Ir al contenido principal

Etiqueta: Osa

CGR ordena corregir debilidades en permisos de construcción en el Corredor Biológico Paso de la Danta y la Fila Costeña

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió dos órdenes vinculantes dirigidas a instituciones públicas y gobiernos locales del Pacífico Sur, luego de una investigación sobre el otorgamiento de permisos de construcción en el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD) y la Fila Costeña, en el cantón de Osa. Las órdenes se producen en momentos en que organizaciones comunitarias y ecologistas han mantenido, desde hace años, procesos de defensa de este territorio, entre ellos la labor de la Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta frente a la presión del desarrollo inmobiliario sobre la Fila Costeña.

El CBPD tiene como propósito restablecer la conectividad de flora y fauna entre la península de Osa, la cuenca del Golfo Dulce y la cordillera de Talamanca, específicamente entre los ríos Savegre y Térraba. Conecta la Reserva Forestal Los Santos, el Parque Nacional Marino Ballena y el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, y su territorio abarca, total o parcialmente, los cantones de Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú.

Primera orden: debilidades estructurales en el otorgamiento de permisos

La primera orden, identificada como DFOE-SOS-ORD-00002-2026 y emitida el 21 de mayo de 2026, surgió de una investigación preliminar de la CGR motivada por una denuncia sobre presuntas irregularidades en permisos de construcción otorgados por la municipalidad de Osa en terrenos de alta fragilidad ambiental. El órgano contralor dirigió esta orden al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Dirección de Agua y las municipalidades de Buenos Aires, Dota, Osa, Pérez Zeledón, Quepos y Tarrazú.

La investigación encontró que ninguna de las seis municipalidades cuenta con un plan regulador que incluya la zonificación del CBPD. Dota y Tarrazú carecen por completo de plan regulador; Osa solo tiene uno vigente para el distrito de Cortés, con base en un reglamento de 1997; Pérez Zeledón lo tiene restringido a centros urbanos de dos de sus diez distritos; y aunque Buenos Aires y Quepos sí cuentan con planes reguladores vigentes, estos no abarcan la zonificación del corredor.

La CGR determinó, además, que las municipalidades desconocen de forma generalizada la delimitación exacta del CBPD dentro de sus territorios, pese a que esa información está disponible desde 2019 en el Sistema Nacional de Información Territorial. La municipalidad de Osa, por ejemplo, indicó a la Contraloría que no genera estudios científicos propios sobre fragilidad ambiental, hidrología o biodiversidad, y que carece de competencia y recursos para ello. También se estableció que la SETENA tramitó 259 expedientes de viabilidad ambiental para proyectos ubicados dentro del CBPD durante 2024 y 2025, procesos que fueron iniciados por los propios desarrolladores interesados y no por gestión municipal.

El órgano contralor concluyó que los seis gobiernos locales han visto debilitada su administración y planificación territorial, al otorgar permisos de construcción con base en revisión documental de requisitos, sin incorporar formalmente la variable ambiental que permita, ante duda razonable, consultar a SETENA, SINAC y la Dirección de Agua sobre la importancia ambiental o fragilidad de los sitios de los proyectos.

Como resultado, la CGR ordenó al SINAC remitir a las seis municipalidades la información necesaria para identificar sitios de importancia ambiental dentro del corredor, y actualizar el Plan de Gestión del CBPD —vencido desde 2023— en coordinación con esos gobiernos locales. A la Dirección de Agua le ordenó remitir información similar. A las seis municipalidades les ordenó integrar formalmente la variable ambiental en el trámite de permisos de construcción, definir un mecanismo de coordinación con SINAC, la Dirección de Agua y SETENA, y elaborar planes de capacitación para el personal técnico y administrativo a cargo de esos trámites. Los plazos de cumplimiento se extienden entre agosto de 2026 y noviembre de 2027, según cada punto de la orden.

