Tanto el Diccionario Real Academia Española como el Diccionario Jurídico de CR, coinciden en que la “mentira es una manifestación contraria a lo que se sabe, cree o piensa”, es decir, “cosa que no es verdad u falta a la verdad. Así las cosas, tanto la Casa Presidencial como el Concejo Municipal y alcalde de Talamanca, le han mentido a los costarricenses sobre la naturaleza del Ordenamiento Territorial del Distrito de Cahuita en proceso de aprobación, y el ya aprobado y vigente Plan Regulador del Cantón Central de Limón.
En este último caso (Cantón Central de Limón), el recién aprobado Plan Regulador (ordenamiento territorial), cubre todas las tierras del Cantón, excepto, las áreas costeras de ZMT y la Ciudad de Limón.
Por otro lado, tenemos al Proyecto de Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca en proceso de aprobación, que abarca exclusivamente la zona restringida (150 metros) de las áreas costeras de ZMT, ubicados específicamente en el Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca.
Sin embargo, en reiteradas oportunidades, hablan de ambos como si fueran de la misma naturaleza, cuando en realidad, una es sobre las tierras fuera de las áreas de ZMT (Limón), y la otra, es solo de las áreas restringidas (150 mts) de la ZMT de Cahuita (Talamanca).
Me pregunto: ¿Qué sentido tiene mentirle a la gente sobre algo tan importante para la vida cotidiana cuando no hay necesidad de tal engaño?
Es como si no se dieran cuenta o no les importa, que la verdad acabará saliendo a la luz en algún momento.
Soy consciente de que estoy siendo audaz al «jalarle el rabo a la ternera», como dice el viejo refrán, pero alguien tiene que hacerlo.
Ningún beneficio a corto plazo puede justificar semejante legado de vergüenza para las generaciones futuras.
Finalmente, ¡Qué curioso! La defensa habitual de un mentiroso es acusar a quien lo desenmascara de hacer lo mismo. Es el típico «rechazo» tico.
La iniciativa fue desarrollada desde ProDUS-UCR y la campaña está activa en las redes sociales oficiales del el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible ProDUS-UCR.
Por medio de una campaña de comunicación en redes sociales, el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible ProDUS-UCR busca generar material de referencia sencillo y de fácil acceso en temas de ordenamiento territorial para todas las personas.
El objetivo principal es ofrecer un aporte desde la academia, mediante el cual se brinde información confiable y verídica sobre este importante tema.
Con mensajes cortos, lenguaje sencillo y por medio de ejemplos, el material permitirá al público conocer la importancia de los planes reguladores y los detalles de su elaboración.
¿Quiénes participan en la campaña?
La campaña fue desarrollada por el personal de investigación de ProDUS-UCR, y cada uno de los expertos del programa aportó su conocimiento desde su área de trabajo. El ordenamiento territorial es un tema interdisciplinario, por lo que en la campaña encontrarán información proveniente de especialistas de planificación urbana, ingeniería civil, arquitectura, derecho, agronomía, antropología, planificación urbana, entre otras carreras.
Al proyecto se unieron profesionales de otras instituciones, como el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y se espera que otras personas se unan a la campaña para promover más puntos de vista en la discusión. En la elaboración del material también participó la asistente de comunicación Scarleth Rodríguez Ponce.
¿En qué consiste la campaña?
La campaña consiste en una serie de videos cortos que brindan información concisa para que las personas puedan utilizarlos y compartirlos en sus redes sociales. En conjunto se brindarán afiches con diagramas resumen de los diferentes temas y se estarán organizando charlas para aclarar dudas y profundizar más en cada tema expuesto. La campaña pretende proporcionar la información en distintos formatos para que se adecúe a cada persona.
Los contenidos de los materiales incluyen:
Aspectos legales de los planes reguladores
Alcances y limitación de los Planes Reguladores
Beneficios de la planificación territorial
Participación ciudadana
Desarrollo rural en el contexto del ordenamiento territorial
Gestión sostenible y conservación de los servicios ambientales
Movilidad Sostenible
Espacio Público
Áreas verdes
Rol del SENASA en los territorios rurales y urbanos
Entre otros
¿Dónde puedo ver y descargar los materiales de la campaña?
Los materiales se encuentran en la página web y redes sociales de ProDUS-UCR, por medio de Facebook, Instagram y Youtube. Además, se compartirán los materiales en las redes sociales y páginas web de otras instituciones. Lo anterior con el fin de facilitar el alcance a más personas.
Para ser parte de la campaña el público puede visitar la página web y redes sociales de ProDUS-UCR. Cada persona puede descargar y compartir los materiales con su familia, amigos y contactos.
Se invita a los medios de comunicación a unirse, compartiendo la información y replicando el material. A los gobiernos locales se les invita a formar parte, de igual manera compartiendo en sus redes sociales y siendo la voz que pueda generar en sus comunidades un liderazgo para el impulso de los Planes Reguladores.
El reciente aumento de precios de hortalizas, frutas y verduras es consecuencia de dos factores: uno, prolongados y fuertes temporales que afectaron múltiples paisajes agrícolas en Costa Rica y en Centroamérica y dos, la intermediación que favorece el alza desmedida de precios ante la escasez. Quienes producimos no necesariamente nos beneficiamos de los altos precios. A los productores no nos convienen esos desequilibrios porque los consumidores, simplemente no compran o los sustituyen por otros más baratos frescos o procesados.
¡Bajo el imperio de los importadores, la escasez es riqueza! Si no hay producto fresco, no importa, se importa. El bajo precio del dólar de por sí les favorece para adquirir productos a menores precios que los nacionales sin reparo de que cientos de personas se queden sin empleo y aumenten las deudas por consumo y producción.
Entonces, entre los ciclos de sequías y eventos extremos de precipitación, sin políticas de ordenamiento territorial, gestión integrada del riesgo y una institucionalidad pública que atienda los efectos del cambio climático, el sector agrícola nacional será cada vez más amenazado y vulnerable por deudas y sistemas de siembra poco o nada resilientes. Una agricultura convencional que para defenderse de los eventos hidrometereológicos extremos debe recurrir al aumento de agrotóxicos para atender las plagas y enfermedades es económica y ambientalmente insostenible.
Centrar la atención en los precios de los productos agrícolas es obviar las raíces que generan la desigualdad y el deterioro de la salud de las personas y los recursos naturales del país. Es necesario avanzar hacia formas de producción más sostenible y comercialización más justas que enfrenten los inevitables riesgos del cambio climático y el deterioro de los paisajes agrícolas. La protección del recurso hídrico en términos de calidad y cantidad debe ser una prioridad para el gobierno nacional y municipalidades. La recolección de agua llovida, el uso de invernaderos de bajo costo, prácticas de conservación de suelos y la correcta canalización de las escorrentías contribuiría a tener una producción de más bajo costo, menos dependiente de los agroquímicos y más intensiva, diversificada y accesible a un mayor número de consumidores.
Necesitamos mayor inversión en investigación y en tecnologías sostenibles para enfrentar la escasez y las distorsiones del mercado que abonan a la pobreza y a la mal nutrición. Sumado a eso, es esencial ampliar la red de recolección de datos climáticos a lo largo de todo el país para tomar decisiones de planificación bien sustentadas en el interés nacional.
Los beneficios de los Planes Reguladores para el desarrollo rural son conocidos en muchas naciones, ya que parte de la Política Pública de diferentes países. Un rasgo crítico del ordenamiento territorial es su objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en los territorios.
En las zonas rurales, la mejora en la calidad de vida se logra por medio de la preservación de los suelos de altas fertilidades, el fortalecimiento del sector agropecuario como fuente de empleo, así como la gestión sostenible de los servicios ecosistémicos que proveen las zonas rurales a la sociedad.
Dentro de estos servicios ecosistémicos de las zonas rurales están: la generación de agua potable, la moderación de eventos extremos, el resguardo de biodiversidad, el freno a la perdida de seguridad alimentaria, la regulación de la erosión, los recursos para el desarrollo de ecoturismo-turismo rural- turismo de aventura, entre muchos otros.
Sin la protección que se desarrolla por medio del ordenamiento territorial, el sector agropecuario corre el riesgo de una progresiva degradación y las comunidades rurales pueden ser desplazadas por las dinámicas especulativas de los mercados inmobiliarios urbanos. En Costa Rica, los Planes Reguladores son la herramienta principal con la que cuentan los municipios para gestionar sus territorios.
Los Planes Reguladores no son una herramienta nueva, siendo que se incorporan en la regulación costarricense desde el año 1968, en la Ley de Planificación urbana. Esto es un antecedente importante de la institucionalidad y práctica del desarrollo urbano que enmarcan los Planes Reguladores y en sí del ordenamiento territorial en Costa Rica.
Nunca ha sido verdad que el uso de la propiedad haya sido ilimitado en Costa Rica. Algunos ejemplos de las restricciones históricas reflejan importantes valores costarricenses sobre el uso y disfrute de la naturaleza, como el artículo 33 de la Ley Forestal que establece retiros de nacientes permanentes, de las riberas de los ríos y lagos o embalses naturales. Otro ejemplo se tiene desde el año 1982, cuando se estableció un anillo de contención para el crecimiento de la Gran Área Metropolitana, buscando preservar en ese entonces los suelos de alta fertilidad y las zonas de gran valor ambiental, para proteger la recarga de los acuíferos que suministran el agua de gran parte de la región.
Por otro lado, la Ley Orgánica del Ambiente del año 1995 establece en su artículo Políticas de Ordenamiento Territorial, que es “función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente».
Algunos beneficios de los Planes Reguladores para el desarrollo rural incluyen:
Aumenta la competitividad de los territorios. Los cantones con Planes Reguladores presentan las reglas claras sobre dónde pueden llevarse a cabo cuáles actividades productivas, con el fin de evitar conflictos entre los actores urbanos. Esto reduce el riesgo para el capital que se invertirá por parte del sector privado, por lo que existe una mayor oportunidad de atracción de inversión.
Se evitan los conflictos entre las actividades agropecuarias y el sector urbano, por ejemplo, por temas de generación de ruido, tránsito de vehículos pesados, generación de olores, conflictos por fumigaciones de plantaciones, entre otros. Los problemas de contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, por ejemplo, pueden ser sustancialmente mitigados.
Se elimina la incertidumbre de no conocer qué sucederá con el territorio y sus inversiones, por ejemplo, sin Plan Regulador suelen presentarse conflictos al ubicarse usos no compatibles cerca de lecherías, plantas empacadoras, mataderos. Un ejemplo es la ubicación de caseríos en zonas cercanas a los usos mencionados.
Se logran preservar los servicios ecosistémicos necesarios para el funcionamiento del sector rural, por ejemplo, la protección de las zonas de recarga acuífera o la polinización en cultivos.
Se mejora la calidad de vida de toda la población, al evitar conflictos relacionados con tránsito de camiones pesados cerca de zonas urbanas o relacionados con la disponibilidad y calidad del agua.
Se promueve el desarrollo de actividades como el ecoturismo o agroturismo, fomentando las microempresas y la generación de empleo rural.
Se protege la vida de las personas al incorporar la gestión de riesgo ante amenazas naturales.
Permite a las personas pobladoras, representantes de instituciones públicas y a las autoridades municipales la planificación estratégica, promoviendo la toma de decisiones basados en esa visión del cantón generada conjuntamente.
Se protege la conectividad ecológica e integridad de los Corredores Biológicos establecidos por ley en Costa Rica.
Se logran incorporar las Áreas Silvestres Protegidas y sus zonas de amortiguamiento en la dinámica territorial y toma de decisiones con visión estratégica, asegurando su gestión sostenible que garantiza que Costa Rica siga siendo líder en temas de Ecoturismo a nivel mundial.
Se protegen los asentamientos humanos ubicados en las cuencas bajas de las amenazas naturales que podrían ser ocasionadas por la apertura de caminos, fraccionamiento e impermeabilización de zonas de alto valor ambiental, ubicadas en sectores de alta pendiente.
Es necesario mencionar que desde la Constitución Política se asegura el resguardo de la calidad de vida de las personas y la gestión sostenible de los territorios, aspecto que requiere la planificación territorial para alcanzarse. El artículo 50 de la constitución establece “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimado para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”, mientras que el artículo 89 dispone que “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”.
¿Será posible que el estado y los municipios aseguren proteger las bellezas naturales de Costa Rica, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en Costa Rica sin desarrollar Planes Reguladores? Resulta muy difícil. Por esto es por lo que es muy importante que el sector estatal, municipal y académico, contribuyan con campañas de información en el tema de Planes Reguladores.
La carencia de información actualizada y pronta puede generar en la población la oposición a los procesos de ordenamiento territorial, obstaculizando que las personas se puedan enterar de los beneficios que conlleva la planificación de los territorios. Peor aún, es crucial en cualquier proceso de diseño de ordenamiento territorial contar con participación informada de las comunidades. Esta es imposible en un estado de confusión causado por maliciosa desinformación y malentendidos que solo benefician a especuladores o grupos con agendas ocultas y que traen graves consecuencias negativas a largo plazo para la competitividad de los territorios.
Recordemos que los objetivos centrales que se buscan desde la elaboración de planes reguladores son promover el bienestar y mejora en la calidad de vida de todas las personas quienes habiten un territorio.
Es fundamental continuar con la elaboración y aprobación de Planes Reguladores, sin permitir que la desinformación en el tema impida que las personas puedan trabajar conjuntamente para fortalecer herramientas legales que ayuden a mejorar su calidad de vida en el cantón.
Félix Zumbado Morales Investigador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible ProDUS
A pesar de que desde 1968 la Ley de Planificación Urbana establece que todos los gobiernos locales deben tener un plan regulador como instrumento de ordenamiento territorial, menos del 50% de los municipios del país cuentan con uno vigente, aprobado antes del año 2000.
Recientemente varias comunidades se han levantado a favor o en contra de los planes reguladores propuestos para sus cantones, tal es el caso de Pérez Zeledón y Montes de Oca. ¿Pero, qué es un plan regulador y cómo funciona?
De acuerdo con Guillermo Calderón Ramírez, coordinador del Programa para la Promoción de la Gestión y el Ordenamiento del Territorio (PROGOT), un plan regulador es una herramienta de planificación y gestión que busca organizar y ordenar el uso del suelo y los recursos en un territorio determinado. Donde su objetivo es promover un desarrollo sostenible y equilibrado, considerando aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales.
En Costa Rica, la planificación regional y nacional está a cargo del Mideplan y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu), pero la planificación local corresponde a las municipalidades. «Sí, la Ley de Planificación Urbana de 1968 establece que todos los gobiernos locales deben tener un plan regulador como instrumento de ordenamiento territorial», afirmó Calderón. Sin embargo, destacó que menos del 50% de los municipios cuentan con un plan regulador vigente, muchos de los cuales fueron elaborados antes del año 2000.
Calderón destaca, que uno de los componentes más visibles y a menudo controversiales dentro de un plan es la zonificación. “Esta es la que define los usos de suelo: dónde se puede construir, dónde pueden estar las zonas residenciales, comerciales, industriales, entre otros, pero el propósito principal de un plan regulador es ‘ordenar la casa’, es decir, organizar nuestro territorio para evitar la densificación desordenada y el crecimiento exponencial sin planificación”.
El plan regulador trabaja con usos residenciales, comerciales, industriales, agrícolas o mixtos, basándose en las características de cada cantón y haciendo proyecciones de hasta 10 y 20 años para planificar el crecimiento futuro del territorio. Calderón aclaró que la infraestructura existente mantiene su uso. «Si una zona es residencial, seguirá siendo residencial; si es comercial, seguirá siendo comercial. Los cambios se aplican a las nuevas construcciones y desarrollos futuros».
Calderón enfatizó que un plan regulador no es una herramienta para confiscar tierras ni para limitar arbitrariamente el uso del suelo. «Es un instrumento para ordenar el territorio de manera racional y sostenible».
En detalle
El proceso comienza con la elaboración del presupuesto y la formación de una comisión en el gobierno local. Luego se realiza un diagnóstico territorial con la participación de la comunidad. «El diagnóstico territorial se realiza a través de talleres de participación ciudadana, porque la población conoce su territorio mejor que nadie», dijo Calderón.
Una vez completado el diagnóstico, se desarrolla una propuesta territorial que también se consulta con la comunidad. Esta propuesta define los usos del suelo y las áreas de crecimiento. Después, se lleva a cabo una audiencia pública y se envía el plan al INVU para su revisión. Finalmente, el concejo municipal adopta el plan y se publica en el Diario Oficial La Gaceta, convirtiéndolo en ley.
«El proceso puede tardar aproximadamente un año y medio, pero puede extenderse dependiendo de la revisión por parte de diferentes entidades como Setena o el INVU», explicó Calderón.
El investigador también mencionó el papel de la UNA como un actor social en la elaboración de estos planes. «Nuestro papel es socializar la información y apoyar a la población. La Universidad ofrece un valor significativo a estos proyectos, más allá de lo económico, contribuyendo con la confianza y participación de la comunidad».
Actualmente la UNA trabaja con las municipalidades de Atenas, Cañas, Bagaces, Tilarán, Upala, San Rafael de Heredia, en la consolidación de sus planes reguladores.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Uno de los objetivos principales del curso que ofrecerá ProDUS a los gobiernos locales está enfocado en promover la elaboración e implementación de los planes reguladores en los cantones que aún no cuentan con esta herramienta de planificación territorial (foto: Archivo OCI, UCR).
ProDUS abre curso gratuito dirigido a gobiernos locales
El objetivo del curso es propiciar el conocimiento de los tomadores de decisiones sobre el tema del desarrollo urbano sostenible, principalmente desde la base legal, planificación e implementación de los planes reguladores en Costa Rica.
Este curso es gratuito y es exclusivo para personal de alcaldías, concejos municipales e intendencias electas para el periodo 2024-2028. El mismo se ofrecerá de forma virtual por medio de la plataforma de zoom, los días 10, 17, 24 y 31 de mayo y 7 de junio, en horario de 6:00 p.m. a 8:30 pm.
Según el M.Sc. Félix Zumbado, investigador de ProDUS, la iniciativa pretende contribuir al avance, en materia de elaboración y aprobación de planes reguladores en los diferentes cantones del país que aún tienen pendiente esta tarea, así como solventar dudas generadas por las campañas de desinformación y noticias falsas que se han generado alrededor de este tema, en los últimos meses.
Las clases serán impartidas por el equipo interdisciplinario de ProDUS- UCR, y el contenido del curso está ligado a la experiencia adquirida por este programa de investigación, en materia de desarrollo de planes reguladores y otros proyectos vinculados con el ordenamiento territorial, a lo largo y ancho del país.
Las personas interesadas pueden inscribirse al curso por medio del siguiente enlace:
¿Existe en realidad una política de desarrollo de los territorios?
Apoyamos y promovemos los Planes de Ordenamiento Territorial, pero en su dimensión correcta, cuál es que respondan PRIMERO a un Plan de Desarrollo Cantonal SOSTENIBLE y responsable con el ambiente y la planificación regional y nacional.
Hoy, después de ser partícipe de sendos procesos en varios municipios, para adoptar estos reglamentos técnicos que deben responder a la ciencia y la técnica, pero también a premisas de desarrollo sostenible, debo concluir que son un compendio de ocurrencias inconexas entre los mismos cantones, tanto a nivel de los territorios costeros y rurales, como del GAM.
Y mi participación personal ha sido en varios ámbitos diferentes, como en mi condición de administrado e interesado de al menos un par de municipalidades, o en mi carácter de regidor municipal en Curridabat cuando debíamos aprobar cambios al vigente POT cantonal; o, en este caso, como asesor de organizaciones sociales y gremiales en el actual proceso de nuevo POT en Pérez Zeledón.
El ordenamiento territorial es la actividad de la administración pública destinada a establecer, a través de criterios técnicos interdisciplinarios, la mejor forma de aprovechar el espacio físico, lo cual va a depender de las características propias de cada sitio; Procurando: Equidad Social, Sostenibilidad Ambiental, Competitividad Económica, Participación de los ciudadanos y administrados del territorio a regular.
Además, como premisa deben respetar Normas de Legalidad Nacional, especialmente la Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012-2040 y la Ley de Planificación Urbana Nº4240, en especial lo referido en los artículos 17, 13 y concordantes, además de artículos como el 25, sobre las zonas especiales que deben de venir contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, o los órganos permanentes de revisión de este, contenidos en el artículo 59.
Aclarado esto, debo defender mi conclusión del desastre de planificación territorial en el país y, particularmente, el que hoy es motivo de justificadas protestas públicas a lo largo del Valle de El General.
El de Pérez Zeledón, a como está hoy, es un plan de ordenamiento confiscatorio contra pequeños propietarios de zona agrícola, impide en la práctica la renovación de cultivos pues los permisos para cambios en zonas declaradas por el POT como de uso restringido, deberán someterse a estudios muy onerosos para mipymes agrícolas.
Restringe el desarrollo de nuevos centros urbanos pues lo que hace es referir a normativa nacional del INVU creada para el Valle Central, por lo que limita el desarrollo en la periferia impidiendo el desarrollo humano. Imagínese que una empresa que cobró poco menos de 400 millones de colones para generar los estudios preliminares y los diagnósticos para proponer soluciones, simplemente diga que en el caso de la Renovación Urbana, se aplique una normativa nacional que no se adapta a la realidad espacial del cantón de Pérez Zeledón cuya amplia mayoría del territorio no es de concentración urbana, pues de sus doce distritos solo dos tienen esas condiciones, Daniel Flores y el mismo distrito homónimo de la reconocida ciudad de San Isidro de El General.
En materia ambiental, sin una clara fundamentación técnica, se abren portillos para que en zonas protegidas se instalen grandes desarrollos hoteleros, Casinos o demás turísticos, pero CARECE de promoción del Turismo Rural Comunitario, natural para el cantón, al que NO SE LE MENCIONA NI UNA VEZ en todo el POT. PERO, extraordinariamente, en la nueva zonificación, si se establecen áreas restringidas, pareciera antojadizas, para generar las actividades económicas agrícolas y ganaderas.
Súmele el secretismo…
Un atropellado proceso llevado a cabo tanto por el órgano técnico contratado como de la Comisión especial nombrada por el Concejo Municipal, con la ausencia, en la elaboración del POT de organizaciones civiles, gremiales, sociales y formales del cantón, como las Cámaras de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo, o de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, o la Asociación Agencia para el Desarrollo de Pérez Zeledón, esta última siendo la entidad que según Decreto Ejecutivo 39876 está facultada para designar proyectos en cualquier parte del territorio de Pérez Zeledón bajo la condición de ZONA ECONÓMICA ESPECIAL, cubierta por el derecho internacional de tratados de comercio de la OMC firmados por el país como integrante del GATT, que estaría, bajo el ordenamiento de fuentes de derecho del país, por encima de cualquier ley local; pues esto NO SE MENCIONA O SE TOMA EN CUENTA EN NINGUNA PARTE DEL POT de PZ en trámite.
Y, aún más grave, ¡las propuestas INCLUYEN INTERVENCIÓN SOBRE TIERRAS INDÍGENAS sin CONSULTAR A DICHA POBLACIÓN!
Las evidencias para estas y muchísimas más aseveraciones, están contenidas en los insumos que han presentado las organizaciones antes mencionadas como la Comisión de Revisión del CFIA, que hicieron originalmente un documento de 84 páginas con sus observaciones del documento del POT publicado en el sitio web de la Municipalidad a diciembre y marzo de 2023 y 2024 respectivamente; pero que hicieron una última revisión con miras a la audiencia pública y resumieron textualmente lo siguiente, manteniendo las recomendaciones y consideraciones de un Estudio de 83 páginas entregado hace unas 6 semanas, y “que definitivamente afectan muchísimo a como están en este momento, parte de los puntos que vemos»:
“- Los cuadrantes urbanos que deberían estar definidos por los estudios hechos para este POT, se indica que son los definidos por el INVU que son sumamente restrictivos y arbitrarios.
– No se permiten segregaciones de menos de 8 lotes fuera de cuadrantes urbanos
– No se permiten servidumbres fuera de cuadrantes urbanos
– Se restringen las áreas públicas a donar cuando se urbaniza una propiedad al 15% de pendiente lo que hace que las propiedades que se puedan urbanizar sean muy muy pocas.
– No se permite el uso de drenajes para tanque séptico a menos que se presente un estudio de tránsito de contaminantes que es bastante costoso (el profesional hace un estudio de infiltración para evaluar esto mismo y es lo que está normado por el CFIA), no se definen zonas de alta y muy alta fragilidad donde se ocupen sistemas de tratamiento mejorados y se deja arbitrariamente al criterio futuro.
– Se piden estudios de estabilidad de taludes (costo alto) para proyectos en terrenos con pendientes sobre el 30%, este criterio es arbitrario y el profesional responsable es el que debe tomar la decisión al respecto según lo que evalúe en sitio.
– La actividad de turismo agropecuario, turismo de aventura, senderismo, centros de estudios de biodiversidad o turismo ecológico, entre otras desarrollado en fincas conectadas por servidumbres agrícolas, que es posiblemente la actividad que genera mayores impulsos a la conservación y preservación del medio ambiente no será permitido. Se permiten solo actividades comerciales frente a calle pública.
– Se indica en varios artículos que se podrán pedir estudios adicionales, lo que expone a la arbitrariedad de los trámites, incluso si SETENA ya evaluó y aprobó un proyecto, la municipalidad podría pedir estudios adicionales
– Se agregan regulaciones constructivas detalladas que nos exponen a que si cambia en el futuro la legislación nacional, podríamos no poder desarrollar proyectos, porque el POT dice una cosa y la reglamentación nacional otra, por ejemplo, que cuando se vaya a construir una escuela, el Ministerio de Educación tenga su reglamento y apruebe el proyecto, pero la Municipalidad de acuerdo al POT no lo apruebe, haciendo inviable que se de una escuela, esto en un caso crítico.”
Algunas de las recomendaciones del CFIA:
– “Zonificación con base en los IFAs, dinámica actual del cantón, dinámica estratégica a plazos definidos, uso categoría de caminos con jerarquización municipal, existencia de servicios públicos indispensables, calidad del transporte público, entre otros».
¿Por qué creemos que han desarrollado un Plan de Ordenamiento tan deficiente?
No quiero —y recomiendo a los sectores opuestos a esta deficiente política territorial— no caer en la tentación de la especulación sobre los motivos del Gobierno Local liderado por la vicealcaldesa Rosibel Ramos y, con el contubernio de ocho regidores de los nueve que conforma el Concejo, de las fracciones del PUSC, PLN y FA, solo con la excepción valiente de don José Luis Orozco.
Me abstengo de especular sobre agendas globalistas y otras teorías conspirativas, que más bien generan desinformación y distorsiones ideológicas sesgadas y me apego a creer que la estulticia y los cálculos politiqueros para beneficiar a grupos o elites convenientes para carreras políticas personales en partidos tradicionales, es lo que mueve a crear estos mamotretos en contra del Interés Público y el bienestar de las mayorías.
Pero celebro que el pueblo masivamente se informe y se oponga de forma pacífica y patriótica a estas desafortunadas y repetidas costumbres de la oligarquía política nacional.
*Consultor en materia administrativa público privada y ex director de la Agencia para el Desarrollo de Pérez Zeledón.
De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), en Costa Rica existen más de 700 asentamientos informales.
San José, Alajuela y Cartago concentran los asentamientos humanos irregulares con mayor riesgo de desastre.
En Costa Rica, centenares de familias habitan, trabajan y viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Se estima que en nuestro país existen más de 700 asentamientos humanos informales, conocidos popularmente como precarios, barrios marginales y tugurios.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), en la Gran Área Metropolitana (GAM) hay un total de 296 asentamientos humanos informales, que acogen a más de 132 000 personas. Es decir, esta zona urbana engloba el 40 % de este tipo de establecimientos en el país.
Alrededor de estos asentamientos informales también coexisten tres cuartas partes del total de la población costarricense en solo el 14 % del territorio nacional, cifra que confirma la alta densidad poblacional de la GAM.
Aunada a la alta concentración poblacional en las zonas urbanas, se presentan otros factores como la inequidad, la falta de acceso al suelo, la inmigración y la pobreza extrema, que han provocado que dichos sitios sigan consolidándose a lo largo y ancho del país.
Este fenómeno es común en Latinoamérica y se espera que, en las próximas décadas, crezca aún más la cantidad de personas que viven en barrios marginales, como resultado de la desigualdad social.
Esta situación implica que miles de personas en nuestro país vivan expuestas al riesgo de desastre (incendios, inundaciones y deslizamientos), debido a que los barrios y lugares que habitan se encuentran ubicados en áreas que no cumplen con las condiciones adecuadas de ordenamiento territorial. Sumado a ello, persiste el hecho de que Costa Rica —al ser un país tropical y en vías de desarrollo— se ve afectada por amenazas hidrometeorológicas o climáticas.
Es así como, con el propósito de ofrecer una solución y una herramienta para calcular la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad de las personas que viven en estos lugares, el Dr. Adolfo Quesada Román, geógrafo e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), creó un índice de riesgo para los asentamientos informales de la GAM.
A mayor informalidad, mayor riesgo
El estudio Evaluación del riesgo en asentamientos informales en el Sur Global determinó que aquellos cantones con el mayor número de asentamientos informales de la GAM también concentran los asentamientos con mayor riesgo de desastre, por inundación, deslizamientos e incendios.
Entre los resultados destaca que las provincias con mayor cantidad de asentamientos informales son San José con un total de 181 establecimientos informales (61,14 %); Cartago con 51 unidades (17,22 %); Alajuela con 40 asentamientos (13,51 %) y Heredia con 24 establecimientos de este tipo (8,1 %).
Para elaborar el índice de riesgo de cada asentamiento informal, Quesada utilizó las variables de amenaza (se tomó en cuenta los valores de pendiente media y la distancia con respecto a los ríos), exposición (se observó y se midió la densidad de la población, la cantidad de viviendas y el área de construcción por cada asentamiento) y, por último, la vulnerabilidad (se tomó como base el Índice de Desarrollo Social del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan)). Al respecto, véase la tabla uno.
Por otra parte, se determinó que los asentamientos informales con mayor riesgo de desastre de la GAM se encuentran en San José con un total de 49 asentamientos informales y un porcentaje de riesgo de 22,45, Desamparados con un total de 28 barrios marginales y un porcentaje de riesgo de 21,43, y Alajuela con un total de 25 asentamientos humanos irregulares y un porcentaje de riesgo de 24,00. En esta lista también destacan los siguientes lugares: la Unión, Curridabat, Goicoechea, Tibás, Cartago, Alajuelita y Heredia, tal y como se observa en la tabla dos.
Bajo índice de desarrollo social
Tras analizar estos resultados, el investigador vislumbró que los diez cantones que concentran las unidades de mayor riesgo también tienen como característica habitual una alta densidad de población, que ronda los 2 000 habitantes por kilómetro cuadrado, así como un bajo promedio en el índice de desarrollo social, en comparación con otras localidades vecinas.
Desde su perspectiva, en este último punto de índice de desarrollo social se puede observar cómo muchas de las comunidades con alto riesgo de desastre tienen niveles de abstencionismo en su participación electoral y también cuentan con problemáticas de inseguridad, violencia y criminalidad.
“Esto refleja que la gente está desencantada con la política, porque hay una desatención gubernamental en estos lugares, en todos los niveles y por esto es que la gente no participa y no ejerce su derecho al voto”, expresó Quesada.
Bethel, el barrio de Mayrene
El canto de los pájaros y el estar rodeado de árboles y mucha vegetación caracterizan al barrio Bethel, ubicado en San José de la Montaña de Barva de Heredia.
Contrario a la realidad de muchos asentamientos informales de la Gran Área Metropolitana, Bethel se percibe como un lugar seguro y tranquilo, en donde las decenas de casas existentes no contrastan de manera abrupta con el tipo de construcción de la comunidad que lo acoge.
Durante más de tres décadas, en este asentamiento humano irregular se han establecido alrededor de 28 familias. Su fundación como precario se dio en 1989, cuando las autoridades capturaron al dueño de la propiedad, el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. De esta forma, algunas personas aprovecharon el momento para construir sus viviendas.
Con el paso de los años, algunas vendieron sus lotes a la mayoría de los vecinos que actualmente habitan Bethel, quienes adquirieron las propiedades de manera formal. Según datos de la Sección de Catastro de la Municipalidad de Barva, la mayor parte de las viviendas de este asentamiento cuentan con los planos y los títulos de propiedad correspondientes, de acuerdo con la ley.
Además, el escenario confirma que son escasos los ranchos en malas condiciones que aún permanecen en este precario, la mayoría de las viviendas son casas de cemento y bien edificadas, con acceso a todos los servicios básicos, alumbrado público y calle asfaltada con acceso a la carretera principal 114.
Mayrene Méndez Quirós de 41 años, madre de dos hijos y secretaria ejecutiva de profesión, forma parte de las personas que habitan en Bethel. Ella y su familia viven en este asentamiento desde hace más de 20 años.
Méndez recuerda que se establecieron en este lugar, luego de que su padre decidiera vender un lote pequeño que le fue heredado y utilizar ese dinero para comprar uno más grande en Bethel. Actualmente, dicha propiedad acoge a tres viviendas: la de Mayrene, de uno de sus hermanos y de sus padres.
“Mi papá tomó la decisión de venirse para este lugar porque el lote se lo ofrecieron en un precio muy cómodo y además era cuatro veces más grande que el que a él le heredaron. Como somos una familia muy numerosa, nos servía más tener una propiedad grande, por eso él vendió el otro lote y nosotros compramos aquí. Nos vinimos a vivir en los años noventa”, comentó Méndez.
En su opinión, Bethel es un barrio donde la mayoría de las personas vecinas conviven en armonía. En cuanto a la geografía del terreno, Méndez considera que el asentamiento es seguro, ya que son terrenos planos con pocas pendientes.
Sin embargo, Bethel se ubica en el puesto número 38 del Índice de riesgo de asentamientos humanos informales elaborado por la UCR, que fue catalogado como el de mayor riesgo de la provincia de Heredia.
En este sentido, Méndez infiere que el alto riesgo del asentamiento está asociado a que existe un sector del lugar que se encuentra en las cercanías de un río.
“La verdad no sabía que este lugar era de alto riesgo, desconocía el estudio, nosotros vivimos en el lado izquierdo de la calle donde no hay riesgo de nada, ni de deslizamientos ni de inundaciones. Quizás por eso nos sentimos seguros. Pero sí hay otros vecinos que están del lado derecho de la calle, que están muy cerca de un río, bueno le llamamos río, pero es un zanjón profundo. A ellos esto del riesgo sí les puede afectar mucho más”, dijo.
El autor del estudio, Adolfo Quesada Román, confirmó que el alto riesgo de este asentamiento se da debido a que se encuentra ubicado en una zona que naturalmente es peligrosa y en donde no deberían residir personas. Además, es un lugar con un alto nivel de amenaza, al tener una topografía con pendientes altas y al estar localizado en las cercanías de un río.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), en Bethel habitan 77 personas, distribuidas en un total de 28 viviendas ubicadas en un área de 3722 metros cuadrados.
Además, como parte de la investigación, también se logró ubicar a un nivel más específico los asentamientos informales de mayor riesgo. Esta lista la encabezan barrios como Los Higuerones de Alajuela, Calle Valderramos de Río Azul de la Unión, El Muro de Concepción de Alajuelita, Los Ángeles de Guadalupe de Cartago, Barrio la Pista Sur- Guachipelín de San Rafael de Escazú, Nuevo Milenio de San Felipe de Alajuelita, entre otros, tal y como se aprecia en la tabla tres.
Por último, los resultados confirman que existe una correlación entre los cantones en los cuales ocurrieron los desastres históricos de Costa Rica y los municipios donde se ubican los asentamientos informales más riesgosos de la GAM.
“Este es un dato muy relevante en cuanto al tema de gestión del riesgo, porque se ve que los cantones que han sufrido el mayor número de desastres en los últimos 50 años son los mismos que también tienen asentamientos informales de mayor riesgo en la GAM: el cantón central de San José, el cantón central de Alajuela, Desamparados, el cantón central de Heredia y Cartago”, explicó Quesada.
En la tabla se observa el número de asentamientos informales en cada provincia, así como el grado de las variables de peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y riesgo. Elaboración: Adolfo Quesada, UCR Román.
En su opinión, este tema de gestión del riesgo en los asentamientos informales no ha sido atendido desde la política pública por diferentes razones, entre las cuales destaca la voluntad política para establecer una ley para el ordenamiento territorial.
“En el país destaca un discurso que se da en el contexto de las campañas electorales, que es el de no desalojar a las personas que viven en asentamientos informales de alto riesgo, ya que la promesa de no desalojo de esta población representa votos a nivel de gobierno y municipalidades”, señaló el investigador.
Por otro lado, destacó el hecho de que estos lugares tienen garantizado el acceso a los servicios básicos, como agua y luz, por un tema de que son derechos humanos fundamentales. Sin embargo, “la falta de regulación ha permitido muchas situaciones con este tipo de asentamientos irregulares, desde la posibilidad de alquilarlos, venderlos, cederlos. Por esto, urge que las autoridades líderes y rectoras de esta materia empiecen a trabajar en el tema del ordenamiento territorial”, agregó Quesada.
Ordenamiento territorial
El estudio Evaluación del riesgo en asentamientos informales en el Sur Global forma parte del trabajo de investigación que realiza la Escuela de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, con el objetivo de aportar conocimiento a los diferentes actores: tomadores de decisiones, instituciones públicas y ciudadanía en general, sobre los temas más urgentes del país.
Esta investigación fue publicada en el 2022 por la revista científica internacional Sustainability, un espacio interdisciplinario y abierto a publicaciones sobre sostenibilidad ambiental, cultural, económica y social.
Son pocas las investigaciones a nivel regional, dedicadas a estudiar el fenómeno del riesgo en los asentamientos informales ubicados en contextos urbanos. Por lo tanto, el propósito del estudio consiste en aportar una solución para gestionar y prevenir el riesgo de los miles de costarricenses que habitan en barrios marginales en la GAM.
Según Quesada, cada año, el país invierte entre un 1 % y un 2 % del producto interno bruto (PIB) en materia de reconstrucción y rehabilitación de infraestructura por desastres. Tal monto se podría reducir a la mitad si el país decidiera trabajar desde un enfoque de prevención del riesgo.
Desde esa perspectiva, dicho estudio y sus resultados son una herramienta útil para que las instituciones públicas encargadas de la gestión del riesgo, tales como universidades, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el Ministerio de Planificación y Política Económica, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Cuerpo de Bomberos, Gobierno, municipalidades, entre otras, puedan tomar decisiones más certeras en esta materia.
Asimismo, Quesada rescató que el tema de gestión del riesgo en los asentamientos informales toma aún más relevancia si se toma en cuenta que el desarrollo inmobiliario en Costa Rica se ha venido dando de acuerdo con lo que propone el mercado, y no por una ley que contemple los elementos vitales en materia de ordenamiento territorial. Por eso, persisten en el país problemáticas en cuanto a una alta concentración poblacional en la GAM, un inadecuado manejo de aguas y residuos, carencias en el aspecto vial, entre otros.
“Si nos ponemos a observar la lógica por medio de la cual se ha constituido y ha crecido la GAM, nos damos cuenta de que es una respuesta económica, no una respuesta ordenada de dónde naturalmente sería más adecuado construir, y es ahí donde vemos zonas muy forzadas. Por eso, desde las universidades hemos insistido en que es urgente la creación de una ley de ordenamiento territorial para regular que no se construya en lugares donde hay riesgo”, mencionó Quesada.
Por otra parte, se puede concluir que las condiciones de riesgo de los asentamientos informales en Costa Rica son muy similares a las que se viven en decenas de países pertenecientes al Sur Global o en desarrollo. Por tanto, los resultados de este estudio se convierten también en un ejemplo útil para todos los actores de la reducción del riesgo de desastres a nivel mundial.
El Dialogo Regional del Alto Catatumbo se llevó a cabo en la ciudad de Ocaña el pasado martes 11 de octubre. Hicieron presencia en el Coliseo de la Seccional Ocaña de la Universidad Francisco de Paula Santander-UFPS, 2.500 asistentes con delegaciones de los municipios de El Tarra, Convención, Hacarí, San Calixto, Cachira, La Esperanza, Teorama, Ábrego, La Playa, El Carmen, Ocaña, Aguachica, Río de Oro, Sardinata. No se presentaron como entes municipales sino como núcleos de territorios locales en representación de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, red de víctimas de El Catatumbo, de mujeres, etc.
Se inscribieron en las comisiones de deliberación 1.300 activistas instalados en los salones y aulas de la universidad. Los ejes de la temática giraron en torno a salud, educación, seguridad ciudadana humana y social, ordenamiento territorial, soberanía alimentaria, transición energética, convergencia social regional. El encuentro funcionó con participación en comisiones y elaboración de formularios con dos conclusiones concretas a reposar en Planeación Nacional y al Plan Nacional de Desarrollo. En horas de la tarde se llevó a cabo la actividad de clausura en que diferentes líderes expusieron en el uso de la palabra.
Al hablarse de dialogo vinculante caracteriza el ser inclusivos y de participación en que predomina el respeto a la diversidad. Abarca no a un municipio sino a lo predominante de una influencia regional y nacional. Resulta un ejercicio de democracia directa, en un país en que la democracia representativa de senadores y representantes esta signada por el dominio de la corrupción, el lobby corrupto y el desprecio a la cosa pública y los intereses populares. En tal sentido el contenido de las propuestas no obedece a una “lista de mercado” como si a exigentes iniciativas que expresan el sentir y salidas concretas a necesidades padecidas en el aspecto de los servicios públicos esenciales, el ejercicio de los derechos fundamentales, el respeto a la vida, a la movilización popular y la materialización de las luchas políticas, económico sociales que requiere el pueblo colombiano. Por ello la dinámica no concurre a estereotipos de proyectos estratégicos legales en donde lo detentadores del poder legislativo narco-paramilitar imperantes hacen de las suyas y juegan con las aspiraciones de todo un pueblo. No. Las Asambleas Populares en desarrollo de los Diálogos Regionales se traducen en mandatos populares cuya concreción, materialización y aplicación van de la mano con el torrente movilizador del movimiento de masas y popular. La cualificación política del movimiento popular colombiano así lo exige y garantiza.
En el caso particular de la asistencia y participación de las delegaciones al Dialogo de El Catatumbo presentes en Ocaña primo el ordenado y consciente enfoque en pro de lo regional y el apersonamiento de los lideres en torno a lo propuesto. Esta singular actitud la destaco como de incidencia pues no emulaban a título de cargo oficial o función gubernamental alguna como aliados de “su presidente” sino como imperativos exigentes de un “ojalá el presidente cumpla”.
Hacia lo realizado concreto
En mi caso particular asistí a la comisión de Seguridad Humana y Justicia Social quefuncionó en tres aulas diferentes con lleno total. Abarcó los temas de seguridad ciudadana y social, en salud, informática, educación, empleo, tragedias naturales, vulnerabilidad, entre otros aspectos.
Destaco lo predominante. Fue unánime la exigencia del cambio de la doctrina militar del enemigo interno en las fuerzas armadas (ejército y policía) y su profesionalización. La exclusión de la Policía Nacional como fuerza militar y su asignación al ministerio del interior. También sobre la suerte del ESMAD. Asimilan seguridad con los índices de criminalidad y los efectos por la no productividad. 2La protección a la vida de lideres sociales, políticos, populares y comunales y de exguerrilleros desarmados. La implementación de mecanismos jurídicos eficaces el respeto a los derechos humanos en toda su extensión. La investigación penal a responsables políticos de las masacres y asesinatos selectivos durante todo el régimen de terror del gobierno pasado. Las calamidades expuestas en torno a la prestación de servicios de salud y la injerencia de la politiquería resultó predominante. Promulgar por la inclusión de jóvenes como agentes de salud y la vinculación a y con mujeres. Prelación a la niñez. Clamor contra la privatización de la salud y su comercialización. La atención primordial en y a los Hospitales y en particular al Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares y elevarlo de categoría hospitalaria en servicios. Que todo gire en el eje del equipo humano, medios y telemedicina. Ante la calamidad invernal se alzó la voz por la no existencia de organismos de socorro en el Norte de Santander. El aspecto de la educación continua siendo de primordial importancia. Que se solucione lo de plazas de maestros. Que se aplique una política integral de transporte estudiantil en lo rural. Se supere lo de una educación antigua y medieval por una educación acorde al siglo XXI. Que la universidad pública local deje de convertirse en fortines politiqueros y propugnan por la creación de La Universidad de El Catatumbo con sedes compartidas en lo administrativo y académico con los municipios de Convención y el Tarra. Se propuso la creación de una Banda Sinfónica en Ocaña, con un cuerpo de 40 músicos y un funcionamiento anual de $133 millones conforme a estudios de proyección existentes afirmado por el ponente respectivo. También resultó prolija la participación en lo referente al empleo en el sector agrario. Que se requiere de tierras para empleo y profesionalización. La utilización de plantas de tratamiento para múltiples cultivos que exploten derivados de los productos agrícolas, generadores de empleo sin exclusión del primer empleo erradicando requisitos de experiencia en lo laboral. Que aprendizaje y trabajo agrario deben ir de la mano.
