Acción Solidaria organiza para este próximo sábado 01 de setiembre a las 6 p.m. una noche de poesía y canto: “Voces Unidas por la Paz en Nicaragua”, con la participación de Esteban Monge, Óscar Espinoza, Flor Urbina, Julieta Dobles, Amanda Rivas, Son de la Tierra y Luis Ángel Castro.
El evento se llevará a cabo en el Taller del Artista en Tres Ríos (tel: 2278 3598). Se solicitará un bono solidario de 15 mil colones, incluye aperitivo.
En el marco de la Semana Nacional de Ciencias Políticas, la Universidad de Costa Rica invita al tercer conversatorio sobre Crisis Política en Nicaragua: perspectivas desde movimientos estudiantiles, a realizarse el próximo martes 14 de agosto a las 5 p.m. en la Sala Multimedia, 1er piso de la Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
Participan:
Daniela Alpizar, presidenta FEUNA
Renato Franco, presidente FEUCR
Willian Boliche, presidente FEITC
Estudiantes nicaragüenses (por confirmar)
El cupo para asistir al conversatorio es limitado, por lo que debe confirmar su asistencia al correo: cpoliticas@sep.ucr.ac.cr o a los teléfonos: 2511 4135 / 2511 3273
En mi anterior artículo “El Efecto Dominó Contra Nicaragua” intenté un repaso histórico sobre la Nicaragua Sandinista de Hoy, caracterizando que el triunfo de la Revolución Sandinista fue el logro de la caída de la dictadura somocista por más de 59 años; no el triunfo de una revolución socialista, como tampoco el de una revolución democrática popular. Fue el triunfo de una política Frentista de Liberación Nacional. Ahora, un proyecto de reforma al sistema pensional y de seguridad social, fue el detonante de la situación degenerada en protestas callejeras. Sin el apoyo de los empresarios y la asistencia de estos a sectores estudiantiles, con miras a que la normalidad retornara a las calles de Managua, el gobierno decidió retirar el controvertido proyecto; pero las protestas no cesaron y la intención del levantamiento conspirativo quedó al descubierto, al expresar los voceros estudiantiles que el presidente Ortega debía renunciar. Luego, acorde con el despliegue de la mediática, se suceden las imposiciones para que el gobierno adelante las elecciones en altisonante juego de exigencias.
DEL TRIUNFO SANDINISTA
Las condiciones del movimiento popular ante la férrea dictadura somocista, no permitía una expresión de las organizaciones sociales ni populares. No existía reconocimiento legal alguno, ni de ejercicio de los derechos fundamentales. Paralelo a la hambruna y empobrecimiento de la población corría la carencia de instancias de representatividad. El papel del clero insurgente y los trabajos de comités de base eclesiales, suplían formas organizativas, por lo cual la lucha político y militar del Frente no fue una lucha por el poder, sino la de los logros por alcances democráticos contra la dictadura. La experiencia de un Frente Popular se materializó con el encausamiento de los efectos de la represión contra la clase media. Afectados también el sector de intelectuales, de comerciantes , pequeños y grandes empresarios, que carecían de un mercado libre, competitivo, y sin capacidad política organizativa, enfilaron a la política del Frente y bajo la denominación política del Grupo de los Doce, todos esos actores afectados y que no tenían espacio ante la plutocracia del grupo de los Somoza, tuvieron cabida en ese escenario de lucha en el que, por las circunstancias del momento, no correspondía dirimir la lucha ideológica, sino la aceptación de apoyar la lucha contra la dictadura; lucha de por sí insurreccional.
La sumatoria de organizaciones políticas y sociales, propias en una política de Frente, aplicaba sobre una dinámica de militancia. No había una Escuela de Cuadros en la formación de dirigentes. Ello explicable por cuanto al no darse la complejidad de lo político-organizacional, el faro de la búsqueda del poder no era la meta. Lo era el derrocamiento del mal gobierno dictatorial. Al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lo identificaba y movía, un programa de alcances concretos y que a hoy continúa siendo el programa vigente: * Revolución Agraria (aún no alcanzada). * Legislación laboral y seguridad (amenazada por la flexibilización y el deterioro de derechos sustantivos). * Gobierno revolucionario y honestidad administrativa (con un flagelo de corrupción y no ejercicio eficaz de órganos de control). * Reincorporación de la Costa Atlántica (bajo un modelo de Ordenamiento territorial no satisfactorio y la mediocridad díscola de las minorías indígenas Miskitas, en permanente oposición a salidas de solución). * Emancipación de la mujer y respeto a las creencias religiosas (con dura afectación al derogar la Ley del Aborto y enterrar otras conquistas de género; así como el desdibujado cariz religioso que linda con fundamentalismo para congraciarse con el peso político especifico de la jerarquía eclesiástica). *Política exterior independiente y solidaridad internacional. *Ejército patriótico popular y eliminación de la guardia nacional somocista y la * Unidad Centroamericana. Estos últimos estadios de logros eficaces y verdaderamente progresistas.
LA POSICION DE IZQUIERDA
Se vocifera que es una inconsecuencia “de la izquierda” apoyar al régimen represivo de Daniel Ortega en la presidencia y Rosario Murillo en la vicepresidencia de Nicaragua. Con infinidad de calificativos y carencia de argumentos, se suceden acusaciones y violaciones por doquier, ante la respuesta gubernamental de represión a las actividades conspirativas e insurreccionales.
