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Etiqueta: Parlamento Cívico Ambiental

Parlamento Cívico Ambiental desmiente información falsa y reafirma respaldo a su presidente Bernardo Aguilar González

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San José, Costa Rica – 5 de setiembre de 2025

Ante la publicación reciente en medios digitales, titulada “Organizaciones piden destitución del presidente del Parlamento Cívico Ambiental”, el Parlamento Cívico Ambiental, integrado por 40 organizaciones, se ve en la obligación de aclarar y desmentir categóricamente la información difundida.

La noticia se basa en un documento presentado por únicamente cuatro organizaciones, que de manera unilateral y sin el consenso del plenario, pidieron la destitución del presidente del Parlamento, Bernardo Aguilar González, dejando la sensación de que se trataba de una solicitud respaldada por la totalidad de las organizaciones.

Esta información es inexacta y engañosa, pues la gran mayoría de las organizaciones miembro apoya de forma clara la labor y gestión del directorio y del actual presidente.

La verdad sobre la situación interna

  • El Parlamento está conformado por 40 organizaciones activas, las cuales mantienen su apoyo a la actual administración.
  • El grupo minoritario que impulsó esta solicitud ha intentado de forma reiterada perjudicar el trabajo colectivo, actuando por intereses particulares.
  • Bajo el liderazgo de Bernardo Aguilar durante los últimos tres años, el Parlamento ha pasado de ser una entidad nominal a convertirse en un espacio activo de análisis, dictamen y defensa de leyes y causas ambientales que benefician a todo el país.

Manifiesto en defensa de la integridad y transparencia

Hoy, la mayoría de las organizaciones que integran el Parlamento ha aprobado un Manifiesto en el que:

  1. Reafirma su voto de confianza en Bernardo Aguilar y en la gestión del actual directorio.
  2. Llama a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no dejarse confundir por campañas mediáticas basadas en datos falsos, y a respetar el trabajo voluntario y transparente de quienes integran este órgano.

Compromiso con la defensa del ambiente

El Parlamento Cívico Ambiental es un espacio voluntario y plural, donde las organizaciones trabajan sin ningún beneficio económico, dedicando tiempo y esfuerzo a la protección de los ecosistemas y comunidades a través de la revisión y dictamen de leyes socio-ambientales, así como la elaboración de manifiestos de incidencia.

Nuestro compromiso es con Costa Rica, la Casa Común y con las futuras generaciones, no con intereses particulares.

Reiteramos que las decisiones y posturas del Parlamento se toman siempre en procesos democráticos y representativos, guiados por la ética y la transparencia colectiva.

Organizaciones y ciudadanía respaldan proyecto de ley para proteger la libertad de expresión y a las personas defensoras del ambiente

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Comunicado

San José, 28 de agosto de 2025

Ante el creciente uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) para intimidar y silenciar a quienes ejercen su derecho a denunciar afectaciones ambientales, el Parlamento Cívico Ambiental y diversos sectores de la sociedad civil expresan su firme respaldo al proyecto de ley expediente 25.125, que reforma el artículo 86.1 del Código Procesal Civil. El Parlamento aprobó este viernes 22 de agosto un Acuerdo Positivo respecto a este proyecto mediante resolución 025-2025 que se comunicará a las y los diputados de la Asamblea Legislativa. Asimismo, lanzó el MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DEL AMBIENTE en apoyo a la iniciativa.

La iniciativa, conocida como “Ley para evitar acciones coercitivas en el ejercicio de la libertad de expresión”, busca impedir que se impongan embargos preventivos contra personas cuya única “falta” sea participar en decisiones que afectan el ambiente o expresar públicamente su opinión sobre asuntos de interés público. Esta reforma no elimina el derecho legítimo a reclamar daños, pero garantiza que no se utilicen medidas cautelares como represalia antes de que exista una sentencia firme.

El impulso a este proyecto responde a casos recientes, como el embargo solicitado contra un creador de contenido que denunció posibles delitos ambientales asociados al proyecto Bahía Papagayo. Este tipo de acciones judiciales generan un efecto inhibitorio que amenaza la libertad de expresión y la participación ciudadana, principios fundamentales de la democracia costarricense.

El Parlamento Cívico Ambiental subraya que la aprobación de este proyecto es coherente con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como con la necesidad urgente de avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú.

