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Etiqueta: participación ciudadana

40 diputaciones. Sí, pero no chavistas

Gerardo Hernández Naranjo

Esa debería ser la meta de todas las fuerzas y personas democráticas para detener el populismo autoritario y recuperar la ruta de la democracia y el desarrollo con justicia social.

La Fracción Frente Amplio ha demostrado ser la única oposición consistente al chavismo y por ello debe seguir teniendo un lugar aún más fuerte en la próxima Asamblea Legislativa, junto a otras fuerzas democráticas.

Sólo Ariel Robles Barrantes ha demostrado una posición capaz de enfrentar tanto al #autoritarismo chavista generador de odio y división, como al #neoliberalismo que empobrece, genera desigualdad, debilita los servicios públicos (agua, educación, salud, seguridad, etc.), destruye derechos y deteriora cada vez más la calidad de vida.

Cerremos filas con él y construyamos en conjunto una #AsambleaLegislativa pluralista, de fuerzas que renueven nuestra vida democrática y comprometidas con nuestro Estado Social de Derechos.

Es posible, porque somos la inmensa mayoría de electoras y electores los que no estamos apoyando al chavismo: si consideramos la encuesta del CIEP de octubre, la candidata oficialista solo tendría el apoyo del 16,75 % del Padrón y solo el 25% de las personas decididas a votar (1 de cada 4).

Pero la fragmentación favorece al oficialismo, posicionándolo como una aparente mayoría cuando solo es la minoría más grande.

Únicamente la articulación de fuerzas democráticas puede hacerle frente. Y esa articulación debe venir de la ciudadanía, de las y los electores indecisos o que han pensado en no votar.

El poder estratégico del voto de cada uno y cada una crece en estas circunstancias, por encima de los partidos, pues las simpatías partidarias se han reducido a un +-15% de las y los electores.

Si el populismo autoritario chavista es personalista, la articulación de fuerzas democráticas debe darse alrededor de la candidatura más idónea para hacerle frente y sobrepasarlo.

Desde mi punto de vista Ariel Robles Barrantes es la candidatura idónea por muchas razones:

-porque ha demostrado que la juventud puede hacer política de la buena y debemos romper el marco adultocentrista si queremos que algo cambie;

– por su capacidad de diálogo, escucha y negociación comprobadas en su carrera política;

-porque como «pezeteño» viene de una zona y sensibilidad distinta al Valle Central, que le permite una lectura más integral de las necesidades de la gente y de los retos del país, tanto en las zonas rurales como en las ciudades;

– porque ha estado participando activamente en las grandes luchas, acciones colectivas y movimientos sociales de este país en lo que va de este siglo XXI: combo ICE, no al TLC, Combo fiscal, luchas regionales en defensa de los ríos y el ambiente en general, luchas por los derechos humanos, gentrificación, luchas del sector agropecuario, etc.

-porque no tiene el lastre de corrupción, ni de improvisación que cargan candidaturas de otras fuerzas políticas;

– porque le ha presentado al país un programa de gobierno serio y consistente, que constituye una muy buena base para construcción de acuerdos multisectoriales y multipartidistas de política pública y cambios institucionales que nos vuelvan a encausar por la ruta del desarrollo con justicia social y convivencia democrática, que todas y todos merecemos;

-porque ha tenido la fuerza y contundencia para denunciar y evidenciar la corrupción, la ineficiencia, las mentiras y discursos de odio del actual gobierno.

Y muchas más razones.

El reto está frente a nosotros y nosotras como ciudadanía, como electoras y electores en nuestras familias, grupos y comunidades. Nos toca a nosotr@s dar el paso porque difícilmente lo darán los partidos como tales.

¿Se apuntan?

Plataforma de Lucha contra el TLC con Israel promueve acciones

Diversas organizaciones sociales anunciaron la realización de una conferencia de prensa el lunes 15 de diciembre a las 6:00 p.m. en la Sala de Conferencias de la Asamblea Legislativa, con el fin de exponer públicamente su oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica e Israel, firmado por el Gobierno el pasado 8 de diciembre.

Según la convocatoria emitida por la Red de Solidaridad con Palestina CR, el acuerdo comercial se firma en un contexto internacional marcado por graves señalamientos contra el Estado de Israel. El comunicado recuerda que este país enfrenta acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, así como una orden de captura contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.