Exhibiendo el crecido número de muertos durante los enfrentamientos y el prolongado ciclo de protestas desde el 18 de abril de 2018, generan un ambiente de malestar generalizado en la opinión pública internacional, abrumando y presionando con una salida unilateral y no producto de un acuerdo político en la búsqueda de solución definitiva a los sucesos. Se registran protestas de organismos internacionales como la OEA, declaraciones de jefes de estado en particular, manifestaciones de urgencia de sectores académicos y de la intelectualidad a mutuo propio o en representación de entidades, atosigan y abruman articulistas y generadores de opinión para contrarrestar a la otra corriente que vislumbra un mal uso de los canales de la diplomacia entre los estados, un empeño en abrumar con la presión en la imposición de medidas a prisa al gobierno sandinista llegando a la disonancia venenosa que el argumento de los defensores del gobierno sandinista es el de siempre: “ las protestas están organizadas por el imperialismo yanqui; criticar la represión es funcional a los intereses del neocolonialismo”, etc, etc.
PERMANENCIA DEL SANDINISMO
Es dable afirmar que el tal Orteguismo no existe. El Sandinismo es el que ha permanecido como ejercicio político, acorde las condiciones organizativas internas, bajo los emblemas de variables para la iniciativa de manejo del poder, en cogobierno con los sectores derechista predominantes desde el Grupo de los Doce, en la génesis de la estructura y naturaleza Frentista atrás expuesta; materializada en las alianzas expresas con el corrupto Arnoldo Alemán.
Para mantener una concepción política progresista y en forma práctica alternativa de gobierno, el sandinismo concilio posiciones pragmáticas de efectos neoliberales en la economía; retardatarias en cuanto a derechos de las mujeres, conservadores en cuanto a la permanencia de un estado laico y de reformismo constitucional en cuanto al ejercicio democrático. La neutralización de la Contra revolución opero a costa del pesado fardo de la colusión, en el entendido que, sin ser de principios socialistas ni revolucionarios, la concepción frentista del sandinismo no traicionó los principios universales de la izquierda; puesto que reitero, el sandinismo no era revolucionario ni de izquierda. Ahondando en explicación razonada, opere un silogismo de comprensión en el que la premisa mayor la constituye un discurso de planteamiento antiimperialista, anti-neocolonial y anti oligárquico. La premisa menor, las alianzas pragmáticas para el ejercicio y monopolio de poder gubernamental y la conclusión, la permanencia de una política progresista como modelo o forma de gobierno alternativo en el escenario latinoamericano. Así entendido, la posición consecuente de izquierda ante el fenómeno del sandinismo encargado en la presidencia de la dupla Ortega- Rosario, es la reivindicación para la permanencia, avance y triunfo de una concepción progresista y no revolucionario y/o socialista en Nicaragua, cuyo factor de iniciativa y permanencia depende del sandinismo bajo la presidencia de Ortega. Esa es la realidad actual de la izquierda latinoamericana. Predomina la tendencia progresista ante la tendencia socialista, de izquierda y revolucionaria. Por ende, no sea difícil digerir que, ante el panorama de la realidad política en Nicaragua, la izquierda por principio alinee a favor de la continuidad y permanencia de la Presidencia de Ortega en el poder y no en su contra, ante la eventualidad del desplazamiento de los progresistas por el embate de la derecha en Nicaragua.
A manera de Conclusión
No es que la falta de iniciativa política e ingobernabilidad sea el resultado de la represión. El estallido de inconformidad estudiantil dista de una articulación organizada y popular. La posición de los viejos sandinistas no materializa una concepción elaborada de ideas renovadoras e incurren en verdadera escolástica sin crítica interna. No asoman partidos de oposición. El papel aglutinador y de interlocución la jugó la Conferencia Episcopal, dándole forma a una Mesa de Dialogo en la que están sentados o representados el Consejo Superior de la Iniciativa Privada, verdaderos “cacaos” empresariales. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCAM), que promueve la inversión entre los Estados Unidos de América y Nicaragua a través del libre comercio, la libre empresa y el libre mercado. Delegaciones de estudiantes, que fueron a Washington a retratarse con ultraderechistas como Marcos Rubio e Ileana Ross y en gracia de discusión por los movimientos sociales uno que otro exponente a nombre de la sociedad civil, el movimiento campesino, sindical y la costa Caribe. En tanto el presidente Ortega ha sido consecuente con la permanencia del dialogo y la respuesta oficial en la responsabilidad del ejercicio represivo.
La vorágine del conflicto está en su cenit y por ende corresponde a la soberanía y dignidad del pueblo costarricense el que se esclarezca toda violación al derecho Internacional de los Derechos Humanos en Nicaragua. Ante eso la izquierda es inclaudicable.
Déseme la licencia de concluir con apartes de mi citado artículo anterior al presente:
“Resulta sintomático que no se despliegue con tan inusitada tenacidad como se hace para condenar, el factor de existencia de las misiones instaladas en pro de búsquedas de soluciones.
Así: Se acordó con las Autoridades de Nicaragua, desde el 2 de julio de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (G.I.E.I) para documentar las fuentes de acciones violentas en Nicaragua. Aportar a la Verdad y a la Responsabilidad de los hechos durante las confrontaciones en curso.
Existe desde el 24 de junio de 2018 el MESENI (Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua) grupo internacional e interdisciplinario en relación directa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empeñados en definir sobre la identidad y existencia de los cargos de uso de grupos paramilitares.
Alarma la suerte de toda una nación en el que el maltrato de una observación diplomática internacional conlleve al peligroso tránsito de una guerra civil en Nicaragua. Comprendan las personalidades involucradas que de lo voluntarioso no queda sino lo de aprendiz de brujo”.
