Ir al contenido principal

Etiqueta: Parlamento Cívico Ambiental

Parlamento Cívico Ambiental y múltiples organizaciones presentan Manifiesto Ambiental Ciudadano de cara a las elecciones del 1 de febrero

El Parlamento Cívico Ambiental con sus 37 organizaciones, junto a múltiples organizaciones ambientales, sociales, académicas y comunitarias, presentó hoy públicamente el Manifiesto Ambiental Ciudadano, un llamado urgente a la conciencia nacional ante las decisiones que el país tomará en las elecciones del próximo 1 de febrero de 2026.

El manifiesto advierte sobre el acelerado debilitamiento de la institucionalidad ambiental, la erosión regulatoria, la presión extractivista sobre territorios y bienes comunes, y el riesgo real de un retroceso histórico en materia de política ambiental. Al mismo tiempo, subraya que aún existe una oportunidad democrática para elegir un rumbo distinto, basado en evidencia, fortalecimiento institucional y protección efectiva del patrimonio natural.

El documento se sustenta en un estudio independiente elaborado por la Asociación ARTES-JUSTECO, presentado por el Parlamento Cívico Ambiental, que evaluó los programas de gobierno de los partidos políticos mediante 50 indicadores en 13 categorías temáticas, con base en el Capítulo 4 del Informe Estado de la Nación. Los resultados evidencian diferencias sustantivas entre las propuestas partidarias y permiten a la ciudadanía votar de manera informada.

“El país no está eligiendo únicamente un gobierno, está decidiendo el futuro de su biodiversidad, sus costas, sus bosques, su agua y la solidez de su democracia ambiental”, señala el manifiesto. “Sin ambiente no hay economía, sin agua no hay salud y sin instituciones fuertes no hay conservación”.

El Parlamento Cívico Ambiental y las organizaciones firmantes hacen un llamado directo:

  • A la ciudadanía, a informarse y votar con base en evidencia, no en discursos vacíos.
  • A los medios de comunicación, a exigir definiciones claras a las candidaturas sobre erosión regulatoria, apropiación de bienes comunes y financiamiento de la institucionalidad ambiental.
  • A los partidos políticos, a asumir que sus compromisos serán observados y evaluados después del proceso electoral.

El manifiesto permanece abierto a la adhesión de organizaciones y personas del sector ambiental, académico, social y productivo comprometido con la sostenibilidad, con el objetivo de que el ambiente ocupe un lugar central en la agenda electoral. Puede firmarse en: https://c.org/ch8L2SwGwR.

“El 1 de febrero no se vota solo por un período de gobierno. Se vota por el tipo de país que heredarán las próximas generaciones”, concluye el documento.

Organizaciones firmantes dentro y fuera del Parlamento Cívico Ambiental

ACEPESA
ACOS
ADI Magnolias
ARCAA
ARTES-JUSTECO
ASECOBI
Asociación Plataforma Organizaciones de la Sociedad Civil por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Asociación. Belén Sostenible
Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE)
Asociación de Movilidad Activa y Sostenible Pedal
Asociación Mujeres AMICREO
Cruzando Fronteras.
Cruzando Fronteras.
Defensoría del Pescador Artesanal
Escuela Socioambiental Caraigres
For the Oceans Foundation
FORTECH S.A.
Frente por la Vida
Frente Mario Biza por las Áreas Silvestres Protegidas
Fundación Arboles y Vida
Fundación Laberinto
Fundación OneSea
Fundación Sombrilla del Bosque
Fundación XTREM@S
La Ruta del Clima
Movimiento Ciudadano Pymes
Movimiento Laudato Si
Natural Packing
OCA Quebrada Barreal
OCA Río Cañas
Pastoral Ecológica La Soledad
Programa de Gestión Local – UNED
Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo
Colectivo RASA
Red Costarricense de Reservas Naturales
Red de Juventudes y Cambio Climático
Universidad de Costa Rica.
Universidad Nacional

Puede descargar el Manifiesto desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Manifiesto-Ambiental-Elecciones-2026-VR.pdf

Brechas ambientales entre los programas de gobierno rumbo a las elecciones de 2026

Comunicado

Un estudio independiente elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social Justeco (ARTES-JUSTECO) y presentado por el Parlamento Cívico Ambiental (PCA) reveló profundas diferencias entre los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses en materia ambiental, de cara al proceso electoral de 2026.