Las organizaciones señalan además que el anuncio gubernamental de instalar en Jerusalén una oficina de innovación tecnológica con “estatus diplomático” contradice la política internacional histórica de Costa Rica, que trasladó su embajada a Tel Aviv en respeto a las resoluciones de Naciones Unidas sobre el estatus especial de Jerusalén. Citan particularmente la Resolución ES-10/L.22 (2017) y la Resolución 181, que consideran a Jerusalén una ciudad con régimen internacional (corpus separatum).

En ese sentido, sostienen que abrir una oficina diplomática en Jerusalén equivaldría, en los hechos, a un movimiento no reconocido internacionalmente, y una acción que podría deteriorar las relaciones con países árabes y musulmanes.

Durante la conferencia se presentarán las acciones políticas, sociales y parlamentarias que distintas organizaciones y diputaciones impulsarán para evitar la aprobación y ratificación del TLC en la Asamblea Legislativa. También se dará a conocer un documento dirigido a los candidatos presidenciales, solicitándoles asumir públicamente un compromiso de rechazo al tratado.

La Red de Solidaridad con Palestina CR y la Plataforma de Lucha contra el TLC con Israel reiteran su llamado a asistir a la actividad y a mantenerse informadas las personas y organizaciones interesadas en el análisis crítico del proceso de aprobación del acuerdo comercial.

Informe identifica competencias clave para fortalecer el desarrollo local sostenible

El proyecto internacional Tuning TODOS – Transformación para el Desarrollo Local Sostenible publicó un diagnóstico regional que analiza las competencias transversales necesarias para impulsar el desarrollo local sostenible en comunidades de Costa Rica, Cuba y Mozambique. El estudio ofrece insumos estratégicos para fortalecer la vinculación entre universidades y territorios, así como para orientar procesos formativos pertinentes y contextualizados.

El informe —realizado por universidades de América Latina, el Caribe y África— examina tres competencias centrales para el desarrollo local sostenible: liderazgo, emprendedurismo y comunicación con uso de tecnologías digitales. El documento destaca que, pese a las diferencias culturales y económicas entre los países participantes, existen patrones comunes en las necesidades formativas que comparten las comunidades consultadas. El informe fue Elaborado por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED) con contribuciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad de la Habana (UH), Universidad de Artemisa (UA) también de Cuba, Universidade Joaquim Chissano (UJC) de Mozambique, y Universidade Lurio (UniLurio), también de Mozambique.

Entre los elementos compartidos se encuentran la importancia del trabajo colaborativo, la planificación con visión estratégica, el fortalecimiento de habilidades para la resolución de problemas y la necesidad de integrar conocimientos técnicos con las capacidades sociales y comunitarias.

En el ámbito del emprendedurismo, el estudio subraya la creatividad, la resiliencia, la motivación, el análisis crítico de problemas reales y la gestión administrativa y financiera como componentes esenciales para promover iniciativas locales sostenibles. También se resaltan elementos diferenciales por país, vinculados al marco normativo, al acceso a tecnologías y a la articulación con actores institucionales.

La competencia comunicativa es otro eje fundamental. El diagnóstico señala la necesidad de fortalecer la alfabetización digital, la comunicación clara y adaptada a distintos públicos, así como habilidades interpersonales, escucha activa y construcción de redes comunitarias.

El informe también dedica una sección a las recomendaciones metodológicas para la realización de diagnósticos similares, enfatizando el valor de los procesos participativos, la diversidad de actores consultados, el respeto a los contextos socioculturales y el uso ético de la información. El proyecto destaca que estas prácticas contribuyen a generar vínculos sólidos entre las universidades y los territorios, y fortalecen la toma de decisiones en materia de desarrollo local.

Las conclusiones del estudio apuntan a la necesidad de que las instituciones de educación superior integren el enfoque de desarrollo local sostenible en sus políticas, fortaleciendo la continuidad de proyectos comunitarios y la formación de liderazgos locales. Además, subraya la relevancia de que cada territorio avance en la construcción de su propia estrategia de desarrollo, con acompañamiento académico y participación ciudadana.

El informe completo puede descargarse en SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/12/Informe-Diagnostico-necesidades-des-sost.pdf

Al final del documento se incluyen enlaces a los informes nacionales de Costa Rica, Cuba y Mozambique.


RESUMEN DEL DOCUMENTO

  • El diagnóstico analiza las competencias transversales clave para el desarrollo local sostenible en tres regiones: América Latina, el Caribe y África.

  • Evalúa tres competencias principales: liderazgo, emprendedurismo y comunicación con uso de TIC.

  • Identifica similitudes entre países, como la importancia del trabajo en equipo, la planificación estratégica, la creatividad, la alfabetización digital y el fortalecimiento de capacidades comunitarias.