En lo referente a la ciudad de Ocaña- conocida cono la Capital de El Catatumbo-la asistencia popular fue muy concurrida. Se frustró el manejo veintejuliero que el gobernador de turno de las castas corruptas dominantes pretendió imponer en un discurso oportunista y de cariz de redentor a impulsar las grandes obras que requiere la población urbana y rural del departamento de Norte de Santander. Recibió el rechazo de los asistentes a la Asamblea Popular e igual reprimenda correspondió al alcalde de la ciudad de Ocaña a quien con silbidos, consignas y calificativos de falsario y mentiroso fue sucesivamente interrumpido en su intervención. Sabido es que en contrario a la voluntad popular el alcalde de Ocaña pretende licitar una empresa de acueducto acorde a sus intereses personales y corruptos. Su contradictor principal lo es el Comité Cívico por la Defensa del Agua, que propugna por la creación de un mega acueducto regional que proteja las nacientes de agua y salve el Páramo de Jurisdicciones. Se reavive el lecho del río Algodonal como naciente del río Catatumbo que desemboca en el lago de Maracaibo. Se centran en la prestación de servicios públicos esenciales contrarios a la privatización en diálogos y beneficios hacia zonas apartadas e insisten en el llamado a la población catatumbera en participación y trabajos los próximos diez años… Y concluyen diciendo: “Eso implica un cambio de perspectiva. Ya no hablamos de desarrollo económico u obras de infraestructura, ahora giran en torno al ordenamiento territorial para la vida, alrededor de la economía verde con un eje concreto en torno a la seguridad humana y la naturaleza”.
También se revivió lo de la carretera Ocaña- Los Ángeles, vía indispensable para la salida de Ocaña a Bucaramanga y Bogotá, o centro del país, cuyo trazado más tendido y menos pendiente se conoce como Agua de La Virgen- Los Ángeles -Morrinson y que implica para los viajeros de y hacia Ocaña un ahorro de 48 kilómetros desde el cruce de Agua Clara en Aguachica a Morrinson en San Alberto. La carretera existe con trechos pavimentados, sin mantenimiento ni ampliaciones, que irían desde el kilómetro 19 al kilómetro 46.
De igual manera se destacaron mega propuestas de obras para la cuidad de Ocaña, impulsadas por el Ingeniero ocañero Wilson Contreras Márquez e integrantes de un equipo de profesionales residentes en Bogotá DC, que se podrían resumir, dentro del aspecto de reordenamiento territorial, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. La producción de energías alternas acordes con lo ecológico. La contribución a la soberanía alimentaria con la extracción de fertilizantes del caudal del Río Chiquito.
Personalidades en el municipio se preguntan: ¿qué ha hecho el alcalde con los $10 mil millones ya aprobados desde hace 2 años por el Gobierno Nacional para los 6 cruces de aguas lluvias y negras?
El ingeniero ocañero Wilson Contreras Márquez participó en le Dirección Técnica y Ejecución de 2 Refinerías en Abu Dhabi con WorleyParsons & Tecnimont Italy. Una en DAS ISLAND para refinar 450 Mil Barriles Día por USA$7.5 Billones. La otra en AlDAbylla, Abu Dhabi para 150 Mil Barriles por USA $3.5 Billones. Denuncia que la Refinería de Cartagena cuyo Costo se acerca a los $18 Billones de USA, para 250 Mil Barriles día, es el Ejemplo más grande de la Corrupción de la Junta Directiva/Dirección de Ecopetrol. El Ingeniero Wilson Contreras Márquez, es un cerebro al servicio de proyectos energéticos alternativos y serio aspirante a la Junta Directiva de Ecopetrol en representación de El Catatumbo y la Provincia de Ocaña en el actual gobierno.
Conclusión
“Solo participando en la calle es posible el cambio. Solo el pueblo puede producirlo en realidad”. Presidente Gustavo Petro.
A diferencia de otras iniciativas gubernamentales a este dialogo regional lo inspira el contar con un gobierno alternativo y popular. Se desarrolla en un escenario político dominado por el narco paramilitarismo en el poder. Brillaron por su ausencia- como era de esperarse- los representantes a la cámara y senadores del Norte de Santander, ninguno de los cuales corresponden al Pacto Histórico gubernamental. Constituyen el declarado “nuevo enemigo interno” que el compañero presidente Petro denuncia en la aplicación de la malhadada jungla legalista y leguleya de leyes, decretos y disposiciones normativas que entraban, cual palos atravesados en la noria de programas populares, las medidas de búsqueda de soluciones definitivas. Por ello esta al orden del día la movilización popular y de masas en consecución de las transformaciones fondo que requiere Colombia.
El Consejo Editorial y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA), Costa Rica, tienen el agrado de presentarle el más reciente número de la Revista Ambientico: El ordenamiento territorial y la viabilidad ambiental: ¿Se concilian con el nuevo reglamento?
Ambientico, es una revista de divulgación trimestral publicada desde la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Nació en 1992 como una publicación especializada en el análisis de la problemática ambiental costarricense. Si bien cada número tiene un tema central sobre el que escriben personas especialistas invitadas, en ellos se incluyen algunas veces otros temas, sustentados con información primaria y secundaria, y excepcionalmente ejercicios informados de opinión.
En esta edición se abordan temas como: Alcance de los instrumentos de planificación y gestión urbano-ambiental territorial en Costa Rica, Importancia de la variable ambiental para el ordenamiento del territorio costero en la Península de Nicoya, Guanacaste, Costa Rica, El requisito de la viabilidad ambiental en el desarrollo de la propuesta de un plan regulador, El ordenamiento del territorio como proceso complejo de la política pública en Costa Rica: El caso de la incorporación de la variable ambiental, entre otros.
