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Partido Pueblo Unido

El viejo sueño 80 años atrás, tendiente a que no hubiera una o un costarricense sin una pensión digna, hoy es una pesadilla, una auténtica tragedia, para la presente generación próxima a pensionarse y quienes tienen la dicha de entrar a la fuerza laboral con un salario digno y consecuentemente una jubilación decorosa tarde o temprano.

El déficit, según los entendidos independientes en la materia, hasta hace poco, era al menos de ¢74,6 billones en el Seguro de Invalidez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Y aunque los burócratas de la Caja logran crear la nebulosa necesaria para que los trabajadores diluyan la magnitud del problema que se les viene encima respecto a los ingresos al final de sus vidas, los datos maquillados por la institución no pueden rebatir la realidad una vez que el jubilado tiene en sus manos el recibo de luz, agua, alquiler de casa, medicina para las enfermedades propias de su edad y que la Caja no le otorga, porque la volvieron insensible desde hace bastante tiempo.

Lo cierto del caso es que, entre datos polémicos y los ingresos que no alcanzan para cubrir los alimentos de una canasta “básica familiar”, el futuro y el bienestar de más de 3 millones de trabajadores registrados en IVM, es incierto, es oscuro, a juzgar por las estadísticas publicados por la misma Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la CCSS.

“Insoportable”, dijo una vez uno de estos burócratas que se alistaban para irse a su casa con una jubilación de más de cinco millones mensuales, y “endosable” a las futuras generaciones, agregamos nosotros, en un país con seriecísimos problemas demográficos y que esperamos nos revienten en la cara para sacar la varita mágica de la improvisación.

En relación con nuestro IVM, Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja, dijo el 16 de setiembre de 2024 “que la mezcla entre el rápido proceso de envejecimiento de la población, aunado a la reducción de la natalidad, tienen como efecto una baja en el incremento en la afiliación de cotizantes y su eventual desequilibrio futuro”.

Según el representante de la CCSS, “para revertir” este escenario, ¿adivinen quienes pagarán los platos rotos? No se equivocaron: los trabajadores. Según Barrantes se necesita elevar la cotización obrero-patronal y estatal del 11,16% al 13,66%, en el 2038. También que los jubilados asuman el pago del seguro de salud para recibir atención médica, pues actualmente lo subsidia el fondo.

Para ello, reveló, hicieron un estudio que conocerá una instancia que se las trae por lo llamativo de su nombre, denominado el “Comité Inter participativo”, ideado nada menos que por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para “fortalecer”, según ellos, el sistema nacional de jubilaciones.

Dicho “fortalecimiento” del sistema de pensiones con tan rimbombe nombre – como todo lenguaje de impacto en estos adiestrados neoliberales- consistiría en “que el IVM tendría que dar como mínimo un 45%” en lugar del 60% otorgado en actualidad.

Fue durante la administración del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), que la Ley 7374 la “adaptaron” o “modernizaron” – estos neoliberales inventan cada término – a la nueva realidad de país.

Desde entonces no han parado de patear la bola hacia adelante, como dice nuestro pueblo cuando nadie quiere enfrentar un problema desde sus raíces y menos asumir responsabilidades.

En el nuevo proyecto del lucro que introdujo el neoliberalismo, bajo la argucia de ser pronto nación “desarrollada”, la “inversión social” pasó a llamarse “gastos” generados por una CCSS encargada de dar seguridad social, incluyendo un régimen dedicado a velar por la invalidez, la vejez y la muerte de los costarricenses.

Eso mismo ocurrió con la educación, que se mantuvo como gratuita y obligatoria en la mayoría de las Constituciones Políticas del Rio Bravo hacia abajo resultó un verdadero canto de sirena en la práctica.

En el caso costarricense y la querida CCSS, los tres pilares con que la visualizaron sus padres, Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, dificultaron que se la robaran de un tirón como ocurrió en otras naciones junto a las pensiones, por lo que han optado por ir arrancándole pedacitos de músculos.

El artículo 73 de la Constitución Política garantiza el sistema de seguridad social, incluyendo las pensiones por vejez, invalidez y muerte, que son administradas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta disposición establece un sistema de contribución forzosa para trabajadores, patronos y el Estado para proteger a los trabajadores contra diversos riesgos, pero en la carrera desbocada por devolver a los ricos el negocio de la salud y el dolor ajeno convertirlo en plusvalía, todos los gobiernos en las últimas cuatro décadas se quitan el tiro de saldar deudas con esa institución.

Al paso que va la entidad aseguradora ya no hay necesidad de venderla, sino dejar que se caiga a pedazos como hicieron con puertos, muelles, carreteras etc., para que el costo real baje y sea más cómodo adquirirla por quienes controlan los hospitales privados y la producción y distribución de medicamentos.

Por datos provenientes de la Contraloría General de la República y diversas auditorías sabemos que la deuda acumulada por los distintos gobiernos ha crecido a más de ₡4.4 billones en 2025, representando el 9% del PIB. El monto se incrementó un 15% en un año y se acumula debido a los pagos incompletos del Estado y la falta de interés por demostrar categórica y seriamente algunas obligaciones.