  • Señala diferencias asociadas a los contextos locales, relacionadas con normativas, metodologías formativas, brechas tecnológicas y necesidades específicas de cada territorio.

  • Recomienda metodologías participativas y culturalmente pertinentes para futuros diagnósticos.

  • Concluye resaltando el papel estratégico de las universidades en la construcción de capacidades locales y en la promoción del desarrollo sostenible.

  • El informe incorpora recomendaciones para fortalecer la relación entre instituciones educativas, comunidades y gobiernos locales.

Docentes cuestionan falta de transparencia en la Prueba de Idoneidad y advierten riesgos para la seguridad jurídica del proceso

Un grupo de docentes expresó a SURCOS su preocupación por el proceso de aplicación y apelación de la Prueba de Idoneidad del Ministerio de Educación Pública (MEP), cuyo propósito es permitir el paso de personal interino —muchos con más de una década de servicio— a una plaza en propiedad. Según datos comunicados por el MEP, más del 30 % de las personas aspirantes no logró superar la prueba, lo que profundizó el malestar en el sector educativo.

Las personas docentes señalan que la notificación de resultados se realizó mediante un correo masivo dirigido únicamente a quienes reprobaron, informando la no aprobación y otorgando un plazo de apenas tres días (8 al 10 de diciembre) para solicitar una cita de apelación. Según explican, el único canal habilitado fue un correo electrónico, sin alternativas presenciales o digitales adicionales.

Uno de los aspectos que más inquieta al sector es que el MEP catalogó la prueba como de carácter “cautivo”, lo que impide a las personas postulantes acceder al instrumento de evaluación. Esta decisión —afirman— les impide conocer en qué fallaron, qué criterios se aplicaron y si hubo posibles errores de calificación, lo que consideran una afectación al derecho constitucional a la defensa, al debido proceso y al acceso a información pública.

A la falta de acceso al examen se suma otro problema: la plataforma establecida para solicitar la cita de apelación no permite generar la solicitud, lo que las personas docentes describen como “una burla más que un error administrativo”. La situación, indican, genera inseguridad, incertidumbre laboral y una percepción de indefensión frente a un procedimiento que debería garantizar objetividad, transparencia y criterios técnicos verificables.

El grupo docente afirma que la decisión de restringir el acceso al instrumento de evaluación no está contemplada en ninguna normativa vigente, ni en la Constitución Política, ni en la Ley Marco de Empleo Público, ni en su Reglamento, ni en los lineamientos que rigen la Prueba de Idoneidad. A juicio de quienes envían la información, esta medida contradice los artículos 9 y 11 de la Constitución, que establecen la sujeción de la administración pública a la ley, al control y a la transparencia.

Desde su experiencia profesional, las personas docentes recuerdan que toda evaluación de esta naturaleza debe sustentarse en principios claros de objetividad, criterios técnicos, acceso a la información y derecho de apelación debidamente garantizado. Asimismo, señalan que una prueba que excluye a más del 30 % de aspirantes, según cifras oficiales, debe ser revisada en su diseño, su aplicación y su metodología de evaluación.

Ante este panorama, llaman al MEP a:

  • Revisar el procedimiento utilizado para la notificación y las apelaciones.
  • Ampliar los plazos para presentar recursos.
  • Permitir el acceso al instrumento de evaluación para garantizar el derecho a la defensa.
  • Habilitar un canal de apelación que funcione correctamente y asegure transparencia.

Mientras esperan una respuesta institucional precisa, indican que continuarán organizándose de manera responsable —tal como protege la Constitución Política— para exigir un proceso justo que no comprometa el futuro laboral de cientos de docentes que han sostenido la educación pública durante años.

Ser y razón de ser de la campaña electoral

Por Arnoldo Mora

Arnoldo Mora

Nuestras campañas electorales se asemejan a los partidos de futbol: tienen dos tiempos separados por un intermedio que abarca – en el caso de nuestras campañas electorales – el mes de diciembre, porque en ese mes la gente se dedica a preparar y celebrar los festejos de fin de año. Pero ambos períodos son diferentes: el primero se destina a dar a conocer a los candidatos y sus partidos, cosa muy necesaria dado el (sin)número de partidos y candidatos que se exhibe como oferta electoral ante el electorado. No pocos de ellos son totalmente desconocidos y representan un “partido” igualmente poco conocido, por lo que aspiran tan sólo a lograr una diputación. En el “segundo tiempo”, que abarca el mes de enero, la campaña se centra en la figura de los candidatos, quienes deben confrontar sus ideas y programas de gobierno frente a sus adversarios políticos. Pero lo realmente importante de esta contienda electoral, como de toda actividad política, lo constituye el mayor o menor protagonismo del pueblo, pues son los ciudadanos – ¡y sólo ellos! – quienes deben decidir quiénes los gobernarán desde Cuesta de Moras y Zapote.

