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Etiqueta: participación ciudadana

La responsabilidad es interpretar la realidad y tomar acción ante pérdida de libertades y derechos

José Luis Pacheco Murillo

No deseo ser alarmista y está lejano el deseo de provocar angustia , sin embargo, no puedo dejar de preocuparme al ver cómo se vienen dando acontecimientos que, si no somos capaces de interpretar ahora y tomar acción, para luego sería demasiado tarde. Esto no es de ahora, ya desde hace años se nos vienen coartando libertades y derechos, en lo político, en lo económico y en lo social. Cada vez se nos hace más difícil podernos manifestar contra lo que se viene dando y se aprueba en la Asamblea Legislativa. Cada vez tenemos más distractores de la realidad nacional que nos impiden tomar conciencia de lo que viene sucediendo: conciertos con famosos, campeonato de fútbol, selección nacional, aparte del desarrollo de la narco mafia y el crimen organizado que generan dinero abundante y que además, hay toda una escuela de aprendizaje con las narco novelas y series televisivas que hacen creer a algunos que eso es el camino a elegir.
Y es que, además, la decadencia del sistema educativo, propicia que miles de niños y jóvenes queden a expensas de esa delincuencia organizada máxime cuando a pesar de esfuerzos por salir adelante se topan con las poquísimas o inexistentes posibilidades de trabajo.
Hoy, ante un nuevo gobierno que llegó al poder por una mezcla de esperanza y la creciente molestia del pueblo por y con lo tradicional, nos vemos envueltos en una estrategia intensa y bien programada para desestabilizar a dicho gobierno.
Un sector muy importante de la prensa, radial, televisiva y escrita, junto a una mayoría calificada de diputados en la asamblea legislativa, un sector del empresariado que ven peligrar privilegios y gollerías y con la asquerosa complicidad de mandos medios y gerenciales de instituciones públicas, están haciendo lo necesario para impedir que este gobierno pueda actuar, sin importarles las consecuencias que eso tenga para todos, incluidos esos sectores pero en especial para los mas necesitados.
Lo que deberían ser grandes noticias como lo relacionado con las redes 5 G, la reforma para bajar el precio del arroz, de la electricidad, para ordenar y limpiar de corrupción el MOPT y muchas más, simplemente han sido ignoradas por “esa prensa” para dar paso a la mofa y a la crítica porque se escribió mal el apellido del presidente o porque hubo una equivocación en el año y gastar cientos de horas en temas que lo único que pretendían y siguen pretendiendo es debilitar al gobierno y directamente al presidente. Llegar incluso a mentir descaradamente y manipular la información tergiversándola con tal de lograr su cometido.
Mucho cuidado, la situación está difícil y debemos tomar conciencia de ello. Hay que exigir y denunciar y hay que manifestarse apoyando y cerrando filas contra los que desean causar daño, no de ahora, desde hace tiempo.
No estamos acostumbrados a estas cosas que si bien es cierto, se han dado en otros países , las veíamos lejanas.
Dios siga protegiendo a Costa Rica e ilumine a los que toman decisiones, incluso en esos sectores que quieren causar daño, para que sean las mejores para todos en nuestro país.

El Estado centralizado

Óscar Madrigal

El Estado costarricense tiene un poco más de 300 instituciones. Así visto es un número de escándalo y justifica el cierre de muchas de ellas. Sin embargo, el simple número no dice nada: ¿cuáles son necesarias, ¿cuáles garantizan la participación ciudadana y democrática, ¿cuáles más bien contribuyen a descentralizar el Estado y ayudan a su funcionamiento? Por ello, hablar de cerrar instituciones a tontas y locas es poco serio; hay que estudiar con detalle cada una de ellas.

Por ejemplo, con el criterio de reducir el Estado habría que cerrar todos los colegios profesionales y que éste asuma la fiscalización de las profesiones o cerrar JUPEMA y la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional o el Cuerpo de Bomberos y que el Estado asuma todas esas funciones. Esta sería una posibilidad propia de una ideología Centralista.

Esto es lo que plantea un proyecto de ley para cerrar varios órganos como el Parque Marino, el Sistema de Enseñanza de la Música o Casas de Cultura y otros. Se cierran y sus funciones son asumidas por el Estado, sea Ministerios u otras instituciones estatales. En otras palabras, centralizamos las funciones en otros órganos estatales. Aparentemente estamos reduciendo el Estado, aunque realmente lo que hacemos es Centralizar esas funciones en el Estado. A menos que se propongan desaparecer las funciones y que el Estado deje de brindar apoyo a la música, al estudio marino u otras cosas más, aunque eso no está claro.

El año pasado el Instituto Nacional de Seguros (INS) trasladó a Hacienda, el Estado, más de ¢33.000 millones de sus utilidades, aparte del pago del impuesto de renta. Eso reforzó el pago de los múltiples servicios que se brindan a la población como educación, salud o seguridad pública. Si el INS no fuera una institución estatal, esas ganancias hubieran agrandado el bolsillo de alguna empresa privada multinacional. Otro ejemplo significativo es RECOPE: para algunos un desastre, aunque lo que observamos a nivel mundial es que los grandes distribuidores de petróleo y sus derivados, están obteniendo obscenos beneficios. Si Recope no fuera estatal, probablemente sería una empresa privada multinacional la encargada de sus funciones haciendo un multimillonario negocio.

La otra arista del tamaño del Estado tiene que ver con su democratización. Cuando se cierra un órgano desconcertado, se cierra la posibilidad de que grupos sociales intervengan en su gobierno y administración, incluyendo a las cámaras patronales. En muchas de estas directivas participan personas o grupos ad honorem, siendo de gran significación la participación ciudadana. Lo que también se propone, es eliminar esa participación y que, como muchas veces ocurre, burócratas decidan.

La centralización del Estado es también una concepción antidemocrática.

Otro proyecto de ley avalado por el gobierno de Chaves pretende centralizar todas las inversiones de las instituciones del Estado en el Ministerio de Planificación, exceptuando a las que están en competencia.

El Ministerio de Planificación lo creó la socialdemocracia para contrarrestar la planificación socialista. Por supuesto que en el socialismo la propiedad era en su totalidad del Estado, mientras que planificar en el capitalismo es casi imposible. Asistimos hace años a una tendencia a volver a fortalecer el Ministerio de Planificación tan venido a menos desde hace tiempo. La ley de Empleo Público le otorgó funciones exageradas de dirección en materia de empleo, tanto de fijar las categorías de trabajo, los salarios únicos o la evaluación de desempeño. Se propone ahora que asuma bajo su control la política de inversión de todas las instituciones estatales, sea que debe darle el visto bueno a cada uno de los proyectos en que se realice con inversión pública. Nuevamente es la centralización del Estado, la eliminación de la participación ciudadana, la involución democrática.

