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Etiqueta: niñez

Experiencias adversas en la infancia en tiempos de pandemia

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Isabel López Ulloa*

Para nadie es un secreto que el contexto actual que estamos afrontando, cambió casi por completo la cotidianidad en que nos desenvolvíamos y alguno que otro plan por el que con tanto esfuerzo trabajamos. Pero, sin duda alguna hay cierta población de nuestra sociedad que es mucho más vulnerable, como lo son las personas menores de edad víctimas de experiencias adversas, en las que las implicaciones de esta situación son muy particulares y su riesgo aumenta en el confinamiento.

Cuando se expone el término “experiencias adversas en la infancia”, hace referencia a una persona menor de edad víctima de múltiples factores de riesgo y de las condiciones de vida en las que se desarrolla; cobrando importancia el impacto sociopolítico y estructural de problemas letales como la violencia y pobreza, que se han sostenido a través de la historia de nuestro país, por un sistema patriarcal y neoliberal.

Hay que reconocer que la adversidad es un tema inherente a la naturaleza humana, pero en el Estado recae la responsabilidad política de asegurar que los derechos y deberes de las personas menores de edad se cumplan, principalmente el derecho a la integridad personal, articulo 50 en el Código de la niñez y la adolescencia “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes” (p. 10).

En mi opinión, es elemento clave pensar en el escenario que enfrentan las personas funcionarias de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Salud (MS), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que trabajan brindando servicios sociales para la intervención de las personas menores de edad en sus distintos programas sociales. Y que, tengo certeza que esfuerzos se siguen trazando desde la institucionalidad pública para atender a las personas menores de edad, no obstante, el sistema se vuelve insostenible; por debilidades como la burocracia, duplicidad innecesaria de funciones, sobrecarga laboral, falta de talento humano y capacitación, falta de recursos y herramientas tecnológicas; aspectos que deben mejorar en algunas de las instancias mencionadas, incluso priorizarlo en tiempos de pandemia.

¿Por qué la urgencia de revisar las estructuras institucionales? Hay que comprender que mientras la adversidad no se atienda, mayores probabilidades de multiplicarse. Según Academia Americana de Pediatría (2015), existen tres tipos de estrés, pero hay que prestar mayor atención al estrés tóxico: “puede ocurrir cuando un niño vive adversidades fuertes, frecuentes o prolongadas, como abuso físico o emocional, negligencia crónica, enfermedad mental o abuso de sustancias por parte de sus cuidadores, exposición a la violencia o el peso acumulativo de dificultades económicas en la familia, ante la falta de un sostén adecuado por parte de los adultos que lo rodean. Este tipo de activación prolongada de los sistemas de respuesta al estrés puede perturbar el desarrollo de la arquitectura cerebral y otros sistemas de órganos y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y de deterioro cognitivo una vez que la persona ya se ha adentrado bien en la vida adulta”. (P. 3).

A lo mejor si el Estado no escatimara en mejorar la inversión e igualara la distribución de la riqueza, la historia fuera otra. Pero, no podemos obviar las realidades cercanas que nos atañen y menos en tiempos donde abrirnos a la solidaridad es un acto de humanidad imprescindible.

A su vez es desesperanzador, cuando en medio de una pandemia la violencia suscita y hay víctimas menores de edad desarrollándose en un entorno violento, factor de riesgo grave. Al ser experiencias vividas a edades muy tempranas, inclusive desde el período prenatal y durante los primeros años de vida; son tan perjudiciales para el correcto desarrollo cerebral de los niños y niñas. El problema radica, que desde ahí se desprenden consecuencias psicológicas y físicas a largo plazo durante la vida adulta.

En otras palabras, siguiendo la Academia Americana de Pediatría (2015), “Los adultos que han sufrido experiencias infantiles adversas en sus primeros años de vida pueden ver reducidas sus capacidades como padres o tener conductas de inadaptación en la crianza de sus hijos (…) Todo esto puede afectar negativamente a la paternidad y perpetuar una exposición continua a experiencias infantiles adversas a lo largo de las generaciones, mediante la transmisión de cambios epigenéticos en el genoma” (p. 5). Por ello, la urgencia de contar con recursos y estrategias reales, para la atención menos burocrática y más humana.