Lo más significativo de la actitud de la mayoría de nuestros compatriotas es su indecisión, que no es sinónimo de indiferencia, porque estoy convencido de que el costarricenses gusta de inmiscuirse en los asuntos políticos, cosa que en lo personal me parece muy bien. Por eso considero que la indecisión no necesariamente implica indiferencia y menos menosprecio o despreocupación sobre los destinos de la Patria, al menos en la mayoría. Ciertamente habrá un número –y mucho me temo que cada vez sea mayor- de quienes repudian la política en sí misma; esos son la verdadera y más radical “oposición”, pues, si bien hay un porcentaje que no puede ejercer el derecho al voto por razones válidas, como es estar enfermo o imposibilitado por alguna u otra razón, lo cierto es que aquellos que menosprecian a la clase política en no pocos casos ya no creen en el sistema político que nos rige. Por su parte, los ciudadanos conscientes deben convencer a sus conciudadanos de la importancia de que, si realmente quieren perfeccionar nuestro régimen democrático, deben tomar conciencia de la importancia de interesarse en la contienda electoral, porque allí se deciden en buena medida los destinos de la Patria. La campaña electoral debe servir para esos fines de educación cívica. Si se me permite el símil, el “primer tiempo” de esta campaña fue para conocer la oferta electoral; por lo que los costarricenses deben aprovechar la pausa decembrina para reflexionar seriamente en torno a la importancia de la misma para estar plenamente conscientes de la trascendencia de la decisión que tomen en la soledad del recinto electoral, dado que la conducción política del país no recae únicamente- si bien de manera prioritaria – en los miembros de los supremos poderes, ya que la democracia auténtica se rige por la participación directa, consciente y mayoritaria de los ciudadanos en los asuntos públicos. La democracia somos todos. El control político no debe estar en manos únicamente de los diputados de oposición, si bien es sobre ellos que recae esta responsabilidad a tenor de las normas constitucionales. Una ciudadanía organizada no sólo para las elecciones, sino para todos los asuntos que conciernen el bien común, es la única posibilidad de que podamos preservar el mayor y mejor legado de nuestros antepasados: el Estado Social de Derecho. La calidad y solidez de nuestra democracia se mide en proporción al nivel de la conciencia cívica de los ciudadanos. La campaña electoral debe ser considerada como un tiempo fuerte en que se inviertan esos inmensos recursos económicos y mediáticos a inculcar en la ciudadanía lo que realmente significa construir una comunidad nacional libre. Por eso debe comenzar por estar bien informado.

El “segundo tiempo” de la campaña debe servir para motivar. Nadie hace una actividad si no está debidamente motivado, lo cual sólo se logra cuando se valora lo que se hace. Los candidatos deben centrarse en los temas a tratar y en los debates en torno a los desafíos que enfrenta actualmente la democracia costarricense, con vehemencia, pero sin recurrir al insulto o a ataques que aludan a la vida privada de sus contendientes. El pueblo financia la campaña con el fin de conocer de primera mano a quienes va a elegir, delegando en ellos buena parte de su poder, sin por ello renunciar a ejercerlo a tenor de las normas constitucionales cuando lo crea necesario. Por algo la Constitución califica al pueblo como el único SOBERANO, porque su soberanía nunca se delega. Esto no significa que debamos pasar por alto los errores y vicios de quienes aspiran a gobernarnos. El ejercer el poder no es sólo un honor, es ante todo, demostrar fehacientemente ante la ciudadanía que se está en capacidad de asumir las responsabilidades que esto implica. Quienes confunden, como se ha hecho lastimosamente costumbre en tiempos recientes, sus intereses privados con los del bien común, sólo merecen que el pueblo les aplique “el voto castigo”. Quienes amamos a nuestra querida Costa Rica esperamos que así sea el próximo 1ro. de febrero.

LA DEMOCRACIA (con mayúscula) sólo se logra cuando se sustenta en la ética, cuando política y ética se identifican, como enseñaba Sócrates. Por eso una – y, quizás, la principal- razón de ser de esta campaña es luchar contra los prejuicios de quienes ven en la política algo intrínsecamente malo, hasta el punto de que para ellos hacer política e, incluso, hablar de política es incurrir en algo perverso. Por lo contrario, la política es algo noble y nos ennoblece hacerla con espíritu patriótico. Es aquí donde radica lo que he titulado “el ser y razón de ser de esta campaña”.

