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Etiqueta: pandemia

Añez en Bolivia, ¿Debe ser Procesada y llevada a Prisión?

Lic. José A. Amesty R.

El año pasado redactamos un artículo titulado: “Jeanine Añez: candidata a ser enjuiciada”, en el cual mostramos una serie de actuaciones y acusaciones contra Añez, las cuales deben ser denunciadas, para someterla a juicio y ser privada de libertad. Hoy esto último, se hace realidad, no somos profetas, pero se dio.

Refresquemos la memoria a quienes ahora, salen en apoyo a la “expresidenta” (OEA, evangélicos, figuras políticas de derecha, otros/as), sobre aquellas acusaciones contra ella. Yo soy de la idea que no hay que hacer leña del árbol caído, pero en este caso, no se pueden obviar hechos tan concretos.

  1. Se autoproclamó como presidenta, sin haber sido electa por el pueblo boliviano. Asume la Presidencia, en una sesión parlamentaria sin quorum, que apenas obtuvo un 4% de los votos en la última elección.
  2. La eligió un grupo liderado por la cúpula de la iglesia católica boliviana, partidos políticos minúsculos, la Embajada brasileña, representantes del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, designados para el caso, y la Fundación Jubileo (que confirmó esos hechos), pero fundamentalmente fue apuntalada por la cúpula del Ejército y la Policía y sin duda tuvieron la garantía de EEUU. No se debe olvidar que fue un militar quien le colocó la banda presidencial, hecho inaudito y antidemocrático.
  3. Su gestión presidencial, muestra números rojos, tales como el 6% del Producto Interno Bruto PIB, en la caída de su economía. Lo que equivale a la generación de más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.
  4. Y si consideramos los efectos de la pandemia, que ha sido mal gestionada por el gobierno de facto, esto ocasionó una pérdida de ingresos de entre 30-50%, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza. Mientras tanto, Bolivia ya ha había superado las 8.000 personas fallecidas por el COVID-19 y las exportaciones han disminuido a 4.217 millones de dólares hasta agosto, cifra menor en 1.680 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2019. No se responsabilizó por la crisis humanitaria-sanitaria de Bolivia, ocasionada por la pandemia, generada por su mala gestión de gobierno, ocasionando la muerte, al menos, a 500 bolivianos, tirados en las calles, y el colapso del sistema de salud boliviano.
  5. La corrupción llegó a los niveles más altos, en empresas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, ministerios como el de Salud y Obras, el incremento de la pobreza, y la ilegalidad e ilegitimidad en la política. En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, y algunos juraron dos veces.
  6. Intentó inhabilitar, la personería jurídica del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, alegando fraude electoral en octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional. Ha declarado vilmente: “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”. Ha agregado además, la inhabilitación del MAS-IPSP por: sedición, y por la difusión de una encuesta de intención de voto.
  7. Renunció como candidata a aquellas elecciones, para esquivar los cargos en su contra, por las masacres de Sacaba y Senkata. Se conocen como masacres de Senkata y Sacaba a los hechos sucedidos en dichas localidades bolivianas, durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política y social de 2019.
  8. También por la represión de las fuerzas policiales y militares, durante su gestión, así como por hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Según el medio Bolivia TV del Pueblo, en noticia verificada, la “senadora demócrata Warren de EE.UU denunció con documentos y pruebas que una lujosa mansión cotizada en $u$ 28.3 millones apareció en agosto a nombre de Carolina Ribera Añez, quien es hija de la presidente interina Jeanine Añez”, cuestionando que esa compra pudo ser con dinero desviado de Bolivia.
  9. Y para no hacer la lista más larga: Cometió nepotismo: trató de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos; para su propio beneficio y obtener favores.
  10. Perpetró persecución contra grupos sociales, contra la prensa extranjera, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, contrarios a su gestión.
  11. Se develó una lista con nombres de los militares bolivianos en servicio activo y pasivo adictos al Gobierno golpista de Jeanine Añez, que estarían detrás de la organización de situaciones de extrema violencia para impedir que se realizaran las elecciones en Bolivia. Estos escenarios de violencia se registrarán antes, durante y después de las elecciones. Incluso, violación de DDHH.

El Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala, Ollantay Itzamná, señala además que los delitos que se le imputan a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de lesa humanidad.

La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso) es insignificante.

Añade además, no es venganza, es justicia mínima. Quienes asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.

¿Qué nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.

Finalmente, lanza una propuesta fuerte: las y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel.

El sólo hecho de tratar de esconderse en una caja y/o debajo de su cama, evidencia que ella sabe de sus tracalerías y que puede ser encausada por sus delitos y casos de corrupción.

Hoy, la Organización de Estados Americanos OEA, sale en defensa de Añez, tratando de imponer una Comisión Internacional, que investigue su gestión de gobierno, de paso incluyen a Evo Morales, “sin tener velas en ese entierro”.

Ayer, mediante un entramando conformado por hordas fascistas, sectores de la policía y de los militares, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, los medios hegemónicos de comunicación, la Unión Europea (UE), las agencias de inteligencia de Estados Unidos (principalmente la Agencia Central de Inteligencia, CIA) y algunos gobiernos regionales (entre ellos, el argentino de Mauricio Macri y el brasilero de Jair Bolsonaro), en noviembre de 2019, concretaron el golpe de Estado a Evo Morales.

Como teólogo protestante, me da pena y pesar, las declaraciones de César Vidal, evangélico, abogado, periodista y escritor, nacido en España y nacionalizado norteamericano, de gran renombre entre los hispanos de EEUU y en América Latina: la detención de Jeanine Añez es un atentado a la libertad en Bolivia, “La actuación contra Añez y varios exministros, es un ejercicio despótico del poder que afecta a Bolivia y su democracia, y a todo Latinoamérica. La OEA y la Unión Europea deben reaccionar, no espero nada de Biden”.