“Proteger a quienes defienden el ambiente es proteger la democracia. No podemos permitir que se utilice el sistema judicial como un arma para acallar la voz ciudadana”, señaló el Parlamento en un pronunciamiento oficial.

Llamado a la acción

El Parlamento Cívico Ambiental llama a diputadas, diputados, instituciones y ciudadanía a respaldar activamente la aprobación del expediente 25.125 y a trabajar por un marco legal e institucional que brinde verdadera seguridad jurídica a las personas defensoras del ambiente y promueva la libertad de expresión sin temor a represalias.

Manifiesto para descargar.

Parlamento Cívico Ambiental rechaza texto sustitutivo de proyecto que propone minería metálica a cielo abierto en Crucitas

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El Parlamento Cívico Ambiental anunció hoy su dictamen negativo al texto sustitutivo del proyecto de ley tramitado bajo el expediente 24.717, titulado “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela y reforma parcial al Código de Minería”.

La decisión se fundamenta en criterios técnicos, científicos, jurídicos y socioeconómicos que concluyen que no existe minería metálica a cielo abierto que pueda considerarse sostenible. El Parlamento advierte que permitir esta actividad en Crucitas causaría daños ambientales irreversibles, afectando bosques, cerros, mantos acuíferos y biodiversidad, con un impacto negativo que superaría cualquier beneficio económico temporal.

“La minería a cielo abierto no es la solución para la pobreza ni la desigualdad; en América Latina este modelo ha dejado contaminación y mínimos beneficios para las comunidades”, afirmó Bernardo Aguilar González, presidente del Parlamento Cívico Ambiental. “El proyecto llama sostenible un proyecto de minería a cielo abierto que solamente atiende los impactos del cianuro, pero no atiende la deforestación, los daños a los suelos, los impactos en relación con fijación de carbono, emisiones y otros que forman parte esencial de cualquier modelo de sustentabilidad.”

Entre las principales preocupaciones destacadas se encuentran:

  • Portillos legales peligrosos: La declaratoria de “interés público” y “conveniencia nacional” podría permitir la expansión de este tipo de proyectos a otras regiones.

  • Traslado de costos ambientales al Estado: La propuesta deja en manos del erario público la remediación y cierre técnico, sin responsabilidad real para las empresas concesionarias.

  • Debilitamiento de protecciones agrícolas y ambientales: Se eliminan requisitos clave para proteger suelos productivos y recursos naturales en una zona de alta productividad agrícola.

  • Riesgo para el patrimonio natural de todo el país: Los servicios ecosistémicos de Cutris benefician a toda Costa Rica y no deben verse como patrimonio exclusivo local.

El Parlamento también señaló que la iniciativa carece de medidas concretas para combatir la minería ilegal, problema que requiere un plan integral de contención y remediación ambiental ordenado por la Sala Constitucional, pero aún pendiente de cumplimiento.

Finalmente, la institución enfatizó que abrir la puerta a la minería a cielo abierto en un contexto de debilitamiento institucional y creciente presencia del crimen organizado solo aumentaría la corrupción, el lavado de dinero y las desigualdades, en lugar de generar bienestar duradero.

El Parlamento Cívico Ambiental insta a la Asamblea Legislativa a archivar el proyecto y a priorizar alternativas económicas no extractivas, como el turismo sostenible, la bioeconomía y otras actividades compatibles con la protección de los recursos naturales.

Parlamento Cívico Ambiental insta a Costa Rica a liderar en la aprobación de un tratado global sobre plásticos ambicioso y vinculante

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Comunicado

San José, Costa Rica – 13 de agosto de 2025

Por medio de carta abierta del 12 de agosto del 2025, las 44 organizaciones del Parlamento Cívico Ambiental hicieron un llamado urgente al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco, para que la delegación costarricense en las negociaciones INC-5.2 en Ginebra defienda un Tratado Global sobre Plásticos jurídicamente vinculante que esté a la altura de la crisis ambiental, social y económica que enfrenta el planeta.

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el mundo produce alrededor de 430 millones de toneladas de plástico al año, gran parte del cual termina en el ambiente sin una gestión adecuada. De no tomarse medidas drásticas, esta cifra podría triplicarse para 2060, con consecuencias irreversibles para la salud humana, la biodiversidad y el clima. Costa Rica no es ajena a esta problemática, enfrentando baja tasa de reciclaje, acumulación de residuos y rellenos sanitarios próximos a su límite.

El Parlamento Cívico Ambiental solicita que Costa Rica adopte y promueva un tratado que incluya:

  • Reducción real de la producción de plásticos, en especial de un solo uso y corta vida útil, con objetivos obligatorios y plazos claros.

  • Eliminación progresiva de químicos y aditivos peligrosos.

  • Transparencia y trazabilidad en todo el ciclo de vida de los plásticos.

  • Transición justa que proteja a trabajadores, comunidades indígenas y recolectores.

  • Financiamiento suficiente para prevenir la contaminación, reparar daños y garantizar que los mayores contaminadores asuman su responsabilidad.

  • Prohibición del traslado de residuos a comunidades vulnerables y rechazo a tecnologías contaminantes como la incineración.

  • Protección de derechos humanos y salvaguardas contra conflictos de interés corporativos.

  • Responsabilidad extendida del productor y estímulo al consumo sostenible.

  • Desincentivo a la obsolescencia programada y fomento de la durabilidad de productos.

Asimismo, el Parlamento solicitó una actualización sobre el avance de las negociaciones y la posición oficial del país, recordando que este tratado representa una oportunidad histórica para que Costa Rica fortalezca su liderazgo internacional en materia ambiental y avance hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil para que estén pendientes de este importante proceso para sustentar el liderazgo internacional del país en materia ambiental y continuar un camino hacia un verdadero modelo de desarrollo con sustentabilidad económica, social y ambiental.

Parlamento Cívico Ambiental rechaza reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable

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Comunicado

Parlamento Cívico Ambiental expresa su rotundo rechazo a la reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable y exige su derogatoria

San José, 7 de julio de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental, impulsada la iniciativa del Acuerdo 19-25 desde de su Comisión de Recurso Hídrico, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo a la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, la cual permite la presencia de residuos de agroquímicos, incluyendo el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.

La propuesta eleva los niveles máximos permitidos de contaminantes, transformándolos en simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin contar con una justificación técnica adecuada ni estudios científicos independientes. Esta modificación representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y protección ambiental.

Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del ambiente. Aprobar esta reforma pone en entredicho dicho prestigio, y contraviene los principios constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, así como los compromisos asumidos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diversos estudios indican que el país presenta altos índices de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, como el cáncer gástrico. Esta reforma afecta de forma desproporcionada a las comunidades con menos recursos, que tienen limitado acceso a fuentes de agua seguras, exacerbando así la desigualdad social.

Asimismo, preocupa que esta iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común. El Parlamento Cívico Ambiental considera inaceptable que se ponga en riesgo la salud de la población por favorecer a ciertos sectores empresariales.

Por todo lo anterior, este órgano hace un llamado urgente al Ministerio de Salud para que derogue la reforma y conforme una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Además, se insta a promover políticas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos, en línea con estándares internacionales.

Se solicita asimismo a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que continúen con su control político denunciando este tipo de medidas. Finalmente, se llama a la sociedad civil a que ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados.

Demandas clave del PCA:

  • Derogatoria de la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S

  • Conforme la instancia técnica interinstitucional permanente requerida en esta materia.

  • Promoción de iniciativas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos.

  • Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.

  • Que diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa continúen con su control político denunciando este tipo de medidas.

  • Que la sociedad civil ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa de la salud pública producto del manejo adecuado patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.

Parlamento Cívico Ambiental denuncia exclusión de representación científica costarricense en conferencia de la ONU sobre océanos

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Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental manifiesta públicamente su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la exclusión deliberada de representantes científicos costarricenses durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), llevada a cabo en Niza, Francia, en junio de 2025.

La situación se torna especialmente alarmante tras conocerse que el Gobierno de la República retiró las acreditaciones previamente otorgadas a destacados científicos nacionales como la Dra. Cindy Fernández, el Dr. Jorge Cortés y el Dr. Juan José Alvarado, así como a otras personas cuya identidad y afiliación institucional aún no han sido debidamente aclaradas.

Esta acción representa no solo una falta de respeto hacia la comunidad científica nacional, sino que también contradice el discurso oficial que promueve la ciencia, la sostenibilidad y la participación ciudadana en espacios multilaterales.

Ante esta situación, el Parlamento Cívico Ambiental exige respuestas claras e inmediatas por parte de las autoridades correspondientes, en relación con los siguientes puntos:

  1. ¿Quién dio la orden de retirar las acreditaciones de los 18 delegados costarricenses?

  2. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para excluir a estos representantes, particularmente a figuras académicas de la Universidad de Costa Rica y de organizaciones de la sociedad civil?

  3. ¿Quiénes integraron finalmente la delegación oficial costarricense y con base en qué criterios fueron seleccionados?

Estas interrogantes que no son menores: apuntan a la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad de la política exterior costarricense, especialmente en temas tan cruciales como la gobernanza oceánica.

El Parlamento Cívico Ambiental recuerda que Costa Rica no puede aspirar a liderar procesos internacionales en materia marina si a nivel interno, excluye deliberadamente a quienes han contribuido con años de investigación y compromiso técnico y científico.

Por ello, las organizaciones que componen el Parlamento Cívico Ambienta solicitan formalmente a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa convocar a una audiencia pública con la participación del MINAE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, los científicos excluidos y representantes de la sociedad civil, con el fin de esclarecer estos hechos y evitar su repetición en futuras instancias internacionales.

Costa Rica merece una política científica coherente, participativa y basada en evidencia.

“No hay sostenibilidad posible sin transparencia”.

Sociedad civil rechaza propuesta de minería a cielo abierto en Crucitas y respalda alternativa de desarrollo sostenible

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Comunicado

San José, Costa Rica – 28 de mayo de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental ha emitido tres pronunciamientos oficiales respecto a iniciativas legislativas que buscan definir el futuro de Crucitas, en la región norte de Costa Rica. La organización rechaza categóricamente los proyectos bajo los expedientes Nº 24.717 y 24.577, que pretenden reformar el Código de Minería para permitir la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, San Carlos. Al mismo tiempo, manifiesta su apoyo firme al Expediente Nº 24.675, que promueve un modelo de recuperación sostenible y desarrollo regional.

El PCA, que representa a diversos sectores ambientales y ciudadanos, argumenta que la minería a cielo abierto implica riesgos ambientales y sociales irreversibles. Décadas de evidencia científica, jurídica y económica —tanto a nivel nacional como internacional— demuestran que este tipo de minería provoca deforestación masiva, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y daños duraderos a las comunidades locales. Los proyectos propuestos implicarían la destrucción de los cerros Fortuna y Botija, la formación de lagunas de relaves y un impacto severo sobre acuíferos y ecosistemas en una región de selva tropical húmeda.

El Parlamento advierte que legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas contradice los principios ambientales que históricamente han distinguido a Costa Rica, así como los derechos constitucionales y la jurisprudencia vigente que ampara los principios de no regresividad, prevención y objetividad científica en la toma de decisiones ambientales.

Además, el PCA subraya que el esquema de regalías propuesto en el Expediente 24.717 apenas destina el 1% del valor bruto de las ventas a la región de San Carlos, mientras traslada al Estado la responsabilidad de remediación ambiental, lo que genera serias dudas sobre la fiscalización y la transparencia del proceso. En el caso del 24.577 omite por completo hablar el tema de los “Royalties”. No se refiere a cuál porcentaje de Royalties se les cobraría a los posibles concesionarios, cómo se distribuiría ese porcentaje, etc. Propone tener efectos en materia de pensiones del régimen no contributivo, pero en realidad no presenta un análisis riguroso de este aspecto y es engañoso al no generar beneficios concretos y suficientes para las comunidades de Cutris.

En contraste, el Expediente Nº 24.675 es reconocido como una alternativa viable y visionaria. Este propone la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la región Huetar Norte, con un enfoque en la restauración ambiental, el emprendimiento comunitario, el ecoturismo y la innovación en la gestión de recursos naturales. El proyecto plantea un plan integral con mecanismos de sostenibilidad financiera, formación técnica y articulación institucional.

La Comisión de Energía y Minas del parlamento señaló “la distinción entre los dos enfoques es clara, por un lado, una visión que abandona las políticas de Estado del país y quiere convencer a la opinión pública recurriendo a aparentes beneficios monetarios que al final ni son para las comunidades, ni son suficientes para compensar las pérdidas económicas, sociales y ambientales, por el otro, un enfoque novedoso, integralmente ganador y en la mejor de las tradiciones de soluciones sostenibles pioneras que ha caracterizado al país en los últimos 30 años”.

El PCA enfatiza la importancia de mantener el liderazgo internacional de Costa Rica en protección ambiental, y de alinear las políticas nacionales con los compromisos globales en sostenibilidad y resiliencia climática.

Como se señala en los acuerdos oficiales:

“La verdadera riqueza de Crucitas no está en el oro enterrado, sino en sus ecosistemas vivos y en el potencial de una economía regenerativa que valore la naturaleza, la comunidad y las futuras generaciones.”

Demandas clave del PCA:

  • Archivado inmediato los Expedientes Nº 24.717 y 24.577.

  • Apoyo legislativo y ciudadano al Expediente Nº 24.675.

  • Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.

  • Fiscalización y transparencia absoluta en cualquier actividad económica en Crucitas.

  • Compromiso con modelos de desarrollo sostenible y basados en la comunidad.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa del patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.

Costa Rica traza el rumbo hacia la pesca sostenible con recomendaciones técnicas, sociales y ambientales

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San José, 14 de mayo de 2025 — La pesca sostenible se ha convertido en un tema prioritario para Costa Rica, no solo por su relevancia económica, sino por su impacto directo en la seguridad alimentaria, la biodiversidad marina y la estabilidad de las comunidades costeras. En respuesta a los desafíos crecientes que enfrenta este sector, el Parlamento Cívico Ambiental presentó el informe “Elementos clave para la pesca sostenible”, resultado del Encuentro Técnico celebrado en enero de 2025 con participación de expertos nacionales, organizaciones científicas, representantes comunitarios y autoridades vinculadas al ámbito marino-costero.

Este documento ofrece un diagnóstico claro sobre la situación actual de la pesca en Costa Rica, expone los principales obstáculos para su desarrollo sostenible y plantea un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza pesquera, mejorar la calidad de la información científica disponible, incorporar el cambio climático en la gestión y promover la equidad en las comunidades costeras.

Desafíos múltiples y urgentes

Entre los principales hallazgos del informe se destaca:

  • La falta de datos científicos actualizados sobre el estado de las poblaciones pesqueras y el esfuerzo de pesca aplicado, lo que impide una gestión adecuada basada en evidencia.

  • La debilidad institucional y normativa del sector, con procesos de fiscalización limitados, escasa transparencia y una trazabilidad deficiente de las capturas.

  • El impacto creciente del cambio climático, que podría reducir las capturas en el Pacífico en un 15% y en el Caribe en un 30% para el año 2050, afectando no solo la productividad pesquera, sino también la seguridad alimentaria.

  • La falta de alternativas económicas viables para las comunidades pesqueras, muchas de las cuales dependen casi exclusivamente de la pesca artesanal para subsistir.


Un llamado a la acción: recomendaciones para transformar el sector

El informe plantea una ruta clara para alcanzar la sostenibilidad pesquera en el país, articulada en tres ejes estratégicos. En el plano técnico y científico, urge establecer sistemas de monitoreo y recopilación de datos biológicos que permitan estimar el estado de las poblaciones y definir límites de captura.

Desde lo social, se destaca la importancia de involucrar a las comunidades costeras mediante educación ambiental, participación activa y diversificación económica. Actividades como el ecoturismo y la pesca turística pueden reducir la presión sobre los recursos, al tiempo que mejoran los ingresos locales y promueven prácticas sostenibles.

Finalmente, a nivel de gobernanza, se recomienda reformar a INCOPESCA para que se alinee con los objetivos de sostenibilidad, y establecer marcos normativos dinámicos que respondan a los retos actuales, incluyendo el cambio climático. Herramientas como vedas, tallas mínimas y áreas marinas protegidas son esenciales para la recuperación de las especies y la salud del ecosistema marino.

Damián Martínez-Fernández, miembro de la Comisión Marino Costera del Parlamento Cívico Ambiental, subrayó:

“Costa Rica enfrenta el reto de reconducir su modelo pesquero hacia la sostenibilidad. Este informe no solo evidencia las áreas que debemos mejorar, sino que ofrece ideas de cómo lograr una pesca que respete los límites del ecosistema y fortalezca el bienestar de las comunidades costeras. Es una invitación abierta a todos los sectores a construir juntos un futuro donde la conservación y el desarrollo caminen de la mano.”

Descargue el informe completo: https://fishcostarica.org/key-elements-for-sustainable-fshing/

Vea el resumen del Encuentro Técnico:

Encuentro técnico resalta urgencia de la pesca sostenible en Costa Rica

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Comunicado
Parlamento Cívico Ambiental

La sostenibilidad pesquera en Costa Rica enfrenta un desafío crítico. Expertos en ciencias marinas, académicos, representantes de la sociedad civil y tomadores de decisión se reunieron el pasado 27 de enero en la Asamblea Legislativa en el Encuentro Técnico sobre Pesca Sostenible, organizado por la Comisión Marino Costera del Parlamento Cívico Ambiental. Esta actividad fue concebida como un espacio esencial para generar insumos que alimenten el debate sobre el proyecto de ley N.° 24263 Ley para el fomento de la pesca responsable en Costa Rica que llegó a consulta al Parlamento Ambiental y que se encuentra actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Durante el conversatorio, especialistas abordaron temas clave como la sobreexplotación de especies, la falta de datos biológicos y socioeconómicos, la captura incidental, los efectos del cambio climático y la necesidad de reformas en la autoridad pesquera. Se destacó la necesidad de un manejo pesquero integral, basado en ciencia y gobernanza transparente, para evitar el colapso de los recursos marinos y asegurar el bienestar de las comunidades costeras.

Un punto de consenso fue la urgencia de implementar medidas inmediatas, aun cuando la información sobre las poblaciones pesqueras sigue siendo limitada. «No podemos esperar a tener todos los datos; debemos actuar ya con el conocimiento disponible y aplicar el principio precautorio», enfatizó Moisés Mug, biólogo pesquero con más de 40 años de experiencia.

El evento se desarrolló bajo la metodología Speed Talk, en la que cada experto contó con 10 minutos para presentar su visión sobre los elementos esenciales de la pesca sostenible. Entre las principales conclusiones, se resaltó la necesidad de:

  • Generar datos científicos sólidos sobre las especies objetivo para establecer límites de captura sostenibles.
  • Garantizar la transparencia en la actividad pesquera, asegurando que la información sobre capturas y esfuerzos de pesca esté disponible al público.
  • Fortalecer la gobernanza pesquera con un enfoque interdisciplinario e inclusivo, donde la academia, las ONG y el sector pesquero trabajen en conjunto.
  • Promover la diversificación económica en las comunidades pesqueras, impulsando alternativas sostenibles como el ecoturismo marino.
  • Incorporar estrategias de adaptación al cambio climático, ante la inminente reducción de especies y cambios en los ecosistemas marinos.

Los diputados presentes en el evento expresaron su compromiso con la sostenibilidad pesquera. «El desarrollo no puede existir sin equidad y sin respeto por el ambiente», afirmó el diputado Ariel Robles Barrantes del Partido Frente Amplio. Por su parte, la diputada Kattia Cambronero del Partido Liberal Progresista subrayó la importancia de tomar «una posición firme y estratégica para asegurar la conservación de nuestro océano.»

El presidente de la Comisión Marino Costera, Damián Martínez Fernández, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar un enfoque participativo en la creación de políticas públicas: «El desarrollo de una pesca sostenible es vital para la seguridad alimentaria y el bienestar económico de Costa Rica. Mejorar este proyecto de ley con las sugerencias de los expertos y expertas es una oportunidad que no podemos dejar pasar.»

El encuentro concluyó con un llamado a la acción para reformar la gestión pesquera en Costa Rica, reforzar la fiscalización de la pesca ilegal y garantizar que las leyes ambientales sean efectivas y respetadas. Los hallazgos del evento serán recopilados en un documento técnico que se entregará a los tomadores de decisiones para la formulación de políticas públicas.

Con un país cuya economía y seguridad alimentaria dependen en gran medida de sus recursos marinos, el mensaje es claro: la pesca sostenible es una necesidad urgente, no solo para la conservación del ecosistema, sino para la supervivencia de miles de familias que dependen del mar.

Parlamento Cívico Ambiental se une a la oposición a la propuesta de nuevo decreto ejecutivo sobre pagos por servicios ambientales

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Comunicado

  • Por resolución de sus 41 organizaciones, manifiesta su apoyo a los señalamientos de la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC que señala que generaría efectos negativos que impactarían a los afiliados al modelo de PSA.

  • Asimismo, se solidariza con la posición del Colegio de Ingenieros Agrónomos abrazando las apuntadas inconsistencias tanto, legales como técnicas, además de cambios que no muestran una mejora al programa de Pago de Servicios Ambientales, ni al incentivo de conservación.

  • Insta a que se aprovechen las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Paris que podrían traer recursos adicionales para mantener e incluso ampliar el Pago por Servicios Ambientales en Costa Rica.

Este 11 de junio del 2024 el directorio del Parlamento Cívico Ambiental, comunicó el Acuerdo 36-24 en el que este foro cívico manifiesta su apoyo a los señalamientos de la Dirección de Mejora Regulatoria, solicitando al MINAE que atienda los efectos negativos que impactarían a los afiliados al modelo de PSA. Declara que entre las más preocupantes falencias están las que afectan la participación de los territorios indígenas en el sistema de pago por servicios ambientales. Asimismo, apoya que se solicite al MINAE determinar la evidencia empírica utilizada para identificar los aspectos del modelo actual de PSA que deberían ser modificados y que se pida determinar cuantitativamente las metas a alcanzar con la reforma. Se solidariza el Parlamento con la posición del Colegio de Ingenieros Agrónomos abrazando las apuntadas inconsistencias legales y técnicas, además de cambios que no muestran una mejora al programa, especialmente las que se refieren a los cambios en los servicios ambientales reconocidos, la desmejora del incentivo en términos económicos y el debilitamiento de los requerimientos técnicos de regencia que inciden en la credibilidad de las prácticas nacionales de monitoreo, reporte y verificación. Instar a que se aprovechen las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Paris que podrían traer recursos adicionales para mantener e incluso ampliar el PSA en Costa Rica

La resolución llama al Poder Ejecutivo a respetar y salvaguardar la integridad, autonomía técnica, funcionalidad y solidez financiera de la institucionalidad ambiental costarricense y exige el cumplimiento con la necesaria participación de los habitantes de la república en la toma de las decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente nacional. Insta a las y los diputados de la Asamblea Legislativa a que manifiesten su posición respecto a esta propuesta dado su potencial efecto sobre una de las principales herramientas de conservación y uso sostenible de los ecosistemas costarricenses. Se insta a las fuentes de cooperación internacional para que no estimulen con sus recursos iniciativas que atenten contra las políticas de Estado que le han brindado a Costa Rica el liderazgo a nivel ambiental en el ámbito internacional y que exijan la adopción de políticas congruentes con el cumplimiento de los compromisos del país en materia ambiental. Asimismo, llama a toda la sociedad civil costarricense, al sector académico y a las organizaciones ambientales internacionales a sumarse en una sola voz en oposición de estas acciones que atentan no solamente contra la buena marcha de las políticas sociales y ambientales en Costa Rica, sino que atentan también contra la estabilidad democrática del país.

Rebeca Vaglio de la Organización Regenerativa Matzù Insigne, presidenta de la Comisión de Turismo Ecológico, Agroecología y Economía Verde, señaló que el parlamento con esta resolución responde al fuerte llamado que han hecho varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Alejandro Muñoz de la Asociación Costarricense de Hidrógeno, presidente de la Comisión de Energía y Minas y Victor Arce, de la Asociación Costas de Surf, secretario de la Comisión Marino y Costera resaltaron que a la par del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el PSA ha sido clave para reversar la deforestación en Costa Rica. Bernardo Aguilar, presidente del directorio, de la Asociación ARTES-JUSTECO, enfatizó que velar por los mecanismos de conservación como el PSA es una de las áreas de mayor trabajo e interés del Parlamento Cívico Ambiental por lo que resulta lógica y consecuente la preocupación de las organizaciones con la situación que se está presentado respecto a esta propuesta especialmente porque afecta los intereses de los afiliados más pequeños y de los pueblos originarios.

Para más información:

Vocerías: Bernardo Aguilar González (presidente Parlamento Cívico Ambiental) 89206174

Oscar Moya Cantero (primer secretario Parlamento Cívico Ambiental) 7297 7688