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Etiqueta: pensiones

Es la misma cosa de siempre

Oscar Madrigal

El país que vivimos centra su atención en asuntos como por ejemplo la poca inteligencia de una ministra o la minusvalía de otro ministro. Son aspectos importantes enmarcados en lo que pretende Chaves y su equipo por el fondo: disminuir la democracia, deslegitimar a las instituciones o violentar principios constitucionales.

Mientras eso se discute, el mundo social nacional sigue acumulando problemas sin que se vea posibilidad de solución.

La semana pasada se informa en La República que Costa Rica está en el podio de países con mayor DESEMPLEO, según la OCDE. Con el 11,6% de tasa de desempleo que cerró el año pasado, el país ocupa el segundo lugar de todos los países miembros de esa organización con mayoría de personas desempleadas, solo superado por España, pero ocupando el primer lugar de los países latinoamericanos miembros de ella.

Hoy se informa que el Régimen No Contributivo, el que paga las pensiones a los más pobres y necesitados del país, inició el año con un faltante de recursos que no presupuestó Hacienda, que hará que no se puedan entregar 5.000 nuevas pensiones y que obligaría a reducir el monto de la pensión de ¢80.000 a ¢70.000.

Por otra parte, también se informa, que las becas para los estudiantes de primaria y secundaria se reducirían en número este año, en una cantidad superior a las cien mil becas.

Todo esto sin hablar de muchos otros asuntos como el deterioro creciente del poder adquisitivo del salario, el alto costo de la vida, que más de la mitad de las familias costarricenses no llegan a fin de mes o que la concentración de la riqueza es un problema obsceno.

Mientras esa realidad golpea a las grandes mayorías, el Gobierno que es el responsable de esta situación se vanagloria de los superávit fiscales aunque lo logren con el empobrecimiento de las personas más necesitadas.

Esta realidad terminará imponiéndose, a pesar de las cansinas promesas gubernamentales que no se concretan en nada.

El Estado debe invertir más en el Régimen No Contributivo de Pensiones

El abuso de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de los gobiernos de turno, recargando los costos universales en salud sobre las espaldas de los trabajadores asalariados, independientes y patronos, no solo está llevando a la quiebra al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sino que también está teniendo un impacto en el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC).

La descarada omisión de crear las rentas que ordenan las leyes No 5349, No 5905, No 7374 y No 7983 para universalizar el seguro de salud, recurriendo en su lugar al mecanismo fácil, torcido e irresponsable de la mora de aportes del Estado, al desvío de fondos de IVM y al aumento de los aportes sobre los salarios, los retrata de cuerpo entero como malos administradores. Sobre este asunto me he referido en múltiples ocasiones; sin embargo, no he mencionado el impacto negativo que esta política contributiva ha tenido como estímulo a la privación del derecho a la seguridad social de muchas personas y a la informalidad del empleo, aspectos que un Estado responsable no debe dejar desatendidos.

En el Anexo 1 presento la planilla de pensiones del RNC de setiembre de 2022, en el que vemos que hay un total de 139.492 pensiones, de las cuales 4.907 son del grupo que llamo especiales (Autismo, PCP, Mielomeningocele y otras) y 134.585 normales (Vejez, invalidez, extrema pobreza y muerte). La pensión mensual actual del primer grupo es ₡307.572 y la del segundo es ₡82.000. Ver el Anexo 2 para mayores detalles.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, https://admin.inec.cr/sites/default/files/2022-10/reenaho2022-por_temas.xlsx, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwidxbuC99T7AhUjsDEKHfIRDRsQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fadmin.inec.cr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-10%2Freenaho2022.pdf&usg=AOvVaw3EYSEaD6NWhNxnFLYPh2By), el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en junio de 2022 fue de ₡59.744 en la zona urbana y ₡49.913 en la rural; el monto de la Línea de Pobreza (LP) fue ₡128.406 en la ciudad y ₡99.140 en el campo. Los hogares con ingreso per cápita menor o igual al monto de la CBA son catalogados en extrema pobreza y los que tienen un ingreso per cápita superior al monto de la CBA; pero no mayor que el monto de la LP, son clasificados en pobreza no extrema. El resto de los hogares se denominan no pobres.

Por lo tanto, el monto de la pensión de 82.000 del RNC es equivalente a un 83% del monto de la LP rural y a un 64% del monto de la LP urbana. Por otro lado, en los hogares pobres viven generalmente más de tres personas. Entonces no es por casualidad que las estadísticas del INEC reportan que en junio de 2021 había 11.759 personas que se encontraban en extrema pobreza a pesar de estar en un hogar que recibía una pensión del RNC y 50.554 personas vivían en hogares en pobreza no extrema existiendo en el hogar un pensionado del RNC. Así mismo, la misma fuente indica que había 10.963 personas adultas mayores en extrema pobreza sin cobertura de pensión del RNC y 36.972 personas adultas mayores en pobreza no extrema sin pensión del RNC, lo que suma 47.935 personas adultas mayores en pobreza y sin pensión.

El anexo 1 tiene dos colores, verde y amarrillo (¡seguro creerán que me faltó el azul!). El verde lo que refleja es que los gobiernos anteriores al año 2006 -PLN y PUSC- descuidaron tanto la cobertura como la suficiencia del beneficio. Si en 2006-2009 no se hubiera reajustado de manera importante esas pensiones, sino que solo hubiesen mantenido su valor adquisitivo, hoy serían unos miserables montos de tan solo ₡40.000, como se observa en dicho anexo. A partir del año 2010 otro gallo cantó, pues tanto el PLN como el PAC descuidaron la calidad del beneficio, lo cual hizo que el monto se devaluara hasta en un 25%, como se observa en el mismo cuadro.

Los datos del Anexo 1 también muestran un vacío en la normativa del RNC que deja su manejo al antojo politiquero del partido de turno en el poder, unos descuidan la cobertura y la calidad (PUSC), otros privilegian el monto (PLN) y otros dan mayor importancia a la cobertura (PAC). Mientras la Constitución Política (CP) establece el derecho universal a la seguridad social, vemos que hay decenas de personas adultas mayores en pobreza y extrema pobreza sin pensión del RNC. La misma CP y el artículo 3 de la “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor” establece como derecho de los adultos mayores “La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones”; sin embargo, vemos en el Anexo 1 que transcurren tres o más años sin que se revaloricen los montos de las pensiones del RNC porque no hay suficientes recursos, mientras que sí hay dinero para reajustar semestralmente y puntualmente el 100% de la tasa de inflación a las llamadas pensiones de lujo.

