Ir al contenido principal

Etiqueta: pacto social

Crisis de identidad en Costa Rica

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Un país con crisis de identidad no tiene la fuerza para afirmarse sobre sus propios pies y sostener sobre sus hombros las responsabilidades que le competen. Fácilmente, se convierte en víctima de fuerzas internas o externas, de poderes fácticos, que lo someten a sus particulares y mezquinos intereses. Es el papel innoble y vergonzoso de aquellos países que se entregan y someten a esos poderes, y su dignidad es pisoteada reiteradamente. Se convierten en “hojas que arrebata el viento”.

Nuestro país ha venido a pasos acelerados perdiendo y dejando de construir identidad. Perdiendo, porque la identidad incluye rasgos que tienen un asidero en el pasado. Dejando de construir, porque la identidad no solo recupera valores y logros; se edifica sobre nuevos cimientos con imaginación y voluntad creativa. Para construir identidad tenemos que desprendernos de las mitificaciones maniqueas del pasado, no dejarnos desesperar por los avatares del presente y mucho menos atrapar e ilusionar por las promesas paradisiacas de futuro, propias de los discursos mesiánicos.

Hasta ahora hemos venido dando tumbos porque también optamos por las salidas fáciles. Por un lado, le echamos todas las culpas de los grandes problemas del país a los partidos tradicionales, particularmente al bipartidismo del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). No hay duda que estos partidos tienen una importante cuota de responsabilidad, pues fueron quienes nos gobernaron prácticamente por seis décadas, después del conflicto bélico de 1948. Sin embargo, también supieron enrumbar el país por buenos derroteros, al menos hasta la década de 1980 cuando empezó a resquebrajarse el modelo de Estado Social de inspiración comunista, socialdemócrata y socialcristiano.

Por otro lado, los últimos gobiernos, tanto del Partido Acción Ciudadana (PAC) como del Partido Progreso Social Democrático (PSD), han tirado las campanas al vuelo con apuestas por un cambio de rumbo, particularmente dirigido a la lucha contra la corrupción y una gestión eficiente de la cosa pública. De esta manera, se busca borrar un pasado político de desaciertos y se celebra con bombos y platillos un cambio de rumbo promisorio.

Nos vemos así atrapados en un maniqueísmo de buenos y malos, que no hace más que propiciar la confrontación y hasta la violencia política en sus diversas expresiones. Y la realidad es que no todo tiempo pasado ha sido el peor ni tampoco el presente es el mejor.

El problema fundamental es que mientras se mantenga esta visión y comportamiento por parte de los políticos y buena parte de la ciudadanía, el país no logrará avanzar hacia niveles superiores de convivencia democrática, bienestar y paz social. Enfrascados en buscar culpables de las calamidades que estamos padeciendo, perdemos tiempo valioso para impulsar acciones concretas que permitan encarar con decisión y voluntad política los grandes problemas de hoy: desigualdad, inseguridad, violencia y crecimiento económico lento sin equidad, entre otros.

En este contexto, tenemos un desafío prioritario por delante: superar la actual crisis de identidad para recuperar más dignidad, y así poder enfrentar los retos del presente y trazar un destino mejor. Hay que afirmarse sobre los mejores logros del pasado, potenciar lo mejor de los recursos materiales y espirituales del presente y proyectar con visión optimista y mesurada un futuro más promisorio para las nuevas generaciones.

Para ello, es fundamental un nuevo pacto social y político que se construya en la mesa de la patria, para aunar esfuerzos y voluntades en la búsqueda de soluciones a los problemas más apremiantes, así como la proyección de políticas de Estado de largo aliento. Esto es algo que se ha venido reiterando, especialmente cada vez que nos aproximaos a un período electoral.

