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Etiqueta: ordenamiento territorial

Organizaciones e instancias cuestionan proyecto que crea una “concesión especial” en la Zona Marítimo-Terrestre

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  • Advierten sobre riesgos para el carácter público de la ZMT y piden un diagnóstico antes de aprobar nuevas figuras de regularización

Organizaciones ambientales, comunitarias, académicas, personas defensoras de los territorios costeros y otras personas firmantes expresan su oposición al Expediente N.° 25.157, que propone crear una nueva figura denominada “concesión especial” para determinadas construcciones existentes en la zona restringida de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT).

El texto sustitutivo plantea esta figura para personas físicas o jurídicas que adquirieron fincas bajo la publicidad registral y cuyos títulos posteriormente fueron afectados por actos administrativos o anulados judicialmente por encontrarse sobre la zona restringida de la ZMT.

Las organizaciones y personas firmantes reconocen que debe existir una respuesta justa para quienes hayan sido afectados por errores, actuaciones estatales o situaciones de buena fe. Sin embargo, consideran que esa respuesta no debe comprometer el carácter público de la ZMT, la protección ambiental, la planificación territorial ni los derechos de la colectividad.

Uno de los principales cuestionamientos es que no se ha demostrado suficientemente la necesidad de crear una nueva figura jurídica. Antes de incorporar otra modalidad de concesión, consideran necesario realizar un diagnóstico que permita identificar las situaciones existentes, los instrumentos legales disponibles, sus limitaciones y los obstáculos administrativos o institucionales que han impedido resolver adecuadamente los casos. A su criterio, una nueva categoría podría generar duplicidades, conflictos normativos y mayor complejidad administrativa sin atender necesariamente las causas del problema.

El análisis también debe considerar que la ZMT constituye un bien de dominio público. La protección de quienes adquirieron propiedades bajo determinadas condiciones registrales debe ser considerada, pero también debe contemplarse el interés de la colectividad costarricense, actual y futura, sobre estos bienes.

Las organizaciones plantean que una solución para situaciones particulares no debería traducirse automáticamente en el reconocimiento de derechos privados sobre terrenos cuya condición de dominio público haya sido determinada mediante decisiones administrativas o judiciales.

Riesgos para el carácter público de la ZMT

Las organizaciones advierten además sobre los efectos que podría tener una concesión de larga duración y susceptible de prórroga. Señalan que una figura concebida para atender situaciones excepcionales podría terminar consolidando ocupaciones privadas durante períodos extensos, aun cuando los terrenos mantengan su condición de bienes de dominio público.

Por ello, consideran necesario analizar no solo quiénes podrían beneficiarse directamente de la reforma, sino también sus efectos sobre la capacidad futura del Estado para ordenar, proteger y administrar la ZMT.

El pronunciamiento también llama la atención sobre los casos en que los títulos de propiedad fueron anulados mediante resoluciones judiciales o actos administrativos. Las organizaciones reconocen la responsabilidad del Estado de establecer mecanismos de reparación cuando una persona haya sufrido las consecuencias de un error estatal, pero consideran necesario diferenciar entre reparar una situación y crear una nueva figura legal que pueda debilitar los efectos jurídicos de decisiones que determinaron el carácter público de determinados terrenos.

¿A quiénes beneficia la propuesta?

Otro aspecto señalado es que la población que podría beneficiarse directamente de la nueva figura no representa necesariamente a todas las personas que históricamente han habitado las costas.

Existen comunidades y pobladores históricos de la ZMT que nunca tuvieron un título de propiedad, debido a las características de su ocupación, a la falta de acceso a mecanismos de titulación u otras circunstancias jurídicas y sociales. Estas personas pueden enfrentar condiciones de vulnerabilidad y problemas de seguridad jurídica, pero no necesariamente están contempladas dentro de la solución propuesta.

Por ello, las organizaciones consideran necesario que cualquier reforma incorpore las distintas realidades sociales de las comunidades costeras y evite establecer soluciones diferenciadas que terminen beneficiando principalmente a quienes tuvieron acceso previo a un título registral.

También consideran necesario conocer cuántas personas podrían acogerse a la nueva figura, dónde se encuentran las propiedades, cuáles fueron las razones por las que sus títulos fueron afectados o anulados, qué tipo de construcciones existen y qué actividades se desarrollan actualmente en ellas, así como las condiciones ambientales de los sitios y las posibles implicaciones de la reforma para la planificación territorial y costera.

No todas las situaciones son iguales. Una vivienda familiar, una actividad turística, una construcción comercial o una infraestructura ubicada en un ecosistema ambientalmente sensible requieren análisis diferenciados.

Planificación territorial y protección ambiental

Las organizaciones consideran que la discusión sobre las construcciones existentes no puede separarse de la planificación territorial de las costas. La permanencia de construcciones y actividades en la ZMT debe analizarse en relación con los planes reguladores costeros, las condiciones ambientales de cada territorio y las capacidades institucionales para fiscalizar y ordenar los usos.

También plantean que cualquier nueva responsabilidad para las municipalidades debe estar acompañada de las capacidades técnicas, financieras y administrativas necesarias para ejercerla adecuadamente.

Un llamado a cambiar el rumbo del debate

Ante estas preocupaciones, las organizaciones, comunidades y personas firmantes solicitan que el debate legislativo sobre el Expediente N.° 25.157 se enfoque primero en conocer y diagnosticar las situaciones existentes, evaluar los instrumentos jurídicos actualmente disponibles y determinar cuáles son los obstáculos que han impedido su aplicación.