Finalmente señalamos, Jeanine Áñez fue parte del golpe contra Evo Morales en Bolivia, de la represión que causó decenas de muertes, de las detenciones arbitrarias, de las proscripciones, de la persecución política y de los negociados que se hicieron a costa de la vida de los bolivianos (como la compra de respiradores con sobreprecio en medio de la pandemia. Respiradores que, además, nunca llegaron a Bolivia). Hoy la Justicia le empieza a pedir, que dé cuenta de todos sus crímenes.

Nota Última hora. En febrero pasado 2020, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz señaló a Áñez como responsable de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público, sin que esto generara responsabilidad penal. Dos semanas después, lo derogó.

El régimen de Añez adoptó políticas que buscaban echar por tierra todos los avances de Evo, algo que logró en solo 6 meses.

 

Imagen: http://latlibre.org/

Enviado por el autor.

Conversatorio Virtual: A un año de la pandemia ¿Qué ocurre con los cuidados en clave de género?

CLACSO

Este lunes 15 de marzo a las 16:00 (hora Argentina/Uruguay) se llevará a cabo un conversatorio virtual sobre los cuidados en clave de género en medio de la pandemia.  Se transmitirá por Facebook Live en las redes de CLACSO, también por Youtube en el canal CLACSO.tv y por un link de ZOOM que requiere inscripción.

Adjuntamos la invitación formal del evento:

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Solicitud oficial del Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica, a las autoridades de Salud

SURCOS comparte la siguiente solicitud del Sindicato de Periodistas de Costa Rica a las autoridades de salud referente al desarrollo de un plan de vacunación universal que considere a los/as periodistas trabajadores esenciales de primera línea durante la pandemia:

San José, 10 de marzo de 2021    SNP-048-2021

Doctor Román Macaya Hayes
Presidente Ejecutivo Caja Costarricense de Seguro Social
Máster Daniel Salas Peraza

Ministro de Salud

Estimados señores: Reciban un cordial saludo. Por este medio, les instamos a ustedes como representantes del Gobierno de Costa Rica en el área de salud, para lideren el desarrollo de un plan de vacunación universal que considere a los/as periodistas trabajadores esenciales de primera línea durante la pandemia.

Expresamos nuestra preocupación por la exclusión de los/as periodistas, fotoperiodistas y otros/as trabajadores/as de los medios de comunicación en los grupos prioritarios de vacunación contra el COVID-19.

La inclusión de los/as periodistas entre los grupos prioritarios se justifica por el hecho de que, al igual que otras profesiones, como los/as profesionales de la salud, los/as profesores, la policía o los bomberos, los/as trabajadores/as de los medios de comunicación se ven obligados/as a exponerse al virus por su trabajo, garantizando a todos los ciudadanos el acceso a una información de calidad y de interés público.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) apoya la petición para que los/as trabajadores/as de los medios de comunicación sean considerados como trabajadores esenciales y sean incluidos en los grupos prioritarios en las campañas de vacunación contra la COVID-19.

Debemos tener en cuenta el alto nivel de vulnerabilidad al que están expuestos nuestros/as colegas, que realizan coberturas periodísticas desde potenciales focos de infección.

El Secretario General de la FIP, Anthony Bellanger, declaró: «Desde el comienzo de la pandemia, los/as periodistas han demostrado de forma abrumadora el papel esencial que desempeñan a la hora de informar a sus ciudadanos y luchar contra la desinformación sobre el Covid-19. Los/as periodistas son trabajadores esenciales y así deben ser considerados/as dentro de las campañas nacionales de vacunación contra la COVID-19 en todo el mundo».

Por esta razón y conocedores de sus buenas gestiones es que acudimos ante ustedes, para solicitarles ese importante y necesario apoyo para las personas periodistas. Quedamos atentos a la respuesta.

Licda. Yamileth Alfaro Mora
Secretaria General SNP
Mgr. Gerardo Chavarría Vega

Secretario Adjunto SNP

Contagio viral, contagio económico. Riesgos políticos en América Latina

Pierre Salama

SURCOS comparte este documento publicado por la Asociación Latinoamericana de Sociología y CLACSO. El autor hace un análisis en cuatro capítulos: 1. ¿Adiós a la hiperglobalización? 2. ¿Por qué los países de América Latina sufren un estancamiento económico de largo plazo?  3. Del SARS-COV-2 a un virus social en América Latina. 4. Contagio viral, riesgos políticos en América Latina. Compartimos la introducción e invitamos a descargar el documento completo en el enlace que está al final.

La pandemia está en marcha en América Latina, tal vez haya terminado para cuando leas esto. Espero. En el momento de redactar el presente libro –entre marzo y junio de 2020–, parece que está lejos de haber terminado y que su punto álgido no se ha alcanzado todavía en Perú, México y Brasil, que ya están gravemente afectados. Uno podría preguntarse por qué no esperar antes de escribir este libro, y algunos de mis amigos me han hecho esta pregunta. Es un poco peligroso comenzar este análisis cuando la Historia aún no está escrita.

Siempre es más fácil decirlo una vez que lo sabes. Por lo que a mí respecta, soy de los que no creen que la Historia sigue un camino inevitable, siempre hay bifurcaciones económicas y/o políticas posibles y por ello prefiero situarme antes, a riesgo de equivocarme, que después. Parafraseando a Marx: “Los hombres hacen su historia libremente, pero en condiciones que no son libremente decididas por ellos”. En otras palabras, hay un margen entre el idealismo y el determinismo. La Historia que se hace es, al mismo tiempo, producto de este idealismo de los Hombres, de su voluntad y del determinismo de las leyes económicas. Ninguno de los dos puede ser ignorado excepto hundiéndose en el idealismo puro o el determinismo vulgar. Es este margen el que me interesa, es fascinante y sobre todo puede ser útil para quienes piensan que, sobre la base de un análisis profundo, podemos actuar sobre el curso de los acontecimientos o prepararnos para hacer frente a una repetición de la pandemia o a la aparición de un nuevo virus.

¿Por qué este tema, por qué la pandemia? Porque ningún economista o sociólogo había previsto que pudiera tener tal efecto en la economía y la sociedad. Ciertamente, virólogos, epidemiólogos y algunas figuras públicas habían señalado el riesgo, pero una vez más nadie, incluyéndome a mí, había pensado que una pandemia podría paralizar la economía mundial en tal medida.

La pandemia actuó como un indicador de la fragilidad de un sistema. Todas las fragilidades y las nuevas dependencias estaban punteados por la hiperglobalización. La globalización no produjo la pandemia, pero sí contribuyó a ella mediante el deterioro de la naturaleza y, como consecuencia, a la aparición de nuevos virus. Las pandemias existían antes de la globalización. Pero la globalización ha sido un vehículo muy importante para la propagación del virus y el contagio. Con la pandemia y su propagación global surgieron fragilidades y vulnerabilidades intrínsecas a la hiperglobalización.

Las consecuencias del contagio en términos de soberanía sobre ciertas producciones esenciales, como la producción de medicinas, pero también la industria automotriz, que se había vuelto imposible, no por una demanda insuficiente, sino por la imposibilidad de satisfacer la oferta… se hicieron evidentes. Lo que las movilizaciones no lograron contra la globalización desenfrenada y por una alter-mundialización, lo logró la pandemia. Es cierto que desde la crisis financiera de 2008-2009, la elección de Trump a la Presidencia de los Estados Unidos y el temor a ver el ascenso de China se estaban poniendo en marcha los frenos al ascenso de la hiperglobalización.

La fragmentación de los territorios dentro de las naciones, entre los que pierden y los que ganan, con una desindustrialización más o menos pronunciada aquí y allá, la precariedad y las nuevas formas de organización del trabajo, el desempleo en algunos países y el temor a un futuro más o menos de pesadilla han legitimado las medidas proteccionistas, fomentado las deslocalizaciones todavía tímidas y permitido que la hiperglobalización se convierta de nuevo en una globalización del comercio, frenando así el ascenso del poder de China, especialmente en las nuevas tecnologías. Revelando la fragilidad del sistema, pero también las consecuencias socioeconómicas y los peligros para la democracia en los Estados Unidos y algunos países europeos, la pandemia también revela la extrema fragilidad de las economías latinoamericanas y la fortaleza de sus sistemas políticos.

El virus del SARS-CoV-2 actuó sobre un “cuerpo ya enfermo” en América Latina. ¿Ya estaba enfermo? La respuesta es, desafortunadamente, positiva. Desde finales del decenio de 1980, la famosa “década perdida” de América Latina, la tasa media de crecimiento del PIB per cápita ha sido más que modesta, por lo general inferior al 1%. Si bien muchas economías asiáticas han experimentado su “milagro” económico con la ayuda de un Estado en desarrollo en los últimos cuarenta años, en América Latina se estaba arraigando una tendencia de estancamiento económico, que contrastaba con los años de fuerte crecimiento que abarcan desde la [segunda] posguerra hasta el decenio de 1970. Se podría pensar que el bajo crecimiento sería una forma de decrecimiento beneficiosa para el medio ambiente, pero se estaría olvidando que con un crecimiento del 1% se necesitan unos 70 años para que el ingreso per cápita se duplique, y que, incluso con un crecimiento tan moderado, el daño a la naturaleza y a la humanidad, como resultado, ha sido considerable. Esto significa que, a tal ritmo, la movilidad social se hace casi imposible. Un individuo que nace pobre solo puede ser desarraigado de esta condición si se convierte en un excelente futbolista, en un muy buen cantante, en un político que no duda en coquetear con la corrupción, en un miembro de la mafia, pero también debe ser excelente para no caer bajo las balas de los oponentes o de la policía, ya que la esperanza de vida es generalmente corta. Por cierto, hay otras posibilidades para salir de la pobreza, principalmente un esfuerzo sustancial en materia de educación y salud, cuyos efectos positivos se sentirán a largo, corto y mediano plazo, la redistribución de la riqueza y/o lograr una tasa de crecimiento alta y sostenible. Esto último no ha sido posible pues las causas estructurales dificultan el crecimiento. La redistribución de los ingresos a favor de los pobres, y en detrimento no tanto de los ricos sino de una fracción de las clases medias, es posible. Esto fue realizado en los primeros diez años de la década del 2000, por unos pocos gobiernos progresistas. Sin embargo, esta política se encontró con obstáculos políticos, y después de la ola de izquierda siguió una ola de derecha en muchos países. Poco antes de la aparición del virus, surgieron importantes movimientos sociales que anunciaron el regreso del progresismo en varios países de América Latina.

¿Por qué este crecimiento es tan lento? Por varias razones ligadas a la historia, que hemos descrito como las ocho plagas de América Latina (Salama, 2020b) y de las que es tan difícil deshacerse: desigualdades de ingresos y riqueza que están entre las más importantes del mundo, una informalidad del trabajo absolutamente considerable, una restricción externa particularmente alta en algunos países que provoca un crecimiento irregular del tipo stop and go, una apertura a los movimientos de capital mucho más importante que la del comercio de bienes, una llamada desindustrialización temprana unida a una repartición de las exportaciones, un nivel de violencia considerable.

Cada una de estas heridas tiene su propia responsabilidad particular, que difiere de un país a otro. El resultado es que el virus actúa sobre un cuerpo enfermo, con poca capacidad de reacción enérgica y produciendo un impresionante número de muertes.

¿Un número impresionante de muertes? Sí, pero tenemos que ir más lejos. La llamada pandemia COVID-19 alcanza a toda la población de los conglomerados –los lugares donde la pandemia se propaga– donde emerge. Primero, aparecen los grupos. Algunas regiones se salvan, otras no o a duras penas, sin saber por qué, salvo que no se tomaron a tiempo medidas preventivas (medidas de barrera, uso de la máscara, pruebas, encuestas) para frenar su propagación, la mayoría de las veces por falta de medios y errores de apreciación. Dentro de estos grupos opera una diferenciación social. Todos se ven ciertamente afectados, pero los de las categorías sociales más pobres y modestas son los más afectados por varias razones. Los pobres están mucho más necesitados. Viven en barrios marginales, más o menos consolidados, donde la densidad demográfica es muy alta. La promiscuidad hace casi imposible practicar “gestos de barrera”. El acceso al agua es, a veces, dificultoso y el frecuente lavado de manos para eliminar el virus se hace difícil. Los pobres suelen tener poco o ningún acceso a los hospitales públicos, o lo tienen demasiado tarde, y ningún acceso a los hospitales privados que están mejor provistos de respiradores. Y cuando es posible, el gasto sanitario público y privado, en promedio mucho más bajo que en los países avanzados, genera una baja eficiencia en la detención del virus, especialmente en los hospitales públicos. Por último, en el caso de los pobres y los grupos de bajos ingresos, la elección suele ser entre permanecer confinados y sin ingresos, arriesgándose a contraer el virus, o seguir trabajando de manera informal, con pocos ingresos y una alta probabilidad de contraer el virus. La pandemia provoca una disminución de la producción, un aumento del desempleo, una mayor desigualdad de los ingresos y un aumento de la pobreza.

Las perspectivas de un rebote siguen siendo poco claras, especialmente porque la capacidad de un rebote fuerte es débil debido a un cuerpo que se ha enfermado, como veremos. Algunos gobiernos tratan de hacer lo imposible, para aliviar las consecuencias sociales de la pandemia, otros actúan más o menos coherentemente y otros, peor aún, subestiman incoherentemente la pandemia y militan cínicamente por la apertura de empresas y la reanudación del trabajo, incluso antes de que la pandemia hubiera alcanzado su punto máximo cuando aún se podían adoptar las precauciones mínimas (uso de una máscara, distanciamiento social). Una crisis así no es neutral.

No habrá recuperación cuando el virus haya desaparecido como si nada hubiera pasado, como si estos momentos dolorosos pudieran ser borrados. La memoria colectiva está teñida de estos sufrimientos, los empleos han caído, los ingresos han disminuido con el cierre de muchos negocios considerados no esenciales, las deudas públicas se han incrementado más allá de lo que se consideraba razonable ayer.

Luego, será difícil rehacer el mundo, tal como era ayer. Sin embargo, es posible y muchos empresarios lo están pidiendo. Pero, como dijo Marx en el 18 Brumario… criticando a Hegel, cuando la historia se repite es “la primera vez como una gran tragedia, la segunda como una sórdida farsa”.

La búsqueda de la soberanía perdida se producirá probablemente en algunos sectores llamados estratégicos, como la salud, y menos en otros, como la industria automotriz. No será ni autarquía ni libre comercio, sino más “proteccionismo-protección”. Puede ser una soberanía regional más que nacional sobre ciertos sectores. Las fronteras entre el mercado y el Estado se moverán. El lugar del cursor entre lo privado y lo público, entre los bienes y los bienes comunes, dependerá de la evolución de la política después de esta tragedia.

El virus ya está mutando en un virus político. La historia no está escrita, pero las tendencias funcionan bajo tierra y están surgiendo los lineamientos y los comienzos de los trastornos políticos. La aparición del populismo de extrema derecha, incluso el “illberalismo”, es amenazante. Para analizar estas posibilidades, se hace necesario un retorno analítico a los populismos del siglo XXI y un análisis profundo de las iglesias evangélicas en las que se apoyan una serie de representantes electos, en especial porque están creciendo rápidamente en América Latina. La comparación con los movimientos europeos de extrema derecha en cuanto a la composición social de sus electorados o adherentes, sus creencias, su relación con los demás, con las minorías, con la política, con la importancia de la intervención estatal y la corrupción, sus tradiciones culturales y religiosas reaccionarias o incluso fundamentalistas es rica en lecciones. Con todos los matices necesarios, no todas las iglesias evangélicas son iguales, sus miembros no son “soldaditos” obedientes a las instrucciones de las autoridades religiosas. El hecho es que los evangélicos, en rápido crecimiento, pueden constituir un “ejército de sombras” favorable al advenimiento del populismo de extrema derecha o de gobiernos “antiliberales” a menos que… A menos que se elabore una profunda renovación de las propuestas progresistas, teniendo en cuenta la historia tal como se ha desarrollado en los últimos 30 años. Este es, en cierto modo, el propósito de este libro, escrito en el calor del desarrollo de la Historia por alguien que ama particularmente a América Latina, mi segunda patria.

 

Compartido con SURCOS por German Masís.

El lobo y la oveja

Hernán Alvarado

El 24 de octubre de 2020, La Nación publicó en su página 15 un artículo un poco raro de un autor tristemente célebre, titulado: «El instrumento y la toalla», factura del primer ciudadano de la República. Fue una comunicación baladí, tan inocua que pasó inadvertida, pese a que informa tanto sobre quién gobierna; o cuando menos sobre su megalomanía -conocido efecto del ejercicio del poder. Tal vez fue otro intento desesperado de mejorar imagen, mientras repite, pendiente abajo, que no le «…importa el costo político personal o la vanidad de la popularidad.»

Si los diputados hubieran cumplido con la reforma constitucional del artículo 9, del año 2003, y hubieran aprobado ya la revocatoria de mandato, otro gallo le cantaría. Hasta entonces la rendición de cuentas del artículo 11 seguirá siendo un saludo a la bandera. Pero el último informe de este mandatario fue más bien un insulto al Soberano. Raro también que mencione, entonces, en este extraño artículo, su «corazón republicano».

Dime con quien te comparas…

El artículo presenta un asunto personal y excepcional, a la sombra del actual «contexto crítico», «…coyuntura tan dura para el país». Y «más que para mostrar espiritualidad» lo hace para «delinear los valores» que guían su conducta. Ahora bien, ¿qué sentido tiene ventilarlos públicamente? ¿Acaso combate así la imagen de ateo que sus oponentes han querido endilgarle? Más adelante llega a afirmar que «Gracias a Dios no le debo nada a nadie, más que a mi familia… y al banco». ¿Y a sus electores, tampoco les debe nada? Confiesa, quizá sin querer, que el voto es para él un cheque en blanco, lo que explica bastante bien por qué gobierna como lo hace.

Al Presidente no le interesa mostrar espiritualidad, pero se apoya en una «oración que durante cinco años repetí en las mañanas y arraigó en mí como principio orientador de vida». Enseguida cita la oración que comienza diciendo: «Señor, hazme instrumento de tu paz…». Entonces, corresponde aludir primero al sujeto omitido de la oración, a Francisco de Asís (1182-1226), figura extraordinariamente significativa.

Francisco encontró su fe en el templo de San Damián, donde una imagen de Jesucristo le pide restaurar su iglesia en ruinas. Él restauró su templo, pero también su iglesia, es decir su pueblo, fundando tres órdenes religiosas. El que bautizaron Juan representa la esperanza del cristianismo, porque sustituye la pasión del sacrificio por el gozo de una presencia suprema. Lejos de fundar su fe en el miedo y el castigo, la busca en el amor humano. Francisco de Asís renuncia a su riqueza material y a sus títulos de nobleza para convertirse en un instrumento de paz; renuncia al ejército papal, a su ropa, incluso renuncia a ser sacerdote, por no considerarse digno de la investidura. Su mensaje es tan potente porque predica con el ejemplo; cuidando a los pobres, a los enfermos y protegiendo a los animales. La leyenda del lobo retrata bien su apuesta ética. Se cuenta que Francisco pactó con un lobo que azotaba a la ciudad de Gubbio; fiera que merecía el peor castigo. Pero su compasión lo amansa y convence a los pobladores de alimentarlo, en vez de perseguirlo. Su mensaje es conciliador y convoca a una convivencia pacífica, esperanzada y dichosa. En ese sentido, el Papa actual eligió muy bien su nombre, el cual porta con suma dignidad, aunque por ser la primera vez parezca más bien un síntoma.

Nada en común, entonces, con el estilo de gobierno del Presidente; así que se ve enseguida que la comparación no aplica. Más aún, resulta chocante que aluda a una voluntad espiritual tan radical para referirse a un ejercicio político tan superficial, que ha traído dolor y decepción a tanta gente; entre otros, a los miles de despedidos durante la pandemia para cuidar la rentabilidad de las empresas y los cientos de jubilados a quienes se les ha metido, descaradamente, la mano en el bolsillo.

Bien haría el señor Presidente en seguir el ejemplo de Francisco, renunciando a su arrogancia y mejor aún a su puesto, tan mal ejercido hasta ahora; por haber convertido la Presidencia de la República en piedra de discordia; en vez de erigirla, según había prometido, y según su deber, en atalaya de la concordia nacional. Por otra parte, hasta ahora él solo ha renunciado a una pensión que todavía no tiene y a una popularidad que ya había perdido irremediablemente.

¿Otro falso mesías?

El Presidente piensa que nos ha salvado de lo peor, prestándose como «un instrumento para el país», «…para hacer las cosas que antes no se quisieron o no lograron hacerse». En cambio, él quiso y pudo hacerlas porque comprende que la popularidad, que lo puso ahí, es pura «vanidad». En particular, para quien se siente llamado a «evitar una nueva crisis social, económica y política». Por eso, afirma que en el tiempo que le queda seguirá resolviendo «…por el fondo, no cosméticamente, y menos aún pateando la bola al próximo gobierno.»

Según lo que dice, él piensa que nos alejó del abismo con la reforma fiscal, aunque no hay mejor ejemplo de una decisión cosmética, que beneficia a unos cuantos y tira la bola hacia adelante. No hay mejor muestra de que en este país la clase política le tiene miedo a la mafia empresarial. La misma que hace «clavos de oro», goza de jugosas exenciones y amnistías, evade y elude sus obligaciones fiscales, se roba el impuesto de ventas, contrabandea y estafa impunemente. Cuando haya investigación en serio seguro que se encontrará también su asocio, de larga data, con el narcotráfico; con el que comparte la manía de esconder ganancias. Al respecto, el Presidente puede preguntarle a su principal asesor, el ministro que lo enlaza con el sector privado. La mafia empresarial demanda mejores servicios y carreteras, junto con el recorte del gasto público, trapito de dominguear del Presidente que revela para quien trabaja tanto.

La pandemia, junto con la crisis que desató, puso en evidencia que fue una falsa solución, una medida remendona para evadir el problema de fondo, o sea, una reforma fiscal justa y progresiva. Ahora el virus le sirve de excusa, aunque mala porque su eventualidad fue prevista desde el 2015; prueba de ello es que ya casi se tenían las vacunas listas. Hoy que el país se encuentra sumido en la anunciada crisis fiscal y en una más profunda crisis económica, el Presidente declara impávido que «Si aspiré a gobernar fue para evitar a toda costa una dolorosa crisis fiscal para las personas del país, apelmazada por 20 años durante los cuales, por un motivo u otro, no se concretaron las soluciones.»

Él está convencido de haber evitado lo peor, de haber sido un instrumento «en especial para quienes sufren pobreza y desempleo», bajo el alero de un manoseado argumento neoliberal: la medicina es amarga, pero es mejor que la enfermedad; las medidas son dolorosas, pero sería peor no tomarlas. El problema es que después de 40 años de neoliberalismo la enfermedad se ha agravado cada vez más pues la verdadera pandemia es la desigualdad social, resultado de esa política económica impuesta, desde el «consenso de Washington», mediante una dictadura en «democracia», ejercida con desparpajo por esos «representantes» que no escuchan, ni respetan, ni rinden cuentas a quienes los eligieron; puesto que ya se sabe que «La clase política no le tiene miedo al pueblo» (diputada del PLN, Yorleny León).

Si se ha gobernado o no para los pobres y desempleados lo dirán próximamente, en las urnas, los jóvenes, las personas con discapacidad, los vendedores ambulantes, las pequeñas empresas familiares, las jefes de familia, los pequeños agricultores abandonados hace años, los trabajadores despedidos, las comunidades pesqueras y fronterizas, las personas pensionadas. Y todos aquellos que se han quedado esperando una reactivación «inclusiva y solidaria». Admitiendo que el Presidente se ha prestado como instrumento, la pregunta entonces sería: ¿un instrumento de quién y para qué?

¿Y la oveja?

Lejos de ser instrumento de paz social, este Presidente ha venido a atizar la lucha de clases, apoyándose en la maquinaria mediática de la plutocracia. En complicidad con una Asamblea Legislativa que da vergüenza ajena, ha ignorado o vacilado a quienes protestan y proponen. Ha criminalizado las manifestaciones callejeras, ha satanizado las pensiones dignas y se ha aprovechado del confinamiento para aprobar, a toda velocidad, una serie de medidas anti-laborales, a cual más ocurrente, inconstitucional e irresponsable. Mientras tanto, los diputados se han ido a enterrar en su búnker, que más parece una caja de (mala) leche que un «santuario de la democracia».[1] Nos costará años reparar los desaguisados de este (des)gobierno.

Por otra parte, el Presidente dice que combate el populismo porque «…es la peor amenaza que nos acecha y contra el que había y hay que actuar». ¿Y por qué? Porque «…expresa odio hacia algunos o discriminación en todos los sentidos.» Sin embargo, pasa por alto que el principal rasgo populista es precisamente un líder mesiánico como él, que se sirve del odio y el miedo con la cuchara grande. Él se ha basado, por ejemplo, en las campañas orquestadas y denigrantes contra las personas jubiladas, contra los empleados públicos, contra las universidades y su autonomía, con el único fin de cargar de impuestos a las mismas espaldas de siempre y continuar con su obsesiva reducción del Estado. Ese populismo neoliberal, al que parece atado de pies y manos, muestra hoy sus garras más despiadadas, porque está más acorralado que nunca. Por eso crea enemigos por doquier, mediante campañas repetitivas de corte neofascista, a cual más mentirosa y manipuladora.

Así que no es casualidad que don Carlos haya salido premiado con el título del peor presidente, entre 11 países considerados, según información reciente de CID-Gallup; algo que no debería seguir tomando a la ligera. Ningún presidente que haga lo que hay que hacer obtendría una calificación tan mala. En definitiva, el Presidente no es convincente porque su discurso no pega con la realidad y él mismo convirtió el «diálogo nacional», su mayor esperanza, en otro simulacro mediático; para lanzarnos después en las fauces del Fondo Monetario Internacional.

En suma, estamos enfrentando a un Presidente que se cree salvador, hasta el punto de pretender compararse con Francisco de Asís; mientras hace un discurso incendiario, provocador y desafiante. Él dice que combate privilegios (de los pensionados) mientras defiende los lujos y privilegios de la mafia empresarial, al punto de que el último Ministro de Hacienda debió irse por poner el dedo en la llaga de la evasión y por no encontrar «el prócer» que necesitaba el país, según sus propias palabras, para enfrentar la delicada situación fiscal post pandemia. Lo cierto es que este gobierno ha sido, como lo expresara Luis Fernando Astorga, un gobierno de los ricos, con los ricos y para los ricos; que se ha dedicado, contra su juramento, a conculcar nuestra Constitución, actuando como una dictadura que impone su ley y su criterio, sorda a cualquier otra opinión. A eso llama gobernar con firmeza.

De ahí que la democracia liberal representativa esté tan herida de muerte, porque sus salvadores desprecian a quienes los eligen y les piden cuentas. Hoy mismo, esa élite gobernante se siente llamada a acabar con el Estado social que surgió del pacto histórico del 49. Pero un derecho es una libertad socialmente conquistada, por eso pretender transformar los derechos adquiridos en odiosos privilegios resulta tan regresivo, tan bárbaro, tan brutal como querer devolver la rueda de la historia. Eso atenta contra los derechos humanos, incluso contra el derecho de propiedad, infectando a todo el sistema de inseguridad jurídica, a penas propia de un Estado fallido. En conclusión, este gobierno arbitrario y autoritario, de corte neofascista, ha declarado repetidamente y de diversas maneras que ha venido a hacerle la guerra a nuestra paz social. A eso llama resolver los problemas del país.

Al final, el Presidente suelta su broma: «¿Y la toalla? Solo me sirve para secar sudor y arropar el amor por Costa Rica». Un intento ingenioso, aunque malogrado, que más bien parece otra «burrada», porque ¿en qué cabeza cabe que el amor por Costa Rica necesita ser arropado y además con una toalla sudada?[2] Para colmo, don Carlos ha resultado, como Presidente, un mal comunicador y humorista. ¿Y la oveja? Sirva solo para recordar que hoy abundan los lobos que suelen arroparse con su linda piel.

[1] Sobre la estética fascista de ese edificio ver el excelente artículo de Laura Flores Valle en el Fígaro, titulado: Mirar y obedecer: la estética autoritaria del nuevo edificio legislativo; se encuentra en: el-figaro-net.

[2] «Si digo una burrada me corrigen porque yo no paso de periodista» Carlos Alvarado, 21 de noviembre de 2020.

Vacunas anti-covid: Los reveladores alcances del egoísmo, nacional e internacional

Luis Fernando Astorga Gatjens

La historia ha demostrado que las grandes crisis ponen a prueba la consciencia humana y la solidaridad, en todas sus dimensiones. Y la actual, que padecemos provocada por el coronavirus, ha sometido a tal escrutinio, tanto a países y sus principales líderes, como a personas con poder político o económico, en Costa Rica y otros países de la región. Sin embargo, los resultados indignantemente dominantes han develado el feo rostro de la insolidaridad y el egoísmo humano.

La vacuna para combatir la covid-19 ha estado en el epicentro de una mezquindad que no ha tenido ni límites éticos, ni escrúpulos. Esta vacuna ha sido desarrollada en tiempo récord por algunas pocas industrias farmacéuticas y países, pero como bien lo diagnosticó António Guterres, Secretario General de la ONU, representa un triunfo de la ciencia, pero es un fracaso de la solidaridad internacional.

Más de 200 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 fueron administradas en 107 países y territorios, mientras tanto el 45 por ciento fueron inyectadas en los países ricos del G-7, pese a que sólo albergan al 10 por ciento de la población mundial. Tal es el revelador recuento realizado por la agencia, France Press en semanas recientes. Es por eso que el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, reclamó recientemente en la ONU tal acaparamiento de los países ricos y la grave brecha existente en la distribución global.

Tan desatinado egoísmo vacunal se ha desatado entonces entre países y dentro de los países. En semanas recientes, han emergido escándalos relacionados con la inoculación de la vacuna en varias naciones latinoamericanas. Ministros de Salud han debido renunciar por haber favorecido a familiares o amigos, sin que les correspondiera vacunarse dentro del plan nacional de vacunación.

Perú, Ecuador y Argentina han estado en el foco de esos escándalos donde el poder político ha abierto la puerta a la corrupción vacunal. Personas de los círculos de poder se brincaron la fila, poniéndose por delante de personas que la requerían por el riesgo de su labor o por la condición relacionada con la edad y otros factores de vulnerabilidad. Es muy probable que esta situación se haya dado en otros países de la región, pero la opacidad informativa la haya ocultado hasta ahora.

Dentro de tal contexto, internacional y regional, es preocupante la falta de información clara y transparente de la CCSS sobre el proceso de vacunación en Costa Rica. Tal y como informó el “Diario Extra”, en su edición del lunes, 8 de marzo, la Caja se ha negado a presentar la lista de personas vacunadas hasta el presente, alegando que no puede hacerlo porque esa información forma parte del expediente clínico.

En una coyuntura política donde la credibilidad de quienes ejercen cargos públicos se ha erosionado de manera tan ostensible, es urgente que esos datos sean sometidos al conocimiento de la ciudadanía. El alegato de orden legal de la Caja (que incluso ha sido refutado por algunos juristas), debe pasar a un segundo plano ante un asunto tan delicado y de enorme repercusión humana, social, política y ética.

Hay que recordar que los ¢ 47.700 millones destinados por el Gobierno dentro del plan de vacunación anti Covid-19, son dineros públicos. La rendición de cuentas entonces no puede postergarse ni un minuto más.

Igualmente, esa información transparente es impostergable, en virtud de la grave denuncia de Unión Médica Nacional (UMN) –también contenida en la nota informativa citada—de “que decenas de funcionarios han sido vacunados contra el coronavirus a pesar de no tratarse de personal médico en primera línea de atención de la pandemia”.

Urge también que la CCSS ofrezca esta información para demostrar que es fiel a sus principios filosóficos de igualdad, equidad y solidaridad, al no inmunizar a personas sin respetar la fila correspondiente al orden definido (por edad y riesgo), por las injustas razones que marcan el poder económico o político de las personas vacunadas.

(8 de marzo, 2021)

La indignación social debe servir para construir un mejor país

Luis Fernando Astorga Gatjens

Tengo la certeza de que hay muchas causas y motivos para estar indignados. La indignación ha venido en aumento, conforme la situación económica de las personas y las familias empeora y no se encuentran respuestas certeras y concretas, ni en el Gobierno, ni en la Asamblea Legislativa.

La pandemia ha exacerbado y desnudado una crisis económica y social, cuyas causas más relevantes hay que asociar al impulso de un modelo económico, el neoliberalismo, que ha venido debilitando y erosionando el Estado Social de Derecho, desde hace más de 30 años.

Cada vez más costarricenses se convierten en víctimas de la desigualdad social, derivada de ese modelo que han aplicado sucesivamente, unos más-otros menos, gobiernos del PLN, PUSC y PAC. Empero esa desigualdad social creciente no ha crecido sola: Se ha incrementado a la par de una concentración cada vez más notoria de la riqueza en menos manos. Hace algunas décadas, cuando Costa Rica gozaba de una mejor distribución de la riqueza, se hablaba de que en El Salvador tal riqueza (y el poder político) estaba concentrado en 14 familias. Hoy, nuestro país, ha transitado un escabroso camino que se parece cada vez más al modelo salvadoreño.

Más y más costarricenses están irritados por el creciente empobrecimiento y por la incertidumbre que emerge al mirar el futuro. Dentro de este dominante escenario de indignación social, también causa molestia y hastío el festín de precandidaturas presidenciales, llenas de desmedidas ambiciones personales y vacías de propuestas de políticas inclusivas, que ofrezcan soluciones reales a la gente.

Lo malo es que muchas personas reaccionan contra la política y no, como debía de ser, contra las y los políticos que usufructúan de ella, sin compromiso social medible en hechos y cuyas promesas siempre se las lleva el viento.

En el mejor de los casos, esta indignación social de hoy puede empujar a muchas personas a la apoliticidad y al abstencionismo, y con ello a una pasividad nada alentadora y constructiva. Cuando, hoy más que nunca, se requiere enarbolar el artículo 9 de nuestra Constitución Política, en lo atinente al carácter participativo que debe tener la democracia costarricense, es contraproducente que cada vez más personas –justamente irritadas por asociar la “política” con el aprovechamiento patrimonial de que hacen gala muchos políticos–, se desmovilicen y no ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos.

Valga recordar que la apoliticidad es una posición política que hace que la persona que la reivindica se haga a un lado para que otras personas decidan por ella, en asuntos que son de su primordial interés. La democracia sólo se fortalece con más democracia, pero para ello se requiere la más activa y consciente participación social y política de la ciudadanía. La auto marginación de las mayorías hace que las élites plutocráticas, afiancen su dominio económico y político a sus anchas en desmedro de la democracia y el Estado Social de Derecho.

Sin embargo, la indignación creciente puede convertirse en una bomba de relojería, que se manifieste a través de estallidos sociales. No hay mal que dure cien años ni cuerpo –social—que lo resista. Ya varios organismos internacionales (con números en la mano), están pronosticando para América Latina en este 2021 pandémico y de incremento de la desigualdad y exclusión social, la aparición de estallidos motivados por la ira social.

Y el país está sumando números en esa rifa, ante la falta de propuestas concretas y viables de reactivación realmente inclusiva y justa, que ofrezca respuestas inmediatas y en perspectiva para amplios sectores sumergidos en la pobreza y la marginación social. Y esa falta de respuesta es gasolina y fósforos, que aportan tanto los que dominan el escenario político actual, como los que aspiran a dominarlo en las próximas elecciones y que piensan que el pueblo está condenado al olvido y a la inconsciencia política perpetua.

Es por ello que es imprescindible que cada vez más personas y grupos, se movilicen social y políticamente, hacia el norte de las propuestas progresistas, decentes y defensores de un Estado Social y Ecológico de Derecho. Sólo transitando por ese camino de certezas y esperanzas, la Democracia no ha de enfrentar los designios de un Estado fallido, en el cumpleaños 200 del país realmente progresista y democrático, que debemos ser.

(8 de marzo, 2021)

Los diarios de la Alianza Empresarial

Óscar Madrigal

El regidor por San José, don Diego Miranda, hizo una valiente denuncia contra los directivos de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), porque algunos siendo ministros de Gobierno o familiares cercanos a ministros, contrataron con la Administración Pública a pesar de la prohibición que tenían. La Fiscalía está estudiando el asunto; ya se verá.

La contratación de la Alianza Empresarial con la Comisión Nacional de Emergencia fue por un monto de ¢662 millones para entregar 10 mil diarios a familias necesitadas por la pandemia.

A raíz de esta denuncia el señor Franco Pacheco, presidente de esa Alianza Empresarial, da declaraciones ayer al diario La Nacíón. Me llamó la atención lo dicho por el señor Franco:

“Ese aporte logístico no tuvo ningún costo y los alimentos fueron donados a AED por la empresa privada, finalizó”.

1-. Los alimentos entregados y la logística para su distribución NO tuvieron ningún costo para la Alianza Empresarial porque le fueron donados por la empresa privada. En consecuencia, la Alianza Empresarial se embolsó gratuitamente a costa del Estado 662 millones de colones.

En otras palabras, la acción de la Alianza Empresarial no tuvo nada de altruista sino que lo que hicieron fue lucrar con las donaciones de alimentos recibidas.

2-. Las empresas privadas que realizan donaciones, la ley las autoriza para incorporar esos montos en la partida de gastos con lo cual se ven afectadas las utilidades y con ello el monto del impuesto sobre la renta que deben pagar. De esta manera el Estado de forma indirecta subvenciona en algún porcentaje esas donaciones.

La conclusión a que se llega es que la Alianza Empresarial, debido a la contratación con la Comisión de Emergencia hizo un excelente negocio, ya que se embolsó ¢662 millones sin costo alguno. En otras palabras, sacó provecho de las necesidades de las familias necesitadas como producto de la pandemia. Así lo reconoce su presidente.

Don Franco Pacheco es un empresario que ha ocupado altos cargos en UCAEEP y otras Cámaras patronales. Siempre se ha caracterizado por su radicalismo negativo contra los trabajadores y trabajadoras y un tono prepotente y dictatorial para referirse a las autoridades. Franco es todo un empresario.

De sus declaraciones claras y contundes, francas, queda de manifiesto que la Alianza Empresarial (AED) hizo millones a costa de las necesidades de las familias empobrecidas por la pandemia, que lucraron con las necesidades humanas.

Esa contratación de AED y CNE además de ilícita como denuncia Diego Miranda, resulta inmoral.

Distancia social: la paradoja de las fracturas en la Costa Rica del bicentenario

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.

Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.

Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.

La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.

Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.

Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.

En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.

Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.

Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].

Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.

Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.

En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión

Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.

[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/