Aunque la polarización política se ha intensificado y las vías del diálogo reposado no cuentan con viento a favor, no debemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de esforzarnos para unir voluntades y concertar en la mesa del diálogo ciudadano patriótico. Al parecer, se perfila una nueva generación de candidatos, relativamente jóvenes, que aspiran a la presidencia. Esta nueva generación puede hacer la diferencia y en lugar de continuar por la vía de la confrontación y del antidiálogo, abocarse con amor y pasión a construir la nueva identidad costarricense, que nos coloque entre los países dignos porque se autodeterminan para crecer en bienestar, seguridad y paz social; y contribuir también a forjar un mundo más humano, justo y pacífico.

El país apreciaría en gran manera, que quienes aspiran a la presidencia para el 2026-2030, desde la campaña misma se comprometan a impulsar de manera conjunta, con generosidad y visión patriótica, ese necesario y urgente pacto social y político, para crear los cimientos de una Costa Rica más digna, próspera y fraterna y menos insegura, violenta y desigual.

De esta manera, los partidos políticos ofrecerían una buena señal de voluntad para remozarse y recuperar legitimidad como verdaderos agentes al servicio del bien común, anteponiendo a sus intereses particulares los más elevados de la patria.

Los tiempos adversos, donde se nublan los horizontes para avizorar mejores senderos que nos conduzcan a garantizar condiciones de vida digna para todos los costarricenses, son también propicios para ejercitar la voluntad colectiva de un pueblo que ha sabido encontrar salidas creativas y solidarias en momentos críticos, que pusieron a prueba su buena voluntad política para mancomunar esfuerzos más allá de las tiendas partidarias.

Ya es tiempo de renovar el pacto social de los años 1940-1950, de cara a los nuevos desafíos de un contexto geopolítico de grandes tensiones, donde los países requieren con urgencia diseñar su proyecto económico, social, político y cultural; es decir, construir su identidad, para ser sujetos de su propio destino.

 

Prospectiva y Ciencias Sociales

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Ya no resulta lugar común la frase “El futuro ya está aquí”. El escenario global nos ha demostrado con creces que aquello que decíamos avizorar en el horizonte, nos ha alcanzado.

Este 2025 hemos asistido en pocos meses a la teatralización de la guerra y el recrudecimiento de la barbarie contra pueblos como el palestino, que sigue soportando a pesar del ensañamiento y el silencio de los grandes tomadores de decisiones a nivel mundial.

Hambrunas, catástrofes climáticas provocadas por el hombre, la sinrazón de los exilios forzados, la preeminencia de una instrumentalización artificial sobre la inteligencia social y humana.

Todo había sido pronosticado como si el futuro quedara ubicado en la lejanía. No.

Ya está aquí.

En el plano doméstico, Costa Rica enfrenta su hora más complicada desde que se hizo refundar su pacto social, a mediados de la década de los años cuarenta del siglo anterior.

Los niveles de deterioro de los principales indicadores sociales que por años sostuvieron el proyecto de sociedad costarricense, muestran que el futuro al que muchos sectores temíamos, ya está aquí: desigualdad, pobreza, desempleo, desconfianza en el sistema democrático, femicidio galopante, narrativas de odio desde las voces que dirigen los destinos del país, socavamiento de la institucionalidad base de la apuesta país, inmersión desmedida de los poderes fácticos en todos los órdenes de la vida cotidiana.

Todos estos indicadores bastan para comprobar esta condición actual.

Imaginar lo que viene es tarea urgente. Por eso, las Ciencias Sociales costarricenses están llamadas a señalar el camino con las herramientas que la prospectiva le plantea. No es posible intervenir el ahora, sin señalar ese futuro que sigue alcanzándonos.

Es imperativo, por ello, profundizar los análisis y particularmente las propuestas centradas en esa imagen de sociedad que queremos. La academia debe asumir esa tarea. Las ciencias sociales deben liderar ese proceso.

A eso debemos avocarnos en lo que sigue.

La Constitución se cumple… ¿cuándo conviene?

Elian Xavier Jiménez Campos
Estudiante de 4to año de Sociología, Universidad Nacional, Costa Rica
Pérez Zeledón, 25 de julio

Costa Rica celebra, o aparenta celebrar, su tradición democrática, su institucionalidad y su Constitución Política como si se tratara de una bandera inmaculada. Pero mientras tanto, hemos normalizado su incumplimiento cotidiano. Lo peligroso es que este incumplimiento ya no escandaliza: se vuelve hábito, estrategia política y, peor aún, parte de la rutina del poder.

