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Etiqueta: ordenamiento costero

UCR respalda transparencia en concesiones de la zona marítimo-terrestre

Consejo Universitario recomienda aprobar proyecto de ley que busca transparentar las concesiones, mientras mantiene una posición crítica frente a reformas que puedan favorecer la privatización del litoral.

San José, Costa Rica. La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de su Consejo Universitario, recomendó aprobar el proyecto de ley “Ley para la promoción de la transparencia de las concesiones en zona marítimo terrestre”, expediente N.° 25.030, aprobado en la sesión ordinaria N.° 7012 del 4 de agosto de 2026.

La iniciativa busca fortalecer la transparencia en la gestión de las concesiones en la zona marítimo-terrestre y garantizar que la ciudadanía pueda acceder de manera clara, sencilla y oportuna a información relacionada con estas concesiones. Para la Universidad, esta información resulta fundamental para fortalecer el control ciudadano sobre la administración pública y contribuir a la protección de los bienes de dominio público.

El respaldo de la UCR, sin embargo, está sujeto a la incorporación de observaciones técnicas formuladas por distintas instancias académicas de la institución. El Consejo Universitario recomendó aprobar el proyecto siempre y cuando se incorporen estas observaciones, con el propósito de garantizar la seguridad jurídica, la proporcionalidad y el respeto de los derechos fundamentales.

El proyecto de ley originalmente planteaba hacer pública la información sobre las concesiones mediante una modificación al artículo 30 de la Ley N.° 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. El texto dictaminado mantiene ese objetivo, pero introduce modificaciones para diferenciar la información administrativa de la registral, incorporar un nuevo artículo sobre publicidad registral y establecer expresamente el respeto a la legislación sobre protección de datos personales.

Las instancias académicas consultadas por el Consejo Universitario respaldaron el propósito de fortalecer la transparencia, aunque plantearon advertencias sobre la calidad y precisión de la información que se publique.

La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva señaló que la iniciativa fortalece el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Por su parte, la Escuela de Geografía manifestó su apoyo condicionado al proyecto y advirtió que la simple digitalización de la información no garantiza transparencia si los datos no son precisos. En particular, llamó la atención sobre las dificultades técnicas asociadas con la delimitación de la zona marítimo-terrestre debido al carácter dinámico de la línea de pleamar. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) coincidió con la necesidad de fortalecer la transparencia, pero recomendó que la información sea completa, útil y técnicamente confiable, incluyendo elementos como ubicación, actividad, infraestructura, plazo y titularidad de las concesiones.

De esta manera, la posición universitaria plantea que la transparencia no consiste únicamente en colocar información en una plataforma digital, sino en garantizar que esa información sea accesible, completa, actualizada y técnicamente confiable.

Una posición que también ha defendido el acceso público a las playas

El nuevo pronunciamiento se suma a otras posiciones recientes del Consejo Universitario relacionadas con la zona marítimo-terrestre.

En la sesión N.° 6983, la UCR respaldó el proyecto de ley 24.413, orientado a reformar el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre para garantizar el acceso público a las playas. En ese pronunciamiento, la Universidad llamó la atención sobre situaciones en las que el acceso público a las playas se encuentra restringido o potencialmente limitado, así como sobre prácticas espaciales que favorecen distintos grados y modalidades de privatización del espacio público. La iniciativa busca establecer requisitos mínimos para la creación y mantenimiento de accesos a las playas, además de mecanismos como un registro oficial de playas y accesos, con el objetivo de evitar su apropiación indebida y garantizar que estos espacios permanezcan disponibles para el disfrute de todas las personas.

Una trayectoria de rechazo a la privatización del litoral. Al mismo tiempo, la UCR ha mantenido posiciones críticas frente a proyectos de reforma de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre que, a criterio de la Universidad, podrían favorecer procesos de privatización o debilitar la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades.

En la sesión N.° 6985, el Consejo Universitario acordó acoger un pronunciamiento que rechazó el proyecto de reforma a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, expediente N.° 22.553.

El pronunciamiento, promovido por el Programa Kioscos Socioambientales y respaldado por más de 80 organizaciones y más de 200 personas, advertía que la propuesta podía representar “un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades” y cuestionaba que, bajo el concepto de “ordenamiento”, se promovieran mecanismos orientados principalmente al desarrollo turístico e inmobiliario.

Esta posición se suma a otros pronunciamientos institucionales. En 2016, mediante el acuerdo CE-DIC-16-004, el Consejo Universitario planteó la necesidad de una reforma integral de la legislación sobre la zona marítimo-terrestre, basada en la gestión integrada de la zona costera, el ordenamiento territorial, la articulación con los gobiernos locales y un enfoque socioecológico que incorporara los desafíos derivados del cambio climático y el fortalecimiento institucional.

Más recientemente, en 2025, la UCR también se pronunció sobre el proyecto de ley N.° 23.148, señalando riesgos sociales, ecológicos y jurídicos asociados con la posibilidad de desarrollar actividades comerciales y turísticas en la zona pública sin los resguardos necesarios. En aquella oportunidad, la Universidad reiteró la necesidad de avanzar hacia una legislación moderna, integral y participativa, sustentada en criterios como la gestión del riesgo, la capacidad de carga y una planificación costera fortalecida.

Ver pronunciamiento completo: https://drive.google.com/file/d/1C9jeYmlBUCi7tG7DkxuCsEw-iotBPe_4/view?usp=sharing

Programa Kioscos Socioambientales

UCR respalda pronunciamiento que rechaza reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión N.° 6985, acordó acoger un pronunciamiento que rechaza el proyecto de reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.° 22.553), al considerar que podría facilitar procesos de privatización del litoral y debilitar la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades.

Este pronunciamiento fue gestionado y promovido por el Programa Kioscos Socioambientales, con el respaldo de más de 80 organizaciones y más de 200 personas, en su mayoría vinculadas a territorios costeros.

Según el documento, el proyecto de ley representa “un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades”, y advierte que, aunque la propuesta se presenta bajo el concepto de “ordenamiento”, en la práctica “plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario”.

Asimismo, se señala que la iniciativa abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial. En particular, se cuestiona que la reforma flexibiliza los requisitos para concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso permitiría usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con infraestructura o mobiliario para fines comerciales.

En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.

En la misma línea, se advierte que “esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”.

El documento también alerta sobre posibles retrocesos en materia ambiental, especialmente en ecosistemas estratégicos como los manglares: “Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”.

Otro de los cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios: “Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.

Posición histórica de la Universidad de Costa Rica

Durante la discusión del acuerdo, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, Ilka Treminio, destacó que para fortalecer el análisis se incorporaron criterios previamente emitidos por el propio Consejo, incluyendo el acuerdo de la sesión n.° 6983, en el cual se respaldó una iniciativa orientada a garantizar el acceso público a las playas (Expediente N.° 24.413).

En ese marco, se recordó que el Consejo Universitario ha sostenido una posición consistente en esta materia. Destaca el acuerdo CE-DIC-16-004 de 2016, en el que se planteó la urgencia de una reforma integral a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, basada en la gestión integrada de la zona costera, la articulación con gobiernos locales, el ordenamiento territorial y el enfoque socioecológico, incorporando además el cambio climático y el fortalecimiento institucional.

Asimismo, en 2025 el Consejo se pronunció sobre el proyecto de ley 23.148, advirtiendo que implicaba riesgos sociales, ecológicos y jurídicos al abrir la posibilidad de actividades comerciales y turísticas en la zona pública sin los debidos resguardos. En ese contexto, reiteró la necesidad de avanzar hacia una legislación moderna, integral y participativa, orientada al desarrollo sostenible y basada en criterios como la gestión del riesgo, la capacidad de carga y una planificación costera fortalecida.

Según Ilka Treminio, a partir del análisis de los acuerdos previos del Consejo Universitario, el pronunciamiento resulta “coherente con la posición que la Universidad ha venido construyendo y sosteniendo en esta materia, así como con los principios que deben orientar una legislación integral, participativa, construida con las comunidades y respetuosa de la protección de los bienes comunes”.

Sin consulta a la UCR

Treminio señaló que la urgencia de esta adhesión radica en que el proyecto no fue consultado formalmente a la Universidad y ha avanzado con una celeridad preocupante. Asimismo, indicó que el Programa Kioscos Socioambientales, junto con diversas organizaciones, ha solicitado audiencias con la Presidencia Legislativa y las jefaturas de fracción para exponer sus argumentos, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

Por otro lado, el Ph.D. Sergio Salazar Villanea, representante del Área de Ciencias Agroalimentarias, se sumó al pronunciamiento y recordó que la semana anterior ya habían discutido el tema y fijado una posición en el mismo sentido. Asimismo, hizo un llamado de atención sobre la celeridad con que se tramitan algunos proyectos, advirtiendo que esta dinámica difícilmente cambiará con la conformación de la Asamblea Legislativa en el próximo gobierno.

Por su parte, el Dr. Francisco Guevara Quiel, representante del Área de Artes y Letras, manifestó su respaldo total al pronunciamiento, destacando su solidez técnica y el profundo conocimiento de la problemática. Señaló que, al acercarse a las zonas costeras, es posible constatar directamente la situación: un ecosistema que está siendo saqueado y un evidente deterioro de la naturaleza impulsado por intereses empresariales de gran envergadura.

Finalmente, el director del Consejo, Dr. Keilor Rojas Jiménez, indicó que, según la información recabada, la iniciativa no fue consultada oficialmente a la Universidad de Costa Rica. En ese sentido, advirtió que la ausencia de consulta genera preocupación y planteó la necesidad de reflexionar sobre la frecuencia con que se omiten estos procesos formales de consulta a la institución.

Ver video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=2-6DFbJWuYg

Ver pronunciamiento completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

70 organizaciones rechazan reforma que abriría la privatización de la Zona Marítimo Terrestre

Pronunciamiento advierte que el proyecto de ley (Expediente N.º 22.553) debilita la protección ambiental, favorece la privatización de playas y podría acelerar el despojo de comunidades costeras.
• Organizaciones alertan que el trámite se acelera en la Asamblea Legislativa y solicitan una reunión con el presidente y las jefaturas de fracción.

Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas firmantes manifestaron públicamente su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.º 22.553), que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, al considerar que representa un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

Las organizaciones firmantes, vinculadas a la defensa ambiental, comunidades costeras, organizaciones sociales y la academia, advierten que el proyecto abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial.

En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.

Las organizaciones recordaron que anteriormente más de 70 organizaciones y la Universidad de Costa Rica ya habían advertido sobre los riesgos de iniciativas similares, como el expediente 23.148, por sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas.

El pronunciamiento sostiene que, aunque la propuesta habla de “ordenamiento”, en realidad plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario.

Según las organizaciones firmantes, la reforma flexibiliza los requisitos de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso autoriza usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura para fines comerciales.

Esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”, advierten.

El documento también alerta sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos como los manglares.

Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”, señalan.

Diversos estudios, incluyendo informes del Estado de la Nación, han documentado que los manglares son uno de los ecosistemas que mayor pérdida de cobertura han sufrido en las últimas décadas, principalmente debido a desarrollos turísticos y actividades agropecuarias.

Centralización y debilitamiento del control público

Las organizaciones también cuestionan que el proyecto otorgue un papel central al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento costero.

Esta reforma subordina las competencias municipales al ICT, una institución que históricamente ha priorizado los intereses del sector turístico empresarial y que no tiene mandato ni capacidades para gestionar los conflictos socioambientales en las zonas costeras”, indica el comunicado.

Otro de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios.

Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.

Ante estos riesgos, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente N.º 22.553 y la apertura de un proceso amplio de discusión sobre el futuro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.

Costa Rica no necesita más zonas de sacrificio costero, sino un marco jurídico que garantice justicia ambiental y territorial. La zona marítimo terrestre es un bien común de todas las personas, no un negocio para unos pocos”, concluye el pronunciamiento.

Posterior a las elecciones, diversas organizaciones alertan que se ha intentado acelerar el trámite del proyecto para agotar las mociones pendientes y forzar su aprobación. Ante esta situación, han solicitado una reunión con la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de que se escuche a las comunidades costeras y se abra un espacio de diálogo sobre los impactos que esta reforma podría tener en los territorios y ecosistemas del litoral.

Ver pronunciamiento completo con organizaciones y personas firmantes: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform?usp=preview

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.