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Etiqueta: organizaciones sociales

Organizaciones solicitan audiencia urgente en la Asamblea Legislativa y rechazan reforma a la Ley de Zona Marítimo Terrestre

Organizaciones costeras, de mujeres y en defensa de la Zona Marítimo Terrestre solicitaron formalmente una audiencia ante la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de expresar su rechazo al proyecto de ley “Reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre” (Expediente N.º 22.553).

La solicitud fue dirigida al presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, así como a distintas jefaturas de fracción, en un contexto de creciente preocupación por el avance acelerado de esta iniciativa en el Congreso.

La semana pasada más de ochenta organizaciones sociales, ambientales, académicas y comunitarias, junto con más de doscientas personas firmantes, advierten que la reforma podría generar impactos profundos en las comunidades costeras y en ecosistemas estratégicos del país. Entre las principales preocupaciones se señalan posibles procesos de privatización del litoral, el debilitamiento de la protección ambiental, particularmente en humedales y manglares, y el riesgo de desplazamiento de comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios, incluyendo poblaciones afrodescendientes, indígenas y personas dedicadas a la pesca artesanal.

Asimismo, se alerta que el proyecto introduce condiciones administrativas, técnicas y económicas que resultarían difíciles de cumplir para las comunidades locales, lo que podría favorecer la concentración de concesiones en manos de actores con mayor capacidad económica, mediante mecanismos como la subasta.

Las organizaciones también recuerdan que este expediente ya había sido cuestionado y detenido en el año 2021 por razones jurídicas, sociales y ambientales, y que su reactivación en 2025 ha ocurrido sin un proceso amplio de consulta y participación con las comunidades afectadas.

Adicionalmente, informes técnicos han señalado posibles roces de constitucionalidad en varios artículos del proyecto, lo que incrementa la preocupación sobre su viabilidad legal y sus efectos sobre el régimen de protección de la zona marítimo terrestre.

En este contexto, las organizaciones firmantes reiteran la necesidad de abrir un proceso de diálogo amplio, transparente y participativo, que incluya a comunidades costeras, organizaciones sociales y sectores académicos, antes de avanzar con una reforma de esta magnitud.

Como parte de este proceso de articulación, el pasado 18 de marzo se realizó un espacio virtual informativo, con la participación de la politóloga y asesora legislativa Jessica Ramírez, y la abogada especialista en derecho ambiental y derechos humanos Sofía Barquero. La actividad fue organizada por el Proyecto de Geografía y Diálogo de Saberes de la Universidad de Costa Rica, la Red de Mujeres Costeras y Rurales, el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional.

Las organizaciones hacen un llamado a las diputaciones a atender esta solicitud de audiencia y a valorar la necesidad de detener el avance del expediente 22.553, en resguardo del carácter público de las playas, la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

Después de las elecciones en Costa Rica: ¿ganó el ser humano?

Por José Rafael Quesada Jiménez

Las elecciones nacionales del pasado 1 de febrero ya son historia inmediata. Las urnas se cerraron, los votos se contaron y las mayorías se expresaron conforme a las reglas de nuestra democracia. Ese es un hecho relevante y valioso. Costa Rica sigue siendo una sociedad que confía en el mecanismo electoral para dirimir sus diferencias políticas.

Sin embargo, una vez pasado el momento electoral, surge una pregunta más profunda que no siempre nos atrevemos a formular con claridad: ¿ganó el ser humano?

No se trata solamente de saber qué partido obtuvo más votos o qué tendencia política logró imponerse. La pregunta verdaderamente importante es si el resultado de nuestras dinámicas políticas y de nuestra institucionalidad está efectivamente orientado a mejorar la vida concreta de las personas.

Porque la democracia formal puede funcionar —y en Costa Rica funciona—, pero eso no significa necesariamente que la democracia esté plenamente al servicio del ser humano.

