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Etiqueta: pacto social

El alma de un pueblo no se borra con gritos

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por JoseSo

Costarricenses, hermanos:

Estamos a solo una semana de decidir el rumbo de nuestra casa, de esta finca grande que llamamos Costa Rica. Y hoy no quiero hablarles desde los números de los economistas, sino desde la piel, desde la memoria de nuestros abuelos.

Nos han querido vender el cuento de que todo lo que fuimos es mentira. Nos dicen que nuestra historia es un estorbo y que las instituciones que el mundo entero nos admira son solo “trabas”. Pero se les olvida algo: Costa Rica no nació ayer por un video de TikTok o Facebook.

Esta patria se fundó sobre la voluntad de gigantes que, aunque pensaban distinto, se sentaron a hablar. Pensemos en ese abrazo histórico entre Calderón Guardia, Manuel Mora y Monseñor Sanabria. Tres hombres de mundos opuestos que nos regalaron las Garantías Sociales, el Código de Trabajo y nuestra amada Caja.

Ellos no se insultaron; ellos construyeron. Y luego, tras el dolor de la guerra del 48, llegó el Pacto de Ochomogo. Don Pepe Figueres y Manuel Mora entendieron que Costa Rica valía más que una victoria militar. Ahí nació la paz, ahí murió el ejército, y ahí nació el Tribunal Supremo de Elecciones para que nunca más nadie nos robara el voto.

De ese espíritu de diálogo salieron el ICE para darnos luz, los Parques Nacionales que hoy nos dan de comer con el turismo, el Aguinaldo para la Navidad de nuestros hijos, los EBAIS, los CEN-CINAI y los comedores escolares que aseguran que ningún carajillo se duerma con hambre.

¿Cómo se logró todo eso? Sin gritos. Con paz y con voluntad.

Pero hoy, la realidad nos golpea la cara. Nos prometieron “comerse la bronca”, pero la bronca se la están comiendo las familias que entierran a sus jóvenes víctimas del sicariato. Nos dicen que “todo está bien, que solo se matan entre ellos”, mientras la droga sale por nuestros puertos (con todo y su cuento de los escáneres) hacia Europa y quitan a la policía de nuestras fronteras.

Nos hablan de combatir la corrupción de “los mismos de siempre”, pero vean hacia el lado del oficialismo. ¿Quiénes están ahí? Los mismos apellidos que el pueblo ya conoce: los Chaves, los Jiménez, los Araya, los Thompson y los Álvarez Desanti. Díganme ustedes: ¿Cómo van a limpiar la casa si trajeron a vivir a los que ayudaron a ensuciarla?

Atacan a gente valiente como Álvaro Ramos por decir la verdad, mientras reciclan ministros de seguridad de gobiernos pasados que ya fallaron.

Costarricenses, el populismo se alimenta del odio y de la división. Nos quieren hacer creer que para arreglar el país hay que romperlo. Pero el “Pura Vida” que nos robaron no es un eslogan de turismo; es nuestra forma de ser. Es la solidaridad de la mano extendida, no del puño cerrado.

Este domingo no elegimos un “capataz”. Elegimos el futuro de nuestros hijos. ¿Queremos la Costa Rica del insulto, la violencia y la represión a quienes piensan diferente? ¿O queremos volver a la Costa Rica del respeto, del diálogo y de la paz que nos hizo grandes ante el mundo?

Nuestra democracia tiene más de cien años. No permitamos que el ego de unos pocos borre el sacrificio de millones.

Soy JoseSo, y yo creo en la Costa Rica que construye, no en la que destruye.

¿Qué clase de Estado tenemos y qué clase de Estado queremos?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Marjorie Hernández Delgado
Docente

“El Estado, no lo olvides jamás, no tiene recursos que le sean propios,
no tiene nada, no posee nada que no tome de los trabajadores”.
Frédéric Bastiat

Al calor de la campaña política acercándonos a las elecciones presidenciales y en la algarabía y pasión que despiertan los debates con los candidatos a la presidencia, se escucha como un estribillo “…tenemos un Estado Social de Derecho”, pero ¿realmente lo tenemos?

Porque en nombre de ese llamado Estado Social de Derecho se han aprobado leyes espurias en las últimas administraciones gubernamentales, que han venido a socavar los derechos de las personas. Al hablar de personas me refiero a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, a los enfermos, a los productores, a los comerciantes informales o formales, en fin, a toda la población que debe gozar de la protección del Estado como mandato constitucional y, sobre todo, los sectores más vulnerables.

Entonces, no podemos decir actualmente que gozamos de un Estado Protector, de un Estado Justo y Equitativo y menos de un Estado Benefactor y Democrático. ¿Por qué? Por la simple razón de que se rompió o rompieron el Pacto Social que décadas atrás nos diera como producto nuestra preciada Carta Magna. La misma donde se procuraba la justicia social, la equidad, respeto a los derechos individuales y colectivos, las garantías sociales y aseguraba el orden jurídico que regiría la Nación.