Por estas razones, expresan su oposición al Expediente N.° 25.157 en su formulación actual y solicitan que, en lugar de aprobar una nueva figura de regularización, se abra un proceso serio, transparente y participativo para construir soluciones diferenciadas que respeten los derechos de las personas, la protección ambiental, la planificación territorial y el carácter público de la Zona Marítimo-Terrestre.

“La seguridad jurídica no puede construirse sobre la inseguridad del patrimonio público”, señala el pronunciamiento.

El análisis del Expediente N.° 25.157 fue elaborado por Mauricio Álvarez Mora, docente de las Escuelas de Geografía y Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, coordinador del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes (ED-3526) y de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA. El documento toma como referencia el proyecto de ley y criterios de IDESPO/PIC, la Contraloría General de la República, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y el dictamen de minoría. Estos documentos plantean, desde distintas perspectivas, cuestionamientos sobre la necesidad, conveniencia y posibles efectos jurídicos de crear una nueva figura para atender esta problemática.

Firman

Organizaciones, colectivos y programas

Asociación Civil Pro Natura; Asociación Ecologista Desamparadeña, Ecologistas Urbanos y la Escuelita Ecológica; Asociación Proyectos Alternativos (PROAL) / FECON; Asociación Rescate de la Zona Marítima Terrestre (ARREZOMATE); Causa Sur; Colectivo Ecologista Liberiano; Costa Rica por el Océano; Covirena Cabo Blanco-Ario; Defensores de la Casa Común; Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON); Greenwolf; Mar y Comercio; Movimiento Ríos Vivos; Movimiento Salvemos la Loma Salitral; Programa Interdisciplinario Costero (PIC-UNA), proyecto ED-3526 Geografía y Diálogo de Saberes, Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica y Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA

Personas

Alejandro Augusto García Valerio; Ana Grouls; Andrea Arrieta; Andrés Schcolnik; Angélica Alvarado Barrantes; Carimel Gené Cruickshank; Catalina Carrillo Vargas; Damaris Rodríguez Lara; Dayana Rojas Venegas; Diana Avellán Troz; Eduardo Gardela Ramírez; Eugenia Delgado; Fátima Peraza Orellana; Frida Any Madrigal Jirón; Gabriela García Calderón; Jefferson Jiménez Gutiérrez; Jorge Enrique Corrales Alpízar; Jorge Leiva Alpízar; José Pablo Vega Arroyo; Juanita Castillo Jirón; Laura Carolina Garrigues Herrera; María C. Vanoli B.; María Camacho Soto; María José Hernández Johannesen; Marilyn Stephanie Valverde Salas; Martín Ortega; Natalia Zeledón Fontana; Óscar Beita Quesada; Osvaldo Durán-Castro; Patricia Sánchez Lurueña; Stefano Silvestri Colombini; Stephanie Rojas M.; Wilber Cortés Rodríguez; Wilma Eras de la O

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Conferencia en San Rafael de Heredia sobre la importancia de los planes reguladores para un ordenamiento territorial en armonía con el ambiente

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CONCEVERDE invita a la conferencia «Importancia de los planes reguladores para un ordenamiento territorial en armonía con el ambiente», que se realizará el miércoles 7 de octubre de 2026, a las 6:30 p. m., en la Casa del Pensionado de San Rafael de Heredia, frente al Estadio Yuba Paniagua (coordenadas: 10°00’40.3″N 84°06’07.7″W).

La conferencia estará a cargo de Jessica Martínez, experta en desarrollo urbano, exministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

La actividad se da en un momento clave para el cantón, ya que la Municipalidad de San Rafael de Heredia está elaborando el plan de ordenamiento territorial o plan regulador. Según CONCEVERDE, este instrumento definirá si el cantón será ordenado y respetará lo que aún queda de naturaleza, o si se llenará de cemento. Por eso considera importante que la comunidad conozca en qué consiste el instrumento y cómo puede incidir en la regulación que se aprobará.

El plan regulador es la herramienta que define dónde se puede construir, qué áreas deben protegerse y cómo se organiza el crecimiento de un cantón. Afecta directamente la vida cotidiana de sus habitantes: el acceso al agua, el tránsito, la seguridad, los espacios verdes e incluso el valor de las propiedades.

En la conferencia se abordará:

  • qué regula y qué protege este instrumento,
  • cómo influye en los barrios, las viviendas y el entorno,
  • por qué es fundamental que la comunidad participe en su elaboración.

«No se trata de tecnicismos lejanos: se trata de la calidad de vida», señala la organización, que invita a la población a asistir, escuchar y plantear sus preguntas. «Entender el plan regulador es entender cómo se construye el futuro del cantón».

Regular impactos, no prohibir actividades

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Jorge Mora Portuguez

Jorge Mora Portuguez
Regidor Municipal de Montes de Oca

Todas las ciudades enfrentan un desafío constante: cómo proteger el derecho de las personas al descanso y a la tranquilidad sin sacrificar el comercio, la cultura, el empleo y los espacios de recreación que también forman parte de una buena calidad de vida.

La discusión que ha generado en San José el nuevo reglamento de espectáculos públicos, que restringe la música en vivo, karaokes, bailes y otras actividades nocturnas nos invita a reflexionar sobre un tema más profundo que el contenido mismo de esa regulación:

¿Deben las municipalidades prohibir actividades, o regular los impactos que estas generan?

