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Etiqueta: partidos políticos

Los tufos y perfumes de las encuestas

Vladimir de la Cruz

El ambiente electoral tienden a caldearlo, un poco, con las diferentes encuestas que se vienen publicando que retratan partidos políticos, y a sus principales dirigentes, especialmente a aquellos que han venido sonando como posibles precandidatos presidenciales, como reconocidos dirigentes de sus partidos o de la vida nacional. También retratan a los funcionarios del Poder Ejecutivo, al Presidente y sus Ministros, como a veces a otros funcionarios de las Instituciones públicas y Poderes del Estado.

Las encuestas técnicamente son un rico instrumento de medición de comportamientos individuales, en un momento determinado, del momento o día cuando se hacen las encuestas, las que a veces se llevan a cabo en días diferentes y también en días distanciados unos de otros. Tan solo son eso, un retrato de un momento, como son las fotografías.

Las encuestas son perversas en la manipulación que se puede hacer de ellas, por el tipo de pregunta que se hace al entrevistado o encuestado. Así por ejemplo, si existen 10 partidos y solo se pregunta sobre cuatro de ellos o, si hay 20 precandidatos y solo se pregunta sobre unos cuantos.

Las encuestas también se pagan, en lo que puede interesar a quienes contratan a las casas encuestadoras para realizarlas. Quien paga tiene derecho a establecer las preguntas y a conocer sus resultados. Dependiendo como se haga una pregunta así puede haber un resultado. Esto vale hasta para asuntos judiciales.

En este caso, el de las encuestas, solo el que paga conoce el resultado de lo preguntado. Así las casas encuestadoras hacen un tren, un conjunto de vagones, con diferentes temas cada uno a preguntar, y de la misma manera se “venden”. De este modo, en el caso de partidos políticos pequeños y de precandidatos, o ya candidatos, con menos recursos menos acceso tienen a toda la encuesta.

Hay partidos y candidatos, que por sus capacidades económicas tienen a su servicio exclusivo una casa encuestadora permanente, y llevan el pulso, técnicamente al día, del movimiento partidario, del candidato y de los temas sensibles de la población como de la agenda nacional, para saber como opinar o para dirigir mensajes. Los gobiernos generalmente tienen este seguimiento diario desde una Oficina que les realiza este trabajo, evaluando al Presidente, sus Ministros, los dirigentes de las instituciones públicas y de los poderes de Estado, así como a dirigentes de la oposición política, comentaristas, analistas y críticos de la situación del país, llevándole el pulso a esas críticas que se hacen a la gestión gubernativa, a las políticas públicas y a los pronunciamientos de los funcionarios públicos, y al impacto que tienen en la población, o en los sectores que se quieren evaluar y conocer.

Una encuesta mata a otra encuesta, dice el refrán técnico. En la guerra de encuestas, cuando los partidos políticos tienen sus propias casas encuestadoras, porque las contratan de manera exclusiva, se desata una guerra de desinformación de resultados, de manera que si se favorece en una encuesta a un candidato otra encuesta opuesta lo puede desfavorecer. Las encuestas son también armas y así se pueden usar en campañas electorales, sobre todo cuando los candidatos y partidos políticos “se venden” como “productos” de consumo y de alto consumo. Desde 1958, en Estados Unidos, desarrollaron las encuestas políticas, de candidatos y de campañas electorales, al estilo de venta de productos en una sociedad de consumo. Un libro en esa época, “Cómo se vende un Presidente”, hecho por uno de los asesores de Richard Nixon, es muy ilustrativo de la nueva época que se iniciaba en ese sentido, como hoy pueden ser las armas de las nuevas perspectivas electrónicas, como los tweets muy desarrollados por Trump, y otros candidatos presidenciales, y Presidentes en ejercicio, para la comunicación de sus mensajes.

En las campañas políticas, cuando se han abierto los bancos nacionales y privados para facilitar créditos a los partidos, para financiar sus campañas electorales, estas instituciones se guían justamente por las encuestas que se orientan a proyectar posibles resultados electorales, con lo cual, de esa manera, solo “prestan” dinero, “dan” créditos o “adquieren” bonos de la deuda electoral, que emiten los partidos, a los que puntean en esas encuestas y por ello aseguran que con su posible resultado puedan recuperar los dineros girados a los partidos políticos.

El financiamiento público para los partidos políticos, en sus campañas electorales, es igualmente manejado, de manera perversa para solo asegurar a aquellos partidos que sacan más de un 4% de votos, o que eligen un diputado. Así ha funcionado siempre, con lo cual solo se favorece a menos del 10% de los partidos que participan, y estableciendo mecanismos para asegurar, en una época al bipartidismo dominante, y desde 1998 hasta hoy a un poco más de esos partidos del bipartidismo, siempre y cuando cumplan con esos resultados. Cada ciudadano que vota no vale igual para el Tribunal Supremo de Elecciones, respecto al costo por voto de lo que vale cada ciudadano.

Uno de los elementos que se atiza constantemente hoy, o en estos tiempos, es valorar el porcentaje de las personas que no tienen partido político, que no están definidas respecto a candidatos, con referencia también a la actitud que tienen frente a la Política, los Partidos Políticos, los candidatos presidenciales, o las elecciones mismas. En esta época, en estos meses, cuando aún no se ha definido en todos los partidos políticos los candidatos oficiales, que entrarán a la contienda es natural que haya altos índices de indiferencia electoral y a las opciones electorales, como partidos y como candidatos. El desánimo de las encuestas que puede rondar el 70% en promedio es técnicamente igual al mismo porcentaje de hace cuatro años o de hace ocho años, o de otros períodos electorales similares. Lo que se mide hoy no es lo que va a resultar cuando ya estén todos los partidos y candidatos jugando. Allí empezará de nuevo a jugar la rueda de la fortuna de las encuestas.

Si consideramos que el abstencionismo nacional, en promedio, desde 1953 hasta el 2018 ha sido de un 24%, y que desde el 2002 hasta el 2018 ha girado entre el 31% y el 34%, bajando en la segunda ronda del 2018 al 31%, ese es el abstencionismo histórico, que puede moverse muy poco hacia arriba, como ha sucedido. Los que se asustan, desaniman o sorprenden, con las encuestas que se están publicando deben tener esta referencia del abstencionismo histórico, no el momentáneo actual ante un panorama que todavía no muestra todos los partidos ni a todos los candidatos. Aún hay partidos en procedo de inscripción. Aún no se han desconfigurado las posibilidades de coaliciones, ni de candidatas femeninas, que podrían hacer algo de bulla.

Tengo la sensación, sin embargo, que en la próxima campaña puede reducirse ese abstencionismo por los candidatos que hoy suenan como principales en la disputa, y por el esfuerzo que harán todos los partidos por sacar del Gobierno, y evitar un tercer gobierno continuo del Partido Acción Ciudadana. Igualmente, tengo la sensación, de que en la próxima Asamblea Legislativa habrá fracciones de partidos más fuertes y con más diputados de los que ahora tienen, sin perjuicio de que partidos pequeños sigan representados.

Así los tufos de las actuales encuestas ahorita empiezan a aromarse, a perfumarse. Es tan solo un problema de esperar algunas semanas para ver partidos y candidatos debidamente perfumados en las encuestas y en los índices de opinión, hasta con la nota olfativa oriental de Pachuli, que como aceite tiene bondades medicinales aptas para cualquier campaña política, es antiséptico, desinfectante, antiinflamatorio, cicatrizante, regenerador celular, diurético, afrodisíaco, antidepresivo, sedante para el sistema nervioso… todo lo que necesitan los candidatos y también muchos electores por la forma como se va a llevar esta campaña que viene.

Hacia la elección del Presidente y la Asamblea Legislativa para la Costa Rica del Bicentenario… de los próximos 30 años

Vladimir de la Cruz

La realización de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional ha sido lo más importante para ese Partido, y en cierta forma para los demás partidos, que están con procesos de convocatoria de Convención, abierta o cerrada, sobre todo porque no aplazó ni postergó la Convención fechada para los primeros días de junio. Liberación Nacional está marcando la cancha y obligando a andar detrás de ellos.

Esta es una prueba de fortaleza de ese Partido que le permitirá evaluar sus fortalezas y debilidades organizativas, de este proceso, que mínimamente movilizará a los 20.000 candidatos que aspiran a distintos puestos de la estructura política verde y blanco. Y, que movilizará, por lo menos, 60.000 personas contando dos más por cada candidato que hay a elegir.

Por electos esos candidatos sabrán también las debilidades regionales, considerando que la Convención es nacional, en todo el país, con casi mil puestos de votación, y empezarán a afilar machetes hacia la campaña electoral, a potenciar la organización partidaria alrededor de los candidatos electos y, especialmente, a prepararse para la Asamblea Nacional que deberá ratificar al candidato presidencial y también escogerá los candidatos a diputados.

El reto más importante del resultado de la Convención es mantener en la línea partidaria a los otros candidatos, a saber, negociar con los que no queden electos sus posibilidades políticas dentro de la campaña electoral, considerando igualmente, en proporción a los resultados, sus intereses y aspiraciones partidarias. Si Liberación Nacional quiere ganar las elecciones debe integrar, y amarrar sólidamente, a todos los restantes candidatos en el carro presidencial. Al menos ya están bien consolidados los que se adhirieron a José María Figueres.

La próxima campaña, para todos los partidos, pero especialmente para Liberación Nacional, Acción Ciudadana y la Unidad Social Cristiana, que han sido partidos gobernantes, es ganar en la primera vuelta. Una segunda vuelta, dependiendo de los finalistas, puede llegar a ser más tensa que la segunda vuelta del 2018.