Desde el día 18 de abril de 2018, se desbordó la protesta social en Nicaragua, cuando los estudiantes universitarios, alentados por los empresarios, rechazaron una reforma al sistema de seguridad social que implicaba cambios en los requisitos de edad para optar por la pensión de jubilación, incrementándose aportes de trabajadores y patronos y gravámenes adicionales. La protesta generalizó enfrentamientos y surgieron motivaciones decantadas en el ideario de masas al persistir situaciones no resueltas en torno a políticas de implementación de Mega proyectos tales como la construcción del canal Interoceánico, en asocio con el capital chino y que desde el inicio centró el rechazo de defensores de la naturaleza por su efecto adverso al sistema ecológico sostenible, daño al entorno del Lago interior de Nicaragua y la supervivencia del tiburón de agua dulce, entre otros ecocidios. Aunado a lo anterior, el suceso de catastrófico incendio en la Reserva Natural Indígena Maíz, acusándose al gobierno de desidia en la solución pronta de la conflagración e incompetencia de las autoridades en la aplicación de programas complementarios en beneficio nacional.
LA NICARAGUA SANDINISTA DE HOY
Conforme a los derroteros de luchas de liberación de los pueblos latinoamericanos contra el Imperio, y las oligarquías criollas apoltronadas, el estadio de sucesos nicaragüenses reviste situación particular, como quiera que en ese suelo libertario la llegada de la Independencia del yugo español se dio por decreto de la Capitanía de Guatemala y fue en la lucha contra los filibusteros de Walker, donde sin notarlo se había declarado la anexión de Nicaragua a los intereses plutocráticos norteamericanos y creando su propio ejército, William Walker, quien fue gobernador de Nicaragua, pretendió anexarse a la pacifica y bucólica Costa Rica, desarrollándose la campaña de 1856, que se define como un pasaje de verdadera guerra de independencia de los pueblos centroamericanos. Se daba la expansión de la aplicación de la doctrina del Destino Manifiesto, prologado por Bolívar como que los Estados Unidos de Norteamérica estaban destinados a asolar de miseria a los pueblos latinoamericanos y aunado al proyecto comercial, los bergantines expedicionarios estadounidenses, pasaban del Atlántico, por el Río San Juan, al lago de Nicaragua y por el Pacifico enrumbaban a la California. Ya a inicios del Siglo XX la invasión de Estados Unidos fue de manera abierta a México, Haití, Panamá, República Dominicana, Nicaragua. En este país, Nicaragua, fue con la dinastía de Anastasio Somoza Debayle como entronizó el Imperio. Surgió el luchador popular y patriota Augusto Sandino, asesinado por Somoza y a quien heredó en el poder su hijo Tachito Somoza, hasta que sucumbió con el triunfo de la revolución por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979, que había sido fundado en 1961, por Carlos Fonseca Amador, como una organización político militar de izquierda y ejemplo para el desarrollo de la lucha armada antiimperialista.
El paso del Sandinismo por el poder en Nicaragua fue fugaz y la liberal Violeta Barrios de Chamorro, luchadora contra la dictadura somocista ganó las elecciones, siendo elegida presidente del 25 de abril de 1990 hasta el 10 de enero de 1997. Daniel Ortega aspiró a la presidencia en las elecciones de 1996 y fue derrotado por el liberal Arnoldo Alemán elegido presidente del 10 de enero de 1997 al 10 de enero de 2002. Luego fue elegido presidente Enrique Bolaños Geyer del 10 de enero de 2002 al 10 de enero de 2007. Daniel Ortega sufrió tres derrotas electorales en 11 años. Hasta ser elegido presidente para el periodo 2007 al 2011, sucediendo a Enrique Bolaños Geyler. El 6 de noviembre de 2011 Daniel Ortega fue reelegido presidente en justas electorales ante el empresario radiofónico Fabio Gadea y el controvertido político liberal Arnoldo Alemán, periodo cumplido hasta el año de 2016. Su carisma político logra su reelección el domingo 6 de noviembre de 2016, por un tercer periodo consecutivo y con un registró del 72% de la votación conforme al Consejo Supremo Electoral. Desde el 10 de enero de 2017 ejerce la presidencia junto con su fórmula de Vicepresidencia, Rosario Murillo, quien es su esposa. De manera que, en ejercicio de este tercer periodo de mandato gubernamental, Daniel Ortega ha gobernado a Nicaragua por 15 años consecutivos al concluir su actual mandato que se extiende hasta el año 2022.
¿EL GOBIERNO SANDINISTA REPRESENTA UN PODER POPULAR?
La Revolución Sandinista no fue una revolución socialista. Tampoco una revolución democrática popular. Fue una revolución victoriosa contra una dictadura de facto oligárquica, latifundista e imperialista de mas de 59 años en el poder. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no consolidó un poder popular y sus actuaciones gubernamentales registraron hechos de ingobernabilidad y de inconsecuencias que pronto pasaron factura por parte del electorado. El Sandinismo en el poder fue una especie de retórica en el uso de un lenguaje revolucionario y de expresión antiimperialista, a un pueblo conmovido por el sufrimiento, con un discurso de expresión de ideas con énfasis en un discurso de aplicación para la obtención de cambios. Emergió en momentos en que se consolidaba la Revolución Cubana y el compás de permanencia de patio trasero de la geopolítica del imperio se deterioraba y alzaba en reto en la llamada guerra fría. No aplicó un programa de reforma agraria integral. Sí el de expropiaciones desmesuradas, cuyas desmedidas conformaron un cuadro de escenario de inequidades y contribuyeron a corroer la esencia gubernamental del gobierno sandinista en una cadena de operaciones que confluyó en anárquicas situaciones de desorganización y desordenes propicias para instaurar un ejercicio de corrupción generalizada, para mencionar tan solo el pasaje de “la piñata”, juego que consiste en colgar a cierta distancia del suelo un recipiente generalmente lleno de dulces , para romperlo a palo con los ojos vendados; y con el que se retribuyó el ejercicio burocrático de un poder improvisado o para el que no se estaba preparado.
