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Por: Kevin Sánchez Saavedra
Antropólogo Social
Profesor Titular
Universidad de Panamá
kevin.esanchez@up.ac.pa

El 2 de octubre, en una conversación entre antiguos compañeros de la promoción de 1995 del Colegio Rodolfo Chiari de Aguadulce, uno de ellos soltó una frase sobre otro compañero:

“…está como esta gente de la mina: hay que cerrarla, pero hay que abrirla; para poder abrirla, tenemos que cerrarla, pero no sabemos si cerrarla porque hay que abrirla; pero ¡sí la vamos a cerrar!, ¡pero abriéndola!”.

Nos reímos. Sin embargo, la frase se quedó con nosotros. Quizás porque, detrás del relajo entre compañeros, había una síntesis bastante certera del momento que vive Panamá con el proyecto Cobre Panamá. A veces el lenguaje cotidiano consigue hacer algo que no logra un informe de cientos de páginas: desnudar las contradicciones.

“Abrir para cerrar” no es una ocurrencia de estos días. La fórmula acompaña al presidente de Panamá, José Raúl Mulino desde su llegada al poder. En su discurso de toma de posesión, el 1 de julio de 2024, afirmó que la situación de la mina representaba un potencial peligro ambiental y anunció una “estricta auditoría”. Añadió entonces que el plan de “abrir para cerrar de forma definitiva, segura y positiva para nuestro país dependería del resultado de ese estudio ambiental”.

Dos años después, la expresión dejó de ser solamente una fórmula política. El 30 de septiembre pasado, la comisión interministerial creada para analizar el futuro de la mina entregó al presidente diecisiete recomendaciones. La principal consiste en evaluar un nuevo acuerdo con Minera Panamá (First Quantum Minerals), que permita resolver los arbitrajes internacionales y establecer las condiciones para una eventual puesta en marcha que conduzca a un cierre ordenado, autofinanciado, sin costo para el Estado y sin posibilidad de prórroga. El propio gobierno aclara que todavía no existe una decisión definitiva ni se ha determinado la figura jurídica que tendría ese eventual acuerdo.

La intención parece sencilla: la mina necesita cerrarse, cerrar cuesta muchísimo dinero y la propia operación debería producir los recursos necesarios para pagar ese cierre.

Pero allí empieza el verdadero problema.

Porque una cosa es mantener una mina cerrada bajo condiciones de seguridad y otra muy distinta es volver a producir para poder cerrarla.

Nadie debería minimizar los riesgos de dejar abandonada una instalación de esa magnitud. Una mina no desaparece cuando cesa la extracción. Quedan tajos, depósitos de roca, plantas, aguas de contacto, infraestructuras y enormes volúmenes de relaves. La auditoría integral encargada por el Estado supuestamente evaluó aspectos ambientales, legales, laborales, tributarios, técnicos y operacionales, además de riesgos actuales y pasivos ambientales futuros. Hay razones técnicas, entonces, para afirmar que el cierre de una mina semejante exige trabajo, vigilancia y dinero.

El problema aparece cuando de esa afirmación se pasa a otra: que para cerrarla hay que volver a explotarla. En cuyo caso encontramos, por lo menos, cinco contradicciones.

Primera contradicción: política

Todos sabemos que Cobre Panamá no dejó de operar porque la empresa hubiese llegado al final previsto de su proyecto. Tampoco porque el gobierno anterior y la compañía hubiesen acordado tranquilamente un plan de cierre. El cese ocurrió después de las movilizaciones sociales de 2023 y de la sentencia de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la Ley N° 406.

Eso importa, y mucho si colocamos en la balanza que miles de panameños y panameñas expusieron sus cuerpos, tiempo, sustento, vida doméstica, vínculos, seguridad, futuro y emociones en esa lucha. Para muchas familias el duelo y las heridas siguen abiertas.

Si el gobierno actual decide ahora que la mina debe volver a producir, aunque sea con el propósito declarado de cerrarla, tendrá que explicar qué relación existe entre esa decisión y lo ocurrido en 2023. No basta con afirmar que se respetará el fallo de la Corte. Hay que explicar social y materialmente cómo se respeta.

Segunda contradicción: legal

La Ley N° 407 declaró una moratoria por plazo indefinido para nuevas concesiones destinadas a exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en Panamá. El gobierno sostiene ahora que el instrumento para ejecutar un eventual cierre autofinanciado no sería ni un contrato-ley ni una concesión minera. Pero todavía no sabemos cuál sería.

Y allí surge una pregunta elemental: si una empresa extrae mineral, lo procesa, lo transporta y lo comercializa, ¿cómo llamaremos jurídicamente a eso? Cambiarle el nombre al instrumento no resuelve automáticamente el fondo del asunto.

Tercera contradicción: económica

Esta es una de las más preocupantes. Según lo explicado por la Comisión, el cierre podría requerir miles de millones de dólares y extenderse durante décadas. La idea es que el propio proyecto genere los fondos necesarios.

No obstante, hay un antecedente que no debería pasar inadvertido. Desde antes de 2019, el proyecto ya contemplaba provisiones financieras para el cierre, estimaciones de costos para distintos escenarios —incluido un cierre no programado— y una garantía de responsabilidad ambiental aprobada por MiAmbiente. El cierre, por tanto, no era una obligación imprevista ni un costo desconocido para la operación. Entonces, ¿por qué, ante el cierre del 2023, la solución propuesta pasa ahora por extraer más cobre para poder pagarlo? Probablemente aquellas provisiones no fueron suficientes para enfrentar las condiciones actuales, pero precisamente por eso sería necesario explicar cuánto de aquellas provisiones existen hoy, cuál es su alcance y por qué resulta insuficiente antes de presentar la nueva extracción como mecanismo de financiamiento.

