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Etiqueta: organizaciones sociales

Organizaciones canadienses llaman al gobierno de Canadá a actuar ante ataques ilegales de EE. UU. en América Latina y el Caribe

Dos importantes redes de la sociedad civil canadiense —el Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) y la Coalición Common Frontiers— remitieron una carta oficial a tres altas autoridades del Gobierno de Canadá:

  • Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores

  • Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional

  • David J. McGuinty, ministro de Defensa Nacional

La comunicación, fechada 13 de noviembre de 2025, expresa una grave alarma ante lo que describen como una escalada de ataques aéreos ilegales y letales realizados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones civiles en Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, República Dominicana y México.

Señalan ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional

Las organizaciones destacan que, entre septiembre y principios de noviembre de 2025, se han documentado al menos 19 bombardeos, con decenas de víctimas civiles. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y otros expertos coinciden en que estos hechos constituyen ejecuciones extrajudiciales y contravienen normas esenciales del derecho internacional.

Además, subrayan su preocupación por la ampliación de facultades del Gobierno de EE. UU. para el uso de fuerza letal contra supuestos “narcoterroristas”, sin pruebas ni controles, lo cual incrementa el riesgo de abusos y de un trato militarizado de la región.

¿Puede Canadá estar siendo cómplice?

El comunicado cuestiona el rol canadiense en la Operación CARIBBE, mediante la cual buques y aeronaves de Canadá suministran información de vigilancia a EE. UU. para sus operaciones marítimas. Argumentan que, dada la conducta actual del Gobierno estadounidense, esta colaboración podría implicar complicidad involuntaria en acciones ilegales.

Asimismo, advierten que tecnología militar canadiense pudo haber sido utilizada en al menos dos ataques recientes, según investigaciones de Project Ploughshares. Se señala también una laguna normativa que permite transferir equipo militar a EE. UU. sin los controles de exportación requeridos por el Tratado sobre el Comercio de Armas.

La región se pronuncia: la paz está en riesgo

El documento recoge reacciones de jefas y jefes de Estado de México, Brasil y Colombia, quienes han manifestado públicamente su rechazo a la posibilidad de una intervención militar estadounidense directa en la región. También recuerdan la vigencia de la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por CELAC en 2014.

Las solicitudes concretas

GOPA y Common Frontiers piden al Gobierno de Canadá:

  1. Condenar públicamente los ataques ilegales de EE. UU. y exigir su cese inmediato.

  2. Promover la paz y la seguridad regional, apoyando esfuerzos internacionales que presionen por respeto a la soberanía y al estado de derecho.

  3. Suspender la participación de Canadá en la Operación CARIBBE, para evitar riesgo de complicidad en ejecuciones extrajudiciales.

  4. Cerrar lagunas regulatorias que permiten exportar armas a EE. UU. sin controles de derechos humanos, en cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas.

La carta concluye expresando disposición a dialogar directamente con las autoridades canadienses.

Descargue el documento original

El texto íntegro del pronunciamiento, con todas sus fuentes y referencias, puede descargarse aquí:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Organizaciones-canadienses-llamada-a-accion.pdf

Conversatorio analizará el endeudamiento de los hogares: ¿qué podemos hacer?

OMERCON, SINAE Afines y la Confederación Sindical Unidad en la Acción Sindical (UAS) convocan a un conversatorio especializado sobre una de las problemáticas más urgentes para la población costarricense: el endeudamiento de los hogares, tema que continúa generando presión económica, social y emocional en miles de familias.

La actividad se realizará el miércoles 19 de noviembre, a las 9:00 a.m., en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

El objetivo es ofrecer elementos de análisis y alternativas prácticas para enfrentar el sobreendeudamiento, desde una perspectiva multidisciplinaria que reúne a especialistas en justicia, finanzas, asesoría social y organización sindical.

Panel de personas expositoras

El conversatorio contará con la participación de profesionales de altísimo nivel:

  • Msc. Daniel Jiménez Rodríguez, Poder Judicial.
    Juez con amplia trayectoria y profundo conocimiento de los conflictos derivados del endeudamiento y sus implicaciones legales.