La verdad, para mí, es que, en estos partidos, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, en cierta forma las cartas ya están echadas. No hay mucho margen para jugadas políticas sorpresivas, ni para que los precandidatos levanten más de lo que ya tienen.

En estos partidos quedan las candidaturas de diputados. En Liberación Nacional entiendo que los definirá, como corresponde, la Asambleas Nacional, que le dará más atención a la calidad política de los diputados y les permitirá escudriñar mejor sus candidatos de manera que no les aparezca otro Viales. Hay partidos que no aguantan mucho este tipo de escándalos. Y hay escándalos que provocan manchas casi indelebles.

En mi opinión la Asamblea Nacional deben realizarla cuanto antes le sea posible. No tiene por qué ser convocada en la víspera del cierre de inscripciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones de las candidaturas, porque esto también les da ventaja sobre los otros partidos políticos, especialmente sobre los que han postergado sus procesos convencionales internos, mostrando más debilidad organizativa que atención a las medidas precautorias frente al COVID.

En la Unidad Social Cristiana más dependen de las Asambleas Provinciales. Los candidatos que piensan que deben ocupar los primeros lugares tienen que presionar rápidamente para la realización de ellas y definir así las candidaturas. Asamblea que nombra candidatos no puede moverlos. Las últimas tendrán que ajustarse a la representación paritaria horizontal, como ya se las aplicó el Tribunal Supremo de Elecciones en la pasada campaña cuando obligó a invertir la candidatura de San José porque ya había electo los candidatos masculinos de la cuota horizontal del primer lugar. Los diputados actuales, en cierta forma los haló su candidato presidencial del 2018, Rodolfo Piza. En esta elección van sin un Rodolfo Piza que les asegure esa cantidad de diputados. Arriesgan a disminuir su bancada actual diputadil con los candidatos que tienen a la vista. Tampoco tienen mucho donde escoger y con el planteamiento conservador que tiene, la Unidad Social Cristiana, tratando de competir con los partidos cristianos no católicos, ramachecos, no llega a esa población, porque los ramachecos la tienen cautiva, sobre todo si tienen un tema nacional que explotar electoralmente que en este momento no está en la agenda nacional, ni me parece que les aparecerá natural ni artificialmente.

En los otros partidos tampoco hay mucho de sorpresa porque varios de esos partidos son personales, tienen dueño o patrono, y no tienen mucho que discutir respecto a candidaturas presidenciales, ni mucho que decidir respecto a los primeros puestos de candidatos a diputados.

En Acción Ciudadana solo definirán en la Convención el candidato presidencial. Le dejan a la Asamblea Nacional las candidaturas a diputados y al propio candidato que tiene una cuota de nombramiento de los primeros puestos.

El postergar la Convención, como las Asamblea Nacionales, o Provinciales, cuando éstas tienen poder de designación de candidatos, es riesgoso por pleitos internos, por procesos viciados en la convocatoria y realización de la Convención como de las Asambleas, que deben reprogramarse, y lleva sus días y atraso frente al electorado de mostrar las candidaturas, así como por apelaciones que puedan producirse.

La gente, los electores, en mi experiencia, cuando aparecen los candidatos oficiales empiezan a definirse, a dar apoyo y a declarar y comprometer lealtades.

En los otros partidos las aguas parecen bastante mansas, pero como en las lagunas y ríos debajo de esa tranquilidad de aguas en la superficie, puede haber corrientes muy fuertes y remolinos que pueden engullirse a cualquiera. Así es también la política.

Las posibilidades de la coalición alrededor de la candidatura de Rodrigo Chaves, que impulsa principalmente el Partido Republicano Social Cristiano no se ha agotado, pero se les está yendo el tiempo. Sin coalición, por pequeña que sea, su candidatura se verá muy disminuida. Y si la coalición tiene un sesgo conservador también se depreciará. Tiene Rodrigo Chaves la capacidad y el talento, como pocos de los candidatos, para un discurso social desde su propia óptica por la experiencia internacional que ha tenido atendiendo y tratando de resolver problemas de pobreza en casi 50 países, de manera que sabe cómo enfrentar causas estructurales de la pobreza y sus posibles soluciones, en países como Costa Rica. De lograrse esta coalición es la única, y por sí da imagen de mayor tamaño que sus propios partidos. ¿Acaso no fue así la coalición de la UNIDAD en 1978, que lo que tenía era un gran candidato? Me parece que algunos de quienes impulsan su candidatura, de manera oportunista, lo que les interesa es su nombre para ver si pueden elegir unos cuantos diputados más, haciendo uso de él como lo hizo el Partido Integración Nacional con Juan Diego Castro en el 2018.

Las otras fuerzas electorales de signos parecidos van hasta hoy divididas e individualizadas cada una de ellas, con pocas posibilidades de elección incluso de diputados porque sus rediles electorales los tienen divididos. Y tienen buenos candidatos a la vista, y de lo que suena, más allá de si a uno le gustan o no esos candidatos o sus planteamientos, pero que son candidatos buenos lo son, para las necesidades que tiene el país, y el trabajo parlamentario.

Tarea política urgente es llevar calidad política a la Asamblea Legislativa, y especialmente a la Presidencia a quien con certeza se sepa que no es un candidato improvisado, ni ad hoc, para la ocasión del 2022. Este debe ser el objetivo y propósito de todos los partidos políticos en la contienda electoral que está en marcha.

Es el Presidente y la Asamblea Legislativa para la Costa Rica del Bicentenario, a partir del 2022 al menos con visión y acción hacia los próximos 30 años.

Festín de candidaturas y Estado Social de Derecho

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al igual de como brotan de la tierra los abejones en abril (que ya no tan en mayo), en las últimas semanas, muchas ciudadanas y ciudadanos, se han lanzado al ruedo político anunciando sus pretensiones de encabezar la fórmula presidencial de algún partido político.

Se han mirado al espejo de la política nacional (tan venida a menos, a decir verdad) y se han preguntado: “¿Por qué no yo?” Y de inmediato, han dado una respuesta afirmativa que ya es compartida, en sus propósitos y ambiciones, por algunas docenas.

Han hecho sus cálculos de todo tipo: Ya sea de competir y ganar las elecciones internas de su agrupación política, de asegurarse cuotas de poder para negociar o, bien, para dejar su nombre en el imaginario colectivo, para futuras contiendas electorales.

Ante tantas ofertas que brotan, las pre-candidatas y pre-candidatos han tenido y tienen el grave problema de que cada vez les ha de costar más, presentar propuestas realmente originales, que le ganen el pulso al ya frondoso rosario de ofrecimientos y promesas, que se han venido acumulando.

Este fenómeno se muestra más grave aún en virtud de que prácticamente todas las pre-candidaturas, que se han enunciado, están metidas dentro de una pecera marcada por una limitada y estrecha visión neo-liberal, aun cuando el país se esté ahogando en medio de un océano, donde esta doctrina económica y política tan ampliamente dominante, más que solución alguna forma parte de la causa estructural de la multicrisis que enfrenta la sociedad costarricense, en estos días tan duros y difíciles para la mayorías, para nuestro pueblo.

Al compás de esta política neo-liberal impulsada desde el decenio de los años ochenta del siglo pasado, por el Partido Liberación Nacional (PLN) y, muy entusiastamente, por Oscar Arias, se ha venido debilitando el Estado Social de Derecho al mismo tiempo que ha crecido la desigualdad social, que afecta ya a millones de costarricenses.

Fruto del esfuerzo combinado de quienes impulsaron las Garantías Sociales en los años cuarenta (Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y Manuel Mora Valverde) y del compromiso asumido por José Figueres Ferrer en el Pacto de Ochomogo, el Estado Social de Derecho costarricense, se desarrolló e hizo que Costa Rica se convirtiera en un país singular, en el contexto latinoamericano e internacional de naciones.

Sin embargo, en los años ochenta anteriores empezó una cuenta regresiva para el valioso Estado de Derecho que tanto nos costó construir como sociedad. Esta deriva destructiva y erosionadora, primero fue lenta y paulatina, pero en este azaroso presente pandémico, es una acción desenfrenada y frenética, en todos los frentes tanto en el Gobierno como en la Asamblea Legislativa.

Una plutocracia voraz y egoísta, que contrala a esos dos poderes, directa o indirectamente, y tiene un control casi monopólico de los medios informativos del país, es la principal responsable de esta “cruzada” que busca destruir lo que tanto nos costó construir.

Y les recuerdo el significado de plutocracia: “Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos”. O bien: “Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza”.

La nociva influencia de este sector ultra-minoritario de la sociedad costarricense ha deteriorado la democracia y la ha vaciado de contenido. Cuando para avanzar en el desarrollo del Estado Social de Derecho deberíamos haber evolucionado de una democracia representativa a una llena de participación social y popular amplia, como lo dicta el artículo 9 de la Constitución Política, los niveles de participación política y ciudadana se han debilitado.

Asimismo, esa plutocracia angurrienta y sus principales medios de “comunicación”, han fijado las reglas y límites a los partidos que controlan a su antojo, a las precandidaturas y al debate político. Debate político que hoy no es otra cosa, que discusión politiquera donde las ocurrencias y frases efectistas, buscan ocultar la falta de compromiso con las mayorías y con el Estado Social de Derecho, de los que forman parte de este festín de candidaturas.

Todas estas candidatas y candidatos, tímidos y temerosos, que no se salen del guion neo-liberal, cuando el país necesita de políticos que oten el horizonte, con mirada de estadistas que le devuelvan la esperanza a las y los desesperados (que crecen en cantidad e indignación), son como “abejones de mayo” que vuelan muy bajo y se arrastran en el suelo hasta que la historia de esta Patria bicentenaria, les repudie y les olvide de una vez y para siempre.

