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Abelardo Morales Gamboa (*)

Las elecciones de febrero de 2026 no solo definieron un ganador; alteraron el mapa territorial del poder en Costa Rica. Aunque el país mantiene formalmente su arquitectura democrática, los resultados revelan una transformación más profunda en las bases sociales y espaciales de la legitimidad política. En varios territorios, el Estado ya no ejerce con la misma intensidad su capacidad de integración, regulación y cohesión. Allí donde esa capacidad se debilita, emergen formas híbridas de gobernanza en las que la autoridad pública convive —o compite— con actores no estatales. Las élites partidarias pierden hegemonía local y nuevos arreglos emergen en su lugar.

Este fenómeno no supone la desaparición del Estado, sino la consolidación de una estatalidad desigual. La fragilidad territorial no implica vacío institucional, sino presencia intermitente, capacidades diferenciadas y una gobernanza fragmentada que opera con intensidades variables según el territorio. La experiencia latinoamericana ha mostrado que la formalidad democrática puede coexistir con enclaves de poder informal, donde la autoridad pública se negocia, se comparte o se tensiona con actores económicos y sociales que operan fuera —o en los márgenes— de la legalidad.

En Costa Rica, estas dinámicas no son recientes. Desde finales del siglo XX se advierten señales de desgaste del régimen sociopolítico de la Segunda República. La hegemonía partidaria articulada en torno a Liberación Nacional y el pacto político fundacional de 1948 fue perdiendo capacidad de articulación social. A escala territorial, esa erosión se expresó en debilitamiento institucional, precarización de servicios, fragmentación social y pérdida de densidad del pacto que sostenía la integración entre Estado y ciudadanía.

La coyuntura electoral de 2026 hizo visibles esas fracturas. Como lo documentamos en un artículo anterior, uno de sus rasgos más significativos fue la concentración del voto oficialista en cantones caracterizados por bajos niveles de desarrollo social y altas tasas de homicidio. Este patrón no es anecdótico: señala territorios donde la cohesión social se ha debilitado y donde el Estado enfrenta mayores límites para garantizar bienestar y seguridad.

Las respuestas políticas que pueden emerger en estos contextos son ambivalentes. Van desde la retórica de la “mano dura” —con insinuaciones de suspensión de garantías— hasta formas más silenciosas de estabilización informal, cercanas a lo que en otros países se ha descrito como pax criminalis: arreglos que reducen la violencia visible mientras preservan economías ilícitas y equilibrios de poder locales. En ambos casos, la autoridad pública se redefine bajo parámetros que tensionan el ideal democrático. El país dejará de ser, en definitiva, el viejo modelo de paz.

A este cuadro se suma la migración de liderazgos municipales hacia el oficialismo. Entre 2024 y 2025 al menos catorce alcaldes abandonaron los partidos con los que fueron electos para respaldar la nueva coalición gobernante. Aunque el mayor número de salidas provino de Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana, también hubo deserciones desde fuerzas emergentes. No se trata, por tanto, de un simple debilitamiento del bipartidismo histórico, sino de un reacomodo transversal.

Lo significativo es que varios de esos cantones coinciden con territorios donde el oficialismo obtuvo ventajas electorales amplias y donde el Índice de Desarrollo Social es bajo o medio-bajo. Al incorporar al análisis tanto el IDS como la tasa de homicidios, el mapa político adquiere mayor nitidez: la ventaja del Partido Pueblo Soberano frente al Partido Liberación Nacional aumenta sistemáticamente en cantones con menor desarrollo social y mayor violencia.

No estamos ante una simple brecha económica. Se trata de espacios donde convergen desigualdad estructural, debilitamiento institucional y mayor exposición a dinámicas de inseguridad. Son territorios en disputa: ámbitos donde el pacto social pierde densidad y donde la integración al Estado social se vuelve más tenue.

En este contexto, la migración de alcaldes (ver cuadro) no parece obedecer únicamente a cálculos individuales o a oportunismo político. Puede interpretarse como la expresión de un reordenamiento territorial del poder. Allí donde el oficialismo consolidó apoyo en condiciones de fragilidad, los liderazgos locales se alinean con el nuevo eje emergente, reforzando una acumulación política anclada en esos espacios.

La recomposición observada no es meramente partidaria. Lo que se perfila es una reconfiguración hegemónica con base territorial. El antiguo bloque histórico —sustentado en la articulación entre Estado social, clases medias integradas y élites económicas— pierde capacidad de dirección en los territorios donde esa integración se debilitó. En esos espacios emergen nuevas lealtades políticas que desplazan el eje de legitimidad y reordenan el campo de poder. La fractura electoral no expresa solo descontento coyuntural; revela un desplazamiento más profundo en las bases territoriales de la gobernabilidad costarricense.

Si este diagnóstico es correcto, la respuesta no puede limitarse a ajustes institucionales o a discursos de seguridad. La reconstrucción democrática exige fortalecer los tejidos locales que sostienen la vida colectiva. Ello implica inversión social territorializada, recuperación efectiva de la presencia estatal en los cantones más rezagados, promoción de economías locales inclusivas y ampliación de espacios de participación ciudadana. La democracia sustantiva no se preserva únicamente desde el centro político; se reconstruye en los territorios donde hoy se manifiestan con mayor intensidad las fracturas. Es allí donde se juega, silenciosamente, el futuro democrático del país.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.