Los Estados Unidos no permitieron la presencia de un gobierno de tono revolucionario e inspiración antimperialista y que pudiera significar la repetición de otra Cuba. Ya en 1981 habían sacrificado a la Isla de Granada invadiéndola y en el año de 1985 armaron a la contra revolución, impulsando un movimiento armado en su interior que llegó a contar 22.000 efectivos, dedicados a la destrucción y muerte mediante miles de ataques terroristas y de violaciones a los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia demostró que, durante el gobierno de Ronald Reagan, se entrenó, armó; así como se financió y abasteció a las Contra a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); quedando al descubierto el escandalo Irán-Contra, consistente en la venta ilegal de armas para financiar a las Contra en su empeño por derrocar al Frente Sandinista del poder en Nicaragua. Pasando por luchas intestinas y escisiones la original Dirección Nacional se fue diezmando.
Luego de los gobiernos liberales sucesores al régimen sandinista, vuelve el Frente Sandinista al gobierno con la presidencia de Daniel Ortega en el año 2007. El desempeño político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no obedeció a un programa revolucionario. Sus actuaciones en el campo del manejo político y ejercicio gubernamental se centraron en acuerdos con los partidos políticos rivales y acercamientos con la iglesia católica, férrea opositora a sus gestiones, con la gestoría del cardenal Obando y Bravo; en una exposición de confrontación de razonamientos y argumentaciones en diversos ámbitos de la vida política nacional. Concesiones como la derogación a la ley del aborto, que había sido uno de los logros propios del FSLN, hasta pactar con el controvertido y condenado por corrupción, el expresidente Arnoldo Alemán, el alivio de penas impuestas en su contra por la justicia nicaragüense. El empeño de Ortega confluyó en lograr una aceptación popular a su deteriorada figura. Apeló a los mensajes pacifistas y solidaristas, evocando a reconciliación, la paz y la invocación a Dios y al amor. Durante el desarrollo de las campañas electorales prometió respetar la propiedad privada. El modelo económico no fue tocado y por ende encausó en una corriente de ejercicio neoliberal, respetando el Tratado de Libre Comercio (CAFTA-RD) con Estados Unidos. Durante el gobierno de George W Bush, prometió gobernar en forma armoniosa con sus políticas internacionales, acorde con los reiterados respetos a la propiedad privada y con asonancia a las libertades individuales y armonía al capital inversionista extranjero resaltando la seguridad al sector privado en todo el ámbito nacional. Le apostó al crecimiento económico, con la sabida consecuencia que no implica bienestar para la población, como si para el capital especulativo financiero. Desoyendo el clamor de la tendencia de los gobiernos progresistas alternativos en respuesta al neoliberalismo salvaje y la privatización ultranza, aplicó la economía de mercado y “en desarrollo de relaciones con toda la comunidad internacional”. En el caso del Canal Transoceánico, no pactó con el gobierno chino sino con emergente multimillonario chino, caído hoy en desgracia y que replantea lo de un nuevo canal interoceánico y la opción, con viabilidad sostenible, del canal seco que una a los dos océanos.
Resumamos los logros populares de las administraciones durante los gobiernos de Daniel Ortega como la restauración de la gratuidad de los servicios de Educación y Salud. No existe cobro en las escuelas públicas, con exoneración de matrículas, costos de textos escolares e insumos a estudiantes. En el sector Salud aplicó la eliminación del cobro de consultas privadas en los centros públicos. Se restableció la gratuidad de los medicamentos. Se elevó la efectividad de las pruebas clínicas y operaciones quirúrgicas, con el aumento de control y práctica por parte de los centros sanitarios dependientes del estado, bajo las premisas de eficiencia y eficacia. En una palabra, primó la soberanía popular en torno a la prestación de los servicios esenciales de Educación primaria y salud por parte del Estado. Obtuvo la despenalización o legalidad de la homosexualidad.
EL MANEJO ANTE LA IRRUPCIÓN DE LA PROTESTA CALLEJERA
Del histórico Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al fallecer Tomás Borge en el 2012, solo quedan Daniel Ortega y Bayardo Arce Castaño. Luego de “la piñata” y ante el triunfo de Violeta Chamorro, emblemáticos dirigentes abandonaron la Dirección Nacional del Frente. Lo hicieron así, porque sí, cargando con sus errores políticos; mas no reconociéndolos. Junto con Carlos Mejía Godoy, fundaron el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Humberto Ortega, hermano de Daniel, ex responsable del ejército, se alejó de él y no logró vulnerar al ejército sandinista, fracasando en dos aspiraciones de campañas presidenciales. Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Ernesto cardenal, por mencionar a intelectuales de las letras nicaragüenses, no representan un compacto eje de oposición política y el olvidado y relegado Edén Pastora, surge cual oportunista político, como cabeza de playa para afectar el soberano territorio costarricense en su aventura de invadir Isla Portillos, para adecuar la ecocida empresa de drenar el Río San Juan, bajo los intereses torvos de la empresa del Canal Interoceánico.