En mi opinión, las municipalidades deben prevenir, controlar y sancionar los impactos negativos, no prohibir de manera general actividades que forman parte de la vida normal de una ciudad.

Porque la música en vivo, los espectáculos artísticos, los restaurantes, los bares y los espacios de encuentro no tienen por qué ser un problema. Al contrario, forman parte de la identidad, la cultura y la vitalidad económica de nuestras ciudades. Son lugares donde las personas se encuentran, disfrutan, celebran, escuchan música, comparten con familiares y amigos y ejercen un derecho que pocas veces mencionamos: el derecho al esparcimiento, a la recreación y al disfrute de la ciudad.

Tampoco podemos olvidar que detrás de cada bar o restaurante hay músicos, cantantes, DJs, sonidistas, cocineros, saloneros, administradores, guardias de seguridad, personal de limpieza, proveedores, productores de eventos, transportistas y decenas de pequeños empresarios que encuentran en la economía nocturna una fuente legítima de trabajo.

Cuando la regulación se basa en prohibiciones generales, existe el riesgo de desplazar parte de estas actividades hacia la informalidad o la clandestinidad, sin mecanismos efectivos de fiscalización.

Existe además otro derecho que merece ser reconocido: el derecho de crear, interpretar y difundir una obra artística. Para muchos artistas, esos espacios son los escenarios donde pueden ejercer su profesión y vivir de su talento. Limitar indiscriminadamente esas actividades también significa limitar oportunidades para la cultura y el arte.

Por último, hay otro derecho fundamental, no menos importante; que también debe ser reconocido y protegido. El derecho de la población al descanso, a la tranquilidad y a disfrutar de la intimidad de sus hogares sin ruidos, sin molestias, sin basura, sin aglomeraciones o desorden. Ese derecho ha sido reconocido de manera reiterada por nuestra jurisprudencia constitucional y las municipalidades deben velar porque sea respetado.

Pero precisamente porque todos estos derechos son legítimos, el objetivo de una municipalidad no puede ser proteger uno eliminando otro. Su responsabilidad consiste en hacerlos compatibles. Ahí es donde considero que Montes de Oca tiene una gran oportunidad.

La actualización de nuestro Plan Regulador, actualmente en marcha, nos brinda la oportunidad de avanzar hacia una visión distinta del ordenamiento territorial. Un modelo que reconoce que no todas las actividades son apropiadas para todos los lugares del cantón. Algunas no deberían autorizarse por ser incompatibles con las características del lugar donde pretenden desarrollarse. Pero cuando una actividad sí es compatible, el esfuerzo debe concentrarse en prevenir y controlar los impactos que pueda generar.

Eso significa que, en barrios, urbanizaciones y áreas predominantemente residenciales, o en áreas de protección ambiental resulta razonable restringir actividades de alto impacto por ser incompatibles con la naturaleza de estos lugares. Pero también significa que en los corredores urbanos y comerciales la discusión debe ser diferente.

En esos sectores la pregunta no debería ser si existe música en vivo, un karaoke o una presentación artística. La pregunta debería ser si esa actividad se desarrolla respetando los derechos de quienes viven alrededor.

Si un establecimiento controla adecuadamente el ruido, invierte en aislamiento acústico, evita aglomeraciones, mantiene limpio su entorno, administra responsablemente su aforo, ¿por qué debería recibir el mismo trato que otro que ignora esas obligaciones?

El problema no es la actividad, sino los impactos negativos que esta pueda generar cuando no se regula.

Por eso la reglamentación debe concentrarse en aquello que realmente afecta la convivencia: el ruido excesivo, la ocupación descontrolada del espacio público, el bloqueo de cocheras, la basura, las aglomeraciones, o cualquier otra conducta que lesione los derechos de terceros. Para eso se necesitan reglas claras, una policía municipal fortalecida y equipada, así como sanciones efectivas para quienes incumplan.

Esa me parece una mejor ruta que recurrir a prohibiciones generales que terminan afectando por igual a quienes cumplen y a quienes no.

La discusión que hoy vive San José debería servirnos para impulsar un debate similar en Montes de Oca, pero con una visión diferente. No para decidir si queremos o no vida nocturna. Sino para preguntarnos cómo queremos que esa vida nocturna conviva con nuestros barrios, con nuestros comercios y con quienes viven en ellos.

Porque una buena ciudad no es la que obliga a escoger entre descanso o cultura, entre empleo o tranquilidad, entre actividad económica o calidad de vida. Una buena ciudad es aquella que entiende que todos esos derechos pueden y deben coexistir.

Ese es, a mi juicio, el reto que tenemos por delante: construir una regulación moderna que proteja a las comunidades, fortalezca la actividad económica, fortalezca la cultura, apoye a nuestros artistas y permita que la ciudad siga siendo un espacio para vivir, trabajar, crear… y también para disfrutar.

CGR ordena corregir debilidades en permisos de construcción en el Corredor Biológico Paso de la Danta y la Fila Costeña

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La Contraloría General de la República (CGR) emitió dos órdenes vinculantes dirigidas a instituciones públicas y gobiernos locales del Pacífico Sur, luego de una investigación sobre el otorgamiento de permisos de construcción en el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD) y la Fila Costeña, en el cantón de Osa. Las órdenes se producen en momentos en que organizaciones comunitarias y ecologistas han mantenido, desde hace años, procesos de defensa de este territorio, entre ellos la labor de la Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta frente a la presión del desarrollo inmobiliario sobre la Fila Costeña.