La Constitución de 1949 no es un simple documento jurídico: es el pacto social que define los derechos, límites del poder y garantías mínimas para la ciudadanía. Sin embargo, hoy vivimos un momento donde ese pacto se está quebrando sin consecuencias reales.

Ejemplos sobran. El artículo 78 establece que la Educación Pública debe tener al menos un 8% del PIB. Aun así, los gobiernos negocian presupuestos a la baja y hacen recortes sistemáticos al FEES, desfinanciando la educación superior pública sin que haya consecuencias legales reales. El artículo 50, que habla del derecho a un ambiente sano y equilibrado, se contradice con decisiones que priorizan proyectos extractivos o infraestructura sin consulta ni evaluación ambiental adecuada.

Y ni hablar del artículo 56, que establece el derecho al trabajo digno, o el 58, que garantiza una jornada laboral máxima de 8 horas. Mientras se impulsan reformas como el Proyecto de Ley N° 24.290, que alargan la jornada sin reconocer los impactos sociales, el poder político actúa como si la Constitución fuera un obstáculo y no una base.

Lo más preocupante no es solo el incumplimiento, sino la naturalización de este. El silencio cómplice de muchas instituciones y sectores es alarmante. Cuando la Constitución solo se cita cuando conviene, deja de ser norma suprema y se convierte en discurso vacío. ¿De qué sirve una Carta Magna que no se defiende ni se respeta en lo cotidiano?

Este fenómeno tiene consecuencias profundas. La pérdida de confianza en el Estado de Derecho no se da de un día para otro: se cultiva cuando las reglas no aplican igual para todas las personas. Cuando se flexibiliza la ley para los poderosos y se vuelve rígida para los sectores populares. Cuando se abandonan derechos fundamentales bajo la excusa de la “eficiencia” o el “orden”.

Esto no es solo un problema legal, sino un reflejo de la crisis de legitimidad política que atravesamos como sociedad. Si la Constitución ya no marca los límites del poder ni garantiza los derechos que promete, ¿qué nos queda como ciudadanía?

Hoy más que nunca, es urgente volver a politizar la Constitución, entenderla como herramienta viva y no como símbolo decorativo. No se trata de memorizar sus artículos, sino de exigir que se cumplan. Porque la Constitución solo tiene sentido si la defendemos cada vez que la quieren pisotear.

El futuro democrático del país no se juega en los discursos oficiales ni en actos públicos de revelación de partidos, sino en la coherencia con la que enfrentamos su incumplimiento cada día.

Costa Rica: Construyendo juntos un futuro solidario y democrático

Carlos Hernández / Cokomal / Redess

Costa Rica enfrenta un momento crucial de su historia, donde la crisis democrática, económica y la violencia generada por el narcotráfico exigen respuestas profundas y estructuradas. Las aspiraciones de los movimientos sociales de equidad, justicia y participación han sido golpeadas por cuatro décadas de predominio neoliberal y creciente desigualdad.

Desde la economía solidaria, no solo es posible replantear el modelo económico actual, sino también generar una articulación social que construya un pacto inclusivo capaz de integrar la diversidad de sectores ciudadanos.

La urgencia de un pacto social en Costa Rica

La economía solidaria, por su propia esencia, reconoce que el desarrollo económico debe estar ligado a la cooperación entre distintos actores sociales. Sin embargo, para que esta visión se traduzca en políticas efectivas y en una transformación real, es fundamental la construcción de un pacto social.

Este pacto no puede ser impuesto desde las élites ni responder únicamente a una agenda política económica. Debe ser el resultado de la convergencia de diversas voces: comunidades organizadas, sindicatos, asociaciones de trabajadores, academia y movimientos sociales que, en conjunto, defienden una patria digna y solidaria.