No considero conveniente cerrar órganos o instituciones sin consultar a las partes involucradas. Eso es contrario al principio de gobierno popular.

Ahora bien, ¿es buena la centralización del Estado? No creo que sea buena a raíz de las experiencias pasadas, incluso socialistas. Creo más provechoso un Estado descentralizado, con participación ciudadana auténtica, democrático.

Lo que también extraña de todo este malabar es que los neoliberales están abogando por un Estado más fuerte y centralizado. Parece raro.

El contrato de ALCOA- cincuenta y un años de una protesta que no ha perdido vigencia

Fernando Cruz Castro*

La protesta del veinticuatro de abril de 1970 es sólo la manifestación visible de un malestar que siempre requiere algo más que la rebelión ciudadana, en este caso, existían razones importantes para objetar el Contrato Ley. Los argumentos que fundaban el criterio de los opositores, siguen resonando en el escenario de la historia, que no debe archivarse, que no debe olvidarse. El 24 de abril de 1970 se produjo una violenta protesta por la aprobación del contrato ley con la transnacional Alcoa. El Contrato Ley era una expresión genuina de la asimetría que existe entre el norte y el sur, para decirlo de alguna manera. Se aprobaba una ley especial para establecer un régimen de privilegio entre la empresa y el Estado. Doce diputados votaron en contra del contrato, entre ellos, don Rodrigo Carazo, don Armando Arauz, don Fernando Volio, don Jorge Luis Villanueva y otros siete diputados disidentes. Dato interesante, porque la disidencia dentro de las fracciones parlamentarias, casi ha desaparecido. Los contratos leyes tuvieron vigencia en Costa Rica hasta mediados de la década del setenta del siglo pasado, en que se reformó la Constitución. Hay algunas similitudes entre esos contratos y los tratados de Libre Comercio, contienen regímenes de privilegio, imponen restricciones al poder del Estado y le dan un trato privilegiado al inversionista.

En muchos casos el formato jurídico ignora la desigualdad entre las partes, algo que parece obvio, pero que se invisibiliza. Es cierto que el contrato ley, fue derogado, pero la esencia de su contenido, aparece ahora con otros formatos, especialmente en el régimen de exoneraciones, que se extienden como manchas de aceite. La Constitución establece la obligación, para todos, de contribuir a los gastos del Estado, pero en esta globalización y sus inequidades, hay empresas y empresarios que no pagan tributos, lo mismo que ocurría con los contratos leyes. Ahora hay regímenes de arbitraje privilegiados, como ocurría con el formato del contrato ley. Eso pasa, cambian las formas, sobreviven las asimetrías, las desigualdades aprobadas en el marco constitucional.

Como telón de fondo encontramos el tema de la inversión extranjera, tan necesaria para los países poco desarrollados. Sin embargo, el problema es determinar el precio que se paga por el ingreso de tal inversión. Es un drama para los países con menos recursos. En el caso del contrato de Alcoa, lo más importante no fue la protesta ciudadana, que tuvo excesos, lo que tuvo relevancia fue la discusión previa, analizando las ventajas y amenazas de este contrato. Hubo mucha discusión ciudadana, realmente la jornada cívica relevante fue la participación de todos los sectores de la población en la discusión. En el año sesenta y nueve la Federación de Estudiantes Universitarios, organizó un seminario en el que se discutió el contenido y las consecuencias del Contrato con Alcoa. El presbítero Benjamín Núñez asumió un papel destacado como opositor al contrato; fue muy activo como formador de opinión, curiosamente, don José Figueres Ferrer, no se opuso al contrato.

Poco se analizó el tema del impacto al ambiente que provocaría esta actividad minera, aunque hubo intervenciones muy bien fundadas del ingeniero agrónomo, Ricardo Orozco, quien destacaba los peligros y costos medioambientales que provocaría la actividad. Esa discusión fue mucho más rica en el caso de la mina Crucitas.

Esta página de Alcoa no se ha pasado, los mismos temas que se discutieron en su momento, siguen pendientes, mantienen actualidad. El papel de la inversión extranjera, el poder de las transnacionales, el marco jurídico y sus deformaciones y desigualdades, el balance real que dejará la inversión una vez que abandone la producción y otros puntos, siguen pendientes, porque las limitaciones al desarrollo, no han cambiado en su esencia, porque la injusticia también tiene dimensiones planetarias. Aquí no es tema de optimistas o pesimistas, arriesgados o contenidos, es el tema de la justicia que en las relaciones internacionales tiende a imponer la ley del más fuerte, del poderoso. Y la justicia, el discurso jurídico, siempre encuentra un buen traje, para disimular la desigualdad y la inequidad.

Buenos recuerdos de aquella jornada, pero hay que identificar las raíces de una asimetría, una dependencia, que sigue vigente, muy parecida a la que se respiraba el 24 de abril de 1970. El poder global de las corporaciones y sus rostros que se pierden en la opacidad, asi imponen su ley muchos de los poderes reales que definen el futuro de la humanidad y de nuestro país.

Debo rescatar los nombres de los doce diputados de Liberación Nacional y Unificación Nacional, que expresaron su disidencia, votando en contra de la aprobación del contrato. Los opositores fueron:

Armando Arauz
Arnulfo Carmona Benavides
Cecilia González
Fernando Gutiérrez Benavides
Fernando Guzmán Mata
Fernando Volio Jiménez
Jorge Luis Villanueva Badilla
José Antonio Bolaños
José Hine García
Matilde Marín Chinchilla
Rodrigo Carazo Odio
Uriel Arrieta Salas

Estos ciudadanos expresaron su criterio, a pesar de que no era lo políticamente correcto. Ahora los destaco, para recordarlos, porque pasaron a la historia, a pesar de ser minoría. La democracia, se fortalece en la disidencia…… las preguntas de la dependencia, de la injusticia internacional en las relaciones económicas, las desigualdades, siguen sin respuesta.

Debemos aceptar la realidad con esos disfraces jurídicos que disimulan la desigualdad y la
inhumanidad. Así seguimos, con la mente crítica, la disidencia, asumiendo el destino de las minorías. Algo cambió con la derogatoria de los contratos leyes, pero la esencia de la desigualdad, de la opacidad y los regímenes tributarios de privilegio, siguen vigentes, ahora como moneda de curso legal en nuestro régimen jurídico.