El CBPD tiene como propósito restablecer la conectividad de flora y fauna entre la península de Osa, la cuenca del Golfo Dulce y la cordillera de Talamanca, específicamente entre los ríos Savegre y Térraba. Conecta la Reserva Forestal Los Santos, el Parque Nacional Marino Ballena y el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, y su territorio abarca, total o parcialmente, los cantones de Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú.

Primera orden: debilidades estructurales en el otorgamiento de permisos

La primera orden, identificada como DFOE-SOS-ORD-00002-2026 y emitida el 21 de mayo de 2026, surgió de una investigación preliminar de la CGR motivada por una denuncia sobre presuntas irregularidades en permisos de construcción otorgados por la municipalidad de Osa en terrenos de alta fragilidad ambiental. El órgano contralor dirigió esta orden al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Dirección de Agua y las municipalidades de Buenos Aires, Dota, Osa, Pérez Zeledón, Quepos y Tarrazú.

La investigación encontró que ninguna de las seis municipalidades cuenta con un plan regulador que incluya la zonificación del CBPD. Dota y Tarrazú carecen por completo de plan regulador; Osa solo tiene uno vigente para el distrito de Cortés, con base en un reglamento de 1997; Pérez Zeledón lo tiene restringido a centros urbanos de dos de sus diez distritos; y aunque Buenos Aires y Quepos sí cuentan con planes reguladores vigentes, estos no abarcan la zonificación del corredor.

La CGR determinó, además, que las municipalidades desconocen de forma generalizada la delimitación exacta del CBPD dentro de sus territorios, pese a que esa información está disponible desde 2019 en el Sistema Nacional de Información Territorial. La municipalidad de Osa, por ejemplo, indicó a la Contraloría que no genera estudios científicos propios sobre fragilidad ambiental, hidrología o biodiversidad, y que carece de competencia y recursos para ello. También se estableció que la SETENA tramitó 259 expedientes de viabilidad ambiental para proyectos ubicados dentro del CBPD durante 2024 y 2025, procesos que fueron iniciados por los propios desarrolladores interesados y no por gestión municipal.

El órgano contralor concluyó que los seis gobiernos locales han visto debilitada su administración y planificación territorial, al otorgar permisos de construcción con base en revisión documental de requisitos, sin incorporar formalmente la variable ambiental que permita, ante duda razonable, consultar a SETENA, SINAC y la Dirección de Agua sobre la importancia ambiental o fragilidad de los sitios de los proyectos.

Como resultado, la CGR ordenó al SINAC remitir a las seis municipalidades la información necesaria para identificar sitios de importancia ambiental dentro del corredor, y actualizar el Plan de Gestión del CBPD —vencido desde 2023— en coordinación con esos gobiernos locales. A la Dirección de Agua le ordenó remitir información similar. A las seis municipalidades les ordenó integrar formalmente la variable ambiental en el trámite de permisos de construcción, definir un mecanismo de coordinación con SINAC, la Dirección de Agua y SETENA, y elaborar planes de capacitación para el personal técnico y administrativo a cargo de esos trámites. Los plazos de cumplimiento se extienden entre agosto de 2026 y noviembre de 2027, según cada punto de la orden.

Segunda orden: tres fincas con desarrollo constructivo sin permisos

La segunda orden, DFOE-SOS-ORD-00003-2026, fue emitida este 14 de julio de 2026 y se originó en una denuncia ciudadana recibida por la CGR el 9 de abril de 2026, referida a siete fincas ubicadas en la Fila Costeña dentro del CBPD, con matrículas 6-253319-000, 6-147654-000, 6-222042-000, 6-253886-000, 6-227164-F, 6-227166-F y 6-97434-000, señaladas por un posible cambio de uso de suelo en zonas de alta fragilidad ecológica, con importante cobertura boscosa y red hídrica.

Tras cruzar la información documental de la municipalidad de Osa, la SETENA y el SINAC con imágenes satelitales del Sistema Nacional de Información Territorial, la Contraloría concluyó que tres de las siete fincas —6-253319-000, 6-222042-000 y 6-253886-000— presentan un eventual desarrollo de movimientos de tierra, tala de árboles, apertura de accesos vehiculares y desarrollo constructivo, sin los permisos correspondientes de la municipalidad, SETENA y SINAC. Según la orden, esto vulnera el principio de legalidad, compromete los ecosistemas del corredor y eleva el riesgo de afectación sobre el recurso hídrico local, del cual no existen estudios hidrogeológicos actualizados frente a la presión inmobiliaria.

Para otras dos de las fincas denunciadas (6-147654-000 y 6-97434-000), la CGR indicó que se mantienen en trámite ante SETENA los procesos de evaluación de impacto ambiental, por lo que aún no existe una decisión sobre su viabilidad. En cuatro fincas (6-147654-000, 6-253886-000, 6-227164-F y 6-227166-F) se registran denuncias o procesos de investigación judicial en distintas instancias, incluida la Fiscalía de Osa.

