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Etiqueta: partidos políticos

En cuatro domingos se definirá el depósito de la confianza pública que se le dará al ganador electoral para dirigir el país. ¡Hay que salir a votar!

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

En cuatro domingos estaremos tomando la primera decisión sobre el futuro gobierno de Costa Rica. El próximo domingo 1 de febrero se llevará a cabo el plebiscito nacional político, el referéndum nacional político, el acto supremo de la democracia electoral del país, el día del sufragio NO obligado, que se da en conciencia, de los ciudadanos, del pueblo electoral costarricense, de decidir a cuál de los 20 candidatos presidenciales y a sus partidos se le entregará el rumbo del país.

Ese día se realiza un depósito de confianza pública que se le da al ganador, en caso de que supere el 40% de los votos válidamente emitidos, en su favor, ese primer domingo de febrero, para dirigir el Poder Ejecutivo, para que nombre su equipo de gobierno, a los ministros, e inicien su labor política, de conformidad a lo que ha ofrecido en esta campaña electoral.

Es un acto de confianza y de delegación de la voluntad popular, lo que llamamos la representación política. Quien resulte ganador es el depositario de esa confianza popular, que lo obliga a actuar, en nombre del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, siendo su representante, y modernamente también gobierna con el pueblo, si asume la tarea de consultarlo popularmente, por la vía de los plebiscitos y referéndum, lo que no han acostumbrado los gobernantes desde que se instituyeron estas formas de consulta ciudadana.

La voluntad popular es el acto por el cual los ciudadanos depositan su confianza en la gestión de gobierno, en una persona, que en nombre de todos, ejerce el gobierno y el mando del país. Este concepto se desarrolló políticamente hace casi 300 años, evolucionando de distintas formas. Este acto de representación política es una manifestación de que el gobernante debe ser armónico con el pueblo que lo eligió.

Con concepto de representación política y delegación de la voluntad, se eliminó la idea que los gobernantes eran nombrados por Dios, y por ello, además, había que obedecerles. Al contrario, quien debe obediencia al pueblo es el gobernante quien en ejercicio de su cargo no puede gobernar ni legislar contra el pueblo, no puede actuar contra el pueblo, no puede instituirse como dictador, tirano, déspota, sátrapa o ejercer el gobierno autoritariamente, violando derechos y libertades de los ciudadanos. Si así sucediera, el pueblo que lo eligió tiene un derecho natural a la rebelión política para sustituirlo, cambiarlo, y de esa forma establecer nuevamente la confianza pública de la representación popular. En cierta forma, cada procesos electoral, es la manera de ejercer ese control político ciudadano para continuar con el partido de gobierno por otro período, y evaluar de esa manera al gobernante o presidente que termina su mandato.

Jurídicamente el acto de la representación política se asocia al del mandatario, que es la persona a la cual se le da un poder de accionar, de actual, al cual debe sujetarse, y del cual no puede salirse. Si el Mandatario se sale o rompe el compromiso de ese mandato, los Mandantes, los que le dieron el mandado, que electoralmente es el pueblo electoral, pueden quitarle su compromiso, pueden destituirle de la obligación que le depositaron para nombrar otro Mandatario que represente correctamente la voluntad de los Mandantes, en este caso de los electores, para que se restablezca la relación armónica que debe existir entre gobernante y gobernados.

El derecho de destitución del Mandatario, del Gobernante, se estableció en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y en la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1793, durante los días de la Revolución Francesa.

En la Constitución Política de 1844 de Costa Rica este derecho a la Rebelión Política así se reconoció. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, se había publicado en Costa Rica a inicios de ese año, lo que debe haber influido en esa disposición constitucional.

En la legislación costarricense no existe para el presidente la posibilidad de destituirlo por la vía de la Consulta Ciudadana del Referéndum o del Plebiscito, como sí existe para destituir las autoridades municipales o cantonales, como son los alcaldes. No existe, hasta hoy, el derecho de revocatoria de mandato del presidente, durante el ejercicio de su presidencia.

Sin embargo, en la tradición electoral del país, que ha sido bastante regular desde 1847, con períodos de gobierno de cuatro años en términos generales, cada proceso electoral para decidir quién gobernará por los siguientes cuatro años, se convierte en la práctica también en una consulta ciudadana, de si el mandatario, el jefe de Estado, antes del 1848, el presidente desde 1848, o el Gobernante en general, puede continuar gobernando por otro período de gobierno.

En el siglo XIX se permitía la elección consecutiva del gobernante. En el siglo XX se limitó y desde 1949 se prohibió la reelección consecutiva del gobernante, del presidente, pudiendo hacerlo si deja pasar un período de ocho años. Así, en el siglo XIX, de manera consecutiva se reeligieron Juan Mora Fernández, desde1824 hasta 1833, Juan Rafael Mora Porras, desde 1849 hasta 1859, cuando le dieron el golpe de Estado, Rafael Iglesias Castro, desde 1894 hasta 1902. Desde 1902 hasta hoy no ha habido reelección consecutiva del gobernante.

Los diputados durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX podían reelegirse continuamente y buenos diputados así lo hicieron. Por ejemplo, desde 1934 hasta 1948 fue reelecto consecutivamente como diputado Manuel Mora Valverde, el jefe del Partido Comunista de Costa Rica o Vanguardia Popular, así llamado desde 1943.

Jefes de Estado y presidentes se han reelecto, dejando pasar períodos presidenciales. En el Siglo XX así lo hicieron Cleto González Víquez presidente en 1906-1910 y 1928-1932, Ricardo Jiménez Oreamuno, presidente en 1910-1914, 1924-1928 y 1932-1936.

Desde 1949 hasta hoy solamente dos presidentes han podido reelegirse alternativamente, José Figueres Ferrer, 1953-1958 y 1970-1974 y Oscar Arias Sánchez, 1986-1990 y 2006-2010. Otros presidentes lo intentaron sin éxito.

Desde 1890 existen los partidos políticos, tal y como ahora los conocemos, definiéndose así que solo por medio de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular, presidente, diputados y autoridades municipales o cantonales. Los vicepresidentes son de elección popular junto con el presidente desde 1949. Antes de 1948, eran llamados Designados a la Presidencia y eran nombrados por el Poder Legislativo, por el Congreso.

Bajo el régimen de partidos políticos hemos tenido la experiencia histórica de que los partidos pueden reelegirse consecutivamente en el Poder Ejecutivo varias veces, aun cuando no reelijan de manera continua al presidente. Así, desde la segunda mitad del siglo XX el Partido Liberación Nacional se ha reelecto consecutivamente en dos períodos consecutivos de gobierno, con diferente presidente, en 1970-1974 y 1974-1978, cuando fueron electos José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós. Luego volvieron a repetir el gobierno consecutivo en 1982-1986 y 1986-1990, con Luis Alberto Monge Álvarez y Oscar Arias Sánchez. Finalmente, repitieron en el 2006-2010 y 2010-2014, con Oscar Arias Sánchez y Laura chinchilla Miranda. Igual lo hizo el Partido Unidad Social Cristiana, en 1998-2002 y 2002-2006, con Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco de la Espriella. Del mismo modo se repitió, muy sorpresivamente este fenómeno con un nuevo partido, nacido en el 2002, Acción Ciudadana, que Gobernó en el 2014-2018 y se reeligió en 2018-2022, con los presidentes Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada. Ninguno de los partidos que ha gobernado lo ha hecho tres veces consecutivas.

En este siglo, desde el 2002, en la práctica del proceso electoral, se introdujo la elección de segundo grado, la elección de la segunda vuelta electoral, cuando en la primera no se logra el 40% de los votos para ganar. En este caso, se pasa a una segunda ronda electoral que se realiza el primer domingo de abril siguiente a las elecciones, con solo dos candidatos, los que han obtenido el mayor número de votos o mayor rango porcentual de votación el primer domingo de febrero. Así, hemos tenido segundas rondas electorales en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022. Esto pareciera o indica que la segunda ronda electoral se quedó para los procesos electorales que vienen. Ha sido la norma de los procesos electorales a partir del 2014 y puede ser la del próximo resultado del 1 de febrero del 2026. Esto no es para sorprenderse. Puede darse como no darse la segunda ronda, si alguno de los partidos y candidatos sacan o no el 40% de votos, por el cual se está luchando intensamente en estos días y será una lucha intensa durante las cuatro semanas que faltan para votar. La mayor parte de los partidos apuestas sus esfuerzos a quedar de finalistas de la primera vuelta. Solo el Partido Pueblo Soberano sostiene su campaña electoral con confianza de que ganará la primera ronda electoral. Esta confianza le hace falta a los otros partido, independientemente si hay o no segunda ronda.

El voto que define resultados es el llamado voto válidamente emitido. Es voto positivo, a favor, de cualquiera de los 20 partidos que están inscritos con sus candidatos presidenciales. Esos son los votos que sirven para declarar presidente o candidato ganador, o sirven para definir de los 20 candidatos cuales son los dos que pasan a la elección de abril. La elección del primer domingo de abril no se define por porcentuales. Allí gana el que más votos tenga. Es lo lógico para garantizar resultado electoral.

Los votos nulos que se realizan por los votantes son aquellos que por alguna razón no permiten determinar con certeza cual fue la voluntad del votante, y los miembros de la Mesa Electoral así los anulan.

Los votos en blanco que se realizan en la Mesa Electoral son aquellos que los votantes devuelven sin expresar su voluntad, dejando en blanco toda la fórmula de votación.

Los votos nulos y blancos, emitidos en las mesas electorales, no se consideran “votos válidamente emitidos” para definir el resultado de la elección. No se cuentan, no tiene valor alguno. Tiene valor CERO (0), no suman nada positivo ni negativo. Reducen en la práctica a los electores que toman la decisión final.

Por eso es importante el voto consciente del elector, del que llega a emitir su voto por alguno de candidatos o los partidos políticos que están participando en las elecciones, porque con su voto se elige, se produce el resultado.