Conversatorio abordará el aporte de la fe a la defensa de la democracia

El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en conjunto con la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL), el Seminario Andino San Pablo (SASP) y la Asociación Educativa Teológica Evangélica (AETE–Perú), invita al conversatorio “La importancia de la fe en la defensa de la democracia”, que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre, a las 3:00 p. m., en la sede del DEI en Sabanilla.

La actividad forma parte de una peña cultural organizada en el marco del lanzamiento en Costa Rica de la campaña regional Fe y Democracia (2025–2028), una iniciativa ecuménica y académica que busca abrir espacios de reflexión pública sobre el aporte de las espiritualidades a la convivencia democrática, la participación ciudadana y la justicia social.
Esta campaña articula a instituciones de diversos países de América Latina y se propone acompañar debates actuales sobre derechos humanos, vida pública y construcción de alternativas frente a discursos fundamentalistas o excluyentes.

Fe y Democracia

Desde esta perspectiva, el conversatorio en Sabanilla se plantea como un espacio para dialogar sobre cómo las experiencias de fe pueden contribuir a defender la democracia, fortalecer la participación y promover relaciones sociales más justas. Las organizaciones convocantes destacan que la región atraviesa tensiones marcadas por desigualdades, discursos de odio y prácticas autoritarias, lo que hace necesario renovar conversaciones amplias, diversas y respetuosas sobre los sentidos públicos de la espiritualidad.

La jornada cultural del 6 de diciembre se suma a otras acciones iniciales de la campaña Fe y Democracia, que en 2025 impulsará materiales pedagógicos, actividades comunitarias y contenidos orientados a promover una espiritualidad comprometida con la dignidad humana, la equidad y la justicia social.

Fe y Democracia

El DEI y las instituciones coparticipantes reiteran la invitación al público interesado y subrayan la importancia de abrir espacios de encuentro que reconozcan la diversidad religiosa y cultural de la región, fomenten el pensamiento crítico y fortalezcan la vida democrática.

Movimiento de Personas con Discapacidad exige al presidente respeto y el fin del uso peyorativo y capacitista del lenguaje

El Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento público en el que denuncia el patrón reiterado de amenazas retóricas y lenguaje ofensivo utilizado por el presidente de la República en contra de sectores críticos de su gestión. La declaración surge tras las expresiones del mandatario del 1 de diciembre de 2025, cuando se refirió a personas ciudadanas como “sordos”, “ciegos” pero no “mudos”, en un contexto confrontativo que —según el Movimiento— busca la polarización y reproduce prejuicios históricos.

El pronunciamiento señala que utilizar la discapacidad como insulto o metáfora para descalificar la crítica política constituye una forma de discriminación, viola derechos fundamentales y contraviene la normativa nacional e internacional que protege la dignidad de las personas con discapacidad.


La discapacidad no es un insulto: un llamado urgente al respeto y al lenguaje inclusivo

El Movimiento recuerda que:

  • La discapacidad no puede ser usada como un insulto, una burla ni un recurso retórico para desacreditar la disidencia.

  • Es una condición de vida que forma parte de la diversidad humana y debe ser tratada con dignidad por las autoridades públicas.

  • En una democracia, la función de la Presidencia no es desgraciar ni ridiculizar a sectores que expresan críticas legítimas, sino garantizar derechos, proteger a todas las personas y sostener un debate público respetuoso.

El documento advierte que la normalización del lenguaje capacitista erosiona el debate democrático, profundiza la discriminación y deteriora el Estado de derecho.


Obligación reforzada del Estado y de quien ejerce la Presidencia

El pronunciamiento subraya que Costa Rica cuenta con un marco jurídico claro:

  • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661).

  • Ley 7600 sobre igualdad de oportunidades.

Estas normas obligan al Estado —y en especial a la Presidencia, por su papel de liderazgo público— a combatir estereotipos, evitar prácticas discriminatorias y promover un discurso inclusivo.


Exigencias del Movimiento de Personas con Discapacidad

Con base en lo anterior, las organizaciones firmantes solicitan:

  1. Un compromiso institucional del Poder Ejecutivo para erradicar el lenguaje capacitista en toda comunicación oficial.

  2. Articulación inmediata con el CONAPDIS y la sociedad civil para recibir capacitación sobre discapacidad, igualdad y lenguaje inclusivo.