Con base en estos hallazgos, la Contraloría ordenó a la directora ejecutiva del SINAC, Giovanna Valverde Stark, y al alcalde de Osa, Mainor Anchía Angulo, realizar una revisión integral de los hechos y actuaciones en las tres fincas con indicios de desarrollo sin permisos, que incluya análisis documental, técnico y verificaciones de campo, con el fin de determinar la eventual existencia de infracciones a la Ley Forestal, la normativa ambiental y las disposiciones constructivas. En caso de comprobarse incumplimientos, la orden establece que ambas autoridades deben gestionar oportunamente las medidas correctivas y sancionatorias correspondientes, así como interponer las acciones judiciales y administrativas procedentes. El plazo para acreditar el cumplimiento de esta disposición ante la CGR vence el 18 de setiembre de 2026.

Consecuencia de incumplimiento

Ambas órdenes recuerdan que su acatamiento es obligatorio y que, conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el incumplimiento injustificado, una vez agotados los plazos y reiteraciones correspondientes, se considera falta grave y puede dar lugar a la suspensión o destitución de la persona funcionaria responsable.

La IA redefine las prácticas del ordenamiento territorial

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El crecimiento urbano, la presión sobre los recursos naturales, los efectos del cambio climático y la necesidad de contar con información confiable para la toma de decisiones colocan el ordenamiento territorial entre los principales desafíos de Costa Rica. La Universidad Nacional (UNA) organiza el VIII Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Tecnologías de Información Geográfica (CIOTTIG 2026), un encuentro que reunirá a personas especialistas, investigadoras, estudiantes y profesionales de distintos países.

Promover el intercambio académico y técnico sobre los aportes de la inteligencia artificial y las tecnologías geoespaciales en la planificación, gestión y sostenibilidad del territorio, impulsando la cooperación internacional y la innovación interdisciplinaria.

La actividad adquiere relevancia en un momento en que la región enfrenta complejos fenómenos como inundaciones, deslizamientos, expansión urbana, conflictos por el uso del suelo y la necesidad de fortalecer la planificación frente a los efectos del cambio climático. En este escenario, el análisis territorial y las tecnologías de información geográfica aportan información para comprender mejor estos procesos y acompañar la toma de decisiones.

Como parte de la convocatoria, el comité organizador mantiene abierto el período para la presentación de ponencias hasta el 07 de agosto. La invitación está dirigida a personas investigadoras, profesionales, estudiantes y representantes de instituciones que desarrollen trabajos relacionados con el ordenamiento territorial y las tecnologías de información geográfica

El VIII CIOTTIG forma parte de una red internacional que desde 2010 promueve el intercambio académico sobre planificación territorial y geotecnologías en distintos países de América Latina, y en esta edición tendrá como sede la Universidad Nacional. El Programa para la Promoción de la Gestión y el Ordenamiento del Territorio, y el Programa en Ciencias de la Información Geográfica Aplicada, ambos de la Escuela de Ciencias Geográficas, son los principales organizadores.

Las personas interesadas en conocer los ejes temáticos, los requisitos para presentar ponencias y el cronograma del congreso pueden consultar el sitio web oficial del evento.

Más información: VIII Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Tecnologías de Información Geográfica (CIOTTIG 2026)

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Foro analizará ordenamiento territorial, planes reguladores y participación comunitaria

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La Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital invitan al foro en vivo «Ordenamiento territorial, planes reguladores y participación comunitaria», un espacio de análisis y diálogo sobre los desafíos que enfrentan las comunidades en torno a la planificación del territorio, la gestión del desarrollo y la participación ciudadana en los procesos de ordenamiento territorial.

La actividad se realizará el jueves 16 de julio, a las 6:00 p.m., y será transmitida mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

El foro reunirá a especialistas y personas vinculadas directamente con procesos de investigación y organización comunitaria relacionados con el desarrollo territorial.

Participará Leonardo Merino Trejos, investigador del Programa Estado de la Nación, quien aportará elementos de análisis sobre los procesos de planificación territorial desde la investigación nacional.

También intervendrá Andrea Mora Villegas, del Movimiento Cahuita Unida, organización comunitaria que ha impulsado diversas acciones relacionadas con la defensa del territorio y la participación ciudadana.

El panel contará además con la participación de Marino Marozzi Rojas, doctor en Economía Aplicada, experto en Economía Territorial, quien ofrecerá una perspectiva especializada sobre el desarrollo económico y la planificación territorial.

Completa el panel Javier Sánchez Valverde, presidente de la Asociación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE), organización que ha desarrollado una amplia labor en la protección del patrimonio natural y el ordenamiento territorial basado en la participación comunitaria.

El foro propone generar un espacio de intercambio sobre la importancia de los planes reguladores, el ordenamiento del territorio y la participación activa de las comunidades en la definición de las políticas que inciden sobre el uso del suelo, la conservación ambiental y el desarrollo local.

La actividad es abierta al público y podrá seguirse en directo a través de la transmisión por Facebook Live de SURCOS Digital.

Comunidades de Osa logran que la Contraloría ordene protección ambiental en permisos de construcción

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Comisión Alianza Comunal*

  • Estudio sobre permisos de construcción en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta

  • La Contraloría confirma graves debilidades institucionales en la protección ambiental y el ordenamiento territorial

La Contraloría General de la República (CGR) emitió la orden n.° DFOE-SOS-ORD-00002-2026, tras una investigación preliminar sobre permisos de construcción otorgados en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD). La investigación surge a partir del proceso de incidencia ciudadana conducido por nuestra Comisión, el cual fue apoyado y gestionado a través de la denuncia presentada, el 30 de setiembre de 2025 por el exdiputado Ariel Robles, ante presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de construcción en terrenos con mucha fragilidad ambiental dentro del cantón de Osa.

El estudio fue desarrollado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, cuyos resultados fueron notificados el 21 de mayo de 2026. Como resultado, el órgano contralor emitió órdenes vinculantes dirigidas a seis municipalidades: Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú, así como al SINAC y la Dirección de Aguas del MINAE.

La Contraloría concluye que estas municipalidades han venido otorgando permisos de construcción basándose únicamente en la revisión documental de requisitos, sin incorporar formalmente la variable ambiental ni mecanismos preventivos de consulta técnica con instituciones como SETENA, SINAC o Dirección de Aguas. Esto ocurre incluso dentro de territorios estratégicos para la conectividad ecológica y la conservación de ecosistemas.

Según el informe: “Los gobiernos locales de Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú han visto debilitada su correcta administración y planificación territorial, por cuanto otorgan permisos de construcción sin incorporar formalmente la variable ambiental (…) comprometiéndose así el desarrollo sostenible del cantón y el equilibrio entre expansión urbana, protección ambiental y bienestar de la población”.

La CGR también señala la ausencia de planes reguladores integrales, la falta de controles mediante coordenadas geográficas, la inexistencia de zonificaciones ambientales y la débil coordinación interinstitucional para la tutela del ambiente.

Un precedente histórico para el Corredor Biológico Paso de la Danta

La importancia de este proceso trasciende el cantón de Osa. El Corredor Biológico Paso de la Danta atraviesa parcial o totalmente seis cantones: Osa, Quepos, Pérez Zeledón, Dota, Tarrazú y Buenos Aires.

La Contraloría reconoce oficialmente que el Plan de Gestión del Corredor Biológico Paso de la Danta constituye un instrumento relevante de gestión territorial y protección ambiental, el cual había sido ignorado o minimizado en los procesos municipales de permisos de construcción.

El informe además señala los Elementos Focales de Manejo (EFM) identificados, que pueden integrar Áreas Ambientalmente Frágiles (AAF), fundamentales para la conectividad ecológica entre la Cordillera de Talamanca, el Humedal Térraba-Sierpe y el Parque Nacional Marino Ballena, incluyendo: grandes parches de bosque tropical; rutas de conectividad para grandes mamíferos; cuencas hidrográficas que impactan arrecifes y ecosistemas marino-costeros y corredores costeros vinculados con sitios de anidación de tortugas marinas.

La conclusión es contundente: las áreas ambientalmente frágiles y sitios de importancia ambiental del CBPD sí deben ser consideradas de manera vinculante en los permisos de construcción.

Este proceso también representa una experiencia pionera de articulación entre organización comunitaria, investigación ciudadana y fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa, que permitió escalar una denuncia territorial hacia la Contraloría General de la República. Se trata de una vía poco utilizada históricamente por las comunidades en conflictos socioambientales relacionados con omisiones municipales y ordenamiento territorial. La experiencia abre un camino importante para otros territorios del país, demostrando que las comunidades organizadas pueden activar mecanismos institucionales de fiscalización del Estado cuando existen vacíos regulatorios, falta de controles ambientales o decisiones municipales que comprometen ecosistemas y bienes comunes. En ese sentido, este caso podría sentar un precedente importante para futuras luchas ambientales y territoriales en Costa Rica.

Órdenes obligatorias y cambios institucionales

La Contraloría ordenó medidas correctivas obligatorias para municipalidades, SINAC y Dirección de Aguas.

Entre las medidas ordenadas por la Contraloría destacan la incorporación formal de la variable ambiental en los procesos de otorgamiento de permisos de construcción, la creación de mecanismos obligatorios de coordinación entre las municipalidades, el SINAC, SETENA y la Dirección de Aguas, así como la actualización del Plan de Gestión del Corredor Biológico Paso de la Danta. Además, se establece la necesidad de delimitar sitios de importancia ambiental y áreas ambientalmente frágiles, fortalecer los sistemas de información y control territorial e implementar procesos de capacitación ambiental para el personal técnico y administrativo de los gobiernos locales.

El incumplimiento de estas órdenes puede constituir falta grave y derivar en sanciones administrativas.

Una lucha comunitaria sostenida durante años

Como Comisión Alianza Comunal (CAC), adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta, queremos compartir con las comunidades que este proceso no surgió de la nada.

Durante años hemos impulsado procesos de educación popular, investigación-acción y participación ciudadana para documentar y visibilizar los impactos del modelo constructivo intensivo y del turismo inmobiliario desregulado sobre la Fila Costeña.

Hemos investigado afectaciones sobre fuentes de agua, bosques, biodiversidad y ecosistemas vinculados al Parque Nacional Marino Ballena. También tuvimos que recurrir a recursos legales para acceder a información pública sobre permisos de construcción y evidenciar las debilidades institucionales en el ordenamiento territorial.

Todo este trabajo colectivo permitió construir acuerdos comunales y elevar las denuncias hasta instancias nacionales.

Hoy, el informe de la Contraloría confirma oficialmente muchas de las preocupaciones y denuncias que las comunidades venimos señalando desde hace años.

Volvamos a encontrarnos

Queremos contarles a nuestras vecinas y vecinos que, durante este tiempo en que no nos hemos encontrado en el espacio del Festival del Día Mundial del Océano, la defensa de la Fila Costeña no se ha detenido.