Sin embargo, no está de menos, recordar que, la nebulosa creada sobre pensiones planteada líneas arriba, fue creada con todo el dolo del mundo para que los trabajadores coticen y pierdan el rumbo de su plata en una maraña de leyes, reglamentos y complicados tecnicismos bancarios y de administración del dinero ajeno.

Solo para que tengamos una remota idea del complicado tinglado jurídico creado exclusivamente para el dinero suyo destinado a pensiones, tengamos presente que la ley que garantiza los fondos para jubilarse en nuestro país está repartida en normativas y reglamentos, muchos de ellos llenos de fórmulas matemáticas que desaniman al más pintado.

Después de ello hay que considerar la creación de la Ley 7983, llamada de “Protección del Trabajador”, que creó el famoso y generador actual de intrincadas polémicas en tiempos electorales, llamado el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), destinado a recoger dinero de los trabajadores y ponerlo a disposición de una ávida burguesía bancaria, autorizada para invertir esos caudales donde más les caliente el sol.

Si esos dineros hubieran ido a la CCSS a fortalecer el IVM, los trabajadores podrían disfrutar de más garantías, en cuenta un mayor monto de sus pensiones totales, IVM+ROP.

Acá puede decirse que los futuros pensionados y beneficiarios del ROP comienzan a perder contacto con su patrimonio, hasta nuevo aviso o haga la aparición algún político profesional que ve posible canalizar votos para su partido hablando de esos fondos.

Si bien la ley 9906 de octubre de 2020 permite a los pensionados del ROP acelerar el retiro de sus fondos, no en todos los casos el espíritu de la disposición legal es de plena satisfacción para los dueños reales de esos fondos, dado la excesiva tramitología orientada más a proteger los negocios y el lucro que hacen otros con la plata ajena, que por satisfacer plenamente al asalariado

Ya desde la Administración Monge empezamos a ver síntomas de desinterés por todo lo que oliera a inversión pública y perfilarse en las altas esferas a favor de quienes nos han gobernado y se enloquecen por la exacerbada ganancia privada.

Dicen que “mal de muchos…” consuelo de dormidos; y eso exactamente pasó con las pensiones en muchas naciones vecinas. Las oligarquías regionales se pellizcaron y encontraron en los fondos de pensiones una mina. Entre 1981 y 2008, con el apoyo unas veces del llamado sindicalismo blanco, y otras con el concurso de autodefinidos “reformistas democráticos”, emprendieron agresivos cambios en los sistemas jubilatorios en 11 países latinoamericanos, algunos de ellos otrora ejemplo de la seguridad social para la vejez.

Se trata de Argentina, 1994; Uruguay, 1996; Costa Rica, 2001; Panamá, 2008 que no privatizaron del todo el modelo jubilatorio, pero lo abrieron a un sistema complementario. Privatizaron las pensiones Perú, 1993, y Colombia, 1994.

Mientras tanto, otros pensionados de otros regímenes de pensiones actualmente la pasan mal moral y financieramente hablando, pues desde el 2020 – administración del expresidente Carlos Alvarado- al menos 30 mil jubilados del magisterio tienen los montos de sus pensiones congelados, cumpliendo compromisos fiscalistas asumidos con los acreedores internacionales.

Tenemos así, que el llamado régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional quedó congelado en virtud del artículo 13 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada por la Asamblea Legislativa desde 2018.

Según la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), un 85% de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto estarían congeladas, en tanto la Defensoría de los Habitantes cree que el régimen pensional denominado Contributivo está congelado desde 2019.

Por otra parte, más de 25 mil abogados entre litigantes y retirados, siguen esperando una pensión a que tienen derecho por ley. El 3 de diciembre de 1963 mediante la disposición legal número 3245 se crea el llamado timbre del Colegio de Abogado para dignificar la profesión y este profesional tuviera un retiro decoroso.

Una reciente sentencia del Tribunal Contencioso Admirativo, sección de Ejecución de Goicoechea contenida en el expediente 12-000629-1027-CA, da un plazo perentorio para que reglamente la ley indicada y después de casi 13 años de litigio otorgue la pensión al agremiado.

Serán a sus deudos, porque el abogado murió entre viajes a los tribunales y notificaciones, pero tal vez, por fin, los abogados sabrán qué pasó con ese millonario fondo engordado desde 1963 y cada vez que un costarricense requiere una demanda.

Moraleja para los futuros pensionados: la agremiación sin articulación entre trabajadores y sin conciencia del poder que tienen como asalariados en cualquier país, es menos que nada.

Ahora los políticos recurren una vez más a la demagogia y convierten el tema de las pensiones en uno de sus caballos de batalla. Es al pueblo al que le toca pararlos, y levantar sus propias demandas que, al menos, deben incluir:

a.— que el Poder Ejecutivo pague sus deudas a la CCSS y al IVM;

b.— que no se aumente la edad de jubilación; al contrario, buscar formas de pensionarse más temprano;

c.— que no se aumenten las obligaciones de los trabajadores haciéndoles pagar contribuciones más altas;

d.— que no se reduzcan los beneficios de los pensionados.