(26 de abril 2021)

Los otros partidos aún están verdes

Vladimir de la Cruz

En el escenario electoral lo que tenemos a la vista, en primer lugar, son los partidos que han ejercido el Gobierno de la República, que fundamentalmente son Liberación Nacional, 9 veces, la Unidad Social Cristiana, 3 veces, y Acción Ciudadana, 2 veces. Junto a ellos las viejas coaliciones, que ya no existen que llevaron a la Presidencia de la República a Mario Echandi Jiménez, José Joaquín Trejos Fernández y a Rodrigo Carazo Odio. De un total de 17 gobiernos, desde 1953 hasta hoy, de los partidos existentes, Liberación ha dirigido el país desde el Gobierno en 9 ocasiones, los ocho restantes gobiernos se los han dividido entre 5 partidos, tres coaliciones y dos partidos. Esto hace a los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana los más fuertes, los más visibles, lo de más reconocimiento público entre la población en general y los electores. Son como los grandes equipos de la Primera División de fútbol, pero de la misma manera pueden caer de ser punteros hasta descender a la Segunda División, porque hay otros equipos que pueden dar sorpresas, por su capacidad de juego, su disciplina, su entrenamiento, sus directores técnicos, sus asesores y por la contratación de los jugadores que logren, que por sus cualidades personales y deportivas, en este caso políticas, enamoran y se ganan el corazón de los aficionados, en nuestro caso de los electores.

En el segundo lugar, podemos apreciar a los partidos que están con representación parlamentaria, aparte de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que son Restauración Nacional, Integración Nacional, el Republicano Social Cristiano y el Frente Amplio, que en su conjunto tienen 11 diputados de un total de 57. Hasta hoy estos partidos poco se oyen en su proyección electoral hacia las elecciones de febrero del 2022.

En tercer lugar están los partidos que están en proceso de inscripción nacional, junto a los anteriores, que están fuera de todo foco de los medios de comunicación, porque los que están en la Asamblea Legislativa, y en el Gobierno, son seguidos diariamente por los periodistas de los distintos medios de comunicación. Así, para estos partidos y sus seguidores o ciudadanos que están tratando de desarrollarlos para participar en las elecciones de febrero se les hace más difícil su participación.

Algunos de estos partidos actúan como franquicias, incluso a disposición de venta de candidatos o de grupos de ciudadanos. Me han dicho que a una persona, que representa un grupo de personas, que anda buscando casa política para participar, le ofrecieron uno de estos partidos, que en realidad son cascarones, en 150.000 dólares, sin seguridad de que esté al día en todos los tramites de su inscripción electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

En este sentido hay grupos de ciudadanos que están preocupados de participar sin tener todavía un partido debidamente inscrito, lo que se les hace cuesta arriba en el tiempo que les queda para cumplir con todos los requisitos de inscripción que establece la legislación electoral, y los trámites administrativos de la misma.

El financiamiento público electoral de la próxima campaña no puede aplicarse para pagar deudas de los partidos que en campañas anteriores dejaron, y que se les están cobrando. Legalmente no justifica ese financiamiento esos pagos, como algunos dirigentes de esos partidos piensan que pueden hacer.

Los partidos que están sometidos a esos procesos de cobro tienen que pagar lo que deben o reintegrar al erario público lo correspondiente. El Tribunal Supremo de Elecciones, como ente rector del proceso electoral, está obligado a hacer cumplir esos pagos antes de que entre el próximo proceso electoral en la marcha final, a partir de noviembre. En esta materia no puede haber prescripción de deudas, porque se estaría avalando un “robo” de dineros públicos, que a los partidos que así actuaran se les presentaría como un grupo organizado en capacidad de delinquir, casi permanentemente, de campaña electoral a campaña electoral, serían como una gavilla, término del Presidente Juanito Mora, para referirse a los filibusteros, no de aventureros si no de pillos y sinvergüenzas.

En esta tesitura tiene que investigarse igualmente por qué quedan dineros en las arcas de los partidos políticos, cuando esos dineros solo están justificados para los gastos de las campañas electorales, contra facturas que debe aprobar, en su revisión final, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones.

Por ahora el ambiente electoral solo se aprecia en el primer escenario, el de los partidos que han gobernado, que ya tienen en marcha sus Convenciones para definir entre junio y julio sus candidaturas y renovación de autoridades partidarias, otro requisito de inscripción para las elecciones.

En Liberación Nacional se simplificó la lista de 9 candidatos a 5, cuando Rolando González, Fernando Zamora, Antonio Alvarez y Guillermo Constenla le dieron su adhesión y apoyo a José María Figueres, que peleará la candidatura con Rolando Araya, Claudio Alpízar, Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides.

En la Unidad Social Cristiana se definieron las candidaturas con Pedro Muñoz, Lineth Saborío y Erwen Masis. En Acción Ciudadana solo lo han manifestado Hernán Solano, Marta Zamora, Carolina Hidalgo y Edgar Mora.

De los otros partidos no se conoce nada. Solo rumores. En algunos casos se sabe que los dueños de algunos de esos partidos aspiraran a la Presidencia incluso en la doble postulación, también como candidatos a diputados.

En los esfuerzos de impulsar una gran coalición nacional, sin signo ideológico todavía, está el ex Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves Robles en intensas conversaciones con grupos de ciudadanos, de destacadas personalidades políticas y con otros líderes políticos, de pequeños partidos, con este propósito. Esta posible coalición de llegar a constituirse podría ser una sorpresa, y contribuiría a definir la campaña electoral sobre bases más políticas, teóricas, e ideológicas, que tanto le hace falta a este país y a los electores.

Frente a todos los partidos políticos, en esta etapa de las elecciones, no les pueden aparecer mas “viales”. Aquí no pueden ni deben darse sorpresas. Los dirigentes de los partidos tienen que ser muy contundentes en fumigar, combatir y sacar de sus organizaciones todo aquello que huela, a narcotráfico y narcopolítica.

Las direcciones de los partidos políticos deben ser determinantes y ellas llevar la iniciativa de la suspensión de esas personas. Allí no pueden darse márgenes de semanas para actuar o pronunciarse públicamente, ni retiros “temporales” de los presuntamente involucrados en estos asuntos “hasta que se aclaren los nublados del día”.

Los afectados que puedan aparecer que se defiendan en los tribunales, pero los partidos no pueden acuerparlos bajo ninguna formalidad. Cuando son dirigentes partidarios de las altas esferas y Comités Nacionales, deben dejarlo inmediatamente y de manera definitiva. La honradez y la honorabilidad de personas puede discutirse en los tribunales, y mientras no haya un pronunciamiento judicial en contra, deben considerarse a todos los efectos inocentes. Pero, las acusaciones y las informaciones asociadas a narcotráfico, narcopolítica y similares producen manchas indelebles, que puede afectar también, de manera indeleble, a los partidos políticos en los cuales esas personas militan.

Los equipos de dirección de las campañas electorales de cada partido político, sus principales directores y agentes partidarios, sus asesores, sus técnicos, y sus candidatos a puestos de elección popular, deben ser sumamente investigados, en todas sus dimensiones, desde las relaciones familiares, y la violencia que se da en ella, hasta las de vínculos con personajes que los puedan complicar o enlodar en plena campaña política. Los partidos políticos en este momento están a tiempo de actuar, no les vayan a aparecer sorpresas…

La calidad de los candidatos que acompañarán a los candidatos presidenciales va a ser muy importante en esta campaña electoral.

Los tentáculos del narco están metidos en todo el escenario nacional. Hay que evitar que controlen el escenario político y la institucionalidad del Estado y del Gobierno. El peligro está en todos los partidos. Allí hay hombres de carne y hueso, no hay ángeles y dioses. Y con las personas también las hay muy ambiciosas…

Se prenden los fuegos electorales

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Nuevamente, se prenden los fuegos de una próxima campaña electoral. Los candidatos de los partidos se aprestan a levantar las banderas, hoy a media asta. Y el pueblo mayoritario a la expectativa sin comprometer su voto. Sabe que es un tiempo donde “no hay santo ni santa en quien persignarse” y menos capilla partidaria confiable.

Si es tal la crisis de credibilidad en los partidos que no alcanzan a elevar al mínimo los decibeles de las pasiones político-electorales, no hay duda que el terreno es fértil para los vendedores de “pomada canaria” en este marasmo sindémico (combinación de crisis sanitaria y social). Ya un candidato se frotó su rostro con dióxido de cloro. Y que conste, de mi parte, no tengo nada contra esa medicina popular hasta que la ciencia pruebe su ineficacia. A lo que me refiero, en este caso, es a su propuesta de salvar al país con la explotación minera a cielo abierto aunque ya no “llueva café en el campo”. Y es muy probable que el candidato que lo adversa esta vez nos meta “gato por liebre” o “caballo por res” al ritmo del regatón.

Si por la víspera se saca el día, con las candidaturas de mayor arrastre en el Partido Liberación Nacional, preparémonos para un espectáculo circense de candidatos haciendo malabares como los mejores magos, especialmente para mostrarse como amigos de los pobres y de la maltrecha clase media, eso sí sin tocar a la élite que estafa al Estado, un día sí y otro también, con sus triquiñuelas jurídicas, como lo ha develado el excelente artículo de Natalia Díaz en el Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/pais/fifco-britt-h-solis-farmaceutica-y-pineras-fueron-grandes-contribuyentes-que-quedaron-fuera-del-foco-de-hacienda-en-algunos-anos/). Estos candidatos en campaña se presentan como defensores de los pobres para travestirse gobernando contra los pobres.