Segunda orden: tres fincas con desarrollo constructivo sin permisos

La segunda orden, DFOE-SOS-ORD-00003-2026, fue emitida este 14 de julio de 2026 y se originó en una denuncia ciudadana recibida por la CGR el 9 de abril de 2026, referida a siete fincas ubicadas en la Fila Costeña dentro del CBPD, con matrículas 6-253319-000, 6-147654-000, 6-222042-000, 6-253886-000, 6-227164-F, 6-227166-F y 6-97434-000, señaladas por un posible cambio de uso de suelo en zonas de alta fragilidad ecológica, con importante cobertura boscosa y red hídrica.

Tras cruzar la información documental de la municipalidad de Osa, la SETENA y el SINAC con imágenes satelitales del Sistema Nacional de Información Territorial, la Contraloría concluyó que tres de las siete fincas —6-253319-000, 6-222042-000 y 6-253886-000— presentan un eventual desarrollo de movimientos de tierra, tala de árboles, apertura de accesos vehiculares y desarrollo constructivo, sin los permisos correspondientes de la municipalidad, SETENA y SINAC. Según la orden, esto vulnera el principio de legalidad, compromete los ecosistemas del corredor y eleva el riesgo de afectación sobre el recurso hídrico local, del cual no existen estudios hidrogeológicos actualizados frente a la presión inmobiliaria.

Para otras dos de las fincas denunciadas (6-147654-000 y 6-97434-000), la CGR indicó que se mantienen en trámite ante SETENA los procesos de evaluación de impacto ambiental, por lo que aún no existe una decisión sobre su viabilidad. En cuatro fincas (6-147654-000, 6-253886-000, 6-227164-F y 6-227166-F) se registran denuncias o procesos de investigación judicial en distintas instancias, incluida la Fiscalía de Osa.

Con base en estos hallazgos, la Contraloría ordenó a la directora ejecutiva del SINAC, Giovanna Valverde Stark, y al alcalde de Osa, Mainor Anchía Angulo, realizar una revisión integral de los hechos y actuaciones en las tres fincas con indicios de desarrollo sin permisos, que incluya análisis documental, técnico y verificaciones de campo, con el fin de determinar la eventual existencia de infracciones a la Ley Forestal, la normativa ambiental y las disposiciones constructivas. En caso de comprobarse incumplimientos, la orden establece que ambas autoridades deben gestionar oportunamente las medidas correctivas y sancionatorias correspondientes, así como interponer las acciones judiciales y administrativas procedentes. El plazo para acreditar el cumplimiento de esta disposición ante la CGR vence el 18 de setiembre de 2026.

Consecuencia de incumplimiento

Ambas órdenes recuerdan que su acatamiento es obligatorio y que, conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el incumplimiento injustificado, una vez agotados los plazos y reiteraciones correspondientes, se considera falta grave y puede dar lugar a la suspensión o destitución de la persona funcionaria responsable.

Cinco razones para abrir un debate sobre el aeropuerto internacional de la Zona Sur

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por el Programa Kioscos Socioambientales*

Durante las últimas semanas, la discusión sobre la construcción de un aeropuerto internacional en Palmar Sur de Osa se ha centrado casi exclusivamente en la presencia o ausencia de hallazgos arqueológicos en el sitio donde se pretende desarrollar la pista del proyecto. Sin duda, la protección del patrimonio arqueológico es fundamental. Sin embargo, reducir la discusión a ese único aspecto invisibiliza otros impactos ambientales, sociales, territoriales y económicos igualmente relevantes.

Aún queda un largo camino para determinar si un proyecto de esta magnitud es ambiental y socialmente viable. Cualquier propuesta debería ser evaluada de manera integral, incluyendo el análisis de sus posibles implicaciones para el Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad de las Esferas del Diquís y para el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, reconocido como sitio Ramsar de importancia internacional.

Desde hace más de veinte años existe el interés de construir este aeropuerto en un territorio ubicado entre las comunidades campesinas de Finca 9 y Finca 10, muy cerca del Humedal Nacional Térraba-Sierpe y del conjunto de sitios arqueológicos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en Finca 6.

Más allá del debate arqueológico, y a pesar de que hay una importante lista de cuestionamientos, existen al menos cinco razones de fondo para cuestionar este proyecto.

1. Implicaría el desplazamiento de comunidades campesinas y la pérdida de un territorio con identidad propia

El aeropuerto no se construiría sobre un territorio vacío. En Finca 9 y Finca 10 viven familias campesinas que durante décadas han construido comunidad, desarrollado formas de producción agrícola y tejido una memoria colectiva ligada al territorio. Estas familias han permanecido en estas dos comunidades desde que la Compañía Bananera de Costa Rica abandonó la zona en 1984.

No se trata únicamente de reubicar viviendas. El desplazamiento de estas comunidades significaría afectar formas de vida, redes de solidaridad, conocimientos campesinos y una identidad territorial construida durante generaciones, que ahora se ve amenazada de desaparecer. Cualquier discusión sobre infraestructura debe comenzar preguntándose quiénes asumen los costos del llamado «desarrollo» y quiénes reciben sus beneficios.

2. Pondría en riesgo la producción de alimentos y el modelo de desarrollo local

Las comunidades afectadas constituyen un importante territorio de producción agrícola que abastece mercados locales y sostiene economías familiares campesinas.

La sustitución de tierras agrícolas por infraestructura aeroportuaria y los desarrollos asociados implicaría reducir la capacidad productiva de la región y favorecer un modelo basado en la expansión inmobiliaria, el turismo masivo y los servicios, en detrimento de la agricultura y la soberanía alimentaria.

La pregunta de fondo es ¿qué modelo de desarrollo quiere construirse para la Zona Sur?

3. Aumentaría la presión sobre uno de los humedales más importantes de Centroamérica

A menos de un kilómetro del proyecto se encuentra el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, uno de los complejos de manglar más importantes del Pacífico centroamericano y catalogado como sitio Ramsar de importancia internacional desde 1995.

El impacto no se limitaría a la construcción de una pista, aunque resulta cuestionable la posibilidad de armonizar vuelos y despegues de aviones con pasos de aves migratorias, donde el humedal forma parte de su hábitat. Un aeropuerto internacional suele inducir carreteras, hoteles, comercios, centros logísticos, urbanizaciones y nuevos servicios que incrementan la presión sobre los ecosistemas, la demanda de tierra, agua, la generación de residuos y la contaminación.

La magnitud de estas transformaciones exige una evaluación integral de sus efectos acumulativos y sinérgicos sobre el humedal y sobre todo el territorio.

4. El patrimonio arqueológico debe entenderse como parte de un paisaje cultural

El patrimonio arqueológico del Diquís no está compuesto por sitios aislados, sino por un paisaje cultural de valor excepcional reconocido por la UNESCO.

Más allá de los hallazgos dentro del área del aeropuerto, se deben considerar los impactos indirectos derivados del incremento del tránsito, las vibraciones, la expansión urbana y la infraestructura asociada, que pueden alterar el contexto donde este patrimonio adquiere sentido.

La discusión no puede limitarse al punto exacto donde se construiría la pista, sino abarcar el conjunto del paisaje cultural y sus relaciones con el territorio. La pregunta acá es ¿Está dispuesto el Estado costarricense a que la declaratoria de patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO para las esferas de piedra se vea amenazada y con posibilidades de ser retirada?

5. Es un territorio vulnerable y sin condiciones adecuadas de planificación

La zona propuesta fue y de alguna forma sigue siendo humedal (tipo de ecosistemas, inundable, suelos, etc) y por lo tanto presenta una alta vulnerabilidad frente a inundaciones y otros riesgos asociados al cambio climático, lo que obligaría a realizar importantes obras de drenaje y modificación hidrológica, con elevados costos económicos y ambientales. Por ejemplo, la pista de aterrizaje debería estar al menos a 3 o 4 metros más arriba de la topografía actual, ya que, en eventos como la Tormenta Nate del 2017, el agua llegó hasta a 2 metros de altura en la zona del proyecto.

La Fila Costeña está sometida a un fuerte proceso de especulación inmobiliaria. Un aeropuerto internacional modificaría el modelo de ecoturismo y la vocación agrícola de la zona, dando lugar a un turismo masivo, residencias de lujo y finalmente, turistificación y gentrificación.

A ello se suma que el cantón de Osa aún carece de un instrumento de ordenamiento territorial plenamente consolidado que permita orientar el crecimiento urbano y turístico que inevitablemente acompañaría un aeropuerto internacional. La experiencia demuestra que, cuando la planificación llega después de las grandes inversiones, buena parte de los impactos ya son irreversibles: fragmentación de bosques, pérdida de humedales, apertura de caminos, expansión inmobiliaria y especulación y concentración de la tierra. Para la Zona Sur, el costo ambiental podría ser muy alto si se considera el papel determinante de la naturaleza dentro de actividades económicas como el ecoturismo y el turismo rural comunitario.

El debate debe ser mucho más amplio

La discusión sobre el aeropuerto de Palmar Sur no puede reducirse a la existencia o no de hallazgos arqueológicos en un punto específico del terreno.

Lo que está en juego es el futuro de uno de los paisajes bioculturales más importantes de Costa Rica: ¿La Guanacastización de Osa? la permanencia de comunidades campesinas, la producción de alimentos, la protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, la conservación del patrimonio arqueológico y cultural, la gestión de los riesgos ambientales y el modelo de desarrollo que se quiere impulsar para la Zona Sur.

Costa Rica debe preguntarse no solo si es posible construir un aeropuerto en ese sitio, sino si ese es el lugar adecuado para una infraestructura de esa magnitud y si los beneficios públicos justifican los costos sociales, ambientales y culturales que podría generar.

Porque el patrimonio no se limita a las esferas de piedra. También lo conforman las comunidades que habitan el territorio, los humedales que sostienen la biodiversidad, la soberanía alimentaria, los paisajes culturales que conservan la memoria y los bienes comunes que pertenecen a toda la sociedad.

* El Programa Kioscos Socioambientales desarrolló proyectos de Acción Social de la UCR en las comunidades de Finca 9, Finca 10, Térraba y Chánguena, en Palmar Sur de Osa, entre 2011 y 2019. Estos procesos fortalecieron organizaciones campesinas mediante el rescate de la memoria histórica del antiguo enclave bananero, la promoción de prácticas agroecológicas y el análisis de las transformaciones territoriales de la región. En este trabajo se abordaron temas como la conservación del Humedal Térraba-Sierpe, el patrimonio arqueológico de las esferas de piedra, la expansión de la palma aceitera, la gestión del riesgo por inundaciones y las implicaciones de la propuesta de construcción de un aeropuerto internacional. Asimismo, el Programa participó en la comisión institucional de la UCR encargada de valorar el estudio de impacto ambiental del proyecto aeroportuario (expediente D1-11752-2013-SETENA). Actualmente, el proyecto ED-3526 Geografía y Diálogo de Saberes acompaña a la Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta en la defensa de la Fila Costeña frente al desarrollo inmobiliario. Durante estos años se llevaron a cabo una serie de producciones académicas: ver lista completa

Turistificación en Osa: más del 70 % de las propiedades en Ojochal están en manos extranjeras

Escrito en . Publicado en Comunidad.

San José, 12 de junio de 2025 – En el programa Voces y Política de Radio Universidad de Costa Rica, se presentó la investigación «La frontera en movimiento: la turistificación de Ojochal de Osa, 1990-2024«, elaborada por el Máster Óscar Leiva Alpízar como parte de su trabajo final de graduación en la Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, sede Chorotega.

Óscar Leiva Alpízar es también Máster en Desarrollo Territorial Rural por FLACSO y Licenciado en Turismo. Participa activamente en la Comisión de Alianza Comunal (CAC) del Corredor Biológico Paso de La Danta (CBPD), en el Pacífico sur costarricense.

La investigación revela que entre el 70 % y 75 % de las propiedades en Ojochal están en manos de personas extranjeras. Esta estimación se basa en una muestra de aproximadamente 3.000 hectáreas, obtenida a partir de la revisión de 2.240 fincas, en su mayoría inscritas a nombre de sociedades anónimas.

Ojochal se encuentra entre el océano Pacífico y la Fila Costeña del sector Dominical–Palmar Norte. En las últimas semanas, ha quedado en evidencia una creciente problemática socioambiental que afecta esta zona y que impacta directamente al Corredor Biológico Paso La Danta, del cual la comunidad también forma parte.

Históricamente Ojochal fue un poblado rural con vocación agrícola y ganadera. Sin embargo, desde la década de 1990, ha vivido un proceso de acelerada transformación territorial impulsado por inversión extranjera, compraventa masiva de tierras y el desarrollo de proyectos inmobiliarios enfocados en el turismo residencial de lujo.

Este fenómeno, conocido como turistificación, ha configurado un territorio apropiado, planificado, construido y habitado en función del turismo, transformando profundamente el uso del suelo y la estructura social de la comunidad.

Las antiguas fincas ganaderas han sido reemplazadas por residencias exclusivas con vistas al mar. Muchas familias locales han sido desplazadas o se han visto forzadas a integrarse como mano de obra en el nuevo modelo económico. Entre 1990 y 2024 se registraron más de 3.000 transacciones inmobiliarias; un 68 % de ellas corresponde a propiedades vendidas entre 250 mil y 750 mil dólares, lo cual ha elevado significativamente el valor del suelo y ha dificultado el acceso a la tierra y a la vivienda para los habitantes tradicionales.

Además, el estudio muestra a partir de una encuesta aplicada en el distrito de Bahía Ballena y Ojochal que el precio promedio de los alquileres ha aumentado un 49 %, principalmente con el auge constructivo y turístico de la postpandemia, lo que ha generado una presión económica creciente sobre las familias residentes. Algunas han tenido que abandonar la comunidad debido al alza en el costo de vida. “Es una turistificación que también se vive como desplazamiento por la segregación social que genera la actividad, además de la exclusión que genera que ciertas zonas que resultaban ser fincas agrícolas hoy son condominios cerrados y vigilados”, advierte Leiva.

Apoyado en conceptos como la producción social del espacio y la gentrificación rural, el estudio define a Ojochal como una “frontera en movimiento”, que ha pasado de ser una frontera agrícola a una frontera turística, reconfigurando el territorio para responder a las necesidades de una élite extranjera y desplazando de forma silenciosa a la población local.

Este proceso no es aislado. Ojochal forma parte del proyecto turístico Costa Ballena, que incluye comunidades como Dominical, Uvita y Ojochal bajo una misma marca territorial, promovida como un «paraíso interconectado» que resalta la biodiversidad y la conservación. Sin embargo, esta narrativa estética ha servido para legitimar un modelo extractivo de apropiación territorial bajo el disfraz de sostenibilidad.

La investigación también señala la ambivalencia del Estado: muchas veces ausente en la regulación y planificación, como la construcción de un aeropuerto internacional en la zona, iniciativas que podrían agravar aún más la presión sobre los ecosistemas y las comunidades.

No obstante, también hay resistencia. Algunas familias han encontrado formas de adaptación y organización comunitaria para preservar la identidad del lugar y su tejido social.

“Hoy Ojochal enfrenta un dilema: cómo convivir con el crecimiento turístico sin perder su esencia ni desplazar a quienes históricamente han habitado el territorio”, concluye Leiva. “No se trata solo de transformar el paisaje, sino también las formas de vida, los vínculos sociales y el sentido del lugar”.

El investigador recuerda que en los años 60, la expansión de la frontera agrícola motivó la creación de leyes para proteger el mundo rural. Hoy, la expansión de la frontera turística demanda un nuevo marco legal que regule el desarrollo, distribuya equitativamente sus beneficios y mitigue sus impactos sociales y ambientales.

“El llamado es claro: así como en su momento se aprobó la Ley de Tierras y Colonización, Costa Rica necesita hoy legislación específica para gestionar de manera justa y sostenible el auge turístico, resguardando tanto la biodiversidad como los derechos de las comunidades locales”, enfatiza Leiva.

Finalmente, el proceso de investigación enfrentó importantes obstáculos. Leiva debió presentar un recurso de amparo contra la Municipalidad de Osa para poder acceder a la información pública necesaria. Además, muchas personas entrevistadas prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias, lo que refleja las tensiones que rodean este fenómeno.

Puede accesar a toda investigación con mapas, gráficos y fotos en: https://repositorio.una.ac.cr/server/api/core/bitstreams/dfdbab25-5b24-4db0-b1a4-8f4238317daa/content

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Personas de Piedras Blancas de Osa se movilizan por vivienda digna

Escrito en . Publicado en Derechos, Vivienda.

Un grupo de personas de Piedras Blancas de Osa se movilizó hasta las oficinas del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) ubicadas en Río Claro de Golfito, para demandar una solución a la tenencia de la tierra, un lote para contar con una vivienda digna.

La Comisión Sureña informó a SURCOS que “tienen 17 años de posesión del lote no. 24 de la finca conocida como Haciendas del Sur, donde viven dieciséis familias de escasos recursos económicos en una de las zonas más empobrecidas del país, y a pesar de esa situación, no menos de cuatro gobiernos han pasado y ninguno ha resuelto la difícil situación de todas las familias que ahí viven”.

Por eso decidieron hacerse presentes con rótulos demandando a las autoridades del INDER resolver su difícil situación.

Las comunidades de Zona Sur se movilizan contra botadero de basura

Escrito en . Publicado en Comunidad.

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

“Las comunidades de Salamá Finca Puntarenas, Piedras Blancas del Cantón de Osa y otras de la Zona Sur, están en la calle en protesta pacífica contra la pretensión de algunos inescrupulosos de instalar un botadero de basura en el corazón de la biodiversidad de Costa Rica y de nuestro Planeta Tierra.

Hoy les decimos que no lo permitiremos, ¡¡¡cueste lo que cueste!!!

Zona Sur, 26/01/2026.”

GALERÍA

¿Un relleno sanitario en Osa? Descubre qué está en riesgo

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En julio de 2025, se prevé la apertura de un relleno sanitario cerca de la comunidad de Salamá, Osa, una región de alto valor ecológico y social. Este proyecto, que abarcará 60 hectáreas y recibirá 3,000 toneladas diarias de basura, ha despertado preocupación por los posibles impactos ambientales y sociales en las comunidades cercanas.

¿Por qué deberías interesarte?
Este relleno sanitario se ubicará entre los corredores biológicos Fila Cruces y Osa, cerca de nacientes y humedales como el Térraba-Sierpe. Los lixiviados, un líquido altamente contaminante que se genera cuando el agua entra en contacto con la basura, podrían afectar el agua que abastece a las comunidades de Finca Puntarenas y Salamá, quienes dependen de pozos artesanales y ríos para su consumo diario.

Además de la contaminación, el proyecto podría alterar el flujo hídrico de la región, causar pérdida de biodiversidad y generar conflictos socioambientales debido a olores, tráfico y el uso del territorio.

¿Qué podemos aprender?
En nuestra infografía, exploramos los riesgos de este proyecto, su impacto en la naturaleza y la necesidad urgente que tenemos por pensar y exigir a nuestras autoridades alternativas para un manejo más sostenible de los residuos. 