Ahora bien, ¿Cómo aumenta el riesgo en los niños, niñas y adolescentes que viven factores de riesgo en medio del confinamiento social? Para esta pregunta hay dos escenarios que le permitirán comprender de una forma más clara esta problemática. Imagine usted, andar de paseo por un bosque y encontrarse con una pantera, de inmediato las glándulas suprarrenales iniciaran el proceso para liberar cortisol y las glándulas adrenales secretaran la adrenalina, un mecanismo de hormonas de estrés, que le permitirá huir y buscar un lugar a salvo. Ahora imagine este otro escenario, encontrarse en un lugar encerrado con esa pantera todos los días, que lo ataca y no puedes acudir a pedir ayuda porque en el exterior existe un virus que llegó a cambiarte la dinámica y ahora no puedes ir a espacios seguros, como lo solía ser la escuela, guardería o alguna red de apoyo familiar o comunal.

Y este contexto de la pandemia se vuelve aún más preocupante cuando se encuentran estos escenarios: madres, padres u otro representante legal, que perdió su empleo o tuvo recorte de horas laborales, el abusador pasa más tiempo en casa, las redes de confianza en el entorno familiar inmediato son nulas, existe normalización del maltrato físico y verbal, la carencia económica provoca falta de alimentos, falta de servicios básicos y de recursos tecnológicos. La cual agudiza la incidencia de la violencia doméstica y la convivencia con abusadores en casa; según Poder Judicial (2020), en el primer trimestre del 2020 ingresaron en Juzgados de Violencia Doméstica un total de 14.513 solicitudes, no obstante, aún es pronto señalar estadísticas, pero debido al confinamiento hay mujeres que en este momento no pueden denunciar, en el caso de niñas y niños víctimas de algún tipo de abuso se les limita la capacidad para denunciar; ya que la escuela por ejemplo suele ser un lugar seguro para que los menores revelen algún tipo de abuso.

Por otro lado, se encuentra el acceso limitado o nulo a la educación en esta nueva normalidad, debido a las condiciones socioeconómicas que vive esta población en riesgo, seguir el ritmo de una educación virtual, específicamente aquellos hogares que no cuentan con electricidad, internet, computadora e incluso porque la persona encargada es analfabeta, es imposible. A esto se le suma, la carencia económica que limita adquirir materiales para la educación y que viven en condiciones de vivienda no aptas, ya sea por las condiciones de infraestructura que en muchas ocasiones son inhabitables, no les permite un aprendizaje pleno afectando la concentración y disciplina en el estudio.

Conviene subrayar, que las instituciones que trabajan para las personas menores de edad deben promover mayores estrategias para que servicios esenciales como la salud y servicios sociales, derecho a la educación con acceso a internet, derecho al juego, ocio, recreación, el derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia en el hogar, derecho de ser escuchado, derecho de protección inmediata, deberían ser estrictamente derechos asegurados, sin exclusión alguna.

En definitiva, todas las personas menores de edad deberían tener asegurado una respuesta inmediata para atender sus experiencias adversas, siendo una implicación política mejorar los programas de atención a la infancia y la adolescencia. Asimismo, una responsabilidad de toda la ciudadanía de proteger y denunciar cuando conozcamos que algún niño, niña o adolescente esté viviendo episodios traumáticos.

Para esto, se considera pertinente y necesario fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, brindar atención integral a las personas menores de edad y sus familias con modelos de atención que se pueda cumplir, regular la carga laboral de los colaboradores para mejorar los servicios sociales, supervisión cualitativa en los procesos de atención social, innovar con herramientas tecnológicas y disminuir procesos burocráticos.

Es urgente que el Estado brinde herramientas inmediatas para la atención de las personas menores de edad que experimentan un estrés tóxico causado por eventos de alta intensidad, frecuencia y cronicidad; y que mientras el sistema de protección a la niñez se haga más robusto, se reducirán los programas de apoyo y recuperación en un futuro. Necesitamos que los niños y niñas sean atendidos a tiempo.

¡Desmitifiquemos la violencia!

* Trabajadora Social

Referencias

Academia Americana de Pediatría (2015). Las experiencias infantiles adversas y las consecuencias del trauma para toda la vida. Disponible en https://www.aap.org/en-us/Documents/ttb_aces_consequences_spanish.pdf

Código de niñez y adolescencia (2003). Disponible en https://www.acnur.gorg/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9503.pdf

Observatorio de violencia de genero contra las mujeres y acceso a la justicia (2020). Violencia doméstica. Disponible en https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/

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UNA: Campaña por la niñez vulnerable en tiempos de pandemia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Motivar el aprendizaje de niños y niñas en edad escolar y fortalecer las buenas relaciones con sus familias, en tiempos de pandemia, es el objetivo de la campaña «Aprendamos juntos todos los días un ratito», organizada por entidades que protegen los derechos de la niñez, entre ellas el Ineina-UNA.