El gobierno actual, que se vendió como gobierno de unidad nacional y se convirtió en cogobierno a favor de los ricos, le ha servido en bandeja de plata la cabeza del pueblo a los partidos tradicionales para que asesten el golpe mortal. Y lo han venido haciendo con esa “prolífica” –más bien “necrofílica”– gestión legislativa que ha socavado las bases del Estado Social de Derecho, es decir, la democracia al estilo costarricense. Por eso, cada vez somos menos Costa Rica y más Centroamérica, con perdón de los pueblos centroamericanos que son valerosos y trabajadores, pero víctimas de nefastos regímenes dictatoriales que los han mantenido postergados en la miseria, y hoy son expulsados al “infierno” de la franja fronteriza con Estados Unidos.

Se ha dicho hasta la saciedad, pero vale la pena repetirlo: el ser humano es el animal más irracional de la especie. Mientras a los otros animales su racionalidad les evita volver a caer en el mismo hueco, el ser humano en su torpeza irracional cae varias veces ¿Cómo se explica tal insensatez, en tiempos donde las fidelidades partidarias y hasta de cualquier signo ya no cuentan?

Aunque algunos apuntan a la manipulación de la conciencia colectiva por parte de los nuevos programadores del comportamiento humano y otros a la fe y la esperanza de que aquellos partidos recuperen y actualicen sus glorias pasadas, al primer amor que los catapultó como los artífices de la “Segunda República”, lo cierto es que seguimos siendo muy susceptibles, como simples animalitos irracionales, a ser presa fácil de cualquier malabarista de circo, especialmente cuando la peor crisis que padecemos es la de la “palabra”, que hoy nos induce, como lo expresara Pablo de Tarso, a decirle bueno a lo malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce.

A sí las cosas, está a la orden de día la seducción del discurso mesiánico, con sus palabras volátiles que venden soluciones fáciles y agitan las voluntades ciudadanas, con una especie de catarsis al estilo del culto mediático, donde “las masas no buscan significado sino espectáculo” (Jean Baudrillard).

En medio de la algarabía que anuncian los primeros fuegos de la campaña, todavía esperamos que emerja la sensatez y la “lucidez” (Saramago) para no convertirnos una vez más en víctimas de los vendedores de “pomadas canarias” y de “indulgencias” para alcanzar el “reino de este mundo”. Es decir, para frenar la fiesta de los mercaderes de la política, hoy también invadida por los mercaderes de la religión.

Foto: UCR.

¿Liberación Nacional en la encrucijada?

Vladimir de la Cruz

La alianza interna que han realizado en el Partido Liberación Nacional José María Figueres Olsen, Antonio Álvarez Desanti, Fernando Zamora Castellanos y Rolando González, alrededor de José María, alborotó el panal nacional electoral. Y ha contribuido a irle dando forma.

Dentro del mismo Liberación Nacional se afianzó la inscripción como precandidato del diputado Thompson, ex alcalde de Alajuela, luego la declaración del politólogo y comunicador Claudio Alpízar de que se inscribirá, y de manera parecida Rolando Araya, exministro, excandidato presidencial de Liberación en el 2002, con lo cual es evidente que el Partido Liberación Nacional no podrá evitar la realización de la Convención abierta para escoger su Candidato Presidencial, como ya tiene establecido.

La alianza dicha ha tenido los embates de quienes buscan pelos en la sopa. En lugar de valorar la importancia política que pueda tener un suceso como ese, se empeñan en buscar las contradicciones entre los aliados, contradicciones del pasado, decires del pasado, con ánimo más de impulsar su disolución, desunión o desencuentro político, o de intentar producir una imagen de división constante, de alianza meramente electorera, o de intereses espurios personales, sin entender que la política es un arte también de convenios, de negociaciones, de acuerdos, nos gusten o no. En este sentido todos los candidatos tienen pasado político electoral discutible. O, como hacen otras personas, interesados en buscar, como algunos han especulado, sobre los detalles meramente electorales de si en el acuerdo se tomaron decisiones sobre futuras candidaturas a diputados o ministros, como se ha corrido la bola de la hija de Antonio Álvarez Desanti, de paso una muchacha joven, capaz, inteligente, bien preparada profesionalmente, que de ser cierto ese acuerdo, bien le haría a la Asamblea Legislativa tener diputadas con su preparación. Si fuera cierto este rumor para mí es válido el acuerdo porque en todos los partidos políticos, en todos los del espectro político nacional, sin distinciones, se hacen ese tipo de acuerdos y de amarres. Negarlo es hipócrita, como se han hecho acuerdos en el pasado para decidir también candidaturas y puestos en las listas electorales de diputados.

En este caso para mí lo publicado como resultado del Acuerdo alrededor de José María es muy general pero esboza los elementos básicos y las directrices fundamentales de esa alianza, que es lo que corresponde a este momento de la campaña.

La salida de Rodrigo Arias apoyando la precandidatura del expresidente legislativo y diputado Carlos Ricardo Benavides, a quien también apoya la Presidenta Laura Chinchilla, lo que más evidencia es el alejamiento de Oscar Arias, que ya había formulado una candidata, como posibilidad de consenso para ese partido, candidatura que la misma postulada rechazó aunque la agradeció.

El arismo, como corriente interna en Liberación Nacional está dividido. Por un lado Rodrigo Arias y Carlos Ricardo Benavides, por otro el Presidente Arias, aparentemente solo, y aristas como Francisco Morales, Fabio Molina, Guillermo Zúñiga, Fernando Berrocal, Lina Barrantes, Olman Segura, Javier Flores, Ziany Villalobos, y otros de iguales quilates, con José María Figueres.

En ningún acuerdo de este tipo se puede poner, para decirlo de esa manera, todo el Plan de Gobierno o de la Plataforma de agitación electoral, menos en este momento de la campaña cuando todavía no están decididos ni escogidos los candidatos de todos los partidos, ni se sabe con certeza cuántos van a participar, ni de si habrá coaliciones electorales que muestren ante el electorado al menos la fuerza que ya tiene la que se formó en Liberación Nacional.

Al Partido Liberación Nacional le queda enfrentar, con toda la fuerza del caso, la situación que le ha reventado con uno de sus alcaldes en la zona sur, y con su Secretario General, diputado, y miembro por tres años consecutivos de la Comisión Antinarco de la Asamblea Legislativa, donde le vinculan a situaciones “engorrosas” en esta materia, siendo él también uno de los diputados que ha luchado porque se reduzca el presupuesto nacional de financiamiento de campañas políticas, lo que abre las puertas al narcofinanciamiento de candidatos y partidos.

La lucha contra el narcotráfico y la narco política tiene que ser enfrentada en toda la línea. Para un Partido como Liberación Nacional con más razón. Ya han tenido escándalos parecidos en el pasado, incluso en el seno mismo de la Asamblea Legislativa, cuando quisieron poner allí un Presidente Legislativo, que resultó después comprometido en esos asuntos. Para José María Figueres y su grupo político interno esta es una tarea política de primer orden. NO pueden apoyar ni defender a nadie que esté comprometido en estos asuntos, que estén ligados o cuestionados, y sujetos de investigación por estos vínculos. Es el Partido mismo el que debería estar dando esa lucha porque se esclarezca cuanto antes este asunto. Si se convierte en tema de elecciones en el segundo semestre puede producir más chispas de la cuenta.

Cuando en Liberación Nacional se exigen 30 millones de colones y en la Unidad Social Cristiana 40 millones para inscribir candidaturas presidenciales, es mucha plata, que no es fácil tenerla a la vista ni a disposición de ofrecerla solo para inscribirse y darle movimiento al dinero.

Los órganos policiales y de inteligencia, como los de Hacienda bien podrían investigar el origen de esos dineros, con apoyo del Tribunal Supremo de Elecciones. Si se ponen cifras para inscripciones de diputados hay que estar atentos a estos movimientos económicos de los postulantes, si tienen la capacidad de poderlos justificar. Esto también es tarea de los mismos partidos políticos para no verse en posibles escándalos. Esto ayuda a entender también la importancia del financiamiento público de las campañas electorales.

La situación de la zona sur de desarrollarse escandalosamente puede poner a Liberación Nacional y a su principal candidato en una peligrosa encrucijada.

El diputado Viales mientras está la investigación, al menos al momento de escribir esta columna, si no lo ha hecho ya, debería separarse de su alto cargo partidario por su propia iniciativa o a petición del Directorio Político de Liberación Nacional, y si no es por ellos, al menos por presión de los precandidatos de ese partido… sería lo menos…

En el Partido Unidad Social Cristiana sigo pensando que hay poco qué hacer, política y electoralmente, con lo que tienen a la vista, ante el próximo proceso electoral.

El retorno eventual a Costa Rica de Rodolfo Piza Rocafort, quien fue el último candidato presidencial, en las anteriores dos campañas, por ese Partido, que fue quien le dio aire a esa tienda política, que le dio de nuevo visión de gobernabilidad, que es importante por el peso político que él tiene y significa, que rescató a ese Partido, con su posible retorno agitó las aguas electorales al interior y fuera de la Unidad Social Cristiana. Al interior porque saben que si Rodolfo Piza se lanza por otro partido menos tienen qué hacer.

Pero, es claro, como lo ha dicho Rodolfo Piza, que no viene a integrarse a la Unidad Social Cristiana, por cuanto sus estructuras partidarias son deficientes para atender la campaña electoral de acuerdo a la posibilidad de su candidatura presidencial, que en ese partido significaría la de un simple monigote que no tiene opción alguna de proponer y escoger algunos candidatos a diputados, como se acostumbraba antes, por los candidatos presidenciales en los partidos políticos mayoritarios, debido a que en este partido lo hacen las asambleas provinciales, así como la renuncia del partido a posibilitar coaliciones electorales, como lo sugirió el Expresidente Miguel Ángel Rodríguez, uno de los líderes políticos e ideológicos más importantes de ese Partido.

En esta perspectiva, ¿dónde puede encajar Rodolfo Piza? Sinceramente no lo tengo claro todavía. Por sus expresiones de que debe constituirse un frente electoral humanista, progresista, liberal, socialdemócrata, socialcristiano y cristiano, lo que expresa el abanico amplio de posiciones, renunciando a definirse de centro derecha o de derecha, podría ser que se esté incubando alrededor de su gran figura política, esa unidad de fuerzas alternativas frente al Partido Acción Ciudadana, en el Gobierno, y al mismo Liberación Nacional, como la principal fuerza opositora en perspectiva.

¿Estaría Rodolfo Piza, en esta posibilidad de reunir alrededor suyo a figuras como Eli Feinzag, Natalia Díaz, Rodrigo Chávez, el mismo Miguel Ángel Rodríguez apoyando? Sin lugar a dudas la posible candidatura de Rodolfo Piza cuenta con apoyos políticos nacionales fuertes.

El llamado subliminal de Rodolfo Piza a los socialdemócratas es a aquellos que no están muy de acuerdo, o en desacuerdo, con la alianza que ya se estructuró dentro de Liberación Nacional.

En el caso del Partido Acción Ciudadana está claro que siguen sin definir públicamente sus posibles precandidatos internos. Se mueve este partido a punta de rumores. A los ya conocidos precandidatos de rumor se sacaron de la manga al ex ministro de Educación, Edgar Mora, que no es, que yo sepa, militante del Partido Acción Ciudadana, que lo sigue siendo de Curridabat Siglo XXI.

La candidatura de Edgar Mora, talentoso, inteligente, diligente, buen funcionario municipal, cuestionado ministro, es aparentemente el as de la manga del Presidente Carlos Alvarado, de quien se dice que es su candidato frente a los que se impulsan desde la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana, y de su sector de izquierda, y frente a los que promueven la candidatura de la Embajadora en España, Ana Helena Chacón Echeverría.

La sorpresa de la semana fue la candidatura del exviceministro y ex diputado, líder del movimiento cooperativista, Oscar Campos, por un partido, Encuentro Nacional, que está en proceso de inscripción, que aparentemente responde a las necesidades del movimiento cooperativo nacional, que tienen una gran masa de afiliados, que de distinta manera responden también a los distintos partidos políticos del país. Pero, si es una fuerza del cooperativismo como tal sería interesante ver cómo se desarrolla.

El resto de los partidos no se mueven en estas agitadas aguas electorales, parecieran hasta ahora anclados, antes que a la deriva.

Candidatos a Presidente y a diputados

Vladimir de la Cruz

El sistema electoral costarricense es en toda su forma presidencialista, aunque el mismo día se elijan los diputados, y como se hacía antes que también se elegían regidores y síndicos municipales. Toda la campaña electoral gira en torno a las figuras presidenciales, alrededor de quienes son los candidatos de los distintos partidos políticos.

Cuando se separó la elección de alcaldes, regidores y síndicos, lo que viene funcionando desde el 2002, y cuando se separaron estas elecciones de la nacional, como se hace actualmente, se avanzó en enriquecer la posibilidad de escoger mejor a los alcaldes, regidores y síndicos, en darle más importancia a los gobiernos locales, en hacer de estos y de sus municipalidades mejores espacios de participación ciudadana, y especialmente de darle fuerza a los gobiernos locales, lo que no se ha logrado porque en las comunidades y municipalidades no funcionan, en términos reales, los partidos políticos nacionales, ni provinciales y tampoco sus expresiones locales o los locales propiamente dichos, excepción hecha de los cantones de Escazú, Santa Ana, Curridabat donde ha habido experiencias de gobiernos locales con partidos locales que le dieron vida a esos cantones, y lograron cierta participación popular alrededor de sus proyectos políticos cantonales, sin poderse desarrollar como fuerzas políticas mayores y hasta perdiendo los gobiernos que habían logrado. La izquierda política que llegó a tener cierta influencia en los cantones de Barva y Montes de Oca, poco pudieron hacer, aparte de que en el ejercicio de su gobierno dilapidaron su pequeño capital político.

Los candidatos presidenciales siguen siendo los grandes motores de toda la campaña política, aunque debilitados de sus bases municipales, hoy separadas electoralmente. Las elecciones de diputados no mueven tanto a la población como lo hacían las elecciones municipales, cuando estaban todas estas elecciones juntas.

Para lo inmediato tenemos las elecciones nacionales, las de presidente y vicepresidencias, y las de diputados, que se realizarán el primer domingo del próximo febrero, dentro de nueve meses. En esta dirección se mencionan precandidatos en los principales y más grandes partidos del espectro electoral, y algunos candidatos ya consolidados en los partidos pequeños. De estos últimos es interesante que en su mayoría se vislumbran participando en la doble candidatura, como candidatos presidenciales y a la vez como candidatos a primer puesto a diputados en aquella provincia donde consideran que son más fuertes.

Siguen débiles y casi inexistentes las coaliciones electorales. Nos hace falta cultura política, educación política, madurez política para avanzar en este camino de coaliciones, que pueden resultar victoriosas como lo fueron en las elecciones de 1958, 1966 y 1978, donde en esos tres procesos electorales fue derrotado el Partido Liberación Nacional.

No se mencionan, al menos en el escenario público, los candidatos a diputados. En algunos partidos personas que se presentan como candidatos presidenciales, en lucha con otros candidatos, lo hacen en tanto esa participación les da un reconocimiento posible para que puedan ser considerados como candidatos a diputados, u otros puestos de la Administración Pública en caso de que su partido gane.

El peso está entonces en los candidatos a Presidente. Los electores, el pueblo electoral, sigue marginal del conocimiento de candidatos a diputados, los que aparecerán como abejones en mayo en esos partidos.

Las encuestas como métodos de medición por ahora se mueven en ver cuáles candidatos son más conocidos, o cuales son más apoyados o rechazados, principalmente a escala nacional. No se están haciendo todavía distinciones importantes al interior de cada partido políticos de los que tienen varios candidatos, con su propio caudal electoral, con los propios simpatizantes de cada partido.

En la mentalidad política de analistas y gestores de opinión pesa el resultado electoral de los últimos procesos electorales, por lo menos de las campañas electorales del 2010, 2014 y 2018, para sobre ellas valorar si los partidos políticos tienen músculo político y hasta para presagiar la posible segunda vuelta electoral en el 2022.

Las posibilidades de un triunfo de un partido en la primera vuelta electoral, la de febrero, como la posibilidad de que haya que ir a la segunda ronda, con dos candidatos en abril, existen de manera igual. Ello dependerá de los candidatos presidenciales que lleven los partidos políticos en primer lugar, y de los temas centrales de campaña electoral que cada uno agite. Aparte se sumará su experiencia política, sus vínculos nacionales e internacionales, sus ofertas al electorado sobre los principales problemas del país y de cómo solucionarlos.

Los temas de campaña electoral que ya se están agitando y tratando de introducir, como interrupción de embarazo y eutanasia, sin que existan en la realidad parlamentaria como Proyectos de Ley en trámite, me parecen altamente distractores de los principales problemas inmediatos que tenemos, y artificialmente montados con la intención de que se coloquen como temas principales.

Si se quiere montar un debate artificialmente alrededor de estos temas nadie puede asegurar cual va a ser su resultado final en elecciones, pero podría suceder como se resolvió el tema del llamado matrimonio igualitario, con mucha tensión nacional, pero con resultado progresista y liberal más que conservador.

El tema central para los partidos políticos será el de ganar las elecciones, claro está, pero ganarlas con la mayor cantidad de diputados posibles, para tratar de asegurar la mejor posibilidad de gobernar, para tener el músculo parlamentario en posibilidad de aprobar proyectos de ley y asegurar en ese sentido la mejor gestión de gobierno posible. Ningún candidato ni partido político puede estar aspirando a gobernar con 10 diputados como tiene el actual gobierno, o 14 como tuvo el anterior. El Partido Liberación Nacional sabe al menos que ha tenido no menos de 18 en los últimos dos gobiernos, lo que aún no le da la fuerza suficiente para un buen gobierno, porque ello también depende de la capacidad de negociación del Gobierno y de su fracción parlamentaria, lo que ha hecho muy bien el actual Gobierno y el Partido Acción Ciudadana, que le han aprobado prácticamente toda su agenda legislativa, que no era diferente a de la de los partidos Unidad Social Cristiana y de Liberación Nacional, porque han tenido la misma élite política económica dominante que, desde esas trincheras, han aprobado toda la agenda neoliberal, que el mismo Presidente Carlos Alvarado Quesada lidera en silencio, desde la misma campaña electoral, y que el Partido Acción Ciudadana de manera camaleónica ha disfrazado también muy bien, excepción hecha de los distanciamientos últimos que hace la Comisión Política del PAC, de su propio gobierno en aspectos o políticas que no le parecen, que debe hacerlo en esta etapa de gobierno y de campaña electoral. Ese carácter camaleónico es justamente su posibilidad de volver a ganar el Gobierno. Quedará por ver quién será su candidato o candidata presidencial para tratar de asegurar esa posibilidad de triunfo.