Democracia formal y democracia real

Nuestra democracia posee los elementos clásicos que la definen: elecciones periódicas, alternancia en el poder, separación de poderes y legalidad institucional. Estos mecanismos son indispensables. Son conquistas históricas de las sociedades modernas y debemos defenderlos.

Pero el funcionamiento de esos mecanismos no garantiza, por sí mismo, que las decisiones públicas respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

Aquí aparece una distinción fundamental: la diferencia entre democracia formal y democracia real.

La democracia formal se expresa en procedimientos: votar, elegir representantes, aprobar leyes y administrar instituciones.

La democracia real se mide en resultados humanos: si las personas viven mejor, si las instituciones escuchan el sufrimiento social y si las decisiones públicas generan bienestar y sentido de futuro.

Desde el Humanismo Universalista, inspirado en el pensamiento de Mario Rodríguez Cobos (Silo), se plantea un principio fundamental: “Nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro”.[1]

Este principio coloca a la persona humana como valor central de toda organización social. Ni el Estado, ni el mercado, ni los partidos políticos deberían situarse por encima de la dignidad humana.

Todas las estructuras sociales deben existir para servir al ser humano. Cuando ocurre lo contrario, cuando las instituciones empiezan a servirse a sí mismas comienza una crisis moral del sistema.

Y esa sensación es precisamente la que hoy recorre amplios sectores de nuestra sociedad.

El malestar ciudadano

En los últimos años hemos visto crecer una sensación persistente de malestar social.

No es un rechazo a la democracia. El pueblo costarricense sigue creyendo en ella. Lo que está en discusión es la eficacia humana del sistema político.

Muchas personas perciben que los partidos políticos se han alejado de la vida cotidiana de la ciudadanía. Existe desconfianza hacia las élites políticas, se habla de privilegios, de burocracias pesadas y de trámites interminables.

En las zonas rurales se percibe abandono. En las ciudades se experimenta una creciente sensación de inseguridad. Los servicios públicos muchas veces se vuelven lentos o insuficientes frente a problemas sociales complejos.

Los jóvenes miran el futuro con incertidumbre. Las oportunidades reales parecen cada vez más escasas. A esto se suma una creciente crisis psicosocial: ansiedad, estrés y sensación de desorientación colectiva.

En este contexto conviene recordar otra advertencia del humanismo de Silo: “La crisis del mundo actual no es solamente económica o política; es, ante todo, una crisis del ser humano”.[2]

Comprender esto permite mirar la situación con mayor profundidad. Porque la raíz del problema no es solamente institucional o administrativa. Es profundamente humana.

La ciudadanía no está en contra de la democracia. Está en contra de una democracia que no le resuelve la vida.

Lo que realmente pide la gente

Cuando uno escucha con atención a las comunidades, a las organizaciones sociales, al mundo cooperativo, a las asociaciones de desarrollo, a los trabajadores y a los pequeños empresarios, aparecen demandas muy claras.

La ciudadanía no está pidiendo milagros. Está pidiendo coherencia.

Entre las demandas más repetidas aparecen temas estructurales:

  • Un Estado más eficiente que resuelva problemas y no los multiplique.
  • Menos burocracia y más soluciones concretas.
  • Transparencia y rendición de cuentas.
  • Seguridad ciudadana con enfoque humano, pero con firmeza en prevención y en sanción.
  • Reforma educativa profunda, humanizada y con adaptación creciente a los cambios.
  • Atención al sistema de salud, humanizado y puesta al servicio de las personas no de empresas ni de organizaciones gremiales.
  • Atención a la salud mental y al deterioro psicosocial.
  • Oportunidades económicas reales para los jóvenes.
  • Descentralización efectiva y eficaz para las regiones del país.
  • Acción efectiva sobre el Cambio y Crisis Climática y que proteja la vida de las personas.

En el fondo, lo que se pide es que el poder político recuerde una verdad elemental: su función es servir.

Cuando la política pierde el sentido humano se convierte en una administración fría de estructuras. Y cuando esa administración fría domina la vida pública, la gente comienza a sentirse sola frente al sistema.

Un mensaje para quienes gobiernan y para quienes se oponen

Después de las elecciones conviene decirlo con serenidad, pero con claridad.

A quienes gobiernan: construyan reales esperanzas para la gente, el voto ciudadano no es un cheque en blanco. La mayoría electoral no legitima la insensibilidad ni autoriza a gobernar desde la polarización permanente.

A la oposición también le corresponde una tarea mayor. Criticar no es suficiente. El país necesita proyectos, no solamente resistencia.

La ciudadanía está cansada de la pelea ideológica vacía. Lo que el país necesita son soluciones estructurales.

La mirada humanista

Desde una perspectiva humanista el desafío de nuestra época no es simplemente cambiar gobiernos. El desafío es reorientar las estructuras sociales hacia el ser humano.

Esto implica instituciones centradas en la persona, participación ciudadana real, tecnología al servicio de la gestión pública, cultura activa de no violencia y recuperación del sentido comunitario.

Como señalaba Silo: “Humanizar la Tierra significa poner al ser humano como valor y preocupación central”.[3] Costa Rica ha demostrado en su historia que puede construir instituciones con sentido humano. La abolición del ejército, la seguridad social y el desarrollo cooperativo son ejemplos de una cultura política que alguna vez colocó al ser humano en el centro.

Hoy ese espíritu necesita ser actualizado para el siglo XXI.

Una crisis de sentido

Tal vez la crisis que vivimos no sea únicamente política. Tal vez sea una crisis de sentido.

Cuando una sociedad pierde su horizonte humano, cualquier modelo institucional comienza a fallar. La política se vuelve técnica, la economía se vuelve fría y las instituciones se vuelven burocráticas.

Por eso el desafío no corresponde únicamente a los gobiernos. Corresponde también a la ciudadanía, a las comunidades, a las organizaciones sociales y a quienes creemos que la política debe volver a su propósito original: servir al ser humano.

Las elecciones ya pasaron. Pero la historia continúa. Y la historia de un país no la escriben únicamente los gobiernos. La escribimos todos.

La democracia no termina en la urna. Comienza ahí.

[1] Silo. (1988). Humanizar la tierra. Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta.

[2] Silo. (1992). Crisis de civilización y Humanismo [Conferencia]. Moscú. (Posteriormente publicada en el libro Habla Silo).

[3] Silo. (1992). Crisis de civilización y Humanismo [Conferencia]. Moscú. (Posteriormente publicada en el libro Habla Silo).

Organizaciones sociales convocan a concentración en defensa de la democracia y al voto masivo

Diversas organizaciones sociales convocan a una concentración en defensa de la democracia, con el llamado explícito a participar activamente en el proceso electoral y a ejercer el derecho al voto de manera masiva.

La actividad se realizará el jueves 29 de enero, a las 11:00 a.m., en el Parque Nacional, en San José, bajo la consigna “¡Salgamos a votar!”. La convocatoria invita a las personas asistentes a llevar chonete, vestirse de blanco y portar banderas de Costa Rica, como símbolo de unidad y defensa del sistema democrático.

El llamado subraya la importancia de unirse como país para defender la democracia y promover la participación electoral de cara a las elecciones del 1.º de febrero, destacando el voto como una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la vida democrática.

La concentración es convocada por las siguientes organizaciones, cuyos logos aparecen en la imagen:

  • Mujeres en Lucha Social

  • MANA

  • Rescate Nacional

  • ISFODE

  • y otras agrupaciones de la lucha social

Las organizaciones convocantes hacen un llamado amplio a la ciudadanía a sumarse a esta acción colectiva en defensa de la democracia y del ejercicio responsable del voto.

Plataforma de Lucha contra el TLC con Israel promueve acciones

Diversas organizaciones sociales anunciaron la realización de una conferencia de prensa el lunes 15 de diciembre a las 6:00 p.m. en la Sala de Conferencias de la Asamblea Legislativa, con el fin de exponer públicamente su oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica e Israel, firmado por el Gobierno el pasado 8 de diciembre.

Según la convocatoria emitida por la Red de Solidaridad con Palestina CR, el acuerdo comercial se firma en un contexto internacional marcado por graves señalamientos contra el Estado de Israel. El comunicado recuerda que este país enfrenta acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, así como una orden de captura contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.

Las organizaciones señalan además que el anuncio gubernamental de instalar en Jerusalén una oficina de innovación tecnológica con “estatus diplomático” contradice la política internacional histórica de Costa Rica, que trasladó su embajada a Tel Aviv en respeto a las resoluciones de Naciones Unidas sobre el estatus especial de Jerusalén. Citan particularmente la Resolución ES-10/L.22 (2017) y la Resolución 181, que consideran a Jerusalén una ciudad con régimen internacional (corpus separatum).

En ese sentido, sostienen que abrir una oficina diplomática en Jerusalén equivaldría, en los hechos, a un movimiento no reconocido internacionalmente, y una acción que podría deteriorar las relaciones con países árabes y musulmanes.

Durante la conferencia se presentarán las acciones políticas, sociales y parlamentarias que distintas organizaciones y diputaciones impulsarán para evitar la aprobación y ratificación del TLC en la Asamblea Legislativa. También se dará a conocer un documento dirigido a los candidatos presidenciales, solicitándoles asumir públicamente un compromiso de rechazo al tratado.

La Red de Solidaridad con Palestina CR y la Plataforma de Lucha contra el TLC con Israel reiteran su llamado a asistir a la actividad y a mantenerse informadas las personas y organizaciones interesadas en el análisis crítico del proceso de aprobación del acuerdo comercial.

Movimiento de Personas con Discapacidad exige al presidente respeto y el fin del uso peyorativo y capacitista del lenguaje

El Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento público en el que denuncia el patrón reiterado de amenazas retóricas y lenguaje ofensivo utilizado por el presidente de la República en contra de sectores críticos de su gestión. La declaración surge tras las expresiones del mandatario del 1 de diciembre de 2025, cuando se refirió a personas ciudadanas como “sordos”, “ciegos” pero no “mudos”, en un contexto confrontativo que —según el Movimiento— busca la polarización y reproduce prejuicios históricos.

El pronunciamiento señala que utilizar la discapacidad como insulto o metáfora para descalificar la crítica política constituye una forma de discriminación, viola derechos fundamentales y contraviene la normativa nacional e internacional que protege la dignidad de las personas con discapacidad.


La discapacidad no es un insulto: un llamado urgente al respeto y al lenguaje inclusivo

El Movimiento recuerda que:

  • La discapacidad no puede ser usada como un insulto, una burla ni un recurso retórico para desacreditar la disidencia.

  • Es una condición de vida que forma parte de la diversidad humana y debe ser tratada con dignidad por las autoridades públicas.

  • En una democracia, la función de la Presidencia no es desgraciar ni ridiculizar a sectores que expresan críticas legítimas, sino garantizar derechos, proteger a todas las personas y sostener un debate público respetuoso.

El documento advierte que la normalización del lenguaje capacitista erosiona el debate democrático, profundiza la discriminación y deteriora el Estado de derecho.


Obligación reforzada del Estado y de quien ejerce la Presidencia

El pronunciamiento subraya que Costa Rica cuenta con un marco jurídico claro:

  • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661).

  • Ley 7600 sobre igualdad de oportunidades.

Estas normas obligan al Estado —y en especial a la Presidencia, por su papel de liderazgo público— a combatir estereotipos, evitar prácticas discriminatorias y promover un discurso inclusivo.