  • Msc. Adriana Rojas Rivero, APRODECO.
    Abogada experta en conflictos financieros, con amplia experiencia en acompañamiento y asesoría a personas consumidoras.

  • Lic. David Carrera Herrera, SINAE Afines – UAS.
    Presidente de organización sindical que enfrenta diariamente las congojas y dificultades crediticias de trabajadoras y trabajadores.

  • Lic. Yeikol Zuñiga Vargas, OMERCON.
    Profesional con visión integral sobre alternativas y acciones para enfrentar esta problemática desde la organización social.

Un espacio urgente para el país

El sobreendeudamiento se ha convertido en un fenómeno extendido que afecta la estabilidad económica de los hogares, incide en la salud mental, limita la productividad y genera múltiples formas de vulnerabilidad social.
Este conversatorio busca abrir un espacio de reflexión y acción para comprender el origen del problema, las responsabilidades institucionales y las rutas posibles para su atención.

Detalles de la actividad

  • Fecha: Miércoles 19 de noviembre

  • Hora: 9:00 a.m.

  • Lugar: Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

  • Organizan: OMERCON, SINAE Afines y UAS

  • Confirmar asistencia: 8742-4095 (Priscilla Mora)

Cuando las luces de navidad apagan los derechos de las mujeres

Enid Cruz Ramírez
Coordinadora general – MUSADE

La Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) informa a la opinión pública que, tras una serie de acontecimientos recientes, ha tomado la decisión de suspender el Festival “Renacer sin miedo, por una vida sin violencia”, previsto para el domingo 23 de noviembre en la Plaza La Sabana, como parte de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.

La actividad contaba con permiso municipal otorgado desde el 14 de mayo de 2025 y una ampliación aprobada en octubre para extender el uso del espacio a los días 22 y 23 de noviembre. Sin embargo, el 4 de noviembre, MUSADE constató que la Municipalidad de San Ramón estaba promoviendo actividades del Festival Navideño Municipal en el mismo espacio y fecha del domingo 23 de noviembre, sin comunicación previa ni coordinación, pese a existir una autorización vigente para el evento de MUSADE.

Durante la reunión solicitada para buscar alternativas conjuntas, prevaleció el criterio de que las actividades municipales tendrían prioridad, lo que impidió alcanzar un acuerdo equitativo y evidenció la ausencia de mecanismos claros de coordinación interinstitucional.

Ante este panorama, y para no exponer a las y los participantes a un ambiente hostil o de tensión, MUSADE ha decidido realizar el evento únicamente el 22 de noviembre y suspender las actividades del 23 de noviembre, reafirmando su compromiso con la convivencia pacífica, la reflexión social y la defensa de los derechos de las mujeres.

Resulta lamentable que una actividad dedicada a la promoción de la paz, los derechos humanos y la no violencia contra las mujeres se vea desplazada por decisiones institucionales que no respetan los procesos ni los permisos otorgados en tiempo y forma.

Los gobiernos locales tienen un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos y la prevención de la violencia de género, al ser el nivel del Estado más cercano a las comunidades. Su respaldo a las organizaciones sociales que trabajan por la igualdad y la no violencia no solo fortalece el tejido comunitario, sino que demuestra coherencia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país en materia de derechos de las mujeres.

La situación ocurrida en San Ramón pone en evidencia la ausencia de una política local integral de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, que oriente las decisiones municipales y promueva la articulación efectiva con la sociedad civil. Contar con una política de este tipo permitiría garantizar el acceso equitativo a los espacios públicos, el reconocimiento de las organizaciones sociales y la sostenibilidad de las acciones en favor de la igualdad y la vida libre de violencia.

MUSADE hace un llamado a la Municipalidad de San Ramón a revisar y fortalecer sus procedimientos de coordinación interinstitucional, así como a impulsar la construcción participativa de una política cantonal de igualdad y no violencia contra las mujeres, que refleje el compromiso de este gobierno local con la justicia social y la democracia.

La defensa de los derechos humanos no puede subordinarse a intereses administrativos o programáticos institucionales. Las organizaciones sociales también construyen ciudadanía y merecen respeto en los espacios públicos.