* Reproducido por SURCOS, tomado de https://www.facebook.com/100000595279450/posts/5647553855274401/?sfnsn=mo

¡VIVA EL PACR!

Luis Ángel Salazar Oses.

Luis Ángel Salazar Oses «Panga»

Obviamente no somo una reminiscencia del difunto PAC, ni siquiera un partido político, sino el Pueblo Abstencionista Costarricense, que fue apabullante mayoría en este último proceso electoral costarricense y que, por cierto, no necesita disputar el Poder pues, en auténtica Democracia el Poder reside en el Pueblo que somos (Párrafo primero del artículo nueve de la vigente Carta Magna: «El Gobierno de la República es POPULAR, representativo, PARTICIPATIVO, alternativo y responsable. Lo ejercen el PUEBLO y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial). Destacados nuestros.

Como grupo mayoritario que somos debemos informarnos -estudiar la realidad para comprenderla y transformarla-, unirnos, organizarnos, empoderarnos, movilizarnos y convertirnos en Poder Popular, para exigirles, por la razón o por la fuerza («Los derechos no se piden, se exigen, se arrancan, no se mendigan». J. Martí), tanto a quienes fueron electos el pasado 06/02/22, como el domingo 03/04/22, que gobiernen para nosotres como Pueblo que, con nuestro esfuerzo y sacrificio cotidiano, hemos construido, construimos y seguiremos construyendo esta nuestra Costa Rica.

De no hacerlo y, como son simples administradores a nuestro servicio a quienes, por cierto, mantenemos lujosamente, prescindiremos de sus servicios existiendo mil formas de hacerlo, según lo demuestra la Historia Universal. Además, y de ello estamos muy seguros, nuestro grupo crecerá a pasos agigantados muy pronto, a partir del momento en que quienes votaron descubran que lo hicieron en contra de sus propios intereses.

¡Ahora es la hora del Pueblo!

Frente a segunda ronda, ciudadanía vigilante espera respuestas – Comunicado

De cara a la segunda ronda, es imprescindible saber cómo responden los dos candidatos a los planteamientos que presentaremos a continuación, y que reflejan preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.

Creemos fundamental e importante escuchar, analizar qué dicen o qué no dicen los candidatos sobre el empleo, la educación, la estabilidad financiera, si son directos en sus respuestas o las evaden, si tienen propuestas viables y quiénes son los equipos que les acompañarían en su Gobierno.

Debemos mirar más allá de las apariencias para poder votar conscientemente y con intuición.

Señores candidatos, queremos saber:

1. Costa Rica se ha comprometido como país a escala internacional, a lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, ¿qué medidas concretas hará su gobierno para cumplir con esta obligación? ¿Qué medidas tomará para garantizar que esas obligaciones se incluyan en los programas y planes operativos institucionales?

2. ¿Cómo van a enfrentar el problema del desempleo y del empleo de mala calidad que afecta actualmente a la población costarricense?

3. Las mujeres presentan los mayores niveles de desempleo, subempleo, empleo informal y mal pagado, y enfrentan enormes limitaciones para salir a trabajar, debido a las labores de cuido, ¿Qué medidas y programas concretos y realizables proponen para que las mujeres tengan acceso a trabajos de calidad y bien remunerados?

4. ¿Qué propuestas tienen para mejorar el acceso a los servicios de salud? ¿Cómo van a asegurar la estabilidad financiera de la CCSS con servicios de calidad para toda la población?

5. ¿Cómo se va a asegurar un proceso de envejecimiento digno para la creciente población mayor?

6. Nos preocupa profundamente la grave crisis educativa que vive la población estudiantil del sector público, ¿Qué medidas concretas y efectivas tomarán para asegurar una educación de calidad y detener la exclusión educativa?

7. Ante eventuales descontentos populares por decisiones de gobierno, ¿qué mecanismos utilizarán para considerar las posiciones de sindicatos, organizaciones sociales y demás sectores de la sociedad civil?

8. ¿Cuáles serán sus prioridades en programas y políticas para el sector agropecuario? ¿Fomentarán las plantaciones de piña, banano y melón, productos agrícolas altamente contaminantes junto con la precariedad de la condiciones de estos trabajos? ¿Qué medidas tomarán para fomentar la producción de alimentos para consumo nacional? ¿Qué propuestas tienen en relación al problema del cambio climático en el sector agropecuario?

9. ¿Qué medidas van a tomar para mejorar las políticas y programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia femicida?

10. ¿Promoverán el cierre, venta o participación privada en instituciones estatales? En caso afirmativo: ¿Cuáles son sus propuestas?

11. ¿Cómo implementarían la regla fiscal para que no afecte los programas sociales?

12. ¿Cuáles son sus propuestas para fortalecer el Estado social de derecho y la institucionalidad pública?

13. ¿Cómo resguardarán los recursos económicos de las instituciones que protegen los derechos de las mujeres en toda su diversidad, los derechos humanos en general y el medio ambiente?

14. ¿Cómo resolverán los conflictos por usurpación de tierras en los territorios indígenas?

Demandamos respuestas claras y concretas a estas preguntas para tomar una decisión informada y responsable el próximo 3 de abril.

Estaremos vigilantes de que las instituciones que garantizan el Estado social de derecho no se cierren ni cambien su naturaleza sino, por el contrario, se fortalezcan para que puedan cumplir con sus mandatos para garantizar el bienestar de toda la población.

Estos, entre otros temas, serán nuestra preocupación y exigencia por los cuales estaremos vigilantes a lo largo de todo el gobierno.

Iniciativa:

1. Alda Facio Montejo Cédula 103830940
2. Ana Cecilia Escalante Herrera Cédula 103600701
3. Ana Elena Badilla Cédula 105290786
4. Ciska Raventós Vorst Cédula 900360482
5. Marta Solano Arias Cédula 104530311
6. Rodrigo Jiménez Sandoval Cédula 105370978
7. Roxana Arroyo Vargas Cédula 106430057
8. Sharo Rosales Arce Cédula 106920853
9. Thais Aguilar Zúñiga Cédula 105870972
10. Vilma Leandro Zúñiga Cédula 303360920

Puede ser parte de esta iniciativa firmando en el siguiente formulario: https://forms.gle/sD67gcsWx3XwXH838

Compartimos el documento original en formato PDF para descargar:

La reivindicación femenina

Por Carlos Meneses Reyes

Significativo y de valor, resulta la conformación de listas en el Pacto Histórico, por el alto porcentaje de mujeres que aspiran, en Colombia, a la representatividad política, por zonas regionales provinciales y departamentales; producto de la equivalencia en la igualdad de aspiración a cargos de elección popular, en un sentido de género; superando flancos problemáticos con el feminismo.

Valga la presente semblanza de la aspirante a la Cámara de Representantes, en lista cerrada por el Departamento de Norte de Santander, a nombre del Pacto Histórico, con miras a hacerla extensiva- a nivel nacional- en la serie de recomendaciones y caracterizaciones, que contiene y significa, en las actuales condiciones del país, la noble aspiración a hacer parte de un cuerpo colegiado legislativo, en el entorno del proceso electoral actual. Un proceso electoral que mantiene en impaciencia y sobresaltada a la opinión pública internacional, por la constante de un sistema electoral, concebido, ajustado y aceitado para el fraude y que califica como totalmente desprestigiado. Que, a su vez, ante la opinión pública nacional (refiriéndome por ésta a aquella que no está intoxicada por la mediática dictatorial), el poder legislativo, marca un aspecto de referencia por lo característico de anti popular y anti democrático de sus actuaciones; por sus posturas infieles a los intereses populares y por los alcances de una representación obtenida por fraudes y negociaciones de casino; a la sombra pérfida de un sistema electoral, corrupto, decadente y carente de fe pública y oscuridad en el escrutinio .

Mencionar a ALIX MARINA OJEDA ALVAREZ, como aspirante a la Cámara de Representantes, encabezando la lista del Pacto Histórico, en el Norte de Santander, significa aludir al papel de la mujer en la Provincia de Ocaña. En ese sentido, Alix Marina Ojeda Álvarez, es la expresión más representativa de la mujer actual, como ama de casa, con conocimiento de los recursos públicos, durante el desempeño como funcionaria de la empresa pública Telecom; profesional del Derecho, que ha sabido combinar su conocimiento, interpretando y difundiendo por los medios de comunicación, que la destaca como conocida, en el aspecto académico del periodismo. Una activista social de cara a abordar los temas álgidos de la conflictiva situación política y social de Colombia y en especial de la región del Catatumbo nortesantandereano.

Por primera vez, una mujer (de pesos político especifico), aspira a un cargo de elección popular para representar a la Provincia de Ocaña y al Departamento de Norte de Santander, en los escaños del Congreso de la República. No se da a conocer como una política profesional, en que todos sus réditos provengan de la política. Por el contrario, ella es un ejemplo de participación ciudadana, en el ejercicio democrático de la política; en aplicación de mecanismos y salidas decentes en su práctica. Por ello huelga explicar, que lo de “peso político especifico”, concierne al apoyo de su concepción, fundamentados en los Programas Políticos, que expresa el acumulado de experiencias y conjunto de ideas propuestas, que sustentan la representación de país y soberanía que sobre el tema sostiene y apoya la Colombia Humana y en especial el Pacto Histórico.

Alix Marina Ojeda Álvarez, reivindica el contenido del discurso político por el cambio; superando el enlodamiento demagogo del clientelismo traqueto, por el de la altivez en el compromiso adquirido con los votantes, que depositaran en ella su confianza y mandato.

Alix Marina Ojeda Álvarez, se deberá a las comunidades; es decir, a todo el conglomerado que reclama la participación directa democrática en los destinos de sus intereses y soluciones a las necesidades que les aquejan. Por ello, el mandato a asumir es el de los intereses de la pluralidad colectiva, cuyo soporte no será el lobby, caracterizado por el acato a sujetos y personas con influencias de poder político y económico y que sustentan el actual dominio de la corrupción y la pérdida de valores; sino el del Poder Popular, como mandataria de la pluralidad colectiva de las agrupaciones de las organizaciones de masas, sociales, populares y políticas. En uso y aplicación veraz de los instrumentos de participación política directa del pueblo colombiano, que son letra muerta en la norma constitucional actual. En este sentido, su labor, como representante en el poder legislativo, apuntará a la efectividad de los mecanismos de participación directa del pueblo colombiano, expresados en la revocatoria del mandato, el cabildo abierto popular, la asamblea popular, la reunión de juntas populares permanentes locales; en las que la agrupación de las colectividades, sus reuniones y asambleas, garanticen los mecanismos de participación democrática directa y de lo representativo, expresadas, en el plebiscito, los referéndum, el uso de las tutelas y las acciones populares, sobre todo en defensa de la naturaleza, la riqueza hidráulica y marina de la nación colombiana.

Alix Marina Ojeda Álvarez, representa el reto, para arrebatar aquellos espacios usurpados y lograr superar el vacío dejado por lideres y lideresas asesinados. Sus propuestas van en contraria de los intereses de los poderes hegemónicos locales; persistentes en mantener la continuidad del conflicto armado interno y bajo fuerte influencia por beneficiarios del narcotráfico.

En el caso particular del Norte de Santander, el reto de la aspirante a la Cámara. Alix María Ojeda Álvarez, radica en superar a la derecha militarista del clientelista Wilmer Carrillo, en 17 municipios del Norte de Santander, en donde contabilizaran votos comprados de bases liberales. Además, del reto en proyecciones para ser la sepultadora del actual representante a la cámara por el partido conservador, Ciro Rodríguez: un exponente de lo retardatorio y corrupto, que cínicamente aspira a repetir, pese a su rosario de calamidades. Tal falsedad, desvergüenza y maldad, raya con lo cínico, en una práctica que lo caracteriza, por actuar generalmente en forma de burla disimulada, totalmente diferente a lo que dice, prédica y práctica.

Alix Marina Ojeda Álvarez, por sus raíces familiares liberales, redundara en beneficio a lo programático Alternativo Popular. Al propulsor Gustavo Petro, se le ha caracterizado política e ideológicamente, como un socialdemócrata con ideas liberales. Sus ideas sobre la distribución de la renta; el impulso de un desarrollo del capitalismo productivo, en un modelo económico de energías no fósiles y basado en lo agro productivo de soberanía nacional alimentaria y exportación de excedentes; así como la inclusión de subjetividades como la elección de sexo, la libre determinación de autonomía y personalidad, el feminismo, entre otros logros, no son en contenido alguno socialistas.

Asistimos un momento histórico de superación de un modelo económico salvaje y afrontar las reformas radicales estructurales y de fondo que la sociedad colombiana requiere, para dejar atrás los múltiples conflictos que asolan a la nación colombiana; en particular, la salida política definitiva del conflicto armado interno.