Un proyecto de reforma al sistema pensional nicaragüense fue la chispa que incendió la pradera. En función de gobernabilidad se estima que es indispensable la reforma pensional, con efectos y cargas fiscales, dado el modelo económico imperante y conforme a los criterios de asesorías financieras internacionales sobre la suerte de los fondos de pensiones. El 16 de abril comenzaron las protestas, no de los jubilados ni de organizaciones de los trabajadores, sino de las bases estudiantiles, habilidosamente urdidas por los intereses y financiamientos de los empresarios costarricenses que abrevan de los acuerdos con el gobierno sandinista y encontraron la oportunidad de acertar la puñalada matrera. Tras cuatro días de protestas se registraron 28 muertes. La jefe de la Policía no renunció; pero el presidente Daniel Ortega, cual probo gobernante, haciendo gala de experiencia y asimilación de estadista, decidió retirar el proyecto de reforma pensional y archivarlo, con miras a que la normalidad retornara a las calles de Managua. Pero no fue así, quedando demostrada la intención del levantamiento conspirativo contra su gobierno. La levantisca tornó propicia para extender la protesta- a manera de sublevación- a otras ciudades principales del país. Bajo la égida de prelados de la iglesia católica, los voceros estudiantiles se reunieron con el ejecutivo y para que hablar de bochorno, cuando en torno a la mesa con la presencia del presidente Ortega lanzan el improperio de la exigencia de la renuncia del presidente Daniel Ortega. La figura impávida del veterano luchador causó el efecto contrario de no sentirse avergonzado, optando por la continuidad del dialogo y aportando los elementos de análisis para interpretar que el giro de los acontecimientos en Nicaragua, requieren de la más juiciosa atención desde el punto de vista político y también jurídico, a la luz del Derecho Internacional.
El acertado calificativo gubernamental fue que se encontraba ante un Golpe de Estado en curso. Con los sucesos en Nicaragua reeditan la propuesta del expresidente Obama y del actual presidente Trump, para enfrentar la respuesta ante los gobiernos progresistas. Comienzan, con apoyo de la mediática, a calificarlos bajo el prurito de “populistas”. Sí. Todo asomo de intención de beneficio popular, que afecte a lo establecido, es calificado de demagógico. Esa dialéctica de la demagogia la arrebataron a la agenda de la lucha popular y la enfilaron cual baterías siniestras contra las aspiraciones de los pueblos. Debaten sobre las “democracias gobernables” que significa lo de democracias “controladas” y las “clausulas democráticas” estilo OEA. La administración Trump asegura el enclave geopolítico del patio trasero ante el encauce de los programas progresistas de profundizar relaciones económicas con China y Rusia, generando situaciones de “estados de excepción” donde las condiciones se lo impongan. Acorde a lo anterior esgrimen el modelo del Estado de Derecho y la figura del “dictador” en un acomodo de manejo a sus malogrados intereses. La ofensiva imperial, va pareja con la ofensiva fascista de la derecha oligárquica.
ATENCION A LA OFENSIVA DE DECLARACIONES DE CONDENA
Una sola muerte en la protesta callejera duele y llama a la reflexión. Azota con un flagelo el crecido costo de víctimas: cerca de 400 muertos, en cien días de protestas. El proceso de conversaciones entre los insubordinados callejeros y la contraparte gubernamental teniendo como interlocutor, primero a prelados eclesiásticos y luego a la Conferencia Episcopal no ha logrado efectos definitivos. Es de destacar la postura diplomática del Estado Vaticano.
El Estado nicaragüense se encuentra ante un contradictor amorfo. Se enfrenta a un envalentonamiento carente de matriz de oposición política. La mediática le juega al caos informativo. El levantamiento de los tranques – como se denomina a los obstáculos o barricadas callejeras – por parte de las fuerzas policiales, tal como ocurrió en la ciudad de Masaya, se califica en titulares como “la toma” de Masaya, con el propósito de magnificar la situación. Todas sindicaciones y condenas anticipadas al “cese inmediato de los actos de violencia, intimidaciones y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense y el desmantelamiento de los grupos paramilitares”.
Se suceden las expresiones de condena de personalidades nacionales e internacionales, parejo con Declaraciones de grupos de países sobre los sucesos y en pro de búsquedas a soluciones de carácter político y no de fuerza y/o continuidad de los enfrentamientos. Resumo: – La Declaración Especial Sobre la Situación de la República de Nicaragua del lunes 16 de julio de 2018, suscrita por 13 países. – La Declaración de los Estados de España y Ecuador sobre la grave situación, el 15 de julio de 2018. – La Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua, por parte del Consejo permanente de la OEA, el 18 de julio de 2018. – Declaración del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para detener la espantosa pérdida de vidas, la seguridad de la población. La Declaración Urgente Por Nicaragua, del 18 de julio de 2018 con firmantes de diferentes países a nombre propio e incluso de Asociaciones, Universidades y organizaciones sociales (…)
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Nos enfrentamos a un panorama complejo para calificar la crisis nicaragüense bajo fórmulas estereotipadas de posicionamientos a condenas de un régimen, a colocar en la picota pública al gobernante Daniel Ortega o en consonancia con manifestaciones de apoyo a ideologías políticas. Resulta por demás irresponsable adelantar la labor de echar a pique el desempeño de todo un periodo de más de cuarenta años en la búsqueda apegada a valores políticos en el desempeño de la causa sandinista partiendo de la fidelidad en planteamientos de principios democráticos. Factores de carácter interno y externo pudieren entronizar el caos con un alto costo para la estabilidad de Nicaragua como nación.
En esto de las condenas por parte de Estados soberanos; de declaraciones por entidades internacionales, la sociedad civil y cuerpo de personalidades, corresponde no ir a tientas, ni elucubrar conjeturas, o afinar casualidades. Desde el punto de vista del Derecho Internacional corresponde observar reglas de naturaleza política y de carácter jurídico para analizar la situación concreta en la forma correcta. En lo político corresponde afinar en la no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Las Declaraciones citadas expresan condenas y no exploración de los sucesos y particulares situaciones dadas. En lo jurídico, corresponde admitir que el estado nicaragüense ni la nación que ostenta se encuentra en una situación de “conmoción interna”. Desvirtuar que la pérdida de control político desata la represión, de conformidad con la génesis y desarrollo del conflicto. Pareciere que se incurriere en un desconocimiento del juego del ejercicio de la diplomacia internacional por parte de los Estados en incumbencia. La situación interna de los Derechos Humanos no se puede limitar a ataques contra el sandinismo y la acusación de uso de paramilitares, en forma generalizada. Corresponde garantizar el peso verdadero de las declaraciones de rechazo convincente del presidente Ortega a esas acusaciones concretas, acorde con explicaciones explicitas a hechos explícitos.
