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Etiqueta: participación ciudadana

Posicionamiento de ACOJUPEMA sobre la participación ciudadana en el debate sobre los fondos de pensiones

La Asociación de Cotizantes Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) ha hecho público su posicionamiento en relación con la participación ciudadana en el debate nacional sobre los fondos de pensiones, su sostenibilidad, solvencia y estabilidad.

Marjorie Hernández, presidenta de la asociación, destacó la importancia del rol de ACOJUPEMA, que representa a cotizantes, jubilados y pensionados, y su compromiso con la defensa de una pensión digna. Explicó que, desde la fundación de la asociación, se ha trabajado para asegurar los derechos constitucionales de sus miembros. Resaltó la preocupación ante los intentos de varias entidades, tanto públicas como privadas, de iniciar un debate sobre los fondos de pensiones, excluyendo a los principales afectados: los cotizantes activos, jubilados y pensionados.

Por su parte, Alexander Hernández, tesorero de ACOJUPEMA, señaló que, durante los últimos tres años, ACOJUPEMA ha buscado un diálogo con la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y los sindicatos involucrados en la administración de los fondos de pensiones como ANDE (Asociación Nacional de Educadores y Educadoras), SEC (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense) y APSE (Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza), para exponer sus inquietudes. Sin embargo, lamentó que estos intentos no solo hayan sido ignorados, sino que se han enfrentado con procesos judiciales en su contra. Este tipo de acciones, afirmó, atentan contra los derechos fundamentales de libre asociación y libertad de expresión.

Gerardo Romero,  vicepresidente de la asociación,  subrayó la necesidad de que los proyectos de ley promovidos por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) sean debatidos de manera abierta y participativa. Afirmó que la exclusión de los cotizantes y jubilados en estas discusiones afecta gravemente la legitimidad de los debates y que existe una falta de confianza en la transparencia y fiscalización de los fondos de pensiones. El vicepresidente destacó que, según los artículos 9 y 11 de la Constitución, es fundamental la participación ciudadana en las decisiones públicas y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios responsables.

ACOJUPEMA demanda una discusión verdaderamente inclusiva, en la que todos los actores tengan voz y voto. Además, rechaza las represalias contra quienes alzan la voz en defensa de sus derechos y la justicia social. La exclusión de los verdaderos dueños de los fondos de pensiones —los cotizantes, jubilados y pensionados— convierte estos debates en ilegítimos y en un ataque a los principios democráticos que deben regir la toma de decisiones sobre los fondos de pensiones.

Se invita a a ver el vídeo completo sobre el posicionamiento de ACOJUPEMAhttps://vm.tiktok.com/ZMh1WQjyx/ .

Costa Rica: “Trabajadores uníos” … O terminaremos en el patíbulo

Rafael A. Ugalde Quirós*

La época de falsos salvadores del pueblo costarricense terminó. La hora de las verdades y las decisiones políticas ganan terreno frente a las excusas y los viejos sofismas de desarrollo social, con dignidad y justicia social. La democracia la elevamos a la participación de la gente, sin trampillas legalistas ni mañosos intermediarios, o nos seguimos hundiendo.

a.-Las “medias tintas” se acabaron. No es fácil en la región, por consiguiente, tampoco en Costa Rica, pasar de un “pueblo masa” disperso, desesperado y destrozado por la “politiquería” a sueldo, pero aún con enormes reservas morales, a un “pueblo politizado”, articulado y, sobre todo, con un camino unitario por construir sin recovecos; subidas y bajadas, para dejar atrás treinta y ocho años de saqueos, despojos y simulaciones groseras, por las élites del poder.

Ello pareciera difícil en nuestro país cuando hacen agua el congreso, el poder judicial, el ejecutivo, las instituciones autónomas, la educación pública, la seguridad social, la agricultura, nuestra soberanía y, la credibilidad, en general, de quienes fueron jefes de la política nacional, desgastados y carentes de la más mínima moral e imaginación, con pocas excepciones a la regla.

Lo anterior implica una oportunidad real de rectificación por parte de los trabajadores y sus organizaciones populares, porque irremediablemente se ahondarán las contradicciones sociales y los diversos relatos oficializados, en torno a un modelo de desarrollo económico y social absolutamente inhumano y evidenciado, desde hace tiempo, como una estafa sin precedentes para millones de jóvenes, obreros, empleados públicos, amas de casa, jubilados, pequeños y medianos ahorrantes, empresarios honestos, entre otros.

Quizá, cuando comprendamos que, la democracia pertenece directamente a un soberano llamado “pueblo”, encargado de poner y quitar a sus servidores como parte de su “institucionalidad”, asimilaremos que las grandes marchas y protestas sociales quedan reducidas a manifestaciones de fuerza, sí los trabajadores carecemos de un horizonte claro y definido hacia el cual todos caminamos.

La experiencia histórica en otros lados así ha sido. A los mexicanos, para poner un ejemplo, costaron 42 largos años de ver como su Seguro Social era saqueado, su educación pública, en todos los niveles, era prolegómenos de los negocios y privilegios privados más sui generis, su poder judicial y legislativo era un verdadero templo de mercaderes modernos, controlados por los dos partidos tradicionales, el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Aquello no fue obra de generación espontánea. El presidente Miguel de la Madrid (1982 – 1988) inició las humillaciones para su pueblo. Los tecnócratas siguientes, sin excepción alguna, como Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), blindaron luego legal y constitucionalmente todos los caminos para que sus sucesores, hasta 2018, hicieran creer a los votantes que cambiando de caballo cada seis años seguirían por el camino correcto trazado por ellos.

b). – Entre el viejo caballo y la construcción de un nuevo camino.