Al mismo tiempo, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá ha insistido en las pérdidas que supone para el país mantener la mina sin producción, y ya se habla nuevamente de miles de empleos directos e indirectos asociados a actividades en la mina. Eso es comprensible. La minería genera actividad económica. El artículo “Natural Resources and Local Communities: Evidence from a Peruvian Gold Mine”, de Fernando Aragón y Juan Pablo Rud (2013), mostró en el caso de Yanacocha que una mina puede generar incrementos en ingresos locales mediante empleo, servicios y compras a proveedores cercanos.

Pero los beneficios no cuentan toda la historia. Los mismos Aragón y Rud (2016), en “Polluting Industries and Agricultural Productivity: Evidence from Mining in Ghana”, encontraron que la productividad agrícola en zonas cercanas a minas de oro cayó significativamente, y señalaron la contaminación como la explicación más plausible. Una economía minera puede producir riqueza y, al mismo tiempo, trasladar costos hacia otros territorios, actividades y poblaciones.

Por eso hay otra pregunta que no deberíamos perder de vista: si para cerrar es necesario volver a contratar trabajadores, reactivar proveedores, exportar cobre, generar ingresos fiscales y devolver a la mina un peso considerable dentro de la economía nacional: ¿qué ocurrirá después?

Porque las economías también crean dependencias.

Hoy podríamos abrir para cerrar. Mañana podríamos escuchar que cerrar provocaría desempleo. Después que afectaría las exportaciones. Luego que disminuiría el crecimiento. Y más adelante que sería irresponsable detener una actividad nuevamente importante para la economía. ¿Tales dudas son nuevas o ya las hemos escuchado de algunos sectores político-empresariales?

Entonces la pregunta dejaría de ser cuánto cuesta cerrar, y pasaría a ser otra: ¿cuándo podremos permitirnos cerrar?

Cuarta contradicción: ambiental

Panamá ya tiene experiencia con minas que terminan, pero cuyos efectos permanecen. El estudio “Ecological and Health Risk Assessments of an Abandoned Gold Mine (Remance, Panama)”, realizado por Ana Cristina González-Valoys y un equipo de investigadores (2021), encontró en la antigua mina de Remance residuos expuestos, contaminación por elementos potencialmente tóxicos y riesgos para las comunidades cercanas, particularmente para los niños y las niñas.

Como se sabe, cerrar no significa desaparecer.

El estudio global “Impacts of Metal Mining on River Systems”, publicado en la revista Science en 2023 por Michael Macklin y otros investigadores, estimó que millones de personas viven en planicies afectadas por residuos de minería metálica y mostró cómo los contaminantes pueden desplazarse por los sistemas fluviales y permanecer almacenados durante largos períodos.

Por eso sería irresponsable decir simplemente: “cierren mañana y váyanse”. Pero sería igualmente irresponsable convertir esa complejidad ambiental en una autorización automática para volver a explotar.

La contradicción ambiental es, en realidad, todavía más amplia. No comienza con el cierre ni termina con la posibilidad de una reapertura. Incluye los efectos ya producidos sobre aguas, suelos, bosques, hábitats, paisajes y comunidades; los costos que pueden seguir acumulándose durante años; y las formas de vida humanas y no humanas que quedan expuestas a decisiones tomadas en nombre de la productividad, el empleo o el crecimiento. Cerrar una mina no borra esas transformaciones. Tampoco las convierte automáticamente en costos ya saldados.

Quinta contradicción: ética

Esto último nos lleva directamente al problema ético. ¿Quién pagará realmente ese cierre? Decir que no costará nada al Estado puede resultar atractivo. Pero el cobre que financiaría la operación no pertenece a First Quantum Minerals ni a Minera Panamá. Jurídicamente ese “recurso” mineral pertenece a la nación. Si se extrae parte de ese recurso para pagar el cierre, entonces el país también está aportando, y mucho. No necesariamente dinero presupuestario, pero sí patrimonio mineral que no pertenece a la empresa.

Además, la discusión no ocurre en un vacío. Las investigaciones colaborativas de “Países Minados”, especialmente “La Patria Minera”, publicadas por un consorcio periodístico (2025), documentaron vínculos entre proveedores de Minera Panamá, funcionarios, familiares de funcionarios y actores políticos. Dicha investigación advierte que esos vínculos no prueban por sí mismos ilegalidades, pero sí revelan la densidad de relaciones económicas y políticas alrededor del proyecto.

Eso obliga a exigir todavía más transparencia. Quizás por eso la frase de nuestro compañero resulta tan efectiva. No necesitó explicar los arbitrajes, la moratoria, los relaves ni los modelos financieros. Le bastó con escuchar la fórmula: Hay que cerrarla, pero hay que abrirla.

El humor detectó una tensión que la política tendrá que resolver con algo más que palabras. Porque puede que para el gobierno actual abrir para cerrar sea realmente la única manera técnica y financieramente posible de cerrar Cobre Panamá. Sin embargo, también puede ocurrir otra cosa.

Que el cierre termine convirtiéndose en la justificación de la apertura.

Entonces la pregunta no será cuándo vamos a cerrar la mina. Será: ¿en qué momento dejamos de estar cerrándola y comenzamos, nuevamente, a explotarla?