Premio Nobel y 600 académicos israelíes: la violencia de colonos israelíes en Cisjordania es terrorismo de Estado
Claudia Aranda / pressenza
¿Qué hace falta para que el mundo llame a las cosas por su nombre? ¿Cuántas casas demolidas? ¿Cuántas escuelas clausuradas? ¿Cuántos palestinos muertos sin que nadie rinda cuentas? ¿Cuántas aldeas vaciadas hasta el silencio?
El 30 de marzo de 2026, más de 600 académicos israelíes —profesores universitarios, investigadores, intelectuales de las instituciones más prestigiosas de Israel, entre ellos un Premio Nobel— firmaron una petición que sacude los cimientos del discurso oficial israelí. No la firmaron desde Ginebra ni desde Washington. La firmaron desde adentro. Desde la Universidad Hebrea de Jerusalén. Desde el corazón mismo del Estado cuya conducta denuncian.
Lo que dijeron no es menor. Es devastador.
«Nuestro gobierno no solo no ha protegido a las comunidades palestinas, sino que ha habilitado a los responsables de la violencia.»
Esa frase, pronunciada por académicos israelíes en suelo israelí, en plena guerra contra Irán, con el gobierno de Benjamin Netanyahu en estado de cruzada, no es una declaración de principios abstracta. Es un acto de coraje político que merece ser leído en toda su dimensión. Y en toda su consecuencia jurídica.
Porque lo que esos profesores describieron —sin usar el término, pero dibujándolo con precisión quirúrgica— es terrorismo de Estado.
La carta: lo que dijeron y lo que arriesgaron
El documento fue impulsado desde la Universidad Hebrea de Jerusalén. Uno de sus organizadores, el Dr. Yiftah Elazar, docente de ciencia política con doctorado de Princeton, declaró a Haaretz que el deterioro de la situación ha llegado a un punto de urgencia inmediata. Sus palabras exactas: «Esto ha sido durante mucho tiempo una fuente de repugnancia moral e indignación para nosotros, pero ahora se ha convertido en una cuestión de urgencia inmediata.»
La carta describe un patrón sostenido de ataques de colonos israelíes extremistas coordinados con el objetivo de erradicar la presencia palestina de zonas rurales de Cisjordania. Denuncia que las fuerzas policiales y militares israelíes han evitado intervenir y, en algunos casos, han colaborado directamente con los atacantes. Señala que no existen detenciones significativas. Que la impunidad persiste pese a la evidencia. Que decenas de palestinos han sido asesinados en este contexto por colonos israelíes armados.
Vincula todo esto con la política del gobierno Netanyahu: la expansión de asentamientos, la anexión de facto de Cisjordania, y las reformas judiciales que, al debilitar al poder judicial israelí, han reducido aún más la capacidad del Estado para investigar y sancionar estos crímenes.
Y concluye con una demanda de intervención internacional directa: proteger a las comunidades palestinas, reforzar la documentación de los abusos y aplicar sanciones contra individuos y entidades involucradas en violaciones sistemáticas de derechos humanos.
¿Qué significa firmar este documento en Israel hoy? Significa arriesgar la carrera. Significa enfrentar el escarnio público de un gobierno que ha demostrado su disposición a criminalizar la disidencia. Significa ser señalado por ministros como Itamar Ben-Gvir —quien celebró con champán la aprobación de una ley que amplía la pena de muerte aplicable casi exclusivamente a prisioneros palestinos— y Bezalel Smotrich, quien en el funeral de un colono israelí muerto llamó abiertamente al «colapso» de la Autoridad Palestina y al control israelí total de Cisjordania. Significa pronunciarse en el mismo Israel que ha aprobado leyes para silenciar a las organizaciones que defienden derechos palestinos, que ha clasificado como «amenaza de seguridad nacional» a las ONG humanitarias internacionales y que demolió la sede de UNRWA en Jerusalén Este el 20 de enero de 2026 con bulldozers y fuerza policial, frente a las cámaras del mundo.
Esos 600 académicos israelíes sabían todo eso. Y firmaron de todas formas.
Simultáneamente, más de 2.000 artistas y figuras culturales israelíes hicieron lo mismo en una petición paralela exigiendo acción decisiva contra la violencia de colonos israelíes. Y más de 3.000 miembros de la diáspora judía mundial —incluyendo al ex ministro de Exteriores británico Malcolm Rifkind, junto a líderes religiosos, diplomáticos y académicos de Europa, América del Norte, África y Australia— enviaron una carta abierta al presidente israelí Isaac Herzog describiendo los ataques de colonos israelíes extremistas como una «abominación».