Resulta sintomático que no se despliegue con tan inusitada tenacidad como se hace para condenar, el factor de existencia de las misiones instaladas en pro de búsquedas de soluciones.
Así: Se acordó con las Autoridades de Nicaragua, desde el 2 de julio de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (G.I.E.I) para documentar las fuentes de acciones violentas en Nicaragua. Aportar a la Verdad y a la Responsabilidad de los hechos durante las confrontaciones en curso.
Existe desde el 24 de junio de 2018 el MESENI (Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua) grupo internacional e interdisciplinario en relación directa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empeñados en definir sobre la identidad y existencia de los cargos de uso de grupos paramilitares.
Alarma la suerte de toda una nación en el que el maltrato de una observación diplomática internacional conlleve al peligroso tránsito de una guerra civil en Nicaragua. Comprendan las personalidades involucradas que de lo voluntarioso no queda sino lo de aprendiz de brujo.
Viendo los resultados de la votación en la asamblea de la Organización de Estados Americanos, más conocida por sus siglas como la OEA, no puedo evitar el pensar y el hacer comparaciones con aquella tristemente célebre X Conferencia de Caracas de la misma organización, efectuada en mayo de 1954, la que se había trazado como metas, bajo las pautas del entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles, la eliminación de los regímenes considerados como díscolos, no sé si se aplicaba entonces el término rogue states, a saber los siguientes: la Guatemala de Jacobo Árbenz Guzmán, nacida de la revolución democrática de 1944, la Argentina de Juan Domingo Perón y la Costa Rica de José Figueres Ferrer. Sucedió que, mientras la Guatemala de Árbenz intentó defenderse heroicamente por medio de su canciller Guillermo Toriello, los gobernantes de Argentina y de Costa Rica optaron por no hacerse presentes en el aquel espectáculo circense montando por los EEUU, en nombre de la “democracia” para acabar con la democracia guatemalteca, por cierto la única que ha conocido ese desdichado pueblo.
Es aquí donde viene a mi memoria lo que me contaba el químico Fernando Chaves Molina (1908-1997), un recordado amigo y dirigente del Partido Vanguardia Popular de entonces, a propósito de aquellos tristes días en la Caracas de 1954, durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, en la que se encontraba exiliado, al igual que otros calderonistas y comunistas, como consecuencia de pertenecer al bando derrotado durante la guerra civil o golpe de estado figuerista de 1948. Con el propósito de obligarlos a firmar una carta pública, pidiendo el derrocamiento del gobierno costarricense de José Figueres Ferrer, el régimen de Marcos Pérez Jiménez lo mantenían a él y a su hijo Luis Fernando(quien después llegó a ser un destacado académico en la Universidad de Los Andes, en la ciudad venezolana de Mérida) presos en una cárcel caraqueña, mientras ellos reiteraban su negativa, a pesar de su condición de exiliados políticos y adversarios de Figueres Ferrer, lo que me hace pensar en la coherencia y el agudo sentido político de los hombres de aquella generación, a diferencia de este ascenso de la insignificancia, parafraseando al filósofo y sociólogo griego Cornelius Castoriadis(1922-1997), en el que nos hayamos sumergidos en este cambio de siglo, donde las distinciones entre izquierda y derecha se han tornado irrelevantes, sobre todo por la complacencia, y la carencia de sentido de la realidad, por no decir de conservación, del que da muestras, casi diario, la primera de ellas. La obediencia que muestran hacia la agenda de Washington no puede ser más paradojal ¿será qué acaso ni siquiera se han percatado?, terminan así aceptando y adoptando las pautas que les da el diario español EL PAÍS, convertido ahora en el oráculo de las llamadas izquierdas.
En esta asamblea de la OEA los Estados Unidos lograron por fin, después de una década de esfuerzos, poner a los países latinoamericanos en su redil para demandar el derrocamiento del actual gobierno de Nicaragua, en un total contraste con lo ocurrido en aquella asamblea de la OEA que había tenido lugar en San Pedro Sula, Honduras, en abril o mayo de 2009, cuando casi por unanimidad se aprobó el regreso de Cuba al seno de esa organización, la entonces canciller de Honduras Patricia Rodas saludó ese acontecimiento, y pocos meses después su gobierno sería derrocado, con la complicidad del gobierno de Costa Rica y de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, el imperio no estaba para esa clase de juegos democráticos. Empezaba en la región la nueva era de los golpes blandos, sin sacar los tanques, ni los soldados de infantería a la calle.
Sin entrar a juzgar los recientes acontecimientos de Nicaragua, con su secuela de violencia sangrienta, dentro de lo que parecen los componentes de un guion preestablecido para derrocar a su gobierno, un régimen sobre cuya naturaleza he evitado pronunciarme, aún a riesgo de parecer alguien demodé para una buena parte de la intelligentzia progre de este país. Simplemente se trata del gobierno a odiar y a derrocar (Ay del que no se muestre lo suficientemente enérgico y entusiasta en sus muestras de odio hacia esos gobernantes, el totalitarismo mediático nos los recuerda, a cada instante), sin que se hagan investigaciones independientes sobre los hechos de violencia, especialmente sobre las lamentables muertes ocurridas, ya se decidió que sólo una de las partes era culpable, tenemos que aceptar lo que digan algunos, renunciando a nuestro juicio crítico y a la elemental prudencia política. Algunos actúan como si Guatemala, México, Honduras, Colombia, Perú, Paraguay y otros países que firmaron para denostar al régimen de Nicaragua tuvieran un prontuario limpio, cuando los ríos de sangre corren por allí, un día sí y otro no: nuestra insignificancia es tan grande que no logramos retener en la memoria algo que vaya más allá de cinco segundos en las imágenes de la TV, o de las redes sociales del siglo XXI, tal y como decía Castoriadis, hace poco más de veinte años.