De la información analizada para preparar este artículo, visualizo tres medidas urgentes que deben tomar los Gobiernos y el Estado, si se creen responsables, respetuosos de los derechos humanos y preocupados por eliminar la política de crear clases sociales, una con derechos plenos, otra con una proporción de ellos y otra sin ellos, pues la CP y los convenios internacionales suscritos por Costa Rica prohíba este tipo de discriminaciones.

  • La primer medida consiste en aumentar un 7% la pensión especial del RNC y un 21% la pensión normal del RNC. Con esta acción se recupera la pérdida del valor adquisitivo que han tenido estas pensiones y se establece como política que los montos de las pensiones normales del RNC deben ser iguales o superiores al monto de la LP rural. El costo de esta acción es de unos ₡35.441 millones anuales, que representa un 0,08% sobre el Producto Interno Bruto (PIB).
  • La segunda acción consiste en garantizar el derecho a recibir una pensión del RNC a los 50 mil adultos mayores en situación de pobreza que actualmente no la disfrutan.  Esta medida supone la aprobación de la primera acción y tiene un costo anual estimado de ₡78.716 millones o 0,18% sobre el PIB.
  • La tercera política es la aprobación de una ley que le establezca una fuente de financiamiento suficiente y permanente a los dos objetivos anteriores y que garantice que esos dineros no sean desviados para otros fines, como ya ha sucedido en el pasado.

En total, estas acciones tienen un costo anual de ₡114.157 millones o 0,26% sobre el PIB, incluyendo el costo del aguinaldo y del seguro de salud. El costo actual estimado del RNC es de ₡185.844 millones o 0,42% sobre el PIB, por lo que, con ambas metas satisfechas el costo anual aumentaría a ₡300.000 millones, que representa un 0,67% del PIB (Ver Anexo 3).

Todavía esto dejaría sin resolver la situación de un importante grupo de personas con edad de 64 años o menos, que se encuentran en situación de pobreza extrema o no extrema y que no tienen acceso suficiente a programas de seguridad social.

M.Sc. Rodrigo Arias López

Matemático y Máster en Matemática Actuarial

UCR, Voz experta: Sobre la solvencia de la CCSS y el desfinanciamiento del Seguro IVM

M. Sc. Rodrigo Arias López, actuario matemático y docente pensionado de la UCR.

Especial: El envejecimiento en Costa Rica

El mal manejo de fondos y reservas del Seguro Social amenaza el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Y el excedente de casi un billón de colones del Seguro Social es usado por la CCSS para financiar programas de salud que son responsabilidad del Estado

Si las juntas directivas de la Caja Costarricense de Seguro Social (gerentes y mandos medios), los gobiernos de turno y los ministros de Hacienda hubiesen respetado el ordenamiento constitucional y legal en la gestión de los seguros y programas de seguridad social que dirigen y administran, la Caja tendría hoy una enorme solidez financiera. Para ser exactos, más de ₡58 billones en reservas del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y una holgada postura financiera en el Seguro de Salud (SEM). Solo como ejemplo:

  1. La Ley 7374 de 1993 trasladó del Ministerio de Salud a la Caja diez programas de atención primaria que le cuestan a la CCSS ₡400 000 millones por año. Sin embargo, la CCSS solo le cobra al Estado una quinceava parte de ese monto. A esto se suma que los Gobiernos se han negado a pagar tal deuda, a pesar de que la misma ley ordena su pago total mensualmente.
  2. La Ley 5905 de 1976 le ordenó a la Caja brindar atención médica (prestación de servicios de salud) a todos los pensionados del país, que hoy son más de 500 000. Esta normativa disponía que, si faltaba dinero para esta atención, este debía ser aportado por el Estado. Hasta la fecha, los políticos de la CCSS se han negado a facturarle al Estado un monto anual de ₡200 000 millones de déficit que tiene dicho régimen de salud. Si alguien tiene dudas, puede preguntarle a su gerente financiero, Gustavo Picado Chacón, si eso se le cobra al Estado.
  3. La Ley 5349 de 1973 (entre otras) obligó a la CCSS a atender a todas las personas sin seguro (cobertura médica). Para esto, trasladó también las fuentes de financiamiento para que no se tocaran los fondos y reservas del Seguro Social (seguro de salud y pensiones de los trabajadores asalariados asegurados y sus familias), tal y como lo ordena el artículo 73 de la Constitución Política. Sin embargo, la CCSS invierte un monto anual de ₡500 000 millones en este programa de salud (Ley 5349), aunque solo recibe del Gobierno ₡240 000 millones de ingresos anuales, que no son ni la mitad.

El camino cómodo e irresponsable que encontraron los políticos de la Caja y de los Gobiernos fue tomar los fondos y reservas del Seguro Social, lo cual viola el artículo 73 de la Carta Magna y los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS. No les importó que eso llevara a la quiebra al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya reserva actual es de apenas ₡3 billones, y que esto afectara a tres millones de afiliados y pensionados del IVM.

Estos ruines, en su afán de equilibrar a toda costa los gastos de IVM con los ingresos sin detener el desvío de fondos, se confiaron en que podrían seguir mintiendo, culpando a las personas por vivir unos años más. Por eso, planearon las siguientes acciones:

  1. Aumentar las edades de retiro —como ya lo hicieron— con vigencia a partir del año 2024 y con la advertencia de que lo tendrán que repetir en el mediano plazo.
  2. Bajar los poquitos beneficios que les quedaban a los cotizantes de IVM, algo que también hicieron recientemente y lo volverán a hacer.
  3. Permitir que las pensiones pierdan su valor adquisitivo, como lo vienen haciendo desde el 2019 (más de 150 000 personas beneficiadas con el IVM reciben una pequeña pensión de ₡142 000, ya devaluada un 12 %).
  4. Seguir aumentando las tasas de cotización, principalmente de trabajadores asalariados, como lo hicieron en el 2017 y lo repetirán en los próximos años.

Todo lo anterior permitió que el Estado se diera el lujo de acumular una deuda con la CCSS de casi ₡3 billones, sin contar los ₡6 billones en disputa de la Ley 7374. Con esto, se sacrifica a los pensionados, a los que están próximos a pensionarse y hasta a las nuevas generaciones de cotizantes.