Un pacto social fortalecería las bases de una democracia real, alejándose de la plutocracia y la corrupción que han desfinanciado los programas públicos esenciales. La educación, la salud, la vivienda y el medio ambiente han sido sacrificados bajo una lógica de acumulación desmedida, mientras que la riqueza se concentra en sectores con capacidad de influencia sobre las decisiones políticas.

Un pacto social permitiría recuperar la soberanía de lo público, garantizando que la economía esté al servicio de la sociedad y no de unos pocos.

Expresión de la diversidad social: hacia una construcción participativa

Uno de los principios fundamentales de la economía solidaria es la diversidad. Un pacto social debe reconocer y dar voz a las distintas realidades que conviven en el país: los pequeños productores rurales, los trabajadores informales, la asociatividad en los territorios rurales y urbanos, los emprendimientos sociales y el movimiento ambientalista.

La articulación de estos actores es clave para generar respuestas desde abajo, desde quienes viven y resisten los efectos de la crisis en su cotidianidad.

La construcción de este pacto debe partir de procesos de participación activa, donde los sectores marginados por el modelo neoliberal recuperen poder de decisión y capacidad de incidencia. No es suficiente diagnosticar los problemas del país: es urgente que las comunidades diseñen alternativas y ejerzan su derecho a transformar la realidad.

Hacia una Democracia Solidaria y Activa

Costa Rica debe decidir si continúa caminando al borde del abismo o si encuentra un camino hacia la construcción de una vía de justicia social, inclusión y soberanía. La economía solidaria no es simplemente una alternativa económica, sino una opción de vida, donde los valores de equidad, justicia y colaboración sean la base de un nuevo modelo social.

El pacto social es la clave para restaurar la confianza ciudadana y recuperar la soberanía popular. No podemos permitir que la plutocracia continúe definiendo el destino del país. La oportunidad de cambiar el rumbo sigue vigente, pero solo será posible si la diversidad social converge en un proyecto común de transformación.

Imagen: https://teodulolopezmelendez

La postguerra civil del 48 no fue un lecho de rosas

Por Juan Félix Montero Aguilar*

Dice Adriano Corrales Arias en su artículo “Costa Rica al borde del autoritarismo” publicado en la revista SURCOS que Costa Rica, después de la Guerra Civil del 48 “resolvió los conflictos acumulados de la crisis general del capitalismo durante la primera mitad de ese siglo, con una concertación nacional”.

Agrega Corrales Arias que “aquel pacto social inédito –la oligarquía, los sindicatos, la burguesía nacional, el partido comunista, la iglesia católica, sectores medios emergentes, se habían sentado a la mesa– representado por la Asamblea constituyente de 1949 que consiguió redactar una Constitución Política visionaria, amplia y robusta, la cual tuteló las grandes reformas y nacionalizaciones”.

Yo por lo menos tenía o tengo conocimiento de otra Costa Rica no tan idílica después de los hechos bélicos de 1948 del siglo pasado.

No voy a referirme a acontecimientos harto conocidos como los mártires del Codo del Diablo, el encarcelamiento de los principales dirigentes del PVP (Luis Carballo, Carlos Luis Fallas, Arnoldo Ferreto, etc.), la persecución de la labor de excombatientes, el exilio de Carmen Lyra y Manuel Mora.

Me referiré solamente a un episodio que tiene que ver con las afirmaciones de Adriano sobre la Asamblea Nacional Constituyente aprobada en noviembre de 1949.

Agradezco al historiador Gerardo Contreras, mi coterráneo de Alajuela y Turrialba, quien hace años con mucha paciencia me explicó estos acontecimientos.

Lo cierto del caso es que a esa constituyente no les fue permitido participar a los partidos que salieron derrotados en la guerra civil, así como tampoco a los sindicatos de la CTCR que fueron puestos fuera de ley.

Sin embargo, pese a todos los obstáculos, dicha constitución pudo llevar su sello gracias a terceros que fueron constituyentes, uno de ellos Celso Gamboa Rodríguez (Partido Constitucional), a quienes los dirigentes del Partido Comunista en la clandestinidad recurrieron para que en ella quedaran plasmadas las garantías sociales y el Código de Trabajo entre otras.

No fue sin embargo posible evitar que en dicha Constitución se incorporara el párrafo ll del artículo 98, mediante el cual mantuvieron fuera de ley, sin poder participar en elecciones a los militantes y simpatizantes del Partido Vanguardia Popular durante veintisiete años.

Después del 48 se abrió uno de los capítulos más oscuros de la historia patria, donde fueron conculcadas libertades individuales y colectivas y las organizaciones sociales y los partidos de izquierda se enfrentaron a un reto: luchar por recuperar la democracia.

Ni siquiera en procesos tan cruentos como lo fueron las guerras civiles de El Salvador, Guatemala o Nicaragua, la oposición beligerante fue sometida a tanta discriminación y represión como lo fue el partido comunista y los movimientos sociales que participaron en la lucha armada en Costa Rica.

Durante los años setenta del siglo pasado, el Partido Vanguardia Popular desplegó una intensa campaña dirigida a los sectores democráticos del país en la cual se recogieron miles de firmas y gestiones a nivel parlamentario lo que permitió recuperar la democracia en Costa Rica, entendida esta como el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser electos en los poderes del Estado.

*Juan Félix Montero Aguilar es profesor pensionado.

Costa Rica al borde del autoritarismo

Adriano Corrales Arias

A mediados del siglo XX la sociedad costarricense, luego de atravesar una sangrienta guerra civil (1948), resolvió los conflictos acumulados de la crisis general del capitalismo durante la primera mitad de ese siglo, con una concertación nacional, misma que permitió la erección de un Estado Social de Derecho con la legislación social más avanzada de Centroamérica y, por qué no, del continente americano.

No todos estuvieron de acuerdo con aquel pacto social inédito –la oligarquía, los sindicatos, la burguesía nacional, el partido comunista, la iglesia católica, sectores medios emergentes, se habían sentado a la mesa– representado por la asamblea constituyente de 1949 que consiguió redactar una Constitución Política visionaria, amplia y robusta, la cual tuteló las grandes reformas y nacionalizaciones –previa abolición del ejército– de los años cincuenta y sesenta en salud, seguridad social, educación, vivienda, banca para el desarrollo, soberanía alimentaria, electricidad y telecomunicaciones, etc., que posicionaron al país en la vanguardia latinoamericana y consiguieron sustraerlo de la vorágine centroamericana con sus largas y cruentas guerras civiles; más bien nuestro estado colaboró en la pacificación de la región.

La democracia costarricense, entonces, se fortaleció con una institucionalidad maciza expandida por todo el territorio nacional, lo cual permitió un desarrollo sin parangón en nuestra historia, pero, sobre todo, una relativa paz social y un mejoramiento y ascenso de los sectores populares que, por vez primera, tenían acceso a buenos servicios en cuanto a salud, educación en sus tres niveles, vivienda, banca, agricultura, comercio e infraestructura pública, entre otros. De tal manera se conformó una gruesa clase media, se erradicó la pobreza extrema y se redujo la brecha social.

Claro que esa “revolución” democrática tuvo desviaciones, excesos y visos de corrupción por depredadores que se fueron enriqueciendo a la sombra del naciente estado blindados por un sistema electoral bipartidista. Lo anterior se agudizó con el inicio de la contrarreforma neoliberal de los años ochenta, en específico durante el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) y sus tristemente célebres planes de ajuste estructural (PAES) impuestos por el FMI y la banca internacional. Cuando se les agotó el bipartidismo –previo asalto de los partidos socialdemócrata y socialcristiano para tornarlos en maquinarias electoreras de insignia neoliberal con el objetivo de esquilmar el erario público y desmantelar –léase privatizar– el Estado Social de Derecho–, fundaron otro partido y, finalmente, como resultado de sus rencillas internas –lucha entre mafias para hacerse con el mayor trozo del pastel privatizador– acabaron trayendo a un desempleado para que les hiciera –con el descaro y el cinismo del perfecto desconocido que nunca vivió en el país– la tarea sucia de dar la estocada final a sesenta años de democracia social, pervertida, dicho está, por la avaricia de los de siempre enquistados en el aparato estatal y los nuevos ricos dispuestos a todo.

Hoy el país se debate ante la disyuntiva de salvar y fortalecer lo que resta del Estado Social de Derecho o permitir el ingreso de un autoritarismo tipo Bukele, Milei o Trump, representado por los agentes de una nueva forma de entender la política: mentir, confundir e intimidar, mientras se aplica la vieja consigna del laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), cuyo objetivo es desmantelar las instituciones estratégicas –salud, educación, banca, telecomunicaciones, recursos ecológicos, infraestructura, etc.– para, finalmente, privatizarlas, mejor dicho, venderlas al mejor postor (¿ellos mismos?). Lo peor es que, con el bombardeo de la “prensa canalla” por más de cuarenta años, el empobrecimiento de la educación, la precarización laboral y el aumento galopante del desempleo y la pobreza debido a la ausencia del estado (en especial en las regiones periféricas –costas y fronteras– donde pululan el narcotráfico y ciertas formas asociadas a la legitimación de capitales) miles de costarricenses empobrecidos, agobiados y cansados de las falsas promesas y de la corrupción estatal, apoyan y aplauden la segunda opción. He allí la bomba de tiempo que nos mantiene en vilo.

Las preguntas obligadas son las siguientes: ¿tendrá nuestro país aún las reservas políticas, morales y espirituales para enfrentar la contrarreforma neoliberal liderada hoy por populistas de derecha sin escrúpulos y sin patria? ¿Podrá constituirse una verdadera alternativa a la propuesta neoliberal de acabar con un Estado Social de Derecho, exitoso –a pesar de la sangría causada por las cúpulas del bipartidismos empresarial– mismo que costó sangre, sudor y lágrimas, además del esfuerzo individual y mancomunado de cientos de compatriotas? Escuchemos las respuestas.

El desafío de escuchar-nos

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La sociedad costarricense transita hoy por una de las horas más oscuras en su vida republicana. El talante en su conducción es cosa ya del pasado y la confrontación pareciera ser política pública declarada.

Esta semana que termina, un hecho inédito al menos en épocas recientes llamó la atención y encendió todas las luces de alarma para el sentido de convivencia.

En la Universidad de Costa Rica se recibió una amenaza de bomba, atribuida a seguidores del gobierno central y particularmente la figura del presidente Rodrigo Chaves.

Es ya de sobra conocido el tono confrontativo e insultante con que el mandatario se ha referido en sistemáticas ocasiones acerca de las universidades públicas y particularmente su aporte a la sociedad costarricense.

Es de sumo cuidado este episodio experimentado en la casa universitaria porque enciende todas las alertas sobre la sociedad que somos.

En esta hora de las polifonías y la sobre representación de las distorsiones y las posverdades, el principal desafío que resulta no es tan solo el restablecimiento del juego democrático, entrado en crisis recientemente.

La urgencia ahora es al menos escuchar, escuchar al otro, escuchar-nos. Y eso pasa por bajar tonos y dejar el insulto. Acudir al respeto. Volver a darle clase y prestancia al ejercicio político, reconstruir el pacto social desde la horizontalidad. Debemos empeñarnos en esa tarea. Es urgente.

¿Crisis o tragedia?

Por Arnoldo Mora

Arnoldo Mora

Bien hacen los que, en gesto patriótico, desenmascaran a quienes, desde el poder, atropellan las instituciones democráticas que sustentan nuestro Estado de Derecho. Los apoyo de corazón. Pero esto no basta. La tragedia que Costa Rica, estupefacta, está viviendo ante los desmanes del actual residente de Zapote – el apelativo honroso de “presidente” de una nación democrática, le queda muy pero muy grande a este improvisado que hoy (des)gobierna a nuestra querida Patria – debe ser analizada a la luz de nuestra historia. Eso da para escribir un libro entero; aquí tan sólo pretendo esbozar sus grandes líneas.

La forja de una nación se da en tres etapas. Nace como “pueblo”, se desarrolla como “nación” y se institucionaliza formalmente con la creación del Estado Nacional. Con una madurez impresionante, Costa Rica lo logró antes que otras naciones del entorno y por medios – lo cual es aún más impactante- eminentemente políticos, es decir, con un mínimo de derramamiento de sangre fratricida. Veamos. En el s. XVII gracias al mestizaje, nacimos como pueblo (el homo sapiens es una especie de mamíferos que vive en manada). En las décadas finales del s. XVIII e inicios del XIX, bajo la influencia de las reformas borbónicas impulsadas por Carlos III, nos convertimos en “nación”, es decir, adquirimos conciencia de nuestra identidad colectiva; este proceso fue hegemonizado por las nacientes ciudades del occidental del Valle Central, San José y Alajuela, triunfadores de la Batalla de Ochomogo (1823) que creará la Costa Rica liberal y republicana. En el siglo XIX, luego de nuestra independencia, forjamos el Estado Nación, gracias al espíritu visionario de Braulio Carrillo, al heroísmo patriótico de Juanito Mora y a la firmeza de los liberales de la década de los 80. Con la reforma de la educación de D. Mauro Fernández, se pusieron las bases de lo que será lo que los costarricenses entendemos por “democracia”, el Estado social de derecho. Esa fue la labor del siglo XX, llevada a cabo en tres etapas. La creación del Estado de derecho fue liderada por la generación del Olimpo, en especial por ese gran político que fue Ricardo Jiménez. En la década de los 40 se forja el Estado Social; fue una década especialmente violenta que culminará con la guerra civil de 1948 y el nacimiento de la Costa Rica contemporánea. Allí se da un pacto social entre los diversos sectores sociales con un protagonismo de los nacientes sectores medios, liderados por el recién creado Partido Liberación Nacional; todo en búsqueda de la trasformación del país gracias a un proceso de modernización, iniciado en el gobierno de Francisco J. Orlich (1962-66).

La crisis que hoy vive Costa Rica proviene de la obsolescencia que, de ese modelo de nación, como lo prueba la decadencia (¿irreversible?) del partido que hegemonizó la vida política del país durante toda la mitad del siglo pasado, Liberación Nacional. Se ha creado con ello un vacío de poder en un país que, como en todos los países de cultura latina, urge de un caudillo como en el pasado fueron Juanito Mora, Ricardo Jiménez, Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora y José Figueres. Hoy ya no basta administrar el Estado para, introduciendo algunas reformas, mantener el statu quo. El proceso burgués de modernización ha traído como consecuencia el debilitamiento de los sectores agrícolas y el surgimiento de sectores urbanos que hoy constituyen la mayoría política, económica y cultural de la población. Actualmente nuestra economía se basa no en la producción agraria, sino en la exportación de artefactos, hechos por profesionales salidos de nuestras universidades, empleados de las grandes empresas transnacionales instaladas en las zonas francas en constante crecimiento. En segundo lugar, nuestra economía se basa en el turismo, el cual está llamado a convertirse en el primer factor de producción de nuestras riquezas a mediano plazo. Costa Rica no tiene productos estratégicos para insertarse en el mercado mundial, como es el petróleo como materia prima y fuente de la energía que mueve a la economía mundial, o los cereales en el campo agrícola, para suministrar alimentos a una población de 8 mil millones de seres humanos. La riqueza de Costa Rica está en su biodiversidad, cuyo disfrute posibilita el desarrollo del turismo, el cual se nutre de nuestras bellezas naturales y de la gentileza de nuestras gentes. Pero el turismo requiere de paz local, lo cual sólo se logra gracias a un Estado que aplique la justicia en los tribunales, a una policía que dé seguridad ciudadana y a un sistema político basado en la justicia social; ya que los pueblo sólo son felices si tienen un presente que les garantice seguridad económica y un futuro para sus hijos gracias a una excelente educación, todo sustentado en un sistema de servicios baratos que provea de salud a toda la población. Motor de este proceso es el avance en el desarrollo científico-tecnológico, que sólo se logra gracias a la consolidación de una educación superior pública que promueva la investigación de punta, puesta al servicio de las mejores causas.