Podemos hablar de varios actores que provocaron esa ruptura del Pacto Social (Carta Magna). Las cúpulas de poder económico y político del país, aquellos tomadores de decisiones que por intereses mezquinos solo han pensado en su propio beneficio y no en el bien común, aquellos que, gozando del beneficio de haber sido electos por el pueblo para ser representado dignamente, solamente obedecen a sus propios intereses, los de quienes les financiaron sus campañas políticas o los colocaron en los puestos que ocupan.

Es así como nacieron adefesios jurídicos, por ejemplo, “el combo fiscal”, la ley 9635, o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con su ley de Empleo Público generó más desigualdad e inequidad en lugar de cerrar brechas laborales-salariales con su famoso salario global, castigando a los trabajadores más antiguos. También la Regla Fiscal, que ha provocado tanto daño a los trabajadores del sector público con el congelamiento salarial indefinido, llevando ya seis años y contando, cuya promesa de que se aumentará el mismo suena más a una quimera, sarcasmo o burla despiadada. O los recortes de presupuesto temerarios en los programas de transferencias sociales, educación, salud y seguridad. Y la famosa imposición del 1% a la Canasta Básica, que aparte de los muchos productos que sacaron de la misma, los que quedaron fueron gravados con el IVA, afectando con esto a los sectores más vulnerables y vulnerando otros como bien lo demostró en su momento el Observatorio Económico y Social de la UNA. Además, la Ley 9808 conocida como ley anti huelgas, para coartar el derecho a la protesta social pacífica.

Sin embargo, ¡a pesar de violentar todos los derechos establecidos en la Constitución Política, la Sala Constitucional no halló ningún vicio que riñera con la Carta Magna! Causando estas leyes todo el desequilibrio económico y social que vive el país, porque se le dio prioridad al pago de una eterna deuda pública, que nunca se ha renegociado por el bien de la población vulnerable y vulnerada, sino que beneficia únicamente a los tenedores de la misma.

¿Dónde quedó el artículo 50 de la Constitución Política sobre “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”? ¿Cuál fue la reactivación económica prometida, el aumento de empleo y la disminución de la pobreza? ¿A dónde quedó la generación de mayores oportunidades para los jóvenes? ¿Es esto un Estado Social de Derecho?

Otra falencia en los debates políticos es que nunca se tocó el tema pensiones de manera clara y abierta, siendo este un tema país, que ha estado en la palestra desde hace más de tres años y que ha tomado relevancia en los últimos meses por la discusión sobre la devolución del ROP.

Siendo que la ley 9906 que impuso la entrega del ROP a cuenta gotas, arrebatando a los jubilados el derecho de recibir este fondo completo al momento de la jubilación, causándoles grandes perjuicios y beneficiando únicamente a las operadoras de pensiones, violenta no solo los artículos constitucionales: 09 sobre la participación ciudadana al aprobarse de manera inconsulta, el 50 sobre la distribución de la riqueza, el 45 sobre la propiedad privada porque son cuentas individuales que le pertenece a cada trabajador, sino que también violenta la ley 7935, Ley de Protección al Adulto Mayor.

Pero lo peor de todo esto es que instituciones públicas como SUPEN y el Banco Central, de manera irresponsable defienden los intereses del Capital Financiero dejando totalmente desprotegidas a las personas jubiladas en la etapa más crítica de su vida, la vejez. Por eso no podemos afirmar que tenemos un Estado Social de Derecho, tenemos actualmente un Estado avasallador, un Estado opresivo que ha permitido la aprobación y ejecución de leyes espurias, que han roto el Pacto Social constituido en 1949, el cual trajo paz y justicia social.

Por tal razón, los invito a salir a votar este domingo 1º de febrero, pero que sea un voto informado, un voto pensado, un voto que nos permita recuperar la Democracia, donde el pueblo tenga verdadera participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, donde los administradores del Estado brinden rendición de cuentas y una evaluación de resultados, según lo establece nuestra Carta Magna (art.11), un Estado benefactor, protector, un Estado donde impere el principio de justicia social y equidad, un Estado donde se busque el bien común y la seguridad ciudadana, donde se respeten los derechos de las personas y se valore el impacto que puede causar las leyes que se van a aprobar. Ese es el Estado que queremos y como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de velar para que así sea, porque también somos actores y parte fundamental de éste al contribuir con nuestros impuestos.

Costa Rica no necesita salvadores

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Reinventar el país: la tarea política de todos que no podemos seguir posponiendo

Los graves problemas de la Costa Rica del siglo XXI, acumulados por casi cuatro décadas, no se resolverán ni en estas elecciones ni en los próximos cuatro años. El raquitismo político es evidente. En el cuatrienio reciente, lejos de enfrentarse estos desafíos, se ampliaron y agravaron, provocando un retroceso social y el estrangulamiento de posibles caminos hacia el desarrollo. A pocos actores políticos parece importarles realmente esto, pero la necesidad de actuar es urgente.

Hace cinco años publiqué un artículo sobre las fracturas sociales y los claroscuros ideológicos que atravesaban a Costa Rica en el segundo gobierno del PAC. Aquella publicación pasó casi desapercibida, como otros diagnósticos que quizás no encontraron su momento. No busco ahora reconocimiento, sino entender mejor nuestras penas colectivas. Los problemas no comenzaron entonces, pero sus manifestaciones ya eran inocultables.