Exigencias del Movimiento de Personas con Discapacidad

Con base en lo anterior, las organizaciones firmantes solicitan:

  1. Un compromiso institucional del Poder Ejecutivo para erradicar el lenguaje capacitista en toda comunicación oficial.

  2. Articulación inmediata con el CONAPDIS y la sociedad civil para recibir capacitación sobre discapacidad, igualdad y lenguaje inclusivo.

Además, consideran indispensable que la prensa costarricense cumpla su rol democrático y cuestione abiertamente el uso de expresiones discriminatorias provenientes del Ejecutivo.

El Movimiento concluye que “la dignidad de las personas con discapacidad no puede ser instrumentalizada ni degradada, y menos desde el más alto nivel del poder público”, recordando que la igualdad debe ser un compromiso irrenunciable de cualquier liderazgo democrático.


Organizaciones firmantes

El documento está suscrito por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y más de quince organizaciones, entre ellas:

  • Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASOR)

  • ALAMUD

  • ASIDOWN Costa Rica

  • Asociación Ditsú

  • Asociación BarrileTEA

  • Asociación Desampa Inclusivo

  • Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón

  • MORPHO – Centro de Vida Independiente

  • AMATEA

  • Adultos Autistas Costa Rica

  • ADE para Personas con Discapacidad

  • Asociación de Personas con Discapacidad ASOPPED

  • ASOCOPRODEA

  • CECATS

  • Fundación Justicia y Género
    Entre otras organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Seis candidaturas firmaron el Compromiso Ético y Político contra la Violencia hacia las Mujeres

Este martes se realizó la firma presencial del Compromiso Ético y Político contra la Violencia hacia las Mujeres, iniciativa convocada por organizaciones especializadas en derechos humanos y equidad de género. El documento —difundido días atrás— establece una serie de compromisos mínimos para que quienes aspiran a gobernar el país se comprometan públicamente a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, así como a fortalecer las instituciones encargadas de garantizar su protección.

Seis aspirantes a la Presidencia acudieron a firmar el compromiso tras ser invitadas, reafirmando su adhesión a los principios planteados y asumiendo la responsabilidad ética y política que implica su eventual ejercicio de gobierno.

Personas firmantes (orden alfabético por nombre):

  1. Álvaro Ramos – Partido Liberación Nacional

  2. Ana Virginia Calzada – Partido Centro Democrático y Social

  3. Ariel Robles – Partido Frente Amplio

  4. Claudia Dobles – Partido Agenda Ciudadana

  5. Claudio Alpízar – Partido Esperanza Nacional

  6. Juan Carlos Hidalgo – Partido Unidad Social Cristiana

El compromiso insta a las candidaturas a reconocer la violencia contra las mujeres como una problemática de Estado, promover políticas públicas basadas en evidencia, garantizar presupuestos adecuados, fortalecer la ruta institucional de atención y asegurar mecanismos de prevención en todos los ámbitos, incluido el político y electoral.

Las organizaciones convocantes señalaron que esperan que más candidaturas se sumen en los próximos días, pues este pacto busca ser un acuerdo amplio que refleje la responsabilidad colectiva del país frente a la erradicación de la violencia de género.

Las estudiantes del Colegio de Señoritas leyeron y entregaron a las candidaturas presentes un comunicado de la juventud.

Convocan a firmar Compromiso Ético y Político contra la violencia hacia las mujeres

Diversas organizaciones sociales convocan a la firma del Compromiso Ético y Político con todas las mujeres que habitan nuestro territorio, un acto público que se realizará el martes 25 de noviembre a las 9:45 a.m. en la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP). Esta actividad se enmarca en las acciones del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y busca reafirmar el compromiso de múltiples colectivos con la erradicación de todas las formas de violencia que afectan la vida de niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores.

De acuerdo con la convocatoria, en dicha actividad presentaremos un documento con acciones prioritarias que las mujeres proponemos para erradicar la violencia de género, ante las candidaturas presidenciales, esperando su compromiso ético y político con las mujeres de Costa Rica.

Según la información oficial del evento—recibida junto al afiche—la jornada tiene como propósito sumar voces individuales y colectivas en defensa de los derechos de las mujeres, y promover responsabilidades éticas y políticas que fortalezcan la igualdad y la vida libre de violencias. La invitación está abierta a todas las personas y organizaciones que deseen respaldar este compromiso desde sus territorios, espacios comunitarios, laborales, académicos o institucionales.

La actividad contará con la participación y la organización conjunta de plataformas de mujeres, redes feministas, espacios de diálogo social y movimientos que han acompañado históricamente la defensa de los derechos de las mujeres en Costa Rica.

Para inscribirse, se habilitó el siguiente formulario:
👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvERHjDfbW7F4HqXFpemhmcnu_9N_vwj9xXaMmZVF0pgkxhA/viewform

Jornada nacional de solidaridad con el pueblo palestino del 28 de noviembre al 1 de diciembre

La Coalición PalestinaCR anunció una Jornada de Solidaridad a nivel nacional, que se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, en el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Durante estos cuatro días, la organización convoca a registrar activaciones en todo el territorio nacional —acciones públicas o virtuales— como muestra de acompañamiento al pueblo palestino. La convocatoria está dirigida a colectivos, organizaciones sociales, grupos vecinales, artistas, liderazgos comunitarios, profesionales independientes, creadoras y creadores de contenido, federaciones, sindicatos, pymes, personas emprendedoras y ciudadanía en general que deseen proponer actividades de cualquier escala.

Las iniciativas podrán inscribirse a través del formulario disponible en los canales oficiales de la Coalición. Con esta información se elaborará un mapa nacional de acciones, que será compartido con organizaciones palestinas como gesto de solidaridad internacional.

La Coalición invita a que cada persona o grupo organice acciones propias, apoye propuestas ya planteadas o motive a otros espacios a sumarse desde sus comunidades.


Marcha del 29 de noviembre en San José

Dentro de esta jornada, la Coalición también se suma al llamado global a manifestarse el 29 de noviembre. En Costa Rica, convocan a una marcha en San José, que iniciará a las 2:00 p.m. desde la Casa Amarilla.

Para quienes se encuentren fuera del Gran Área Metropolitana, la invitación es a realizar expresiones locales de solidaridad en sus barrios o comunidades: caminatas, concentraciones, uso de banderas, carteles o símbolos de apoyo al pueblo palestino.

La organización señala que la conmemoración ocurre en un contexto internacional crítico y recuerda que, en el ámbito nacional, también se discute el Tratado de Libre Comercio con Israel, un tema que forma parte de las preocupaciones de diversos sectores sociales.

Organizaciones canadienses llaman al gobierno de Canadá a actuar ante ataques ilegales de EE. UU. en América Latina y el Caribe

Dos importantes redes de la sociedad civil canadiense —el Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) y la Coalición Common Frontiers— remitieron una carta oficial a tres altas autoridades del Gobierno de Canadá:

  • Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores

  • Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional

  • David J. McGuinty, ministro de Defensa Nacional

La comunicación, fechada 13 de noviembre de 2025, expresa una grave alarma ante lo que describen como una escalada de ataques aéreos ilegales y letales realizados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones civiles en Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, República Dominicana y México.

Señalan ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional

Las organizaciones destacan que, entre septiembre y principios de noviembre de 2025, se han documentado al menos 19 bombardeos, con decenas de víctimas civiles. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y otros expertos coinciden en que estos hechos constituyen ejecuciones extrajudiciales y contravienen normas esenciales del derecho internacional.

Además, subrayan su preocupación por la ampliación de facultades del Gobierno de EE. UU. para el uso de fuerza letal contra supuestos “narcoterroristas”, sin pruebas ni controles, lo cual incrementa el riesgo de abusos y de un trato militarizado de la región.

¿Puede Canadá estar siendo cómplice?

El comunicado cuestiona el rol canadiense en la Operación CARIBBE, mediante la cual buques y aeronaves de Canadá suministran información de vigilancia a EE. UU. para sus operaciones marítimas. Argumentan que, dada la conducta actual del Gobierno estadounidense, esta colaboración podría implicar complicidad involuntaria en acciones ilegales.

Asimismo, advierten que tecnología militar canadiense pudo haber sido utilizada en al menos dos ataques recientes, según investigaciones de Project Ploughshares. Se señala también una laguna normativa que permite transferir equipo militar a EE. UU. sin los controles de exportación requeridos por el Tratado sobre el Comercio de Armas.

La región se pronuncia: la paz está en riesgo

El documento recoge reacciones de jefas y jefes de Estado de México, Brasil y Colombia, quienes han manifestado públicamente su rechazo a la posibilidad de una intervención militar estadounidense directa en la región. También recuerdan la vigencia de la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por CELAC en 2014.

Las solicitudes concretas

GOPA y Common Frontiers piden al Gobierno de Canadá:

  1. Condenar públicamente los ataques ilegales de EE. UU. y exigir su cese inmediato.

  2. Promover la paz y la seguridad regional, apoyando esfuerzos internacionales que presionen por respeto a la soberanía y al estado de derecho.

  3. Suspender la participación de Canadá en la Operación CARIBBE, para evitar riesgo de complicidad en ejecuciones extrajudiciales.

  4. Cerrar lagunas regulatorias que permiten exportar armas a EE. UU. sin controles de derechos humanos, en cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas.

La carta concluye expresando disposición a dialogar directamente con las autoridades canadienses.

Descargue el documento original

El texto íntegro del pronunciamiento, con todas sus fuentes y referencias, puede descargarse aquí:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Organizaciones-canadienses-llamada-a-accion.pdf

Conversatorio analizará el endeudamiento de los hogares: ¿qué podemos hacer?

OMERCON, SINAE Afines y la Confederación Sindical Unidad en la Acción Sindical (UAS) convocan a un conversatorio especializado sobre una de las problemáticas más urgentes para la población costarricense: el endeudamiento de los hogares, tema que continúa generando presión económica, social y emocional en miles de familias.

La actividad se realizará el miércoles 19 de noviembre, a las 9:00 a.m., en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

El objetivo es ofrecer elementos de análisis y alternativas prácticas para enfrentar el sobreendeudamiento, desde una perspectiva multidisciplinaria que reúne a especialistas en justicia, finanzas, asesoría social y organización sindical.

Panel de personas expositoras

El conversatorio contará con la participación de profesionales de altísimo nivel:

  • Msc. Daniel Jiménez Rodríguez, Poder Judicial.
    Juez con amplia trayectoria y profundo conocimiento de los conflictos derivados del endeudamiento y sus implicaciones legales.

  • Msc. Adriana Rojas Rivero, APRODECO.
    Abogada experta en conflictos financieros, con amplia experiencia en acompañamiento y asesoría a personas consumidoras.

  • Lic. David Carrera Herrera, SINAE Afines – UAS.
    Presidente de organización sindical que enfrenta diariamente las congojas y dificultades crediticias de trabajadoras y trabajadores.

  • Lic. Yeikol Zuñiga Vargas, OMERCON.
    Profesional con visión integral sobre alternativas y acciones para enfrentar esta problemática desde la organización social.

Un espacio urgente para el país

El sobreendeudamiento se ha convertido en un fenómeno extendido que afecta la estabilidad económica de los hogares, incide en la salud mental, limita la productividad y genera múltiples formas de vulnerabilidad social.
Este conversatorio busca abrir un espacio de reflexión y acción para comprender el origen del problema, las responsabilidades institucionales y las rutas posibles para su atención.

Detalles de la actividad

  • Fecha: Miércoles 19 de noviembre

  • Hora: 9:00 a.m.

  • Lugar: Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

  • Organizan: OMERCON, SINAE Afines y UAS

  • Confirmar asistencia: 8742-4095 (Priscilla Mora)