Lo dicho sólo se logrará cuando el pueblo tome conciencia de su condición de sujeto de su propio destino y se organice políticamente para lograrlo. La crisis ha sido agravada por el actual gobierno, si bien se ha venido sistemáticamente incubando desde décadas atrás, debido a que gobiernos anteriores debilitaron el Estado Social de Derecho. Pero hay que enfatizar que esta crisis debe ser vista, no como una tragedia irremediable sino como una crisis que anuncia una nueva etapa de nuestra hermosa historia patria, gracias a un pueblo que, en sus momentos más álgidos, ha dado muestras de una impresionante madurez política. La crisis de los partidos políticos debe servir para dar el salto de una democracia representativa a una democracia directa y popular, sin por ello debilitar la institucionalidad democrática vigente. Todo lo cual sólo se logrará por etapas, como todo en la vida individual y de los pueblos. En concreto, debemos aprovechar las próximas elecciones, cuyos aires ya han comenzado a soplar en el ambiente político doméstico, para debatir sobre estos temas. Por ahora, no nos preocupemos por forjar líderes; esto se los dará el propio pueblo cuando la coyuntura política lo requiera. De nosotros depende que la crisis actual no degenere en tragedia.

Estéticas de la acumulación o un nuevo pacto social

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Un museo con sede en Mexico dedicado a la narcocultura muestra la razón del hiperconsumo llevada al extremo.

Desde lentes con valores inimaginables pasando por armas con incrustaciones de millones de dólares, hasta piyamas blindadas y vestidos valorados en millones de dólares.

En esencia se trata de una acción en la que se conjugan poder y acumulación impulsados por una estética que ha trastocado los valores con los que la sociedad venía construyéndose.

“Ser alguien” no es ya un fin que se consiga con la educación como palanca. En medio de un discurso de la desesperanza, las personas jóvenes encuentran en otras prácticas culturales, económicas y sociales, los mecanismos para construirse cierto lugar donde ser visibles.

En particular en contextos pobres y precarios, el lenguaje de lo pragmático que proponen las actividades delictivas organizadas se superpone a los proyectos educativos, en otros momentos integradores horizontales y verticales de la sociedad.

Por esa razón en el caso costarricense nos enfrentamos a nuevas lógicas de convivencia que tienen como eje formas de relación donde la frugalidad, la acumulación y la violencia sustituyen el proyecto integrador del estado social que alguna vez funcionó para todos.

Al finalizar junio más del 50% de los homicidios perpetrados en el país tenían como causa principal el ajuste de cuentas, indicador de cómo el mercado ha hecho su trabajo en la instalación de los poderes fácticos como organizadores de lo social.

En algunos barrios populares costarricenses la opulencia ya empieza a evidenciarse como estética dejando atrás la precariedad, lo que significa que es otro el contrato social predominante.

Por ahora la perplejidad analítica no nos deja señalar un camino de respuesta. Hemos dicho que la mejor manera de abordar estas nuevas realidades es acudir a un pacto inclusivo con nuevas formas de juntarnos. No se si sea suficiente. Pero sigo aspirando a ello.

Un pacto social por la educación pública

A lo largo del trayecto que recorrieron los manifestantes en la marcha de este 20 de junio por la defensa de la educación pública, surgieron historias individuales y colectivas, reclamos y aspiraciones, mensajes muy académicos y otros no tanto… Pero, sin duda alguna, esta marcha para rescatar la educación pública costarricense nos recuerda el pacto social y el modelo de sociedad particular que hemos construido durante muchas décadas de diálogos y consensos basados en un Estado social de derecho

Aquí les compartimos, con voces e imágenes, algunas de esas historias que nos dejó la marcha por la defensa de la educación pública costarricense.

 

María Encarnación Peña Bonilla

Periodista, Oficina de Comunicación Institucional