(F. de la página del PLN en https://www.plncr.org/paes).

La idea que la miseria y la pobreza de millones de costarricenses están causadas por las pérdidas acumuladas por las empresas del entonces llamado “Estado social ” o “capitalismo del bienestar”, caló hondo y sigue calando profundo en nuestro país, gracias a un eficiente grupo de opinólogos y politiqueros a sueldo – paradójicamente la mayoría de ellos nunca trabajaron y vivieron a expensas del Estado- que posesionaron en las mentes mayoritarias la necesidad imperiosa de la disminución estatal para ser felices y dignos.

Fue cuando, empero, escogimos el camino de “vivir de fiado” para que los pocos miembros de una casta insaciable viviesen como príncipes y la mayoría pagáramos por el sendero delineado centímetro a centímetro por el Banco Mundial, mediante los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE).

Los PAES, según los hechos históricos, se establecieron durante los gobiernos liberacionistas de Luis Alberto Monge Álvarez (1985 PAE I); de Óscar Arias Sánchez (1989 PAE II) y de José María Figueres Olsen (1995 PAE III).

El PAE I suponía un cambio de paradigma en la política económica del país. (Puede consultarse https://www.plncr.org/paes) . Restructuraría el aparato productivo, diversificaría la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica, entre otros.

En cuanto a la política agrícola, prometía la implementación de un nuevo sistema de incentivos a la producción agropecuaria para la exportación, tanto de cultivos tradicionales como nuevos (aceite de coco, piña, jugos cítricos, nueces de macadamia y marañón); la reforma del CNP y el apoyo financiero a los agricultores; y el desarrollo de la investigación agrícola dirigida hacia productos exportables, etc.

Ya en elPAE II– citando la misma fuente – se hablaba de la reestructuración del aparato productivo, la diversificación de la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica.

Reformaría el sistema arancelario para reducir aún más la protección efectiva, que supondría la fijación del arancel máximo en el 40% y un nuevo sistema de incentivos a la exportación que incluiría una modificación de los Certificados de Abono Tributario (CATs).

Estos certificados alcanzaron relevancia cuando descubrieron una estafa por muchos millones de dólares con fondos públicos por parte de beneficiarios, calificándose ese hecho en la Asamblea Legislativa de entonces como “un asalto multimillonario a los dineros del Estado”.

La fuente citada, informa, que las reformas en el sistema financiero se centraron en la reducción de la cartera de préstamos vencidos de la banca pública; la modificación de las reglamentaciones bancarias para mejorar el control y la eficiencia del sector financiero y la creación de la Comisión Nacional de Valores, entre otros.

En cuanto a el PAE IIIrecordemos a groso modo aquella falta de acuerdo entre la Administración Calderón y la llamada oposición liberacionista, que prolongó su aprobación hasta 1995- estaba orientado hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado. La influencia del PAE III es sostenida por todas las siguientes administraciones, incluyendo los últimos dos gobiernos dirigidos por Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como el presente, encabezado por el ex funcionario del Banco Mundial y presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles.

Sí bien es cierto en el PAE III, estrictamente, sólo se hace referencia a el programa acordado con el Banco Mundial, hay tres acuerdos firmados con el BID, denominados “Programa de ajuste del sector público”, “Programa sectorial de inversiones” y “Programa de crédito multisectorial”, todos ellos enmarcados dentro de la misma línea de este PAE. Ninguno de los gobiernos dichos se ha apartado de ese derrotero.

(F. Wikipedia).

c.-País de grandes reservas morales. No sabemos con exactitud el porcentaje de sindicatos disueltos desde que la política fiscal empezó a golpear a aquellos gremios que se creían inmunes a los efectos desbastadores de los PAEs, por ser apéndice de éste o aquel partido. La realidad es que, los esfuerzos por debilitar o desconocer las organizaciones de los trabajadores son sostenidos hasta nuestros días. La existencia de siete centrales sindicales contabilizadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más otra de reciente fundación, demuestra un innegable activismo del sindicalismo costarricense; eso sí, hay que decirlo, con poca articulación entre sí, como para hacer pensar a las élites atrincheradas en sus doctrinas liberales, disfrazadas de socialdemócratas, izquierdas inoperantes, religiosas o socialcristianas, que están en peligro sus privilegios por un cambio de modelo con justicia social y participación popular determinante.

El redireccionamiento del trabajo de nuestros gremios, en busca de un modelo de desarrollo más digno, inclusivo, mayor equidad social y democracia abierta, entre otros, no parece fácil ni que esté a la vuelta de la esquina, sí comparamos cantidad de centrales sindicales, número de sindicatos, tamaño de territorio y fuerza de trabajo.

Sin embargo, por la misma dinámica social, no está lejano el día cuando se refuerce la labor de las actividades sindicales por TikTok, YouTube X, Whatsaap o Instagram, entre otras importantes redes sociales a nuestra disposición, con la experiencia acumulada por más de 75 años con faenas planificadas del “cara a cara”, casa por casa, calle por calle, vecindario completo, más allá de sí seguimos o no inmersos en el bonito oficio de la “reunionitis”,”seminaritis” y “encuentrotitis” ,fomentado por largos años por viejos líderes de la vieja guardia.