Luego vinieron nuevas crisis: la pandemia del COVID-19 y su impacto sanitario, las tensiones fiscales, protestas sociales, el sacudón electoral de 2022 y un profundo desalineamiento político que resquebraja la hegemonía de los actores tradicionales. A esto se sumó el giro conservador del segundo gobierno del PAC y la represión de protestas sociales. Muchas de las fracturas previas persisten, pero han cambiado de forma e intensidad. Algunas se han profundizado; otras se expresan de modo distinto; y en ciertos ámbitos es necesario afinar el lente analítico.

Lo que presento ahora es una actualización crítica de aquel diagnóstico, basada en evidencia reciente de las universidades públicas, organismos internacionales y los procesos políticos que han marcado al país desde 2018.

Una economía que crece, pero para pocos

Costa Rica sigue moviéndose al ritmo de la inversión extranjera, las exportaciones y los servicios. No obstante, la desigualdad se mantiene entre las más altas de la región, incluso después de las reformas fiscales dirigidas a contener el déficit. Esta contradicción —crecimiento sin reparto— es hoy una característica estructural. La concentración de la riqueza se naturaliza, especialmente en manos de capitales transnacionales.

El mercado laboral confirma esta tendencia regresiva. Aumentan la informalidad, el subempleo y la dificultad para que las personas jóvenes —incluso con estudios universitarios— encuentren trabajo estable. La pandemia aceleró procesos previos: automatización, teletrabajo, reconfiguración del comercio y debilitamiento del empleo formal. El resultado es un país donde tener trabajo ya no garantiza bienestar ni movilidad social. La Costa Rica de la paz social y la equidad reformista se diluye rápidamente.

De la política sin brújula al embrujo del desencanto

En 2018 señalé el vacío ideológico y el avance del conservadurismo. Esos procesos continúan, pero la escena política se ha vuelto aún más volátil. Las elecciones de 2022 lo evidenciaron: el PAC se desfondó, Liberación Nacional profundizó su desgaste, la izquierda no logró consolidarse y surgieron candidaturas “antisistema” con apoyo considerable.

El país vive una mezcla de antipolítica, personalización del poder y discursos cargados de enojo. La radicalización derechista es solo una pieza del rompecabezas: también influyen la frustración por el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de servicios públicos robustos y la sensación creciente de que “nadie nos representa”. La crisis de confianza afecta por igual a instituciones, partidos y liderazgos. En este contexto, resulta más fácil fabricar encantamientos mesiánicos que construir soluciones estructurales. La fragmentación ideológica se ha convertido en un rasgo permanente de nuestra convivencia.

Clases medias: del pilar histórico al mosaico fragmentado

Uno de mis planteamientos centrales era la erosión del papel estabilizador de las clases medias. Esto sigue siendo cierto, pero la evidencia reciente muestra un panorama más complejo. Las clases medias no son un bloque homogéneo; hoy constituyen un conjunto de segmentos desconectados y, muchas veces, en competencia entre sí.

Conviven al menos cinco grupos: funcionarios públicos con empleos relativamente estables, pero bajo presión fiscal y estigmatización; profesionales jóvenes endeudados, con trabajos temporales o mal remunerados; pequeños comerciantes y emprendedores golpeados por la competencia global y la disminución de ingresos; hogares de ingresos medio-bajos, altamente bancarizados y vulnerables a caer en la pobreza; agricultores y productores rurales afectados por la apertura comercial y el abandono estatal.

Cada grupo experimenta el malestar de manera distinta. Algunos se distancian de la política; otros se inclinan por opciones conservadoras; otros buscan salidas tecnocráticas, antiélite o directamente mesiánicas. El bloque de clase media que ayudó a sostener la estabilidad política del siglo XX es hoy un territorio fragmentado, sin proyecto común ni expectativas claras. Su “embotellamiento” físico y social se ha vuelto más literal: viven endeudadas, frustradas y escépticas respecto a cualquier promesa de futuro.

Una sociedad civil debilitada, pero en movimiento

En mi diagnóstico original subrayé el debilitamiento de la sociedad civil. Esa tendencia se mantiene, aunque con matices. Desde 2018 ha habido momentos de movilización: protestas contra la reforma fiscal, contra medidas regresivas, huelgas sectoriales, luchas ambientales, territoriales y feministas.

Sin embargo, estas expresiones no han logrado articularse en un proyecto político alternativo. Funcionan como válvulas de escape de la frustración social, pero no como plataformas de cohesión. La fragmentación general del país también se reproduce en la protesta. Existe activismo, pero escasa capacidad para convertirlo en transformación institucional.

Un país que necesita repensar su pacto social

La evidencia muestra que Costa Rica ha entrado en una fase en la que ya no basta con diagnosticar fracturas. Los pilares históricos del pacto social están en crisis: la desigualdad no es una falla, sino parte del sistema; el empleo dejó de garantizar bienestar; las clases medias se desfondan; la confianza en las instituciones se erosiona; el sistema de partidos se pulveriza; las narrativas ideológicas tradicionales ya no movilizan ni sostienen un sentido de comunidad.