La campaña del 2022 la veo, en forma estrecha, promoviendo candidatos presidenciales, y a estos y a sus partidos, pidiendo votos para ellos pero también para sus diputados, como equipo de gobierno. De allí la importancia que puedan llegar a tener los candidatos a diputados que hasta hoy se desconocen, que están invisibilizados, pero que ya deberían empezar a sacar sus orejas, y algunos para verles sus colmillos y dientes, como se hace con algunas especies que se ofrecen en venta, para ver que gozan de buena salud, en este caso salud pública, salud política, personal, profesional, empresarial… la que tengan, y puedan y deban exhibir, para poder pagar con los votos el paquete de Presidente y diputados, y no sufrir un PACquetazo.

Los diputados por su naturaleza son beligerantes políticos

Vladimir de la Cruz

Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones advirtió a los diputados, y a sus asesores de no caer en la figura de la beligerancia política, lo que pareciera una intromisión sin precedentes en la figura del Diputado, y sus asesores, los que él escoge, generalmente de su propio partido político, indicándoles que no podían hacer actividades, en su tiempo laboral, de carácter político electoral, o que estuvieran relacionadas con la próxima campaña electoral.

Fue en forma directa un jalón de orejas, especialmente, a los diputados que aspiran ser candidatos presidenciales, o que ya han anunciado sus intenciones en esa dirección. Fue ponerles un bozal político, un tapabocas, además del bozal de la pandemia que deben usar.

La Constitución Política, ni la legislación electoral, ni ninguna ley en particular establece prohibición alguna para los diputados, ni los consideran “empleados públicos”, ni se les puede considerar “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, los que sí tienen esa expresa prohibición, siempre y cuando estén en la categoría constitucional de “funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas”, que en ninguna parte ni ley alguna se señala a los diputados.

De los altos funcionarios que sí tienen prohibición son, entre otros, el Presidente de la República, los Ministros de Gobierno, los Ministros Diplomáticos, el Contralor y Subcontralor Generales de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Y, es la Asamblea Legislativa, el conjunto de los diputados que la constituyen e integran, los que conocerán el resultado de la investigación que realice el Tribunal Supremo de Elecciones contra esos específicos altos funcionarios, si realizaran actos considerados de beligerancia política, si son investigados a ese efecto.

¿De dónde se saca el Tribunal Supremo de Elecciones que los diputados no pueden ser beligerantes políticos las 24 horas del día, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, en sus oficinas como en sus curules, Plenaria y de Comisiones, o en los actos que realice en comunidades, visitas, reuniones, actividades a las que es invitado o él mismo organiza para rendir cuentas, o para pasar facturas políticas ciudadanas, más allá del propio control político que puede realizar en el propio recinto parlamentario, que es quizá el acto de beligerancia más extremo que puede hacer contra los representantes y funcionarios de los Supremos Poderes y de las Instituciones del Estado y del Gobierno.

Los diputados aunque electos por Provincias tienen el carácter de “nacionales”, de ser la representación de la voluntad popular expresada por el sufragio, en la figura de cada diputado, y de cada grupo de diputados pertenecientes a los partidos políticos que eligen diputados. En la propia Asamblea Legislativa se organizan por partidos políticos, así se sientan, con curules que “pertenecen” a esas fracciones legislativas, en el orden en que se colocan, porque nombran un Jefe de Fracción partidaria, porque tienen reuniones de jefes de fracción para coordinar aspectos del debate parlamentario y de la agenda parlamentaria. Así, los diputados electos por la Nación actúan en nombre de sus partidos políticos. Es lo lógico, es lo natural, es lo usual, es lo inherente a cada diputado. En las notas de prensa, radiales, escritas o televisivas se les reconoce como diputados de tal o cual partido.

Toda la labor parlamentaria de los diputados es política, es partidaria, es calculadoramente electoral, porque de su buen o mal desempeño así les puede ir en la siguiente campaña electoral.

La Campaña Electoral no termina con la integración de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo siguiente a la elección nacional. Allí continúa en el escenario legislativo. Esto es lo real, es lo que funciona.

Todos los diputados en sus intervenciones, en las Comisiones o en el Plenario, pueden hablar a nombre de sus partidos políticos, identificarse como miembros de esos partidos, hacer alarde de la Historia parlamentaria o nacional de sus partidos. Los que casi no hacen alarde de nada, casi siempre ha sido así, son los diputados oficiales, los del partido de gobierno en ejercicio. Les cuesta mucho defender al Gobierno, y porque muchas veces por las acciones y compromisos de los Gobiernos los diputados toman distancia silenciosa de su partido gobernante.

La jornada laboral de los diputados es 24 horas en el cargo. A los efectos de las reuniones que tienen, por asistir a las Comisiones o al Plenario, reciben un pago. Si faltan no se les paga lo correspondiente. Pero esto es un problema tan solo de responsabilidad laboral.

Toda la labor de un diputado, desde su presencia en la Asamblea Legislativa, hasta por sus actos y discursos es para beneficiar a su partido político, y a su propia figura política como dirigente parlamentario de su organización partidaria. Todo lo que tiene en la Asamblea Legislativa, desde su Oficina hasta los dineros que le dan de gasolina mensual, son para justificar su trabajo parlamentario que es político partidista. No se puede entender de otra manera.

Insisto. En la Constitución ni en ley alguna hay una solo sanción para los diputados, que pueda caer en la figura de la beligerancia política.

En mi opinión los asesores parlamentarios, nombrados por los propios diputados para su trabajo diputadil, con salario de la Asamblea Legislativa, están igualmente amparados por la misma protección que tienen los diputados para realizar su trabajo político y parlamentario, y aunque pagados por la Asamblea no caen en la categoría de “empleados públicos”, de “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”. Son funcionarios que la sociedad paga para el mejor desempeño de los diputados como expresión de la soberanía popular que ellos representan.

Los que sí son “empleados públicos”, “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, son todos los Asesores de Servicios Técnicos parlamentarios que le sirven a todos los diputados, como un alto equipo o grupo especializado para esos trabajos. Igualmente aquellos funcionarios del Poder Legislativo que por su naturaleza le sirven a todos los diputados sin distinción de su pertenencia partidaria.

Está bien que se regule la ausencia de los diputados del Plenario y de las Comisiones, lo que se les sanciona con el no pago respectivo si no tienen autorización para ausentarse para atender asuntos personales, o funciones o labores propias de su cargo, que eso no se paga de esa manera.

Por este mismo motivo no se obliga a que un diputado que quiere ser candidato a la Presidencia tenga que renunciar a su cargo de diputado. Implícitamente se reconoce su papel de ser un representante de un partido político, que no tiene impedimento constitucional ni legal para ser candidato siendo también diputado.

Lo inmoral es lo que hacen algunos diputados que ausentándose cobren sus respectivas dietas por los mecanismos que les permite hacerlo.

Bastaría que cualquiera de los diputados candidatos empezara sus discursos parlamentarios o legislativos diciendo: “En mi condición de diputado del Partido XXXX, y de mi condición de aspirante a la Presidencia por mi partido XXXX, o si ya fuera candidato oficial, dijera que, en esa condición, se dirige al resto de los diputados y al público, a los ciudadanos, a los electores, que oyen o ven las sesiones parlamentarias, sobre ZZZZ, proyecto de ley que está en discusión, o haga referencia en el control político que en un gobierno, bajo su mandato, eso que está criticando no va a ocurrir. ¿Se le podría acusar de beligerancia política por esa forma de dirigirse en el Plenario o en el Trabajo de Comisiones?

Hay que dejarse de hipocresías políticas. Eso es lo que le hace daño al país, a la imagen de la Política, de los Partidos Políticos, de los dirigentes políticos, y a la misma Democracia política que vivimos como sistema.

La pertenencia a un partido político no le quita la credencial a ningún diputado. Lo único que se la puede quitar es que pueda ser empleado o tener cargo en otros poderes del Estado o de elección popular. Ni siquiera pierde su credencial de diputado cuando transitoriamente es llamado a ejercer un puesto de Ministro.

Tampoco pueden “celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos”, lo que se considera incompatible con el cargo de diputado lo que sí les hace perder su condición de Legislador.

Para los asesores contratados por los diputados, para que los acompañen sus cuatro años en Congreso, por ley se les fija “la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados”.

La única restricción que puede tener un diputado, es la que tiene el Presidente de la Asamblea Legislativa, cuando en ejercicio de su cargo por disposición constitucional, sustituye transitoriamente al Presidente de la República, como sucedió en la Legislatura 2009-2010, cuando el Presidente del Congreso, el diputado Francisco Antonio Pacheco varias veces sustituyó al Presidente Oscar Arias, siendo también el diputado Presidente de su partido Liberación Nacional, a lo que no tuvo que renunciar. En ejercicio del cargo de Presidente de la República si se sometió a las prohibiciones que para ese cargo existen, pero sin dejar ni renunciar a su condición de diputado, ni de su partido, ni de la Presidencia de su partido.

Es hora de dejarse de hipocresías políticas que solo dañan la imagen de los Poderes Públicos, de la Política, de los dirigentes políticos, de los mismos partidos políticos, de la Política como quehacer humano, y de la Democracia política que vivimos.

El diputado por su naturaleza es un beligerante político. Que actúe como tal. Eso es lo que necesitamos para ver si también mejoramos el debate y el análisis político.