Escribir la historia de los abuelos, realizar un viaje imaginario, dibujar, reflexionar en familia, son parte de las actividades que promueve la campaña “Aprendamos juntos todos los días un ratito”, orientada a motivar el aprendizaje de niños y niñas en edad escolar y fortalecer las buenas relaciones entre los menores y sus familias, a través del aprendizaje en conjunto.

Desarrollada en el marco del Núcleo de Trabajo en Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, en el cual participan diversas que protegen los derechos de las personas menores de edad, la campaña está dirigida a las poblaciones más vulnerables, las cuales se han visto más rezagadas y con mayor dificultad para mantenerse activas en este contexto de aislamiento ante la pandemia de la covid -19.

Aprendamos juntos todos los días un ratito brinda diferentes actividades para fortalecer la lectura, la escritura, el dibujo, la memoria, la imaginación, el pensamiento matemático en los niños y niñas, además de actividades para el desarrollo socioemocional de las niñas y los niños, ya que el desarrollo de la resiliencia es fundamental en esta emergencia mundial.

A través de la promoción de distintas actividades, la campaña viene a motivar el aprendizaje de los niños y niñas de edad escolar, convirtiéndose en un apoyo para que las familias puedan crear espacios de aprendizaje desde sus casas.

La población meta son niños y niñas de edad escolar, entre los 6 a 11 años, así como padres, madres y cuidadores de estos menores en edad escolar.

Por parte del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (INEINA-UNA), los académicos Miroslava Bonilla y Rodolfo Vicente, son los representantes en el Núcleo de Trabajo en Violencia hacia los Niños, Niñas y Adolescentes.

También participan DNI Costa Rica, Patronato Nacional de la Infancia (Pani), Fundación Ser y Crecer, Si Callas, Permites, NO al Maltrato Infantil CR., World Vision Costa Rica, Aldeas Infantiles SOS, Costa Rica, Afapac – Familia y Projusticia, PRIDENA – Universidad de Costa Rica y Cosecodeni.

Se insta a las familias a compartir las actividades que realicen como producto de esta campaña, en secretaria@dnicostarica.org

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

Familias que necesitan agua potable no logran apoyo de Sala Cuarta

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

“Persiste riesgo al estar en confinamiento por la pandemia pero sin agua, y se suma la amenaza de desalojo por parte de la municipalidad y la Fuerza Pública en Jardines Dos, Ángeles de San Ramón”. Así dice el aviso que recibió SURCOS de las familias de esta comunidad que, por su condición de precario, no logran que la institucionalidad les de agua potable. La Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por las personas “que no tienen título de propiedad”.

Este viernes 22 de mayo las familias resistieron la intención de desalojo y se presentó un conato de violencia como puede verse en el video que fue enviado a este medio.

Entre las consideraciones de la Sala Constitucional están las siguientes:

  • “Los amparados no han demostrado ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que son los propietarios de los inmuebles para los cuales se solicita el servicio de agua potable ni han aportado una autorización de los dueños registrales para ese mismo efecto”.
  • “Los tutelados residen en estructuras para vivienda que no cuentan con las condiciones sanitarias necesarias para ser habitadas y fueron construidas al margen de los lineamientos correspondientes”.
  • “Los dueños registrales de tales inmuebles iniciaron acciones para contrarrestar dicha invasión ilegal ante las autoridades de la Municipalidad de San Ramón, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público. En este último Ministerio se tramita el expediente No. 18-001040-0332 por la presunta comisión del delito de usurpación”.
  • Médicos del Ministerio de Salud, al analizar la situación planteada no recomendaron la instalación de una fuente pública de agua potable en el mencionado asentamiento. En tal ocasión, se manifestó lo siguiente: ‘(…) la instalación de una fuente de agua pública motivaría al (sic) aumento de la población de poseedores en el precario”.
  • “… el carácter de derecho fundamental (de acceso al agua) no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento”.
  • “… esta Sala estimó procedente analizar si, ante la situación de emergencia que afronta el país a causa de la pandemia del COVID-19, las autoridades recurridas del AyA deberían instalar, aunque sea de forma temporal, una fuente pública de agua potable en el asentamiento donde habitan los amparados. Todo esto, a efecto que se puedan proveer de dicho líquido vital y cumplir con los lineamientos de limpieza e higiene dictados por las autoridades de salud del país. Ahora bien, luego de revisados los informes rendidos bajo juramento, incluido el requerido a las autoridades del Ministerio de Salud como prueba para mejor resolver, este Tribunal Constitucional estima que en este caso en particular no es procedente llevar a cabo dicha actuación, sea, las fuentes de agua pública se pueden instalar ‘(…) únicamente en los casos de suspensión de un servicio a favor del titular de la paja o del inquilino (…)’; condiciones que no cumplen…”
  • “Bajo dicho panorama es claro que este Tribunal Constitucional se ve imposibilitado de acceder a la instalación de una fuente pública de agua potable, aunque sea de forma temporal o limitada, en el asentamiento donde habitan los tutelados. Esto, ya que, como bien se dijo, dicha actuación conllevaría a perjudicar más bien la salud de los amparados”.
  • “… las autoridades le ofrecieron a los tutelados ser trasladados a un albergue o bien, solicitarles ayuda a través del IMAS”.
  • “… los tutelados no se encuentran absolutamente desprovistos de agua potable en este momento. Esto, ya que, según su propio dicho, dicho líquido es suministrado por unos vecinos o bien, es trasladado de otros sitios”.

Ante estos razonamientos de la Sala Constitucional para negar el amparo a estas familias, desde el movimiento social de Occidente surgen estos cuestionamientos:

1) ¿Por qué razón la institucionalidad no puede encontrar una solución integral y no temporal (como la ayuda del IMAS recomendada) para estas familias que por razones estructurales y no individuales no cuentan con salario digno y estable para asegurarse una vivienda saludable?

2) ¿Por qué razón el gobierno local de San Ramón de Alajuela en coordinación con el resto de la institucionalidad del país no cuenta con una política anterior a la pandemia, para encontrar una solución integral al desarrollo humano de todas las personas habitantes del cantón que faciliten empleo, vivienda, agua, atención de la salud?

3) ¿Se ha interesado la institucionalidad que conforma el subsistema de niñez y adolescencia en conocer el estado de los derechos de la niñez y la adolescencia que habita en ese asentamiento?

UCR: Son necesarios cambios en las personas educadoras para lograr una enseñanza basada en la empatía

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El taller La aventura del cuerpo es un espacio enfocado en gestionar estrategias psicocorporales para abordar y comprender los cambios y transformaciones en la adolescencia. Se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre, en el marco del V Simposio Internacional y IX Nacional sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, organizado por el Programa de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de Costa Rica (Pidena-UCR).

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Por la niñez: urge prohibir el clorpirifós

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

  • Evidencia científica apunta a que el insecticida clorpirifós causa daños en el desarrollo del cerebro y problemas de aprendizaje.

  • La Unión Europea ha recomendado su suspender su uso.

  • El clorpirifós está presente en escuelas costarricenses al contacto directo de niños y niñas

(FECON, 2 de agosto 2019) A nivel global se ha desatado un debate en torno a un insecticida organofosforado muy peligroso para la niñez. Recientemente se han comprobado efectos en el desarrollo cerebral de niños/as en contacto con el insecticida clorpirifós; además se suman problemas de aprendizaje, e incluso autismo(1). Este agroveneno propiedad de la trasnacional Dow Chemical (actualmente DowDupont) es utilizado ampliamente en Costa Rica en plantaciones de algodón, arroz, banano, chile, plátano, sorgo, tomate, piña y café. El clorpirifós es incluso aplicado en fumigaciones aéreas (mediante avionetas), forma de aplicación que lleva su deriva hasta las escuelas y casas de habitación en la provincia de Limón (2).

Tanto la Agencia para el Control y Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) han alertado la relación del clorpirifós con serios problemas en el desarrollo cerebral en humanos.

Por otro lado, en Costa Rica una investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, avocada a estudiar la presencia de plaguicidas en las escuelas de Matina de la provincia de Limón, encontró clorpirifós en las aulas. Este estudio desarrollado en 12 escuelas aledañas a plantaciones de banano demostró presencia en le aire y el polvo de restos de clorpirifós y 17 agrovenenos rociados por las avionetas (3).

La Unión Europea a decidido prohibir este insecticida por causar daños cerebrales, problemas de aprendizaje y en el sistema nervioso de niños y niñas. Según estudios ecotóxicológicos tiene efectos nocivos en el cociente intelectual y el grosor de la corteza cerebral. El clorpirifós resulta neurotóxico, y es un disruptor endocrino, especialmente para las hormonas tiroideas y además se reporta relación con el autismo y malformaciones congénitas (2).

Incluso las niñas y niños que no viven cerca de plantaciones están expuestas a este agroveneno. Según el Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional desde hace al menos dos décadas el clorpirifós ha sido detectado en hortalizas, frutas y verduras en el comercio nacional.

Urge prohibir el clorpirifós porque su utilización se hace bajo pocos controles pese a ser un plaguicidas catalogado como restringido (Decreto Ejecutivo: 34142-S-MAG-TSS-MINAE). Pero esta realidad no es exclusiva de de este plaguicida ya que el Servicio Fitosanitario del Estado ha encontrado residuos de plaguicidas por encima de Límites Máximos de Residuos autorizados (4). El SFE en 2017 encontró que hasta un 32% de los alimentos frescos en el mercado nacional contienen restos de plaguicidas por encima de lo permitido.

Por esta razón es urgente que el Ministerio de Salud decrete la prohibición inmediata de clorpirifós en el territorio nacional y así salvaguardar la salud de la niñez costarricense.

Información al teléfono: 87609800

https://feconcr.com/por-la-ninez-urge-prohibir-el-clorpirifos

Notas

  1. Vendido en Costa Rica bajo los nombre comerciales de: Agromil, Attamix, Batazo, Baygon Trampas, Clorban, Bolsa Polynsect, Clorfos, Clorpigran, clorpirifós, Clorsint, Compa, CPF, Dursban Aromida, Farbex, Folafos, Forafos, Folikil, Gama Rollo, Herphos, Hormiguicida DAF, Impacto, K-atta, Kaysban, K-Opsis, Lorcoop, Lorsban, Lorsnext, Mirinex, Pest Band, Pestban, Pirinex, Pirinox, Raid Sistema Exterminador, Rimpirifos, Rochlop, Sassex, Soluthion, Solver, Sumpyrifos, Swat, Terfos, Termicida, Terminator, Vexter. http://www.plaguicidasdecentroamerica.una.ac.cr/index.php/base-de-datos-menu/153-clorpirifós
  2. Córdoba G., Leonel. “Evaluación De La Contaminación Ambiental En Aire Y Polvo Por Plaguicidas, En 12 Centros Educativos Del Cantón De Matina, Limón.” Universidad De Costa Rica

Sistema De Estudios De Posgrado. 2016. https://www.repositorio.una.ac.cr/handle/11056/13014

  1. Chlorpyrifos; Final Order Denying Objections to March 2017 Petition Denial Order AGENCY: Environmental Protection Agency (EPA) https://earthjustice.org/sites/default/files/files/PrePubCopy_9997-06_FR%20Document_Signed_2019-07-18.pdf
  2. INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA EN LAS ACCIONES QUE REALIZAEL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO PARA ASEGURARLA INOCUIDADQUÍMICADE LOS ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO https://www.sfe.go.cr/Informes_CGR/DFOE-EC-IF-00018-2017.pdf

 

Enviado por FECON.

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UCR: Nuevo protocolo aborda el »bullying» contra estudiantes LGTB en los centros educativos

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Equidad y derechos de la mujer.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) cuenta con una serie de protocolos de actuación ante situaciones de violencia y riesgo en los centros educativos del país. Sin embargo, en estos centros de enseñanza las prácticas violentas y discriminatorias a la población estudiantil LGTB no se reconocen, ni se visualizan y, lo que es más serio, no se intervienen de manera oportuna.

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UCR: Los profesionales con problemas conductuales son producto de las carencias de una formación integral

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

UCR: Los profesionales con problemas conductuales son producto de las carencias de una formación integral

Los especialistas resaltaron la importancia de fortalecer la creatividad y la imaginación en niños, niñas y adolescentes. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

En una conversación con diversidad de perspectivas y opiniones, los especialistas invitados al foro “La Niñez y la Adolescencia en la Agenda 2030” coincidieron en señalar la importancia de la educación diversa, integral e inclusiva como eje crucial para el desarrollo de la niñez y la adolescencia en Costa Rica.

El académico Josial Salas, coordinador de Advocacy de la organización Visión Mundial, resaltó la relevancia de una educación que trascienda las aulas, pues considera que el arte, la cultura y la convivencia ayudan a fortalecer las habilidades blandas que formarán la personalidad de la niñez en desarrollo.

Al hacer referencia a las carencias formativas en esa línea, Salas señaló que “diversos estudios del sector empleador aseguran que si bien reciben excelentes profesionales, son personas que llegan con importantes problemas conductuales. Son personas que no se saben comunicar o tienen problemas de inteligencia emocional, eso se debe fortalecer desde la niñez en el sistema educativo”.

Desde otra perspectiva, el geógrafo Carlos von Marschall, del Ministerio de Planificación (Mudeplan), enfatizó la relevancia de la inclusión de la niñez y adolescencia de áreas rurales en estos proyectos de educación diversa y multidisciplinaria.

Según Von Marschall, son estas poblaciones las que normalmente se ven marginadas, pues las políticas públicas se enfocan en las zonas de mayor concentración de personas y dejan de lado a miles de niños y adolescentes. “Si no se cambia el enfoque y continuamos con uno centralizado, no vamos a avanzar en la reducción de brechas dentro del país. Las zonas alejadas, los pueblos indígenas y las zonas costeras siempre son las de menor desarrollo y son en las que hay mayor cantidad de niños y adolescentes”, acotó Von Marschall.

Por otro lado, el Gerente de Programas Unicef-Costa Rica, Manuel Baldares, resaltó algunas de las fortalezas y oportunidades con las que cuenta Costa Rica de cara a la lucha contra las desigualdades, en especial a las referentes a poblaciones vulnerables. Según Baldares, para el 2017, de acuerdo con los datos de Unicef, el país tenía 30,5% de población menor de edad, sin embargo, de esa cantidad, el 34% era niños en condición de pobreza.

Además, Baldares resaltó que 5 de cada 10 adolescentes estaban fuera del sistema educativo para ese entonces, con especial énfasis en poblaciones indígenas, migrantes, discapacitados, zonas rurales y afrodescendientes.

“En el tema de cobertura educativa, sobre todo a nivel de primaria, Costa Rica tiene unos índices muy desarrollados. Pero hay retos como la respuesta a las desigualdades que existen en el país, todavía hay muchos niños, niñas y adolescentes que ven afectado el cumplimiento de sus derechos y esas son las poblaciones más vulnerables”, concluyó Baldares.

Este foro fue organizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios de Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena-UCR) y se desarrolló como antesala del V Simposio Internacional y IX Nacional sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia “Desigualdades, Abordajes y Experiencias en el Escenario del Desarrollo Sostenible”, que se realizará el 3, 4 y 5 de septiembre del presente año.

El coordinador de Pridena-UCR, Milton Ariel Brenes, moderó el espacio y afirmó que estas actividades son valiosas “para revisar la manera en que se concretan las agendas en una región cada vez más desigual” como es Centroamérica.

“El simposio significa una convergencia de los actores nacionales e internacionales que trabajan con niñez y adolescencia para buscar soluciones a las problemáticas que los jóvenes están afrontando”, concluyó Brenes.

Manuel Baldares reflexionó sobre el estado de la niñez y la adolescencia desde la perspectiva de la Unicef. Foto: Anel Kenjekeeva.

 

Roger Bolaños Vargas

Asistente, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Miles de horas cada año son semillas para una sociedad más inclusiva y respetuosa de las diferencias

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

  • Este 10 de diciembre se celebran 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

  • Acción Social de la UCR en derechos humanos llega a casi dos millones de personas en todas las regiones

“La vulnerabilidad del incumplimiento de los derechos humanos es un asunto que atraviesa a todos los segmentos de población. En especial, la pobreza, la exclusión educativa, el trabajo informal y otras actividades que los enrolan en actividades ilícitas”, detalló Dina Espinosa Brilla, coordinadora del proyecto EDNA. Foto muestra niños jugando. Archivo VAS.

Para superar los pendientes en materia de derechos humanos y lograr que la mayor cantidad de habitantes en el territorio nacional los disfruten a plenitud, cada año la Universidad de Costa Rica (UCR) invierte miles de horas en la ejecución de más de 130 proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).

Los desafíos de la sociedad costarricense para construir una sociedad más equitativa, solidaria y respetuosa de los derechos humanos son múltiples. Por eso, desde cada una de las iniciativas de la VAS se llega a las comunidades con proyectos relacionados con la niñez y la adolescencia, el derecho al trabajo justo, el envejecimiento digno, el acceso a la educación, la prevención de la violencia por causa de género, edad, orientación e identidad sexuales.

Con un presupuesto de ₡265 millones anuales, el personal universitario y la comunidad estudiantil asumen como propios los problemas que impiden que cada persona acceda a los derechos humanos garantizados por la normativa nacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Precisamente, este 10 diciembre la humanidad celebrará los 75 de la promulgación de dicha declaración. Sus 30 artículos se han constituido una guía para que los Estados y sus instituciones eliminen las barreras para garantizar que todas las personas alcancen esa plenitud, sin distinción alguna.

“Los Derechos Humanos tienen por principio primordial el respeto y el reconocimiento de la dignidad inherente de todas las personas. Esto implica a su vez la gestión de la igualdad de oportunidades, lo que tiene que ver con la inclusión y la reducción de la brecha social”, aseguró el Lic. José Daniel Rodríguez Arrieta, coordinador del proyecto “Población con discapacidad y derechos humanos: comunidades hacia la inclusión y el empoderamiento” (TC-633).

En materia de derechos humanos, el vínculo universidad-sociedad ha sido constante desde la creación de la UCR, aseguró Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social. Foto muestra jóvenes que se toman fotografia con marco #AcciónSocialUCR Archivo VAS.

El TC-633, de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, es una instancia que vincula a estudiantes con las comunidades para fomentar espacios y actividades para reconocimiento, apropiación y sensibilización acerca de los derechos humanos de la población con discapacidad en función de la inclusión.

Una importante cantidad de proyectos de Acción Social trabajan porque la niñez y adolescencia tengan acceso a la salud, la educación y la posibilidad de vivir en ambientes libres de violencias. Uno de ellos es el proyecto del Instituto de Investigaciones en Educación (INIE) denominado “Prevención de Violencia en 100 Centros Educativos del Ministerio de Educación Pública” (ED-3221) . El objetivo es brindar capacitación al personal destacado en dichas escuelas sobre los temas de la violencia intraescolar y fomentar la permanencia en las aulas.

Además, la UCR aporta investigación para el diseño de políticas públicas en esta materia. Por ejemplo, se difunden periódicamente informes relacionados con la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Entre ellos destaca el “Informe EDNA: Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia” (ED-389), cuyo equipo de profesionales tiene su base en la Escuela de Estudios Generales.

En total, para el año 2018 unos 35 proyectos se relacionan con la población infantil y adolescente en Costa Rica.

Derechos Humanos y vínculo social

“La acción social es un pilar fundamental en la lógica y razón de ser de las universidades estatales. Nuestra labor es enteramente en función de la sociedad costarricense en tanto su progreso y su consolidación como una sociedad inclusiva que busque sostenidamente la reducción de las brechas sociales y económicas. Este es el contacto más directo y tangible de la Universidad con las comunidades a las cuales se debe; es la más visible devolución que se hace de la inversión de una sociedad en la educación superior y no debe nunca escatimarse en esta inversión”, aseguró el Lic. Rodríguez Arrieta.

Como parte de su compromiso con los derechos humanos, la UCR trabaja de la mano con instituciones estatales y organizaciones comunitarias para favorecer condiciones de acceso a todos los derechos para las personas habitantes en el territorio nacional. Foto archivo ODI.

De los 168 proyectos inscritos en la VAS, unos 16 se enfocan en el apoyo coordinado con otras organizaciones para que personas con alguna discapacidad tengan iguales oportunidades de acceso a la educación, la participación ciudadana e integrarse a la fuerza laboral del país.

Un ejemplo es el proyecto del Instituto de Investigación en Educación de la UCR para crear un “Modelo de capacitación en higiene y manipulación de los alimentos para personas con discapacidad intelectual” (ED-3104), que le ha permitido a jóvenes concluir exitosamente el curso este requisito para optar por una oportunidad laboral. Para ello, se diseñaron módulos temáticos a partir de los contenidos del programa estandarizado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Otro proyecto, “Construyendo juntos: Personas con discapacidad en el ejercicio efectivo de los derechos humanos” (ED-3297), ejecutado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, se propone que en el país se “cumpla totalmente normativa nacional e internacional en derechos humanos en discapacidad e identificar las brechas normativas que aún persisten entre el ordenamiento jurídico nacional y lo que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad establece”, acotó el magíster Erick Hess Araya, coordinador del mismo.

