circos políticos, no.
No voy a hablar de momento, ni de Colombia, ni de Honduras, ni de Guatemala, ni de El Salvador, ni siquiera mucho de Costa Rica.
Quiero volver a hablar del hermano pueblo de Nicaragua, con la prudencia del caso.
2) Las noticias de la arbitraria detención de Candidatos Opositores pululan, y se nota un manejo mediático evidente. Y no es para menos. Éste último calculado tal vez, por otros intereses, para invisibilizar las atrocidades en Colombia de Duque y Uribe contra las movilizaciones populares.
Igual tampoco se trata de que una situación justifique a la otra.
3) La histeria de Almagro, de la OEA, de nuestra Cancillería, de nuestro Presidente CAQ, del Grupo de Lima ahora sin Lima, de la Vicepresidenta Harris y del mismo Presidente Biden, están desatadas.
Centroamérica otra vez está en el tapete Geopolítico. Más allá de la campaña mediática, hay un interés Geopolítico genuino en la región mesoamericana y el Caribe. Su «Mare Nostrum» imperial complicado por Cuba y Venezuela, y su pérdida parcial del Canal de Panamá por los Acuerdos Torrijos-Carter (1977-1979), que prácticamente le costaron la vida al primero.
4) Visitas oficiales van y vienen.
Vino la Vicepresidente Kamala Harris a golpear la mesa, regaña en público a Bukele (que responde con el Bitcoin) y en privado a Giammattei de Guatemala (que cambia la composición cuestionada de la Suprema Corte). Silencio con el delincuente JOH (le queda poco tiempo).
Quieren poner orden, su «orden», orden imperial, sobre todo en el Triángulo del Norte de Centroamérica.
5) Y ahora recién, vino el Secretario de Estado, el Sr. Tony Blinken, a Costa Rica. Nada de eso es casualidad. Claro, no se trata de Mike Pompeo, el apologeta público de la tortura de la CIA (fue su ex Director), y quien antes fungía como cancerbero de Trump y quién también nos visitó recientemente, el 21 de Enero del 2020. Las formas se guardan. Eso podría ser implicar el deseo de un ligero avance potencial.
Harris, la nueva estrella Demócrata, usará obvio, otro tono diplomático con el Hermano Mayor, con México, que vuelve a ser un país Soberano con AMLO.
6) México es tomado muy en serio, y su Presidente democrático AMLO, lo deja muy claro. El Mundo lo sabe, a pesar de la campaña mediática de desprestigio.
El caos migratorio y el narco están desbordados en toda la región, sin embargo. Y la disfunción social teratológica centroamericana, – heredada de la violencia política y militar de las Oligarquías-, es tan grande que llega a los EEUU.
Y si tienen dudas pregúntele al hermano y funcionario de confianza del fraudulento y autoritario Presidente de Honduras JOH, detenido por Narco, en Estados Unidos.
7) Aclaro públicamente que estoy, -como muchas personas progresistas y de izquierda democrática-, absolutamente en contra, de la descarada detención de los Candidatos de la Oposición en Nicaragua, por parte de jueces controlados por el Gobierno de Daniel Ortega. Eso debe quedar muy claro. Y más aún, estoy en contra del régimen de Daniel Ortega, que dista mucho de los ideales Sandinistas originales y de la heroica Revolución Popular que derrocó al tirano Somoza.
8) Por otra parte, también estoy y estaré siempre, en contra de la histórica injerencia Norteamericana en la política de Oposición nicaragüense, porque finalmente la pervierte y la instrumentaliza; convirtiendo sus justos reclamos democráticos, en parte de su política intervencionista en la región. Y ésta no se puede negar que exista, aunque no se puede tampoco jamás generalizar para toda la Oposición nicaragüense.
9) Ahora llama la atención, tanto descaro y torpeza, en la nueva política represiva de Daniel y Rosario.
¿Cuatro Candidatos Opositores presos? Tres acusados presuntamente, de delitos relacionados con el financiamiento ilegal por parte de Estados Unidos, y otra Candidata acusada de presunto lavado de dinero. Varios otros cargos a dirigentes por supuestamente incitar a la violencia y perturbar el orden público. ¿No es muy evidente tanta torpeza política? ¿O hay algo más?
10) Sobra decir que las acusaciones presentadas, son bastante particulares, y que dan la imagen de un Poder Judicial totalmente secuestrado por el Poder Ejecutivo de Ortega y Murillo.
Se trataría de una provocación internacional, sin duda. Y no de una necesidad fáctica de su régimen. Su poder al interno, era incuestionable.
¿Entonces?
11) La Legitimidad Democrática le tenía y le tiene, totalmente sin cuidado, a Daniel Ortega. Ya no es necesario ningún manto de juego democrático.
¿Entonces por qué esta nueva virulencia en la represión de Ortega? Era incluso muy posible, que Ortega ganara las próximas Elecciones. ¿Entonces cómo justificar dentro su propia lógica esas acciones represivas preventivas? No le eran necesarias.
12) Puede sonar bizarro, pero me parece que se trata de una franca intención de provocación al Hegemón Norteamericano.
Y a ‘contrario sensu’, de llamar la atención obviamente de otras potencias emergentes.
¿Se acuerdan de las BRICS? Bueno es algo más sencillo.
13) EEUU insiste en el despliegue nuclear en Europa. Amenaza militarme a Rusia, apoya a Ucrania, y sanciona a China, no reconoce a Crimea como Rusa, etc., y hasta pone sanciones económicas hasta a los países terceros que comercian con Cuba o Rusia.
¿Cómo afecta toda esta situación global sistémica a Centroamérica, y en particular a Costa Rica?
A juzgar por la política oficial implícita de prohibir la compra de vacunas Sputnik V a Rusia, pues nada bien.
14) O sea, estábamos hablando de Rusia y tal vez de China Popular. (Aunque Ortega debería primero romper totalmente con Taiwán).
Rusia y China, son potencias que legítimamente tienen intereses Geopolíticos, y que tomarán ventajas de los graves errores y de la arrogancia de la presencia o ausencia norteamericana. Se trata del Multilateralismo. Y llegó para quedarse.
15) ¿O sino como explicar todo este circo organizado de ‘signos fornicantes’ geopolíticos?
Esperemos que las autoridades costarricenses, sepan leer mejor esta compleja coyuntura mesoamericana y caribeña.
No es hora de caer en provocaciones, y tampoco de ser tan cipayos. Hay matices y razones.
Los Derechos Humanos, -una justa política estratégica y de principios de nuestra acción diplomática-, no se defiende entregando la Soberanía o sacrificando otro valor institucional, la Paz, y menos, en esta tensa era global de Pandemias.
Caute, Spinoza dixit.
CONTINUAREMOS…
El próximo 30 de mayo se cumplirán 37 años del horroso crimen de La Penca, perpetrado con la finalidad de asesinar a Edén Pastora, en el marco de la lucha interna en Nicaragua entre la contra y el régimen sandinista. Tras dicho atentado que pretendía materializarse en una conferencia de prensa a orillas del rio San Juan, el Comandante Cero resultó severamente herido y se perdieron 7 vidas y hubo 22 heridos más, tras el estallido de una bomba, que aún hoy se desconoce quien la puso. Entre los fallecidos, valerosos trabajadores de la presa, cito a Lynda Frazier (del Tico Times), Jorge Quirós, Evelio Sequeira, Carlos Vargas Genè y Roberto Cruz (murió tiempo después por las secuelas). Entre los periodistas gravemente heridos y que hoy nos sobreviven Nelson Murillo, José Rodolfo Ibarra, Edgar Fonseca y don Gilberto Lopes.
Esa página negra en la historia patria dará origen a través de un decreto ejecutivo de 2010, a la creación del Día del Periodista.
Tras casi 4 décadas, no hay acusados y la justicia nacional e internacional le ha fallado al país y a las familias de fallecidos y sobrevivientes.
Esta fecha no puede pasar desapercibida. Constituye una gran afrenta a nuestra democracia, pues conforme pasa el tiempo se llegan a conocer mayores detalles y se pone en evidencia la complicidad de autoridades nacionales y de cuerpos de seguridad para que se perpetrara dicho atentado, ejecutado en territorio nicaragüense pero orquestado desde Costa Rica donde “otros movieron los hilos”.