El desafío central no es “restituir” lo perdido, sino imaginar un proyecto de país capaz de garantizar movilidad social, estabilidad democrática y sentido colectivo en un contexto global adverso, marcado por la precariedad, el individualismo y la polarización.

Costa Rica vive un momento decisivo. Las desigualdades crecientes, la precarización del empleo, la crisis educativa y el desgaste político han debilitado los fundamentos que sostuvieron al país durante décadas. Administrar la crisis no alcanza: necesitamos reconstruir el pacto social desde sus bases.

Esa reconstrucción exige nuevos consensos, capaces de reconocer nuestras realidades sin nostalgias ni simplificaciones. Implica que sectores tradicionalmente distanciados —clases medias vulnerables, sectores productivos, territorios rurales, personas jóvenes, funcionariado público y movimientos sociales— se reconozcan como parte de un mismo proyecto nacional.

Para que esos consensos emerjan es indispensable renovar el ejercicio del poder. Requiere abandonar el personalismo, la confrontación y la opacidad. La política debe recuperar su sentido de servicio, su capacidad de diálogo y su vocación de acuerdos duraderos. Costa Rica no necesita salvadores, sino instituciones fuertes y liderazgos responsables.

En ese proceso, rescatar la educación pública es una prioridad absoluta. Sin un sistema educativo robusto —financiado, inclusivo y conectado con el mundo del trabajo— cualquier pacto social será frágil y cualquier promesa de movilidad quedará vacía. La educación es el principal mecanismo para evitar que las desigualdades actuales se vuelvan permanentes.

El país aún posee capacidades para reinventarse, pero la ventana de oportunidad se estrecha. Podemos seguir administrando el deterioro o asumir la responsabilidad histórica de reconstruir un horizonte común. El futuro no está escrito: se construye con acuerdos, con instituciones sólidas y con una ciudadanía consciente de su poder transformador.

Tal vez se requiera algo más que unas elecciones y el acartonado ritual de los comicios. Tal vez lo que necesitamos, con urgencia, es recuperar la convicción de que un país se sostiene —o se derrumba— en la calidad de sus consensos y en la fuerza de sus instituciones.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Ni comunidad ni imaginada

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Hurgando en eso que las redes sociales llaman ahora “recuerdos”, encontré un recorte de mi pensamiento de hace unos años acerca de lo que llamaba “Comunidad imaginada”.

Esa trampa de la memoria artificial que viene ahora encapsulada en criptas y nos resta la capacidad de reconstruir nuestra propia historia, me devolvió esto que decía en 2021:

#comunidadimaginada.

“Colarse en la fila, saltarse la presa y ponerse de primero para el cambio de semáforo, llevarse en banda la aguja del tren y salir como si nada, pagar mordidas, robarse los rótulos de las carreteras. Este es un ADN, marca registrada de una comunidad política que se imagina así misma pura, inmaculada. Lo que debe refundarse no es solo la clase política: es todo el proyecto de país. Todo. Absolutamente”

Estoy completamente seguro de que a la vuelta de los años eso que señalábamos entonces ya ha sido ampliamente superado, ahora en una maraña de icomportamientos colectivos que nos ha hecho desdibujar esa capacidad que alguna vez tuvimos para contenernos en un dibujo horizontal, amplio.

Desde cierta clase política emergente, esa que llegó a “aplacar” el enojo y la ira contra “lo tradicional” que por 40 años llevó el rumbo del país, se gesta una interpelación burda e instrumentalizada a “ eso que llaman pueblo”.

Entonces ese pueblo construido sobre quién sabe qué decálogo de la altanería y la prepotencia, suma a esos comportamientos que identificábamos en modo extremo hace cuatro años: los ataques, las descalificaciones, los insultos. Ciertos discursos de odio maquillados con la permisibilidad que les otorga estar sentados ahora de ese lado que tanto criticaron.

Durante este espacio, en el que ya llevamos varios años de compartir ideas, preocupaciones y reflexiones, hemos hablado de re-pactarnos. Mejor dicho refundarnos desde la fuerza de un diálogo nacional posible y sensato.

No temo equivocarme cuando señalo que el próximo proceso eleccionario nacional marcará el camino para un lado o para el otro. Tocará rehacernos, porque ya ni comunidad social ni política nos imaginaremos. Estoy seguro.

Costa Rica a las puertas del divorcio

Escrito en . Publicado en Análisis.

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Hay momentos en la vida de los pueblos en que el clima político deja de ser una simple disputa de ideas y se convierte en un campo emocional roto, donde ya nadie escucha, donde cada palabra es un arma y cada diferencia una traición. Costa Rica atraviesa hoy una de esas etapas. Lo que vivimos no es una discusión democrática más: es el peligroso preludio de un divorcio nacional. La polarización no es una estrategia electoral, es el síntoma de un quiebre social más profundo, el de una comunidad que perdió la capacidad de convivir.

