Luis Fernando Astorga Gatjens
La historia ha demostrado que las grandes crisis ponen a prueba la consciencia humana y la solidaridad, en todas sus dimensiones. Y la actual, que padecemos provocada por el coronavirus, ha sometido a tal escrutinio, tanto a países y sus principales líderes, como a personas con poder político o económico, en Costa Rica y otros países de la región. Sin embargo, los resultados indignantemente dominantes han develado el feo rostro de la insolidaridad y el egoísmo humano.
La vacuna para combatir la covid-19 ha estado en el epicentro de una mezquindad que no ha tenido ni límites éticos, ni escrúpulos. Esta vacuna ha sido desarrollada en tiempo récord por algunas pocas industrias farmacéuticas y países, pero como bien lo diagnosticó António Guterres, Secretario General de la ONU, representa un triunfo de la ciencia, pero es un fracaso de la solidaridad internacional.
Más de 200 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 fueron administradas en 107 países y territorios, mientras tanto el 45 por ciento fueron inyectadas en los países ricos del G-7, pese a que sólo albergan al 10 por ciento de la población mundial. Tal es el revelador recuento realizado por la agencia, France Press en semanas recientes. Es por eso que el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, reclamó recientemente en la ONU tal acaparamiento de los países ricos y la grave brecha existente en la distribución global.
Tan desatinado egoísmo vacunal se ha desatado entonces entre países y dentro de los países. En semanas recientes, han emergido escándalos relacionados con la inoculación de la vacuna en varias naciones latinoamericanas. Ministros de Salud han debido renunciar por haber favorecido a familiares o amigos, sin que les correspondiera vacunarse dentro del plan nacional de vacunación.
Perú, Ecuador y Argentina han estado en el foco de esos escándalos donde el poder político ha abierto la puerta a la corrupción vacunal. Personas de los círculos de poder se brincaron la fila, poniéndose por delante de personas que la requerían por el riesgo de su labor o por la condición relacionada con la edad y otros factores de vulnerabilidad. Es muy probable que esta situación se haya dado en otros países de la región, pero la opacidad informativa la haya ocultado hasta ahora.
Dentro de tal contexto, internacional y regional, es preocupante la falta de información clara y transparente de la CCSS sobre el proceso de vacunación en Costa Rica. Tal y como informó el “Diario Extra”, en su edición del lunes, 8 de marzo, la Caja se ha negado a presentar la lista de personas vacunadas hasta el presente, alegando que no puede hacerlo porque esa información forma parte del expediente clínico.
En una coyuntura política donde la credibilidad de quienes ejercen cargos públicos se ha erosionado de manera tan ostensible, es urgente que esos datos sean sometidos al conocimiento de la ciudadanía. El alegato de orden legal de la Caja (que incluso ha sido refutado por algunos juristas), debe pasar a un segundo plano ante un asunto tan delicado y de enorme repercusión humana, social, política y ética.
Hay que recordar que los ¢ 47.700 millones destinados por el Gobierno dentro del plan de vacunación anti Covid-19, son dineros públicos. La rendición de cuentas entonces no puede postergarse ni un minuto más.
Igualmente, esa información transparente es impostergable, en virtud de la grave denuncia de Unión Médica Nacional (UMN) –también contenida en la nota informativa citada—de “que decenas de funcionarios han sido vacunados contra el coronavirus a pesar de no tratarse de personal médico en primera línea de atención de la pandemia”.
Urge también que la CCSS ofrezca esta información para demostrar que es fiel a sus principios filosóficos de igualdad, equidad y solidaridad, al no inmunizar a personas sin respetar la fila correspondiente al orden definido (por edad y riesgo), por las injustas razones que marcan el poder económico o político de las personas vacunadas.
(8 de marzo, 2021)