El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, fue presentado públicamente el pasado 15 de enero en la Asamblea Legislativa. El estudio evaluó las plataformas programáticas de 13 partidos políticos mediante una metodología cuantitativa y cualitativa, basada en 50 indicadores agrupados en 13 categorías temáticas, entre ellas agua, clima, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental y ordenamiento territorial. Asimismo, contrastó dichas propuestas con el diagnóstico de deterioro institucional y regulatorio identificado por el Informe del Estado de la Nación.

Los resultados evidencian una clara estratificación entre los partidos. En el nivel superior se ubican el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, cuyos programas presentan propuestas coherentes y alineadas con una transformación estructural para enfrentar de manera integral la crisis ambiental, territorial, climática e institucional del país. Ambos destacan por su énfasis en justicia ambiental, fortalecimiento institucional, protección del agua, regulación del extractivismo y participación democrática.

Liberación Nacional se sitúa también en el primer nivel, con propuestas técnicas e institucionales sólidas en áreas como agua, clima, energía y biodiversidad, aunque con menos propuestas radicales en materia de participación ciudadana y justicia socioambiental. Su programa respalda explícitamente la ratificación del Acuerdo de Escazú.

En un segundo grupo se encuentran partidos cuyas propuestas mantienen, en general, el statu quo, con avances parciales o simbólicos que no abordan las fallas estructurales de la gobernanza ambiental. En el extremo opuesto, el estudio identifica plataformas claramente regresivas, orientadas al extractivismo y la desregulación ambiental. Entre ellas figuran los programas de Nueva República, Integración Nacional y Pueblo Soberano, que promueven la minería a cielo abierto bajo el concepto de “minería sostenible” y plantean la exploración y extracción de hidrocarburos como mecanismo de financiamiento de políticas públicas.

Durante la presentación, la vicepresidenta del Parlamento Cívico Ambiental, Victoria Rudín, subrayó que el objetivo del estudio es ofrecer a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los tomadores de decisión una herramienta comparativa clara y transparente para evaluar en qué medida las propuestas políticas responden a los desafíos ambientales reales del país.

Por su parte, el Dr. Bernardo Aguilar, vicepresidente de ARTES-JUSTECO, señaló que la evidencia confirma que la crisis ambiental de Costa Rica es también una crisis política e institucional, marcada por el debilitamiento de la institucionalidad pública, la regresión regulatoria, los conflictos territoriales, la presión inmobiliaria en zonas costeras, el deterioro del acceso al agua y la reducción de los espacios de participación ciudadana. En este contexto, el informe advierte que la decisión del electorado será determinante para enfrentar esta crisis o profundizarla, con implicaciones directas para el modelo de desarrollo socioambiental y para la calidad de la democracia costarricense.

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Analisis-de-los-programas-ambientales-de-los-partidos-2026.pdf

Sobre el Parlamento Cívico Ambiental (PCA)

El Parlamento Cívico Ambiental es una plataforma ciudadana permanente creada en 2019, orientada a fortalecer la democracia ecológica, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el enfoque de Parlamento Abierto y una pedagogía de aprender haciendo.

Estudio independiente revela fuertes diferencias en las propuestas ambientales de los partidos políticos rumbo a elección del 2026

Parlamento Cívico Ambiental

Comunicado

Este estudio elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social Justeco (ARTES-JUSTECO) revela una clara estratificación entre los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses en materia ambiental, de cara a las elecciones nacionales de 2026.