Peligrosa llamada de atención hace el Tribunal Supremo de Elecciones a los diputados, de intromisión en el Poder Legislativo, de intentar ponerles a los diputados un bozal, o un tapabocas, en el ejercicio de su palabra, de su Parlamento, de su crítica general y de su crítica política, que es la que sería sujeto de “beligerancia política”, una manera sutil de decirles a los diputados cómo deben realizar su control político.

Camino peligroso para la democracia política y electoral el que abre el Tribunal Supremo de Elecciones.

El abstencionismo electoral. ¿Cómo considerar esta expresión?

Vladimir de la Cruz

Las sociedades democráticas, en sus diversas modalidades institucionales, han establecido mecanismos o sistemas electorales para elegir sus autoridades políticas, desde las más altas esferas del Poder hasta los organismos más básicos de la convivencia ciudadana, de sus propios municipios.

La sociedad latinoamericana, en términos generales, estableció elecciones desde la escogencia de los Diputados a las Cortes de Cádiz, en 1812, aun cuando la mayoría de los ahora Estados o Repúblicas, eran parte del sistema colonial, cuando procedieron a elegir sus representantes ante las Cortes, con las reglas que para ese efecto se dictaron. Desde allí se podrían considerar los procesos electorales en el continente hasta hoy.

Independientes los países latinoamericanos procedieron a desarrollar sus formas de gobierno y sus estructuras institucionales, y establecieron a esos efectos, mecanismos de elección de sus gobernantes, cuando no procedía ese poder de la propia lucha independentista, que mantuvo por años en el Poder a sus principales caudillos y líderes militares, no alejados de las intrigas políticas y de cambios de gobernantes no por procesos electorales.

En el caso costarricense, no muy alejado del entorno centroamericano, se establecieron formas de elección, mecanismos y sistemas, que garantizaban el acceso al Poder de una minoría, políticamente definida, y de una mayoría excluida de la toma de decisiones políticas y de la participación electoral directa. Así se restringió el voto, por exclusión, a los analfabetos, a las mujeres, a ciertas minorías étnicas, se impuso un voto por nivel económico, se ejerció el voto público y de segundo grado escogiendo en una primera ronda electores que eran los que decidían en la segunda vuelta. Obviamente se impuso una edad mínima para adquirir el derecho de ciudadanía y poder tener la capacidad de elegir y ser electos.

En el caso costarricense, de nuevo, hasta 1912 se mantuvo el voto indirecto de electores, estableciéndose para las elecciones de 1913 el voto directo, hasta 1924 se estableció el voto secreto y con la Constitución Política de 1949 se reconoció el voto de la mujer, haciéndose universal. En las elecciones de 1974 los jóvenes de 18 años pudieron votar al haberse cambiado las leyes de la ciudadanía que establecían la mayoridad a los 21 años, con facultad para participar en procesos electorales. Aun cuando estos sistemas electorales nos parezcan abominables, poco democráticos, eran los que funcionaban, y los que marcaban el carácter democrático de las sociedades, entonces existentes, bastante bien, y definían las relaciones en el campo político para nuestras sociedades.

En Costa Rica, por ejemplo, para las elecciones de 1889 había 912 electores sobre una población de 340.000 habitantes, el 0.3% de la población era la que tenía la capacidad de votar. ¿Era eso democrático? Con los ojos de hoy no, pero era la forma democrática que venía operando y que hacía funcionar el sistema político. En ese año se estableció el régimen de partidos políticos, mediante y solo a través de ellos se podía participar en política, con ánimos de aspirar a ser electos en cargos públicos. Esta fórmula, que sigue existiendo, fue en cierta forma también restrictiva, porque los ciudadanos que deseaban aspirar a algún cargo tenían que ser miembros de un partido político y este partido escogerlo para el cargo al que aspiraba, convirtiéndose así en una forma sutilmente restrictiva de participación. Esto sigue funcionando. Hoy incluso, para aspirar a algún puesto de elección algunos partidos exigen un pago de inscripción para participar en la escogencia, pago por lo demás bien alto, que se justifica para los partidos políticos en los costos de las campañas electorales internas que tienen los partidos y para contribuir de esa manera, también, en los gastos generales de la campaña electoral a enfrentar.

La mayoría de los países han alcanzado estos niveles de participación electoral, voto universal, secreto, y algunos países, muy pocos, con la ciudadanía reconocida a los 16 años para ejercer el voto. Todos tienen el sistema de partidos políticos, aún en gobiernos monárquico-constitucionales tienen sistemas de partidos políticos, bajo la forma de regímenes presidencialistas o parlamentarios. Los partidos políticos de hecho se han impuesto en casi todo el mundo.

Las restricciones de participación se establecieron también con el desarrollo de gobiernos autoritarios, dictaduras, tiranías, satrapías, y con los gobiernos militares que restringieron la participación electoral de partidos y de ciudadanos en algunos casos, con la represión y la liquidación física de opositores, con la nulidad de cartas de ciudadanía y de inscripción electoral, con la expulsión o salida obligada de ciudadanos de sus países, con la inhabilitación de ciudadanos y de partidos políticos, como se acostumbra hoy en algunos países, para garantizar la estancia en el Poder, o evitar fuerzas políticas opositoras reales y vigorosas que puedan desplazar del Poder a quienes lo ostentan por la fuerza, o mediante mecanismos de control electoral que les facilita o permite su permanencia.

La exclusión histórica de masas de ciudadanos de las elecciones, condujo en la realidad a que muchos de esos ciudadanos se mantuvieran en la exclusión, en la marginación de la participación electoral, aun cuando se les habían reconocido sus derechos de participación. Sicológicamente se había predispuesto esa población para entender que el sistema electoral, sin su participación, era válido, y que de su resultado se podían esperar más cosas buenas que malas de quienes asumieran las riendas del gobierno en sus instancias legislativas y ejecutiva. En el caso costarricense a los comunistas se les impidió participar, como partido político, bajo cualquier forma de nominación que adquiriera desde 1948 hasta 1974. Los comunistas como personas podían votar por cualquier otra alternativa política pero no por ellos mismos. Esto explica, en cierta forma, el desarrollo del bipartidismo histórico que se desarrolló en el país, hasta 1998, cuando se ha empezado a cuestionar la vigencia de este control bipartidista de la sociedad y del Estado.

Bastaba echar una mirada al proceso histórico para entender las líneas de evolución de la sociedad y de su progreso. De hecho ninguna época actual parecía peor que la anterior, aun cuando existieran limitaciones.

La lucha por el Poder Político en general hoy se materializa en los procesos electorales, con participación de partidos políticos y con los ciudadanos que son los que emiten sus votos, el pueblo electoral.

La Política es el escenario donde se dilucidan las controversias de las relaciones de los distintos grupos de ciudadanos, organizados en partidos políticos, sindicatos, asociaciones de distintas naturalezas, económicas, empresariales, culturales, sociales, para tener acceso al Poder y, desde allí, influir en beneficio de las grandes mayorías o de los grupos que realmente se mueven, con poder de decisión, alrededor de los Poderes públicos. De allí que la Política sea importante, inevitable, y de obligada atención y participación ciudadana.

En todos los procesos electorales ha habido abstencionismo electoral, gente o ciudadanos que de una u otra forma no participan directamente, no llegan a emitir su voto. Unos porque históricamente fueron violentamente omitidos, impedidos de ejercer su voto, otros por desilusión de sus partidos, de sus candidatos y de sus líderes, otros, asqueados de las malas formas de gobernar y de la corrupción institucional que establecen algunos funcionarios para hacer de ella su modo de vida. Esto conduce a un rechazo de esos partidos, y sus dirigentes, caudillos y líderes.

Hoy peligrosamente en este rechazo se mete a la Democracia, como modo o sistema de vida, a todos los partidos políticos, a todos los dirigentes políticos, a todas las estructuras de gobierno y por ello a todos los gobernantes y funcionarios públicos. Más aún, se mete a la Política como tal, la que hay que rechazar, y se induce a la búsqueda de líderes mesiánicos, autoritarios, fuertes, dictadores institucionales que resuelvan problemas sensibles para las gentes o la población. Peligrosamente este rechazo conduce a alimentar los populismos de cualquier signo político que puedan surgir. Se induce inclusive a mecanismos de acceso al Poder que nieguen los mecanismos democráticos de participación ciudadana. El abstencionismo es la máxima expresión que se evidencia de este posible rechazo, o que al menos tiende a justificarlo. ¿Es válido esto? Es discutible.

Para mí el abstencionismo tiene dos expresiones importantes. El que se manifiesta del todo con no ir a las urnas electorales, y el que en urnas electorales se manifiesta no votando por ninguna de las alternativas existentes ofrecidas, o anulando el voto.

El que del todo no asiste a las urnas bien podría deducirse que no es que está en contra de todos los partidos y de todos los candidatos, sino que le es indiferente cuál de ellos pueda ganar el proceso electoral, porque siente que ninguno de ellos le altera, al elector abstencionista, su modo de vida, su estilo de vida, o no lo ve como una amenaza para su relativa comodidad o existencia, sea cual sea, y porque piensa, o deduce instintivamente, que cualquiera de los candidatos y partido que gane le puede producir más beneficio que perjuicio. Esa masa de abstencionistas, al término de las elecciones, contados los votos, se suma de manera pasiva a los votos del partido y candidato ganador, dándole fortaleza a su triunfo y mayor estabilidad al gobierno que se asumirá, y confianza al mismo proceso electoral. Así este abstencionista es un votante pasivo.

Está el votante que se presenta a las urnas y vota en blanco, devuelve la papeleta electoral en blanco o la anula de alguna manera, votando por todos, haciendo inválido su voto al no poderse deducir una voluntad clara a favor de alguno de los partidos o candidatos. Este es el abstencionista activo, que rechaza a todos los partidos y candidatos porque no le parece ninguno, por la razón que sea.