También hay un número de personas que no acude a las urnas a votar. Todos estos, junto con los que tampoco votan en la Mesa Electoral, constituyen el grupo llamado ABSTENCIONISTA. Es un número de ciudadanos que siempre ha existido en los procesos electorales. En las elecciones de la segunda mitad del siglo XX constituyeron un promedio del 18 % de los electores. A partir de la elección de 1998 empezó a subir alcanzando cifras superiores al 30% de votantes en las elecciones, lo que ha preocupado en los últimos procesos electorales, y quizá eso haya ayudado a la convocatoria de las segundas rondas electorales que se han hecho.

La persona, el votante, al no ejercer su derecho al sufragio, de hecho, delega su decisión en los que sí votan, que producen un resultado electoral a favor de alguno de los candidatos. El no votante, de manera consciente o no, confía el voto que se produce por los que sí van a votar. De hecho, los no votantes, los abstencionistas, terminan “votando” con su abstencionismo y silencio electoral en urnas, por el candidato ganador, que producen los que sí llegaron a votar. Así, los abstencionistas terminan “votando” por el ganador, les guste o no quien sea, se lamenten o no del ejercicio de su gobierno.

La elecciones nacionales fragmentan la votación por el presidente y sus vicepresidentes y en la de los diputados. La votación presidencial se la lleva en su totalidad un solo partido político. El Consejo de gobierno o el Gabinete presidencia no se integra proporcionalmente a los votos recibidos por los partidos con sus candidatos a presidente. Al presidente electo se le da la confianza de que escoja libremente a los ministros que le acompañaran en su gestión de gobierno.

La elección de diputados tiene su importancia. Para el partido ganador presidencial por si llega a elegir una mayoría de diputados, ojalá superior de los 29, porque le permite tomar decisiones mayoritarias básicas en la Asamblea Legislativa, en su proceso de aprobación de Leyes. Si la mayoría fuera de 38 o 43 diputados, que con las mayorías calificadas del proceso de aprobación de leyes y otras responsabilidades que podría tomar la Asamblea Legislativa, al Poder ejecutivo le daría un poder político extremo, al punto que el Presidente, con su fracción legislativa tendría capacidad de ejercer un gobierno con características autoritarias de mandato, porque ejercería un control prácticamente pleno de nombramiento de todas las autoridades públicas del país, especialmente de los Poderes de Estado y de los mecanismos de control público constitucionalmente establecidos.

La experiencia histórica señala que pocas veces desde 1953 un partido político ha tenido mayoría parlamentaria superior a 29 diputados, y solamente una vez, en 1982, tuvo 33 diputados de los 57.

En la práctica política los electores parten su voto. Pueden votar un candidato presidencial, pero a la vez votan por candidatos a diputados de otros partidos políticos, para que ellos en la práctica ejerzan un control político parlamentario sobre el presidente y su Poder Ejecutivo. Así, por ejemplo, los últimos 3 gobiernos, dos del Partidos Acción Ciudadana y el del actual presidente Rodrigo Chaves que no han logrado elegir más de 12 diputados, constituyéndose en minorías parlamentarias. En el caso del actual gobierno con la peor gestión de relación política con los Poderes de Estado, incluso la Asamblea Legislativa.

La partición del voto, en las condiciones y momento histórico que estamos viviendo, sigue siendo válida. Pero, la unidad de votantes alrededor del candidato o candidatos opositores que tienen, en la perspectiva, la mayor posibilidad de ganar o de quedar clasificados para una segunda ronda, es también válida. Lo que no es válido en este momento es pensar en abstenerse de votar. Quien así lo haga que le quede claro que su no voto es favor del que gana, sea quien sea.

En 4 domingos definiremos la confianza pública que se le dará al ganador electoral para dirigir el país por los próximos cuatro años.

Que el año nuevo nos dé la suficiente confianza de que podemos mejorar el país, de que podemos recupera el terreno y los caminos perdidos, de que podemos evitar que nos lleven al despeñadero del autoritarismo, de la democracia y de las libertades y derechos ciudadanos.

¡Hay que salir a votar!

Compartido con SURCOS por el autor.

Ante el autoritarismo, apertura democrática

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Margarita Bolaños Arquín

Enfrentar la pasión autoritaria que ha sembrado el chavismo con un supuesto apoyo del 63% al presidente y un 38% a la candidata oficialista continuista, requiere, según algunos analistas, de cambiar el discurso y la estrategia para sacar a las personas indecisas a votar en su contra. Pero ¿qué elementos del discurso democrático se deben cambiar, y cuál es la estrategia para sacar de la indecisión, el hartazgo y la indiferencia a una porción importante y diversa de la ciudadanía?

Estamos más acostumbrados a tomar en cuenta las opiniones de quienes tienen el megáfono que a escuchar los mensajes de las mayorías silenciosas. Y es que el silencio no necesariamente es indiferencia o ausencia de posición. Por eso las encuestas tienen su límite para interpretar las preocupaciones y los clamores de amplias y heterogéneas mayorías. ¡Y claro que sorprenden los números!

Sorprenden porque nunca hemos tenido tan variadas y creativas estrategias para defender la democracia, atacar al presidente y su estilo de gobierno autoritario. Desde el humor más fino, la poesía, la música hasta los más chabacanos comentarios. Una creatividad impresionante de formas y argumentos de variada naturaleza intelectual, cultural y legal.

¿Pero por qué no convencemos? Si ha habido un partido que ha dado una lucha incuestionable desde la Asamblea Legislativa en estos años por la defensa de la institucionalidad democrática, la ética en la función pública y ha hecho aportes sustanciales para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, es el FA. ¿Pero por qué no lidera la intención de voto?

Lo que parece más que evidente es el deterioro estratégicamente planificado del sistema de partidos políticos, armazón de la institucionalidad democrática. Tenemos 20 partidos y una candidata que se dice ganadora con un partido nuevo que no es el que los eligió, que reivindica la continuidad de escasos 4 años contra la presencia de un PLN sexagenario que no se le pueden negar sus aportes al desarrollo de este país.

Entonces, para frenar el continuismo autoritario se requiere en primer lugar de los votos necesarios en la primera ronda, independientemente de su pasado político. ¿Y cómo se logra? Pues creando los acuerdos básicos con quienes estén dispuestos a parar en seco esa tendencia autoritaria y retomar la senda democrática. Pero ese es el inicio de la gran reforma democrática que se deberá impulsar de inmediato.

Tenemos claridad de los desafíos que enfrentamos para promover un desarrollo económico y social que parta de generar bienestar para todas las personas, pero no lo podemos hacer con la visión política que produjo el desencanto democrático. Y lo primero es lo primero, sumar los votos y desde ya comprometernos con esos acuerdos que le den a la política y a la democracia capacidad de transformación colectiva y en paz.

Pasado, presente y futuro en las elecciones

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Los procesos electorales son un momento muy especial de nuestras sociedades democráticas. Constituyen el momento en que los ciudadanos, los votantes, los mayores de 18 años, que son los que forman el llamado Padrón Electoral, tienen la oportunidad de evaluar políticamente, en todo su sentido, la situación del país, el papel de quienes dirigen el Poder Ejecutivo, el Presidente y sus Ministros de Estado, en el ejercicio y conducción del Poder Ejecutivo, en la forma que se manifiesta en el país, en su Consejo de Gobierno, en las relaciones de éste con los distintos sectores de la sociedad, y el de los Ministros, por el ejercicio del cargo, en las tareas, funciones, acciones y políticas que desarrollan.

El proceso electoral es también un momento para soñar en el futuro que deseamos para el país, para nosotros como comunidad humana, como familias, como la gran familia costarricense. Es soñar en la Costa Rica que queremos, amamos, y deseamos construir sin pobreza, con posibilidades y oportunidades de desarrollo y crecimiento, en todos los sentidos, para todas las personas, para los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, para mujeres y hombres.

Soñamos con ese país posible cuando en el proceso electoral podemos evaluar el país que tenemos, que hemos construido en el devenir de los años, con el concurso del trabajo de todos los costarricenses, y con todos los trabajadores extranjeros que se nos han sumado con su esfuerzo, su sacrificio, su inmigración, para contribuir con la riqueza que el trabajo de ellos también genera al colectivo nacional.

En este tiempo de elecciones es el momento de evaluar o valorar al gobierno que está terminando su período de cuatro años, al presidente que lo ha conducido y a sus ministros. Como equipo humano el presidente y sus ministros no pueden continuar gobernando porque no se permite en el país la reelección consecutiva. Algunos de sus ministros, si han renunciado, como lo han hecho en enero, para poder de nuevo aspirar a puestos públicos de elección. Por eso, esa evaluación del presente nos permite aquilatar a las personas que viniendo del actual gobierno desean continuar en el ejercicio político dirigiendo el país, como presidente, como futuros ministros, si así los anuncian, o como aspirantes a ser electos diputados. Los podemos evaluar como personas, por el cargo que desempeñaron y los podemos evaluar en la posibilidad de darles o negarles confianza por los partidos en que participan para continuar en tareas de gobierno.

Para el caso costarricense, el actual gobierno fue electo bajo las banderas del partido Progreso Social Democrático, sin que, en la realidad, este partido, como organización haya gobernado, o haya tenido una experiencia gubernativa. Tan solo sirvió de trampolín para que el actual presidente pudiera ser electo. Y con él todo su equipo de ministros y demás funcionarios por él nombrados, independientemente de puesto o cargo que tuvieron.

El mismo partido, como tal, no tenía ninguna experiencia política anterior, ni de participación electoral. Para el presidente Chaves, fue la oportunidad de presentarse al electorado, tener su apoyo, que lo llevó a Zapote. En sencillo, como se ha venido diciendo de los partidos recién formados para cada elección, que facilitan candidaturas, que son partidos taxis. Así, Rodrigo Chaves Robles, llegó a la presidencia en el partido taxi Progreso Social Democrático, en el 2022. En otros momentos le dirían paracaidista, término que también le podría calzar.

Rodrigo Chaves nombró sus ministros sin consideración alguna a las personas que habían constituido el partido Progreso Social Democrático. Al mismo partido le impuso los nombres de los candidatos a diputados, que fueron electos, de allí que se fragmentaran legislativamente manteniéndose, ocho de los diez que fueron electos, fielmente al mandatario, sintiéndose sus representantes, “rodriguistas” o “chavistas”, y nada partidistas de quien los llevó también al Poder Legislativo, a la presidenta de ese partido y compañera de ella como diputados, a quien le impusieron una jefa de la Fracción parlamentaria, y vocera legislativa de ese partido.

El partido Progreso Social Democrático vuelve a las elecciones del 2026, por segunda vez, separado totalmente del presidente Rodrigo Chaves y de su grupo gobernante, y separado de ocho de sus diez diputados electos en el 2022, ahora con su candidata a presidente, que también es diputada y presidenta de su partido. Por eso, al momento de enfrentar las elecciones del 2026 y evaluar al gobierno para valorarlo en la confianza pública que se merece, o no se merece, para darle apoyo al partido que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia, queda excluido de esa valoración este partido, que no ha tenido ningún papel protagónico en el destino del país en estos cuatro años transcurridos, más allá de haber llevado al presidente que hoy es un fiasco para el país y para la institucionalidad democrática de la sociedad costarricense.

¿Cómo proceder entonces? Valorando al presidente y lo que él ha venido promoviendo, a su nuevo partido político, el que se identifica con la forma cómo ha ejercido el mando político del gobierno, y a sus ministros, aspirantes a la presidencia de la República, en dos organizaciones que se presentan para las elecciones próximas, el partido Unidos Podemos, que postula a Natalia Díaz y Pueblo Soberano que postula a Laura Fernández. Hay otras opciones políticas menores identificadas con el presidente Chaves que pretenden elegir diputados, para lograr con todas ellas una mayoría, como lo claman y espera, de por lo menos 40 diputados de los 57, para a poder hacer diabluras institucionales. Pero, Natalia y Laura son las estrellas del presidente Chaves. A Natalia la han empezado a sonar con música y comparsas políticas. Esta semana le han sonado matracas de candidata. ¿Cuál es el juego de fondo? Probablemente levantarle su índice de percepción ciudadana, elevarle su aceptación en encuestas, para superar a la candidata de la Coalición Agenda Democrática Nacional, y procurar que, de ir a una segunda ronda electoral, la escogencia sea entre dos mujeres, dos candidatas que representen el mismo proyecto político continuista. Este es el objetivo político de chavismo, del rodriguismo y del continuismo gubernativo.

Así, el proceso electoral se mueve en primera instancia, para el resto de las fuerzas políticas electorales, que están bastante desagregadas, y equivocadamente peleando entre sí, al interior de los mismos partidos, en lugar de saber enfrentar táctica y estratégicamente, al gobierno de turno, el que está ejerciendo el mando del país, y a sus representantes partidarios en el actual proceso electoral.

Cada elección es un reto para el partido que gobierna, si quiere seguir participando en elecciones y si quiere continuar en el gobierno. En la elección de febrero el partido Progreso Social Democrático no está en discusión ni en juego a disputar el mandato, porque no ha gobernado en nada. Ni tiene sólidas candidaturas en esa perspectiva.

Al gobierno se le evalúa en las opciones electorales que presenta para participar en la elección de febrero. En este sentido son los partidos Pueblo Soberano, que encabeza Laura Fernández, que claramente declara y dice por todos los costados que ella continuará la labor y las políticas del actual presidente. Laura Fernández es la mejor expresión del continuismo político gubernativo, como la tendencia principal con la cual se presenta. Natalia, con ligeros matices de distancia del gobierno es parte de su continuismo. Eso está cada vez más claro.

El discurso de Laura Fernández es una clara lección de identificación política para los otros candidatos electorales que representan a partidos que han gobernado, como son Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana.

En la experiencia histórica los candidatos de estos tres partidos cuando han ido a elecciones inmediatas, a períodos de gobierno de sus propios partidos, no dicen ni claman ese compromiso de continuar con las políticas de sus gobiernos partidarios, del que vienen. Al contrario, se distancian rápidamente como para dar la sensación de imprimir un sello muy personal del nuevo candidato frente a su gobernante anterior, aunque vayan con los mismos partidos, Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana. Ejemplo muy claro de ello fue la llegada a la presidencia de Laura Chinchilla en el 2010, que siendo vicepresidenta de Oscar Arias, 2006-2010, en cuanto gana se distancia bruscamente de él, de su gobierno y en cierta forma de su propio partido. Tampoco acuden en la campaña electoral a exaltar la labor histórica de sus gobiernos. Para mí este es un error básico electoral.

El Partido Liberación Nacional, durante la Segunda República, surgida en 1948, ha gobernado desde 1953, nueve veces, la Unidad Social Cristiana, y lo que se representa en este partido lo ha hecho en seis ocasiones, y el partido Acción Ciudadana en dos.

De esta forma, lo bueno y lo malo del país se le debe, en lo principal, a estos partidos, en esa forma proporcional de gobierno. Pero, nadie podría asegurar ni afirmar que el desarrollo institucional del país desde 1948 hasta nuestros días ha sido defectuoso, o ha sido hacia atrás, o ha sido más negativo que positivo. Esto no han sabido explotarlo ni asumirlo los candidatos Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo. De hecho, han renunciado al pasado histórico heroico de sus partidos. Ambos, de hecho, no tienen la historia partidaria de sus partidos políticos incorporada en sus vidas. Igual que al presidente Chaves, se les podría considerar, paracaidistas en esos partidos o que esos partidos son partidos taxi para ellos. Lamentablemente ese es el panorama que pintan y exhiben.

Hemos tenido un progreso institucional, económico, laboral, en salarios, pensiones, en los sectores productivo, educativo, en salud, en cultura, en educación superior, en desarrollo y gestión de grupos sociales, clases medias, sectores productivos y muchas otras cosas más, que responde, en términos generales a los buenos niveles de vida que hoy disfrutamos.

Ciertamente, desde 1978 algunos de los logros obtenidos empezaron a debilitarse y afectarse. En otros sentidos, también a desaparecer o hacerse ineficaces. El bienestar social y laboral alcanzado especialmente en los últimos dos gobiernos, incluido el actual, se han desmejorado y debilitado. Obviamente, el partido Acción Ciudadana y el partido Progreso Social Democrático no van a levantar banderas para continuar sus políticas. El partido

Acción Ciudadana va en una coalición política con el nombre de Agenda Democrática Nacional, con su candidata Claudia Dobles, esposa del anterior presidente Carlos Alvarado, situación que carga como un duro fardo muy difícil de exhibir, como bandera política, no solo de ese gobierno, sino de los dos gobiernos del partido Acción Ciudadana.

El partido Unidad Social Cristiana, desde que se creó ha vivido de la gloria que le imprimió al socialcristianismo político, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón

Guardia, en el gobierno de 1940-1944 y de su alianza con el partido Comunista de Costa Rica, llamado desde 1943 Vanguardia Popular, que sí continúo su política social cristiana en el gobierno de Teodoro Picado, en coalición electoral de 1944 con el Bloque de la Victoria, bandera social que mantuvieron durante mucho años por lo menos para efectos electorales, bandera que han arriado actualmente. Este partido en ese continuismo llegó, en cierta manera, hasta el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, cuando se actualizó la política social laboral. No más. Actualmente reniegan de los adjetivos, “social” y “cristiano”. NO tienen nada que ofrecer con estos contenidos. Al contrario, amenazan acabar con toda la obra social histórica del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con lo que queda de ella, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, simbolizando hoy a todas las universidades públicas.

Sobre los otros partidos me referiré próximamente. Por ahora, con estos partidos tenemos los que no tienen pasado histórico alguno, que exaltan el presente gobierno con miras a continuar sus políticas en el futuro. Son partidos que sin ataduras, sin penas ajenas, ni vergüenza política, se identifican con la poca huella institucional del actual gobierno, anunciando que continuaran su obra, para lo que piden el mayor respaldo popular.

Tenemos partidos con historia importante que destacar pero que renuncian a ella, que se avergüenzan en este momento histórico de esos logros institucionales, que han sido los pilares de la Democracia Social que hemos construido y del Estado Social de Derecho, que también han contribuido a debilitar y desaparecer.

Con esto estamos a las puertas de que pueda producirse, en el desenlace de este proceso electoral, la mayor amenaza al modo democrático de vida ciudadana de los costarricenses.

El proceso electoral a la vuelta de la Tregua Navideña, para el resto de los partidos políticos debería convertirse en las tribunas para defender el Estado de Derecho, defender el Estado Social de Derecho, defender la Democracia política que hemos vivido.

Las semanas que vienen deben orientarse a luchar y advertir, al electorado nacional, sobre el peligro autoritario, despótico, dictatorial, tiránico que se pretende construir de continuar el actual proyecto político que está en marcha.

Aquí se está jugando no solo la historia pasada, sino la Historia del futuro costarricense.

Compartido con SURCOS por el autor.

Pese a la alta preocupación ciudadana, pocos partidos enfrentan la corrupción como prioridad en sus planes de gobierno

Escrito en . Publicado en Elecciones.

  • Solo 3 de 20 partidos incluyen un eje o capítulo dedicado específicamente a la corrupción.

  • En 13 programas se identificaron 187 medidas, centradas casi exclusivamente en la prevención y en acciones administrativas que no requieren cambios legales.

San José. 9 de diciembre, 2025. Por tercera vez en una campaña electoral, la Asociación Costa Rica Íntegra realizó un análisis de los programas de gobierno de los 20 partidos políticos que compiten por la presidencia de la República, con el objetivo de identificar qué tipo de propuestas presentan contra la corrupción. Un nuevo análisis de Costa Rica Íntegra revela que, aunque la corrupción sigue siendo una de las principales inquietudes de la ciudadanía, la mayoría de los partidos políticos no la abordan de forma seria o estratégica en sus planes de gobierno.

Solo tres partidos presentan propuestas exhaustivas y alineadas con estándares internacionales.

La organización destaca que contar con un compromiso anticorrupción claro, completo y creíble es esencial para recuperar la calidad de las políticas públicas y la legitimidad institucional. Sin embargo, esta prioridad ciudadana —que por más de una década figura entre los mayores problemas del país, hoy solo superada por la inseguridad— no se refleja en la mayoría de los planes analizados.

Es así como el propósito de este análisis es “informar a las personas votantes y crear conciencia en los partidos políticos sobre la pertinencia de combatir la corrupción en el país, para lo cual se requieren intervenciones más decisivas y sostenibles, que se esperaría encontrar claramente identificados en los planes de gobierno de quienes pretenden gobernar”, indicó Juany Guzmán, presidenta de Costa Rica Íntegra.

Principales resultados. El primer análisis realizado a los planes de gobierno fue de tipo cuantitativo, en los próximos dos meses se complementará con una valoración sobre la calidad de las propuestas. Los principales hallazgos se pueden resumir en cinco mensajes:

1. Transparencia domina el discurso

El conteo de menciones a doce palabras clave evidencia que los términos más frecuentes son transparencia (31%), corrupción (21%) y ética y rendición de cuentas (12% cada uno). Mientras que conceptos como probidad, integridad o gobierno abierto aparecen de forma marginal.

Gráfico 1. Menciones a palabras relacionadas con la lucha contra la corrupción en los planes de gobierno de los 20 partidos inscritos para las elecciones presidenciales.

2. 187 medidas identificadas, casi todas administrativas, en 17 programas de gobierno

De los 20 programas de gobierno revisados, 17 presentan propuestas tangibles, para un total de 187 medidas.

El análisis muestra que:

  • 65% son acciones administrativas, como herramientas tecnológicas, mejoras de portales web, códigos de ética o canales de denuncia.

  • Las medidas legales (reglamentos, códigos internos) son menos frecuentes (20%)y se concentran en reformas penales o normativas para trazabilidad financiera.

  • Las propuestas infra-legales son escasas (6%).

Nótese que una acción puede ser muy amplia, por ejemplo, “Implementar la Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción ENIPC”, otra acción puede ser pequeña impulsar un Código de Ética en un ministerio, ambas cuentan como una.

2. Solo 4 de los 20 partidos otorga un espacio estructurado al tema

Únicamente 4 planes de gobierno incluyen un título, un subtítulo o un eje temático específico sobre corrupción, como indicador básico de relevancia programática.

Los otros 13 partidos apenas mencionan el tema como parte de otros ejes, en diagnósticos o preámbulos, sin traducirlo en un título separado. Y sólo 3 partidos no incluyen ninguna medida sobre el tema: Clase Trabajadora, Esperanza Nacional y Liberación Nacional.

4. Predominio del enfoque preventivo

Cada una de las medidas se clasificó según su objetivo: prevención, detección o sanción. El 63% de las medidas apunta a la prevención. Las acciones de detección y sanción son considerablemente menos comunes, lo que revela un abordaje parcial del ciclo anticorrupción.

Cuadro resumen de medidas según objetivo, por partido

*Solo incluye partidos que definieron acciones concretas.

5. Mínima referencia a estándares internacionales y nacionales.

Solo un partido (Aquí Costa Rica Manda) hacen referencia explícita tanto al Estudio de Integridad de la OCDE (2022).

Cuatro partidos mencionan únicamente la ENIPC: Aquí Costa Rica Manda, Centro Democrático Social y Coalición Agenda Ciudadana.

“Los resultados evidencian la falta de estudio, de consulta técnica y de diálogo con especialistas. La mayoría de los partidos no incorporó insumos básicos ya disponibles”, agregó la Dra. Guzmán.

Además de comprobar si los programas hicieron mención explícita a estos dos informes, el análisis buscó puntos de alineación temática entre los programas y las recomendaciones de la OECD y de la ENIPC. De esa forma, se pudo confirmar que había pocas coincidencias temáticas entre las recomendaciones de estos estudios y las medidas concretas de los partidos.

En las próximas semanas, la Asociación Costa Rica Íntegra profundizará en el análisis de las medidas para clasificarlas según su pertinencia y viabilidad, es decir, se valorará la calidad de estas propuestas a la luz de los estándares mencionados.

Le invitamos a descargar el estudio completo desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/12/Estudio-Planes-Gobierno-Dia-anticorrupcion-2025.pdf

Autoritarismo o Democracia, el dilema electoral

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El proceso electoral que estamos viviendo hacia las elecciones de febrero o abril del próximo año, camina en una coyuntura compleja, de indefiniciones, de ausencia de liderazgos políticos, de liderazgos partidarios y de partidos políticos, de gran desconfianza pública y especialmente de una ceguera o falta de visión hacia el porvenir inmediato.

Lo que por ahora estamos viendo es una etapa de pereza mental de análisis política que produce una abulia política, un desinterés, una falta de toma de decisiones, marcada principalmente por los resultados de indecisos electorales en las encuestas.

La ausencia de liderazgos políticos considerados como la falta de líderes o dirigentes nacionales, caudillos, de grandes personalidades políticas o personales, que no los hay hoy en el país, que guíen a sus partidos políticos, a sus partidarios o seguidores; que encanten o enamoren a los electores, que produzcan confianza personal en su personalidad, sus planteamientos políticos o mensajes políticos y, sobre todo, que produzcan confianza en ellos mismos y en quienes los rodean, como equipos políticos para asumir el gobierno de la República, y la conducción del país por los próximos cuatro años.

El actual gobierno de Rodrigo Chaves se ha encargado de desmantelar esa aureola que gozaban los partidos políticos, sus dirigentes históricos y partidarios. Ha logrado pintarlos como tiranos, dictadores, que solo han gobernado para pequeños grupos de privilegiados y contra el pueblo, que dice él representar.

La ausencia de liderazgos partidarios porque se impone la carencia de partidos políticos que como tal atraigan a los futuros votantes. No hay imágenes poderosas, de fuerte organización partidaria, con militantes disciplinados y comprometidos con las banderas programáticas, de esos partidos, porque los partidos políticos como organizaciones sociales y políticas han dejado de existir en la práctica política del país hace muchos años.

Con la campaña que beligerantemente ha sostenido el presidente contra toda la institucionalidad partidaria, y contra las manifestaciones democráticas de esa institucionalidad, ese desgano político se ha nutrido, y se ha alimentado con la imagen de que todo ha sido resultado de la corrupción inmanente a quienes han gobernado.

Existen algunos partidos en el imaginario colectivo, especialmente los que han sido partidos gobernantes, que eligieron presidentes, sin que esa misma imagen sea fuerte con los partidos que han elegido o tienen actualmente diputados. Si resaltan estos diputados es porque están en la gradería parlamentaria destacando algunos hacia la prensa o los periodistas, o destacando por los pleitos o camorras coloquiales que realizan, más que debates de profundidad política y argumentativa frente a los proyectos de ley que trabajan, o se les presenta para su conocimiento, debate y aprobación.

Ya ni debates hay. Basta observar cómo evaden la discusión con las decisiones de no discutir las mociones, o de eliminarlas en bloque, como se ha hecho con el procedimiento de la vía rápida para discutir proyectos como el de la Ley esclavista de las 12 horas. Lo más gracioso de eso es que sin discutir las mociones se votan diciendo, y así queda en actas, “agotado el debate”, y no hubo “debate”, “contienda” o “lucha” teórica alrededor de esas mociones.

Una buena parte de los partidos que no han elegido, ni presidentes ni diputados, entran en la categoría peyorativa que se les endilga de “partidos taxi”, por el alquiler que se hace de ellos para que algunas personas puedan aspirar a los puestos de elección popular, sin ninguna propuesta programática, teórica política o ideológica, y muchos de estos sin una visión clara, ni conocimiento de la estructura institucional de Estado y la sociedad costarricense.

La ausencia de partidos políticos se muestra también en la ausencia de locales, de establecimientos partidarios, en la capital del país, en las capitales de provincia y en las cabeceras de cantones. Esto hace que los “partidos taxi” ni siquiera tengan un “garaje taxi”, son “partidos de la calle” y “partidos en la calle” … Los “de la calle” porque están allí en el espacio público permanentemente, como habitantes permanentes o transitorios. Los que están “en la calle” porque están en condición casi de indigentes políticos, sin domicilio fijo…

Estas características hacen del proceso político un proceso político desabrido, incoloro, insaboro, inodoro…

A los partidos que están inscritos en la papeleta electoral no se les puede clasificar por tradiciones políticas de carácter teórico político o ideológico. Ninguno de los partidos se define y se presenta ante el electorado como el partido de la izquierda o de la derecha, del progresismo o del conservadurismo, ni siquiera los que han tenido el vestido de la socialdemocracia o el socialcristianismo así se presentan. No hay uno solo que se presente como el partido anticapitalista o el prosocialista, proponiendo cambiar de sistema capitalista por el socialista.

Solo el ignorante político, del animal que habita Zapote, el Jaguar, acusa constantemente a un partido de la papeleta como “comunista”, desconociendo que el Partido Comunista de Costa Rica, que existe desde 1931, se llama Vanguardia Popular y no participa en elecciones prácticamente desde el 2006, desconociendo también que los partidos comunistas en la mayoría de los países capitalistas, donde existían antes de 1991, hoy no son fuerzas políticas determinantes, como lo fueron en algunos de ellos. Pero, usa esa campaña “anticomunista”, para endilgar, para endosar la imagen y el peso que ese concepto tenía antes de 1991, en el período de la Guerra Fría.

Hoy el comunismo no es un “coco” con el que se pueda asustar a mucha gente, solo a ignorantes, a retrasados mentales políticamente o a analfabetos políticos por desuso. Pero, en una sociedad de amplia pobreza, el rugido panfletario del Jaguar puede “pegar” en algunos sectores atrasados de la sociedad costarricense, empobrecidos, marginados de los apoyos históricos estatales, de regiones del país que igualmente sufrieron ese abandono institucional, social y económico, donde este tipo de discurso todavía puede asustar a algunos, y que en su “susto” emocionalmente los preparan para “asaltar” el Estado y su institucionalidad, para hacerlos aliados, por su ignorancia, de la destrucción del Estado Social y Benefactor, que hemos construido desde 1943, para llevarlos a mayores niveles de empobrecimiento y embrutecimiento político, a ampliarles su embrutecimiento cultural general, a fortalecerles su ignorancia histórica y cívica básica para facilitar su mayor y mejor explotación social y económica, y para orientarlos a defender un Estado de Fuerza Bruta, un Estado Autoritario, de características Dictatoriales Despóticas y Tiránicas, como las que se impulsan desde Zapote, y como las que se pretenden continuar con el partido Pueblo Soberano, para de esa manera atraerlos a las aguas del autoritarismo político, de la autocracia política que se quiere imponer, como pasos previos de formas dictatoriales o tiránicas que las tienen en marcha. El presidente Chaves constantemente asusta con eso, especialmente cuando anuncia que le quieren dar un golpe de estado, que no le permitirán terminar su gobierno, cuando insinúa que se quiere alterar el proceso electoral, cuando afirma constantemente que se requiere un gobernante de mano dura, que se “compre todas las broncas” para poner orden y para gobernar por el pueblo que ha sido burlado por todos los anteriores gobiernos

El tema central que se está debatiendo en el proceso electoral en el país, sin que se tenga plena conciencia de ello, es si avanzamos hacia el Autoritarismo o fortalecemos la Democracia. Este es el dilema electoral principal.

El Chavismo, el jaguarismo, los seguidores del Presidente, y quienes lo representan en las elecciones, anunciando su continuidad en la Guarida Presidencial del Zapote, como el principal Ministro de Estado y quizá como su principal vocero político, en caso de ganar las elecciones, eso es lo que están proponiendo: el total desmantelamiento institucional del Estado, la venta de las instituciones estatales que aún quedan, acabar con el sistema de educación público, imponer las jornadas de trabajo esclavistas de 12 horas diarias, cerrar totalmente los colegios nocturnos, aniquilar el INA en su función pública, agudizar el empobrecimiento de la gente y los trabajadores, aniquilar las instituciones públicas de salud, especialmente la CCSS y sus EBAIS, reducir el salario mínimo del país en dos terceras partes para igualarlo a las condiciones de los salarios mínimos más bajos de toda Latinoamérica, como lo ha dicho la vocera parlamentaria de los jaguares, la Chismeros; para continuar eliminando los subsidios sociales a los sectores más pobres y necesitados de ayudas sociales, eliminando lo que queda de ayudas estudiantiles, reduciendo los recursos económicos a las universidades públicas, lo que ya empezaron en el presupuesto nacional del próximo año; para cobrar por vivir en la ciudad, como ya lo están haciendo en todas partes, fijando espacios por doquier, como son los parqueos de calle, por los que hay que pagar casi las 24 horas, para encarecer más la vida de los ciudadanos y los trabajadores, para mantener congelados los salarios, las pensiones y los ingresos laborales de los trabajadores y las personas, para entregar todas las riquezas naturales del país a sectores principalmente transnacionales, a la tala indiscriminada de bosques por sus maderas o por las riqueza que hay debajo de ellas, al fortalecimiento de marinas para los negocios del narcotráfico incrustado gravemente en la alta institucionalidad nacional y sus principales dirigentes…Estos son los cantos de sirenas que sin descifrarlos correctamente engatusan a una buena parte del electorado.

Esto es lo que está en juego, más democracia o menos democracia, Democracia o Tiranía, Democracia o Dictadura, Democracia o Autoritarismo, Democracia o Autocracia, Democracia o Despotismo.

Quedan dos meses y medio para escoger el camino del futuro inmediato.

No hay peor ciego político que el que no quiere ver cómo se está desarrollando el panorama político nacional.

Compartido con SURCOS por el autor.

En la encrucijada electoral de estos días

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Mientras no haya elección no hay ganador. Este es el hecho. La encuesta que vale, que es la definitiva, es la de la votación del primer domingo de febrero.

A los efectos de la elección de diputados es contundente. Lo que allí se decida así se queda, así se integrará la Asamblea Legislativa con sus 57 diputados, que serán de varios partidos. No se puede predecir en este momento, con ninguna encuesta de la guerra que entre las que se publican, cuál podrá ser la probable integración de los diputados y cuáles serán los partidos que los elijan.

No hay condiciones objetivas ni subjetivas para determinar cuál será el partido que elija más diputados. La historia electoral del país indica que nadie ha pasado de los 33 diputados. La historia parlamentaria señala que la Asamblea es multipartidista, y que debido a las divisiones o salidas que tienen algunos partidos que eligen diputados, la Asamblea Legislativa llega a tener de hecho hasta 12 grupos parlamentarios.

Para las elecciones del 2026 visualizo que la Asamblea Legislativa no tendrá muchos partidos, pero sí será de un número muy parecido de legisladores entre ellos, sin que parezca que ninguno pase de los 20 diputados. De los partidos existentes tienen posibilidad de elegir nuevos diputados Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio. De estos el que puede aumentar es el Frente Amplio por el buen desempeño y trabajo que han realizado sus seis diputados, y por el atractivo que puede significarle el llevar a José María Villalta de nuevo a la Asamblea Legislativa. Los otros dos partidos los veo, en este momento, disminuyendo sus diputados. En caso extremo estos tres partidos podrían repartirse entre 30 y 40 diputados.

Actualmente seis partidos se distribuyen los 57 diputados, cuando participaron en las elecciones pasadas, del 2022, veinticinco partidos presidenciales y hasta 28 provinciales. Para las próximas elecciones hay cinco partidos menos, lo que permitirá concentrar mejor las decisiones para las diputaciones, pero en el tablero electoral se establecen dificultades y facilidades en las provincias que reducen sus diputados y en las que las aumentan, porque eso obliga tener más votos para elegir en una y un poco menos en otras, lo que dependerá del conocimiento que se tenga de los candidatos y de la propaganda positiva que se pueda hacer alrededor de ellos. Por ahora los tiros disparan solo a las cabezas de los candidatos presidenciales.

No hay absolutamente nada, en este momento, ni en este gobierno, que indique que el partido oficialista, el que impulsa el presidente Chaves, pueda siquiera superar el número de diputados que Liberación Nacional ha electo en los últimos tres gobiernos. La campaña política del partido de continuismo político del actual gobierno gira únicamente alrededor de su improvisada candidata presidencial.

Los diputados se eligen de forma separada y por provincias. No se tiene claro cuáles son sus candidatos. Algunos de ellos por sinvergüenzas, tienen la publicidad de ser abogados de narcotraficantes y de deber millones de colones a la Seguridad Social. Esa es su mejor carta de presentación.

El partido que llevó a Rodrigo Chaves que eligió 10 diputados, se quedó con una sola diputada, la presidenta de ese partido, que también es candidata presidencial para febrero. Su labor parlamentaria no se ha sentido. La de sus compañeros diputados, como buenas veletas, gravitaron fuera de ese partido, se adhirieron al gobierno como diputados oficiales, rodriguistas y chavistas, y ahora fernandistas, después de pasar por otras posibilidades electorales. Como conjunto estos diputados no aportan nada legislativo al partido que los eligió ni al partido que están apoyando.

La campaña para elegir diputados gira principalmente por el apoyo que al interior de las provincias puedan tener esos candidatos, apoyo que deriva de su arraigo en esas provincias, de sus vínculos con grupos de esas comunidades, con la organización partidaria que puedan tener en las distintas localidades de los diversos cantones y distritos.

El partido oficialista pareciera no tener nada. Ni siquiera inscribió, según se dice, miembros de mesa en las seis mil mesas que tendrán electores. Es claro que al no inscribir miembros de mesa no tendrán supervisores en el conteo de votos y eso les dará aliento, como ya lo está haciendo el presidente Chaves, para decir que les hicieron un fraude electoral, hacer un escándalo e invocar un llamado internacional en su favor, todo en el marco del autogolpe de estado que prepara el presidente Chaves.

Por ahora no estoy viendo nada de buen resultado para el partido oficialista en el sueño de opio que ellos tienen de llegar a sacar 38, 40 y hasta 45 diputados como lo sueñan. Tampoco en el buen resultado que sus encuestas pagadas le auguran a su candidata.

Además, en cuanto al oficialismo es claro que la gente ya está desilusionada del animal de Zapote, que solo para Circo sirve. Los públicos que voluntariamente asisten en actos políticos y celebraciones públicas, sin que les paguen sin que los lleven en autobuses y sin que les den almuerzos, lo hacen sin temor, y retan con sus oposiciones verbales al maullido más que rugido del jaguar, le gritan con todo derecho político, constitucional y ciudadano, que no sirve para gobernar, que ya están hartos de sus mentiras, sus insultos, sus faltas de respeto, sus amenazas, a las que le han perdido el miedo.

A los efectos de la elección presidencial desde que se llegó a la segunda ronda electoral en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022, la posibilidad de una segunda ronda siempre existe. En este momento la están alimentando. En general todos los sectores y analistas apuntan y apuestan a ella. Eso puede ser cierto.

El escenario de la segunda ronda lo hacen girar alrededor de la candidata del presidente como una finalista, no como la ganadora de la primera ronda de febrero. Quienes así lo plantean discuten con quien podrá ser la segunda ronda, si con Claudia o con Claudio, si con Ariel o Juan Carlos, si con Ramos o con Zamora…eso es lo de menos.

Lo esencial para el animal de Zapote es que apuesta a su candidata, que ya le ha ofrecido continuar cogobernando, y gobernando más, desde el Ministerio de la Presidencia, que en febrero cumplirá un año sin Ministro, y con un presidente que si no ha sabido llevar la riendas del Poder Ejecutivo, desde el solio presidencial, menos lo podrá llevar desde del Ministerio de la Presidencia, que tiene que lidiar con todos los actores de los sectores políticos, económicos y sociales del país con los cuales no ha podido dialogar, porque dinamitó los puentes del diálogo nacional, lo que evidenciará su tendencia autoritarista, dictatorial, tiránica, militarista, represiva, que es realmente lo que quiere establecer con su marioneta presidencial. Todo esto en el supuesto que esa candidata llegue como aspirante presidencial a la segunda ronda.

El resto del país, en este hipotético caso, tendría que hacer un gran esfuerzo político, de voluntad política, sin prejuicio alguno, de todos los partidos distantes del continuismo y del mal gobierno, para votar por quien esté en esa posición de disputa.

Si esto sucediera, en ambos partidos políticos finalistas, se establecería, a mi manera de ver, la obligación política de anunciar sus posibles ministros, su posible gabinete de gobierno. En el caso alterno frente al oficialismo por la simple razón de que se pueda apreciar la calidad de coalición fáctica que se haría hacia un Gobierno de Unidad Nacional para salir del atascadero al que Rodrigo Chaves ha llevado al país.

Para el presidente Chaves es necesario que su candidata termine de finalista en febrero, porque eso le permite continuar en la presidencia hasta el primer domingo de abril, para no tener que salir “huyendo” del país, por las acusaciones y procesos penales que le investigan, y que sin inmunidad del cargo, le pueden detener, procesar y hasta encarcelar.

En el supuesto caso de que en la segunda ronda, su candidata pierda la presidencia, me atrevo a afirmar que el presidente ya tiene todo planeado para “ausentarse del país”, con algún pretexto oficial, para no entregar él la Banda Presidencial, que en su nombre lo haga la vicepresidenta a cargo, y así poder esfumarse del país a Letonia, Portugal o algún otro país donde ya esté físicamente arraigado…o algún país donde no haya extradición firmada con Costa Rica.

Compartido con SURCOS por el autor.

Candidatos y partidos políticos

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Que haya 20 candidatos a la presidencia de la República no me preocupa. Me parece que esto es parte de la expresión democrática que existe, que permite que personas, o grupos de personas, que no sesienten representados por partidos políticos, se organicen para participar en la campaña electoral. Esto es válido.

La existencia de esta cantidad de partidos molesta a algunas personas. En la campaña electoral anterior del 2022 fueron 25 candidatos presidenciales. Su molestia se orienta negativamente a plantear la necesidad de reducir el número de candidatos, lo que es igual a reducir el número de partidos políticos. Algunas personas incluso concentran su opinión en que no debería haber más de cuatro partidos, y algunos otros destacan como en algunos países dos partidos son los dominantes del escenario electoral.

Si se siguiera el criterio de estas personas efectivamente solo habría esos 4 o 2 partidos políticos, lo que sería un tetrapartidismo o un bipartidismo.

En Costa Rica hemos tenido esa experiencia en la práctica electoral. Cuando desde 1949 hasta el 2014 el Poder Ejecutivo, la presidencia de la República, se la alternaban dos partidos, se hablaba del bipartidismo político, por el dominio que esos dos partidos tenían de la Presidencia de la República, independientemente de si en los procesos electorales participaban más de dos partidos con candidatos presidenciales, que eran los partidos Liberación Nacional y el que para este análisis llamo Unidad Social Cristiana.

En el 2014 y en el 2018 el Poder Ejecutivo lo eligió el Partido Acción Ciudadana. Con este partido se le dio una estocada de muerte al tradicional bipartidismo presidencial. Se rompió la tradición, se superó ese monopolio que esos dos partidos tenían. Pasamos del bipartidismo presidencial al tripartidismo presidencialista. Esto se vivió como un fortalecimiento de la democracia nacional. Muchos electores igualmente se alegraron de ese triunfo continuo de dos gobiernos sobre el bipartidismo tradicional. Lamentablemente para el partido Acción Ciudadana su gestión presidencial de dos gobiernos, pero especialmente el segundo, fue pésimamente percibida y asimilada por el electorado, que ni siquiera le favoreció con la elección de un diputado.

En la elección nacional del 2022, sorpresivamente otro partido, de cortísimo tiempo de existencia, el partido Progreso Social Democrático, se impuso a esos tres partidos políticos que habían gobernado el país desde 1949 hasta el 2022. Con ello avanzamos al tetrapartidismo presidencial, cuando cuatro partidos políticos han llevado a la Presidencia de la República a sus candidatos. Eso es lo que hemos tenido, independientemente de si en esos procesos electorales llegan a participar hasta 25 partidos políticos con sus respectivos candidatos.

La práctica de la vida democrática y electoral, del sistema político costarricense ha hecho que los votantes se inclinen con sus votos de esa manera.

En el 2022, de nuevo se derrotó al bipartidismo tradicional, ya fuera de Poder Ejecutivo desde el 2014 y al tripartidismo político que había emergido en el 2014.

Hacia las elecciones de febrero del 2026 en el escenario electoral esos cuatro partidos están disputando la presidencia con otros 16 partidos políticos. Pero, esos cuatro partidos están siendo retados por un nuevo partido político, Pueblo Soberano.

Hoy son más frágiles y volátiles los electores, más emocionales, más irracionales para hacer esa decisión de sufragio. Ya no atienden a los partidos políticos, como organizaciones político-electorales, les importa poco sus programas electorales de gobierno, son indisciplinados partidarios, son seguidores de personas más que de partidos como organizaciones con disciplinas partidarias, son gente desorganizada pero movilizada agresiva y emocionalmente fanatizada en la identificación que tiene con su líder, con quien les ha enamorado. Más se llevan por la imagen, por las frases huecas, vacías, altisonantes, de insultos, de agresiones verbales contra opositores, de comportamientos pachuquezcos, de matonismo, de gritos, de frases irrespetuosas, de poca elaboración intelectual que tocan las fibras hepáticas de los resentidos sociales, excluidos y marginados de los beneficios sociales nacionales y de las políticas de acciones gubernativas, generalmente de sectores desclasados, lumpescos de diversos grupos sociales, pero especialmente de bajos estratos urbanos y rurales, oprimidos social y económicamente y los auto oprimidos ideológica y mentalmente identificados con el que consideran el principal líder, a modo de un nuevo mesías, un salvador, que no pudiendo reelegirse impulsa a sus seguidores a apoyar a su candidata presidencial de esa nueva organización, Pueblo Soberano, que se presenta como la continuadora del presidente, no del partido que lo eligió en el 2022, sino de un nuevo partido que procurará borrar del escenario electoral a todos los otros partidos políticos, a sus candidatos y a todo lo que ellos representan como lo peor que ha dado la sociedad costarricense. Así se está perfilando obligadamente el proceso electoral.

Estamos a las puertas de avanzar hacia el pentapartidismo, cuando otro nuevo partido, un quinto partido, llegue a gobernar el país.

De los anteriores partidos que han gobernado el país, Liberación Nacional es el que más está reluciendo. La coalición del Partido Acción Ciudadana con Agenda Democrática Nacional, bajo el nombre de Coalición Agenda Ciudadana, ha logrado incrustarse en los más llamativos, con la dificultad que tiene su candidata de no distinguirse con claridad de las malas obras y acciones de gobierno que hiciera el presidente Carlos Alvarado, en su gobierno del 2018-2022, ni de distinguirse de ese gobierno señalando como rectificar lo que se le cuestiona al presidente Alvarado, lo que da la sensación de que es otra continuación política, como los es Pueblo Soberano del actual gobernante.

En este sentido el que más sobresale, sobre ellos, es el candidato de Esperanza Nacional, Claudio Alpízar, que se presenta más fresco. La Unidad Social Cristiana pareciera que se desinfló presidencialmente, quedándose sin hoja de ruta y sin brújula.

El partido Progreso Social Democrático no está jugando en la presidencial, aunque tenga a su fundadora como la candidata presidencial.

Con este escenario, ¿por qué tenerles miedo a muchos partidos? La verdad es que el proceso se va concentrando poco a poco en ocho partidos llamativos, Liberación Nacional, Pueblo Soberano, Esperanza Nacional, Unidad Social Cristiana, Coalición Agenda Ciudadana, el Frente Amplio que tiene una buena fracción parlamentaria, seguidos de Unidos Podemos y Nueva República.

En todo este embrollo para las elecciones de febrero vamos con 20 partidos nacionales, con sus candidatos presidenciales y un grupo parecido de partidos con aspirantes a diputados. No se puede eliminar ni impedir la participación de los que han cumplido con los requisitos formales de inscripción.

Los que claman por eliminar y reducir partidos en cierta forma claman por recuperar la vieja estructura bipartidista del pasado para que de esa forma se definan los procesos electorales, con dos principales partidos, considerando a toda la población costarricense dividida en dos grandes grupos electorales.

A nivel parlamentario en el escenario producen escalofríos algunos de los posibles candidatos que pueden llegar a la Asamblea Legislativa: deudores de la Caja Costarricense del Seguro Social, demandados judicialmente en el campo penal, cuestionados moral y profesionalmente, ¡cuidado, que algunos de ellos pueden hasta estar vinculados a las organizaciones narcocriminales y del tráfico de drogas!, como ya los han señalado.

Compartido con SURCOS por el autor.

El antejuicio presidencial

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El pasado lunes se puso a prueba la democracia costarricense. Se puso a prueba la institucionalidad democrática. Se puso a prueba el Estado de Derecho, con su independencia de los Poderes Públicos, afirmando la exclusividad, la especificidad y la indelegabilidad de sus funciones.

Lo sucedido en la Asamblea Legislativa fue un triunfo de la Democracia Política nacional, independientemente de cómo se aprecien los resultados de la sesión parlamentaria.

El sistema democrático tiene un escudo protector sobre sus principales funcionarios públicos, los que ocupan la mayor jerarquía constitucional de la estructura de los poderes, el presidente, los vicepresidentes, los ministros, de los ministerios oficialmente establecidos por ley, los diputados, todos los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones y algunos pocos más funcionarios del Estado.

Se les protege, en lo que se llama inmunidad, contra la detención o procesamiento judicial en la vía penal, salvo que se les capture en flagrante delito. Si así fuere, se puede ordenar su detención inmediata, pero comunicando inmediatamente a la Asamblea Legislativa y a la Corte Supremo.

El propósito de esta inmunidad es asegurar que puedan ejercer su función y desempeño institucional libremente, sin temor a persecución política arbitraria, o de ser sometidos a cascadas de denuncias sin fundamento, para poder garantizar así la independencia y el funcionamiento, trabajo y desempeño de estos altos funcionarios, que impida a la vez paralizar u obstruir el funcionamiento de uno de esos poderes de la República, o que distraiga la atención de estos funcionarios de sus principales obligaciones, trabajos y desempeños.

La inmunidad de que gozan, por privilegio así establecido, no exime a estos funcionarios de su responsabilidad. Lo único que hace es retrasar, postergar procesos judiciales en su contra hasta tanto pierdan esa inmunidad que gozan, o hasta que, en nuestro caso, la Asamblea Legislativa lo autorice, en lo que se resulta un levantamiento de la inmunidad o desafuero, que es el acto por el cual se elimina la restricción procesal que impide que ese alto funcionario pueda ser juzgado como cualquier ciudadano.

La inmunidad asegura que los representantes del pueblo, electos popularmente, puedan ejercer sus funciones sin temor a ser víctimas de represalias y, así, mantener el vínculo entre ellos y los ciudadanos que los eligieron. Así se garantiza la representación popular. Igualmente, evita que los poderes públicos puedan utilizarse para accionar procesos penales que conduzcan a intimidar, presionar o alterar decisiones, incluso alterar el equilibrio de poderes. Con la inmunidad se garantiza también la independencia de los poderes públicos.

Lo que se discutía en el fondo de la sesión de parlamentaria del lunes era la inmunidad, no la inviolabilidad del funcionario presidente. La inmunidad para que no pudiera ser detenido ni enjuiciado penalmente mientras permanezca en su puesto. La inviolabilidad no se alteraba porque no se trataba de su libertad de pensamiento y opinión dentro del ejercicio de su cargo, como lo hace en su estilo todos los miércoles.

Así las cosas, para procesar penalmente al presidente la Asamblea Legislativa es la que debe levantar la inmunidad que le protege.

El procedimiento seguido para levantar la inmunidad, en este caso del presidente, pasa por el envío, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de un expediente que contiene la información necesaria y suficiente, para que lo diputados la evalúen y decidan si levantan o no esa inmunidad. Para ello, cuando reciben la información se nombra del seno de los diputados una Comisión evaluadora de esos documentos, los analiza y rinde un informe al pleno de los diputados, quienes en votación razonada deciden si levantan o no la inmunidad. Esto es lo que se llama un antejuicio legislativo, que no se pronuncia sobre el fondo, tan solo da o no el visto bueno para que la causa penal que se persigue pueda realizarse inmediatamente, o se posterga para cuando el funcionario pierda su inmunidad. El antejuicio así se convierte en un procedimiento penal especial establecido para proteger a los altos funcionarios públicos, de acusaciones infundadas o temerarias que puedan perturbar el ejercicio de sus funciones. Es una antesala procesal, a nivel parlamentario, del proceso judicial donde finalmente el funcionario cuestionado tendrá que enfrentar su cuestionamiento.

El antejuicio parlamentario no es un juicio político. Juicio político pueden hacer los diputados todos los días de 3 a 4 p.m., en la hora que llaman control político, que es lo que menos hacen. Los parlamentos han desarrollado este control político sobre el poder, especialmente Ejecutivo, y sobre todos los funcionarios de los poderes públicos, que juzguen someter a esa evaluación política. Es la actividad orientada a controlar el ejercicio de la Administración Pública.

El antejuicio parlamentario no es una censura, lo cual también puede hacer la Asamblea Legislativa, sin que en Costa Rica tenga mayores consecuencias. Es como un canto a La Luna. En otros países la censura puede significar la pérdida de confianza en el funcionario y puede obligar a su dimisión o renuncia, que en los sistemas parlamentarios también conduce al cambio completo del Consejo de Ministros, o del Gabinete Ministerial.

El lunes no se enjuició ni censuró al presidente. Tan solo se dispuso no someterlo por ahora a ningún proceso penal, que se le seguirá, de conformidad a su expediente, en el momento en que no esté cubierto por la inmunidad o prerrogativa que le protege por su cargo, en esta causa que conoció la Asamblea Legislativa.

El lunes, en este sentido ganó el régimen republicano, la democracia política costarricense, el sistema de pesos y contrapesos políticos, la independencia de los poderes públicos, la libertad de opinión de los legisladores respecto a la valoración de los documentos que les fueron presentados. Los diputados era natural que estuvieran fragmentados en torno a esta evaluación documental, a favor, en contra o con dudas.

El presidente no salió ganando nada. Lo que ganó fue atrasar su juicio, pero no lo canceló, no se agotó. Si la Asamblea hubiera levantado su inmunidad, su juicio se hubiera trasladado a la vía ordinaria, como la de cualquier ciudadano, y allí podría haber durado muchos meses en su trámite, y finalización de juicio.

El trámite legislativo que esta causa tuvo si se politizó, desde dentro y desde fuera de la Asamblea Legislativa, entre los que querían que le levantara la inmunidad y los que se oponían, casi condenándolo de previo.

Eso puso en evidencia la fragilidad, la debilidad hoy de los partidos políticos, la volatilidad o inestabilidad de diputados. Los partidos políticos hace mucho tiempo se desdibujaron como organizaciones sólidas, poderosas, de pensamiento, de acción compartida. Sus estructuras dirigentes se debilitaron perdiendo toda capacidad de cohesión alrededor de sus comités políticos superiores, de sus dirigentes políticos, históricos, nacionales. Los partidos políticos dejaron de formar a sus partidarios y a sus militantes principales en valores, doctrinas y principios de esos partidos. Los partidos dejaron de ser opciones programáticas hacia el país y dejaron de ser alternativas de desarrollo nacional institucional y democrático.

Los partidos se han montado en ejes del desarrollo impuesto por estructuras y organismos internacionales que poco tienen que ver con los valores sustantivos de la nacionalidad y del ser costarricense. Los organismos internaciones ponen las agendas de gobiernos y obligan a que se les sigan. De allí que altos ejecutivos de esos organismos, en gobiernos, operan como si trabajaran de cola de esos organismos.

Los partidos políticos dejaron de dirigir a sus diputados hace mucho tiempo. Los soltaron y se soltaron. Los diputados de los partidos, como fracciones, asemejan la cola del perro gobernando al perro, sustituyeron a los comités políticos nacionales y a sus dirigentes. Los partidos políticos, como organizaciones, no se sienten en el interior de la Asamblea Legislativa, no emiten pronunciamientos sobre el quehacer parlamentario o nacional.

El lunes pasado como partidos coherentes, sólidos, actuaron en la Asamblea Legislativa el Frente Amplio, Nueva República y Liberación Nacional y la fracción de Pilar Cisneros, la fracción realmente de gobierno identificada plenamente con el presidente Chaves. Liberación Nacional tuvo una disidente en su votación. El Partido Liberación Nacional y su candidato a la presidencia Álvaro Ramos habían solicitado a sus diputados votar a favor del levantar la inmunidad. Hicieron un buen trabajo. Otro grupo de diputados compacto fue el de los llamados independientes, que se han salido de sus partidos. El partido Unidad Social Cristiana hizo un esfuerzo importante como partido, con su candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo, como líder superior hacia la campaña electoral actuó correctamente, acompañado de su Asamblea Nacional partidaria, que no fue suficiente, habida cuenta que 5 de sus 9 diputados se enfrentaron a ellos. A mi modo de ver, Juan Carlos Hidalgo y la Asamblea Nacional de ese partido salieron ganando hacia la campaña electoral, mostrando compactación, cohesión, unidad. Los diputados van de salida.

En el trabajo político partidario con los diputados de la Unidad Social Cristiana se evidenció la poca educación, cultura, identificación y disciplina partidaria. Recuerdo dos situaciones, ajenas a nuestro medio político, de lo que son los principios. Un dirigente político, parlamentario español, en una ocasión sometido a una votación difícil. Su partido había dispuesto votar de una manera, que él no compartía. A la hora de la votación hizo una intervención haciendo la defensa de sus tesis, señalando que, a pesar de sus argumentos, votaba como había dispuesto su partido. Un alto Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, igualmente, una vez votó jurídicamente una tesis en conciencia que él no estaba de acuerdo, pero que jurídicamente había que votarla de esa manera.

El elemento alucinante del día lunes fue el anuncio de Laura Fernández advirtiendo que si gana la presidencia su ministro de la Presidencia será Rodrigo Chaves Robles. Esta fue la cereza del pastel del lunes. Si así fuera, Rodrigo Chaves prorrogaría su inmunidad, su fuero privilegiado, “de tico con corona, con privilegio”, como le gusta llamar a algunos ciudadanos. Eso lo sabremos en dos instancias. El primer domingo de febrero, si Laura gana o pasa a la segunda vuelta; y, en caso de que haya una segunda ronda electoral el primer domingo de abril. Si no gana ni pasa a la segunda ronda, hasta allí llega Rodrigo Chaves para ser perseguido judicialmente y, eventualmente enjuiciado. Mientras no haya elecciones no hay ganador. El lunes lo que hubo fue un simple trámite procesal penal.

¿Aun así, Rodrigo Chaves podría escaparse de la justicia? Sí. Si Laura pierde Rodrigo Chaves no se queda en Costa Rica. Sale en carrera, huyendo…con la cola del jaguar entre las piernas.

En 1948, a mediados de abril, terminada la Guerra Civil y en trámite las conversaciones de la Embajada de México, para entregarle al Gobierno a Otilio Ulate, que se lo dejó don José Figueres, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, ya se había ido para Nicaragua, para evitar represalias y eventual apresamiento. El Lic. Teodoro Picado, presidente pidió permiso de salida del país, hacia Nicaragua, dejando la presidencia en el Primer Designado, Ing. Santos León Herrera, quien entregó el poder, al terminar el período presidencial, el 8 de mayo de 1948, no a Ulate, sino a José Figueres Ferrer. ¿El 8 de mayo del 2026, quien entregará el Gobierno, el presidente Rodrigo Chaves Robles o su vicepresidenta Mary Munive Angermüller?

Compartido con SURCOS por el autor.

Se esfuma la idea de los 40 diputados y Chaves sigue a la baja en el «Wall Street» tico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El apoyo al Chaves sigue cuesta abajo. En menos de un año, bajó del 63 % al 52 %, pese a su intensa «campaña electoral» con fondos públicos. Y mientras eso sucede, no encuentra la manera de trasladarle ese remanente, a la candidata chavista. Resulta que a doña Laura Fernández, no la apoya el 88 % del electorado, consecuencia de que, de cada 4 chavistas con el presidente, solo UNO la respalda. ¡Y eso que no ha empezado a hablar!

Cuando 8 de cada 10 costarricenses no tiene partido político, y solo Álvaro Ramos (6 %) y Ariel Robles (5 %) aparecen tímidamente, no hay presunto ganador de previo al inicio oficial de una campaña, donde nadie es el presunto ganador.

Y es que la confusión es tal, que incluso hay chavistas «básicos», que al no saber ni donde están parados, dicen estar dispuestos a votar por el presidente ( ? ). ¡Ve vos!

Asimismo, la contradicción parece increíble, pues mientras más de la mitad «respalda» al Chaves y dice que «su gobierno merece» seguir, un elevado 75 %, que incluye a esos mismos, expresa que «el gobierno tuvo tiempo de hacer cosas y no las hizo«!

Mientras, por otro lado, un 62 % dice preferir otro partido en el poder. Es decir, ¡Como que sí y como que no, al derecho y al revés!

Otra vez, la lectura del estudio del CIEP-UCR enciende las luces.

Hacer política en un mundo en crisis

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Arnoldo Mora

Como es lo habitual en el calendario político de nuestro país, este año, el último del gobierno de turno, tiene como protagonista a los partidos que buscarán el poder en las próximas elecciones, a celebrarse el primer domingo de febrero del 2026. El año se divide en dos: en la primera parte los partidos se vuelcan hacia dentro; es la época de elegir a sus candidatos, tanto en la fórmula presidencial, como en las papeletas provinciales para confeccionar la lista de candidatos a diputados. Lo novedoso en este año es que vivimos algo inusitado en nuestra institucionalidad democrática; cuando todo parecía sólido en las instituciones y claro en la razón de ser de lo que entendemos por “democracia”, los cimientos de la misma se ven sacudidos por la actitud asumida por el partido gobernante y, en especial, por las poses y medidas que un día sí y otro también, han caracterizado al presidente y su séquito. Este gobierno no tiene paragón en nuestra historia política…y no para bien. Todo lo contrario, muchos ciudadanos sentimos que este gobierno constituye una amenaza para nuestra institucionalidad democrática. Pero lo más grave es que el país está dividido como nunca desde la Guerra Civil de 1948. A pesar de lo insólito – o, quizás, precisamente por eso – de esta actitud del gobierno, cerca de la mitad de la población apoya al presidente como persona, aunque esto no significa que apoye o apruebe a sus altos funcionarios y a los diputados de la fracción oficialista. En cuanto a sus oponentes, tanto de los partidos que lo adversan como de amplios sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación, la mayor parte de las críticas se dirigen en contra de la persona misma del presidente; es tan frecuente esta actitud, que da la impresión de que todos los ataques y amenazas que sufre nuestra institucionalidad democrática, deban ser asociados a lacras atribuibles a la persona misma del gobernante. Si bien es cierto que hay mucho en ello de verdad, dado que Rodrigo Chaves es un improvisado, que ha demostrado adolecer de una ineptitud supina para ejercer tan altas funciones, esto no obstante considero que hay un error de apreciación en esta afirmación, no porque sea falsa en sí, sino porque no ahonda en las causas de esta insólita y grave crisis que sufre nuestra vida republicana. Estas críticas serían totalmente válidas si no fuera porque el presidente, ya al terminar su período constitucional como gobernante, sigue gozando de una popularidad digna de mejor causa.

Por eso considero que los motivos para que en nuestra tradicional vida democrática haya surgido un fenómeno de esta naturaleza tiene causas, no sólo coyunturales propias de nuestro país, sino también – y esto es lo más grave- estructurales que van más allá de la manera de ser y pensar de los individuos que son los protagonistas de los eventos que hoy nos (pre)ocupan. Y cuando hablo de causas “estructurales” no me refiero sólo a la institucionalidad democrática de nuestro país, sino a lo que está pasando en el mundo entero, no tanto por la carencia de líderes o estadistas que estén a la altura de los retos del momento histórico actual, sino porque quienes tienen un papel protagónico en la escena política mundial, constituyen un retroceso, no son parte de la solución sino parte – y muy grave – del problema. No pocos de los líderes mundiales hoy son figuras espernibles, tanto por su trayectoria pública como por su vida privada. Me refiero a personajes como Trump que, por gobernar un país que ha sido el líder del mundo después de la II Guerra Mundial a pesar de que hoy acusa síntomas de una decadencia irrecuperable tanto dentro como fuera del país, sin embargo parece servir de modelo a sujetos detestables, tales como el genocida Benjamín Netanyahu en Oriente Medio, o Milei, Bolsonaro y Bukele en Nuestra América. La misma Europa gira peligrosamente hacia la extrema derecha; el fantasma de Hitler recorre no pocos pasillos del mundo político europeo. Es el mundo entero el que está en crisis, ya no sólo política sino de valores, lo que algunos llaman “crisis civilizatoria”. Occidente pierde la hegemonía que por siglos había mantenido sin rivales.

Nuestro pequeño país, situado en una zona geopolítica estratégica como es la Cuenca del Caribe, no podía permanecer al margen de un preocupante fenómeno de esta magnitud, tanto más cuanto que es la existencia misma de la especie la que está en juego. Frente a un desafío de esta magnitud, debe ser nuestro primer y principal deber cívico preguntarnos qué debemos hacer para asumirlo con posibilidades de éxito. Considero que lo que nuestro país está padeciendo como crisis afecta al concepto mismo de “democracia”, entendiendo por tal, no sólo la tradicional definición de un sistema político que expresa la voluntad popular. Democracia es el pueblo gobernándose a sí mismo y asumiendo libremente su destino como nación. Tal definición remonta a los lejanos tiempos de la Atenas de Pericles, cuna de la democracia; para los ciudadanos libres – que no pasaban de una quinta parte de la población – el “demos” (masa de los ciudadanos) ejercita el poder para construir la “polis” (sociedad racionalmente organizada) gracias a que se rige por la ley (“nomos”), que se inspira en el orden de la Naturaleza (“fysis”) que rige la armonía del Cosmos. Las revoluciones se dan cuando el incontenible dinamismo de las fuerzas sociales sobrepasa a las estructuras de poder. Es lo que hoy sucede en el ámbito mundial. Con la emergencia incontenible de China, es la humanidad la que se convierte en sujeto de la historia.

Pero volviendo a nuestro terruño, esta crisis mundial se ve reflejada en la crisis de nuestra tradicional institucionalidad democrática. Lo que entendemos los costarricenses por “democracia” nació como fruto de los procesos políticos de la Costa Rica del siglo XIX, cuya función histórica era la de forjar el Estado Nación. Logrado este objetivo, cuya culminación fue la constitución política de Guardia (1871) basada en principios liberales, se dan los eventos de Octubre 1889, que pone fin a los gobiernos autoritarios de la década y dan a luz una nueva concepción de democracia, aquella que se rige por los partidos políticos. La primera mitad del siglo XX tendrá como partido hegemónico al Republicano, cuyo mayor logro fue la creación del Estado de derecho, que nos evitará caer en las dictaduras que ensangrentaron nuestro vecindario. En la década de los 40s vendrá la “alianza inverosímil”, compuesta por el gobierno del republicano Dr. Calderón Guardia, la Iglesia de Monseñor Sanabria y el Partido Comunista de Manuel Mora, quienes crearon el Estado social, ensombrecida por la lucha de clases a partir de las elecciones de 1944, todo lo cual culminó en la Guerra Civil (1948); consecuencia de la cual nuestra vida política será hegemonizada por el Partido Liberación, cuya función era la de modernizar las estructuras del Estado según una concepción socialdemócrata ideada por Rodrigo Facio y ejecutada por José Figueres Ferrer. Este modelo político se verá cuestionado por la imposición imperial de “planes de ajuste” de tinte neoliberal a partir de 1985. Como reacción, en la segunda década de este siglo surgen en Nuestra América nuevos liderazgos, encabezados por las potencias regionales: el Brasil de Lula en América del Sur y el México de López Obrador-Claudia Sheinbaum en Mesoamérica.

Dentro de este nuevo contexto, Costa Rica debe repensar su tradición democrática. En este momento, su meta estratégica es defender y profundizar su mayor logro histórico: la creación del Estado social de derecho, en política doméstica y en policía exterior impulsar una diplomacia en pro de la paz basada en el respeto al derecho internacional, promoviendo los derechos humanos y en defensa de la causa ecológica. Para lograr esas metas, debemos dar prioridad a un sistema de educación pública de calidad en todos los niveles, como lo hicieron nuestros liberales con la reforma de Mauro Fernández (1886) en la educación básica, y Rodrigo Facio en la educación universitaria (Reforma de la Universidad en 1957). A este propósito hay que enfatizar que la mayor debilidad de nuestra educación pública se da en la secundaria; la solución está en formar profesores del más alto nivel profesional y ético; para ello el Ministerio de Educación debe comenzar por coordinar programas y cursos de emergencia, sobre todo en matemáticas, castellano e inglés, con las facultades de educación de las universidades públicas. La salud y la seguridad ciudadana combatiendo el narcotráfico y organizando a las comunidades, son los otros rubros que se deben promover como prioridad en los programas de gobierno que deben proponer los partidos en la campaña electoral que se avecina. Para ello se requiere de un Estado fuerte, transparente y eficiente, sometido al escrutinio permanente de una opinión pública bien informada. Los recursos del Estado se lograrán acabando con la evasión y elusión de impuestos.

Para terminar, deseo enfatizar que sería un error que, en esta campaña los partidos se enfrasquen en ataques y querellas entre ellos recurriendo a un lenguaje procaz. El mayor enemigo que enfrentamos, cualesquiera que sean nuestras preferencias electorales, no son los partidos rivales, sino el creciente abstencionismo, lo mismo que las fuentes de financiación de los partidos. Los inmensos recursos económicos que los partidos invierten en las campañas electorales, se dilapidan no en confrontaciones ideológicas inspiradas en nuestros mejores valores cívicos, sino en un “marketing”, donde se promueven a las figuras de los candidatos más que a los programas de gobierno. Por eso es indispensable que el Tribunal Supremo de Elecciones sea muy severo en el control de las fuentes de financiamiento de los partidos. Combatir la antidemocrática tendencia de quienes recurren a cualquier forma de financiamiento para satisfacer sus ambiciones políticas y controlar severamente las fuentes de donde viene el dinero que emplean los partidos para financiar su propaganda, es fundamental para preservar nuestra paz política y social y consolidar nuestra institucionalidad democrática. Tal es la función cívica por excelencia de la campaña que se avecina.