Además, consideran indispensable que la prensa costarricense cumpla su rol democrático y cuestione abiertamente el uso de expresiones discriminatorias provenientes del Ejecutivo.

El Movimiento concluye que “la dignidad de las personas con discapacidad no puede ser instrumentalizada ni degradada, y menos desde el más alto nivel del poder público”, recordando que la igualdad debe ser un compromiso irrenunciable de cualquier liderazgo democrático.


Organizaciones firmantes

El documento está suscrito por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y más de quince organizaciones, entre ellas:

  • Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASOR)

  • ALAMUD

  • ASIDOWN Costa Rica

  • Asociación Ditsú

  • Asociación BarrileTEA

  • Asociación Desampa Inclusivo

  • Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón

  • MORPHO – Centro de Vida Independiente

  • AMATEA

  • Adultos Autistas Costa Rica

  • ADE para Personas con Discapacidad

  • Asociación de Personas con Discapacidad ASOPPED

  • ASOCOPRODEA

  • CECATS

  • Fundación Justicia y Género
    Entre otras organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Fe y Democracia: iniciativa regional abre un proceso de reflexión sobre espiritualidad, derechos y vida pública en América Latina

Cuatro instituciones ecuménicas y académicas de la región anunciaron el inicio de “Fe y Democracia”, una campaña continental que se desarrollará entre 2025 y 2028 y que busca abrir espacios de diálogo público sobre el aporte de las espiritualidades a la convivencia democrática, los derechos humanos y la justicia social.

La iniciativa es impulsada por el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL), el Seminario Andino San Pablo (SASP) y AETE–Perú, y surge como respuesta a un contexto en el que discursos fundamentalistas vienen utilizando argumentos religiosos para restringir derechos, legitimar prácticas autoritarias y profundizar la polarización política.

Según las entidades convocantes, la campaña pretende visibilizar y fortalecer experiencias de fe comprometidas con la dignidad humana, la participación democrática y la defensa de la vida en todas sus expresiones, en oposición a discursos que instrumentalizan la religión para justificar exclusiones o retrocesos en materia de derechos.


Un proceso de cuatro años para pensar vínculos entre fe, sociedad y democracia

El proyecto propone una mirada escalonada, organizada en cuatro ejes temáticos, uno para cada año:

  • 2025 — Fe y Democracia: diálogo, participación y alternativas frente a narrativas regresivas.

  • 2026 — Fe y justicia de género: reconocimiento de mujeres y disidencias en espacios religiosos y comunitarios.

  • 2027 — Fe, pueblos originarios y afrodescendientes: espiritualidades territoriales, justicia histórica y memoria colectiva.

  • 2028 — Fe y justicia socioambiental: defensa del territorio, ética ecológica y cuidado de la creación.

La campaña busca articular procesos sostenidos en distintos países latinoamericanos, conectando reflexiones teológicas, prácticas comunitarias y debates de actualidad sobre la vida democrática.


Una espiritualidad que sostiene la democracia

El comunicado subraya que en América Latina las comunidades de fe son diversas y están lejos de constituir un bloque homogéneo o necesariamente conservador. Existen experiencias que promueven valores como la igualdad, la justicia social, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.

Para Natalia Serrano Álvarez, coordinadora regional de la campaña, los desafíos actuales requieren abrir conversaciones amplias entre actores diversos:

“Necesitamos abrir espacios de conversación que salgan de nuestros círculos habituales y permitan encontrarnos con voces diversas. El objetivo es generar conversaciones capaces de reconstruir confianza y convivencia democrática”.

Desde esta perspectiva, la iniciativa plantea dos preguntas centrales:
¿Qué tipo de fe está moldeando hoy la vida pública en América Latina? y ¿cómo puede la espiritualidad contribuir a fortalecer la democracia y la justicia social?

La campaña incorporará también una propuesta visual inspirada en la diversidad cultural latinoamericana, con símbolos, historias e imágenes que expresan esperanza y una espiritualidad que defiende la vida.


Actividades iniciales en 2025

Durante el primer año se prepararán materiales pedagógicos, contenidos digitales, acciones públicas y actividades culturales para promover la reflexión sobre fe, democracia y participación ciudadana.

La campaña tendrá dos actividades de lanzamiento:

Perú – 29 de noviembre de 2025 (9:00 a.m. – 12:30 p.m.)

Acto cultural y celebración litúrgica “Justicia, memoria y dignidad humana”, en el Monumento Memorial El ojo que llora, en Lima.