Al contrario: se ha abierto un precedente histórico que podría transformar la manera en que se gestionan los permisos de construcción y la protección ambiental no solo en Osa, sino en todos los territorios del Corredor Biológico Paso de la Danta.

Por eso queremos volver a encontrarnos este próximo domingo 7 de junio en el Festival del Día Mundial del Océano, en El Mercado de Bahía Ballena.

Queremos compartir los avances, los desafíos, las tensiones y las esperanzas de este proceso colectivo que lleva muchos años caminándose y que también se ha sostenido gracias a ustedes: con su presencia, sus firmas, sus conversaciones, su apoyo y su compromiso con la defensa del territorio.

La Fila Costeña sigue siendo una primera línea de protección del Parque Nacional Marino Ballena. Un territorio clave para el agua, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades de toda la región.

Pero también se ha convertido en un laboratorio vivo de organización comunitaria y defensa territorial cuyos aprendizajes podrían servir de ejemplo para muchas otras comunidades, corredores biológicos y territorios del país.

Informe: https://drive.google.com/file/d/1XTcwTK7KmRndxe2w8SanqGwaC6ocayqW/view?usp=sharing

*Adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta

Más de 40 organizaciones advierten: Crucitas revela una crisis estructural en la gobernanza ambiental de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), integrado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, advierte que la situación en Crucitas no puede entenderse como un problema aislado ni como una simple consecuencia de la minería ilegal. Por el contrario, constituye la expresión visible de una crisis estructural en la gobernanza ambiental, la capacidad institucional y el modelo de desarrollo del país.

En su acuerdo 2026-015 y con base en análisis recientes, incluyendo hallazgos del Programa Estado de la Nación, el PCA señala que lo que hoy ocurre en Crucitas es el resultado de décadas de debilitamiento institucional, regresión normativa y decisiones políticas que han erosionado la capacidad del Estado para proteger el ambiente y ordenar el territorio.

La crisis actual refleja una convergencia de factores críticos: reducción de capacidades técnicas, presiones sobre los recursos naturales, cambios en las prioridades de política pública y un discurso que reabre la puerta a actividades extractivas incompatibles con la trayectoria ambiental del país.

Un debilitamiento progresivo de la institucionalidad ambiental

El PCA alerta que Costa Rica ha experimentado en los últimos años una preocupante pérdida de capacidad en su gestión ambiental. Recortes presupuestarios, disminución de personal técnico especializado y crecientes interferencias políticas han limitado la acción del Estado en la protección de ecosistemas y el cumplimiento de la normativa vigente.

A esto se suma una flexibilización de salvaguardas ambientales que genera señales contradictorias y debilita principios fundamentales como la prevención y la precaución.

Un modelo de desarrollo que incrementa la presión ecológica

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, Crucitas ocurre en un contexto donde el país enfrenta una presión ambiental creciente derivada de patrones de desarrollo insostenibles.

Entre estos destacan la mayor dependencia de combustibles fósiles, el aumento de emisiones, la presión sobre los recursos hídricos y la expansión de modelos productivos que comprometen el equilibrio ecológico. Estas tendencias han llevado a Costa Rica a una condición de déficit ecológico, donde el consumo de recursos supera su capacidad de regeneración.

Desorden territorial y aumento de la conflictividad

El caso de Crucitas también evidencia fallas profundas en la gestión del territorio. La ausencia de planificación efectiva, la debilidad en el control institucional y la falta de coherencia en las políticas públicas han generado condiciones propicias para la proliferación de actividades ilegales y la degradación ambiental.

El aumento sostenido de conflictos socioambientales en el país —muchos de ellos dirigidos hacia instituciones públicas— refleja una creciente desconfianza ciudadana y una crisis en la gobernanza territorial.

Crucitas como síntoma de una crisis estructural

El PCA enfatiza que Crucitas no es una anomalía, sino el resultado de: un debilitamiento institucional sostenido, políticas públicas contradictorias, falta de ordenamiento territorial efectivo y tensiones no resueltas entre el modelo económico y la sostenibilidad ambiental.

En este contexto, insistir en soluciones extractivistas como la minería metálica a cielo abierto no solo es técnicamente injustificado, sino que profundiza las causas del problema en lugar de resolverlas.

Un llamado a una respuesta estructural, no superficial

El Parlamento Cívico Ambiental compuesto por 40 organizaciones, sostiene que atender la situación en Crucitas exige mucho más que medidas de control o enfoques de seguridad. Requiere una respuesta estructural basada en ciencia, institucionalidad sólida y visión de largo plazo.

Entre las prioridades fundamentales se destacan: el fortalecimiento real de las instituciones ambientales, la recuperación de la autonomía técnica en la toma de decisiones, la inversión en ordenamiento territorial y participación comunitaria y la transición hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.

Es importante destacar que Costa Rica enfrenta una decisión de fondo: corregir el rumbo y fortalecer su legado ambiental, o continuar debilitando las bases que lo han sostenido históricamente. Crucitas no es solo un conflicto local. Es una señal de alerta país. La forma en que se responda a esta crisis definirá no solo el futuro de un territorio, sino la coherencia ambiental de toda la nación, según señala Bermardo Aguila, presidente del Parlamento Cívico Ambiental.