Cuando una pareja se separa (algo cada vez más común en nuestra sociedad), no lo hace por un desacuerdo puntual, sino porque se ha quebrado algo más profundo: la confianza, el afecto, la voluntad de entenderse. Exactamente eso ocurre hoy entre el oficialismo y las oposiciones. Ya no se discute sobre proyectos o presupuestos, sino sobre la legitimidad del otro para existir en la esfera pública. En ese ambiente, la democracia deja de ser un espacio de deliberación y se transforma en una lucha por la supervivencia simbólica.

La comparación no es exagerada. En un matrimonio, el divorcio permite a cada parte tomar su camino, cambiar de casa, recomenzar. Pero en un país no existe esa salida. Todos habitamos el mismo territorio, usamos las mismas instituciones, compartimos un destino común. Y esa imposibilidad de “irse” hace que el conflicto sea más peligroso, más visceral. La lucha por el poder se transforma en una pelea por la casa: quién manda, quién se queda, quién tiene derecho a hablar.

Las recientes declaraciones del diputado oficialista Jorge Rojas, invitando a las oposiciones a abandonar el país porque, de lo contrario, los seguidores del chavismo los van a “desterrar”, son una señal inequívoca de ese divorcio. Ya no se trata de diferencias ideológicas, sino del lenguaje propio de una implosión en ciernes. Cuando se niega al otro la posibilidad de estar y disentir, lo que se anuncia no es el triunfo de una parte, sino el colapso de la comunidad política y el fin del pacto social.

Costa Rica, por décadas, fue ejemplo de moderación, equilibrio y respeto entre visiones distintas. Ese fue nuestro orgullo: que podíamos discutir sin rompernos. Pero algo se fracturó. En nombre de la libertad individual, por ejemplo, hemos desmantelado todos los vínculos que nos unían: la religión, la familia, los partidos políticos, la noción misma de comunidad, incluso la identidad nacional. Hoy la “libertad” se usa para justificar el aislamiento, la desconfianza hacia el régimen democrático y el desprecio mutuo. Hemos liberado al individuo de todo, incluso de su responsabilidad y conciencia colectiva.

En esa deriva, la palabra “libertad” ha sido prostituida hasta volverse sinónimo de aislamiento. Ya no significa participar, sino desprenderse; no implica responsabilidad, sino ruptura y ataque. Y una sociedad formada por individuos que sólo se representan a sí mismos, incapaces de reconocerse en algo común, está condenada a dividirse, a perder su alma cívica y ser liderada por tiranos.

El resultado de esto es un ciudadano sin raíces, sin memoria histórica, sin comunidad, sin un “nosotros” que lo contenga. Ortega y Gasset advirtió sobre ese fenómeno en La rebelión de las masas: cuando el individuo común, despojado de toda pertenencia espiritual y cultural, se cree autosuficiente y se convierte en una masa amorfa, sin proyecto, sin norte, movida más por impulsos destructivos que por ideas. Esa masa, incapaz de crear, pero llena de resentimiento, termina por volcar su frustración contra todo lo que la trasciende: las instituciones, la tradición, la cultura, la historia. Ya no busca construir, sino arrasar.

Costa Rica vive hoy ese proceso: el del divorcio de su propia idea de nación. Entre el oficialismo y las oposiciones no hay ya un lenguaje compartido, sino dos mundos que se desprecian mutuamente. No es una diferencia de matices, sino de principios; no es un desencuentro, sino una fractura. Y el peligro es que, al no poder separarnos físicamente como en un matrimonio, el conflicto se quede encerrado en la misma casa: este país pequeño, donde cada habitación —la Asamblea, los medios, las redes, la calle— se convierte en un campo de batalla.

Si no reencontramos un sentido de comunidad, si no reconstruimos el nosotros que alguna vez nos sostuvo, el divorcio será irreversible. No quedará patria, sino ruina compartida y caos social.

¿Dónde nos encontramos?

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

A lo largo de estos años en los cuales he compartido mis reflexiones y análisis, un tema ha sido recurrente no solo por su importancia sino porque ha aumentado en intensidad.

Me refiero a la pérdida del espacio público en Costa Rica como constructor de sentido, de pertenecía y de socialización. Esas ideas también. Las he expuesto a los medios de comunicación que me consultan cada cierto tiempo por la violencia en carretera, la ausencia de diálogo y cortesía, la ira tras el volante.

En el país es claro que algo ha cambiado. Una rápida revisión a las notas de los medios de comunicación nos habla de ajusticiamientos, balaceras, zafarranchos y otras acciones en los que media el conflicto, la defensa de territorios y negocios ilícitos y la disputa por ese espacio público donde antes se construía comunidad y horizontalidad.

Hoy hay miedo a salir, a encontrarnos. Es cierto que la proliferación de actividades relacionadas con la naturaleza como el senderismo, por ejemplo, resultan una alternativa posible más no al alcance de todos y todas. Algo tendremos que hacer para volver a encontrarnos.

Pero si esto pasa a nivel general, siento mucha perplejidad al notar que en actividades que debieran mostrar vigorosidad en ese espacio público amplio y necesario, la tendencia más bien es, al contrario.