A los efectos prácticos de los resultados electorales, los sistemas electorales han establecido no reconocer, a sus efectos contables los votos de esta forma emitidos. Solo valen aquellos que están expresamente dados a una casilla electoral, de un partido o de un candidato, los que se consideran votos válidamente emitidos. Sin embargo, el que asiste a la urna y expresa su voluntad negándole el voto a cualquiera de las alternativas, de hecho y de derecho está expresando su voluntad de voto, está emitiendo válidamente su voluntad expresada en ese voto abstencionista, que a los efectos del resultado electoral no lo toman en cuenta, y que sí debe ser tomado en cuenta, al menos eso es lo que creo.

El voto abstencionista en urna debe tomarse como un voto válidamente emitido, no a favor de un candidato, lo que es obvio, sino a favor del mismo proceso electoral y democrático que debe reconocer de esa manera el voto en blanco, nulo o disidente, con el mismo valor porcentual que se le asigna al resto de los votos válidamente emitidos.

Los procesos electorales han establecido segundas rondas, o vueltas electorales cuando en la primera ronda no se saca el número de votos o porcentaje necesario para ser electo, 40%, como en Costa Rica, o 50% como en otros países, segunda vuelta que se resuelve con los dos que hayan sacado el mayor número de votos o mayor porcentaje, siempre inferior al necesario para elegir. La segunda vuelta, en todos los casos se resuelve con el mayor número de votos, sin porcentaje, lo que es absolutamente lógico para provocar un resultado electoral válido. Pues bien, si los votos en blanco se contabilizaran provocaría que el resultado electoral, sea por número de votos o por porcentaje se vuelva más difícil. Posiblemente facilitaría más el desarrollo de segundas vueltas electorales, pero a la vez los partidos políticos tendrían que preocuparse por mejorar sus imágenes públicas, las de sus líderes, caudillos o dirigentes, tendrían que ser más responsables en la gestión pública en que participan, tendrían que estar obligados a procesos de rendición de cuentas ante sus afiliados, seguidores y ciudadanos.

El reconocimiento real y efectivo de los votantes abstencionistas enriquecería más la democracia política y los procesos electorales. La situación más extrema en este dilema sería cuando el abstencionismo en urnas sea mayor que la suma de los votantes de los partidos inscritos, lo que inevitablemente obligaría a nuevas postulaciones para la segunda ronda, sin lugar a dudas, o a un proceso reconstituyente nacional, de manera automática se convoque a un Nuevo Pacto Nacional, a una Nueva Asamblea Nacional Constituyente, que redefina la nueva situación política nacional.

Fotos, Biografías y Planes de Gobierno

Vladimir de la Cruz

A punto de que se vayan estableciendo y definiendo las candidaturas a puestos de elección popular, la Presidencia, las Vicepresidencias y las Diputaciones, que es lo que nos moverá en los próximos meses para ir a votar, el primer domingo de febrero, y escoger, de esa manera, a quienes les tocará dirigir la gran nave nacional, en que nos encontramos, en este mar agitado y tormentoso, según se quiera ver. Me parece que nadie lo ve tranquilo, y pocas personas ven luz y claridad al final de periplo de estos próximo diez meses, que estarán plagados de cantos de sirenas.

Aparte de los formalismos de la edad, elemento básico para ser ciudadano y poder ejercer el voto, 18 años, para ser diputado, 21 años, y para ser Presidente o Vicepresidente, 30 años, que son los cargos o puestos que se elegirán, no se exige ningún otro atributo personal. Si hay restricciones de quienes no pueden desempeñarse en estos cargos.

En los últimos procesos electorales el Tribunal Supremo de Elecciones, ha solicitado a los partidos políticos y a los candidatos que presenten una hoja de datos básicos personales, que los coloca en su página oficial a efecto de que se puedan analizar, por parte de los ciudadanos, esos atestados, y sepan, de esa manera quienes aspiran a esos puestos, y qué confianza puedan provocar.

No se exigen a esos puestos formaciones profesionales, ni estudios de primaria, secundaria o universitaria. Basta ser ciudadano, común y corriente, para poder a aspirar a ser electo en esos altos cargos, de gran responsabilidad. Esa es la Democracia funcionando. Todos los ciudadanos están en la misma posición, posibilidad e igualdad de querer dirigir los destinos de la Nación costarricense.

A los partidos políticos, y a los candidatos, el Tribunal Supremo de Elecciones les exige que presenten un Programa de Gobierno.

Recientemente se ha puesto ante la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley, que de acogerse por los diputados y de votarse prontamente, podría empezar a funcionar en el próximo proceso electoral, que es lo que se pretende con este Proyecto de Ley, que obligaría a los partidos políticos y a los candidatos incluir sus fotografías y sus biografías al inscribir oficialmente sus candidaturas. Eso está bien. Contribuye a conocer mejor a los candidatos que ofrecen los partidos y con ello también conocer mejor a esos partidos políticos.

En el caso de los postulantes a la Presidencia, y Vicepresidencias les obligarán a presentar su Plan de Gobierno. No suena mal. Desde hace muchos años y muchos procesos electorales así se hace. Cuando fui candidato presidencial así lo hicimos en 1998, en el 2002 y el 2006. En la práctica de cada campaña electoral, todos los candidatos hacen ofertas de lo que desean hacer, de lo que desean resolver y de las esperanzas que los electores quieren oír más allá de los Planes de Gobierno que tienen. En la práctica son puros cantos de sirena, en ese mar agitado electoral de la campaña política.

Cuando se produce el resultado electoral, y hay ganador, partido político y candidato presidencial, nada obliga a ese partido y a ese candidato a ejecutar su Plan de Gobierno, ni tampoco se puede hacer tan fácilmente. Hasta la última elección, la del 2018, cuyo gobierno termina en 13 meses, el partido que ganaba la Presidencia se encontraba el 8 de mayo, que la Asamblea Legislativa estaba en sus Sesiones Ordinarias, durante los siguientes meses desde mayo, junio y julio, y luego setiembre, octubre y noviembre, lo que imposibilitaba en la realidad que ese Partido y ese Presidente en ejercicio ya pudiera hacer algo respecto a la oferta de Plan de Gobierno que había hecho durante la campaña electoral, incumpliendo en ese sentido ante el electorado, razón que contribuía a bajar rápidamente su percepción ante los electores y el resto del pueblo electoral.

Además, se encontraba con que el Presupuesto Nacional que le acompañaría todo el primer año de gobierno, es el que aprobó el Partido de Gobierno desde noviembre anterior, y que en ese sentido no podía hacer casi nada, solo administrarlo de la mejor forma posible y tratar de hacerle alguna reforma en el mes de agosto, en sus Sesiones Extraordinarias. Esta situación sigue para el próximo gobierno que se instale. El Presidente que asuma, y su partido, se encontrará, en el 2022, con el Presupuesto que apruebe la Asamblea Legislativa en noviembre, para el año 2022, que es el Presupuesto elaborado por el Partido Acción Ciudadana, desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda para el próximo año. El único favorecido en esa posibilidad es el mismo Partido Acción Ciudadana, en caso de que llegara a ganar, porque pueden darle continuidad a ese Presupuesto, sin poderle hacer modificación alguna, pero obviamente continuando las políticas y estrategias allí contenidas, como parte del gobierno de Acción Ciudadana. Los otros partidos, en caso de que ganara alguno de ellos, se encuentran con esa cadena, que tienen que arrastrar.

Sí ha cambiado el orden de las Sesiones Legislativas, de manera que el próximo año, por primera vez, las Sesiones Legislativas empiezan con las Extraordinarias, lo que le permitirá al nuevo Gobierno, del PAC o de otro partido, iniciar el 8 de mayo haciendo propuestas de Proyectos de Ley, en armonía y de conformidad con lo que se ofreció en campaña política. Esta es la gran novedad por ahora, pero amarrada esa posibilidad al Presupuesto en ejecución desde el primero de enero próximo.

Por lo anterior, lo de presentar un Plan de Gobierno, como requisito de inscripción, ya legalmente obligado, no está mal, pero siempre seguirá siendo un canto de sirena, porque aun cuando un mismo partido se pueda reelegir para continuar en el Gobierno, el Plan de Gobierno que ofrezca generalmente no es el de continuidad del mismo gobierno. Esto se ha visto cuando los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, se han reelecto. Cada candidato, y el mismo partido para cada elección, lleva su propio Plan, y ninguno, que yo recuerde exalta la obra del gobierno que acaba para continuarla, porque en todos los procesos electorales el mismo partido que está gobernando, a los efectos de la campaña electoral se distancia de su propio gobierno, sobre todo cuando han sido muy criticados y cuestionados.

Así como se han cambiado la Sesiones Ordinarias y Extraordinarias se debe avanzar a establecer Presupuestos Nacionales Bianuales, por lo menos, y ciertos aspectos de esos Presupuestos Trianuales o Tetra anules, de manera que se puedan ir diseñando en la realidad Planes de Gobierno de mediano plazo. Los Planes Quinquenales que se han exigido a la Administración Pública, en este sentido fueron siempre una gran estafa política, un ejercicio carísimo institucionalmente al hacerlo, para que no pudieran implementarse como Grandes Planes Nacionales de Desarrollo Institucional y Nacionales en todo su sentido.

Obligar a la presentación del Plan de Gobierno no está mal, pero puede ser irrealizable, si no se cambian estos mecanismos para hacer mejor operable el aparato estatal e institucional.