Por ahora, nos queda flotando una pregunta: ¿cuándo en abril empezaron las protestas contra el gobierno de Nicaragua, por el tema de la seguridad social y otros, no era el momento para emprender una negociación seria con el gobierno de Daniel Ortega sobre una gran cantidad de temas?, ¿en vez de impulsar la violencia y los tranques por todo el país, no era el momento de ponerle un jaque mate a los gobernantes del país vecino, en vez de impulsar lo que a todas luces parece un golpe de Estado?, en ese momento el gobierno hubiera tenido que ceder casi en todas las demandas. Todo esto da la impresión de que la cultura democrática en Nicaragua es demasiado pobre e inexistente, un problema que aqueja a ambos bandos, por lo que un cambio de gobierno no resolverá lo esencial que está en juego en esta crisis: la falta de cultura democrática y de negociación en una sociedad, que tiene casi dos siglos de resolver todo mediante la violencia, en un marco donde los integrantes de las elites ponen al pueblo a pelear en las calles y en los campos, mientras ellos terminan acordando todo para su beneficio en sus cómodos sillones de las alturas. Ay Nicaragua, Nicaragüita tan querida, que termine ya este baño de sangre y se le abra camino a la verdad, como un primer paso, para que algún día tengan una democracia que sea algo más que una mera palabreja vacía.
Dos licenciadas en sociología compartieron sus experiencias como parte de la resistencia en Nicaragua
Costa Rica y otros países de la región han llevado a cabo vigilias como un acto de solidaridad con la situación que experimenta el pueblo nicaraguense. (Foto. Santiago Martínez).
El pasado 18 de abril inició el actual conflicto en Nicaragua y aunque las protestas iniciaron como oposición a algunas reformas en el sistema de seguro social, el movimiento se mantiene hasta hoy con un objetivo común diferente que es la salida de la pareja presidencial, integrada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las sociólogas Eduarda Silva y Claudia Morales narraron su experiencia en el conflicto, durante la actividad que realizó el 18 de junio el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Ambas participaron en las protestas en Nicaragua como parte del Frente Universitario y tuvieron que salir de su país como resultado del conflicto.
Al iniciar las protestas, los participantes no esperaban que la respuesta del gobierno fuera violenta, al punto de disparar a matar y aseguran que, fue en parte esta reacción, grabada y transmitida por redes sociales, la que llevó a que el conflicto se mantenga.
“A nosotros se nos ha quitado el derecho de estar en los espacios públicos, que ahora han sido privatizados por el gobierno. Estábamos en la plaza y llegó inmediatamente una camioneta llena de antimotines, como 60 antimotines, y nosotros no estábamos creando ningún desorden, simplemente estábamos ejerciendo un derecho, el derecho a la protesta”, contó la socióloga Claudia Morales.
La violencia en contra de opositores no es nuevo, según indicó Eduarda Silva, ya que anteriormente se había dado pero en zonas de campo y ahora, al experimentarse en la capital y las ciudades grandes del país produjo un descontento aún mayor con el gobierno actual, que para los protestantes debe cambiar.
“Llegamos a tener una administración caracterizada por el derroche, la corrupción, la falta de transparencia y la no rendición de cuentas. Con la normalización de la ilegalidad y un gobierno que es funcional al proyecto empresarial de la pareja presidencial. Pero todo vendido bajo el paquete Nicaragua cristiana, socialista, solidaria”, expresó Silva.
Actualmente se mantiene una mesa de diálogo entre el gobierno y los representantes de otros sectores, sin embargo, como contaron las sociólogas, la población manifiesta un descontento hacia este diálogo al no sentirse realmente representada y donde el gobierno “ha demostrado un irrespeto increíble a este diálogo y al pueblo nicaragüense”.
La socióloga Claudia Morales compartió su experiencia como parte del movimiento estudiantil que participó de las protestas en Nicaragua. Foto: Anel Kenjekeeva.
“Están dialogando mientras masacran a los chavalos en las universidades o mientras están disparando en alguna comunidad”, comentó Silva quien siente como una burla hacia el pueblo el accionar del gobierno distinto a lo que expresa.
Para Morales, la táctica utilizada por la administración es la dilatoria, pues tiene como objetivo aplazar decisiones o acuerdos y extender el tiempo mientras toman acciones propias sobre el conflicto y sus protestantes.
Las expositoras afirmaron que la espontaneidad con la que surgieron las protestas propició su propia permanencia, debido a la ausencia de líder o líderes que pudiera ser reprimido por el gobierno. Ahora la falta de organización produce descoordinación, pues en lo único que todos los manifestantes están de acuerdo es en la salida de la administración actual.
Silva considera que el problema en Nicaragua va más allá de la figura al mando, ya que hay problemas estructurales que necesitan ser tratados, como por ejemplo buscar una organización democrática real en las instituciones del Estado y reconoce que esto puede tardar años, “sepamos que las elecciones no arreglan problemas estructurales”, acotó.
Según las invitadas, la salida de la pareja presidencial es la única manera de garantizar los derechos democráticos y la vida de quienes participaron en las protestas, quienes han sido buscados por crímenes que no han cometido o secuestrados. Concluyeron que de mantenerse el actual gobierno seguirá la persecución contra los protestantes y los que están afuera, como ellas, que no tendrán oportunidad de regreso.