Presumo que más de la mitad de quienes leerán esta nota, aún no habían nacido en ese momento. Y es que nos corresponde desmitificar que durante toda nuestra historia hemos sido un remanso de paz, de dicha y felicidad. Y que como los ticos hemos sido vistos tan buena gente y como mansos corderos, pareciera que fuerzas divinas nos han visto con sumo agrado y eso nos ha permitido vivir en medio de la virtud y de la abundancia. Nada más alejado de la realidad. Costarricenses hasta no hace mucho el país y Centroamérica entera, estuvo envuelta en graves y profundos conflictos donde la sangre inocente de miles de hermanos, fue derramada en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Toda esto ocurrió a muy pocos kilómetros de nuestras fronteras. El genocidio en Guatemala donde el general Ríos Montt masacró y provocó la muerte de miles y miles de indígenas. Guerra civil en El Salvador por los combates y enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla; entre las víctimas encontramos religiosas asesinadas por los fusiles del ejército y su temible batallón Atlacatl, la invasión al campus de la Universidad Centroamericana y el cobarde asesinato de Ignacio Ellacuría, así como de otros padres jesuitas y el martirio de monseñor Romero, hoy merecidamente canonizado por la iglesia.
Por eso resulta dolorosa la tozudez de autoridades educativas por bajarle el perfil a asignaturas tan importantes como lo son Estudios Sociales y Educación Cívica. Importantes contenidos en los programas de estudio de esas asignaturas en secundaria han estado asociados lógica y naturalmente al estudio de la historia; historia patria e historia de Centroamérica, así como la consolidación de nuestras instituciones democráticas y valores fundamentales como el derecho a la vida y a la libertad de la prensa, debidamente consagrados en nuestra Constitución Política.
De ninguna mara podemos ir a la celebración de un cacareado Bicentenario con una visión parcial de la historia patria. Lo he dicho en otros momentos, se equivocan las autoridades educativas una y otra vez en que pruebas FARO y pruebas ISA no incluyan Estudios Sociales y Educacion Cívica, o será más bien que deliberadamente se quiere que se olvide todo esto y se profundice el mito fundante de que los ticos nunca hemos sufrido conflictos, guerras o violencia alguna. Por ejemplo, ignorar que muchas de las conquistas sociales que hoy disfrutamos fueron concesiones gratuitas de las clases dominantes y que no costaron vidas ni sangre ni lágrimas de otro costarricense que nos ha heredado esta patria. O que luchar por la libertad, la justicia y que la prensa realmente esté al servicio de la verdad ha costado hasta la vida y salud de valientes costarricenses.
Tras los horrores de la década de los ochenta vinieron los acuerdos de paz suscritos en Esquipulas y Chapultepec. Legaba la paz sobre todo a Guatemala y El Salvador. Pero hoy con estupor y dolor miramos las desgarradoras imágenes de caravanas de centroamericanos migrando hacia el norte en busca de una mayor calidad de vida, que su propio país no fue capaz de brindarles. A lo mejor llegó la paz a Centroamérica pero no así se detuvo la desigualdad y el agresivo proceso de acumulación de riqueza, hoy acelerado por la codicia y los efectos de la pandemia.
Por eso hoy debemos hacer un alto en el camino y honrar merecidamente a quienes perdieron su vida aquel 30 de mayo y a quienes resultaron seriamente heridos. No contribuyamos, con nuestra indiferencia a echar una palada más para que convenientemente se olvide tan macabro hecho. No lo merecen las familias de quienes perdieron su vida ni tampoco quienes aún hoy conviven con nosotros: Edgar Fonseca, Rodolfo Ibarra, Nelson Murillo y Gilberto Lopes. Para ustedes, grandes costarricenses y buenos periodistas, nuestra admiración y respeto imperecederos. Sigan haciendo periodismo grande, bueno, del que marca diferencia. Costa Rica los necesita.
27-V-21
El pasado 6 de mayo se llevó a cabo la Audiencia Pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de medidas provisionales para las y los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). A la audiencia se presentaron las personas beneficiarias de las medidas, sus representantes legales, y Wendy Morales Urbina, Procuradora General de Nicaragua.
El Estado debió rendir cuentas ante la Corte por la violencia que sufren personas defensoras beneficiarias de medidas de protección. Aunque se esperaba que se expresara sobre las acciones implementadas para garantizar los derechos de las personas defensoras, el discurso de Morales fue de estigmatización y violencia.
“La Procuradora, en una tácita aceptación del hostigamiento dijo que la vigilancia policial que mantuvieron frente a las instalaciones del CENIDH, así como la que me sigue a todas partes, se hace para protegernos; pero no mencionó que luego el gobierno nos sacó y usurpó nuestras instalaciones, ni reconoce que es la misma policía la que obstaculiza nuestra labor”, comentó la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIDH. Además, expuso el intenso hostigamiento que recibe por parte de la policía que la vigilan y siguen constantemente, aún en momentos privados.
Por su parte, Gonzalo Carrión, presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, se refirió a las descalificaciones que hizo la Procuradora sobre el hecho de que él mismo y varias personas que integraban el CENIDH, se vieron forzados al exilio. “El nuestro no es un caso aislado, cientos de miles de nicaragüenses han tenido que salir del país para resguardar sus vidas, y quienes se han quedado en Nicaragua, como doña Vilma, se encuentran en peligro todos los días”.
La Corte IDH, ya ha indicado que los Estados deben reconocer los riesgos inherentes a la labor de defensa y los insta a elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación en casos de riesgo, amenazas y agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos
Las peticionarias esperan que la Corte IDH requiera al Estado que se abstenga de seguir ejecutando acciones que ponen en peligro los derechos de las personas beneficiarias y que asegure un ambiente propicio para la defensa de derechos humanos, así como cesar las campañas de hostigamiento en contra las personas defensoras.
La directora del programa de Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Claudia Paz y Paz, recordó que han transcurrido 18 meses desde que la Corte IDH otorgó medidas de protección al CENIDH y a la CPDH, sin que el Estado de Nicaragua haya adoptado acciones para proteger la vida y la integridad de las personas beneficiarias.
Información compartida a SURCOS por Seidy Salas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
12 de marzo de 2021.- El 18 de marzo de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública sobre los impactos de la colonización de tierras indígenas en la costa caribe de Nicaragua. Seis organizaciones de la sociedad civil participarán en la audiencia y llamarán la atención alrededor de las causas, la magnitud y los impactos de la colonización de los territorios indígenas en el noreste de Nicaragua, así como sobre los promotores de esta violencia.
En la audiencia se presentará la información más reciente respecto a la violencia causada por la colonización y perpetrada en contra de los pueblos indígenas y las personas defensoras de la tierra, así como los detalles sobre la colusión y la complicidad del gobierno nicaragüense y los actores del sector privado implicados en actividades como la minería de oro, la ganadería y la explotación forestal, tal y como reveló el informe de 2020 del Oakland Institute, “Nicaragua’s Failed Revolution: The Indigenous Struggle for Saneamiento”.
En 2020, se documentaron 13 asesinatos, ocho personas heridas, dos secuestros y el desplazamiento forzoso de una comunidad en los territorios indígenas de la Reserva de la Biosfera de Bosawás. A la fecha, la violencia continúa. El pasado 4 de marzo de 2021, colonos llevaron a cabo un ataque contra el pueblo mayangna en la zona de Kimak Was, dejando a una persona herida con cinco impactos de bala y secuestrando temporalmente a otra persona. Durante la audiencia, representantes de la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil ofrecerán su testimonio sobre las repercusiones de la colonización en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas, incluidos los impactos en su capacidad de acceder a fuentes de alimentos, agua potable y a medicina tradicional, así como en sus relaciones con la tierra en general. Las personas participantes también debatirán los efectos de los huracanes ETA e IOTA, que golpearon la costa caribe norte de Nicaragua a finales de 2020 y cuyos impactos persisten al día de hoy.
Esta audiencia se da en un contexto de mayor presión internacional sobre el gobierno nicaragüense y las empresas privadas para que tomen medidas concretas para detener el proceso de colonización. Al respecto, el 1 de febrero de 2021, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos envió una carta al gobierno nicaragüense en la que pedía una investigación completa del asesinato en noviembre de 2020 de Nacilio Macario, un líder Mayangna que combatía las explotaciones mineras y forestales ilegales. El Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos respaldaron la carta. A finales de febrero, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua que, por primera vez, incluyó una sección sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La Alta Comisionada denunció las «invasiones recurrentes y los ataques violentos de colonos» contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la incapacidad del gobierno nicaragüense para investigar adecuadamente los ataques y las denuncias de connivencia de las autoridades locales en los mismos. El Estado también ha fallado sistemáticamente en implementar las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a una comunidad indígena mayangna y a 12 comunidades mískitas.
Más recientemente, el Fondo de Colaboración para el Carbono Forestal del Banco Mundial (FCPF por sus siglas en inglés) anunció que retiraba a Nicaragua de su cartera tras determinar que será imposible «poner en marcha los sistemas necesarios para la gestión ambiental y social, el seguimiento y la evaluación, y la certificación independiente de los resultados.» La financiación del FCPF en Nicaragua estaba destinada a invertir hasta 55 millones de dólares para la reducción de la deforestación.
La audiencia pública tendrá lugar a las 12:00 horas Nicaragua | 14:00 horas Washington D.C. el 18 de marzo de 2021 y se realizará de manera virtual a través de Zoom y de la página de Facebook de la CIDH. Las organizaciones que participarán en la audiencia son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (R&E), el Instituto Oakland y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). El Estado de Nicaragua ha sido invitado a participar.
SURCOS comparte la siguiente publicación:
Amnistía Internacional presenta una nueva publicación a cerca de la situación de represión que se está viviendo en Nicaragua.
Adjuntamos la introducción del texto y extendemos la invitación a leer el artículo completo que se encontrará disponible para descarga al final de la nota.
Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que iniciaron en abril de 2018, por una serie de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido.
Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones.
La evidencia y testimonios contenidos en este informe muestran la forma en la que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio.
Las violaciones de derechos humanos, incluida a la libertad de expresión, no son nuevas en Nicaragua. Sin embargo, el uso de nuevas herramientas, como algunas de las que serán presentadas y descritas en este documento, indican el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país.
Durante abril y mayo de 2018, las autoridades hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza e implementaron una estrategia en ocasiones deliberadamente letal contra las personas que se manifestaban.1
La negativa del gobierno a cesar la represión, en los meses posteriores, continuó sumando víctimas fatales y heridos a manos de agentes del Estado y grupos parapoliciales armados afines al gobierno, lo que aumentó la indignación social. Numerosas localidades respondieron a la estrategia represiva levantando barricadas y, en ocasiones, utilizando morteros artesanales para defenderse.
En respuesta, en julio de 2018, Ortega anunció la “Operación para la Paz”, que se conoció popularmente como “Operación Limpieza”. Ésta consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enviar a grupos combinados de fuerzas parapoliciales armadas y agentes de la Policía Nacional a enfrentar a quienes se manifestaban. 2
En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la puesta en marcha de la Operación Limpieza estaba marcando un punto de inflexión en la crisis de derechos humanos en Nicaragua. 3
Pocos meses después, en diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, instalado bajo el auspicio de la CIDH con el fin de coadyuvar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el contexto de las protestas, concluyó que la respuesta represiva del Estado se dio en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El GIEI afirmó que las autoridades nicaragüenses realizaron “conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. 4
A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifestaban y promovían el respeto a los derechos humanos continuó durante 2019.
De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en el 2019 se continuaron reportando casos de homicidios selectivos de personas identificadas como participantes en las protestas o como opositoras al gobierno, incluyendo al menos 40 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, muchas contra personas campesinas.5
Durante ese año el gobierno se cerró al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos, situación que continuaba hasta finales del 2020.
Organizaciones locales actualmente denuncian que las autoridades siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios.6 A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización de este informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria.7
Dentro de las cárceles, las personas detenidas bajo cargos que podrían esconder una motivación política siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo por sus actividades. Además, fuera de las cárceles, quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática, diseñada para detener su labor.
Fuera de las prisiones, activistas excarceladas y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer cualquier tipo de trabajo relacionado con los derechos humanos, u otras actividades. En algunos casos, el hostigamiento se materializa en actos de intimidación y acoso por parte de la policía, fuerzas parapoliciales o redes de control local vinculadas con las autoridades.
En otros casos, la represión es más directa. Desde 2018, el gobierno ha cancelado el registro legal y confiscado los bienes de al menos 10 organizaciones de derechos humanos. Las autoridades también han criminalizado a periodistas y cerrado medios de comunicación considerados críticos.
Durante la segunda mitad del año 2020, la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó una serie de leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros,8 por ejemplo, cuyo aparente objetivo es fiscalizar el dinero que organizaciones reciben para evitar la “injerencia extranjera”, en la práctica podría forzar a las organizaciones a cerrar sus puertas ante los obstáculos para financiar sus actividades legítimas.
La Ley Especial de Ciberdelitos, por su parte, bajo el pretexto de evitar la propagación de “noticias falsas”, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones que, a los ojos de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”.9 En la misma línea, se aprobó, en primera lectura, una reforma constitucional que permitiría la pena a perpetuidad. Debido a la vaguedad del texto que se propone reformar, existe el temor fundado de que sea otra herramienta que pueda ser utilizada para criminalizar a personas percibidas como opositoras.
Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, se recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo.
Mientras tanto, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares, quienes han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y de otras violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, continúan siendo una ilusión.
Tras la finalización de este documento, en noviembre de 2020, los reportes sobre el incremento de los actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, continuaron sin pausa. Adicionalmente, en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, cuya aprobación fue rechazada por la CIDH, quien además señaló que su contendido limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. 10
Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.
SURCOS recibe el siguiente recuento de la Conferencia Internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19” del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED):
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo está celebrando su décimo aniversario y entre las actividades que ha organizado en ese marco se encuentra el III Seminario CICDE “Retos de la democracia en tiempos de COVID19”, que concluyó el pasado jueves 19 de noviembre con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”. Al igual que las sesiones previas del Seminario, esta conferencia está en línea y les invitamos a observarla en Youtube o en Facebook.
La actividad contó con la participación de cuatro panelistas de muy alto nivel, que profundizaron en los orígenes y manifestaciones de la crisis democrática en la región centroamericana y especialmente en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en el contexto de la pandemia y de los serios fenómenos climáticos que han afectado al istmo recientemente.
Inicialmente el Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista costarricense y director del CICDE, introdujo la importancia de entender la democracia como una aspiración y como una concreción siempre precaria, imperfecta y cambiante, que define un horizonte necesariamente perfectible y que se expresa tanto en la institucionalidad como en la vivencia subjetiva de las personas. Al igual que coincidieron después los demás panelistas, explicó que la pandemia de COVID-19 ha venido a poner en evidencia y a profundizar una crisis democrática que ya existía en la región, y que en el caso costarricense está estrechamente relacionada con elementos como la creciente desigualdad, pobreza, el deterioro en el empleo y en la capacidad adquisitiva de la población, que muy probablemente están en el trasfondo del malestar que expresan las protestas que ha vivido el país en los últimos meses. Para Vargas Solís, la búsqueda de una mejor democracia requiere sin duda reorientar el modelo económico propio del proyecto neoliberal, algo que las élites y sectores hegemónicos no parecieran estar en disposición de hacer.
A continuación intervino la máster Ana Lucia Álvarez Vijil, economista feminista e investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases) de Nicaragua. Ella caracterizó varios aspectos de lo que define como una crisis continuada y profunda de la democracia, a partir de la constitución de los Estados nacionales en el marco de un pacto patriarcal y colonial que les lleva a jerarquizar a las personas en función de condiciones como el sexo y la raza, lo que produce condiciones muy desiguales de ciudadanía y ejercicio de derechos. La académica y activista insistió en el reto de abordar las implicaciones de los diversos traumas y manifestaciones de violencia formal e informal que han enfrentado los pueblos centroamericanos, así como de poner la mirada en los procesos de producción y reproducción de la vida humana y no humana que resultan fundamentales en momentos de crisis como el actual.
De seguido, la participación del Dr. en Ciencia Política Álvaro Artiga González, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, profundizó en el análisis del sistema de partidos y la evolución de las posiciones ideológicas que caracterizan el entorno político salvadoreño, en un entorno cada vez más determinado por la influencia de intereses económicos y que no está representando de manera efectiva la diversidad de realidades existentes en la sociedad. Enfatizó especialmente en la “tentación autoritaria” que lleva a optar por medidas represivas ante las diferencias de opinión, en vez de abordar las causas profundas que siguen reproduciendo la crisis democrática.
La última ponencia estuvo a cargo de Ricardo Sáenz de Tejada, Dr. en Ciencias Sociales quien se desempeña como profesor e investigador de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sáenz de Tejada explicó que el proceso de democratización en Guatemala se llevó a cabo a partir de un pacto entre élites militares, empresariales y políticas, un contexto en el que los ajustes electorales e institucionales, así como la creciente influencia de redes de corrupción y cooptación de la institucionalidad han perpetuado la exclusión de sectores que ya de por sí se encontraban en condiciones de subordinación. En este escenario, llamó la atención acerca de la necesidad de rescatar el Estado y la política pública orientada al bien común como parte de la defensa de la democracia.
Después de la presentación de las ponencias se facilitó un interesante intercambio con el público que participó en la actividad, en la cual las preguntas y comentarios que se plantearon ayudaron a las personas expositoras a profundizar en su lectura del momento que vive la región centroamericana, los retos y las propuestas que compartimos desde todos los países que la integran.