El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, será presentado públicamente este jueves 15 de enero en la Asamblea Legislativa, en un espacio abierto a legisladores, academia, organizaciones sociales y ciudadanía.

Principales hallazgos:

El estudio analiza los programas de 13 partidos políticos con mayor presencia en encuestas a diciembre de 2025, mediante una metodología dual que combina: 1) Una matriz ambiental ponderada de 50 indicadores distribuidos en 13 áreas clave (agua, cambio climático, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental, ordenamiento territorial, entre otras); y 2) un análisis cualitativo de coherencia, basado en el Capítulo 4 del Informe del Estado de la Nación, que identifica un deterioro sostenido de la gobernanza ambiental en el país.

El procesamiento de datos y la asignación de ponderaciones se realizaron mediante un sistema de inteligencia artificial supervisada, utilizando plataformas de IA de Google y ChatGPT versión 5.

Los resultados permiten clasificar los programas de gobierno en una escala que va desde propuestas de transformación estructural progresiva hasta enfoques abiertamente regresivos en materia ambiental. La evaluación identificó cuatro grandes grupos, con niveles de cumplimiento superiores al 90%, entre 50–60%, 30–40% y por debajo del 30% de los indicadores analizados.

Estas tendencias fueron confirmadas por el análisis cualitativo de coherencia institucional.

Más que una crisis ambiental:

El informe concluye que la crisis ambiental que enfrenta Costa Rica es también política e institucional, caracterizada por debilitamiento de capacidades públicas, regresión regulatoria, conflictos territoriales, presión inmobiliaria costera, deterioro del acceso al agua y reducción de la participación ciudadana.

En este contexto, el estudio ofrece una herramienta comparativa clara y transparente para apoyar a la ciudadanía, los medios de comunicación y los tomadores de decisión en la evaluación de las propuestas políticas frente a los desafíos ambientales reales del país.

Presentación pública:

La presentación oficial se realizará el jueves 15 de enero a las 10:00 a.m., en la Sala de Conferencias de Prensa de la Asamblea Legislativa (piso -3). La actividad cuenta con el apoyo de la presidenta de la Comisión de Ambiente, diputada Katherine Moreira Brown, y se enmarca en los esfuerzos del Parlamento Cívico Ambiental y ARTES-JUSTECO por promover un debate electoral informado y basado en evidencia.

Sobre el Parlamento Cívico Ambiental (PCA)

El Parlamento Cívico Ambiental es una plataforma ciudadana permanente creada en 2019, orientada a fortalecer la democracia ecológica, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el enfoque de Parlamento Abierto y una pedagogía de aprender haciendo.

Manifiesto sobre la crisis ecológica derivada de fumigaciones agrícolas en la región Caribe

Diciembre 2025 – Costa Rica

El Parlamento Cívico Ambiental, en representación de las 39 organizaciones que componemos este foro, nos unimos a las comunidades, científicos, pescadores artesanales, guardianes territoriales y ciudadanos comprometidos con la defensa de los ecosistemas de Costa Rica, en declarar nuestra profunda alarma y condena ante la reciente mortandad masiva de peces, aves y cocodrilos registrada en Barra de Pacuare, Laguna Madre de Dios y zonas aledañas de la costa Caribe.

Este episodio, denunciado públicamente por comunidades locales y registrado en fotografías y testimonios directos, no constituye un hecho aislado, sino la expresión más reciente de un patrón histórico de contaminación asociado al uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas y agroquímicos altamente tóxicos provenientes de plantaciones bananeras y piñeras cuyos sistemas de drenaje colapsan o rebalsan con las lluvias.

Denunciamos

  • La existencia de un modelo agrícola industrial en el Caribe costarricense en este caso, pero presente en otros lugares del país también, que, desde hace décadas, envenena ríos, lagunas, humedales y mares, vulnerando derechos humanos, comunitarios y ambientales fundamentales.

  • La falta sistemática de controles efectivos por parte del Estado, permitiendo que corporaciones agrícolas operen bajo esquemas que priorizan su rentabilidad sobre la salud pública y la integridad ecológica.

  • El silencio institucional y la negligencia que, pese a reportes recurrentes, ha normalizado la muerte de fauna silvestre, la afectación a trabajadores y la contaminación de acuíferos y zonas de reproducción de peces.

Esta tragedia ocurre precisamente durante periodos de desove, intensificando el riesgo de colapso pesquero para comunidades que dependen del mar, de los humedales para su sustento y el alto riesgo de envenenamiento de comunidades aledañas y vida silvestre, por el consumo de peces contaminados.

Razón por la que exigimos

  1. Una investigación inmediata, independiente y con participación ciudadana liderada por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que determine las causas exactas, la cadena de responsabilidades y las consecuencias ecológicas y socioeconómicas del evento.

  2. La suspensión temporal de fumigaciones aéreas y terrestres en zonas donde existan riesgos de escorrentía hacia cuerpos de agua, mientras avanza la investigación.

  3. La aplicación estricta del principio precautorio, incorporando monitoreo permanente de calidad de agua en ríos, canales y lagunas.

  4. Sanciones ejemplares a las personas o empresas responsables del vertido o manejo inadecuado de químicos por parte de las instancias gubernamentales y judiciales que deben cumplir con su deber de hacerlo.

  5. La acción y seguimiento urgente por parte de la Asamblea Legislativa de los proyectos de ley que regulen estas actividades y castiguen con mayor severidad acciones como éstas.

  6. La formulación de un Plan Nacional de Transición Agroecológica que erradique gradualmente los insumos que hoy ponen en riesgo la vida silvestre y humana.

Y reafirmamos

  • Que la salud de los ecosistemas es inseparable de la salud del país.

  • Que Costa Rica no puede seguir sosteniendo una reputación ambientalista mientras tolera prácticas agrícolas que destruyen su biodiversidad y envenenan a su gente.

  • Que la protección de la vida marina, de los humedales y de las especies emblemáticas del Caribe no es opcional: es un deber moral, constitucional (conforme lo establece nuestro Artículo 50 de la Constitución Política) y generacional.

Proclamamos

Este manifiesto se eleva en nombre de la vida silvestre asesinada de las comunidades que han soportado décadas de toxicidad impuesta, de los pescadores que hoy ven morir los ciclos que sostienen su economía y cultura, y de todos los costarricenses que exigen un país coherente, justo y verdaderamente comprometido con la protección ambiental.

El Parlamento Cívico Ambiental pone este documento a disposición de las organizaciones, asociaciones pesqueras y colectivos territoriales para su validación, adhesión y fortalecimiento.

Porque sin agua limpia, no hay vida, porque sin vida silvestre, no hay futuro y
porque sin justicia ambiental, no hay una Costa Rica como la que anhelamos

Acordado el 6 de diciembre de 2025 por votación unánime.

Por el Parlamento Cívico Ambiental:

Bernardo Aguilar González. Presidencia
Victoria Rudín Vega. Vicepresidencia
Oscar Moya Cantero. Primera Secretaría
Patricia Corrales López. Segunda Secretaría a.i.

Presentación del capítulo de Ambiente del Informe Estado de la Nación será este jueves en la Asamblea Legislativa

Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental invita a la presentación del capítulo de Ambiente del Informe del Estado de la Nación, una actividad bimodal dirigida a personas interesadas en comprender la situación ambiental del país y los principales hallazgos del informe más reciente.

La sesión se realizará este jueves 20 de noviembre, a las 10:00 a.m., en el Auditorio de la Asamblea Legislativa (Edificio A, piso -3). La exposición estará a cargo del Magíster Leonardo Merino Trejos, politólogo y coordinador del Informe Estado de la Nación en la sección correspondiente al diagnóstico ambiental.

Según la convocatoria, las personas interesadas pueden inscribirse mediante el formulario oficial disponible en línea o por los canales de contacto habilitados por el Parlamento Cívico Ambiental. La modalidad virtual estará disponible exclusivamente para las organizaciones que integran el Parlamento Cívico Ambiental, mientras que la participación presencial está abierta mediante inscripción previa.

Inscripción presencial:
Formulario oficial:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddqajeF1Hvg8LlT6o_u8QWsIfxWrldPU0jrDvBDKS5-zpSbg/viewform

También pueden inscribirse escribiendo a mbarrionuevo@asamblea.go.cr o llamando al 2243-2995.

La actividad forma parte del esfuerzo del Parlamento Cívico Ambiental por fortalecer el acceso público a información rigurosa y promover el debate informado sobre la situación del ambiente en Costa Rica.

PCA alerta sobre escalada de intimidación contra defensores ambientales en Costa Rica

Comunicado

Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica
Lunes 17 de noviembre de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) hace un llamado urgente a la opinión pública nacional e internacional ante la creciente intimidación, acoso y vulneración de derechos contra las personas defensoras del ambiente en Costa Rica.

Hoy difundimos el Manifiesto condenando la intimidación contra los defensores del ambiente en Costa Rica – noviembre 2025, respaldado por 38 organizaciones. Este documento alerta sobre el deterioro de la DEMOCRACIA y en particular de la democracia ambiental y el debilitamiento sistemático de la institucionalidad encargada de proteger el patrimonio natural de los costarricenses.

El manifiesto denuncia:

La regresión ambiental sin precedentes, evidenciada por recortes presupuestarios, debilitamiento técnico del MINAE y del SINAC, y la concentración de poder discrecional que desplaza los criterios científicos y debilita la participación ciudadana.

El uso creciente de procesos judiciales abusivos que buscan intimidar y agotar a quienes denuncian violaciones ambientales, configurando nuevas formas de censura y amenazas a la libertad de expresión.

Actos de violencia simbólica, como la reciente valla en Puntarenas declarando “non gratos” a dos ambientalistas, reflejo de un clima de intolerancia promovido por ciertos sectores que buscan deslegitimar la defensa ambiental.

Por esta razón, el PCA:

Reafirma que no puede existir democracia sin democracia ambiental.

Exige medidas inmediatas para proteger a las personas defensoras, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú y las obligaciones internacionales del Estado costarricense.

Reitera su respaldo al proyecto de ley expediente 25.125, necesario para impedir que el sistema judicial sea utilizado como herramienta de intimidación.

Convoca a todos los sectores de la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia simbólica, judicial o política contra quienes protegen los bienes comunes.

El PCA y sus organizaciones firmantes sostienen que defender el ambiente no es delito, sino un deber ético y patriótico, con visión de un futuro digno para las nuevas generaciones. Costa Rica debe decidir si continúa siendo referente mundial de democracia verde o si permite que la censura, la intimidación y el miedo erosionen su legado.

Abren inscripciones para nuevas membresías del Parlamento Cívico Ambiental

El Parlamento Cívico Ambiental anunció con entusiasmo la apertura del período de inscripción para nuevas membresías, invitando a todas las personas interesadas en formar parte de este espacio de participación ciudadana y acción por la sostenibilidad.

La convocatoria busca sumar esfuerzos para fortalecer una red comprometida con la defensa del ambiente, la justicia socioecológica y la construcción colectiva de un futuro más sostenible.

“El futuro sostenible y justo lo construimos entre todas las personas. Sumá tu esfuerzo y sé parte del cambio”, señala la organización en su convocatoria.

Las personas interesadas pueden consultar sus requisitos detallados en el siguiente enlace: https://docs.google.com/…/1VEni8K…/edit

El formulario de inscripción debe descargarse, completarse y enviarse junto con la documentación de respaldo al correo directorio.parlambiente@gmail.com:

https://docs.google.com/…/1vv3uT0HR-qjHpgK…/edit

Parlamento Cívico Ambiental desmiente información falsa y reafirma respaldo a su presidente Bernardo Aguilar González

San José, Costa Rica – 5 de setiembre de 2025

Ante la publicación reciente en medios digitales, titulada “Organizaciones piden destitución del presidente del Parlamento Cívico Ambiental”, el Parlamento Cívico Ambiental, integrado por 40 organizaciones, se ve en la obligación de aclarar y desmentir categóricamente la información difundida.

La noticia se basa en un documento presentado por únicamente cuatro organizaciones, que de manera unilateral y sin el consenso del plenario, pidieron la destitución del presidente del Parlamento, Bernardo Aguilar González, dejando la sensación de que se trataba de una solicitud respaldada por la totalidad de las organizaciones.

Esta información es inexacta y engañosa, pues la gran mayoría de las organizaciones miembro apoya de forma clara la labor y gestión del directorio y del actual presidente.

La verdad sobre la situación interna

  • El Parlamento está conformado por 40 organizaciones activas, las cuales mantienen su apoyo a la actual administración.
  • El grupo minoritario que impulsó esta solicitud ha intentado de forma reiterada perjudicar el trabajo colectivo, actuando por intereses particulares.
  • Bajo el liderazgo de Bernardo Aguilar durante los últimos tres años, el Parlamento ha pasado de ser una entidad nominal a convertirse en un espacio activo de análisis, dictamen y defensa de leyes y causas ambientales que benefician a todo el país.

Manifiesto en defensa de la integridad y transparencia

Hoy, la mayoría de las organizaciones que integran el Parlamento ha aprobado un Manifiesto en el que:

  1. Reafirma su voto de confianza en Bernardo Aguilar y en la gestión del actual directorio.
  2. Llama a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no dejarse confundir por campañas mediáticas basadas en datos falsos, y a respetar el trabajo voluntario y transparente de quienes integran este órgano.

Compromiso con la defensa del ambiente

El Parlamento Cívico Ambiental es un espacio voluntario y plural, donde las organizaciones trabajan sin ningún beneficio económico, dedicando tiempo y esfuerzo a la protección de los ecosistemas y comunidades a través de la revisión y dictamen de leyes socio-ambientales, así como la elaboración de manifiestos de incidencia.

Nuestro compromiso es con Costa Rica, la Casa Común y con las futuras generaciones, no con intereses particulares.

Reiteramos que las decisiones y posturas del Parlamento se toman siempre en procesos democráticos y representativos, guiados por la ética y la transparencia colectiva.

Organizaciones y ciudadanía respaldan proyecto de ley para proteger la libertad de expresión y a las personas defensoras del ambiente

Comunicado

San José, 28 de agosto de 2025

Ante el creciente uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) para intimidar y silenciar a quienes ejercen su derecho a denunciar afectaciones ambientales, el Parlamento Cívico Ambiental y diversos sectores de la sociedad civil expresan su firme respaldo al proyecto de ley expediente 25.125, que reforma el artículo 86.1 del Código Procesal Civil. El Parlamento aprobó este viernes 22 de agosto un Acuerdo Positivo respecto a este proyecto mediante resolución 025-2025 que se comunicará a las y los diputados de la Asamblea Legislativa. Asimismo, lanzó el MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DEL AMBIENTE en apoyo a la iniciativa.

La iniciativa, conocida como “Ley para evitar acciones coercitivas en el ejercicio de la libertad de expresión”, busca impedir que se impongan embargos preventivos contra personas cuya única “falta” sea participar en decisiones que afectan el ambiente o expresar públicamente su opinión sobre asuntos de interés público. Esta reforma no elimina el derecho legítimo a reclamar daños, pero garantiza que no se utilicen medidas cautelares como represalia antes de que exista una sentencia firme.

El impulso a este proyecto responde a casos recientes, como el embargo solicitado contra un creador de contenido que denunció posibles delitos ambientales asociados al proyecto Bahía Papagayo. Este tipo de acciones judiciales generan un efecto inhibitorio que amenaza la libertad de expresión y la participación ciudadana, principios fundamentales de la democracia costarricense.

El Parlamento Cívico Ambiental subraya que la aprobación de este proyecto es coherente con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como con la necesidad urgente de avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú.

“Proteger a quienes defienden el ambiente es proteger la democracia. No podemos permitir que se utilice el sistema judicial como un arma para acallar la voz ciudadana”, señaló el Parlamento en un pronunciamiento oficial.

Llamado a la acción

El Parlamento Cívico Ambiental llama a diputadas, diputados, instituciones y ciudadanía a respaldar activamente la aprobación del expediente 25.125 y a trabajar por un marco legal e institucional que brinde verdadera seguridad jurídica a las personas defensoras del ambiente y promueva la libertad de expresión sin temor a represalias.

Manifiesto para descargar.

Parlamento Cívico Ambiental rechaza texto sustitutivo de proyecto que propone minería metálica a cielo abierto en Crucitas

El Parlamento Cívico Ambiental anunció hoy su dictamen negativo al texto sustitutivo del proyecto de ley tramitado bajo el expediente 24.717, titulado “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela y reforma parcial al Código de Minería”.

La decisión se fundamenta en criterios técnicos, científicos, jurídicos y socioeconómicos que concluyen que no existe minería metálica a cielo abierto que pueda considerarse sostenible. El Parlamento advierte que permitir esta actividad en Crucitas causaría daños ambientales irreversibles, afectando bosques, cerros, mantos acuíferos y biodiversidad, con un impacto negativo que superaría cualquier beneficio económico temporal.

La minería a cielo abierto no es la solución para la pobreza ni la desigualdad; en América Latina este modelo ha dejado contaminación y mínimos beneficios para las comunidades”, afirmó Bernardo Aguilar González, presidente del Parlamento Cívico Ambiental. “El proyecto llama sostenible un proyecto de minería a cielo abierto que solamente atiende los impactos del cianuro, pero no atiende la deforestación, los daños a los suelos, los impactos en relación con fijación de carbono, emisiones y otros que forman parte esencial de cualquier modelo de sustentabilidad.”

Entre las principales preocupaciones destacadas se encuentran:

  • Portillos legales peligrosos: La declaratoria de “interés público” y “conveniencia nacional” podría permitir la expansión de este tipo de proyectos a otras regiones.

  • Traslado de costos ambientales al Estado: La propuesta deja en manos del erario público la remediación y cierre técnico, sin responsabilidad real para las empresas concesionarias.

  • Debilitamiento de protecciones agrícolas y ambientales: Se eliminan requisitos clave para proteger suelos productivos y recursos naturales en una zona de alta productividad agrícola.

  • Riesgo para el patrimonio natural de todo el país: Los servicios ecosistémicos de Cutris benefician a toda Costa Rica y no deben verse como patrimonio exclusivo local.

El Parlamento también señaló que la iniciativa carece de medidas concretas para combatir la minería ilegal, problema que requiere un plan integral de contención y remediación ambiental ordenado por la Sala Constitucional, pero aún pendiente de cumplimiento.

Finalmente, la institución enfatizó que abrir la puerta a la minería a cielo abierto en un contexto de debilitamiento institucional y creciente presencia del crimen organizado solo aumentaría la corrupción, el lavado de dinero y las desigualdades, en lugar de generar bienestar duradero.

El Parlamento Cívico Ambiental insta a la Asamblea Legislativa a archivar el proyecto y a priorizar alternativas económicas no extractivas, como el turismo sostenible, la bioeconomía y otras actividades compatibles con la protección de los recursos naturales.