Hablo por ejemplo de mi universidad, a la que quiero tanto. Mi impresión es que ese espacio público ha sido pulverizado por las formas. Ciertamente las tecnologías de la comunicación, las transformaciones en las dinámicas laborales y los efectos desactivadores de la pandemia han producido cierto “achatamiento” de ese espacio necesario. Es que ya ni en las propias redes institucionales nuestras podemos hablarnos, porque no hay lugar para el debate en ellas.

Es prudente no confundir, desde luego, la amplia y variada oferta de conferencias, mesas redondas, talleres, clases magistrales con eso que yo llamo el espacio público universitario aniquilado. ¿donde nos encontramos? ¿Cómo socializamos? ¿Dónde y cómo discutimos el futuro de nuestra universidad, de nuestras facultades? ¿De nuestras escuelas?

Sé que se hacen esfuerzos, pero no alcanzan. En definitiva, mucha de la despolitización que se siente tiene que ver con esas lógicas de silenciamiento y poco apalabramiento.

Algo urgente como un “Resetearnos” podría ser la respuesta. Resignificar la lógica de las comunicaciones, para que la virtualidad sea una excepción y no la constante, volver a encontrarle al concepto de “opinión”, eso que significa justamente: la emisión de un mensaje, el intercambio de ideas, el fondo por la forma.

Volviendo al nivel social, esas formas de encontrarnos de nuevo son urgentes y necesarias. Reconstruir ese pacto social que una vez fuimos.

Crisis de identidad en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Un país con crisis de identidad no tiene la fuerza para afirmarse sobre sus propios pies y sostener sobre sus hombros las responsabilidades que le competen. Fácilmente, se convierte en víctima de fuerzas internas o externas, de poderes fácticos, que lo someten a sus particulares y mezquinos intereses. Es el papel innoble y vergonzoso de aquellos países que se entregan y someten a esos poderes, y su dignidad es pisoteada reiteradamente. Se convierten en “hojas que arrebata el viento”.

Nuestro país ha venido a pasos acelerados perdiendo y dejando de construir identidad. Perdiendo, porque la identidad incluye rasgos que tienen un asidero en el pasado. Dejando de construir, porque la identidad no solo recupera valores y logros; se edifica sobre nuevos cimientos con imaginación y voluntad creativa. Para construir identidad tenemos que desprendernos de las mitificaciones maniqueas del pasado, no dejarnos desesperar por los avatares del presente y mucho menos atrapar e ilusionar por las promesas paradisiacas de futuro, propias de los discursos mesiánicos.

Hasta ahora hemos venido dando tumbos porque también optamos por las salidas fáciles. Por un lado, le echamos todas las culpas de los grandes problemas del país a los partidos tradicionales, particularmente al bipartidismo del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). No hay duda que estos partidos tienen una importante cuota de responsabilidad, pues fueron quienes nos gobernaron prácticamente por seis décadas, después del conflicto bélico de 1948. Sin embargo, también supieron enrumbar el país por buenos derroteros, al menos hasta la década de 1980 cuando empezó a resquebrajarse el modelo de Estado Social de inspiración comunista, socialdemócrata y socialcristiano.

Por otro lado, los últimos gobiernos, tanto del Partido Acción Ciudadana (PAC) como del Partido Progreso Social Democrático (PSD), han tirado las campanas al vuelo con apuestas por un cambio de rumbo, particularmente dirigido a la lucha contra la corrupción y una gestión eficiente de la cosa pública. De esta manera, se busca borrar un pasado político de desaciertos y se celebra con bombos y platillos un cambio de rumbo promisorio.

Nos vemos así atrapados en un maniqueísmo de buenos y malos, que no hace más que propiciar la confrontación y hasta la violencia política en sus diversas expresiones. Y la realidad es que no todo tiempo pasado ha sido el peor ni tampoco el presente es el mejor.

El problema fundamental es que mientras se mantenga esta visión y comportamiento por parte de los políticos y buena parte de la ciudadanía, el país no logrará avanzar hacia niveles superiores de convivencia democrática, bienestar y paz social. Enfrascados en buscar culpables de las calamidades que estamos padeciendo, perdemos tiempo valioso para impulsar acciones concretas que permitan encarar con decisión y voluntad política los grandes problemas de hoy: desigualdad, inseguridad, violencia y crecimiento económico lento sin equidad, entre otros.

En este contexto, tenemos un desafío prioritario por delante: superar la actual crisis de identidad para recuperar más dignidad, y así poder enfrentar los retos del presente y trazar un destino mejor. Hay que afirmarse sobre los mejores logros del pasado, potenciar lo mejor de los recursos materiales y espirituales del presente y proyectar con visión optimista y mesurada un futuro más promisorio para las nuevas generaciones.

Para ello, es fundamental un nuevo pacto social y político que se construya en la mesa de la patria, para aunar esfuerzos y voluntades en la búsqueda de soluciones a los problemas más apremiantes, así como la proyección de políticas de Estado de largo aliento. Esto es algo que se ha venido reiterando, especialmente cada vez que nos aproximaos a un período electoral.