Según estos registros de la OIT, hablamos de más de 240 sindicatos, sin sumar 20 más aglutinados alrededor de la “Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical” de reciente inauguración. (Consúltese: Centrales Sindicales Costa Rica en (https://webapps.ilo.org/public/spanish/region/ampro/mdtsanjose/worker/sindi/cr.htm).

Contrasta, lo anterior, según información emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el estado de las convenciones colectivas en el sector público, dónde se supone, está la mayoría de sindicatos con mayor actividad gremial. De 1994 a 2024 hay poco más de 43 convenios colectivos renovados, caducos o a negociarse este año. (Consúltese: https://www.mtss.go.cr/elministerio/ConsejosTripartitosyDialogosocial/Convenciones_Colectivas.html).

Es cuando, la afirmación que plantean no pocos sabiondos, en el sentido de que es “locura hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes’”, no tiene ninguna cabida dentro de las leyes de la Física, independientemente a quien atribuyan la frase. Para entender la falsedad de este axioma hay que mirar unos pocos ejemplos en nuestra región. En Argentina, los Fernández transitaron por el mismo camino marcado por Carlos Saúl Menemy Mauricio Macri, cabalgando con caballos distintos, pero luego dejaron la mesa servida para que un pueblo desarticulado, robado, engañado, mentido y herido en lo más profundo de sus entrañas, sentara a un grupo de fascistas de nuevo cuño. Otra cosa es que ahora quieran evadir responsabilidades.

Y sí hay un pueblo que sabe cómo los resultados nos fueron peores con el “hacer lo mismo” con idénticos efectos, es el costarricense. El proyecto de ley para imponer las llamadas jornadas4x3 está vivito y coleando a la espera de cualquier parpadeo de los trabajadores, como si fueran insipientes las horas de trabajo efectivo realizado por los ticos.

Hay un número creciente de adultos mayores, pensionados de la Caja, que están obligados a trabajar ocasionalmente para “redondearse” el 60% de la jubilación asignada, según consignaron una tarde de estos telenoticieros nacionales.

El faltante acumulado de vivienda digna en el país es de 759.055 casas. Citando datos del Colegio Federado de Ingenieros y el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, dados a conocer por el Semanario Universidad, la necesidad de casa representa un 42.7% del total de moradas en la actualidad.

En relación con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), todas las ultimas administraciones han arrancado “bocaditos” a la institución, en su afán de “normalizar” la sostenida desnaturalización de la seguridad social tripartita, solidaria y universal, frente a un modelo asistencial privado, que cada día gana terreno e impone sus condiciones.

Al 1ª enero de 2017, según registros de la CCSS, la deuda acumulada del Estado ascendía a ¢840.247,2 millones, monto que al 30 de abril de 2022 alcanzó la cifra de ¢2.758.332,0 millones, de los cuales ¢2.250.313,3 millones (81,6%) corresponden al Seguro Salud (SEM) y ¢508.018,8 millones (18,4%) al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), precisó la Contraloría.

(Foto: Katya Alvarado- Semanario Universidad).

d.- La democracia en profunda crisis: En cuatro décadas, los grupúsculos encargados de controlar el poder, lograron erradicar del costarricense promedio la más humanas de todas las reacciones: la capacidad de asombrarnos. Nos fue totalmente “normal” ver el chorro de dinero echado por el tubo controlado por estas élites: Los CATs, el cierre del Banco Anglo, del Crédito Agrícola, la “Trocha”, el “Cementazo”, “Asebanco”, “Cochinilla”, Caja Fischel”, “ICE Alcatel”, “Diamante”, “Banco Nacional”, “Coopeservidores”, “Aldesa”; la lista es larga, sí sumamos la evasión, subfacturación, amnistías tributarias y el contrabando.

Según el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Barrantes, la deuda pública costarricense es espeluznantes. Precisó que para atenderla se necesitan 16 mil millones de colones diarios o el equivalente a 31.200.000 dólares al día.

Esta central sindical sostiene que los trabajadores públicos llevan cinco años con los salarios congelados, producto de una serie de medidas fiscalistas. Se refirió a la llamada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, “Plan Fiscal” o simplemente denominado “Combo Fiscal”, aprobada en la administración de Carlos Alvarado

Débase recordar que la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) se opuso férreamente en 2018 a la aprobación del “Combo Fiscal” porque, argumentó, precarizaría los salarios de la clase trabajadora, aplicaría impuestos a los principales productos de consumo diario y afectaría a las pequeñas y medianas empresas

En aquella ocasión, próxima a las navidades, votaron a favor del “Combo Fiscal” una mayoría de 35 diputados:16 del PLN, 10 del fenecido PAC, 7 del PUSC, 1 del PRSC y 1 autodenominado “Independiente”.

Los profesores de Segunda Enseñanza rechazaron el Combo Fiscal en setiembre de 2018. (F.APSE)

Hoy, el “combo fiscal”, aprobado por 35 diputados, está presente en los intentos de dar el zarpazo final a la educación superior universitaria, tras desamparar por años la construcción de escuelas y colegios públicos en todo el país.

Por eso, plantear en “abstracto” el financiamiento del 8% para las instituciones de educación superior públicas, sin mirar hacia atrás y cómo impactamos a los campesinos, los obreros, las amas de casa, los jóvenes etc., de todas las regiones, podía conducirnos a idénticos caminos transitados ya en Chile, Perú, Argentina, entre otras naciones, donde destrozaron la enseñanza humanista y la noble virtud de enseñar a pensar.

Gracias a los impuestos pagados por la gente más humilde, los empresarios honestos, los profesionales, e intelectuales etc., lograron muchos ser médicos, economistas, periodistas, veterinarios, abogados, sociólogos, bailarines, actores, poetas, nanotecnólogos, biólogos, entre una larga lista, a pesar que ya en la década de los ochenta sabíamos para qué servía la prueba de admisión.

¿Cuántos médicos, ingenieros, veterinarios, abogados, actores, economistas, pintores, músicos, arquitectos etc., procedentes de Talamanca, Liberia, la reserva indígena de Mora, Puriscal o Upala, solo a manera de ejemplo, graduaron las universidades públicas en sus sedes regionales en los últimos 20 años, contribuyendo así con el desarrollo nacional y en defensa del bien común? Es cuando se cumple aquello de “tus hechos os defenderéis” o la afirmación martiana: el deber cumplido sencilla y naturalmente.

Durante mi vida como universitario conocí a dos muchachos, uno proveniente de un selecto colegio al que no se ingresa sí no se cumplen ciertos requisitos extra materias, aunquetenga todo el capital del mundo, el otro decía que había cursado toda su primaria y secundaria en un colegio ubicado entonces en Moravia; ambos se jactaban que solo pagaban la cuota de bienestar estudiantil porque “no tenían nada inscrito a su nombre”

Hoy, las élites, desarrollan la misma estrategia inhumana con nuestra educación pública estatal. Es idéntica a la aplicada contra quienes madrugan desde la 4 a.m. para una cita en un Ebais, esperan dos años para una intervención quirúrgica en los hospitales o los padres de familia obligados a dar dinero para cubrir materiales en las escuelas y colegios estatales.

Dejaron de último la aplicación de esta malvada estrategia contra las universidades públicas porque, como dijo Günther Anders (1953) en “La obsolescencia del hombre”, estas clases sociales requieren idiotas. Palabras más, palabras menos: dijo que para sofocar cualquier revuelta al estilo de Hitler hoy resulta “arcaico”, pues basta con crear un condicionamiento colectivo reduciendo “el nivel” y la “calidad” de la educación.

Y 134 años antes de la publicación “La obsolescencia del hombre”, Simón Bolívar – el 15 de febrero de1819 –, como si se estuviera dirigiendo a los costarricenses de hoy y tuviera conocimiento de los planes actuales de nuestras élites, nos alertaba: “Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza”.

*Periodista, abogado y notario por la UCR.

¿Qué hacemos con Crucitas?

Madre Tierra le invita a la siguiente actividad:

Fecha: Jueves, 12 de septiembre de 2024

Lugar: Centro Cultural Español, Barrio Escalante (El Farolito)

Horario: 6:30 p.m. – 8:00 p.m.

¿Qué hacemos con Crucitas? Expositor. Dr. Freddy Pacheco León. Biólogo, catedrático de la UNA y de la  UCR, profesor jubilado.

Fuerte movimiento impulsa movilización social por la educación pública y la agenda social

El próximo 28 y 29 de agosto se llevará a cabo una Movilización Nacional por la Educación Pública y la Agenda Social de Costa Rica. El evento está convocado bajo el lema «¡Educación hoy, paz mañana!» y forma parte del Pacto Nacional por la Educación Pública, una iniciativa que busca defender y fortalecer el sistema educativo del país y su agenda social.

El 28 de agosto, la movilización se realizará en San José a partir de las 8:00 AM, mientras que el 29 de agosto se llevarán a cabo manifestaciones en distintas regiones del país a partir de las 9:00 AM. Este movimiento cuenta con el respaldo de una amplia coalición de organizaciones y entidades, entre ellas sindicatos, organizaciones productivas, asociaciones de estudiantes, federaciones universitarias y grupos de profesionales, quienes se han unido para expresar su apoyo a la educación pública y a políticas que promuevan el bienestar social.

El objetivo de la movilización es presionar para que se mantengan y amplíen los recursos destinados a la educación pública, así como defender los derechos sociales que están siendo debatidos en la agenda política del país. Los organizadores destacan la importancia de la participación ciudadana para garantizar que la educación y la justicia social continúen siendo pilares fundamentales en el desarrollo de Costa Rica.

Compartimos el llamado de Omar Córdoba, dirigente del sector agropecuario e integrante de la UNAG:

Kendy Chacón, secretaria general de AFITEC, sindicato del Instituto Tecnológico de Costa Rica, también convoca a participar en la lucha por el presupuesto por la educación pública y la agenda social.

Se recuerdan las palabras de José Martí “El pueblo más feliz es el que
tenga mejor educados a sus hijos, en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos
«.

”.

Yamileth González ex-rectora de la UCR llama a fortalecer el Pacto Nacional por la Educación Pública

SURCOS comparte el llamamiento de la ex-rectora de la UCR:
Compañeras y compañeros, creo que la crisis que vive el país, provocada, en parte, por el gobierno requiere de nuestra participación. El 7 de agosto, en la mesa del PACTO NACIONAL por la Educación, en un acto de unidad, más de 130 representantes de casi 40 organizaciones, después de un análisis de la crisis educativa por la que atraviesa el país y frente a la ausencia de respuestas del gobierno actual, llegó al consenso de que ya es hora de actuar y salir en defensa de la educación pública, que es el momento de frenar las múltiples agresiones que vive la institucionalidad pública nacional.

Las organizaciones firmantes del acuerdo (sindicatos del magisterio, de la CCSS, del ICE, del sector agrícola, federaciones estudiantiles, rectores de las universidades públicas, estudiantes de secundaria …) están convocando a todas las personas que habitan el territorio nacional, a salir a las calles y participar en una serie de movilizaciones programadas para los días 28 y 29 de agosto. El día 28 se llevará a cabo una movilización nacional en San José y el 29 será regional.

La situación que vive Costa Rica, actualmente, requiere de la participación de todas las personas; hay que sumar fuerzas en defensa de nuestra educación y de toda la institucionalidad pública. Tenemos que hacer de esta movilización, una de las mayores manifestaciones de nuestra historia reciente, que le demuestre al gobierno que, en este país, estamos listos para defender el Estado Social de Derecho, que mucho pensamiento, luchas y sangre costó a quienes nos antecedieron.

Costa Rica: Un gobierno que se olvidó de lo social, la educación, la salud y la seguridad

Gabriela Bolaños

Gabriela Bolaños

En los últimos años, Costa Rica ha sido un faro de estabilidad y bienestar en América Central, conocido por su compromiso con la educación, la salud y la seguridad social. Sin embargo, en la actualidad, muchos ciudadanos sienten que su país se está desmoronando bajo el peso de un gobierno que parece haber olvidado sus responsabilidades fundamentales. La crisis en los sectores sociales, educativos, de salud y de seguridad es evidente y alarmante, y plantea serias preguntas sobre el futuro del país.

La educación: un pilar en peligro

Históricamente, Costa Rica ha sido un ejemplo a seguir en términos de educación. Con una inversión significativa en este sector, el país logró tasas de alfabetización superiores al 97% y una educación pública accesible para todos. Sin embargo, en los últimos años, los recortes presupuestarios y la falta de inversión han comenzado a socavar este pilar fundamental.

Las escuelas públicas enfrentan una escasez de recursos, lo que se traduce en infraestructuras deterioradas, falta de materiales didácticos y una creciente carga de trabajo para los docentes. Muchos educadores se sienten desmotivados y subpagados, lo que afecta directamente la calidad de la enseñanza. La brecha entre la educación pública y privada se amplía, dejando a los estudiantes más vulnerables en una situación de desventaja.

La salud: un sistema en crisis

El sistema de salud costarricense ha sido durante mucho tiempo un modelo en la región, pero actualmente se enfrenta a desafíos sin precedentes. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), responsable de la atención médica pública, se encuentra al borde del colapso. La falta de personal médico, el aumento de las listas de espera y la escasez de medicamentos son solo algunas de las preocupaciones que han surgido en los últimos años.

Los recortes en el presupuesto de salud y la falta de atención a las necesidades de los trabajadores de la salud han llevado a un agotamiento generalizado en el sector. Los médicos y enfermeras, que antes eran considerados héroes, ahora enfrentan condiciones laborales precarias y salarios que no reflejan su arduo trabajo. La pandemia de COVID-19 expuso aún más las debilidades del sistema, y muchas personas ahora se sienten desamparadas al buscar atención médica.

La seguridad: un reto creciente

La seguridad ha sido otra área donde el gobierno ha fallado en brindar la protección que los ciudadanos merecen. A medida que la delincuencia y la violencia han aumentado, muchos costarricenses sienten que su seguridad está en peligro. Las estadísticas de criminalidad han mostrado un incremento alarmante en delitos como el robo, el narcotráfico y la violencia doméstica.

La falta de recursos para las fuerzas policiales y la ineficacia de las políticas de seguridad han dejado a la población vulnerable. Los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros en sus comunidades, lo que ha llevado a un aumento en la percepción de que el gobierno ha perdido el control sobre la situación. La falta de confianza en las instituciones de seguridad ha generado un ciclo de miedo y desesperación.

Un gobierno desconectado

La desconexión entre el gobierno y la ciudadanía es palpable. Muchos costarricenses sienten que sus voces no son escuchadas y que sus necesidades no son atendidas. Las promesas de campaña sobre mejoras en la educación, la salud y la seguridad han quedado en el aire, y la frustración ha llevado a un creciente descontento social. Las protestas y manifestaciones han aumentado, reflejando un llamado a la acción por parte de un pueblo que ya no puede soportar la falta de atención a sus problemas más apremiantes.

El gobierno, en lugar de abordar estas preocupaciones, parece centrarse en intereses políticos y económicos que no benefician a la población en general. Las decisiones son tomadas sin consultar a los ciudadanos, y los recursos se distribuyen de manera desigual, favoreciendo a unos pocos en detrimento de la mayoría.

La esperanza de un cambio

A pesar de la situación actual, los costarricenses no han perdido la esperanza. La sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios están trabajando arduamente para abordar estos problemas y buscar soluciones. La educación, la salud y la seguridad son derechos fundamentales que deben ser garantizados para todos, y la presión sobre el gobierno para que cumpla con sus responsabilidades es más fuerte que nunca.

La participación activa de los ciudadanos en la política y en la toma de decisiones es crucial para revertir esta tendencia. Es necesario que el pueblo exija rendición de cuentas y que los líderes políticos se comprometan a priorizar el bienestar social por encima de intereses personales o partidistas.

Conclusión

Costa Rica se encuentra en un punto crítico. Un gobierno que se ha olvidado de lo social, la educación, la salud y la seguridad está poniendo en riesgo el futuro del país. La crisis en estos sectores no solo afecta a las generaciones actuales, sino que también amenaza el legado de bienestar y paz que Costa Rica ha construido a lo largo de los años. Es hora de que el gobierno escuche a su pueblo y actúe con urgencia para restaurar la confianza y asegurar un futuro mejor para todos los costarricenses. La historia de Costa Rica no tiene por qué ser una de desesperanza; con un compromiso renovado hacia lo social, el país puede recuperar su rumbo y seguir siendo un ejemplo en la región.

Carta pública dirigida a Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica

Por la Viabilidad Ambiental dada a Proyecto Parque de Tecnología Ambiental Galagarza

Expediente Administrativo N ° D1-0635-2021-SETENA

Montes de Oro, Puntarenas, Costa Rica. Mayo 2024

Señor Ministro:

Nos dirigimos a usted con todo el respeto que se merece, para manifestar nuestra indignación y rotunda oposición a la Viabilidad Ambiental dada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) al “Proyecto Parque de Tecnología Ambiental Galagarza”, que Empresas Berthier EBI de Costa Rica pretende desarrollar en Montes de Oro.

Tal como lo manifestamos mediante un documento escrito con más de 1500 firmas de ciudadanos oromontanos y de comunidades vecinas que entregamos a la SETENA, y a viva voz los más de 700 asistentes a la Audiencia Pública efectuada el pasado 02 de setiembre 2023 en Miramar, gracias a que el Voto Constitucional Nº 2023011236 dio lugar al recurso de amparo presentado por una ciudadana, reiteramos por medio de la presente con nuestras calidades, que NO estamos de acuerdo con que la SETENA y el Ministerio de Ambiente y Energía, representado por su persona, permitan la apertura de un segundo relleno sanitario en nuestro cantón, sin antes haber evaluado los efectos acumulativos del proyecto como corresponde, ni haber atendido adecuadamente la catástrofe ambiental, crisis social y pérdidas económicas producidas por el colapso y fracaso rotundo de los rellenos sanitarios actuales y a lo largo de la historia de nuestro país; los rellenos sanitarios, ahora también mal llamados “parques tecnológicos ambientales” son ejemplos de impunidad, destrucción ambiental, perjuicio económico, engaño social y conflictos intracomunales entre otros, además evidencian la incapacidad de control y fiscalización del Estado costarricense para ese tipo de proyectos.

Lamentablemente como país no hemos unido esfuerzos para promover un sistema educativo que permita al ciudadano consumir y disponer de los desechos responsablemente, sino que ha sido mayor el afán de lucro de la industria utilizando la publicidad, el diseño de productos y empaques, así como la aplicación de la obsolescencia programada para promover un consumo irracional de mercancías. Cuando las instituciones públicas propusieron una “declaratoria de emergencia nacional ante la crisis de la basura” en 1991, copia exacta de tres crisis anteriores, y a pesar de tener legislación suficiente, se promulgó la Ley 8839: Ley para la Gestión Integral de Residuos, cuyo espíritu es atacar esta problemática desde la raíz evitando la generación de desechos, concienciando a la ciudadanía y haciéndola responsable del manejo desde la fuente mediante su clasificación para reducir las cantidades a disponer en rellenos sanitarios.

Tanto el MINSA como el MINAE a través de la SETENA han faltado al deber de probidad al no hacer cumplir la Ley 8839; al no obligar a las Municipalidades a colectar selectivamente y aprovechar los desechos, lejos de disminuir la cantidad de éstos ha aumentado y al permitir a las empresas rellenistas sobrepasar por mucho la cantidad de desechos a recibir, se ha ocasionado mal manejo de los rellenos por exceso de desechos con las consecuentes molestias para las comunidades adyacentes en su salud mental y física sumado al deterioro de su situación financiera. El incremento de camiones cargados de desechos ha congestionado aún más el tráfico, deteriorando el estado de las calles e impregnándolas con sus lixiviados, olores pestilentes y ruido a lo largo de los innumerables kilómetros de sus recorridos. Sin dejar de lado que el aumento exorbitante de las ganancias de las empresas aunado a la dependencia técnica de ellas, les ha dado un poder político y económico que las cobija para amedrentar a comunidades enteras mediante demandas a sus líderes, recusaciones a regidores municipales, e incluso pareciera marcarle el norte a más de una instancia pública, abriendo el portillo para normalizar y legitimar megarellenos con enormes impactos en las comunidades rurales.

No es posible que funcionarios del MINAE y otras dependencias, cargados de títulos académicos, sin haber podido atender, ni entender la crisis que viven las comunidades de Montes de Oro, Desamparados, Aserrí y La Uruca por ejemplo, sigan autorizando nuevos desastres; peor aún haciendo caso omiso al hecho de que la zona en donde se pretende desarrollar el proyecto PTA Galagarza es un Área Ambientalmente Frágil, pues a una distancia menor de 2 Km se encuentran los restos del antiguo Vertedero de Basura de Zagala, y otro relleno sanitario llamado Parque Ecoindustrial Miramar – Tecnoambiente, operado desde hace más de 12 años por el Grupo Empresarial RABSA, y que desde el año 2021 sobrepasa las 1100 toneladas diarias de desechos sólidos provenientes de diferentes municipalidades del país, entre ellas Montes de Oro, Esparza, Monteverde, Puntarenas, Lepanto, Abangares, Bagaces, Cañas, Nandayure, Colorado, Upala, Pérez Zeledón, Coto Brus y Golfito, así como los transportados por las empresas LUBERA y LUMAR (desechos provenientes de las municipalidades de Heredia, Poás, Grecia, Quepos, Palmares y Liberia), y entidades públicas y privadas, tales como la Caja Costarricense del Seguro Social, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Coca-Cola Femsa S.A., Fábrica Centroamericana de Harinas S.A., Corporación Pipasa SRL y Vidriera Centroamericana S.A., entre otros.

Desde que Tecnoambiente inició operaciones en nuestro cantón, se han producido constantes cuestionamientos hacia la empresa, la Municipalidad local y las autoridades estatales competentes en materia ambiental y sanitaria, por su falta de intervención ante el declarado descontento, malestar e inconformidad de las comunidades vecinas que sufrimos por la continua emisión de polvos alérgenos, olores pútridos y líquidos lixiviados así como la proliferación de microorganismos patógenos (principalmente bacterias y hongos) que quedan suspendidos en el aire y se dispersan sobre las comunidades por la acción del viento, moscas, mosquitos y otras plagas que son vectores de riesgo para la salud, así como el empobrecimiento escénico visible desde diversos puntos del cantón y que repercute directamente en el turismo.

Los estudios de impacto ambiental se han convertido en meros trámites con propuestas que legitiman la entrega de las riquezas naturales nacionales a cualquier costo. En el caso del proyecto PTA Galagarza, la propiedad prevista para el desarrollo del proyecto cuenta con presencia de los cuerpos de agua: depresión natural, quebrada Llano, afloramiento de agua (naciente) y la colindancia con el Río Seco, cuyo cauce desemboca en el Humedal Estero de Puntarenas y Manglares Asociados (lugar donde nace la vida marina que alimenta al resto de ecosistemas de la vertiente del Océano Pacífico de Costa Rica), y que ya se ha visto impactado negativa e irreversiblemente con el arrastre de desechos sólidos de todo tipo y sustancias lixiviadas provenientes del antiguo botadero y el actual relleno, afectando a su vez a los ecosistemas que habitan el río, el Humedal Estero de Puntarenas y Manglares Asociados y también la Cuenca del Golfo de Nicoya.

Adicionalmente, la finca se encuentra a una distancia menor de 5 Km del Santuario de Vida Silvestre Natuwa, único santuario que promueve la conservación de los emblemáticos guacamayos de Costa Rica, tanto de lapa roja (Ara macao), como de lapa verde (Ara ambiguus), figurando el último en peligro crítico según los criterios (A4abcd) de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Y donde se da albergue también a diversas especies de aves, reptiles y mamíferos, entre ellos el ahora simbólico jaguar que representa a Costa Rica y su economía proyectada al mundo desde la Presidencia de la República y los diferentes ministerios.

Empresas Berthier EBI de Costa Rica nos ha mentido descaradamente al afirmar que cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que le permite “garantizar que en comunidades tan cercanas como 1.0 Km no se presenten reportes por malos olores durante años”, pues existe material documentado con las quejas, denuncias, fotografías, videos y reportajes periodísticos en diferentes medios de comunicación que demuestran múltiples y constantes irregularidades en sus rellenos sanitarios, evidenciando que no existe tal garantía. Así mismo, condenas por sobornos a funcionarios públicos, por ejemplo en el año 2011, cuando la Sala III otorgó una pena de 5 años para el exalcalde de Aserrí, Mario Morales Guzmán, por recibir dádivas por parte del exgerente de la empresa, Juan Carlos Obando Umaña; y por procesos fraudulentos como en el caso de la Sentencia N° 10417 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del 5 de agosto de 2011, que dio lugar a un recurso de amparo por violación a los derechos a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Artículo 50 de nuestra Constitución Política), por sobrecarga en la recepción de desechos en el PTA Uruka, y más recientemente, la construcción de la “Celda Única” en el PTA Aczarri sin solicitar ni obtener la totalidad de los permisos requeridos, y que en julio de 2023 colapsó dejando toneladas de basura al aire libre, expuestas ante las lluvias, generando malos olores desproporcionados por la cantidad de biogás liberado a través de las grietas, además de terreno inestable con inminente riesgo a la integridad de los vecinos de la zona. Todo a vista y paciencia de las autoridades estatales.

Todas estas afectaciones se verían incrementadas de manera exponencial y serían acumulativas al instalarse un segundo relleno sanitario a una distancia no mayor de 2 Km del primero, algo sin precedentes en Costa Rica; resultando irracional y alejado de los principios de la ciencia y la técnica que el costo ambiental de más del 85% de los desechos sólidos del país, se recargue en el 0,25% de la población, que es el peso relativo de todo el país.

En síntesis, la presencia y funcionamiento del PTA Galagarza acarrea graves repercusiones directas sobre la economía de la región, principalmente a nivel de turismo, ecoturismo, pesca artesanal en el Golfo de Nicoya, actividades comerciales como hoteles, restaurantes, fincas recreativas y de conservación, por citar algunos. Sin dejar de lado que aún sin iniciar operaciones, ya se experimenta la estrepitosa caída en el valor de las propiedades y las dificultades inherentes para la obtención de créditos bancarios, así como la insuficiente generación de empleo digno en contraste con el daño ambiental irreversible que se generará.

La falta de recursos y capacidad del Estado no permite la apertura de más rellenos sanitarios. No existe control operacional efectivo, la fiscalización es escasa y poco eficiente de principio a fin, con mayor riesgo durante la fase de operación, porque mientras, un relleno sanitario opera los 365 días del año en horarios que van desde las 5 am hasta las 10 pm (e incluso horas de la madrugada), los controles estatales se dan mensualmente, con funcionarios que laboran solo de lunes a viernes y de 7 de la mañana a 3 de la tarde.

Por consecuente, apelamos a su persona en legítima defensa del interés público y sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme a lo otorgado en el Artículo 50 de nuestra Constitución Política, para que no se siga viendo el PTA Galagarza como un proyecto aislado o individual, sino por el contrario, se realice la Evaluación Científico – Técnica de los Efectos Acumulativos (EEA) como corresponde y los mismos sean contemplados en el expediente de SETENA, para analizar y evaluar los cambios ambientales acumulativos, originados por la suma sistemática de los efectos de actividades, obras o proyectos desarrollados dentro del área geográfica definida. Así mismo se declare la nulidad de la Viabilidad Ambiental otorgada por la SETENA al desarrollador y se archive el Expediente Administrativo N ° D1-0635-2021-SETENA.

“El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y ambiente de las generaciones presentes y futuras”. (Principio 3 de la Declaración de Rio, 1992).

Respetuosamente, las y los ciudadanos oromontanos que no desean ver al cantón de Montes de Oro convertido en el basurero nacional.

Imagen con fines ilustrativos.

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Contexto actual de la asociatividad en Costa Rica 2024

Carlos Hernández Cokomal / Redess
carloscokomal.p@gmail.com

En Costa Rica, la asociatividad emerge como mecanismo organizativo clave para las comunidades, permitiendo a sus miembros generar ingresos, proteger sus territorios y enfrentar adversidades, además de influir en la gestión municipal para asegurar el acceso a recursos y servicios esenciales. La existencia de 31 asociaciones municipales, que abarcan el 90% del territorio nacional y acogen al 85% de la población, evidencia su rol crucial en el impulso del desarrollo local, la participación ciudadana y la innovación. Nuestra organización Cokomal / Redess apoya decididamente estas asociaciones, promoviendo su consolidación y crecimiento, ya que consideramos que la asociatividad es un pilar esencial para avanzar hacia una gobernanza democrática, inclusiva y sostenible.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto adverso en la economía de las asociaciones de pequeños productores en Costa Rica, incluso después de tres años, agudizando la desigualdad global, la recesión económica, la vulnerabilidad social, el autoritarismo, la exclusión, el feminicidio, así como el conflicto y el descontento social. El informe del Estado de la Nación resalta las dificultades que estos grupos enfrentan para obtener financiamiento, acceder a mercados y servicios públicos, sumado a la reducción de ingresos y el aumento de los costos operativos. Se recomienda intensificar las políticas de apoyo público a estas asociaciones y promover la innovación, diversificación y sostenibilidad ambiental en sus actividades.

A pesar de que la información disponible sobre la cantidad de asociaciones de pequeños productores en Costa Rica es escasa, los datos aportados por el informe del Estado de la Nación reflejan su importancia y vitalidad. Es imperativo realizar esfuerzos para obtener datos más precisos y detallados de la situación socio económica que faciliten una mejor comprensión y un apoyo más efectivo a estas asociaciones, fundamentales para la economía solidaria y el entramado social del país.

Comunidades afectadas por desabastecimiento del agua impulsan creación de Coordinadora Intercantonal por el Recurso Hídrico

Vecinos afectados por la reciente problemática de desabastecimiento del agua y el Movimiento Asambleas Populares están liderando un esfuerzo organizativo para unificar la lucha de diversas comunidades en busca del acceso al recurso hídrico. Tras desarrollar reuniones conjuntas con vecinos de Tibás, Moravia, Alajuelita, Hatillo y Goicoechea, se ha acordado establecer la Coordinadora Intercantonal de Defensa del Recurso Hídrico.

El objetivo primordial de esta coordinadora es abordar la que afirman que es la verdadera raíz del problema del desabastecimiento urbano, el cual resulta siendo consecuencia de una situación política. Por lo tanto, señalan la carencia de políticas oficiales que garanticen una distribución justa del agua, así como la falta de interés estatal en la modernización de la infraestructura hídrica.

En este sentido, la Coordinadora Intercantonal se ha comprometido a:

  1. Exigir la adopción de decisiones políticas, técnicas y financieras para abordar definitivamente el problema de fondo.
  2. Demandar una atención inmediata y de emergencia para resolver la escasez de agua en las comunidades afectadas.
  3. Solicitar la suspensión de los cargos y procesos judiciales contra los vecinos de Hatillo que han sido judicializados por defender el derecho humano al agua.

El pasado viernes 5 de abril, los vecinos de San Josecito de Alajuelita celebraron una asamblea popular bajo la coordinación de la vecina Loana Calderón, donde se tomaron importantes decisiones para fortalecer la lucha por el acceso al recurso hídrico. Durante la reunión, se distribuyó un instrumento digital para registrar las fechas y horas en las que no tienen acceso al agua, y se acordó presentarse ante las autoridades para exigir su entrega.

La participación ciudadana ha sido fundamental y los acuerdos tomados en esta asamblea fueron respaldados de manera unánime por aclamación de todos los asistentes.

Le invitamos a ver el video que se encuentra en esta nota:

Imagen ilustrativa, UCR.

Descubra la naturaleza con «Troleando por Tiquicia»

Este viernes 5 de abril de 2024, se llevará a cabo una emocionante caminata ecológica en el Parque del Este, Sabanilla. La actividad, organizada por «Troleando por Tiquicia», ofrecerá a los participantes un recorrido de 4 km por senderos boscosos.

La salida está programada para las 7:30 a.m. desde el punto de encuentro en UCR Girasol. 

El costo de participación es de 5000 colones e incluye un refrigerio, acceso al Parque y transporte público.

Para más información y reservas, comuníquese al 71894252.