En el siguiente cuadro, elaborado con cifras del último estudio actuarial oficialmente conocido del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) hecho por la Caja, el monto de ₡1 767 724 millones de ingresos corresponde a un 15 % sobre la masa salarial de los trabajadores asalariados (del total de sueldos reportados por patronos públicos y privados) que cobra la CCSS. Empero, para este fin solo se requieren ₡842 877 millones, el excedente de ₡924 987 millones lo debieron ingresar a la reserva de IVM. Pero no lo hicieron, sino que lo utilizaron para cubrir obligaciones del Estado antes anotadas, acción con la cual vulneran la Constitución y la Ley Constitutiva de la Caja.

Cuadro 1. Balance del SEM, año 2018, en millones de colones

Modalidad de aseguramiento

Ingresos

Gastos

Excedente

Asalariados

1 767 724

842 877

924 847

Pensionados

273 873

452 275

178 403

Estado y no asegurados

248 975

513 949

264 974

Independientes y voluntarios

199 180

246 696

47 515

Total

2 489 752

2 055 797

433 955

Reitero, en el 2018, el excedente de ₡924 847 millones debió corresponder al Seguro IVM y representó ni más ni menos que un 7,89 % sobre los salarios, según la estimación oficial de la CCSS. Como es conocido, la Caja recauda para el Seguro Social de patronos, trabajadores y Estado un 25,66 % sobre la planilla de salarios, que según la Ley N°17 debe dividirse con criterio actuarial en 7,11 % para el SEM y 18,55 % para el IVM. Sin embargo, la CCSS traslada solo un 15 % al SEM y un 10,66 % al IVM, lo que explica la crisis de este seguro.

El gerente de Pensiones Jaime Barrantes Espinoza y los nueve directores de la Junta Directiva de la CCSS, presuntamente, no se enteraron de que ese excedente debió reforzar la raquítica reserva de IVM. Los abogados de la Dirección Jurídica de la CCSS, entre ellos Mariana Ovares Aguilar, Luis Guillermo Mata Campos y Gilbert Alfaro Morales, niegan conocer ese «elefante», a pesar de que “la Dirección Jurídica de la CCSS es el órgano superior consultivo responsable de la atención de asuntos en materia legal”. Entonces, cuando “en país de ciegos, el tuerto es rey”, es muy probable que solo Gustavo Picado Chacón y Luis Guillermo López Vargas, gurúes de las finanzas de la Caja, sean los únicos que conocen al paquidermo; pero también se hacen los «zorros» o los «rusos», como decimos los ticos.

El desvío histórico promedio de fondos del IVM equivale a un 7,5 % sobre los salarios y ocurre desde hace más de 50 años. En la década de 1970 no solo desviaban los ingresos de las cuotas del IVM hacia el Seguro de Salud, sino también las reservas ya constituidas, y se terminaba prestando al Estado los saldos sin intereses o a tasas reales negativas (empeorando el cuadro). Todas estas acciones, entre otras, ocasionaron que el IVM no disponga hoy de casi ₡59 billones en su reserva.

Cuadro 2. Monto de reservas que no pudo obtener el IVM

Concepto o rubro

Millones

Desvío de fondos del seguro IVM

₡ 43 344 772

Malas inversiones realizadas en el período 1975-1991

₡ 5 207 730

Artículo 9 de la Ley 7374 (el costo en salud sería inferior al 7,11 %)

₡ 5 211 351

Incumplimiento y reducción de la base mínima contributiva

₡ 3 595 584

Artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador

₡ 973 713

Deuda del Estado con IVM (oficio GF-DFC-0901-2021)

₡ 420 586

Total

₡ 58 753 736

No faltará quienes argumenten que ese gigantesco monto no ingresado al IVM era necesario para ayudar a la debilitada situación fiscal del Estado. Sin embargo, se puede observar que la deuda pública estatal es cancelada puntualmente, incluyendo cada centavo del monto principal e intereses.

Asimismo, vimos la fiesta que se ha creado con dineros públicos, lo cual ha generado regímenes de pensiones de lujo, con retiro juvenil desde la edad de 40 años y con el 100 % del salario más alto como pensión.

También observamos cómo establecieron subsidios y beneficios a grandes cafetaleros, arroceros, exportadores y otros grupos, así como les permiten o facilitan a empresarios y a trabajadores independientes evadir más de ₡2 billones de impuestos por año, mientras reducen cada vez más los fondos de los programas sociales que ayudan a la población más vulnerable de nuestro país.

 

M. Sc. Rodrigo Arias López
Actuario matemático y docente pensionado de la UCR

Repartir pobreza y pensiones complementarias

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Mientras este sábado compartía esa mañana con dos de mis hermosos nietecitos, procedo a revisar documentos y asuntos que no son lo propio de mi función profesional; me topo con el amargo informe financiero que mes a mes me envía la Operadora de Pensiones Complementaria a la que pertenezco.

Días atrás escribí sobre este mismo tema en términos muy dramáticos, pero real. Les hablo de la realidad de más de millón y medio de trabajadores asalariados y de miles de millones de colones depositados en ahorros, en entidades en las cuales hemos confiado. No hablo de caridad, sino de cómo algunos pocos juegan con mi futuro y mis ahorros.

El futuro y ahorro de más de un millón de trabajadores. La pregunta es …si continuará la mayoría de ustedes con una actitud pasiva y expectante ante el continuo, permanente y constante asalto que sufren nuestros ahorros en las operadoras de pensiones.

Allí la actitud, sean operadoras de naturaleza privada o pública, es la misma. En el último año tenebrosamente han tenido la metamorfosis y mimetismo de ser aliadas de las personas trabajadoras, a ser de sus mayores enemigos. Pareciera que están en una carrera desenfrenada a ver cuál es capaz de esquilmar ruinosamente, a las personas trabajadoras asalariadas de este país. Y nosotros con una pasividad pasmosa, similar a la de los borregos antes de ser conducidos al matadero.

La Ley de Protección a los Trabajadores, con 20 años de existencia, es el mejor ejemplo de cómo una ley creada con buenas intenciones es prostituida con el paso del tiempo y trastocada en los últimos meses en una fea, triste y depredadora realidad para todos nosotros. La transformación el auxilio de cesantía –consagrado en nuestro Código de Trabajo- y del aporte del 1% de nuestro salario, convertido en ahorro obligatorio destinado en ese entonces para la capitalización del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, son la base del ROP y del FCL. El ROP si es que lo veremos, será hasta en el momento de jubilación donde nuestros ahorros y rendimientos “los disfrutaremos” a lo largo de 115 años de vida, tal y como lo calcula nuestra memorable, épica, deleznable, inoperante y trágica Superintendencia de Pensiones.

Dichos ahorros de millones de personas trabajadoras, producidos con su esfuerzo, dedicación y sudor se han transformado en impresionantes masas de dinero -10 mil millones de dólares-, de manera que tientan a más de uno. Han dado origen a la participación de diversas operadoras, la mayoría de ellas del sector financiero nacional y transnacional, pues aquí la banca privada disfraza en gran medida a la gran banca internacional. Estas a su vez han creado una robusta, frondosa y depredadora burocracia que se confunde también con la SUPEN, que cada vez me queda más claro, defiende a las operadoras; que no ocupan que nadie las defienda, entidad que ni regula, ni alerta “ni vela por mi platita”. Entretanto las operadoras, creadas por ley, sin que se me consultara, manejan mis ahorros, y como ahorrantes solo se nos permite decidir en cuál de ellas depositen mensualmente mi aporte.

De la misma manera con que las operadoras resultan inútiles e inoperantes ante la pérdida de valor de mis ahorros, la prensa comercial, se hace de la vista gorda sobre este tema, abordado tan sólo por el Semanario Universidad. Medio serio que le ha dado seguimiento al tema, ante la indolencia del poder ejecutivo y los partidos políticos. Aquí los diputados tienen una gran oportunidad de poder defender a los trabajadores. Tan sólo he visto al diputado Nicolás del PLN, electo por Puntarenas, asumir una bandera para que parte del ROP sea devuelto a los trabajadores, en vida. Propuesta que es apoyada tímidamente solo por algunos diputados de esa fracción. Ojalá que ni la cobardía ni la timidez sean las banderas que ondeen en Zapote y Cuesta de Moras.

Dichos fondos a la fecha rondan los 10 mil millones de dólares. Las pérdidas de dichos fondos a mayo 2022 ascienden a los 162 mil millones de colones; ese valor sumado a otras cuentas permite colegir que ROP es más pequeño en mayo 2022 que mayo 2021, pues 284 mil millones de colones que había, ya no están. En mi modesta opinión, ni técnica ni contablemente pueden ser pérdidas, la felonía nos permite concluir que solamente han cambiado de dueño. Eses es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos y hacérselas a quienes ocupan las directivas de SUPEN y operadoras.

Como ahorrante y perteneciente a una de las operadoras desde hace 20 años, les compartí semanas atrás, el estado financiero que me envió la operadora. Tu situación debe ser similar; la aparición de números rojos que aparece nuevamente es producto de que los inútiles que administran mis ahorros, han tomado pésimas decisiones; desde sus cómodos sillones, nunca dan cuentas y pareciera no importarles mis cinquitos; pues a mí sí, y a lo mejor si me dejasen tomar decisiones sobre el uso de esos recursos podría obtener mayor rentabilidad, mayor ganancia, ahora en edad productiva, no quizás cuando me aceche la vejez –que es seguro llegará, a menos que pasemos a mejor vida -y dicho dinero engordará a clínicas y médicos que probablemente atiendan mis dolencias por las que la CCSS, no pueda velar para una mayor calidad de vida.

La pregunta es si esos fondos estarán allí cuando mi familia y yo verdaderamente los necesitemos. La SUPEN y CONASSIF, pesadas cargas sobre los hombros de los costarricenses, que parecieran no servir para nada y no ejercer adecuada vigilancia, parecen ser parte del problema y por muy lejos de ser parte de la solución. Los fondos de operadoras de pensiones hacia mercados internacionales, mismo que en diversas áreas se comporta como una ruleta rusa y generando una mayor presión en la compra de divisas en el país que se traduce en sendos aumentos en el costo de vida y mayor inflación, no me garantiza que mis ahorros sobrevivan. No veo a los inútiles de SUPEN, ni a las operadoras promoviendo alguna reforma para que parte de dichos recursos puedan ser devueltos a sus verdaderos dueños en este momento de crisis salarial, dado el estado de congelamiento que experimentan los salarios desde años atrás.

En mi caso, para el mes anterior acumulaba pérdidas superiores a 1 355 000 colones. Hoy revisando mi último estado, ese monto ahora es 2 758 379. Durante 22 años he aportado religiosamente lo que corresponde, al igual que mi patrono. Sin falta, me rebajan de mi congelado salario, 194 238 colones. Diay, pero de eso solo me acreditan 162 844, o sea, aparece inexplicablemente una pérdida/recorte de más de 31000 colones, sólo en este mes en el Fondo de Capitalización Laboral; sí, ese ahorro que nos devuelven cada 5 años. Es decir, ya no sólo en el ROP hay pérdidas acumuladas que me cobran por la inutilidad e incapacidad de las operadoras, sino que también el FCL experimenta ahora pérdidas. No me garantiza la SUGEF o la operadora que mi dinero/ahorro esté para el momento de mi jubilación. Ese paso de 1 350 000 a 2 758 379, es brutal. En mayor o menor medida, a todos nos está pasando; pero la actitud de indiferencia, de borrego, que muestran muchos, sólo ha servido para aumentar el apetito y el latrocinio del que somos objeto, por parte de un grupo de desalmados y desalmadas.

Estamos hablando de ahorros, de dinero. NO ES CARIDAD, no es la historia bíblica de Lázaro y el rico Epulón, exigimos lo que es nuestro derecho, que esté la cantidad que hemos ahorrado, y no una condición cercana a la indigencia donde debamos tender la mano para pedir limosna. Presión a dichos entes, a los partidos políticos, a la Defensoría de los Habitantes, a los organismos que nos representan. Hemos iniciado una carrera contra el tiempo y contra los tentáculos y espíritu depredador de algunos desamados, nos arrebatan lo que por derecho propio nos pertenece.

Guardo la esperanza de que aún estamos a tiempo para corregirla, SUGEF es dirigida por tecnócratas. Las juntas directivas de las operadoras, por personas. En el caso del Magisterio Nacional, hace muchos años la dirigencia de ANDE, APSE y SEC decidieron conformar una, denominada hoy en día Vida Pena. O sea, los educadores, a través de los gremios, son los dueños de Vida Plena. Sobre la cual sí se puede incidir. La próxima semana miles y miles de educadores asistirán puntualmente a las Asambleas Regionales de la APSE y al Congreso de la ANDE. Esta última sin temor a equivocarme, la mayor de ellas. Ojalá esa miríada educadores salgan de esa cómoda modorra y pidan cuentas. Sean críticos y lancen preguntas incómodas, necesarias e inteligentes, de manera que sus representantes rindan cuentas con transparencia. Transparencia, gran valor ausente en toda esta millonaria trama. Posiblemente alguna de esa dirigencia, anquilosada y acostumbrada a ser parte de frondosa y robusta burocracia; no entiende que dentro de los mayores principios democráticos está la representación, y que esta delegación, se debe a otros agremiados a los cuales hay que rendir cuentas; ellos no están allá como un fin en sí mismo. Guardo la esperanza de que aún estamos a tiempo para corregir este tipo de situaciones: luchemos para que haya ley para devolución de parte del ROP; que las comisiones cobradas por las operadoras sean revisadas y rebajadas; y que los dirigentes de Vida Plena muestren un poco de humanismo y solidaridad a la hora de administrar lo que no es de ellos.

Mahatma Gandhi dijo un día “el mundo es suficientemente grande para todos, pero lo es pequeño para la avaricia de algunos”.

No deseo un futuro construido desde la rabia, sino desde la esperanza y compromiso de que sea un mejor lugar, para que crezcan mis hijos y nietos.

15-X-22

Carta pública al presidente, a la Asamblea Legislativa y entidades financieras

El señor Marino Marozzi Rojas y otras 155 personas jubiladas del magisterio, levantan la voz por la afectación de miles de personas que deben soportar un aumento desmedido del costo de la vida que representa una inflación próxima al 12%, conjuntamente al impuesto sobre la renta, la cuota de póliza de vida obligatoria y la cuota 5/1000 del régimen JUPEMA que representan cargas impositivas cercanas al 50% de la pensión.

Por tales razones, dicha población de pensionados, le solicitan al presidente de la República, al ministro de Hacienda, al Ministerio de Economía, a la Asamblea Legislativa y a las entidades financieras del país, atender la aplicación del ajuste a las pensiones, reducir al 50% el monto de impuesto sobre la renta y la eliminación de algunas cuotas obligatorias, entre otros.

Se espera una pronta respuesta por parte de los ministros, el señor presidente y la Asamblea Legislativa ante la molestia externada por las personas jubiladas del Magisterio.

Adjunto un enlace para firmar un formulario y solidarizarse con la petición de los jubilados del Magisterio:

https://chng.it/HhMktzKjNr

Seguimiento a la solicitud de información clave a la Dirección Jurídica de la C.C.S.S.

Como parte del seguimiento a la información enviada a SURCOS por el actuario, matemático e investigador académico Rodrigo Arias López, este afirma que:

“Pues bien, dado que ese sujeto no me contestó, le interpuse un recurso de amparo el cual fue declarado con lugar, le adjunto la resolución de la Sala 4; me parece que es una jurisprudencia muy buena. Recuerde que este sujeto está denunciado, y creo que el Gerente General de la CCSS, por supuestamente un nombramiento ilegal y ejercicio ilegal de la profesión”.

Si quiere dar seguimiento a la noticia adjunto el enlace de la publicación anterior: https://surcosdigital.com/solicitan-informacion-clave-a-la-direccion-juridica-de-la-ccss/ 

 

Compartido con SURCOS por Rodrigo Arias López.

La buchaca de las pensiones complementarias y los cuarenta ladrones

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Sobre lo que ocurre en el  mundo y en nuestro país durante la primera mitad de 2022, podríamos citar muchas cosas. Pero pocas de ellas con una incidencia tan directa y temible para los trabajadores asalariados como el desfogue y asalto que estamos viendo/siendo con nuestros aportes a los regímenes de pensiones complementarios, donde operadoras, de naturaleza privada y pública, en sí mismas se han transformado en poco tiempo en aliadas de los personas trabajadoras a ser de sus mayores enemigos cual pócima venenosa con que se “embadurnó una hermosa y sabrosa manzana roja”

La Ley de Protección del Trabajador que da origen al surgimiento de fondos de ahorro de parte del salario de las personas trabajadoras, del aporte nuestro y sus patronos, cuando existe empleo formal. Surge a raíz de la transformación el auxilio de cesantía –consagrado en nuestro Código de Trabajo- y del aporte del 0,5% de nuestro salario, convertido en ahorro obligatorio destinado en eses entonces para la capitalización del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Ley que recién cumple 20 años y dentro de los loables y nobles fines con que fue creada, destaca la justa universalización del derecho a la pensión. Cómo se logra esto? con una “renuncia” que en el presente hacen los trabajadores de algo que es de su propiedad, parte de su salario; con miras a tener ahorros suficientes a asegurar una vejez digna, cuales bellos abuelitos icónicamente vemos en cuentos como Caperucita Roja y Geppetto.  A ver, estos ahorros que hacemos en el presente, que hacen que nos limitemos en la posibilidad de vivir bien ya, de viajar, adquirir algún bien mueble o inmueble o emprender alguna actividad económica que complemente mis ingresos, es pospuesta.

Dichos ahorros de millones de personas trabajadoras, producidos con su esfuerzo, dedicación y sudor se han transformado en impresionantes masas de dinero -10 mil millones de dólares-, de manera que tientan a más de uno. Han dado origen a la participación de diversas operadoras, la mayoría de ellas del sector financiero nacional y transnacional, pues aquí la banca privada disfraza en gran medida a la gran banca internacional. Estas a su vez han creado una robusta, frondosa y depredadora burocracia que se confunde también con la SUPEN, que aun no entiendo a quién defiende, si a las operadoras, que no ocupan que nadie las defienda, o a nosotros como trabajadores y ahorrantes. Es decir, alguien podría decirme que somos tan tonticos que como no sabemos administrar nuestros cinquitos requerimos de otros que los manejen, inviertan y decidan qué hacer con mi plata, sí mi  plata. Y no es sino, que para ello se requiera la creación de una superintendencia conformada por profesionales que sabrán hacer las del rey Midas, transformar lo nuestro en mayor riqueza, al hacer que nuestro aportes produzcan generosos rendimientos, con lo cual mi retiro este asegurad y pueda dormir a pierna suelta.

Pero ese sueño puede ser interrumpido por una terrible pesadilla y en vez de salir de los brazos de Morfeo para ser arrullado por ángeles, arcángeles, querubines  y otras divinidades, sea violentamente pellizcado y atormentado por harpías, gárgolas y otros demonios, y que también mordisquean nuestros fondos.

Patrióticamente desde mediados de junio sólo un medio informativo ha intentado alertar a la población costarricense lo que silenciosamente ha venido ocurriendo con los millonarios fondos de ahorros de millones de personas trabajadoras. Me refiero al Semanario Universidad.

Dichos fondos a la fecha representan el equivalente a 10 mil millones de dólares (SUPEN, Bco. Ctl. Operadoras han perdidos 162 mil millones de colones último trimestre –Pág. 10 Semanario Universidad cita CONASSIF y SUPEN) ese valor sumado a otras cuentas permite colegir que ROP es más pequeño en mayo 2022 que mayo 2021, pues 284 mil millones de colones que habían, ya no están.

Estos temas pueden verse lejanos como la guerra entre Ucrania y Rusia, sin embargo al igual que ella nos impacta directamente. En mi caso particular como ahorrante y perteneciente a una de las operadoras desde hace 20 años, les comparto el último estado financiero que ha enviado la operadora. S situación debe ser similar la aparición de números rojos porque los inútiles que administran mis ahorros han tomado pésimas decisiones, desde sus cómodos sillones, de las cuales nunca dan cuentas y pareciera no importarles mis cinquitos, pues a mí sí, y a lo mejor si me dejasen tomar decisiones sobre el uso de esos recursos podría obtener mayor rentabilidad mayor ganancia, ahora en edad productiva, no quizás cuando me aceche la vejez –que es seguro llegará a menos que pasemos a mejor vida -y dicho dinero engordará a clínicas y médicos que probablemente atienda mis dolencia por lo que la CCSS no pueda velar para una mayor calidad de vida. La pregunta es si esos fondos estarán allí cuando mi familia y yo verdaderamente los necesitemos. La SUPEN y CONASSIF, pesadas cargas sobre los hombros de los costarricenses, que parecieran no servir para nada y no ejercer adecuada vigilancia, parecen ser parte del problema y por muy lejos de ser parte de la solución. Menos aún con la llegada de la siniestra figura de Rocío Aguilar. Personaje de ingrata y triste memoria, quien antes de llegar a estos entes del sector financiero –tras concesión graciosa de Carlos Alvarado Q.- fue contralora y ministra de Hacienda. En este último puesto fue acreedora de una sanción con una suspensión de un mes que nunca ejecutó. O sea, se convierte impunemente en la única funcionaria pública que se acredita una sanción disciplinaria, que nunca cumplió; fue protegida y posteriormente aparece tan campante en un puesto, donde se ha caracterizado por hacer daño a la economía de los hogares costarricenses. Desde su llegada a los órganos regulatorios del sector financiero ha propiciado el deslizamiento de fondos de operadoras de pensiones hacia mercados internacionales, mismo que en diversas áreas se comporta como una ruleta rusa y generando una mayor presión en la compra de divisas en el país que se traduce en sendos aumentos en el costo de vida y mayor inflación. De los últimos avisos que tenemos de los barones y las damas que regulan el sector financiero es impulsar reformas para que entes como CAJANDE y la SSVMN no puedan ser manejadas por maestros como histórica y centenariamente lo hemos hecho con gran suceso y transparencia. Desean que sean sólo sean especialistas en bancas, finanzas y otros embrujos, que son los mismo que nos tiene en esta situación. No veo a la misma SUPEN promoviendo alguna reforma para que parte de dichos recursos puedan ser devueltos a sus verdaderos dueños en este momento de crisis salarial, dado el estado de congelamiento que experimentan desde años  atrás. Y mucho menos modificar la forma en que se calcula el beneficio una vez que el trabajador se acoja a la jubilación que es la devolución de sus ahorros, hecho con gran sacrificio, calculando una edad de 115 años…sí leyó bien, 115 años, como si eso es lo que fuéramos a vivir. Ofensa más grande a la inteligencia no he visto cuando nuestra esperanza de vida según el INEC (2022) es de 83, 5 años para las mujeres y de 78,3 para los varones.

En mi caso para este periodo (2022) acumulo pérdidas superiores a 1 355 000 colones y les aseguro que aún así estos desengarzados religiosamente sí cobraron su comisión sobre el manejo de mi cuenta, al igual que a ustedes.

Generemos suficiente presión ante estas entidades y el organismo que nos representan, dejemos la pasividad y modorra, a un lado. Directamente podemos incidir en directivas de Vida Plena y del Banco Popular, para que sus operadoras se torna más humanas, sensibles y solidarias. NO ES CARIDAD, no es la historia bíblica de Lázaro y el rico Epulón, es que deseamos no que quede algo al final de nuestra vida laboral, sino que haya lo que merecidamente hemos ahorrado, y no una condición cercana a la indigencia donde debamos tender la mano para pedir limosna, sobre lo que realmente nos pertenece. Presión a dichos entes, a los partidos políticos, a la Defensoría de los Habitantes, a los organismos que nos representan. Hemos iniciado una carrera contra el tiempo  y contra los tentáculos y espíritu depredador de algunos desamados, nos arrebatan lo que por derecho propio nos pertenece.

Parafraseando la frase que le dijese su madre al sultán Boabdil ante la caída de Granada durante la Reconquista Española “No llores como niño, lo que no supiste defender como un hombre” invito en esta mes de la patria a inflamar nuestro espíritu de una llama de rabia transformada en propuesta, en construcción en garantizar nuestra capacidad de incidir para que haya cambio, resultados en los próximos meses. ¡La democracia nos lo garantiza¡

11-IX-22

Mi absoluta oposición a la reforma de las pensiones IVM y la reducción de los ingresos de la Caja

Martha Elena Rodríguez González

Martha Elena Rodríguez González
Miembro de la Junta Directiva CCSS
San José,29 de agosto 2022

Para complacer las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y favorecer al sector patronal que paga los salarios más bajos, la Junta Directiva de la CCSS sometió a consulta pública un proyecto de reforma reglamentaria, cuyo objetivo es reducir las contribuciones de los patronos.

La Caja dejará de percibir, por la reducción de las contribuciones patronales, la exorbitante cantidad de ₵ 20.000 millones anuales, lo que afectará la prestación de los servicios de salud y las pensiones.

La justificación que se arguye para modificar el reglamento es que las personas trabajadoras que devengan los salarios más bajos puedan afiliarse a la CCSS; pero la realidad es que solo se disminuye el aporte patronal, y no así el de los trabajadores.

Además, el costo de reducir las contribuciones patronales será asumida por los trabajadores. El requisito mínimo para pensionarse son 300 cuotas mensuales (25 años cotizados), con la reforma los trabajadores con ingresos inferiores al Salario Mínimo mensual, se les aplicará solo un ¼ de cuota (4 meses laborados son 1 cuota). Es decir que el trabajador necesitaría 100 años para jubilarse.

Como si fuera poco, este nuevo esquema aplicará en una primera etapa solo para trabajadores menores de 35 años, resultando evidente la discriminación etaria, profundizando los obstáculos para que los patronos contraten personas mayores de esta edad.

Esta reforma resulta insostenible y salvaje. Por esto, en mi condición de representante de la clase trabajadora, por el sector sindical, he manifestado mi rotunda oposición, de manera reiterada, por las graves implicaciones que tendrá en las personas trabajadoras.

Asimismo, informo y advierto que este asunto estará nuevamente en debate el próximo jueves 2 de setiembre.

En lugar de una consulta de mero trámite, en cumplimiento del artículo 9 constitucional, la Junta Directiva debería establecer espacios reales y democráticos de diálogo social, de forma que las políticas en materia de seguridad social no vayan en detrimento de los trabajadores y las familias del país.

Solicitan información clave a la dirección jurídica de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información enviada por el actuario, matemático e investigador académico Rodrigo Arias López.

«Como puede observarse en los dos anteriores cuadros, al seguro de salud de los asalariados y sus familias dependientes, que forma parte del “Seguro Social”, le sobró en el año 2018 un monto de 820.414 millones de colones usando los ingresos efectivos y le sobraron 924.847 millones de colones usando los ingresos reglamentarios. Dichos fondos, de conformidad con el articulado constitucional y legal antes citado, debió ser parte del régimen de capitalización, o sea, del seguro de pensiones o Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. No obstante, en lugar de eso, esos fondos fueron desviados para otros fines no autorizados por el artículo 73 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley No 17. Lo cual violenta el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución, que es parte del debido proceso, más que se trata de fondos públicos«.

Lic. Gilberth Alfaro Morales; Director
Dirección Jurídica
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Asunto: Entrega y solicitud de información

Estimado señor:

Muy respetuosamente lo saludo y le hago llegar los siguientes documentos, a fin de que sean considerados en el análisis jurídico que solicita la Gerencia de Pensiones a esa Dirección para atender requerimiento de la Defensoría de los Habitantes de la República (Registro de intervención No 379306-2022-RI).

  • El oficio No 06800-2022-DRH del 11 de julio de 2022, suscrito por el Lic. Geovanny Barboza Director a.i. de Estudios Económicos y Desarrollo de la Defensoría de los Habitantes de la República.
  • El oficio GP-1106-2022 del 6 de julio de 2022 indicado en el oficio No 06800-2022-DRH anterior.
  • Oficio DAPE-479 del 29 de octubre de 2004 suscrito por el Lic. Roger Aguilar Gutiérrez, Director de la Dirección Actuarial y de Planificación Económica de la CCSS. En caso de duda esa Dirección puede solicitar dicho documento a la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, o a las unidades que se indican en los sellos de recibido que aparecen en el mismo.
  • El informe de la Auditoría Interna de la CCSS ASF-112-2017 del 6/10/2017, sin detrimento de que esa unidad lo solicite a ese órgano auditor, incluyendo que pida los siguientes si esa Dirección no los tiene: ASF-084-2014 del 27/6/2014; ASF-065-2011 del 17/2/2011; ASF-321-2012 del 15/11/2012; ASF-009-2014 del 13/2/2014; ASAAI-210-2013 del 25/11/2013; ASF-019-2012 del 6/2/2012 y ASF-151-2013 del 13/9/2013.
  • La “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017, EST-007-2019” elaborada por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, sin detrimento de que esa Dirección la requiera de dicha unidad.

Nota de la edición: Puede consultar los documentos al final

Dicha información es fundamental para el análisis requerido para atender lo requerido por la Defensoría de los Habitantes, en particular, para cumplir con lo ordenado en los artículos 1, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 42 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS No 17 del 22/10/1943, en concordancia con los artículos 9, 11, 73 y 177 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, los artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública No 6227 del 2/5/1978, la sentencia No 115-2015 del Tribunal Contencioso y Administrativo de Hacienda del 4/12/2015 ratificada por la Sala Primera de la Corte mediante resolución No 00197-2018 del 8/3/2018 y los artículos1° al 6 de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422 del 6/10/2004.

Para una mayor comprensión por la Dirección a su cargo sobre lo indicado en los ítems a) y b) de la página 2 del oficio DAPE-479, véase el Cuadro 51 de la página 54 de la Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017 que se adjunta y que se transcribe a continuación:

Al usar los datos de las figuras 42 y 43 de las páginas 102 y 103 de ese mismo informe, junto con los datos sobre ingresos y gastos del Cuadro 49 de la página 100 de ese mismo informe, se obtienen los siguientes resultados:

Como puede observarse en los dos anteriores cuadros, al seguro de salud de los asalariados y sus familias dependientes, que forma parte del “Seguro Social”, le sobró en el año 2018 un monto de 820.414 millones de colones usando los ingresos efectivos y le sobraron 924.847 millones de colones usando los ingresos reglamentarios. Dichos fondos, de conformidad con el articulado constitucional y legal antes citado, debió ser parte del régimen de capitalización, o sea, del seguro de pensiones o Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. No obstante, en lugar de eso, esos fondos fueron desviados para otros fines no autorizados por el artículo 73 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley No 17. Lo cual violenta el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución, que es parte del debido proceso, más que se trata de fondos públicos. Véase el criterio legal de esa Dirección No D.J.3519-08 del 7 de mayo de 2008.

Lo anterior significa que la división actual de la prima del 25,66% sobre los salarios que pagan patronos, trabajadores y el Estado para el Seguro Social (artículo 22 de Ley 17) infringe los artículos 1, 32 y 43 de la Ley No 17 y el párrafo tercero de la Constitución Política, pues no se distribuye conforme lo ordena el artículo 32 de la Ley 17, lo cual significa un desvío de fondos públicos de un 7,89% (15% – 7,11%) sobre los salarios, conforme al cuadro siguiente que muestra la situación actual:

Para que dicha situación sea corregida jurídica y actuarialmente, conforme al Cuadro 51 antes mostrado, se requiere que el 25,66% sobre los salarios se distribuya de la siguiente manera, según los artículos 32 y 43 de la Ley No 17:

Así mismo, le solicito respetuosamente la siguiente información de interés público de conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición No 9097.

  • Me informe si la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS u otra unidad interna de la CCSS le ha solicitado a esa Dirección Jurídica algún criterio legal sobre la forma como deben distribuirse los “capitales y rentas” que se obtienen de acuerdo con la Ley No 17, al aplicar los artículos 32 y 43 de esa ley. En caso afirmativo solicito una copia del criterio legal emitido por esa Dirección.
  • Me informe si la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS u otra unidad o Gerencia de la CCSS le ha comunicado a la Dirección Jurídica bajo su cargo los resultados que aparecen en la sección “9.4 Balance de Ingresos y Gastos“ y “9.5 Balance por modalidad de aseguramiento” del documento “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017, EST-007-2019”.
  • Me informe si esa Dirección bajo su cargo y/o usted tenía conocimiento de la existencia y el contenido de la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017, EST-007-2019” que le estoy aportando en este acto.
  • En el caso de que exista algún criterio jurídico emitido por la Dirección Jurídica bajo su cargo, en el cual se avale que los fondos y reservas del seguro social obligatorio de los trabajadores asalariados, creado por la Ley Constitutiva de la CCSS No 17 y el artículo 73 de la Constitución Política, puedan ser utilizados para finalidades distintas a las que motivaron su creación, solicito el suministro de una copia en formato digital.
  • Me suministre una copia en formato digital de todos los criterios jurídicos que esa Dirección haya emitido para atender recomendaciones de la Auditoría Interna de la CCSS contenidos en los informes de ese órgano auditor que se mencionan en el ítem cuarto de este oficio, ya sea que se los haya enviado a la Auditoría Interna o a otra unidad interna de la CCSS.

Notificaciones: Al correo rariaslopez@gmail.com

Cordialmente,
Rodrigo Arias López

CC.

Lic. Geovanny Barboza Director, Defensoría de los Habitantes de la República.

Lic. Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno CCSS.

Lic. Jorge García Araya, Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social.

 

Imagen ilustrativa de Semanario Universidad.

ACOJUPEMA solicita información sobre inversiones realizadas por junta directiva de JUPEMA en ALDESA

SURCOS recibió la carta enviada por ACOJUPEMA a la junta directiva de JUPEMA. La compartimos seguidamente:

8 de agosto del 2022

ACOJUPEMA-01-2022

Señores y Señoras
Junta Directiva
JUPEMA

Presente

Estimables directivos/as:

En nuestra calidad de cotizantes de los recursos que ustedes administran, al amparo de los artículos 9,11, 27, 30, 73 y 74 de la Constitución Política, nos permitimos solicitar públicamente la información completa sobre las inversiones realizadas por ustedes en el controvertido caso ALDESA.

Dicha consulta se hace amparados/as en las normativas y en la defensa legítima de nuestros intereses. Sírvanse tomar en cuenta que existe total claridad sobre el hecho de que ustedes administran nuestros fondos, cotizados durante toda nuestra vida laboral. También nos permitimos hacer ver que, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, se trata de FONDOS PÚBLICOS cuyos fines les ha sido encomendados a ustedes:

“Para el caso concreto de JUPEMA, define esos fines como la administración eficaz y eficiente de los cuatro regímenes de pensiones a los que se refiere la Ley n.°7531 y el garantizar los derechos a pensión y jubilación de todos los funcionarios del Magisterio Nacional, para lo que deberá administrar los regímenes con absoluto apego a las reglas técnicas, especialmente las de naturaleza actuarial y con sujeción a las reglas financieras y jurídicas necesarias para garantizar esos derechos a los beneficiarios en el tiempo que lo requieran” (Dictamen: 305 del 10/12/2018, Procuraduría General de la República) (Los subrayados y destacados no corresponden al original).

Tal y como consta en el Acta #018-2021 (pp.15-20), en Sesión realizada por ustedes el 10 de febrero de 2021, la Junta Directiva de JUPEMA, ha discutido ampliamente el tema de ALDESA y reconocen ustedes el grave peligro que corren las inversiones realizadas en nuestro nombre en ese controvertido ente.

Dado ese reconocimiento en documento público, en nuestra calidad de cotizantes de los regímenes que ustedes administran nos permitimos solicitar la siguiente información:

¿A cuánto asciende la “inversión” realizada por ustedes en ALDESA?

¿En qué período se hizo y quiénes fueron las personas responsables de analizar la viabilidad de esa “inversión”?

Dado que ustedes indican la precarización total de credibilidad en ese tipo de inversiones, a la vez que acotan que el único camino es:

“Me parece correcto quedarnos quietos, esperando un levantamiento de la economía. Les voy a poner un ejemplo, con el atentado del 11 de noviembre de 2001, las acciones de American Airlines se vinieron al suelo, nadie quería viajar, a varios le surgió la idea de venderlas porque estaban desesperados y mucha gente las compró y cuando se mejoró el tema, les fue muy bien. (…) Es mejor quedarnos queditos”. (Acta 018-2021)

En ese sentido: ¿Esta estrategia de “quedarnos quietos o queditos” sigue siendo la misma en este momento?

¿A cuánto ascienden las pérdidas? (Monto exacto y proyecciones).

Sin más que esperar el período administrativo contemplado por las respectivas leyes que tutelan el acceso a información pública.

Atentamente,

Por ACOJUPEMA,
Licda. Marjorie Hernández
Presidenta
Cédula #106810566

 CC:
Miembros Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional
Departamento Legal, JUPEMA
Auditoría Interna, JUPEMA
SUPEN
SUGEF