Esto es una invitación para que reflexionemos juntos y juntas sobre cómo proteger los bienes naturales y garantizar una mejor calidad de vida para nuestras comunidades.

Les compartimos el Recurso de Amparo dónde la Sala Constitucional le ordena a Presidente de la ASADA de Piedras Blancas de Osa que otorgó disponibilidad de agua a empresa desarrolladora de Relleno Sanitario en Osa a rendir cuentas ante consultas de la comunidad de Salamá de Osa y el diputado Ariel Robles Barrantes.

Puede descargar el documento aquí.

La última vivienda del indio Venancio

Escrito en . Publicado en Cultura.

Uriel Rojas

El Indio Venancio fue un personaje muy conocido en el cantón de Osa por tener grandes propiedades de tierras en las explanadas del Diquís previo a la llegada de la bananera.

Incluso cuando llegó la compañía, se negó a vender sus tierras y siguió cultivando sus productos, siendo una isla en medio de las fincas bananeras.

A pesar de que pasó mucho tiempo en una finca llamada El Gorrión, al final se trasladó a vivir en Cañablancal, donde murió en 1967 a sus 87 años.

Su última vivienda, estaba hecha de madera y fue construida por don Arnulfo García, un carpintero de origen nicaragüense que trabajaba para la Compañía Bananera en Palmar Sur por lo que se presume que “copió” el estilo de las casas de la compañía, para adaptarla a los gustos y necesidades de la familia del Indio Venancio Mora.

Era una casa grande, bastante alta, con aleros en la fachada principal y parte de la lateral superior.

El color del edificio tenía un acabado de pintura color blanco hueso con detalles en verde.

Entre las curiosidades que se le atribuía al Indio Venancio era, que tenía una Ceiba en su finca El Gorrión. Era un árbol inmenso y la compañía bananera siempre la quiso cortar, pero nunca pudo.

Cada vez que intentaban cortarla, la motosierra se dañaba. No hubo uno que sirviera, la que no se quebraba, no arrancaba, se jodía. Cuando el indio murió también la ceiba.

También tenía una saína que cuidaba su casa y era bien brava. Era más brava que un perro, pero solo obedecía órdenes de tatica Venancio y uno de sus criados. La saína era cuidadora, cuidaba con recelos su finca y se hizo vieja, muy vieja, hasta que murió. Dicen que don Venancio la quería como si fuera una persona.

Pero no solo eso era extraño en el mundo del legendario Indio Venancio.

Él tenía sus bananales y cacaotales interconectados por trillos que formaban un laberinto.

Pero, aunque había muchos frutos nadie le podía robar nada. El que lo intentaba, cuando cargaba su jaba para huir del lugar, el camino que tomaba lo llevaba a la casa de tatica Venancio. Parecían caminos embrujados, nadie se salvaba, ni sus familiares, era algo extraño.

Esa finca era como mágica, el indio era como hechicero. Pero nadie pudo con Venancio mientras estuvo en vida, él murió siendo un rebelde.

Y aparte de todo esto, el indio se reunía unas tres veces al año con otros amigos que venían de Talamanca y otros de Boruca.

Se quedaban varios días en su casa y tenían rituales nocturnos. Hacían fogatas y comían carne silvestre.

A veces curaban enfermos indígenas, también a algunos vecinos, otros familiares.

Los no indígenas le tenían miedo porque tenía una apariencia de muy bravo, y algunos decían que era un hechicero.

Don Venancio Mora, o tatica como comúnmente le llamaban, murió en 1967 a la edad de 87 años en su casa de habitación situada en Caña Blancal de Palmar Norte.

Años después, su finca El Gorrión fue vendida a la compañía bananera, concluyendo así la rebeldía y la historia del Indio Venancio: una leyenda del Sur de Costa Rica.

Fotos: Hazel N.