MUSADE reitera su compromiso con la participación ciudadana en un marco de equidad, cultura de paz y no violencia, valores que durante casi cuatro décadas han guiado su labor. Asimismo, continuará desarrollando actividades de sensibilización y acción social durante el mes de noviembre, manteniendo su compromiso con las mujeres y la sociedad ramonense.

San Ramón, Alajuela, 11 de noviembre de 2025.

Organizaciones se pronuncian ante actos de intolerancia y violencia contra defensores ambientales en Puntarenas

El pasado 6 de noviembre, en distintos perfiles de noticias locales de Puntarenas, se difundió la imagen de una valla colocada en la Angostura, en la entrada del puerto, en la que se declara “non gratos” al biólogo Randall Arauz y al abogado Walter Brenes, ambos reconocidos por su labor en la defensa de la vida marina y el cumplimiento de la ley.

En dicha valla aparecen las fotografías de ambos profesionales con los rostros tachados, en un acto de evidente estigmatización y violencia simbólica promovido por sectores que se autodenominan “pesqueros”.

En respuesta a estos hechos, más de treinta cuatro organizaciones sociales, ambientales, académicas, feministas, indígenas y de derechos humanos se unieron en un pronunciamiento conjunto.

Estas acciones ocurren en un contexto en el que ambientalistas han sostenido, con base en la legislación vigente, que la decisión de declarar especies de tiburones amenazadas como especies comerciales (mayo de 2017) fue contraria a la normativa nacional y, por tanto, ilegal. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 21 de junio de 2023, ordenó al INCOPESCA y al MINAE cumplir con la Ley de Conservación de Vida Silvestre en la gestión de tiburones amenazados, así como detener toda captura y comercialización del tiburón martillo, incluso la incidental.

En los últimos años se ha intensificado la violencia contra personas defensoras ambientales, alimentada por discursos de odio e intolerancia, así como por el descrédito del Acuerdo de Escazú, promovido por cámaras empresariales, sectores políticos y el actual gobierno, que han contribuido a normalizar la persecución del disenso.

Costa Rica vive hoy una situación de creciente inseguridad y violencia, marcada por disputas entre grupos delictivos y un ambiente general de impunidad.

En el pasado se ha denunciado el vínculo del narcotráfico con sectores del palangre industrial, tanto en la Isla del Coco como en otras regiones del país. La utilización de mantas anónimas y amenazas públicas es una práctica característica de estructuras ilegales que buscan infundir miedo y silenciar la denuncia ciudadana.

En zonas como Talamanca, activistas y organizaciones que defienden la naturaleza han recibido amenazas de muerte, mientras en redes locales se difunde un discurso que califica cualquier forma de defensa ambiental como “ecoterrorismo”.

Recordamos que la Sala Constitucional ya reprendió a la Municipalidad de Talamanca por declarar personas “non gratas” a ambientalistas, dejando claro que esta práctica es inconstitucional y contraria a los derechos fundamentales.

Reconocemos que no todo el sector pesquero comparte estas acciones violentas. Históricamente, hemos mantenido relaciones de respeto y colaboración con sectores pesqueros artesanales y deportivos, e incluso con parte del sector industrial. A ellos les hacemos un llamado a pronunciarse públicamente en contra de estos actos de odio, para no quedar asociados a un pequeño grupo que promueve la intolerancia

Ante estos hechos de intolerancia y violencia, las organizaciones y personas firmantes manifestamos:

  • Rechazamos rotundamente la estigmatización, las amenazas y los actos de odio contra quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.
  • A los medios informativos y páginas locales, les hacemos un llamado a ejercer mayor responsabilidad, discernimiento y comprensión sobre lo que publican y a quién le dan voz. Es importante evitar el sensacionalismo, ya que al reproducir este tipo de mensajes sin análisis ni cuestionamiento se contribuye a perpetuar formas de violencia y desinformación.
  • Solicitamos a la Defensoría de los Habitantes, al Sistema de Naciones Unidas y a las instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales que intercedan ante el INCOPESCA, el MINAE y otros entes rectores, con el fin de prevenir nuevos hechos de violencia y proteger la integridad de quienes defienden los ecosistemas marinos.
  • Responsabilizamos a los sectores que han promovido esta campaña de odio por cualquier agresión o daño que puedan sufrir las personas mencionadas, así como por las consecuencias derivadas de estos actos.
  • El Estado de Costa Rica tiene la obligación de proteger la integridad de las personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos, ya que su labor las expone con frecuencia a riesgos elevados de sufrir violencia. Esto implica tomar medidas activas para prevenir y sancionar la violencia y las amenazas, investigar a fondo cualquier agresión en su contra y garantizar sus derechos a la libertad de expresión.
  • Por lo tanto, es fundamental que el Estado actúe en coherencia con todos los acuerdos, convenios y jurisprudencia que lo obligan a asumir un rol activo en la prevención de la violencia, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la promoción de una participación ciudadana libre de represalias. Proteger a las personas defensoras del ambiente es esencial para la democracia y el desarrollo sostenible del país.
  • Finalmente, llamamos a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las instituciones del Estado a pronunciarse y solidarizarse con quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.

En Costa Rica, lo único “non grato” debe ser la intolerancia, la violencia y la estigmatización hacia las personas que dedican su vida a proteger la naturaleza.

Firmantes:

  • Red de Mujeres Costeras y Rurales
  • Costa Rica por los Océanos
  • Bloque Verde
  • Covirenas Caribe Sur
  • Buen Vivir – Costa Rica
  • Programa Interdisciplinario Costero / UNA
  • Observatorio de Derechos Humanos
  • Comité Punta Pelencho
  • Asociación Civil Pro Natura
  • Defensores de la Casa Común
  • Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral
  • Oilwatch
  • Fundación Promar
  • Universidad Bíblica Latinoamericana
  • Mar y Comercio
  • Asociación Proyecto Camino Verde
  • Cultura Kare
  • Red Biodiversida
  • Nido de Halcón
  • Fundación Green Heart
  • Fumicons
  • Organización Regenerativa Matzú Insigne
  • Universite Beesley Revol
  • Huertos Urbanos de Costa Rica
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género
  • Costa Rica por el Océano
  • Asociación CREMA
  • Hogar Ecológico Ingeniería
  • Rewilding Portugal
  • Fundación El Arca de Noé
  • Covirena Cabo Blanco Ario
  • Ubiquity University
  • APREFLOFAS
  • Antigentrificación CR

Algunas declaraciones adicionales de organizaciones firmantes:

  • Covirenas Caribe Sur: “Repudiamos estos actos de violencia, agresión y amenaza a la integridad física. ¡Basta ya de atacar a los defensores ambientales de Costa Rica!”.
  • Comité Punta Pelencho: “Expresamos nuestro absoluto repudio ante estos actos de intolerancia, hostigamiento y violencia hacia quienes defienden el ambiente y los bienes naturales comunes. La labor de las personas defensoras de nuestra casa común es esencial en un Estado de Derecho, y merece respeto, protección y reconocimiento.”
  • Asociación Civil Pro Natura: “Rechazamos categóricamente el rótulo colocado por un sector pesquero puntarenense que declara ‘non gratos’ a dos defensores ambientales. Este acto constituye una forma de hostigamiento y estigmatización hacia quienes ejercen su legítimo derecho a proteger el ambiente y exigir transparencia en la gestión de los recursos naturales.”
  • Fundación Promar: “Además de evidenciar una total falta de tolerancia y respeto hacia personas y organizaciones que buscan evitar la desaparición de especies marinas vitales para los ecosistemas y la seguridad alimentaria humana, es una barbaridad que unas cuantas personas se arroguen el derecho de hablar por toda una comunidad porteña.”
  • Universidad Bíblica Latinoamericana: “Nos unimos a este pronunciamiento en contra de la violencia y la intolerancia hacia quienes defienden y protegen los territorios y la naturaleza.”
  • Asociación Proyecto Camino Verde: “Condenamos cualquier práctica intimidatoria y contraria al Estado de Derecho que ampara a quienes defienden nuestro patrimonio natural y base del desarrollo sostenible.”
  • Cultura Kare: “Un Estado que calla ante las amenazas a quienes defienden la vida y los bienes comunes se convierte en cómplice del despojo y de la destrucción de la esperanza colectiva.”
  • APREFLOFAS / Nido de Halcón: “No se debe permitir la intimidación de ninguna forma hacia ambientalistas o ecologistas. Defendemos a quienes no tienen voz; los representamos, y somos muchas y muchos. ¡Alto a la agresión contra el medio ambiente y quienes luchamos por la Madre Tierra! Nuestra voz es un grito de batalla por nuestros compañeros y hermanas, porque quien defiende la naturaleza es hermano en cualquier parte del mundo. Ellos no están solos ni solas.”
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género: “Rechazamos la persecución y las campañas de odio contra personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos.”
  • Hogar Ecológico Ingeniería: “Apoyamos siempre la protección de la biodiversidad, fuente de vida y subsistencia. No podemos comprometer los recursos naturales; respaldamos a quienes los defienden.”
  • Fundación El Arca de Noé: “A estas personas deberíamos apoyarlas y sostenerlas. La Tierra es nuestra única casa, y ellos la protegen. La codicia y el deseo de poder destruyen la belleza del planeta y condenan a las futuras generaciones. Nuestros verdaderos héroes son quienes defienden a la Pacha Mama. ¡Apoyémoslos!”

Apoya:
Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Tercera Feria de Economía Social Solidaria

Invitación

La solidaridad y la creatividad se encuentran en un mismo espacio.

Te invitamos a la III Feria de Economía Social Solidaria este 01 y 02 de noviembre, en la Antigua Aduana.

Horario: de 9 a.m. a 6 p.m.

Entrada gratuita

Vení a conocer organizaciones, productos, iniciativas y experiencias que celebran el trabajo conjunto y la transformación social. Estarán participando organizaciones de todas las regiones del país, cada organización representa a varias familias que se organizan para fortalecer las economías desde los territorios.

Co-organiza: Programa de Economía Social Solidaria y el TCU 607 Comer Orgánico de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica junto a diversas instituciones y organizaciones.

Foro sobre Economía Social y Solidaria marca un hito en el diálogo nacional

Comunicado

San José, 10 de octubre de 2025. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal celebra el éxito del Foro Economía Social y Solidaria “Impulso al desarrollo sostenible en la Costa Rica del Bicentenario”, realizado el 9 de octubre en el Auditorio de JUPEMA, el cual contó con la destacada participación de las candidaturas a la Presidencia de la República.

Durante el encuentro, las personas aspirantes a la presidencia nacional expusieron sus compromisos y propuestas sobre cómo impulsar desde sus eventuales gobiernos a un sector que integra a más de 27 mil organizaciones y a 1,6 millones de personas asociadas. Se abordaron temas cruciales como la generación de empleo digno, la inclusión social, la innovación y el fortalecimiento del marco legal e institucional que sustenta a la ESS en el país.

La masiva asistencia de delegados, representantes de organizaciones sociales y productivas, así como de diversos sectores de la sociedad civil, evidenció el interés nacional en fortalecer un modelo económico que, con base en la solidaridad y la justicia social, contribuye de manera directa al desarrollo sostenible de Costa Rica.

Compromiso de las candidaturas presidenciales

Como parte trascendental de este foro, las candidaturas presentes suscribieron el Compromiso por el fomento de la Economía Social Solidaria en Costa Rica, un acuerdo histórico que reconoce la relevancia del sector y establece acciones concretas para su fortalecimiento.

El documento firmado contempla, entre otros aspectos:

  • Respaldar e impulsar un proyecto de ley que será el marco jurídico para la Economía Social y Solidaria.

  • Vigorizar la institucionalidad que brinda apoyo a la ESS, dotando de recursos a la Dirección de Economía Social Solidaria del MTSS y formalizando la creación del Viceministerio de ESS.

  • Retomar el funcionamiento del Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria como máxima instancia ejecutiva en esta materia.

  • Robustecer el Observatorio de ESS y avanzar en la creación de una cuenta satélite nacional con apoyo del Banco Central y el INEC.

  • Garantizar el acceso del sector a programas como FODEMIPYME y Sistema de Banca para el Desarrollo mediante un marco normativo más inclusivo.

  • Favorecer las compras públicas al sector, incorporando cláusulas sociales en los carteles de contratación y brindando asesoría especializada.

