Sábado 26 de septiembre 2020. Una vez más el Estado respalda la impunidad: el pasado jueves 24 de septiembre el Poder Judicial publica que desestima el caso del asesinato de nuestro compañero Bribri, del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Decisión que, supuestamente, se basa en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar investigaciones judiciales.
Como Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa, autogobierno del Territorio Bribri de Salitre desde 1979, rechazamos la decisión del Poder Judicial. Decisión que más allá de imposibilidades técnicas, se debe a razones políticas: el racismo permanente en el Estado costarricense.
Es la voluntad política, la complicidad con terratenientes y usurpadores lo que arroja al Estado a esta decisión. Para este, las vidas de los Pueblos Originarios no son importantes y por ello, impulsan a la impunidad como la norma en nuestros Territorios.
Lastimosamente, el caso de Sergio no es el único. El Poder Judicial es diligente únicamente cuando se trata de violentar los derechos de los Pueblos Originarios. Por ello, es que en el Territorio Bribri de Salitre avanzan las medidas cautelares contra nuestros hermanos y hermanas recuperadoras que les imposibilitan habitar y trabajar las tierras que les pertenecen según las leyes nacionales e internacionales. Tal es el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Túbolwak, quién no puede acercarse a su terreno recuperado y quién además debe lidiar con las amenazas de muerte en su contra por parte de Eliodoro Figueroa Uva, Rodrigo Figueroa Uva y Eliodoro Figueroa Díaz. Todos en libertad, a pesar de ser sujetos a investigaciones judiciales por las constantes amenazas y ataques contra Minor Ortiz Delgado y su familia. A pesar de que el 09 de febrero Eliodoro Figueroa Uva disparara a Minor en su pierna, en un intento de homicidio.
Ante ello, no queda más que la reafirmación de nuestra lucha: la recuperación de nuestras Tierras-Territorios, el fortalecimiento de nuestra identidad y cultura así como la profundización de nuestras formas autónomas de Autogobierno. Lejos de detenernos, de dispersamos, el Pueblo Bribri de Salitre continuará fortaleciendo el camino de la autonomía, la tierra y la libertad en memoria de nuestro hermano del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz.
Por tanto, el CODIAW EXIGE:
– Al Poder Judicial a que continúe las investigaciones para esclarecer el asesinato de nuestro hermano Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Esto como acción mínima ante el desacato de las medidas cautelares MC-321-12 dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pro de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.
– La protección a los líderes y lideresas del Pueblo Bribri de Salitre y a los y las recuperadoras de Tierra-territorio; en acato REAL de las medidas cautelares MC-32I-12 que exige la protección de la integridad física y vida de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.
– Un compromiso REAL del Ejecutivo en el impulso de la paz en el Territorio Bribri de Salitre. Paz que solo es posible si las personas no indígenas son DESALOJADAS del Territorio Bribri; medida urgente para el saneamiento territorial. Medida que, reiteramos, es la PRIORIDAD para el Autogobierno de Salitre.
– Que el Ejecutivo tras la concreción de los desalojos, otorgue la posesión al Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa, Autogobierno del Pueblo Bribri de Salitre. Acción que debe ser extensiva a todos los Territorios y Pueblos Originarios: el Ejecutivo debe RECONOCER a las Organizaciones Propias de los Pueblos.
El sistema judicial costarricense ha fallado a su deber de garantizar justicia a los pueblos indígenas
Solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impedir el archivo del caso de Sergio Rojas
Llamamos a la solidaridad nacional e internacional mediante pronunciamientos
FECON. 25/09/2020. El Ministerio Público de Costa Rica solicitará desestimar y archivar la causa penal por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Clan Uniwak del Territorio Bribri de Salitre. Sergio fue asesinado a balazos el 18 de marzo del 2019 en su casa de habitación. Esto es una burla total y muestra de negligencia del Ministerio Público, ya que alega que esta causa se desestima por la “imposibilidad de localizar a los testigos” y porque “el entorno, la forma de vida en la zona” imposibilito la investigación, lo que demuestra incapacidad, desinterés o racismo en el trato de caso.
La complicidad histórica y constante del Estado costarricense se expresa con el incumplimiento de los derechos indígenas, entre los que destaca el no reconocimiento efectivo sus territorios. La inacción del Estado ha generado que los Pueblos Indígenas en Costa Rica sean perseguidos, criminalizados, agredidos y sus líderes asesinados, siempre bajo una violencia que no es incidental, sino sistemática. Estas acciones criminales han quedado en total impunidad a pesar de las denuncias a las autoridades respectivas.
Por estos hechos:
► Desde la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), con indignación denunciamos que el sistema judicial costarricense ha fallado en su deber de garantizar la justicia para las personas indígenas del pueblo bribri y de los diferentes territorios. Este gobierno ha demostrado ser negligente, racista y neocolonial.
► Hacemos un llamado urgente para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asuma con todas sus competencias la investigación de este caso para que el Estado costarricense en la figura de la Fiscalía General de la República, desista del archivo del caso de Sergio Rojas, realice los allanamientos que correspondan en la investigación de su caso, analice los vínculos del contexto social del conflicto con el asesinato y determine las responsabilidades, para sancionar como corresponde y a quienes corresponda.
► Solicitamos la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales, para que por medio de pronunciamientos y/o cartas apoyen la causa indígena en Costa Rica y denuncien la violencia sistemática que está operando de parte del Estado costarricense en relación a los derechos indígenas.
En contexto:
Sergio era miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). Lideró las recuperaciones de tierras en su territorio en Salitre de Buenos Aires, haciendo velar la jurisdicción nacional como lo es la Ley indígena de 1977, convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del trabajo, la declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e internacionales.
Sergio se encontraba bajo protección de Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos. La falta de aplicación efectiva de estas Medidas por parte del Estado costarricense, se manifestó en la incapacidad de salvaguardar la vida de Sergio.
El asesinato de Sergio Rojas sumó a Costa Rica en el informe del Global Witness 2020 sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Él fue una de las 212 personas asesinadas por defender su territorio, su cultura y el derecho a la vida de cientos de pueblos campesinos e indígenas. Lamentablemente para el 2021 apareceremos de nuevo en el informe, tras el asesinato de Jehry Rivera Bröran del territorio Indígena de Térraba, también de la Zona Sur del país, el 24 de febrero del presente año.
San José, 25 de setiembre de 2020 – El Sistema de las Naciones Unidas pidió al Estado costarricense continuar con la investigación del homicidio del líder indígena Sergio Rojas, ocurrido en marzo de 2019 en el Territorio Indígena de Salitre y evitar que este crimen quede en la impunidad.
La ONU destacó que Costa Rica ha sido un país respetuoso de los derechos humanos y tiene plena confianza en que las autoridades judiciales esclarecerán el caso y llevarán ante los tribunales a las personas responsables.
Naciones Unidas recordó el llamado que hicieron los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Michel Forst, en su momento Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Victoria Tauli Corpuz, en su momento Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en el que urgieron a las autoridades costarricenses a “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la justicia, de acuerdo con la ley”.
La organización además ha hecho llamados a sus Estados miembros para seguir impulsando las acciones necesarias con el fin de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas, garantizando también el derecho a la posesión de sus tierras.
Naciones Unidas indicó adicionalmente que ha dado seguimiento a la medida cautelar 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los territorios indígenas de Térraba y Salitre en la zona sur del país. En este marco, y en procura de prevenir la violencia en más territorios, instó al Estado a procurar que, en el desalojo anunciado para los próximos días en el territorio indígena de China Kichá, tenga en cuenta las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y los estándares internacionales en materia del derecho a la vivienda y desalojos forzosos, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado en los distintos tratados internacionales ratificados en la materia.
La ONU reiteró su compromiso de continuar apoyando al país para impulsar el cumplimiento de los Derechos Humanos y asegurar el derecho colectivo de los pueblos indígenas a seguir libremente su desarrollo económico social y cultural, a determinar sus prioridades y establecer sus estrategias para lograr el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.
La CSA y su Comité de Mujeres Trabajadoras de Las Américas – CMTA reafirma que la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19 pone en evidencia el fracaso del modelo neoliberal y las políticas que promueve, afectando a mujeres y hombres de maneras diferentes, por tanto, es necesario comprender sus efectos particulares y poner en práctica políticas públicas e intervenciones que sean efectivas y equitativas.
En el contexto de La crisis es importante tomar en cuenta las dificultades específicas que enfrentan las mujeres, por lo que las medidas de recuperación deben tener una perspectiva de género considerando la diversidad de realidades que atraviesan en la región. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas – ONU los impactos de la pandemia podrían revertir los logros de la agenda de igualdad de género y dificultar el alcance del Objetivo 5 de la Agenda 2030, haciendo más difícil reducir las brechas entre hombres-mujeres y alimentando el retroceso que se viene produciendo en varios países.
En América Latina y Caribe las trabajadoras en condiciones de informalidad, según ONU Mujeres, representan el 59% de La fuerza Laboral, esto implica que carecen de la protección que ofrecen las leyes laborales y prestaciones sociales como pensiones, seguros de salud o subsidios por enfermedad remunerados. Esta condición laboral tiene otras repercusiones implicando mayor número de mujeres que viven en La pobreza, trabajan por salarios más bajos y en condiciones inseguras, lo que aumenta el riesgo de acoso, violencia sexual y reproductiva. En este sentido, insistimos en la importancia de la ratificación e implementación del Convenio 190 contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Según la Comisión Económica Para América Latina y Caribe – CEPAL las trabajadoras del servicio doméstico en la región en condición de informalidad representan el 77,5%, situación que se dificulta ante la ausencia de fiscalización laboral, por ser considerado su lugar de trabajo un espacio privado. En este sector se ejemplifica el doble riesgo que enfrentan durante la pandemia: el contagio por seguir trabajando, o la pobreza por dejar de trabajar.