En la convocatoria al III Seminario CICDE se indicaba que en el mismo se entendería la democracia “desde una concepción dinámica, evolutiva, compleja y dialéctica. Consideramos que, en primera instancia, la democracia define una aspiración y un horizonte de posibilidades, construidas alrededor de valores de justicia, equidad, derechos humanos y participación ciudadana y que, por tanto, sus concreciones prácticas son siempre imperfectas, limitadas y cambiantes. La democracia, desde esta perspectiva, no implica una teleología: no es que las sociedades humanas se mueven naturalmente hacia más y mejor democracia. Antes bien, la calidad de la democracia, e incluso la democracia misma, puede experimentar tanto avances como retrocesos, y en cada oportunidad particular ello será el fruto de complejas dinámicas sociales, es decir, de movimientos y procesos que necesariamente involucran conflictos, negociaciones y arreglos institucionales de distinta magnitud, y de diferente índole o naturaleza. La democracia es, por lo tanto, un territorio de lucha, una aspiración en disputa, una idea y una propuesta que está bajo permanente asedio, una concreción siempre incompleta y siempre cambiante, que intenta afirmarse mientras enfrenta e intenta resolver múltiples amenazas y desafíos”.
La relevancia de este acercamiento fue reiterada en la Conferencia de cierre del Seminario que aquí reseñamos. Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE y moderadora de la Conferencia, resaltó en su comentario de balance final la importancia de pensar Centroamérica y los retos que plantea la crisis democrática a partir de los hilos comunes que comparten los países de la región, un esfuerzo con el cual el CICDE y la UNED reiteran su compromiso.
Aquí puede ver la transmisión.
Este próximo jueves 12 de noviembre de 2 a 2:30 p.m. se presentará el nuevo libro “Costa Rica, Nicaragua y Panamá 1930-1932: Álbum fotográfico de D. Tucker Brown”, que recoge casi 200 fotografías tomadas por el Ing. D. Tucker Brown durante la construcción de la Carretera Interamericana, y que fueron rescatadas por el geógrafo Claudio Barrantes Cartín. Es una obra catalogada por Luko Hilje como extraordinaria y de gran valor histórico. Luko Hilje será el comentarista de esta actividad.
La transmisión será en vivo por Facebook: www.facebook.com/fcsucr
YouTube: WebTVUCR
Enviado por Luko Hilje.
San José, 14 de agosto de 2020.- El pasado 5 de agosto de 2020, el think-tank de asuntos ambientales Oakland Institute presentó “Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento”, una traducción al español del informe Nicaragua ‘s Failed Revolution.
Este informe independiente recoge las denuncias de pueblos, comunidades, organizaciones y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas respecto de la creciente violencia perpetrada por parte de colonos; con la complacencia de empresas trasnacionales y el Estado nicaragüense. El texto también expone a empresas extranjeras mineras de oro, actores nacionales e internacionales de la industria maderera y ganadera, así como a destacados funcionarios nicaragüenses detrás de esta violencia.
Frente a estas agresiones, ampliamente documentadas por organizaciones de derechos humanos y retomadas por el informe, el Estado de Nicaragua ha fallado en garantizar la vida e integridad de los pueblos indígenas, al que tiempo las violaciones continúan impunes. En su lugar, el Gobierno sigue promoviendo actividades extractivas en territorios indígenas y la situación de riesgo se agrava.
Como representantes de las comunidades indígenas miskitu ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) te invitamos a la presentación del informe “Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento”, cuya versión en inglés ya ha generado millones de impresiones en los medios, incluida cobertura por parte del New York Times, Guardian, Le Monde, Washington Post, ABC News, MongaBay, entre otros.
Acompáñanos el jueves 20 de agosto de 10:00am a 11:30am hora Centroamérica en un webinario en español para presentar los hallazgos del informe y discutir acerca de las formas de apoyar la lucha de los pueblos indígenas por el saneamiento.
Panelistas:
Moderadora: Sofía Espinal, oficial de comunicación en CEJIL para el programa de México y Centroamérica
Regístrate: https://bit.ly/30NwbJG
Hallazgos clave del informe:
El Instituto Oakland es un grupo independiente de personas expertas que aporta nuevas ideas y acciones audaces a los problemas sociales, económicos y ambientales más urgentes de nuestro tiempo.
CEJUDHCAN es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que brinda programas educativos, apoyo legal y asistencia práctica a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la costa caribeña de Nicaragua.
CEJIL es una organización regional que promueve y defiende los derechos humanos en las Américas ante los sistemas internacionales de protección, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre los diferentes litigios que ha llevado a cabo se encuentran las medidas de protección en nombre de 12 comunidades miskitu y dos personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
*Imagen destacada tomada de: https://www.dw.com/
En la actualidad, como ya todas las personas estamos enteradas, la población global se encuentra enfrentándose a una pandemia. Un virus relativamente nuevo que ha cobrado una cantidad muy significativa de vidas alrededor del mundo, que ha logrado colapsar los sistemas de salud de todos los países y que paralizó a una sociedad que desde hace mucho tiempo estaba corriendo de una forma muy acelerada. Es cierto que todas y todos estamos aprendiendo sobre este microorganismo y el padecimiento que causa , por la simple razón de que nadie se esperaba una crisis de salud pública de esta magnitud y el paroxismo con el que apareció fue solamente un preámbulo de la velocidad de su expansión; no obstante, a pesar de este aprendizaje sobre la marcha y de estar enfrentándose a una pandemia, existen países como Nicaragua, que también enfrentan a un desgobierno que pone en peligro la vida e integridad física de la ciudadanía.
Desde el inicio de la expansión de la pandemia y las primeras recomendaciones que han brindado las organizaciones regionales y mundiales de la salud, la población Nicaragüense vislumbraba como la situación se podría tornar incluso más complicada en el país, el presidente Daniel Ortega , la vicepresidenta –quien también es primera dama y vocera del gobierno- Rosario Murillo y todo el aparataje estatal y oficialista iniciaron a emitir discursos irresponsables al tildar a esta enfermedad como un “padecimiento de ricos y burgueses” , se negaban a acatar recomendaciones mientras convocaron concentraciones masivas en las calles –la marcha llamada “amor en tiempos de covid”, es solo un ejemplo- y actividades deportivas/culturales que a la fecha se continúan realizando ; aunado a todo esto, iniciaron una campaña de comunicación para deslegitimar cualquier noticia sobre el virus, adjudicándolo a otro intento de desestabilización de la oposición.
Con el paso del tiempo y debido a que era innegable la presencia del virus en Nicaragua, el ministerio de salud encontró su escaparate al implementar un sistema de manipulación de información, elaborando actas de defunción donde la causa de muerte se adjudicaba a una “neumonía atípica” y se continuaba replicando el discurso que Nicaragua solo tenía un par de casos importados, pero que no había transmisión comunitaria; durante el tiempo transcurrido del primer caso diagnosticado el 18 de Marzo a la fecha del 12 Mayo, se contabilizaban 25 casos positivos y 8 fallecimientos, pero el último informe emitido, el día 19 de mayo, expresa que han incrementado a 254 casos, lo que representa una alza significativa en la curva de contagio; no obstante, el mandatario en su última comparecencia admite una alza de muertes por neumonía en el país, en comparativa con los datos obtenidos en los últimos 5 años.
Ante la desinformación y la falta de transparencia de las autoridades de salud y el estado de Nicaragua, la población optó por establecer mecanismos de observación y comunicación de manera independiente, surgiendo la iniciativa del “Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua”, que –como sus redes sociales indican- son un esfuerzo colaborativo para brindar información sobre el COVID-19; esta iniciativa representa solo un ejemplo de las medidas que ha tenido que implementar la población nicaragüense debido a que el gobierno no responde, no informa y no protege a sus conciudadanos, pero, a pesar de los esfuerzos individuales y colectivos que puedan llevar a cabo las y los nicas, el panorama a mediano y largo plazo se ve muy negativo, el sistema de salud –significativamente pobre- puede colapsar, las personas no pueden hacer cuarentena porque no tienen garantías para el sustento de un par de semanas o un par de meses , los precios de mascarilla, guantes y alcohol en gel se han disparado por los cielos y, como si se tratase una competencia por cual es la situación más trágica, muchas localidades del país no tienen acceso a agua potable.
Es cierto que el papel de la ciudadanía es llevar a cabo las medidas de prevención y protección ante el virus, pero también el estado tiene una gran responsabilidad de velar por la salud, integridad física y bienestar de la población a quienes –en teoría- representan, pero lamentablemente la tiranía y sed de poder ciega a sus gobernantes a tal punto de dejar morir a sus gobernados, incluso a sus fieles seguidores.