Aunque la polarización política se ha intensificado y las vías del diálogo reposado no cuentan con viento a favor, no debemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de esforzarnos para unir voluntades y concertar en la mesa del diálogo ciudadano patriótico. Al parecer, se perfila una nueva generación de candidatos, relativamente jóvenes, que aspiran a la presidencia. Esta nueva generación puede hacer la diferencia y en lugar de continuar por la vía de la confrontación y del antidiálogo, abocarse con amor y pasión a construir la nueva identidad costarricense, que nos coloque entre los países dignos porque se autodeterminan para crecer en bienestar, seguridad y paz social; y contribuir también a forjar un mundo más humano, justo y pacífico.

El país apreciaría en gran manera, que quienes aspiran a la presidencia para el 2026-2030, desde la campaña misma se comprometan a impulsar de manera conjunta, con generosidad y visión patriótica, ese necesario y urgente pacto social y político, para crear los cimientos de una Costa Rica más digna, próspera y fraterna y menos insegura, violenta y desigual.

De esta manera, los partidos políticos ofrecerían una buena señal de voluntad para remozarse y recuperar legitimidad como verdaderos agentes al servicio del bien común, anteponiendo a sus intereses particulares los más elevados de la patria.

Los tiempos adversos, donde se nublan los horizontes para avizorar mejores senderos que nos conduzcan a garantizar condiciones de vida digna para todos los costarricenses, son también propicios para ejercitar la voluntad colectiva de un pueblo que ha sabido encontrar salidas creativas y solidarias en momentos críticos, que pusieron a prueba su buena voluntad política para mancomunar esfuerzos más allá de las tiendas partidarias.

Ya es tiempo de renovar el pacto social de los años 1940-1950, de cara a los nuevos desafíos de un contexto geopolítico de grandes tensiones, donde los países requieren con urgencia diseñar su proyecto económico, social, político y cultural; es decir, construir su identidad, para ser sujetos de su propio destino.

 

Prospectiva y Ciencias Sociales

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Ya no resulta lugar común la frase “El futuro ya está aquí”. El escenario global nos ha demostrado con creces que aquello que decíamos avizorar en el horizonte, nos ha alcanzado.

Este 2025 hemos asistido en pocos meses a la teatralización de la guerra y el recrudecimiento de la barbarie contra pueblos como el palestino, que sigue soportando a pesar del ensañamiento y el silencio de los grandes tomadores de decisiones a nivel mundial.

Hambrunas, catástrofes climáticas provocadas por el hombre, la sinrazón de los exilios forzados, la preeminencia de una instrumentalización artificial sobre la inteligencia social y humana.

Todo había sido pronosticado como si el futuro quedara ubicado en la lejanía. No.

Ya está aquí.

En el plano doméstico, Costa Rica enfrenta su hora más complicada desde que se hizo refundar su pacto social, a mediados de la década de los años cuarenta del siglo anterior.

Los niveles de deterioro de los principales indicadores sociales que por años sostuvieron el proyecto de sociedad costarricense, muestran que el futuro al que muchos sectores temíamos, ya está aquí: desigualdad, pobreza, desempleo, desconfianza en el sistema democrático, femicidio galopante, narrativas de odio desde las voces que dirigen los destinos del país, socavamiento de la institucionalidad base de la apuesta país, inmersión desmedida de los poderes fácticos en todos los órdenes de la vida cotidiana.

Todos estos indicadores bastan para comprobar esta condición actual.

Imaginar lo que viene es tarea urgente. Por eso, las Ciencias Sociales costarricenses están llamadas a señalar el camino con las herramientas que la prospectiva le plantea. No es posible intervenir el ahora, sin señalar ese futuro que sigue alcanzándonos.

Es imperativo, por ello, profundizar los análisis y particularmente las propuestas centradas en esa imagen de sociedad que queremos. La academia debe asumir esa tarea. Las ciencias sociales deben liderar ese proceso.

A eso debemos avocarnos en lo que sigue.

La Constitución se cumple… ¿cuándo conviene?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Elian Xavier Jiménez Campos
Estudiante de 4to año de Sociología, Universidad Nacional, Costa Rica
Pérez Zeledón, 25 de julio

Costa Rica celebra, o aparenta celebrar, su tradición democrática, su institucionalidad y su Constitución Política como si se tratara de una bandera inmaculada. Pero mientras tanto, hemos normalizado su incumplimiento cotidiano. Lo peligroso es que este incumplimiento ya no escandaliza: se vuelve hábito, estrategia política y, peor aún, parte de la rutina del poder.

La Constitución de 1949 no es un simple documento jurídico: es el pacto social que define los derechos, límites del poder y garantías mínimas para la ciudadanía. Sin embargo, hoy vivimos un momento donde ese pacto se está quebrando sin consecuencias reales.

Ejemplos sobran. El artículo 78 establece que la Educación Pública debe tener al menos un 8% del PIB. Aun así, los gobiernos negocian presupuestos a la baja y hacen recortes sistemáticos al FEES, desfinanciando la educación superior pública sin que haya consecuencias legales reales. El artículo 50, que habla del derecho a un ambiente sano y equilibrado, se contradice con decisiones que priorizan proyectos extractivos o infraestructura sin consulta ni evaluación ambiental adecuada.