Puede descargar el manifiesto desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-015-Manifiesto-Crucitas-sintoma-de-crisis.pdf

Erosión del Caribe es menor donde hay vegetación

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Los recientes eventos de oleaje extremo registrados en el Caribe costarricense provocaron un retiro significativo de arena en varias playas y afectaciones a la infraestructura próxima al mar. El estudio también revela que el impacto fue menor en las áreas cubiertas de vegetación.

Entre los sitios más impactados destacan la carretera de acceso a Puerto Viejo (Playa Negra) y el equipamiento turístico en Manzanillo. Sin embargo, Gustavo Barrantes, investigador de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), confirmó que la erosión no afectó a toda la costa por igual, tras una gira de monitoreo que realizó del 10 al 12 de febrero.

Los sectores con mayor erosión incluyen Moín, Playa Negra de Puerto Viejo, Punta Uva y Manzanillo, donde se registró caída de vegetación, retroceso de la línea de costa, formación de escarpes (gradas) que superan el metro de altura y reducción de las playas.

En Moín se identificaron escarpes entre 10 y 70 centímetros, mientras que en zonas más impactadas alcanzan cerca de metro y medio. La entrada al Parque Nacional Cahuita y su punta presentan afectación significativa, con pérdida de senderos y acumulación de troncos que dificultan el acceso.

Pero también se evidenció que la vegetación costera reduce la erosión. “Donde no hay cobertura natural, la erosión fue más extendida”, explicó Barrantes.

El investigador comentó que los oleajes severos están asociados con vientos intensos que traen los frentes fríos y recordó que este problema forma parte de una historia de erosión que se intensifica desde 2015.

La UNA estudia estos procesos a través del Programa de Geomorfología Ambiental de la Escuela de Ciencias Geográficas, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), mediante el Sistema Nacional de Monitoreo de Erosión Costera (SINAMEC), en el que participan también José Francisco Valverde, de la Escuela de Topografía Catastro y Geodesia y Daniela Campos. Esta iniciativa recopila datos sobre el comportamiento de las playas, identifica zonas vulnerables y orienta la toma de decisiones.

Según los registros, el oleaje severo no solo provoca pérdidas temporales de arena, sino que genera cambios permanentes en la línea de costa. Barrantes lo ilustró con el oleaje de 2020, cuando varias playas se recuperaron parcialmente con el paso de los años, aunque la costa retrocedió, acercó viviendas e infraestructura al mar y con ello su nivel de exposición.

Las investigaciones coinciden en que la erosión será cada vez más frecuente como resultado del aumento del nivel del mar, la variabilidad climática, y el uso inadecuado del suelo en zonas costeras. “La Municipalidad de Talamanca trabaja en su plan de ordenamiento territorial, esta es una oportunidad para incorporar, en la planificación del uso del suelo, la amenaza que representa la erosión costera y los oleajes severos en la costa, especialmente para proteger la actividad turística, una de las principales fuentes de ingresos de la comunidad”, finalizó Barrantes.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Comunicación pública sobre el calentamiento global antropogénico puede distorsionar prioridades ante desastres

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

“Calentamiento global antropogénico y comunicación social: El esfuerzo de Costa Rica para ser ‘modelo y líder mundial’” es el título de la presentación elaborada por Sergio Mora Castro y Gerardo J. Soto, en la que proponen diferenciar con mayor claridad el calentamiento global antropogénico (CGA), el cambio climático y la variabilidad climática (VC), especialmente cuando se discuten desastres, gestión del riesgo y políticas públicas.

La ponencia, convocada por el CGCR (Colegio de Geólogos de Costa Rica) y el Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente (COCIGA), sostiene que parte del debate público tiende a explicar los desastres como consecuencia directa del CGA, cuando —según el enfoque desarrollado por los autores— el daño social y material suele estar determinado en gran medida por la vulnerabilidad y la forma en que se gestiona el riesgo en territorios expuestos.

En dos afirmaciones que los autores presentan como eje de crítica comunicacional, señalan que figuras mediáticas, funcionarios internacionales, políticos y activistas atribuyen al CGA desastres que estarían vinculados principalmente a la vulnerabilidad frente a la variabilidad climática; y agregan que muchas de esas intervenciones —a su juicio— carecen de criterios rigurosos, lo que confunde a la opinión pública e incide en decisiones y prioridades.

A partir de la segunda mitad del documento, Mora y Soto profundizan en cómo se construyen los mensajes sobre clima y riesgo en el espacio público. Plantean que existe una cadena de transferencia de información —desde ciencia especializada hasta cobertura mediática— donde pueden aparecer filtros, simplificaciones y sesgos, lo cual afecta la comprensión social de los problemas y puede derivar en políticas desconectadas de las necesidades más urgentes de gestión del riesgo.

El texto también cuestiona la forma en que ciertos espacios internacionales de negociación climática concentran atención y recursos, pero sin integrar suficientemente la gestión del riesgo y otras prioridades del desarrollo. Desde esta perspectiva, los autores advierten que el debate climático puede volverse un terreno de retórica, espectacularización o polarización (entre alarmismo y negacionismo), en vez de promover decisiones informadas y verificables.

Finalmente, la presentación cierra con un conjunto de conclusiones y recomendaciones que insisten en mejorar la comunicación social del riesgo, evitar explicaciones simplificadas de los desastres y fortalecer enfoques integrados que articulen ciencia, planificación territorial, inversión pública y reducción real de vulnerabilidades.