Costa Rica – 6 de diciembre de 2025 (3:00 p.m. – 8:00 p.m.)

Peña cultural conmemorativa del Día de los Derechos Humanos, en la sede del DEI, en Sabanilla.
La programación puede consultarse en:
https://drive.google.com/file/d/1Tga8GnhsNmvfcOBr3jXRjCQcxo8OSOPw/view?usp=sharing


Una apuesta por el diálogo y la diversidad en tiempos de polarización

El comunicado señala que la región vive un momento marcado por desigualdades, discursos de odio y crecientes tensiones políticas. Frente a ello, la campaña busca promover un debate público plural, respetuoso y comprometido con la vida democrática.

Las organizaciones participantes llaman a sumarse a esta propuesta mediante el intercambio de ideas, la participación comunitaria y la construcción de espacios colectivos que dignifiquen la vida y fortalezcan la justicia social.

Federación ecologista elige nueva presidenta y analiza coyuntura electoral

  • FECON hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y contra el autoritarismo.

(1 de diciembre 2025) La especialista en justicia climática Mariana Porras Rozas es la nueva presidenta de esta plataforma de articulación de organizaciones ecologistas de todo el país denominado Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON). La Federación que acoge a una decena de organizaciones ambientales y desde el año 1989 tiene la finalidad de ser una plataforma que lucha por la justicia ambiental.

Comunidades Ecologista La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica (CoecoCeiba-AT) es la organización de base de Mariana Porras Rozas. Ella proviene de los Guidos de Desamparados y desde niña sus padres la incluyeron actividades de juventudes impulsados por la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO) en los años 90’s. Por lo cual, Porras acumula más de 30 años de formación y trabajo ecologista; lo que la han llevado también a liderar espacios dentro de Amigos de la Tierra América Latina (ATALC) y representar a Costa Rica en la Federación de Amigos de la Tierra Internacional.

La asamblea ecologista se desarrolló el pasado 29 de noviembre, la sede de este evento fue la Asociación. para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) parte de la membresía de FECON desde sus inicios. Adicional a la asamblea FECON organizó un espacio de discusión con otras 16 organizaciones aliadas invitadas para discutir el panorama político-ambiental a escasos dos meses de la primera ronda electoral. Algunos puntos claves de la discusión fueron:

Costa Rica atraviesa una coyuntura especialmente delicada caracterizada por el recrudecimiento de tendencias autoritarias, el avance del crimen organizado dentro de múltiples esferas del poder político, empresarial y estatal; el desmantelamiento acelerado de la institucionalidad pública y el fortalecimiento de un modelo extractivista que profundiza desigualdades sociales, de género, territoriales y ambientales. Sumado a esto el ataque a las personas periodista y los medios de comunicación son síntomas de la deriva autoritaria y anti-democrática que vive el país. La combinación de estos factores conforma un escenario que impacta directamente las luchas por la justicia ambiental, la defensa de los territorios y la protección de los bienes comunes.

Se consolidan señales preocupantes de autoritarismo: ataques recurrentes de la Administración Rodrigo Chaves hacia otros poderes, instituciones y organizaciones. Discursos estigmatizantes contra sindicatos, universidades públicas, prensa, organizaciones sociales, ambientalistas, mujeres y comunidades indígenas, además del uso creciente de narrativas de criminalización.

Esta clausura democrática se expresan también en flexibilización de regulaciones ambientales, debilitamiento de comisiones técnicas, avance del monocultivo intensivo, turismo inmobiliario agresivo, gentrificación de territorios, y apertura de megaconstrucciones y privatización de áreas de alto valor ecosistémico, que evidencian procesos de despojo territorial, captura del Estado y presión sobre los bienes comunes, mientras comunidades y organizaciones locales cargan con la defensa cotidiana del agua, los bosques y la biodiversidad.

Un eje central de esta coyuntura es el debilitamiento estructural de la participación social en asuntos ambientales. La actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad es solo un ejemplo dentro de una tendencia más amplia: participación simbólica, acelerada y sin incorporación real de las voces territoriales.

La presión creciente de gentrificación, y un modelo de atracción de inversión sólo sabe avanzar erosionado derechos laborales, precarizando la vida rural y expandiéndose en forma de enclaves turísticos. Todo esto impacta directamente los ecosistemas, el acceso al agua, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la soberanía alimentaria, al mismo tiempo que profundiza la desigualdad territorial y fractura comunidades enteras.