Y ni hablar del artículo 56, que establece el derecho al trabajo digno, o el 58, que garantiza una jornada laboral máxima de 8 horas. Mientras se impulsan reformas como el Proyecto de Ley N° 24.290, que alargan la jornada sin reconocer los impactos sociales, el poder político actúa como si la Constitución fuera un obstáculo y no una base.

Lo más preocupante no es solo el incumplimiento, sino la naturalización de este. El silencio cómplice de muchas instituciones y sectores es alarmante. Cuando la Constitución solo se cita cuando conviene, deja de ser norma suprema y se convierte en discurso vacío. ¿De qué sirve una Carta Magna que no se defiende ni se respeta en lo cotidiano?

Este fenómeno tiene consecuencias profundas. La pérdida de confianza en el Estado de Derecho no se da de un día para otro: se cultiva cuando las reglas no aplican igual para todas las personas. Cuando se flexibiliza la ley para los poderosos y se vuelve rígida para los sectores populares. Cuando se abandonan derechos fundamentales bajo la excusa de la “eficiencia” o el “orden”.

Esto no es solo un problema legal, sino un reflejo de la crisis de legitimidad política que atravesamos como sociedad. Si la Constitución ya no marca los límites del poder ni garantiza los derechos que promete, ¿qué nos queda como ciudadanía?

Hoy más que nunca, es urgente volver a politizar la Constitución, entenderla como herramienta viva y no como símbolo decorativo. No se trata de memorizar sus artículos, sino de exigir que se cumplan. Porque la Constitución solo tiene sentido si la defendemos cada vez que la quieren pisotear.

El futuro democrático del país no se juega en los discursos oficiales ni en actos públicos de revelación de partidos, sino en la coherencia con la que enfrentamos su incumplimiento cada día.

Costa Rica: Construyendo juntos un futuro solidario y democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Hernández / Cokomal / Redess

Costa Rica enfrenta un momento crucial de su historia, donde la crisis democrática, económica y la violencia generada por el narcotráfico exigen respuestas profundas y estructuradas. Las aspiraciones de los movimientos sociales de equidad, justicia y participación han sido golpeadas por cuatro décadas de predominio neoliberal y creciente desigualdad.

Desde la economía solidaria, no solo es posible replantear el modelo económico actual, sino también generar una articulación social que construya un pacto inclusivo capaz de integrar la diversidad de sectores ciudadanos.

La urgencia de un pacto social en Costa Rica

La economía solidaria, por su propia esencia, reconoce que el desarrollo económico debe estar ligado a la cooperación entre distintos actores sociales. Sin embargo, para que esta visión se traduzca en políticas efectivas y en una transformación real, es fundamental la construcción de un pacto social.

Este pacto no puede ser impuesto desde las élites ni responder únicamente a una agenda política económica. Debe ser el resultado de la convergencia de diversas voces: comunidades organizadas, sindicatos, asociaciones de trabajadores, academia y movimientos sociales que, en conjunto, defienden una patria digna y solidaria.

Un pacto social fortalecería las bases de una democracia real, alejándose de la plutocracia y la corrupción que han desfinanciado los programas públicos esenciales. La educación, la salud, la vivienda y el medio ambiente han sido sacrificados bajo una lógica de acumulación desmedida, mientras que la riqueza se concentra en sectores con capacidad de influencia sobre las decisiones políticas.

Un pacto social permitiría recuperar la soberanía de lo público, garantizando que la economía esté al servicio de la sociedad y no de unos pocos.

Expresión de la diversidad social: hacia una construcción participativa

Uno de los principios fundamentales de la economía solidaria es la diversidad. Un pacto social debe reconocer y dar voz a las distintas realidades que conviven en el país: los pequeños productores rurales, los trabajadores informales, la asociatividad en los territorios rurales y urbanos, los emprendimientos sociales y el movimiento ambientalista.

La articulación de estos actores es clave para generar respuestas desde abajo, desde quienes viven y resisten los efectos de la crisis en su cotidianidad.

La construcción de este pacto debe partir de procesos de participación activa, donde los sectores marginados por el modelo neoliberal recuperen poder de decisión y capacidad de incidencia. No es suficiente diagnosticar los problemas del país: es urgente que las comunidades diseñen alternativas y ejerzan su derecho a transformar la realidad.

Hacia una Democracia Solidaria y Activa

Costa Rica debe decidir si continúa caminando al borde del abismo o si encuentra un camino hacia la construcción de una vía de justicia social, inclusión y soberanía. La economía solidaria no es simplemente una alternativa económica, sino una opción de vida, donde los valores de equidad, justicia y colaboración sean la base de un nuevo modelo social.

El pacto social es la clave para restaurar la confianza ciudadana y recuperar la soberanía popular. No podemos permitir que la plutocracia continúe definiendo el destino del país. La oportunidad de cambiar el rumbo sigue vigente, pero solo será posible si la diversidad social converge en un proyecto común de transformación.

Imagen: https://teodulolopezmelendez