En Israel mismo, el ex primer ministro Ehud Olmert presentó públicamente su intención de recurrir a la Corte Penal Internacional en un intento de, en sus propias palabras, «salvar a palestinos e israelíes» de lo que describe como violencia de colonos israelíes respaldada por el Estado. Incluso el prominente analista político Amit Segal —una voz central en la conversación pública israelí y cercano al movimiento colono— dijo en cámara: «No hay duda de que esto es terrorismo.»
Esas palabras, en ese país, en ese momento, son un terremoto.
Lo que está ocurriendo en Cisjordania: los hechos
Para entender por qué 600 académicos israelíes rompieron el silencio, hay que mirar lo que está ocurriendo sobre el terreno.
Desde que comenzó la guerra contra Irán en marzo de 2026, la violencia de colonos israelíes en Cisjordania ha escalado de manera sistemática. Human Rights Watch documentó que en solo 11 días, colonos israelíes armados —tres de ellos en uniforme militar— dispararon y mataron a cinco palestinos. La ONU reportó que entre el 1 de marzo y el 27 de ese mes, más de 150 ataques de colonos israelíes resultaron en víctimas o daños materiales en aproximadamente 90 comunidades: más de seis ataques diarios.
El dato más revelador lo entregó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) el 27 de marzo de 2026: en menos de tres meses, la violencia de colonos israelíes y las restricciones de acceso desplazaron a casi 1.700 palestinos, superando ya el total registrado durante todo 2025. Desde 2023, 38 comunidades palestinas han sido completamente vaciadas de su población.
No se trata de incidentes aislados. El informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) correspondiente al período hasta octubre de 2025 documentó 1.732 incidentes de violencia de colonos israelíes con víctimas o daños materiales, un aumento respecto a los 1.400 del período anterior. En 2025, al menos 240 palestinos fueron asesinados, ya sea por colonos israelíes o por el ejército.
Los ataques perpetrados por colonos israelíes incluyen disparos con munición real contra civiles desarmados, quema de viviendas y vehículos, destrucción de cosechas de olivo, robo de ganado —en un caso documentado por OCHA, colonos israelíes robaron 150 ovejas tras golpear y atar a un pastor palestino—, profanación de tierras agrícolas, y grafitis en hebreo que dicen «muerte a los árabes». En una aldea de la región de Nablus, un sobreviviente palestino relató ante PBS News cómo veinte colonos israelíes atacaron a su familia entera: «Ataron a todos, excepto a una bebé de cuatro meses que dormía. A todos los golpearon, incluidos los niños.»
El ejército israelí confirmó, en sus propias estadísticas internas, un aumento del 27% en los llamados «crímenes nacionalistas» en Cisjordania en 2025 respecto a 2024, con los incidentes graves aumentando más del 50%.
Y sin embargo: desde 2022, no se ha registrado ni una sola condena penal de un colono israelí por el asesinato de un civil palestino en Cisjordania. De 1.500 asesinatos documentados entre 2017 y septiembre de 2025, las autoridades israelíes abrieron 112 investigaciones. Una sola condena. Una.
¿Cómo se llama eso, si no es impunidad estructural de Estado?
Lo que destruye Israel: escuelas, hospitales, el derecho de existir
La violencia física de los colonos israelíes es solo una dimensión del patrón. La otra es la destrucción metódica de la infraestructura que hace posible la vida civil palestina, ejecutada directamente por el Estado israelí.
El 20 de enero de 2026, bulldozers israelíes demolieron la sede de UNRWA en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén Este, mientras fuerzas de seguridad israelíes izaban una bandera israelí sobre las ruinas. El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó la operación como una «entrada ilegal» a propiedad de Naciones Unidas. Días antes, el 12 de enero, fuerzas israelíes habían irrumpido en el Centro de Salud de Jerusalén operado por UNRWA y ordenado su cierre por 30 días, exigiendo además la retirada de los emblemas de la ONU.
El 27 y 28 de enero, Israel cortó el agua y la electricidad a múltiples instalaciones de UNRWA en Jerusalén Este, afectando directamente escuelas, centros de salud y puntos de servicio para refugiados palestinos en campamentos de la ciudad. La legislación que autorizó estos cortes fue aprobada por la Knesset en diciembre de 2025.
En mayo de 2025, el Ministerio de Educación israelí, acompañado de efectivos policiales, cerró seis escuelas de UNRWA en Cisjordania, colgando órdenes de cierre en sus puertas y obligando a evacuar a estudiantes y docentes, privando de educación a más de 800 estudiantes. En octubre del mismo año, las fuerzas israelíes irrumpieron en la Escuela Secundaria de Kisan, al este de Belén, alegando que la emisión escolar había abordado la causa de los prisioneros palestinos.
En marzo de 2026, Israel notificó a 37 organizaciones no gubernamentales internacionales que serían expulsadas de Gaza y Cisjordania por negarse a entregar al gobierno israelí listas completas de su personal, en lo que Human Rights Watch calificó como una politización de los requisitos humanitarios que amenaza con cortar la asistencia vital a la población civil palestina.
¿Qué se destruye cuando se demuela una escuela? ¿Qué se borra cuando se corta el agua a un hospital? ¿Qué se cancela cuando se expulsa a una familia de su hogar con una orden firmada por el Estado? Se destruye el futuro. Se borra la memoria. Se cancela la posibilidad misma de un pueblo de permanecer en su tierra. Y cuando esa destrucción es sistemática, planificada, legislada y ejecutada con impunidad, deja de ser daño colateral. Se convierte en política.
El marco jurídico: los crímenes que tienen nombre
Aquí es donde la petición de los 600 académicos israelíes adquiere su mayor peso político. Porque lo que describen no es solo moralmente insoportable. Es jurídicamente tipificable, en múltiples marcos normativos simultáneos.
La Corte Internacional de Justicia ya habló, con toda la autoridad del tribunal más importante del mundo, en julio de 2024. Su opinión consultiva es precisa y demoledora.
La CIJ estableció que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, así como el régimen asociado a ellos, han sido establecidos y mantenidos en violación del derecho internacional. Que las políticas de Israel —desalojos forzados, demoliciones masivas de viviendas, restricciones de residencia y movimiento, confiscaciones de tierra para reasignarlas a asentamientos israelíes— violan la prohibición de transferencia forzosa de la población protegida bajo el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra. Que las leyes israelíes implementan una separación entre palestinos y colonos israelíes en los territorios ocupados que viola el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que prohíbe la segregación racial y el apartheid. Que Israel debe retirar a todos los colonos israelíes de los territorios ocupados, desmantelar las secciones del muro construido en Cisjordania, pagar reparaciones integrales y permitir el retorno de todos los palestinos desplazados desde 1967.
Y estableció algo aún más grave: que todos los demás Estados del mundo están legalmente obligados a no reconocer la ocupación israelí como legal y a no prestar ayuda ni asistencia para mantenerla.
El repertorio de violaciones tipificables es el siguiente:
Crímenes de guerra, bajo el derecho internacional humanitario: el asesinato deliberado de civiles, la destrucción de bienes protegidos —escuelas, hospitales, instalaciones de la ONU—, la transferencia forzosa de población civil, el uso excesivo de la fuerza, y la privación intencional de agua, electricidad y servicios básicos a la población bajo ocupación.
Crímenes contra la humanidad, bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: la persecución de una población civil por motivos étnicos o raciales, la deportación o el traslado forzoso de población, los actos de exterminio y los actos inhumanos de carácter similar cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
Apartheid, bajo la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y el Estatuto de Roma: el mantenimiento de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro. La CIJ ya estableció la separación discriminatoria entre palestinos y colonos israelíes; la Relatora Especial de la ONU y múltiples organizaciones de derechos humanos han concluido que el sistema en su conjunto constituye apartheid.
Transferencia forzosa de población, explícitamente prohibida por el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, codificada como crimen de guerra en Nuremberg y aplicada directamente por la CIJ a las prácticas israelíes en Cisjordania. La propia Oficina de Derechos Humanos de la ONU concluyó en marzo de 2026 que el patrón de desplazamientos «parece indicar una política israelí concertada de transferencia forzosa masiva en todo el territorio ocupado, dirigida al desplazamiento permanente», generando preocupaciones de limpieza étnica. Desde 2023, 38 comunidades palestinas han sido completamente evacuadas.
Genocidio: la Comisión de Investigación de la ONU emitió en septiembre de 2025 un informe que concluye que Israel cometió genocidio en Gaza. La Corte Internacional de Justicia tiene abierto el caso presentado por Sudáfrica bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Los expertos independientes de derechos humanos de la ONU señalaron en septiembre de 2025 que «la naturaleza colectiva y de amplio alcance del genocidio en curso se ha vuelto innegable.»
Las consecuencias en un mundo que aplicara su propio derecho
¿Qué pasaría si el derecho internacional fuera aplicado con la misma energía con que fue redactado?
Netanyahu enfrentaría la ejecución de las órdenes de arresto que la Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esas órdenes siguen vigentes —la CPI rechazó en julio de 2025 el pedido israelí de retirarlas— y obligan a los 124 Estados parte del Estatuto de Roma a detenerlo si pisa su territorio. Lo mismo aplica para el ex ministro de Defensa Yoav Gallant.
Los ministros Smotrich y Ben-Gvir enfrentarían, además de los mecanismos de la CPI, sanciones individuales bajo los regímenes de derechos humanos de la Unión Europea y el Reino Unido, y eventualmente podrían ser procesados por incitación al genocidio, transferencia forzosa y crímenes de apartheid. Sus declaraciones públicas —Smotrich pidiendo la «demolición» de comunidades palestinas, Ben-Gvir celebrando la pena de muerte para prisioneros palestinos— forman ya parte del registro probatorio internacional.
Israel como Estado enfrentaría, en un mundo que aplicara sus propias normas: suspensión inmediata de todas las transferencias de armas, establecida como obligación por la Convención de Ginebra y reafirmada por la CIJ; embargo sobre el comercio con los asentamientos israelíes ilegales; suspensión de acuerdos de asociación preferencial con la Unión Europea; reparaciones integrales a la población palestina, incluyendo restitución de tierras y propiedades desde 1967, compensación económica y retorno de los desplazados; y cooperación obligatoria con las investigaciones de la CPI y los mecanismos de la ONU.
Y los Estados que continúen prestando apoyo a la ocupación israelí —vendiéndole armas, bloqueando resoluciones en el Consejo de Seguridad, manteniendo comercio preferencial con asentamientos israelíes— estarían, según la propia CIJ, en riesgo de convertirse en cómplices de actos internacionalmente ilícitos.
Lo que los académicos israelíes pusieron en palabras
Hay algo en esta carta que va más allá del catálogo de violaciones. Es el reconocimiento, desde adentro de Israel, de que la violencia de colonos israelíes no es un problema de «manzanas podridas». Es política de Estado.
Los expertos en derecho internacional son precisos en este punto. La académica Mais Qandeel, de la Universidad de Örebro, argumenta que sancionar a colonos israelíes individuales mientras el Estado continúa operando es un error de atribución jurídica: la responsabilidad es estatal, no individual. El Instituto Lieber de West Point recuerda que el artículo 43 del Reglamento de La Haya obliga a Israel, como potencia ocupante, no solo a abstenerse de la violencia sino a proteger activamente a la población ocupada y a no tolerar tal violencia por parte de ningún tercero.
Los expertos independientes de derechos humanos de la ONU lo expresaron con una claridad que pocas veces se escucha en el lenguaje diplomático: «La violencia masiva y los brutales ataques de colonos israelíes armados no pueden ser descartados como acciones de unos pocos funcionarios descarriados. Están siendo auxiliados y avalados por el Estado en todos sus niveles. Cada rama del Estado israelí —el Ejecutivo, el Parlamento y los Tribunales— ha fallado en restringir o remediar este abuso de poder.»
¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que cuando un colono israelí dispara contra un agricultor palestino en Cisjordania, el Estado de Israel tiene responsabilidad jurídica directa. Cuando ese colono no es procesado, la responsabilidad se profundiza. Cuando un ministro del gobierno celebra esa impunidad, la responsabilidad alcanza el nivel de complicidad activa. Y cuando el aparato legislativo construye el marco normativo que hace posible todo lo anterior —la ley que autorizó cortar el agua a UNRWA, la que amplió la pena de muerte para prisioneros palestinos, la que expulsa a las ONG humanitarias— estamos ante la definición operativa de terrorismo de Estado.
El mundo observa. La humanidad toma nota.
Hay un momento en la historia de todos los grandes crímenes del siglo XX en que el registro documental existía, los testigos habían hablado, los juristas habían tipificado los hechos, y sin embargo el mundo no actuó. Ese momento —el momento en que la impunidad se convirtió en norma— es el que las generaciones siguientes no han podido perdonarse.
Estamos, ahora mismo, en ese momento.
Seiscientos académicos israelíes, un Premio Nobel entre ellos, lo saben. Y por eso firmaron. Porque conocen el peso de esa firma. Porque saben que el silencio tiene un costo que la historia siempre cobra.
La pregunta que nos devuelven a todos —a los gobiernos, a las instituciones internacionales, a la prensa, a los ciudadanos del mundo que observamos— es simple y demoledora: si ni siquiera los intelectuales del propio Estado agresor pueden seguir callando, ¿qué estamos esperando los demás?