En el caso de las trabajadoras de primera línea donde el personal de salud cuenta con 72,8% de mujeres, hay múltiples denuncias sobre la ausencia de equipos de protección individual o de protocolos adecuados para evitar el contagio, así como condiciones de trabajo caracterizadas por las jornadas extensas, presión física y psicológica y, en algunos países, violencia y discriminación.
Por otro lado, la falta de políticas sanitarias para el regreso a las aulas en los países que lo están implementando, al igual que la falta de condiciones de seguridad, capacitación antes, durante y después de la pandemia para las educadoras es preocupante.
El teletrabajo como respuesta para mantener la actividad económica en el contexto del confinamiento y distanciamiento ha precarizado aún más las relaciones laborales, transfiriendo costos operativos de las empresas a las trabajadoras/es, implementando iniciativas de regulación y decretos de urgencia que pasan por encima de mecanismos democráticos y sin negociación colectiva, estas condiciones serán difícilmente reversibles en el futuro.
Por otra parte, el desbalance en la distribución de las tareas domésticas y el cuidado no remunerado han aumentado de forma exponencial durante la pandemia, lo que implica una desvalorización de los cuidados y su función en el sostenimiento de la economía. Según la OIT las mujeres contribuyen con 76,2% en promedio de horas del trabajo de cuidado no remunerado (más del triple que los hombres), esa diferencia profundiza las triples jornadas laborales para las mujeres durante la crisis, colocándolas en mayor riesgo de contagio por su rol socialmente asignado como cuidadora de enfermos en el hogar. Esta situación provoca un serio impacto en su salud y en su seguridad, por tanto, el reconocimiento de la corresponsabilidad familiar es fundamental.
Esta crisis también aumenta la situación de vulnerabilidad de mujeres campesinas y las de pueblos indígenas y originarios por el desamparo y olvido que sobrellevan antes y durante el confinamiento, sin ingresos económicos, expuestas a situaciones de violencia e invisibilizadas ante las políticas de los Estados.
El periodo de pandemia generó indirectamente condiciones que aumentaron de forma drástica la violencia de género en la región. Para muchas mujeres y niñas, los hogares siguen siendo lugares de mayor inseguridad, quedando en muchos casos aislados, con escasas posibilidades para denunciar sus agresores.
Toda esta situación promueve un retroceso considerable en la conquista de derechos humanos y laborales de las mujeres, por lo que es necesario adoptar políticas públicas inclusivas que consideren la igualdad de género y los derechos de las mujeres, considerando la diversidad de necesidades, como esenciales para así lograr superar esta situación de crisis provocada por el Covid-19.
En este sentido desde la CSA y su CMTA proponemos las siguientes medidas y/o acciones afirmativas para avanzar en esta Línea y minimizar Los efectos de La pandemia para Las mujeres:
Aumentar desde los Estados tos recursos asignados a la prevención de violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas.
Demandar al gobierno la pronta ratificación del convenio 190 contra la violencia y el uso en el mundo del trabajo, así como la ratificación e implementación del C156 (corresponsabilidad familiar) y el C189 (trabajadoras y trabajadores domésticos).
Exigir a los Estados la garantía de estabilidad del trabajo y de salario para las mujeres a través de políticas públicas ya existentes o con la creación de nuevos mecanismos que lo garanticen, sea en condiciones de formalidad o de informalidad.
Adoptar, restablecer y ampliar regímenes integrales de protección social, que reflejen la comprensión de las circunstancias particulares de las mujeres y el reconocimiento de la economía del cuidado, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales.
Demandar la prohibición de la suspensión o finalización de contratos de prestación de servicios temporales de las trabajadoras durante el tiempo de la emergencia en todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades, bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.
Regular la implementación del teletrabajo para evitar la precarización y flexibilización de las relaciones laborales existentes, teniendo como premisa la garantía del trabajo en concordancia con los estándares de la BIT.
Impulsar la representación de las mujeres en los sindicatos u otros organismos a nivel nacional, como también en espacios de negociación tripartita donde se definan medidas que garanticen la protección a las trabajadoras ante Los efectos de la pandemia
Instar a los gobiernos y empleadores para generar datos segregados por género y de esta forma poder realizar análisis sobre los impactos del COVID-19 y establecer nuevas estrategias a corto y largo plazo con enfoque de género.
El mundo ha cambiado. Nunca desde el final de la Segunda Guerra Mundial la necesidad de nuevos modelos en economía, salud, educación, derechos humanos, género, paz y medio ambiente ha sido tan imperiosa. El paradigma general sobre el que este nuevo mundo debe ser construido tiene que ser «la vida humana como valor central en equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente». Necesitamos un sistema que sea sostenible para esta generación y las futuras.
Esta carta al Secretario General de la ONU está abierta a la firma de todas las instituciones, organizaciones, colectivos e individuos que coincidan con las aspiraciones expuestas.
Estimado Secretario General:
Nos dirigimos a usted alentados por sus oportunas declaraciones sobre el establecimiento de una Renta Básica Universal, el alto al fuego mundial, la Cobertura Sanitaria Universal, y los efectos socioeconómicos del Covid-19, considerando que podría promover e impulsar un esfuerzo global para remodelar el mundo en el que vivimos.
La situación actual
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La pandemia mundial del Covid-19 ha puesto de relieve una vez más, que el actual sistema de gobernanza mundial no es adecuado para hacer frente a las crisis.
Hoy en día existen varios problemas que impiden a los seres humanos alcanzar su pleno potencial:
La riqueza se concentra cada vez más en menos manos. Un informe de Oxfam de enero de este año estima que 2.153 billonarios tienen más riqueza que los 4.600 millones de personas más pobres del mundo. Esta concentración crea las condiciones para que aumenten la muerte, la enfermedad, la ignorancia y la violencia en todas sus formas. Condena a países enteros a mendigar la ayuda de los ricos y es indigno de una civilización que se supone está en la cima de su desarrollo intelectual, científico y tecnológico.
El gasto militar mundial, después de una pequeña disminución a principios de la última década, está ahora en aumento una vez más, con 1,9 billones de dólares gastados en fuerzas armadas en el año 2019. Se trata de un dinero que ahora, más que nunca, necesita ser dirigido hacia el bienestar humano.
En el ámbito de las crecientes tensiones militares, nuestra civilización se encuentra amenazada por la aniquilación. Según la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, en caso de una guerra nuclear «limitada,» en que explotaran en centros urbanos sólo 100 de las 14.000 armas nucleares existentes en el mundo, 2.000 millones de personas podrían morir a causa de las explosiones mismas, de la radiación y por hambre, al reducirse la producción agrícola ante el enfriamiento resultante de los residuos expulsados a la atmósfera superior.
La migración forzosa debida a la persecución, la violencia generalizada de los conflictos o las violaciones de los derechos humanos, ascendía a 68,5 millones de personas en 2017. Miles de ellas mueren en el Mediterráneo, en el desierto del Sahara, en América Central, en Asia y en otros lugares en su intento por alcanzar mejores condiciones de vida y seguridad.
Las aspiraciones expresadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos aún distan mucho de ser una realidad plena para la población mundial.
Los millones de mujeres que representan más del 50% de la población mundial, luchan en todas las latitudes por superar la violencia a la que están sometidas –en todas las áreas– por el sistema patriarcal dominante. Es imperioso activar las medidas de seguridad y educación necesarias para erradicar la violencia de género que diariamente cobra la vida de miles de mujeres en todo el mundo, así como asegurarles paridad de oportunidades salariales, profesionales y personales, como también el derecho a la salud y educación sexual y reproductiva.
Las personas que se identifican como LGBTI+ tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, pero hoy en día padecen de violencia en todo el mundo. La última vez que se produjo un informe en 2015 la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó “a los Estados a que tomen medidas urgentes para poner fin a la violencia y a la discriminación contra adultos/as, adolescentes y niños/as lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI),” y la situación no ha mejorado mucho en estos años.
En el campo de la niñez, citando sólo un indicador del último informe de la UNICEF, “al menos 1 de cada 3 niños menores de 5 años no crece bien debido a la malnutrición.”
Los pueblos indígenas de todas las latitudes, a pesar de la consagración de sus derechos en instrumentos internacionales ampliamente reconocidos, son discriminados, desplazados, perseguidos y asesinados para asegurar el robo y explotación de sus territorios. Eso compromete sus vidas y priva al conjunto social de su aporte tanto en lo cultural, como en la defensa de una relación equilibrada con el medio ambiente que podría garantizar nuestra pervivencia como especie.
Según la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, el planeta está al borde de un desastre ambiental en campos como la disminución de la diversidad biológica, la producción de alimentos, la contaminación de los océanos, la reducción de las zonas forestales y el aumento de la urbanización. Hay un millón de especies amenazadas de extinción.
En términos de cambio climático específicamente, el mundo está luchando para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, y usted mismo ha expresado su decepción por la falta de resultados de la última ronda de negociaciones de la COP en Madrid.
Sin añadir otros indicadores, los expresados aquí son más que suficientes para mostrar que la forma en que el mundo está organizado no responde a las necesidades de las poblaciones ni cumple con las aspiraciones de la Carta de las Naciones Unidas, a saber:
“Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles.”
“Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas.”
“Crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.”
“Promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.”
¿Cómo llegamos aquí?
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Las Naciones Unidas emergieron de las ruinas que quedaron al final de la Segunda Guerra Mundial. La Conferencia de Bretton Woods, convocada por los vencedores de esa guerra puso en marcha un orden financiero que no ha logrado brindar prosperidad económica a la gran mayoría de la población mundial. Por el contrario, ha aumentado la desigualdad entre personas y países ricos y pobres, como nunca antes en la historia.
El dinero, como herramienta para el intercambio de bienes y servicios, “ha cobrado vida propia” mediante la usura y la especulación. Una y otra vez la economía mundial ha creado burbujas de riqueza ficticias que luego explotan, destruyendo la vida de personas comunes y corrientes cuyos medios de vida desaparecen bajo sus pies debido a decisiones tomadas en Wall Street, las Bolsas de Londres, de Tokio, etc. Todavía estamos lidiando con las consecuencias de la crisis de 2008 y los programas de austeridad impuestos en todo el mundo han obstaculizado gravemente la capacidad de muchos países tanto para desarrollarse como para hacer frente a la actual pandemia de Covid-19.
Medir el progreso exclusivamente en términos de crecimiento económico no sólo no es sostenible, sino que es la razón misma de la situación actual que nos amenaza a todos.
¿Cuál es la solución?
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Se necesita la construcción de un nuevo modelo de sociedad en base a un acuerdo colectivo inclusivo en toda su diversidad (mujeres, niños, pueblos indígenas, diversidades sexuales, jóvenes, etc.), de amplia participación popular, que ponga el valor de la vida humana y la vida en el planeta por encima de cualquier otro interés. La humanidad cuenta con el conocimiento y los saberes necesarios para diseñar un nuevo sistema favorable a todos los seres humanos y la biodiversidad que necesitamos respetar.
Medidas urgentes:
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Implementación de una Renta Básica, que se conforme como un nuevo derecho humano, en consonancia con el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con las siguientes características:
○ Universal: para toda la población del mundo.
○ Incondicional: trabaje el perceptor o no, y sin importar si tiene otras fuentes de ingreso.
○ Individual: para cada persona, independientemente de con quien viva.
○ Suficiente: que permita cubrir las necesidades básicas de subsistencia (comida, vivienda, etc.) y condiciones de vida digna.
○ Permanente: más allá de la duración de la pandemia del covid-19.
Esta renta básica será complementaria y nunca reemplazante de derechos ya adquiridos en algunos países, tales como la educación y salud pública y gratuitas, jubilaciones y pensiones, subsidios por discapacidad, etc.
Implementar y garantizar la Cobertura Sanitaria Universal para todo ser humano.
Alto el fuego de todas las guerras de manera permanente.
Aplicación de los fondos de armamento a las medidas de los puntos 1 y 2.
Construcción de un nuevo modelo social
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Secretario General: le proponemos que convoque una Conferencia de los Pueblos para diseñar un nuevo modo de organización social planetaria que respete la diversidad cultural y al mismo tiempo sea capaz de sostener la vida humana, en equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente.
El paradigma principal será poner al ser humano como valor central, de modo que esta nueva forma de organización debería incluir (entre otros):
Un nuevo sistema económico solidario que esté al servicio de los seres humanos, y no a la inversa. Será necesario eliminar la especulación, la usura y todo tipo de paraísos fiscales, redefinir el valor de las mercancías, del trabajo (remunerado o no), así como el sentido y el valor del dinero.
Una Renta Básica Universal e Incondicional en los términos expresados más arriba. Proponemos además que el monto sea el mismo para toda la humanidad.
Una Democracia Real que permita que todas las decisiones relativas al bienestar humano pasen a manos de la población: alimentación, salud, vivienda, educación, agua, energía, cultura, protección del medio ambiente, transporte, sistema previsional, el acceso a la ciencia y la tecnología, etc.
Eliminación de las armas nucleares y desarme progresivo y proporcional de todo tipo de armamento.
Eliminación de todas las formas contaminantes de generación de energía, incluidos los combustibles fósiles y la energía nuclear.
Políticas que favorezcan el desarrollo de las regiones más pobres del mundo, llevándolas a las mejores condiciones de vida disponibles en el planeta, así como la eliminación de tratados comerciales desiguales.
Hacer accesibles a todo el planeta los últimos avances tecnológicos.
Independencia y soberanía de todos los territorios «no autónomos,» como paso previo a la eliminación de fronteras y visados que perjudican a la mayoría de la población.
La plena aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su actualización en función de los cambios tecnológicos.
Una refundación de las Naciones Unidas que responda a los principios que le dieron origen. Que garantice a todos los países procesos equitativos, libres de toda extorsión o interés particular, que sea una organización verdaderamente democrática donde los miembros tengan igual poder de voto, eliminando para todos la capacidad de veto.
Esta es la expresión de nuestras aspiraciones y una propuesta global que queremos intercambiar y discutir con todos aquellos que compartan con nosotros la necesidad de construir un mundo nuevo. Por tanto estos puntos no son excluyentes sino abiertos al aporte de otras personas y colectivos.
Los abajo firmantes, vamos a participar activamente e impulsar a otros a contribuir en esta construcción común. Quedamos a su disposición para colaborar en la puesta en marcha de estas acciones. Esperamos con entusiasmo su pronta respuesta.
Saludos cordiales, Red Humanista por la Renta Básica Universal
Para firmar esta carta ingrese en el siguiente enlace:
Conversatorio sobre Educación en Derechos Humanos y el Sistema Educativo Público Costarricense
La educación en derechos humanos debe estar presente desde los primeros pasos de los niños y niñas en el sistema educativo, según se pudo concluir durante el conversatorio del INIE-UCR.