Hess reafirmó que el “vínculo entre Universidad y sociedad es total, porque el proyecto avanza en la medida en que las personas con discapacidad así lo demandan y porque las personas con discapacidad van a obtener una orientación y asesoría técnica y académica que han solicitado para beneficio de sus propios intereses”. Actualmente, en Costa Rica cerca de medio millón de personas viven con alguna discapacidad y el 64% están excluidas de la fuerza laboral, con especial énfasis las mujeres.

“Decir que la UCR ha contribuido con los más diversos sectores de la sociedad costarricense no es retórico. La UCR ha estado presente desde sus inicios en el mejoramiento de la educación, la formación del concepto integral de la salud, en la generación de competencias productivas comunales, la defensa del ambiente, de los derechos humanos y la reivindicación de las fibras culturales que conforman nuestras identidades”, recordó la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social.

 

Eduardo Muñoz Sequeira

Periodista Vicerrectoría de Acción Social

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Ministra de la Niñez no defiende recursos para niñez y adolescencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Cabezas

 

A la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hoy Ministra de la Niñez, se le olvidó ponerse la camiseta a favor de quienes por mandato presidencial se encuentran bajo su cuidado, al guardar silencio, luego que los Padres de la Patria cercenaran los recursos que con tanto esfuerzo se luchó tener, para apoyar programas y proyectos a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes.

¿Será que la señora Ministra se le olvidó el juramento que hizo el 8 de mayo? Eso no lo podemos asegurar, pero si por la víspera se saca el día, ella sigue sin entender la función que le fue encomendada. Pareciera ser que en lugar de trabajar en el PANI lo hiciera en el Ministerio de Hacienda, buscando solucionar la situación fiscal del país, en lugar de realizar el trabajo que le fue encomendado de velar por la niñez costarricense.

No solo nunca salió a defender el que no se le quitara al PANI el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta, escondida como una moción del proyecto de paquete de impuestos N°20580 “Fortalecimiento de la Hacienda Pública” que incluye también el tema de empleo público y el mecanismo conocido como regla fiscal. Sino que además no ejecuta el presupuesto institucional.

El mecanismo aprobado ayer por los Diputados contempla evitar la aprobación de proyectos de ley sin fuente de financiamiento, todo nuevo gasto debe contar con una fuente de financiamiento en el largo plazo, el proyecto que contemple gastos debe ser conocido por el Ministerio de Hacienda que tendrá la responsabilidad de dictaminarlo, esta regla busca desacelerar el gasto corriente durante un periodo prudente, mientras se alcanza un nivel razonable de “equilibrio fiscal”. Pero además elimina los ya existentes.

Nuestra Jerarca parece desconocer el mandato internacional, que obliga a las naciones que ratificaron la Convención de los Derechos el Niño, de asegurar recursos para la ejecución de programas que permitan la atención y protección integral de la persona menor de edad, no solo cuando ya han sido violentados sus derechos, sino mucho antes, mediante programas preventivos, para evitar que esto suceda y no convertirlos en una víctima más.

Claro que ahora, las señoras y señores diputados pueden argumentar que la Institución es incapaz de ejecutar los recursos, cuando la realidad es que para nadie es un secreto que en el 2017 el dinero nunca ingresó a las arcas del PANI, por el supuesto problema fiscal que existía y lo poco que entregaron fue demasiado tarde para poder ejecutarse en su totalidad. Y ni qué hablar del 2018, cuando la Ministra a 5 meses de haber asumido su cargo, todavía se encuentra “acomodando la casa” y tiene la mayoría de proyectos detenidos, lo que significa que, a la fecha, solo se ha ejecutado el 30% del presupuesto institucional, entendiendo que la mayoría de lo invertido fue durante los primeros 4 meses de la administración anterior.

Ante esta situación el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) no puede guardar silencio, y denuncia el accionar de la jerarca, para que se sienten las responsabilidades en quien realmente corresponde. De manera que la próxima vez que un niño sea víctima inocente, esta no recaiga en los funcionarios quienes nuevamente deberán trabajar sin recursos, por culpa de decisiones políticas y no técnicas.

 

 

*Imagen ilustrativa tomada de http://www.pani.go.cr/

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