  • Fortalecer el rol del Banco Popular y de Desarrollo Comunal como la entidad financiera líder de la ESS, asegurando tanto el apoyo financiero como no financiero y resguardando su estabilidad y gobernanza democrática.

La firma de este compromiso representa un hito en el reconocimiento político e institucional de la economía social solidaria, enviando un mensaje claro a la ciudadanía sobre la importancia de construir un modelo económico más inclusivo, participativo y sostenible.

Con este foro y el acuerdo alcanzado, la ESS reafirma su papel estratégico en la Costa Rica del Bicentenario y abre una ruta concreta hacia la consolidación de políticas públicas que fortalezcan este sector como motor de desarrollo nacional.

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal

¿Qué es la ATTBPDC?
El Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal es propiedad de más de un 1,5 millón de personas trabajadoras en Costa Rica
. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC) es la máxima instancia del Banco y está compuesta por 290 delegados y delegadas que son elegidas por los sectores comunal, artesanal, cooperativo tradicional, cooperativo de autogestión, sindical confederado, sindical no confederado, profesional, magisterio nacional, profesional y personas trabajadoras independientes. Su misión es procurar y promover el bienestar social y económico de los trabajadores y trabajadoras, Desde su creación en 1986, la ATTBPDC ha sido un pilar fundamental y su impacto contribuye en mejorar la calidad de vida de los costarricenses.

Frente Democrático Nacional aspira a aportar en defensa de la democracia y del Estado de derecho

La primera reunión del Frente Democrático Nacional se realizó este sábado 20 en las instalaciones del SINAE Afines que atendió la iniciativa que nace del Instituto Sindical de Formación Política. El sociólogo Daniel Camacho Monge presentó la propuesta de los frentes democráticos.

La nueva instancia se propone coordinar organizaciones sociales comprometidas en la defensa de la democracia y del Estado de derecho. En la propuesta se recupera el movimiento ciudadano surgido en todo el país en la coyuntura del referendo sobre el TLC con Estados Unidos de América, cuando se reactiva la lucha social como medio y expresión del auténtico pueblo.

Como se recordará, el desarrollo de los comités patrióticos marcó la lucha social contra ese tratado, que finalmente se aprobó por estrecho margen.

Más de 300 personas claman por la reapertura de la Sede Regional del INAMU en Occidente

Comunicado

San Ramón, Costa Rica, 29 de agosto 2025. Más de 300 personas se han unido para demanda la reapertura de la sede regional del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en la zona de Occidente, tras años de enfrentar graves dificultades de acceso a los servicios que esta institución ofrece.

Hasta hace algunos años, el INAMU contaba con una oficina regional en la provincia de Alajuela, lo que permitía a las mujeres de cantones como San Ramón, Palmares, Naranjo, Zarcero, Grecia, Atenas, Sarchí y Poás acceder a servicios de acompañamiento, asesoría y protección de derechos de manera más cercana. Sin embargo, con el traslado de la sede a San José, este acceso se volvió sumamente complejo, obligando a las mujeres a recorrer largos y costosos trayectos para recibir atención.

Hoy, ante la discusión sobre la posible reapertura de una sede en la región, las organizaciones y personas firmantes reconocen la importancia de la descentralización del INAMU, pero advierten que la ubicación de dicha oficina debe responder verdaderamente a las necesidades de accesibilidad de la población.

La sede regional debe estar en un punto estratégico y de fácil acceso, como lo es la provincia de Alajuela y sus cantones de conexión más ágil, para garantizar que más mujeres puedan acceder a los servicios del INAMU sin enfrentar barreras económicas y geográficas”, señalan las personas firmantes.

El llamado colectivo es claro: el derecho de las mujeres a la atención, la justicia y la igualdad no debe depender de la distancia ni de los costos de traslado.

Por ello, se insta a las autoridades del INAMU a considerar la voz de las comunidades y garantizar que la nueva sede regional responda de forma efectiva a las necesidades de las mujeres de Occidente.

Finalmente, la campaña invita a más personas a sumarse con su firma para fortalecer este clamor y asegurar que las voces de las mujeres sean escuchadas.

La “vía rápida” del ejecutivo y sus aliados para demoler el ICE

  • FECON llama a detener privatización de la electricidad

  • Se cumplen 20 años del plebiscito por el río Pacuare

La decisión del Poder Ejecutivo de tramitar por “vía rápida” el proyecto de privatización de la electricidad #23.414, es una acción desesperada y temeraria que complace plenamente a sus aliados políticos y empresariales empeñados en privatizar la electricidad y carcomer al ICE desde adentro, como lo hace la propia presidencia ejecutiva del ICE. Imponer la “vía rápida” sólo es posible con el sometimiento de otras diputaciones al oficialismo.

Este proyecto no mejora, no moderniza, no eleva la eficiencia del sector eléctrico, y mucho menos garantiza que se puedan bajar las tarifas, algo que ha sido imposible de demostrar por todos sus defensores dentro o fuera de la Asamblea Legislativa. No hay un solo país en el que se registren mejores precios para la gente tras la privatización. Lo que ha habido es racionamiento, apagones y tarifas más altas.

El 23.414 es un proyecto diseñado a la medida de los generadores y distribuidores privados para consolidar sus negocios. Con total seguridad afirmamos que conduce al debilitamiento y hasta eventual desaparición del ICE como institución directora del servicio público de la electricidad. No resulta nada nuevo que Liberación Nacional mantenga su línea férrea privatizadora, como lo ha hecho desde la aprobación de la ley 7.200 en 1990. Eso es exactamente lo mismo que hacen el PUSC y otros. Esa es una vergüenza que la sociedad costarricense debería cobrarles muy caro.

Este gobierno conduce una guerra para la demolición de cualquier institución de servicio público y solidario, y en esa guerra el trámite rápido es una arma temeraria que elimina toda discusión profunda en la Asamblea Legislativa y nos impide exponer nuestros argumentos. Esto confirma que definir nuestro modelo eléctrico sigue siendo un ejercicio de gobiernos y empresarios, excluyente y antidemocrático.

La estrategia fallida de aprobar mediante la “vía rápida” las jornadas de 12 horas por medio de otro nefasto proyecto de ley bajo el expediente #24.290. Esta mala decisión, no ha sido lección suficiente para este gobierno y sus aliados (PLN, PUSC, NR y PLP). Ahora pretenden continuar con la aprobación de más medidas impopulares y regresivas.

Desde la Federación Ecologista de Costa Rica, FECON, relanzamos nuestra absoluta oposición al proyecto 23.414 y hacemos un llamado a las organizaciones sociales comunitarias, a los Pueblos Originarios cuyos ríos son un “botín”, a los colectivos ecologistas y ambientalistas, a los sindicatos, y en general a toda la sociedad costarricense, para que “nos tiremos al agua” y salgamos a defender el ICE como institución pública de servicio social y celebrar los 20 años del plebiscito que resguardó el Río Pacuare.

El ICE jamás debe ser privatizado, vendido, regalado, ni destruido. El objetivo real del proyecto 23.414 es agrandar las fortunas de los mercaderes privados de la electricidad.

Caminata por la erradicación de la violencia sexual contra personas menores de edad

El próximo sábado 9 de agosto, de 9:30 a.m. a 12:00 m.d., se realizará la 2ª Caminata por la Erradicación de la Violencia Sexual contra personas menores de edad. La actividad se enmarca en el Día de Solidaridad con las personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia.

La caminata reúne a personas sobrevivientes, activistas, profesionales y organizaciones de la sociedad civil en un llamado colectivo a detener todas las formas de violencia que afectan a las infancias. Será un pasacalles lleno de música, arte, carteles y colores, pensado como un espacio seguro para personas de todas las edades.

El año pasado se formó parte de una movilización histórica junto a más de 500 organizaciones en América Latina y el Caribe. Este 9 de agosto se renueva el compromiso de alzar la voz por justicia, prevención y reparación para las personas sobrevivientes.

Fuente: Información compartida con SURCOS por Voces Nuestras
https://www.instagram.com/p/DMbDOJLxruv/?igsh=bTA2OWU3N3ZnOHVh
Le invitamos a visitar la página para más información.

Recorrido: