El dirigente sindical del sector salud, Juan Carlos Durán Castro, confía en que la llegada al país de una misión de la OIT permite decir no a la contratación de un estudio con el Banco Mundial, como pretende la presidencia de la República.
Juan Carlos envió a SURCOS el siguiente video de menos de un minuto en el cual explica la situación:
El 25 de abril de 2023 el Movimiento Sindical, como constituyente de OIT, solicitó apoyo experto para el análisis del último estudio actuarial del Seguro Social que elaboró la presidenta de la CCSS ante la conjetura de que la Caja está quebrada para remover los directores representantes de las personas trabajadoras y la intervención política de la institución. Marta Esquivel Rodríguez pretende desacreditar a la OIT alegando que la Caja no fue informada de que el estudio de la OIT iba a ser realizado; que el informe es de tan solo 25 páginas; y que nunca se consultó a la directora actuarial.
En respuesta a esto se expone que: no se puede alegar desconocimiento, porque en diciembre se hizo pública por medios, la solicitud de la opinión técnica a la OIT; la organización representante de las personas trabajadoras no solicitó un estudio actuarial, se pidió una opinión técnica; y la información de la CCSS es de carácter público. Por último, se exige la realización de una rendición de cuentas, por el daño que se está haciendo a la imagen, credibilidad y autonomía constitucional.
En un informe de la Organización Internacional del Trabajo entregado a SURCOS se puede leer en la página 22:
“En el balance final presupuestario, los ingresos totales han excedido a los gastos totales en todos los años del período bajo análisis; el superávit de operación asciende a 551 217 millones de colones en el 2022. Las condiciones financieras recientes del Seguro de Salud han sido bastante holgadas, lo que ha llevado a la acumulación de reservas significativas”.
Dicho criterio técnico se fundamenta en un estudio realizado por el organismo internacional que vela por las condiciones laborales en el mundo. Tal conclusión contrasta con la frase emitida en varias oportunidades por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en el sentido de que “la Caja está quebrada”.
En una de las conclusiones del documento de la OIT se indica:
“Según se documentó en esta nota técnica, el análisis de las proyecciones de gastos contenidas en los informes actuariales del Seguro de Salud conducidos en los últimos años por la CCSS evidencia una recurrente sobreestimación de los gastos totales del Seguro de Salud, en un rango del 20% al 36%, con tendencia a aumentar conforme transcurren los años en el horizonte de proyección. Tratándose de un problema recurrente, es altamente recomendable realizar una revisión de la metodología actuarial utilizada por la Dirección Actuarial de la CCSS”.
Asimismo, el informe advierte:
“Uno de los hallazgos más críticos es la fuerte discrepancia entre las proyecciones actuariales contenidas en la valuación 2019, que ya incluía ajustes por los efectos de la crisis del COVID-19, en comparación con los de la valuación 2021. En un período de tan solo 18 meses transcurridos entre ambos estudios, el gasto total proyectado aumentó en 38,6%; hay que destacar que los informes actuariales de la CCSS no ofrecen una explicación razonable de este significativo cambio. Una situación similar ocurre con las dos versiones del denominado Informe Técnico para la actualización del Portafolio Estratégico de Inversiones, 2023-2032, cuyas proyecciones actuariales tuvieron modificaciones sustanciales, de nivel crítico, en un plazo de tan solo 7 días, que condujeron a conclusiones y criterios para la toma de decisiones de la Junta Directiva, totalmente divergentes. En términos de los estándares internacionales de práctica actuarial, se trata de una situación preocupante, cuyo efecto podría ser reducir la confianza pública en el trabajo actuarial elaborado oficialmente por la CCSS”.
También señala:
“Las proyecciones financieras contenidas en la Valuación Actuarial del Seguro de Salud de la CCSS con corte a 2021, y presentadas en 2022, principal objeto de la presente nota técnica, no reflejan de manera razonable la evolución de las finanzas del Seguro de Salud observada durante la última década y se desvían abruptamente de la tendencia. Además, evidencian inconsistencias metodológicas que comprometen su validez técnica como insumo para la toma de decisiones estratégicas y el diálogo social en seguridad social”.
SURCOS comparte el documento que puede ser descargado de este enlace.
La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) comunica:
“El día 7 de febrero del 2023 inició la segunda jornada de gira denominada “MISIÓN COSTA RICA” en las instalaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde recibieron representantes de la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) con la participación de los vicepresidentes Walter Merkis de FATUN Argentina; Lourdes Zea de STUNAM México, Damián Espino Castillo de SINTUP Panamá y el Secretario Ejecutivo de la CONTUA, Marcelo Di Stefano y los dirigentes sindicales de las Universidades Públicas, Kendy Chacón Víquez secretaria general de la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (AFITEC); Álvaro Madrigal Mora, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN) y Harold Chavarría Vásquez del SINDEU.
Como lo escribieron los de la OIT de Centro América en un mensaje en Twitter se “sostuvo hoy un espacio de diálogo con representantes sindicales de universidades públicas de Costa Rica, México, Panamá”… Argentina y se habló “sobre derechos laborales fundamentales: libertad sindical y negociación colectiva”, cerró el comunicado.
Posteriormente, se sostuvo la segunda reunión en las instalaciones del SITUN en la Universidad Nacional en Heredia; quien se unió a la gira el representante de la Internacional de los Servicios Públicos (ISP) Oscar Rodríguez. En este espacio, el secretario ejecutivo de la CONTUA Di Stefano, recordó el objetivo de esta misión que como él mismo lo expresó, “ustedes más que nosotros los tienen muy claro”, porque aquí hay un ataque en dos miradas, porque si atacan a la Universidad nos atacamos a nosotros mismos.
Continuo el mensaje diciendo que “viendo ese diagnóstico que se dio en el Congreso de Guadalajara de la CONTUA en México en donde vimos necesario ingresar a estos espacios, donde se condena la violación a los derechos laborales y a la Ley del Empleo Público que condiciona la autonomía universitaria.
Durante la tarde, los representantes de la CONTUA y de los Sindicatos Universitarios se reunieron con los rectores que conforman CONARE en donde se exigió de una vez por todas una ruta de acción para la defensa de las Universidades Públicas.
Con respecto a la Ley de Empleo Público, el rector de la Universidad Técnica Nacional, Emmanuel González Alvarado expresó que CONARE había sacado un acuerdo en donde aseguraba que ninguna universidad va a dividir a los funcionarios administrativos de los docentes, donde fueran excluyentes (ante el MIDEPLAN) y concluyó “ese fue el primer acuerdo que llegamos”.
Además, enfatizó que CONARE ha emitido comunicados de forma constante, en donde expresan su oposición a las Leyes de la Regla Fiscal y Empleo Público y el proyecto de ley llamado “Ley Reguladora del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal”, expediente N° 23.380. La ruta es seguir unidos en esta lucha. A nivel de la OIT se canalizarán las denuncias respectivas a nivel internacional.
“Unidos somos más y más fuertes”
Página web del SINDEU: http://www.sindeu.ucr.ac.cr/
Facebook: https://www.facebook.com/sindeu.universidadcr
Para más información: Por WhatsApp 8510 5531 con Lillianne Sánchez Angulo, 8343 4986 SINDEU 2511 1960 y Oficina central del SINDE”.
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), conjuntamente con su afiliado el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), el día de hoy han presentado una queja ante la OIT para denunciar la violación de los derechos sindicales resguardados en los convenios internacionales 87, 98 y 135, ratificados por Costa Rica, a raíz del atropello que JAPDEVA ha venido realizando contra la libertad sindical y la negociación colectiva.
A pesar de las diversas gestiones institucionales que tanto la Confederación como el Sindicato han estado llevando a cabo entre las partes, JAPDEVA de modo deliberado, unilateral y arbitrario persiste en desconocer e incumplir la convención colectiva vigente. Tampoco se ha podido lograr hasta la fecha la oportuna intervención de la autoridad del trabajo para solventar y hacer cumplir la legislación laboral y los convenios de la OIT.
Por tal motivo es que hemos tenido que tomar el camino de la denuncia internacional y recurrir ante los órganos de supervisión de normas de la OIT. De modo simultáneo estamos informando de dicha queja y situación a la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), a la Confederación Sindical Internacional (CSI), y a la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF).
El desaplicar la convención colectiva y tratar de eliminarla es una acción antisindical, antidemocrática y antilaboral. Además, en el actual contexto de reforma institucional, esta actuación evidencia la falta de buena fe de la Presidencia de JAPDEVA, para quien la convención se erige en un obstáculo para hacer una reorganización unilateral, excluyente del sindicato, discriminatoria y lesiva para las trabajadoras y trabajadores de JAPDEVA. El sindicato se ve ahora marginado e imposibilitado de participar en dicha reforma, y de poder ejercer la defensa de sus agremiados y del valor social y económico de la propia empresa portuaria ante sus autoridades gerenciales
La queja fue entregada a las autoridades de la OIT en su sede en San José, para ser trasladada a su Oficina mundial en Ginebra (Suiza). La secretaria general de la Confederación, Fanny Sequeira, enfatizó “la importancia de la libertad sindical para la salud de la democracia”, y alertó sobre el aumento de casos (como el de JAPDEVA) en que se puede observar “el cada vez más fuerte desequilibrio entre capital y trabajo, cuyas consecuencias alejan al pueblo del trabajo decente con justicia social, generando condiciones para el surgimiento de fuertes conflictos sociales y colectivos”.
San José, 1 de diciembre 2022
La pandemia creó grandes perturbaciones en los mercados del trabajo; la baja en los ingresos de las personas provocó un mayor endeudamiento; se dio un marcado aumento de la servidumbre por deudas; y, finalmente, el deterioro en las condiciones laborales de muchos trabajadores propició, en los casos más extremos, el trabajo forzoso.
De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló recientemente en su informe “Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna, trabajo forzoso y matrimonio forzoso” que unos 50 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna (al 2021), de estas, 28 millones realizan trabajos forzados y 22 millones están atrapadas en matrimonios forzados.
Y es que el número de personas en situación de esclavitud moderna ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años, pues para el año 2021 había 10 millones más de personas en situación de esclavitud moderna en comparación con las estimaciones mundiales de 2016.
De acuerdo con Noortje Denkers, especialista de Migración Laboral y Movilidad Humana de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, la agencia de Naciones Unidas nota con mucha preocupación que el número de personas que está atrapada en la esclavitud moderna va en aumento, asimismo, alerta que siguen siendo las mujeres, niños y niñas quienes están más vulnerables ante esta situación.
“Cuando lo vemos desde la óptica migratoria, el trabajo forzoso es mucho más frecuente, las personas migrantes tienen tres veces mayor riesgo de trabajo forzoso, las cifras muestran que, de cada 1.000 migrantes, 13,8 están en trabajo forzoso y para el caso de personas no migrantes, de cada 1.000, 4,1 están en esta situación”, explicó Denkers en entrevista con UNIVERSIDAD.
¿Esta realidad mundial, con qué incidencia se presenta en los países centroamericanos?
—Las crisis que estamos viviendo han generado coyunturas que facilitan la profundización del trabajo forzoso y Centroamérica no está exenta de ellas. Una crisis global, como la que ocasionó el COVID-19 y el cambio climático han tenido un fuerte impacto en temas de empleo y educación, aumento de la pobreza extrema, migración forzosa, inseguridad e incremento en las denuncias de violencia de género.
La combinación de estos factores incrementa el riesgo de la esclavitud moderna o el trabajo forzoso, y quienes están en condiciones de vulnerabilidad se ven más afectadas, por ejemplo, quienes están en pobreza, trabajadores de la economía informal, niños y niñas.
¿Qué implica el trabajo forzoso o la esclavitud moderna?
—Cuando pensamos en el trabajo forzoso pensamos en personas encadenadas, encerradas de un edificio, pero debemos entender que la realidad es distinta, hay a quienes les decomisan su pasaporte en el trabajo, lo que les impide la movilización o salir del país en el que trabajan. Eso es un indicador muy común del trabajo forzoso.
También, hay a quienes les retienen sistemáticamente el salario, o les dicen que tienen una deuda por haberles dado el trabajo y la personas sigue trabajando sin recibir su sueldo. También, aquellos que sufren algún tipo de coacción, confinamiento, violencia física o sexual y la privación de necesidades básicas.
Todas estas cosas suceden a nuestro alrededor, no hay que ir muy lejos.
¿En qué sectores es más frecuente encontrar condiciones de trabajo forzoso o esclavitud moderna?
—La mayoría está en servicios, en la industria manufacturera, en la construcción, agricultura y en el trabajo doméstico, esos son los cinco sectores que concentran más a las personas que están en trabajo forzoso. Y la mayoría de los casos de trabajo forzoso, 86%, se dan en el sector privado.
¿Cuáles son las acciones que deberían tomar los países para luchar contra la esclavitud moderna?
—La OIT recomienda en su informe que, para prevenir el trabajo forzoso, es esencial respetar las libertades y derechos de las personas trabajadoras, lo que incluye la libertad sindical y a la negociación colectiva, que les permiten ejercer una voz colectiva y defender sus intereses, así como negociar un trabajo seguro y decente.
Otra medida es ampliar la protección social para que las personas no se encuentren en situación de vulnerabilidad y que tengan acceso a seguridad básica de ingresos y puedan rechazar cuando les ofrezcan un trabajo abusivo, o abandonar aquellos empleos que tengan esa tendencia. Es necesario promover la contratación equitativa, incluyendo el reclutamiento de migrantes, que les prevenga de prácticas abusivas y fraudulentas.
Es fundamental que los servicios públicos sean capacitados y fortalecidos para detectar las infracciones laborales e indicadores de trabajo forzoso y que desarrollen procesos de reparación para las personas donde la prevención falló.
Trabajo periodístico de María Núñez Chacón del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Maikol Hernández.
Desde el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, vemos y sabemos muy bien quienes son los que acusan a los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas que están recuperando tierras de diferentes partes de los territorios indígenas. Somos todos y todas los y las que estamos defendiendo el derecho a la tierra, a la autonomía, a la identidad, a nuestra cultura como lo hemos venido haciendo desde el 9 de agosto del 2010 para acá, construyendo nuestra Autonomía desde los Territorios, al ser desalojados con violencia de la Asamblea Legislativa.
Toda una vida ha querido meternos en un sólo saco, y dicen que “todos somos iguales, que la Ley nos protege a todos”, pero no es así. A los usurpadores que nos han arrebatado con violencia la tierra, nadie los toca, pero cuando iniciamos el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (2010), recuperando la tierra que es nuestra, entonces dicen que estamos actuando de manera violenta, cuando la Ley Indígena dice claramente que los territorios son exclusivos de las comunidades indígenas.
También dice la Ley Indígena 6172, que desde 1977, los y las NO indígenas, NO pueden adquirir, alquilar ni usar tierras indígenas, construir casas o sembrar y que está prohibido cualquier contrato o documento que haga esos negocios, entonces, ¿quiénes son los ilegales, los usurpadores, los violentos?
Sabemos que desde hace mucho tiempo CONAI ha estado ahí, no para defender los derechos de los pueblos indígenas, nunca lo hizo y nunca lo va a hacer por cuanto es una institución del gobierno. La Ley indígena tiene más de 45 años y tampoco está funcionando, no la ponen en práctica.
Desde 1990, caminamos hasta San José en tres ocasiones, con gran sufrimiento y sacrificio, saliendo de nuestro territorio con muchas dificultades, dejando nuestra casa, nuestra familia y cuántas dificultades pasamos sin saber cuánto llevamos en el bolsillo, para poder sobrevivir, con el apoyo de muchas personas y organizaciones solidarias ,logramos hacer esas “caminatas”, sin embargo, NO escucharon los Gobiernos, desde mucho rato ya.
Desde 1977, incluso con la Ley ya aprobada, hemos perdido más territorios en manos de agresores/as usurpadores/as NO indígenas, que se han metido por la fuerza o han engañado en nuestras comunidades, muchas veces porque no hablamos el idioma, otras porque no entendemos sus leyes y otras porque nos han amenazado y agredido; se han apoyado en otras/os “indígenas” que han renunciado a su identidad, y que son ellos/as los que han traído desgracia, maltrato y asesinatos a nuestras comunidades.
Denunciamos que la defensora de los habitantes Catalina Crespo, realizó una visita a los territorios del sur del país acompañada por los indígenas renegados/as que están en contra de nuestros derechos como pueblos indígenas. Ya han pasado más de 500 años, y siguen con el discurso que impusieron los conquistadores de otro continente, así decretaron que nuestras tierras eran de ellos, se apoderaron, encarcelaron, mataron e impusieron esas sus “leyes”; que son las mismas que ahora siguen imponiendo en contra nuestra, dicen que las recuperaciones son ilegales y violentas, pero no reconocen esos siglos de arrebato, agresión y asesinato que llegan hasta nuestros días más recientes con el asesinato (2019) de nuestro compañero Coordinador de FRENAPI Sergio Rojas Ortiz, Uniwak de Salitre y Jerhy Rivera Rivera (2020), recuperante de tierras en Térraba.
Vamos a seguir recuperando lo que nos pertenece, ya les hemos avisado con mucho tiempo a los y las usurpadoras/es, que salgan y se lleven sus ganados y sus mejoras construidas ilegalmente. Estamos protegidos por las Leyes de Costa Rica, los Convenios Internacionales de la OIT en especial el 169 y las Resoluciones Judiciales del país (Sala Cuarta y Tribunales Agrarios) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH de la OEA).
La Defensora Crespo, es una agresora más, miente y está parcializada con quiénes son responsables de las usurpaciones, agresiones y asesinatos; guarda silencio cómplice de todas esas violaciones y cuando hace referencia a los “derechos humanos”, olvida la historia de terror en que hemos vivido, repite que las recuperaciones son “ilegales”, azuzando e incitando a más violencia en contra nuestra. Señora Crespo, no puede usted hablar en nombre de los Derechos Humanos, mejor renuncie y váyase, pero por favor no haga ese “papel”, que todos y todas le estamos viendo y muy de cerca.
Estamos amenazados, ahora más que nunca, pedimos acompañantes internacionales, de organizaciones de Derechos Humanos y Paz y de Organismos de la ONU.
La tierra es nuestra madre, la tierra es la medicina, la tierra es la salud, sin tierra no hay cultura, por eso luchamos y seguiremos luchando hasta donde nos den las fuerzas.
LOS PUEBLOS INDÍGENAS VIVEN , LA LUCHA SIGUE !!
LA TIERRA ES LA BASE DE NUESTRA AUTONOMÍA
EL PROCESO DE AFIRMACIÓN TERRITORIAL AUTÓNOMA SIGUE Y SE EXTIENDE!!
SERGIO y JERHY VIVEN , LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!!
FRENAPI VIVE – LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE
Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena
09 de agosto 2022
Compartido con SURCOS por FRENAPI.
Se extiende la invitación para disfrutar del programa Saber Vivir de Radio UCR 870, este lunes 8 de agosto de 2022 a partir de las 8:00 a.m.
El programa abordará el tema “La OIT contra el acoso”, con la conducción de Gloriana Rodríguez y la participación de Deiby Porras Arias y Marco Castillo Rojas.
Puede disfrutarlo en el siguiente enlace de Facebook de Radio UCR 870: https://www.facebook.com/870UCR/
SURCOS comparte la siguiente información:
Desde el Grupo de Trabajo Agenda CEDAW, manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley 21.182 que busca instaurar jornadas de 12 horas durante 4 días a la semana y representa un claro detrimento de los derechos laborales y en especial de los derechos de las mujeres.
El proyecto de ley de jornadas 4×3 violenta convenciones internacionales en materia de derechos laborales, trabajo decente y de derechos de las mujeres, entendiendo que en Costa Rica la realidad entre hombres y mujeres en el mercado laboral sigue siendo profundamente desigual. Por ejemplo, en todos los informes sobre trabajo se puede denotar una sobre representación de las mujeres en indicadores de desempleo, subempleo, trabajo informal, falta de aseguramiento y otros. (EMPEDEMU. 2019).
Estas jornadas atentan contra la salud de las personas trabajadoras, disminuye la productividad, genera más recarga en los servicios de salud y aumento en los accidentes laborales, las jornadas extensas tienen relación directa con la depresión, la cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares y trastornos del uso del alcohol. (OMS, OIT. 2018).
Este proyecto fomenta la exclusión de las mujeres en el mercado laboral, pues no reconoce las desigualdades en el uso del tiempo por la división sexual del trabajo basada en estereotipos y sesgos de género. De acuerdo con la Encuesta de uso del tiempo: las mujeres invierten 36 01 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, mientras los hombres solamente 13.55 horas semanales.
Esta ampliación de jornada procura la disminución de personal contratado y eliminar el pago de horas extra, por ejemplo, las trabajadoras domésticas verían acrecentar su horario a 18 horas diarias, SIN retribución adicional.
Además, estas jornadas no contemplan las necesidades de las personas que asumen las labores de cuido o acompañamiento, donde un 90% de los casos no son remunerados y 7 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres. Dando como resultado la generación de mayores barreras para que las mujeres puedan insertarse de manera justa al mercado laboral.
El Estado costarricense tiene la obligación de cumplir con lo establecido por las convenciones internacionales de derechos humanos, la iniciativa en discusión es un retroceso al cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW relativas a las medidas para facilitar el acceso de las mujeres al empleo formal, a las recomendaciones de la OIT sobre trabajo decente y la transición de la economía informal a la formal y representa un riesgo notable para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre empleo pleno, productivo y trabajo decente para las mujeres y hombres. (Recomendación 29B de la agenda CEDAW).
Exhortamos a las diputadas y diputados de la República para que este proyecto no sea aprobado, y mantengamos la vía del respeto y garantía de los derechos laborales que también son derechos humanos y enfoquemos las acciones para la disminución de las brechas de género en el trabajo y la garantía de una vida libre de violencia para las mujeres.
¿Qué es la CEDAW?
La Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles), fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La CEDAW es un instrumento de carácter internacional que precisa los detalles de la discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se comprometen, a consumarla llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones de derechos humanos contra las mujeres.
Además, se crea el Comité CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer), para monitorear el cumplimiento de los Estados en virtud de las disposiciones contempladas en esta Convención.
Más información sobre la CEDAW en el siguiente enlace:
El día lunes 30 de mayo de 2022, se presentó una denuncia contra el Poder Ejecutivo por incumplir con el envío de representación del sector sindical y trabajador a la 110a Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.
Esta no acción podría representar una forma de aplacar las denuncias en materia de violación de los derechos laborales (persecución sindical, prohibición de huelga y condicionamientos de la negociación colectiva).
Conjuntamente, se advierte sobre el peligro para Costa Rica en cuanto a la firma de la Declaración de Consenso de Ginebra, que pone en riesgo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, debido a que se opone directamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
Para más información sobre estos temas, ingresar en el siguiente enlace: https://fb.watch/dlTQ2bw5xW/