“Porque un derecho solo es un derecho, si vale para todos”. Con esa contundente frase, la embajadora de Alemania en Costa Rica, la Sra. Martina Nibbeling-Wriessnig, resumió el desafío que representa la enseñanza de los derechos humanos para los sistemas educativos, cómo debe enfocarse en los grupos excluidos y cómo no debe dejar a nadie atrás. Sus afirmaciones formaron parte del Conversatorio Educación en Derechos Humanos y el Sistema Educativo Público Costarricense, organizado por el Instituto de Investigación en Educación, de la UCR (INIE-UCR), el pasado 25 de noviembre, en el marco de la Cátedra de Estudios sobre Religiones.
La directora del INIE, Jacqueline García Fallas, destacó que se debe asegurar el compromiso de las futuras generaciones con los derechos humanos mediante los sistemas educativos, como un código ético compartido. Por esta razón, mencionó el reciente voto de la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 21.096, por medio del cual 26 legisladores se opusieron a la enseñanza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un contenido más en la temática que se estudia en nuestros centros educativos. Precisamente, ante esa posición de los legisladores, el INIE-UCR emitió hace unas semanas un comunicado oficial en el cual no compartían dicha decisión de los legisladores.
Pasar de la obligación a la convicción
Durante el conversatorio, el público pudo analizar los aportes y posiciones de las expertas en el tema: Astrid Hollander, especialista del Programa de Educación Unesco; Alicia Vargas Porras, exviceministra académica del MEP; Janeth Carrillo, directora de la Dirección de Promoción y Divulgación de la Defensoría de los Habitantes; Susanne Müller-Using, catedrática invitada, y Lupita Chaves Salas, exrepresentante de la UCR ante el Consejo Superior de Educación, quien fungió como moderadora del conversatorio.
Durante décadas se generó un vacío en torno a la educación en derechos humanos en el sistema educativo costarricense, el cual se ha venido atacando en las aulas gracias a nuevas políticas que se aplican desde el 2017. Foto: María Peña.
Para Janeth Carrillo, existen en Costa Rica resistencias significativas sobre la educación en derechos humanos ya que, según trabajos llevados a cabo por la Defensoría de los Habitantes, la institucionalidad pública tiene pocas capacidades de empatía actitudinal para comprender al otro. Por lo tanto, aseguró Carrillo, es determinante lograr que las personas, a la hora de abordar el tema de los derechos humanos, pasen de la obligación a la convicción personal sobre la importancia de respetarlos, de hacerlos valer, para una sana convivencia.
De acuerdo con esa necesaria convicción a lo interno de la institucionalidad pública, Astrid Hollander sostuvo que para alcanzar una educación de calidad en derechos humanos, esta debe desarrollarse desde una estrategia interinstitucional y no únicamente del MEP. Los estudiantes, los docentes, las familias, las comunidades locales, diferentes organizaciones de la sociedad civil, etc. deben participar. Además, agregó, se deben democratizar los espacios escolares, desarrollando una educación de acción, basada en problemas reales, donde se tomen en cuenta los contextos culturales y se tengan mecanismos de evaluación pertinentes. Al respecto, la Unesco tiene diferentes dimensiones en la educación en derechos humanos, en las cuales la relevancia y la pertinencia son vitales para alcanzar pedagogías centradas en las personas
Hollander enfatizó que en el derecho humano a la educación está inherente el derecho a la educación en derechos humanos. Es decir, a enseñanza que provea las habilidades cognitivas necesarias, las habilidades socioemocionales y un ambiente habilitador (un ambiente educativo) con pedagogías centradas en las personas.
El concepto de ciudadanía y su interrelación con los derechos humanos trata de mitigar las debilidades que durante décadas experimentó el sistema educativo en cuanto a la importancia de que las generaciones jóvenes sean educadas en, para y por los derechos humanos. Foto: María Peña.
Educar para una nueva ciudadanía
Sin embargo, ese ambiente habilitador y esas pedagogías centradas en las personas han sido débiles durante bastantes años en el sistema educativo costarricense, tal como se desprende de la intervención de Jeannette Carrillo, quien afirmó que “la educación en derechos humanos en Costa Rica no ha sido un tema álgido en el sistema educativo. Por este motivo, la formación del personal docente en derechos humanos (para generar el proceso de transformación necesario) ha sido, en consecuencia, deficitaria”.
Respecto de ese déficit, Alicia Vargas agregó que la educación en la temática mencionada se ha integrado a través de una política de Estado que ha definido lineamientos a los centros educativos del país.
Vargas destacó la actual «Política curricular para una nueva ciudadanía y una Política Educativa 2016», conformada por cinco ejes y centrada en la persona. En esta política educativa vigente, encontramos el quinto eje denominado «ciudadanía y derechos humanos», el cual persigue que la educación en esos derechos trascienda y sea el sujeto el actor del proceso educativo (conceptualizado este como un proceso integral que se desarrolla a lo largo de la vida).
«Educar para una nueva ciudadanía» es el estandarte de la actual política educativa costarricense, la cual está respaldada por el Consejo Superior de Educación. Foto: María Peña.
El vacío en torno a la educación en derechos humanos, que durante décadas tuvo el sistema educativo costarricense, se viene atacando en las aulas gracias a esas políticas, aseguró Vargas, desde tres visiones: educación sobre los derechos humanos, educación por medio de los derechos humanos y educación para los derechos humanos.
Por su parte, Susanne Müller-Using enfatizó cuáles criterios se usan para estructurar una educación en derechos humanos de calidad y cómo tenemos que cultivarlos, cómo aprendemos los derechos humanos, cómo incentivamos el diálogo sobre derechos humanos en el entorno, qué indican hasta hoy estudios internacionales sobre los derechos humanos, etc. Esas fueron algunas de sus inquietudes durante su intervención.
Como muestra de lo importante que es dar respuestas a tantas interrogantes alrededor de la educación en derechos humanos, la experta presentó un reciente estudio llevado a cabo entre Alemania y unidades académicas de las universidades públicas costarricenses que imparten la carrera de educación. El grupo, conformado por docentes y por estudiantes de docencia, dio respuesta a algunas de esas incógnitas. Entre los más destacados resultados de la consulta se puede asegurar que, para ambos grupos de participantes, la educación en derechos humanos sí es importante y que “la labor docente sí es hablar o trabajar la temática de derechos humanos”.
Entre las especialistas que conformaron el conversatorio del INIE, hubo consenso en que es necesario e imprescindible que un sistema educativo pertinente y de calidad trabaje día a día el tema de los derechos humanos. Esta es una labor y un deber interinstitucional de muy diversos actores del Estado y de la sociedad civil. Foto: María Peña.
Relatores especiales de la ONU se pronunciaron por el proyecto de ley “Antihuelgas”. Consideran que el proyecto de ley establece un cúmulo de restricciones de los sindicatos y los sindicados para ejercer su derecho a: libertad de asociación, libertad de reunión pacífica, libertad de expresión, libertad sindical, derecho a la huelga.
Antes de conocer en detalle el pronunciamiento es importante conocer el papel de los relatores especiales de la ONU (…).
Algunos datos sobre los relatores:
Son escogidos por ser personas de elevada categoría que están dispuestas a prestar muy buenos servicios a las Naciones Unidas sin remuneración
Los relatores especiales y los representantes del Consejo de Derechos Humanos son escogidos por el presidente de ésta
Se escogen por las cualidades profesionales y personales de cada uno (experiencia, integridad, independencia e imparcialidad)
Los expertos en esta materia de derechos humanos no perciben un sueldo ni otra recompensa económica por el desempeño de su mandato
En sus informes al Consejo, los expertos ponen de relieve las situaciones que inspiran inquietud. Esos informes representan un valioso análisis de la situación de los derechos humanos en un país o en un determinado tema
Los informes de los expertos desempeñan a menudo una función importante de alerta temprana
Los expertos están encargados de cumplir determinadas tareas que se enuncian en resoluciones de las Naciones Unidas
Deben desempeñar sus funciones con plena independencia de toda influencia gubernamental o no gubernamental
¿Qué dijeron los Relatores Especiales sobre el proyecto de huelgas?
“Varias de las medidas incluidas en el proyecto de ley, no solamente representan restricciones desproporcionadas a los derechos mencionados, sino que también podrían afectar el derecho de los defensores de derechos humanos a preservar las libertades sindicales”.
Los representantes de Naciones Unidas de la región, aceptaron que hubo un errado pronunciamiento e interpretación por diversos sectores en Costa Rica del papel de los Relatores Especiales de la ONU, desacreditando su análisis sobre el proyecto de ley en discusión, por lo que resaltaron su interés y la importancia de corregir esa interpretación lo más pronto posible.
La ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE se reunieron este miércoles 6 de noviembre, con la representante del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, Alice Shackelford, para conversar sobre el pronunciamiento de los Relatores Especiales de la ONU sobre el proyecto de ley anti huelgas que se discute en la Asamblea Legislativa.
En la reunión que se extendió por 2 horas, también participaron vía virtual desde Panamá, la representante para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Marlene Alejos y la oficial de Derechos Humanos, Sara Nuero.
Durante la reunión, los representantes sindicales explicaron a los representantes de Naciones Unidas la clara afectación a los Derechos Humanos que contiene el proyecto de ley N21.049, denominado proyecto anti huelgas y el claro ataque anti-sindical desde diversos frentes.
Además, describieron el desconocimiento que se tiene en el país y en los tres poderes del Estado, sobre el papel de los Relatores Especiales de la ONU, del sistema de Derechos Humanos, así como los compromisos y acuerdos suscritos por Costa Rica en esta materia.
Otra de las solicitudes por parte de ANEP, ASDEICE, UPINS Y SIICE es la aclaración por parte del Sistema de Naciones Unidas sobre el pronunciamiento y el papel que desempeñan los Relatores Especiales, ya que estos últimos fueron completamente desacreditados por diversos sectores.
Declaraciones de Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Ante este escenario, los representantes sindicales solicitaron con urgencia la coordinación de una capacitación sobre Procedimientos Especiales de Naciones Unidas (Relatorías, OLs, Cartas de Alegaciones, etc.), como una preocupación para que el debate sobre el papel y mandato de esos órganos no sea tergiversado, disminuido o ignorado.
Por su parte, los representantes de Naciones Unidas de la región aceptaron que hubo un errado pronunciamiento e interpretación, por diversos sectores en Costa Rica, del papel de los Relatores Especiales de la ONU, desacreditando su análisis sobre el proyecto de ley en discusión, por lo que resaltaron su interés y la importancia de corregir esa interpretación lo más pronto posible.
Además, coincidieron con la representación sindical de la importancia y urgencia de realizar una capacitación en conjunto, con sindicatos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y otros actores, para concientizar sobre los mecanismos y procedimientos especiales de Naciones Unidas
Otro de los factores de suma importancia para la representante para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es revalidar y dejar en claro la posición de que los sindicalistas son defensores de derechos humanos.
«ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE desean extender una mano a la Oficina ONU Costa Rica para caminar junto a otros sectores y actores de la sociedad en el mejor entendimiento y sentido práctico del papel de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas. Que no perdamos el mensaje de esos expertos y expertas de Naciones Unidas y que hoy, más que nunca, cerremos filas por construir un diálogo social constructivo», manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Declaraciones de César López Davila, ASDEICE
Tanto ANEP, como ASDEICE, UPINS y SIICE entienden su papel de reivindicación de los derechos de los trabajadores, pero también entiende que sus dirigentes, ahora catalogados también como defensores de derechos humanos, tienen una responsabilidad social que cumplir y la mejor manera de hacerlos cuando ya los causes nacionales parecen agotarse, es utilizar la institucionalidad internacional.
Es lamentable y desde luego preocupante que se pretenda desacreditar la importancia que tiene el pronunciamiento dado por los Relatores Especiales de Derechos Humanos de la ONU sobre el proyecto de ley de regulación la huelga.
Poner en duda la calidad de las opiniones de estos expertos, so pretexto de tratarse de voces independientes, lejos de ser un argumento razonable, ubica el señalamiento en el aspecto esencial que le da validez y contundencia al pronunciamiento. Es precisamente la independencia de la que gozan los Relatores Especiales, lo que les permite emitir criterios técnicos al margen de todo tipo de presiones y condicionamientos. Es entonces su condición de independientes lo que garantiza la objetividad de sus opiniones.
Por otro lado, muy mal hace el Gobierno de la República al pretender desvirtuar los alcances que tiene el pronunciamiento de los Relatores, pues tal postura implica una contradicción de principios. Costa Rica forma parte del Grupo de Amigos que promueven el mecanismo de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del que forman parte las Relatorías Especiales. En el concierto de las Naciones Unidas a Costa Rica se le tiene como uno de los países abanderados de la defensa de estos mecanismos y siempre ha dado apoyo incondicional a las relatorías.
La reacción contra los pronunciamientos de los Relatores Especiales de la ONU es una conducta propia de los regímenes transgresores de los derechos humanos, y no de los países comprometidos con su promoción y defensa. Por esto, veo en el informe que han dado los tres experimentados Relatores sobre el proyecto de ley de huelgas, una oportunidad valiosa para que el país demuestre al mundo cuán serio es nuestro compromiso con los derechos humanos y el grado de respeto que profesamos por los organismos internacionales que los promueven. También creo que el acatamiento de las recomendaciones que hacen estos Relatores, potencia y legitima aún más la candidatura del país para ocupar nuevamente una silla en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ojalá así lo vean las autoridades de Gobierno.
Ya es pública la carta de acción urgente que se mandó a Costa Rica desde el OHCHR por el asesinato de Sergio (Uniwak Rojas). La firman los Relatores Especiales de la ONU para Pueblos Indígenas, para Defensores de Derechos Humanos, y sobre Ejecuciones Extrajudiciales.
La carta retoma el proceso en el que están inmersos los indígenas por la recuperación de su Territorio ilegalmente ocupado por no indígenas (Ley 6172 de 1997). Los recursos internos presentados ante los tribunales (agrario, penal), instancias administrativas y Ministerios, desde hace 20 años. Las recuperaciones de hecho frente a la inefectividad de los recursos. Las agresiones de las cuales son víctimas desde hace varios años, en total impunidad, incluso a pesar de Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La agresión del 15 de marzo a los recuperadores de La Huaca, y el asesinato de Sergio el 18 de marzo.
Los Relatores expresan su consternación, y subrayan los graves problemas existentes por la falta de implementación de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, causa subyacente de la violencia. Piden al Estado informar sobre las investigaciones del asesinato y sus resultados, sobre las medidas para garantizar los derechos diferenciados de los Pueblos Indígenas, sobre medidas de protección colectivas y culturalmente adecuadas para las familias en proceso de recuperación (en Palmital, Río Azúl y Puente de Salitre, así como en Térraba), y sobre medidas para sensibilizar a la población de Buenos Aires sobre los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas.
Fuente: Karine Rinaldi
Imagen ilustrativa de jornada de movilización Sergio Rojas.