Que, así como en el entorno de la Provincia de Ocaña y el Catatumbo en el Norte de Santander, se pudiere en otras regiones de Colombia destacar la valía de la mujer activista. Alix Marina Ojeda Awad, se ha convertido en la abanderada del recuerdo perenne de mujeres como María Susana Awad de Ojeda, quien, gracias a sus desempeños políticos, por ser luchadora infatigable por obtener el voto femenino en Colombia que materializo en el año de 1957, fue ungida como la primera alcaldesa nombrada en Colombia, posesionándose como alcalde de Ocaña el 17 de octubre de 1961. De Alix Marina Ojeda Álvarez, expresó en documento, Doña María Susana, quien falleció hace dos años a la edad de 100 años: “Hoy, a los 98 años, me siento orgullosa de que una mujer ocañera aspire a la Cámara, enarbolando las banderas de las reivindicaciones sociales, políticas y de las mujeres”.

Con la declaración de Doña María Susana Awad de Ojeda, se reivindica política y moralmente la figura de la mujer ocañera. Doña María Susana Awad de Ojeda, mostrando un aspecto hermoso y de buena salud, a sus 98 años, eleva al pedestal de la figura icónica de la publicidad, la imagen de la candidata Alix Marina Ojeda Álvarez, a semejanza y representación de su acumulado de valores, cual potencial armónico que fluye en estruendoso y saludable impacto. Al evocar, por provenir de ella, el apoyo a la aspiración electoral de Alix Marina, propendiendo a la elevación de la escogencia moral, del acierto político en la preferencia a la adulada, con el propósito o fin de no ocultar, que al presentarla a semejanza de su pulcra vida política y esa sí de ciudadana de bien, genera la satisfacción propia de un mensaje que ha sido integra y totalmente asimilado.

Saludable, desde todo punto de vista el gesto político de Doña María Susana Awad de Ojeda, a favor de la dirigente popular Alix Marina Ojeda Álvarez, en fórmula con la aspiración al Senado y hoy senador campesino Alberto Castilla, en las pasadas elecciones de 2.018 (1)

Motiva el presente artículo la evocación a la mujer, tan cercana la fecha a su reconocimiento internacional, el próximo 8 de marzo. Rememoro y cito, para concluir, con el famoso contenido que encierra el adagio oriental “las mujeres sostienen la mitad del cielo”.

(1) Artículo de David Humberto Ojeda Awad. “María Susana Awad Maestre. Algunos episodios de su vida”.

Una opinión electoral

Ítalo Fera Fallas

La posición final del Frente Amplio (F. A.) de no apoyar a ninguno de los dos partidos en la segunda ronda es correcta.

Pero aún más correcto y coherente sería que fuese un partido participativo, de apertura al diálogo y a la organización dentro de su propio partido, donde posiblemente miles de personas de seguro esperan esa respuesta.

Diálogo no sólo entre legisladores, debe hacer «puentes» con todas las comunidades organizadas o no, miles de dirigentes sociales y ciudadanos que participan en diferentes organizaciones y movimientos sociales.

Ser líderes de ese pueblo organizado y no organizado, que requiere una mano amiga, transparente, honesta y combativa por los derechos de las mayorías.

Los que le dimos un voto a su papeleta de diputados, de seguro estaremos atentos a su actuación.

En Honduras el reto es mayor al estimado

Por: Marlin Oscar Ávila

El triunfo electoral de noviembre se debe a más de un millón setecientos mil y más ciudadanos electores de la presidente Xiomara Castro, todos deseosos de un estado democrático. Seguramente hubo ciudadanía que, sin haber votado por Xiomara Castro, después del proceso electoral se contaminó del entusiasmo y decidió apoyar su gestión.

Pareciera que todos los sectores sociales, deseosos de un país democrático en Honduras, está de acuerdo que hay una enorme tarea por delante, sin embargo, hay necesidad de seguir organizándose para lograr su cumplimiento. En la toma de posesión del nuevo poder Ejecutivo, se vio a la comunidad internacional dispuesta a brindarle apoyo.

A pocos días de la toma del poder, este nuevo gobierno ha iniciado con el cumplimiento de sus promesas, tanto con las medidas factibles a tomar según sus planes estratégicos, en lo nacional como en lo internacional. Desde luego, hay medidas que tienen que esperar a que se den las condiciones y otras tienen que pasar por el tamiz de la democracia o consulta social participativa. Los consensos y los disensos son factores que exigen tolerancia, tiempo, disciplina y tener los mecanismos adecuados para su aplicación. Algo que no hemos practicado en décadas, y quizás en siglos. Es decir, nuestra cultura no ha sido cultivada para ejercer la democracia sin grandes tropiezos. No digamos a los miembros del Partido Nacionalista acostumbrado a vivir del poder político durante los 12 años. No solamente despojaron de bienes inmuebles los edificios públicos, sino que se han resistido a abandonarlos, dejando de ser empleados porque se les finalizaron sus contratos y su exjefe no tiene más el poder de mantenerlos ocupando ese espacio.

Se ha tenido que aprender qué significa un estado republicano con tres poderes independientes para gobernar. Aun esto no se termina de comprender, porque históricamente se acostumbró a la existencia del caudillismo quien intervino a sus anchas, en el poder constitucional que le complacía. Actualmente, el poder legislativo todavía mantiene una división que sigue costando llevarla a consenso en asuntos de distribución del poder mismo. Lamentablemente, esto ha sido dentro del partido político al cual pertenece el Ejecutivo, el Partido Libertad y Refundación LIBRE, quien tiene la mayor militancia de los partidos políticos del país. Hemos visto como ha habido mutuas acusaciones, donde las otras fuerzas políticas han estado provocando e instrumentalizando a su favor la controversia.

Mientras tanto, los enemigos locales más grandes de este empobrecido pueblo (74% de pobreza) siguen actuando con impunidad, puesto que el Poder Judicial sigue bajo su control por los próximos dos años, los marcos legales no se han reformado, para volverlos accesibles a la justicia social ideal. Además, las instituciones armadas siguen teniendo el poder que han mantenido en los años de Juan Orlando Hernández, con cuerpos armados involucrados en el narco tráfico. Los carteles de la droga siguen activos. Los capitales robados a las instituciones por actos corruptos, que son muchos millones de dólares y lempiras, se mantienen en poder de las mafias que gobernaron hasta hace un mes, sin que se logre su recuperación en lo más mínimo. Con ese capital se resolvería el presupuesto de todo un año de gestión pública.

Por esto y más, podemos ver que hay una enorme tarea por delante. Tarea que solamente sería posible cumplirla con la participación organizada de toda la ciudadanía consciente. Cuando decimos esto, no quiere decir que la ciudadanía sea correa de transmisión de una dinastía ni de un caudillo determinado. Se requieren discusiones amplias, con criterio propio, organizadas y expresando intereses de la colectividad, que trabajen y hagan llegar sus opiniones y presiones para que el programa definido con antelación se cumpla e ir construyendo juntos esa Honduras democrática por etapas, sin alterarse, puesto que esto exige tolerancia, madurez y perseverancia. Las movilizaciones cambian su blando hacia lo que obstaculiza la realización del plan estratégico. El primer gran logro se tiene, pero hay que cuidarlo, cuidar de la estabilidad y consolidación de la presidente Xiomara Castro.

Seguramente las disidencias seguirán existiendo, lo cual es parte de la democracia participativa. No vale acusar de primas a primera de traidor a quien piensa diferente, puesto que solamente demuestra incapacidad de discusión y ausencia total de tolerancia frente a compañeros que desean los mismos grandes objetivos. No debemos repetir la dolorosa experiencia de la izquierda de otros países, como fue la del asesinato del compañero Roque Dalton en El Salvador (1975). Saber diferenciar quienes son los verdaderos enemigos del pueblo, con criterios objetivos y no emotivos, es un aprendizaje que tenemos pendiente, pero urge aprenderlo. Así seguiremos con confianza en la reconstrucción de Honduras, para beneficio de las grandes mayorías y futuras generaciones.

Breve radiografía de la Democracia electoral costarricense

Vladimir de la Cruz

Los procesos electorales y las elecciones en Costa Rica han sido elemento clave del desarrollo de su vida democrática institucional, de afirmación de la democracia como modo de vida, y de ejercicio de participación ciudadana para la escogencia y nombramiento de las autoridades gubernativas, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Costa Rica, como país, ha tenido en la práctica una gran estabilidad política. Como grandes períodos históricos desde la Declaración de la Independencia, el 29 de octubre de 1821, hemos tenidos un primer período, inmediato a la Declaración de la Independencia, hasta 1823, que se caracterizó por el establecimiento de Juntas Superiores Gubernativas, como órganos colegiados de gobierno. A partir de 1823 y 1824 formamos parte de las Provincias Unidas de Centroamérica y de la República Federal de Centroamérica, donde nos constituimos como Estado de Costa Rica, situación que formalmente llegó hasta 1848 cuando el 30 y el 31 de agosto el Congreso y el Jefe de Estado y Presidente, Dr. José María Castro Madriz, declararon la ruptura definitiva de la Federación Centroamericana al declarar la Fundación de la República de Costa Rica.

En ese período ya habíamos salido de la República Federal en 1838, integrándonos nuevamente en 1842, cuando Francisco Morazán intentó de nuevo reactivar ese proyecto político regional, y salimos de esa intención con la caída de Morazán en setiembre de 1842.

Desde 1848 se empezó a desarrollar institucionalmente la República. Este proceso llegó hasta 1948, cuando por situaciones políticas y electorales, de la década de 1940-1948, se agudizó una crisis que condujo a un conflicto militar, durante los meses de marzo y abril de 1948, que condujo al establecimiento de una Junta de Gobierno, durante los años de 1948-1948, en manos de quienes se habían sublevado, atrasando por dos años la asunción en el Gobierno de Otilio Ulate Blanco, a quien le habían anulado la elección de 1948, lo que justificó el movimiento armado en defensa de esa elección, que se expresó en esa lucha armada.

La Junta de Gobierno declaró el 8 de mayo de 1948 la fundación de la llamada Segunda República, período histórico que llega hasta nuestros días.

Durante los períodos del Estado, 1824-1848, de la República, 1848-1948 y de la Segunda República, 1948-2022, el proceso electoral se fue perfeccionando y mejorando. De un voto exclusivo en pocas personas se llegó al voto directo, en 1913, al voto secreto, en 1924, y al voto universal en 1949. En 1890 surgieron los partidos políticos haciendo que desde entonces solamente a traves de partidos políticos se pueda aspirar a puestros de representación popular, de elección de gobiernos municipales, de diputados y de Presidente. Un mecanismo desarrollado en 1935 de establecer el 40% de votación para definir al ganador de la Presidencia de la República, contribuyó a darle gran estabilidad al sistema político electoral.

Restricciones electorales se establecieron en 1898 para partidos religiosos, impidiendo la participación de estos y prohibiendo aducir sentimientos religiosos en campañas electorales. Restricciones político-ideológicas se establecieron, en 1903, con motivo de unas huelgas, para la circulación de materiales anarquistas, socialistas y comunistas por el correo. Electoralmente esto se llevó al Gobierno de Cleto González Víquez, 1928-1932, que estableció que con el nombre de Partido Comunista no se podía participar en elecciones, obligando a este partido, que al fundarse en 1931, participara en los procesos electorales con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos, 1932-1942.

Este año, en el contexto de la II Guerra Mundial, cuando el gobierno de Rafael Angel Calderón Guardia, 1940-1944, declarada la guerra al eje nazi fascista en diciembre de 1941, se crearon condiciones para una alianza política extraordinaria, que culminó en 1943, cuando el Partido Comunista cambia de nombre a Vanguardia Popular, se alía al Gobierno y a la Iglesia Católica, impulsando una gran Reforma Social y un Código de Trabajo, junto a otras importantes reformas institucionales que había impulsado el Gobierno de Calderón Guardia. Esta alianza duró hasta 1948 cuando acabó el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, a cuyo final se produjo la Guerra Civil.

Al terminar la segunda Guerra Mundial dió origen al período de la Guerra Fría. En este contexto la Junta de Gobierno puso fuera de la ley, al Partido Comunista de Costa Rica, por el Decreto Ley No. 105, de julio de 1948, y en la Constitución Política de 1949, con el segundo párrafo del Artículo 98, se prohibió la participación electoral de los partidos que por sus vinculaciones internacionales amenazaran la democracia, concepto que solo se aplicó al Partido Comunista o Vanguardia Popular, y partidos que se consideraban era su fachada electoral, hasta 1975.

Hasta 1948 la columna vertebral de los partidos políticos era el movimiento liberal clásico que venía desde el siglo XIX. Frente a ellos surgieron las primeras manifestaciones contestarias, partidos obreros, partidos reformistas, socialistas y el comunista. También surgieron las corrientes político-ideológicas social cristianas y socialdemócratas.

La prohibición de participación de los comunistas, y por ampliación, a las fuerzas políticas de izquierda se mantuvo hasta 1975.

Electoralmente, el dominio político nacional hasta 1948 estuvo en manos de las fuerzas político-liberales, en sus términos más generales. Desde 1953 hasta el 2014, 15 gobiernos, el control del gobierno, del Poder Ejecutivo, estuvo en manos de dos partidos políticos, Liberación Nacional, y la oposición política a éste en tres coaliciones, y por el Partido Unidad Social Cristiana, dando origen a lo que se ha llamado el bipartidismo nacional. Los últimos dos gobiernos, 2014-2022, los ha tenido el Partido Acción Ciudadana, con lo cual tres partidos son los que han ejercido el control del Poder Ejecutivo nacional. Así, Liberación Nacional ha gobernado nueve de los 17 gobiernos habidos desde 1953, la Unidad Social Cristiana seis y el partido Acción Ciudadana dos.

A nivel legislativo el bipartidismo nacional se manifestó en que hasta 1998, esos dos partidos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, tenían por sí o juntos la mayoría legislativa. Desde ese año la Asamblea Legislativa no la controla ningún partido político en particular, constituyéndose de hecho una situación en la cual todos los partidos políticos allí representados son “minoritarios”, pero con capacidad de realizar alianzas parlamentarias, que contribuyen a la gobernabilidad nacional.

A nivel de participación electoral desde 1948 ha venido creciendo el número de partidos políticos, con candidatos presidenciales, desde dos partidos hasta 25 partidos como están participando en el actual proceso electoral, que se resuelve el próximo 6 de febrero. A nivel legislativo, aparte de los partidos nacionales también participan partidos regionales, específicos de las siete provincias que tiene el país. El algunas de esas provincias hay hasta 30 partidos políticos luchando por sus diputaciones, 57 en total en el país.

A nivel de participación ciudadana el país goza de un alto nivel de participación. Desde 1953 hasta el 2018 el abstencionismo electoral ronda el 23%, comprendiendo a los que votan en blanco o anulan su voto en urna, y de los que del todo se abstienen de ejercer su derecho al sufragio. Desde 1953 hasta 1998 el promedio de abstencionistas rondaba el 18% y desde 1998 hasta el 2018 era de un 31%.

Los procesos electorales a nivel presidencial se definen por quien saque el 40% de los votos válidamente emitidos. Cuando esto no ha sucedido, elecciones del 2002, 2014 y 2018 se pasa a una segunda ronda con los dos resultados más altos de la primera ronda. De esta manera, de hecho, en términos generales, el 70% de la población votante ejerce su derecho al sufragio, aunque en momentos cercanos al día de las votaciones pueda estar indefinida en torno a su decisión de por quién votar.

En esta misma historia electoral la alternabilidad de partidos políticos en el ejercicio de Gobierno ha sido la huella fundamental. En esto, todo el período desde 1953 hasta el 2018 conoce momentos en que un partido se reelige en el gobierno una vez, pero nunca se ha dado que se reelija dos veces consecutivas, que es el reto que tiene al actual partido Acción Ciudadana, gobernante en este momento. El reto se amplía a retornar a los partidos que han ejercido el gobierno, Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, antes de elegir nuevas fuerzas políticas o de improvisar partidos sin experiencia en Gobierno o la Asamblea Legislativa, o que amenacen aspectos fundamentales de la convivencia y vida democrática y de Derechos Humanos de la sociedad costarricense.

Finalmente, el número de votantes es de 3.500.000, ligeramente un poco más de mujeres que de hombres. Poco más de la mitad de los votantes son mayores de 40 años. Los que por primera vez votan, mayores de 18 años, rondan los 250.000, y son los que históricamente muestran su mayor abstencionismo.

A nivel social la Población Económicamente Activa, que es también votante, al momento de iniciar la pandemia, giraba alrededor de 2.500.000 de personas. De ellas una tercera parte es de mujeres. De estas mujeres el 52%, 350.000, son cabeza de familias, principales ingresos de sus hogares aún cuando tienen esposo o compañero. En marzo del 2020 había 220.000 desempleados.

Con la pandemia la desocupación llegó a finales del 2020 a 600.000 y otros miles fueron afectados con reducción de jornadas de trabajo, y reducción de sus salario o ingresos. A finales del 2021 los desempleados alcanzaban la cifra de los 450.000 y las cabezas de familia se habían reducido a 250.000.

La situación social actual muestra que 1.500.000 de personas tiene ingresos de ¢120.000 (ciento veinte mil colones ó $200 dólares) mensuales, que son literalmente salarios o ingresos de extrema pobreza, que no garantizan una vida digna, decorosa, decente.

Las clases medias bajo los últimos dos gobiernos de Acción Ciudadana han salido altamente golpeadas, con sus diversas políticas económico-sociales, las han reducido en sus aspiraciones y las conducen hacia los niveles de pobreza nacional.

Frente a esta situación social los 25 partidos políticos, que están participando en las elecciones, no tienen un planteamiento público para sus electores, para ver cómo se recuperan, al menos, los índices del económico sociales del 2019.

Estos son parte de los retos que afrontan las nuevas autoridades gubernamentales que puedan ser electas el próximo domingo 6 de febrero. Este es el nudo fundamental del proceso electoral, sobre el que no se oyen mensajes positivos.

El enorme deterioro del Estado Social de Derecho debe estar en el centro de las elecciones de 2022 – Crónica de conversatorio

Crónica del conversatorio político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”

Luis Fernando Astorga Gatjens

El jueves, 21 de enero, se celebró el Conversatorio Político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”, co-organizado por la Diócesis de Alajuela y la Universidad Técnica Nacional (UTN), como un espacio de intercambio reflexivo, fecundo y productivo, de cara a las elecciones del próximo 6 de febrero.

El evento de carácter virtual fue transmitido por Facebook Live, YouTube y trasmitido por radio Fides y otras emisoras católicas regionales. Su amplia promoción hizo que tuviera una amplia e interesada audiencia.

Participaron dos expositores y una expositora, bajo la conducción y moderación de Luis Fernando Astorga Gatjens, activista político y social, especialista en derechos humanos y discapacidad. Nelly López Alfaro, Directora del Instituto de Estudios de Población (IDESPO), de la Universidad Nacional (UNA), fue la panelista y Monseñor Ángel San Casimiro Fernández y el ex catedrático y ex vicerrector de la UNA, Hernán Alvarado Ugarte, fueron los dos ponentes.

La actividad fue introducida por el Obispo de Alajuela, Monseñor Bartolomé Buigues y José Matarrita Sánchez, vicerrector de Docencia de la UTN. Ambos coincidieron en la importancia de este tipo de diálogos, en función de iluminar al electorado para animarlo a acudir a las urnas y, con ello, fortalecer la democracia nacional.

El padre Luis Hernández, organizador de la actividad presentó al moderador y a los tres participantes, y con ello, dio el banderillazo de salida del evento, el cual se dividió en cuatro segmentos.

AUGE Y CAÍDA

La primera ronda de intervenciones se centró en la génesis, declive y momento actual del Estado Social de Derecho (ESD) del país. Ugarte Alvarado hizo un recorrido histórico de los antecedentes de ese Estado de Bienestar, que tuvo su punto de origen en la década de los años cuarenta del siglo anterior. Destacó el papel cimero de Rafael Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde, en echar sus cimientos (garantías sociales, creación de la Caja, Código de Trabajo, UCR) y la consagración de éste en la Constituyente de 1949 y en la Constitución Política vigente. Hizo mención del conjunto de instituciones que le dieron vida en las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta de la anterior centuria, lo que permitió destacados avances en derechos sociales; que posibilitaron que Costa Rica se singularizara en el contexto latinoamericano.

Por su parte, Nelly López fijó la década de los ochenta anterior como el punto de una progresiva erosión de ese ESD, donde la intervención de organismos internacionales (como el FMI y el Banco Mundial), marcaron la agenda económica y social del país, bajo la omnipresente consigna: “Más mercado y menos Estado”. Subrayó la directora del IDESPO como el crecimiento de la desigualdad social (Costa Rica es el octavo en el ámbito mundial, en ese preocupante rubro), la concentración de la riqueza en cada vez menos manos y una pobreza que baja poco en sus indicadores, son reflejo de ese deterioro.

Mientras tanto Monseñor San Casimiro recordó el papel de distintas entidades de la Iglesia Católica en apoyo a los pobres y el rol, activo y consciente, bajo el manto de la Doctrina Social de la Iglesia, en la defensa y promoción del ESD. Asimismo reivindicó el rol político de los sacerdotes al lado del pueblo, en la reivindicación de sus derechos, así como la importancia que se apruebe el carácter laico del Estado costarricense.

ESD Y ELECCIONES

La segunda ronda de los intercambios se centró en cómo se ha estado abordando la situación que vive el ESD en la actual campaña electoral. Los tres panelistas y el conductor del debate coincidieron que es un tema ausente. Se indicó que en los programas de los partidos, en las campañas y en los debates se observan temas de ese grave problema que enfrenta el país, pero se ven en forma aislada; no sistémica e integral.

López Alfaro, con cifras frescas del más reciente estudio de IDESPO, mostró el enorme deterioro del ESD y lo contrastó con la escasa consciencia política y social del fenómeno. “Hay un inconsciente colectivo muy arraigado porque la gran mayoría de medios informativos y partidos políticos, no han identificado la gravedad del estado de cosas”, acotó Astorga Gatjens.

Por su parte, Hernán Alvarado destacó el hecho de que el país está en un precipicio económico, político y social, que aunque algunos sectores se lo atribuyen a la pandemia de la Covid-19, lo real y concreto es que es un problema estructural, que viene de décadas atrás. La pandemia lo que ha hecho es agravar los problemas y desnudarlos, y en vez de más democracia para afrontar la crisis múltiple, se ha dado exactamente lo contrario, expresó Alvarado Ugarte.

EL FUTURO DEL ESTADO DE BIENESTAR

La tercera ronda tuvo como tema central, los desafíos futuros del Estado Social de Derecho en el país. Se inició con la pregunta del moderador dirigida a Monseñor San Casimiro: “El Papa Francisco ha planteado tres T dentro de su compromiso social con las mayorías planetarias, que son Techo, Tierra y Trabajo. ¿Cómo visualiza esas tres T en la Costa Rica hoy y de cara al futuro?”

En primer lugar, el panelista expresó su profunda decepción de cómo se ha abordado el tema de la vivienda en el país. Es tema de cada campaña electoral desde hace mucho tiempo y los precarios, y los tugurios siguen creciendo. Se pronunció sobre la necesidad imperiosa de soluciones inmediatas e impostergables y de la construcción vertical de viviendas, partiendo de que el acceso a un techo digno es fundamental para el desarrollo de las personas y las familias. Con respecto al acceso a la tierra expresó que hace mucho tiempo los campesinos fueron abandonados a su suerte, cuando son un actor clave para asegurar la independencia alimentaria del país, máxime en estos tiempos pandémicos que corren. Sobre el acceso al trabajo indicó que es urgente un verdadero plan de reactivación económica, que asegure la inclusión laboral y la reducción del desempleo.

Hernán Alvarado planteó con respecto al futuro del ESD que era imprescindible darle vida al carácter participativo de la democracia costarricense, establecido en el artículo 9 de la Constitución, desde el año 2003. Un componente consustancial de tal aplicación práctica debe ser la revocatoria del mandato, tanto presidencial como de los diputados. Es seguro –subrayó Alvarado Ugarte— que, si se diera la posibilidad de revocar mandatos, el país estaría mejor porque la presión social impediría la incompetencia política, el incumplimiento impune de obligaciones y la corrupción a la que se enfrenta hoy el país. De la misma manera, López Alfaro se pronunció por el fortalecimiento de la democracia y el ESD a través de la participación social en las comunidades, en los barrios, en las asociaciones.

VOTO CONSCIENTE Y CRÍTICO

En la cuarta y última ronda, los tres panelistas coincidieron en la importancia de cumplir con el deber de emisión del sufragio, el 6 de febrero próximo. Pero debe ser un voto consciente y crítico para asegurar que las futuras autoridades se comprometan con retornar al camino de revitalización del Estado Social de Derecho. “Sólo de esta manera, se puede asegurar el desarrollo de un país justo, inclusivo y solidario”, fue el pronunciamiento unificado.

En la misma dirección, se expresó el conductor del evento al reivindicar la necesidad de dar un paso en el desarrollo de ese ESD, al incorporar el carácter ecológico, tal y como ha venido abogando el Papa Francisco al examinar la enorme crisis social en el mundo y los desafíos que nos impone la crisis climática. Alvarado Ugarte subrayó la necesidad de incorporar un amplio capítulo a la Carta Magna dedicado al tema ambiental.

Se terminó el constructivo conversatorio, invocando las esperanzadoras palabras del poeta, Isaac Felipe Azofeifa: “De veras, hijo, ya todas las estrellas han partido. Pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer.”

(21 de enero, 2022)