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses. En su comunicado, estos Estados, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
Breve recapitulativo sobre algunos usos diplomáticos
Como es sabido todo Estado puede expresarse con relación a la situación interna que vive otro Estado, y que le genera algún tipo de preocupación, como lo hicieron, por ejemplo Argentina, España y Ecuador con relación a la situación en Nicaragua: véase el comunicado de Argentina, el texto del comunicado oficial de España así como el contenido del comunicado de Ecuador, los tres del 15 de julio del 2018. Muy distintos en cuanto a su contenido, pese a llevar la misma fecha, referirse a la misma situación, estos tres comunicados responden a la lectura que cada uno hace de la situación y a la forma escogida, desde Buenos Aires, Madrid y Quito, para expresar su preocupación a las autoridades en Nicaragua.
Usualmente, el uso correcto del léxico diplomático en un comunicado oficial permite enviar un mensaje al Estado receptor de este sin que perciba este comunicado como una indebida intromisión en sus asuntos internos. En cambio, un uso incorrecto del vocabulario o expresiones valorativas pueden causar un profundo malestar por parte del Estado objeto del comunicado, al considerarse como una manifiesta violación a un principio fundamental en derecho internacional: el principio de no intervención en asuntos internos.
Ahora bien, a diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular y calibrar el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a negociar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; en algunos casos, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua, y creando algun tipo de confusión. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que deben respetar los Estados (así como las organizaciones internacionales) en casos de esta naturaleza: reglas que hay que diferenciar de las herramientas jurídicas de las que disponen en materia de derechos humanos las víctimas en el plano internacional, como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) – del que forma parte íntegra Nicaragua – también adoptaron una declaración titulada «Declaración especial sobre Nicaragua» (véase texto completo), el pasado 30 de junio.
Una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también se pronunció, en otros términos: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, fue el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el que adoptó una resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto no fue adoptado por consenso, sino con un voto de 21 Estados a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA, incluyendo a Nicaragua.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos comunicados conjuntos repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación (JICA) expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de grupos organizados contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Foto extraída de nota de prensa del 4 de julio del 2018 titulada «Japón reclama por posible mal uso de donación».
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situación de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohíbe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
Nótese que este 24 de julio, la muerte de una estudiante brasileña en medicina en Nicaragua suscitó un comunicado oficial de la diplomacia brasileña en la que se lee que:
«Diante do ocorrido, o governo brasileiro torna a condenar o aprofundamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações coordenadas pelas equipes de segurança, conforme constatado pelo Mecanismo Especial de Seguimento para a Nicarágua instalado para implementar as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos» (véase texto completo). El mismo 24 de julio, Brasil procedió a llamar a consulta a su embajador en Managua, recurriendo a esta figura diplomática para hacer ver su profundo malestar (véase comunicado de prensa del Itamaraty).
Ante la crisis en Nicaragua, un sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes causándoles la muerte y heridas graves, atentan gravemente contra estas obligaciones; al igual que la falta de investigación y de sanción de los responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones atribuibles a las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal convencional de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados considerados básicos sobre derechos humanos de Naciones Unidas. Estas convenciones internacionales preven mecanismos de supervisión y monitoreo a los que podrían en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afectasen a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de los informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayoz éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de Estados miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran en estos momentos Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados oficiales intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listadooficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama de la ciencia jurídica que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados.
En el caso de situaciones internas de violencia que no involucren a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
————–
Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua Lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Con el compromiso de anunciar acciones en los próximos días, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) emitió un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo nicaragüense
Previo diálogo con la Coordinadora Universitaria de Nicaragua por la Democracia y la Justicia y basada en el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) emitió un pronunciamiento en relación con la situación prevaleciente en el hermano país de Nicaragua, en el cual demanda que:
El Gobierno nicaragüense cese de toda violencia física y psicológica que han conllevado al ultraje de la integridad de las personas, desapariciones y numerosos asesinatos.
El Gobierno de Costa Rica haga un llamado de solidaridad y acciones con las personas que buscan refugio en el país, que provengan de Nicaragua a raíz de la crisis que se vive.
Las Federaciones Estudiantiles como la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) no permitan la intromisión en su quehacer de ningún gobierno ni partido político y ratifiquen su autonomía universitaria y estudiantil en favor del pueblo, la justicia y la vida.
Las Universidades y las Federaciones Estudiantiles de América Latina se posicionen con la situación que atraviesan tanto estudiantes como el resto del pueblo nicaragüense, en favor de la libre expresión, la paz y los derechos humanos.
La presidenta del directorio de la FEUNA, la estudiante María Daniela Alpízar Hidalgo, instó a cada asociación de estudiantes, unidad académica, instituto y consejo a solidarizarse con el pueblo nicaragüense y adherirse al pronunciamiento emitido por la organización estudiantil.
***Mayores detalles con María Daniela Alpízar Hidalgo, presidenta de la Feuna, al 2277 3826 o al 8758-7762.
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses, y en el que, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
A diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a acordar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; o bien, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que se imponen a los Estados y a las organizaciones internacionales, tal y como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también alzó la voz: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto fue adoptado por voto, con 21 votos a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos llamados repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación JICA expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situacion de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohibe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado ante la crisis en Nicaragua
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes atentan gravemente contra estas obligaciones, al igual que la falta de investigación y sanción de responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones de las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados sobre derechos humanos de Naciones Unidas que preven mecanismos de supervisión y monitoreo al que pueden en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afecten a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayor éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá y Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto que, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listado oficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama del derecho que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados. En el caso de situaciones internas de violencia que no involucran a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
————–
Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