Esta coyuntura crítica afecta de manera diferenciada a mujeres rurales, juventudes, defensoras ambientales, pueblos originarios y comunidades empobrecidas, que sostienen la economía del cuidado, la producción de alimentos y la defensa de los territorios. Los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, la violencia patriarcal, el aumento del feminicidio y la criminalización de la protesta agravan la situación para quienes encabezan luchas territoriales y ambientales en condiciones de riesgo.

El desafío inmediato para el movimiento ecologista y para espacios como FECON consiste en comprender y combatir esta coyuntura como un fenómeno sistémico, fortalecer la articulación comunitaria y territorial, producir pensamiento crítico propio, y defender de manera integral la justicia ambiental, climática, territorial, económica, social y de género.

Por último, la Federación hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y el autoritarismo. No es posible defender la biodiversidad, el agua y los bosques sin inconstitucionalidad democrática y derechos plenos para todas las personas.

Reclamo formal por silencio administrativo en caso de presunto daño ambiental en Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó un reclamo formal ante la Dirección del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) por la ausencia total de respuesta institucional a una denuncia ambiental presentada el 27 de octubre de 2025. El caso se relaciona con presuntas obras ilegales ejecutadas por la empresa ODIO Y GÁMEZ S.A. —propietaria del Hotel Almendros y Corales— dentro del Sitio Ramsar n.º 783, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El reciente oficio AEL-00359-2025, fechado el 1 de diciembre de 2025, sostiene que ACLAC ha incurrido en silencio administrativo absoluto, sin emitir acuse de recibo, sin asignar número de expediente y sin responder a la solicitud de medidas cautelares ni a los requerimientos de información ambiental formulados en el oficio previo AEL-00356-2025 del 27 de octubre. Este último documento expone con detalle las denuncias de presunto cambio de uso de suelo, drenajes, rellenos, tala, fraccionamientos y construcción de piscinas dentro del área protegida, actuaciones que —según se argumenta— continúan sin intervención administrativa alguna.

Exposición de los hechos denunciados

En el oficio AEL-00356-2025 se solicita información técnica basada en imágenes digitales del IGN y del SNIT, conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, para verificar posibles afectaciones ambientales en el plano L-124962-1993 (folio real 7-060570-000), propiedad de la empresa señalada. La petición se fundamenta en:

  • El derecho constitucional de petición y acceso a la información pública (arts. 27 y 30).
  • El derecho a un ambiente sano (art. 50).
  • La Ley de Biodiversidad.
  • El Acuerdo de Escazú.
  • Jurisprudencia nacional e internacional que ordena máxima divulgación de información ambiental.

El documento también denuncia que, pese a lo reportado, las obras ilegales continúan en un sitio Ramsar, contraviniendo el principio de no regresión ambiental, el principio precautorio, el principio preventivo y obligaciones internacionales de Costa Rica.

Reclamo por incumplimiento institucional

El oficio AEL-00359-2025 enfatiza que han transcurrido más de 24 días hábiles sin que ACLAC haya emitido respuesta alguna, lo que constituye —según el reclamante— una violación a:

  • La Ley Marco de Acceso a la Información Pública n.º 10554.
  • La Constitución Política.
  • La Ley General de la Administración Pública.
  • Obligaciones internacionales del Estado costarricense, incluyendo el Convenio Ramsar y el Convenio 169 de la OIT.

El reclamo sostiene que esta omisión deja en indefensión al Sitio Ramsar n.º 783 y a las comunidades costeras y afrodescendientes vinculadas a dicho ecosistema.

Solicitudes formales dirigidas a ACLAC

El oficio exige que, en un plazo máximo de tres días hábiles, ACLAC:

  1. Responda de forma integral la denuncia del 27 de octubre de 2025, incluyendo:
    • Acuse de recibo.
    • Número de expediente.
    • Informe técnico actualizado.
    • Detalle de medidas cautelares adoptadas o explicación motivada de su ausencia.
  2. Ordene la paralización cautelar inmediata de todas las obras en el plano L-124962-1993, hasta que se resuelva el fondo del caso.

Asimismo, el reclamante anuncia que, de persistir el silencio administrativo, interpondrá:

  • Recurso de amparo.
  • Denuncia penal por abuso de autoridad y prevaricato.
  • Queja ante la Secretaría Ramsar en Ginebra.

Personas y entidades copiadas en ambos oficios

Los documentos fueron enviados también a:

  • Defensoría de los Habitantes.
  • Contraloría General de la República.
  • Procuraduría General de la República.
  • Fiscalía Agrario Ambiental.
  • Municipalidad de Talamanca.

Firma los oficios

  • Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología.