Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.

Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.

Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.

La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.

Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.

Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.

En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.

Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.

Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].

Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.

Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.

En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión

Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.

[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/