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Etiqueta: pensiones

Prisma Latinoamérica: El fraude del que no se habla

Prisma Latinoamérica compartió un vídeo en su página de Facebook titulado: “El fraude del no se habla en Costa Rica”, acerca del fondo para las pensiones de los docentes. En él, se expone lo siguiente: los docentes costarricenses cotizaron entre 1958 y 1992 para crear un fondo que atendiera sus pensiones, sin embargo, el Estado malversó esos recursos en actividades ajenas por ley, y no aportó a los fondos de los docentes como dicta la ley. 

Para cubrir con esta obligación, se creó el Régimen Temporal de Reparto, como si este fuera un fondo de gracia, y no como corresponde ante una indemnización por el daño causado por el desvío ilegal e inconstitucional de los fondos de la pensión de los docentes.

A pesar de ser víctima del desvío ilegal de los fondos por parte del Poder Ejecutivo y con la ayuda del Poder Legislativo y la Contraloría General de la República, los docentes de este régimen son tratados o acusados como los responsables de que no existan recursos para las demás pensiones.

Si desea observar el vídeo completo lo puede hacer al siguiente link: https://fb.watch/i_k1bBtuG-/?mibextid=2Rb1fB

 

Información compartida con SURCOS por Miguel Sobrado y por Carlos Sáenz.

Pérdida de valor que han sufrido los montos de las pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS

Rodrigo Arias López compartió unos cuadros con la pérdida de valor que han sufrido los montos de las pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), esto según señala, debido a que la Junta Directiva de la CCSS no le repone a los pensionados la inflación de los precios, y en el momento en que acuerda algún reajuste, este es cancelado de forma tardía y devaluado.

En ambos cuadros se incluye «periodo de vigencia» que es el período de años en que se pensionaron las personas respectivas, la «pensión promedio actual» es el promedio de los montos de pensiones vigentes en setiembre de 2022, «pensión promedio inicial actualizada» es el promedio de las pensiones iniciales actualizadas con el Índice de Precios al Consumidor al 31/1/2023, el «monto promedio mensual de pérdida» es la diferencia entre la «Pensión promedio inicial actualizada» y la «Pensión promedio actual», la «Pérdida porcentual de valor de la pensión» es la relación de el «Monto promedio mensual de pérdida» y la «Pensión promedio actual», el «Monto anual dejado de pagar por la CCSS» es el la «Cantidad de pensiones» multiplicada por 13 veces el «Monto promedio mensual de pérdida», para incluir el aguinaldo. Y a esto se debería agregar el costo del 14% que el Seguro de Salud dejará de recibir.

El Cuadro 1 que comparte contiene a todos los pensionados de la planilla de setiembre de 2022, exceptuando un grupo de tres mil personas que se pensionaron antes de 1985, en este cuadro aparecen las pensiones que han tenido alguna ganancia como las que han tenido alguna pérdida. En este se observa que la CCSS estaría haciendo un ahorro anual a partir de los pensionados de ₡163.624.500.172.

El Cuadro 2 incluye únicamente las pensiones que han tenido pérdida. En este cuadro 2 se observa que la CCSS estaría haciendo un ahorro anual a partir de los pensionados de ₡179.316.405.592. Además, un total de 287.853 de pensiones han sufrido pérdida de valor, de ellas 274.754 pensiones fueron otorgadas de 1995 en adelante. Por ejemplo, cada una de las 40.866 personas del Cuadro 2 que se pensionaron por vejez en el período 2010-2014 está perdiendo en la actualidad en promedio ₡39.382,78 por mes (9,9%) o ₡511.976,09 por año.

De igual forma, compartió un tercer cuadro titulado “Pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a setiembre de 2022” en el que expone sobre la suficiencia de las pensiones de IVM. El cuadro incluye el “rango de la pensión”, la “cantidad de pensionados” para un total de 330.397, la “distribución relativa” y la “distribución acumulada” por el rango de pensión. 

Si desea observar las publicaciones de Facebook completas lo puede hacer a los siguientes enlaces: https://www.facebook.com/1136685301/posts/pfbid028E39bu7XDG9wPUxfwdtbycbHsw3cRiq3XMjHVsYT5KurWcFSA3ZRrEn9uHrwCFKHl/?mibextid=Nif5oz y https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0XiS5pTmkhMiGiCvAb3LfMGbnP4t11qvnxM7Gog3wbSnMBRQ8EaTYX7GbxsYqcQhGl&id=1136685301&mibextid=Nif5oz

Un A, B, C básico sobre el informe de auditoría externa del Seguro de Salud de la CCSS

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR
22 febrero 2023

1- El informe de auditoría externa del Seguro de Salud, está centrado en el abordaje de las cuentas contables, en tal sentido debemos tener claridad de que existen métodos o técnicas de análisis contables que son sin duda más profundos y ayudan a detectar las debilidades estructurales, lo cual no es el caso actual.

Por lo tanto el manejo informativo del presidente Chaves Robles y su acólita presidenta ejecutiva, ahora acompañada por una junta directiva que hace las veces de un club de amigos y amigas, -que coinciden ideológicamente en rutas privatizadoras en sus distintas modalidades tanto para salud como para pensiones-, y que ha dado señales inequívocas de promover el miedo y la distorsión informativa, como un mecanismo que coloca un cartucho más de dinamita en la reputación de la Caja, para desde ahí allanar los caminos de los negocios para los nuevos socios comerciales de Zapote, que esperan ávidos la recompensa por sus favores de campaña electoral.

2- Podríamos considerar o concluir que el riesgo financiero más relevante de la auditoría externa radica precisamente en la deuda estatal, ya que es una cuenta contable no conciliada, siendo que dicha falencia parece ser que se esconde por parte de la presidenta ejecutiva y el propio gobierno, lo cual nos genera una alta dosis de malicia.

En tal sentido resulta de exigencia solicitar públicamente que nos den un informe público de las convocatorias, actas y sesiones de la comisión CCSS- Hacienda y transparenten y actualicen los datos de la deuda estatal con salud y con pensiones.

3- Esperamos que el posicionamiento del accionar distorsionado y hasta atrofiado puede tener móviles diversos, pero no descartamos que sea parte de toda la táctica y estrategia mediática gubernamental, -y ahora de la actual junta directiva-, para dinamitar aún más la reputación institucional y profundizar formas de privatización en salud, como en pensiones.

4- La presidenta ejecutiva debe mostrarle a la ciudadanía las más recientes valuaciones actuariales y los estudios de riesgo de salud y pensiones, ya que posiblemente el riesgo mayor para la sostenibilidad financiera de la Caja en el mediano y largo plazo, sea precisamente las deudas del Estado, pues patronos y trabajadores y trabajadoras han cotizado religiosamente.

Lo que se avecina en la CCSS

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR

8 Febrero 2023

Un recuento superficial de estas maniobras de Gobierno en su afán de tomar el control político ideológico del órgano superior de la CCSS, nos permite formular un primer un acercamiento de ideas básicas y cortas de lo que suponemos se avecina:

1- El avance de un enfoque conservadurista muy peligroso para la CCSS, cuyos efectos e impactos potenciarán una ruta de mayor debilitamiento de la autonomía constitucional especial de la CCSS, lo cual es la columna vertebral para avanzar en la privatización o tercerización de diversos procesos de gestión de servicios asignados al seguro de salud y de pensiones, lo cual se posesionará mediante una narrativa destructiva como la utilizada por el Presidente Chaves Robles.

2- El reimpulso de la contrareforma laboral en la CCSS, que aspirará a operativizar entre otros temas no menos relevantes, como la posible liquidación del Fondo de Retiro (FRE, que depende de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa), la aplicación del SALARIO GLOBAL en la CCSS, a contrapelo de los criterios conocidos y los más recientes vinculados al tema de la autonomía constitucional especial de la CCSS.

3- La puesta en desarrollo del concurso para la asignación por parte de la. Junta Directiva (ahora sí), del puesto de la Gerencia General, aspirando a colocar una ficha de enfoque conservadurista y anti laboral en ese cargo y a partir de ahí una profundización de la política en desarrollo desde la llegada de Marta Eugenia Esquivel como lugarteniente del Presidente Chaves Robles, cuyas características meter miedo y amenaza contra mandos intermedios, lo cual incluye persecución laboral a partir de investigaciones administrativas o similares que buscan ampliar el control político de la estructura institucional por parte del Gobierno Chaves Robles, lo cual es un símil en relación con las políticas en desarrollo en buena parte de las instituciones públicas y que son la fotografía en blanco y negro de la disputa interburguesa nacional en pleno desarrollo y que retrata fácilmente en las disputas entre el Grupo Nación y otros grupos de poder fáctico y el Presidente Chaves Robles que presentan ataques fuertes (“prensa canalla” – sicarios de la información) y retiradas tácticas de los distintos actores, según el tema y los intereses en conflicto.

Es la misma cosa de siempre

Oscar Madrigal

El país que vivimos centra su atención en asuntos como por ejemplo la poca inteligencia de una ministra o la minusvalía de otro ministro. Son aspectos importantes enmarcados en lo que pretende Chaves y su equipo por el fondo: disminuir la democracia, deslegitimar a las instituciones o violentar principios constitucionales.

Mientras eso se discute, el mundo social nacional sigue acumulando problemas sin que se vea posibilidad de solución.

La semana pasada se informa en La República que Costa Rica está en el podio de países con mayor DESEMPLEO, según la OCDE. Con el 11,6% de tasa de desempleo que cerró el año pasado, el país ocupa el segundo lugar de todos los países miembros de esa organización con mayoría de personas desempleadas, solo superado por España, pero ocupando el primer lugar de los países latinoamericanos miembros de ella.

Hoy se informa que el Régimen No Contributivo, el que paga las pensiones a los más pobres y necesitados del país, inició el año con un faltante de recursos que no presupuestó Hacienda, que hará que no se puedan entregar 5.000 nuevas pensiones y que obligaría a reducir el monto de la pensión de ¢80.000 a ¢70.000.

Por otra parte, también se informa, que las becas para los estudiantes de primaria y secundaria se reducirían en número este año, en una cantidad superior a las cien mil becas.

Todo esto sin hablar de muchos otros asuntos como el deterioro creciente del poder adquisitivo del salario, el alto costo de la vida, que más de la mitad de las familias costarricenses no llegan a fin de mes o que la concentración de la riqueza es un problema obsceno.

Mientras esa realidad golpea a las grandes mayorías, el Gobierno que es el responsable de esta situación se vanagloria de los superávit fiscales aunque lo logren con el empobrecimiento de las personas más necesitadas.

Esta realidad terminará imponiéndose, a pesar de las cansinas promesas gubernamentales que no se concretan en nada.

El Estado debe invertir más en el Régimen No Contributivo de Pensiones

El abuso de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de los gobiernos de turno, recargando los costos universales en salud sobre las espaldas de los trabajadores asalariados, independientes y patronos, no solo está llevando a la quiebra al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sino que también está teniendo un impacto en el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC).

La descarada omisión de crear las rentas que ordenan las leyes No 5349, No 5905, No 7374 y No 7983 para universalizar el seguro de salud, recurriendo en su lugar al mecanismo fácil, torcido e irresponsable de la mora de aportes del Estado, al desvío de fondos de IVM y al aumento de los aportes sobre los salarios, los retrata de cuerpo entero como malos administradores. Sobre este asunto me he referido en múltiples ocasiones; sin embargo, no he mencionado el impacto negativo que esta política contributiva ha tenido como estímulo a la privación del derecho a la seguridad social de muchas personas y a la informalidad del empleo, aspectos que un Estado responsable no debe dejar desatendidos.

En el Anexo 1 presento la planilla de pensiones del RNC de setiembre de 2022, en el que vemos que hay un total de 139.492 pensiones, de las cuales 4.907 son del grupo que llamo especiales (Autismo, PCP, Mielomeningocele y otras) y 134.585 normales (Vejez, invalidez, extrema pobreza y muerte). La pensión mensual actual del primer grupo es ₡307.572 y la del segundo es ₡82.000. Ver el Anexo 2 para mayores detalles.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, https://admin.inec.cr/sites/default/files/2022-10/reenaho2022-por_temas.xlsx, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwidxbuC99T7AhUjsDEKHfIRDRsQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fadmin.inec.cr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-10%2Freenaho2022.pdf&usg=AOvVaw3EYSEaD6NWhNxnFLYPh2By), el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en junio de 2022 fue de ₡59.744 en la zona urbana y ₡49.913 en la rural; el monto de la Línea de Pobreza (LP) fue ₡128.406 en la ciudad y ₡99.140 en el campo. Los hogares con ingreso per cápita menor o igual al monto de la CBA son catalogados en extrema pobreza y los que tienen un ingreso per cápita superior al monto de la CBA; pero no mayor que el monto de la LP, son clasificados en pobreza no extrema. El resto de los hogares se denominan no pobres.

Por lo tanto, el monto de la pensión de 82.000 del RNC es equivalente a un 83% del monto de la LP rural y a un 64% del monto de la LP urbana. Por otro lado, en los hogares pobres viven generalmente más de tres personas. Entonces no es por casualidad que las estadísticas del INEC reportan que en junio de 2021 había 11.759 personas que se encontraban en extrema pobreza a pesar de estar en un hogar que recibía una pensión del RNC y 50.554 personas vivían en hogares en pobreza no extrema existiendo en el hogar un pensionado del RNC. Así mismo, la misma fuente indica que había 10.963 personas adultas mayores en extrema pobreza sin cobertura de pensión del RNC y 36.972 personas adultas mayores en pobreza no extrema sin pensión del RNC, lo que suma 47.935 personas adultas mayores en pobreza y sin pensión.

El anexo 1 tiene dos colores, verde y amarrillo (¡seguro creerán que me faltó el azul!). El verde lo que refleja es que los gobiernos anteriores al año 2006 -PLN y PUSC- descuidaron tanto la cobertura como la suficiencia del beneficio. Si en 2006-2009 no se hubiera reajustado de manera importante esas pensiones, sino que solo hubiesen mantenido su valor adquisitivo, hoy serían unos miserables montos de tan solo ₡40.000, como se observa en dicho anexo. A partir del año 2010 otro gallo cantó, pues tanto el PLN como el PAC descuidaron la calidad del beneficio, lo cual hizo que el monto se devaluara hasta en un 25%, como se observa en el mismo cuadro.

Los datos del Anexo 1 también muestran un vacío en la normativa del RNC que deja su manejo al antojo politiquero del partido de turno en el poder, unos descuidan la cobertura y la calidad (PUSC), otros privilegian el monto (PLN) y otros dan mayor importancia a la cobertura (PAC). Mientras la Constitución Política (CP) establece el derecho universal a la seguridad social, vemos que hay decenas de personas adultas mayores en pobreza y extrema pobreza sin pensión del RNC. La misma CP y el artículo 3 de la “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor” establece como derecho de los adultos mayores “La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones”; sin embargo, vemos en el Anexo 1 que transcurren tres o más años sin que se revaloricen los montos de las pensiones del RNC porque no hay suficientes recursos, mientras que sí hay dinero para reajustar semestralmente y puntualmente el 100% de la tasa de inflación a las llamadas pensiones de lujo.

De la información analizada para preparar este artículo, visualizo tres medidas urgentes que deben tomar los Gobiernos y el Estado, si se creen responsables, respetuosos de los derechos humanos y preocupados por eliminar la política de crear clases sociales, una con derechos plenos, otra con una proporción de ellos y otra sin ellos, pues la CP y los convenios internacionales suscritos por Costa Rica prohíba este tipo de discriminaciones.

  • La primer medida consiste en aumentar un 7% la pensión especial del RNC y un 21% la pensión normal del RNC. Con esta acción se recupera la pérdida del valor adquisitivo que han tenido estas pensiones y se establece como política que los montos de las pensiones normales del RNC deben ser iguales o superiores al monto de la LP rural. El costo de esta acción es de unos ₡35.441 millones anuales, que representa un 0,08% sobre el Producto Interno Bruto (PIB).
  • La segunda acción consiste en garantizar el derecho a recibir una pensión del RNC a los 50 mil adultos mayores en situación de pobreza que actualmente no la disfrutan.  Esta medida supone la aprobación de la primera acción y tiene un costo anual estimado de ₡78.716 millones o 0,18% sobre el PIB.
  • La tercera política es la aprobación de una ley que le establezca una fuente de financiamiento suficiente y permanente a los dos objetivos anteriores y que garantice que esos dineros no sean desviados para otros fines, como ya ha sucedido en el pasado.

En total, estas acciones tienen un costo anual de ₡114.157 millones o 0,26% sobre el PIB, incluyendo el costo del aguinaldo y del seguro de salud. El costo actual estimado del RNC es de ₡185.844 millones o 0,42% sobre el PIB, por lo que, con ambas metas satisfechas el costo anual aumentaría a ₡300.000 millones, que representa un 0,67% del PIB (Ver Anexo 3).

Todavía esto dejaría sin resolver la situación de un importante grupo de personas con edad de 64 años o menos, que se encuentran en situación de pobreza extrema o no extrema y que no tienen acceso suficiente a programas de seguridad social.

M.Sc. Rodrigo Arias López

Matemático y Máster en Matemática Actuarial

UCR, Voz experta: Sobre la solvencia de la CCSS y el desfinanciamiento del Seguro IVM

M. Sc. Rodrigo Arias López, actuario matemático y docente pensionado de la UCR.

Especial: El envejecimiento en Costa Rica

El mal manejo de fondos y reservas del Seguro Social amenaza el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Y el excedente de casi un billón de colones del Seguro Social es usado por la CCSS para financiar programas de salud que son responsabilidad del Estado

Si las juntas directivas de la Caja Costarricense de Seguro Social (gerentes y mandos medios), los gobiernos de turno y los ministros de Hacienda hubiesen respetado el ordenamiento constitucional y legal en la gestión de los seguros y programas de seguridad social que dirigen y administran, la Caja tendría hoy una enorme solidez financiera. Para ser exactos, más de ₡58 billones en reservas del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y una holgada postura financiera en el Seguro de Salud (SEM). Solo como ejemplo:

  1. La Ley 7374 de 1993 trasladó del Ministerio de Salud a la Caja diez programas de atención primaria que le cuestan a la CCSS ₡400 000 millones por año. Sin embargo, la CCSS solo le cobra al Estado una quinceava parte de ese monto. A esto se suma que los Gobiernos se han negado a pagar tal deuda, a pesar de que la misma ley ordena su pago total mensualmente.
  2. La Ley 5905 de 1976 le ordenó a la Caja brindar atención médica (prestación de servicios de salud) a todos los pensionados del país, que hoy son más de 500 000. Esta normativa disponía que, si faltaba dinero para esta atención, este debía ser aportado por el Estado. Hasta la fecha, los políticos de la CCSS se han negado a facturarle al Estado un monto anual de ₡200 000 millones de déficit que tiene dicho régimen de salud. Si alguien tiene dudas, puede preguntarle a su gerente financiero, Gustavo Picado Chacón, si eso se le cobra al Estado.
  3. La Ley 5349 de 1973 (entre otras) obligó a la CCSS a atender a todas las personas sin seguro (cobertura médica). Para esto, trasladó también las fuentes de financiamiento para que no se tocaran los fondos y reservas del Seguro Social (seguro de salud y pensiones de los trabajadores asalariados asegurados y sus familias), tal y como lo ordena el artículo 73 de la Constitución Política. Sin embargo, la CCSS invierte un monto anual de ₡500 000 millones en este programa de salud (Ley 5349), aunque solo recibe del Gobierno ₡240 000 millones de ingresos anuales, que no son ni la mitad.

El camino cómodo e irresponsable que encontraron los políticos de la Caja y de los Gobiernos fue tomar los fondos y reservas del Seguro Social, lo cual viola el artículo 73 de la Carta Magna y los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS. No les importó que eso llevara a la quiebra al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya reserva actual es de apenas ₡3 billones, y que esto afectara a tres millones de afiliados y pensionados del IVM.

Estos ruines, en su afán de equilibrar a toda costa los gastos de IVM con los ingresos sin detener el desvío de fondos, se confiaron en que podrían seguir mintiendo, culpando a las personas por vivir unos años más. Por eso, planearon las siguientes acciones:

  1. Aumentar las edades de retiro —como ya lo hicieron— con vigencia a partir del año 2024 y con la advertencia de que lo tendrán que repetir en el mediano plazo.
  2. Bajar los poquitos beneficios que les quedaban a los cotizantes de IVM, algo que también hicieron recientemente y lo volverán a hacer.
  3. Permitir que las pensiones pierdan su valor adquisitivo, como lo vienen haciendo desde el 2019 (más de 150 000 personas beneficiadas con el IVM reciben una pequeña pensión de ₡142 000, ya devaluada un 12 %).
  4. Seguir aumentando las tasas de cotización, principalmente de trabajadores asalariados, como lo hicieron en el 2017 y lo repetirán en los próximos años.

Todo lo anterior permitió que el Estado se diera el lujo de acumular una deuda con la CCSS de casi ₡3 billones, sin contar los ₡6 billones en disputa de la Ley 7374. Con esto, se sacrifica a los pensionados, a los que están próximos a pensionarse y hasta a las nuevas generaciones de cotizantes.

En el siguiente cuadro, elaborado con cifras del último estudio actuarial oficialmente conocido del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) hecho por la Caja, el monto de ₡1 767 724 millones de ingresos corresponde a un 15 % sobre la masa salarial de los trabajadores asalariados (del total de sueldos reportados por patronos públicos y privados) que cobra la CCSS. Empero, para este fin solo se requieren ₡842 877 millones, el excedente de ₡924 987 millones lo debieron ingresar a la reserva de IVM. Pero no lo hicieron, sino que lo utilizaron para cubrir obligaciones del Estado antes anotadas, acción con la cual vulneran la Constitución y la Ley Constitutiva de la Caja.

Cuadro 1. Balance del SEM, año 2018, en millones de colones

Modalidad de aseguramiento

Ingresos

Gastos

Excedente

Asalariados

1 767 724

842 877

924 847

Pensionados

273 873

452 275

178 403

Estado y no asegurados

248 975

513 949

264 974

Independientes y voluntarios

199 180

246 696

47 515

Total

2 489 752

2 055 797

433 955

Reitero, en el 2018, el excedente de ₡924 847 millones debió corresponder al Seguro IVM y representó ni más ni menos que un 7,89 % sobre los salarios, según la estimación oficial de la CCSS. Como es conocido, la Caja recauda para el Seguro Social de patronos, trabajadores y Estado un 25,66 % sobre la planilla de salarios, que según la Ley N°17 debe dividirse con criterio actuarial en 7,11 % para el SEM y 18,55 % para el IVM. Sin embargo, la CCSS traslada solo un 15 % al SEM y un 10,66 % al IVM, lo que explica la crisis de este seguro.

El gerente de Pensiones Jaime Barrantes Espinoza y los nueve directores de la Junta Directiva de la CCSS, presuntamente, no se enteraron de que ese excedente debió reforzar la raquítica reserva de IVM. Los abogados de la Dirección Jurídica de la CCSS, entre ellos Mariana Ovares Aguilar, Luis Guillermo Mata Campos y Gilbert Alfaro Morales, niegan conocer ese «elefante», a pesar de que “la Dirección Jurídica de la CCSS es el órgano superior consultivo responsable de la atención de asuntos en materia legal”. Entonces, cuando “en país de ciegos, el tuerto es rey”, es muy probable que solo Gustavo Picado Chacón y Luis Guillermo López Vargas, gurúes de las finanzas de la Caja, sean los únicos que conocen al paquidermo; pero también se hacen los «zorros» o los «rusos», como decimos los ticos.

El desvío histórico promedio de fondos del IVM equivale a un 7,5 % sobre los salarios y ocurre desde hace más de 50 años. En la década de 1970 no solo desviaban los ingresos de las cuotas del IVM hacia el Seguro de Salud, sino también las reservas ya constituidas, y se terminaba prestando al Estado los saldos sin intereses o a tasas reales negativas (empeorando el cuadro). Todas estas acciones, entre otras, ocasionaron que el IVM no disponga hoy de casi ₡59 billones en su reserva.

Cuadro 2. Monto de reservas que no pudo obtener el IVM

Concepto o rubro

Millones

Desvío de fondos del seguro IVM

₡ 43 344 772

Malas inversiones realizadas en el período 1975-1991

₡ 5 207 730

Artículo 9 de la Ley 7374 (el costo en salud sería inferior al 7,11 %)

₡ 5 211 351

Incumplimiento y reducción de la base mínima contributiva

₡ 3 595 584

Artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador

₡ 973 713

Deuda del Estado con IVM (oficio GF-DFC-0901-2021)

₡ 420 586

Total

₡ 58 753 736

No faltará quienes argumenten que ese gigantesco monto no ingresado al IVM era necesario para ayudar a la debilitada situación fiscal del Estado. Sin embargo, se puede observar que la deuda pública estatal es cancelada puntualmente, incluyendo cada centavo del monto principal e intereses.

Asimismo, vimos la fiesta que se ha creado con dineros públicos, lo cual ha generado regímenes de pensiones de lujo, con retiro juvenil desde la edad de 40 años y con el 100 % del salario más alto como pensión.

También observamos cómo establecieron subsidios y beneficios a grandes cafetaleros, arroceros, exportadores y otros grupos, así como les permiten o facilitan a empresarios y a trabajadores independientes evadir más de ₡2 billones de impuestos por año, mientras reducen cada vez más los fondos de los programas sociales que ayudan a la población más vulnerable de nuestro país.

 

M. Sc. Rodrigo Arias López
Actuario matemático y docente pensionado de la UCR

Repartir pobreza y pensiones complementarias

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Mientras este sábado compartía esa mañana con dos de mis hermosos nietecitos, procedo a revisar documentos y asuntos que no son lo propio de mi función profesional; me topo con el amargo informe financiero que mes a mes me envía la Operadora de Pensiones Complementaria a la que pertenezco.

Días atrás escribí sobre este mismo tema en términos muy dramáticos, pero real. Les hablo de la realidad de más de millón y medio de trabajadores asalariados y de miles de millones de colones depositados en ahorros, en entidades en las cuales hemos confiado. No hablo de caridad, sino de cómo algunos pocos juegan con mi futuro y mis ahorros.

El futuro y ahorro de más de un millón de trabajadores. La pregunta es …si continuará la mayoría de ustedes con una actitud pasiva y expectante ante el continuo, permanente y constante asalto que sufren nuestros ahorros en las operadoras de pensiones.

Allí la actitud, sean operadoras de naturaleza privada o pública, es la misma. En el último año tenebrosamente han tenido la metamorfosis y mimetismo de ser aliadas de las personas trabajadoras, a ser de sus mayores enemigos. Pareciera que están en una carrera desenfrenada a ver cuál es capaz de esquilmar ruinosamente, a las personas trabajadoras asalariadas de este país. Y nosotros con una pasividad pasmosa, similar a la de los borregos antes de ser conducidos al matadero.

La Ley de Protección a los Trabajadores, con 20 años de existencia, es el mejor ejemplo de cómo una ley creada con buenas intenciones es prostituida con el paso del tiempo y trastocada en los últimos meses en una fea, triste y depredadora realidad para todos nosotros. La transformación el auxilio de cesantía –consagrado en nuestro Código de Trabajo- y del aporte del 1% de nuestro salario, convertido en ahorro obligatorio destinado en ese entonces para la capitalización del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, son la base del ROP y del FCL. El ROP si es que lo veremos, será hasta en el momento de jubilación donde nuestros ahorros y rendimientos “los disfrutaremos” a lo largo de 115 años de vida, tal y como lo calcula nuestra memorable, épica, deleznable, inoperante y trágica Superintendencia de Pensiones.

Dichos ahorros de millones de personas trabajadoras, producidos con su esfuerzo, dedicación y sudor se han transformado en impresionantes masas de dinero -10 mil millones de dólares-, de manera que tientan a más de uno. Han dado origen a la participación de diversas operadoras, la mayoría de ellas del sector financiero nacional y transnacional, pues aquí la banca privada disfraza en gran medida a la gran banca internacional. Estas a su vez han creado una robusta, frondosa y depredadora burocracia que se confunde también con la SUPEN, que cada vez me queda más claro, defiende a las operadoras; que no ocupan que nadie las defienda, entidad que ni regula, ni alerta “ni vela por mi platita”. Entretanto las operadoras, creadas por ley, sin que se me consultara, manejan mis ahorros, y como ahorrantes solo se nos permite decidir en cuál de ellas depositen mensualmente mi aporte.

De la misma manera con que las operadoras resultan inútiles e inoperantes ante la pérdida de valor de mis ahorros, la prensa comercial, se hace de la vista gorda sobre este tema, abordado tan sólo por el Semanario Universidad. Medio serio que le ha dado seguimiento al tema, ante la indolencia del poder ejecutivo y los partidos políticos. Aquí los diputados tienen una gran oportunidad de poder defender a los trabajadores. Tan sólo he visto al diputado Nicolás del PLN, electo por Puntarenas, asumir una bandera para que parte del ROP sea devuelto a los trabajadores, en vida. Propuesta que es apoyada tímidamente solo por algunos diputados de esa fracción. Ojalá que ni la cobardía ni la timidez sean las banderas que ondeen en Zapote y Cuesta de Moras.

Dichos fondos a la fecha rondan los 10 mil millones de dólares. Las pérdidas de dichos fondos a mayo 2022 ascienden a los 162 mil millones de colones; ese valor sumado a otras cuentas permite colegir que ROP es más pequeño en mayo 2022 que mayo 2021, pues 284 mil millones de colones que había, ya no están. En mi modesta opinión, ni técnica ni contablemente pueden ser pérdidas, la felonía nos permite concluir que solamente han cambiado de dueño. Eses es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos y hacérselas a quienes ocupan las directivas de SUPEN y operadoras.

Como ahorrante y perteneciente a una de las operadoras desde hace 20 años, les compartí semanas atrás, el estado financiero que me envió la operadora. Tu situación debe ser similar; la aparición de números rojos que aparece nuevamente es producto de que los inútiles que administran mis ahorros, han tomado pésimas decisiones; desde sus cómodos sillones, nunca dan cuentas y pareciera no importarles mis cinquitos; pues a mí sí, y a lo mejor si me dejasen tomar decisiones sobre el uso de esos recursos podría obtener mayor rentabilidad, mayor ganancia, ahora en edad productiva, no quizás cuando me aceche la vejez –que es seguro llegará, a menos que pasemos a mejor vida -y dicho dinero engordará a clínicas y médicos que probablemente atiendan mis dolencias por las que la CCSS, no pueda velar para una mayor calidad de vida.

La pregunta es si esos fondos estarán allí cuando mi familia y yo verdaderamente los necesitemos. La SUPEN y CONASSIF, pesadas cargas sobre los hombros de los costarricenses, que parecieran no servir para nada y no ejercer adecuada vigilancia, parecen ser parte del problema y por muy lejos de ser parte de la solución. Los fondos de operadoras de pensiones hacia mercados internacionales, mismo que en diversas áreas se comporta como una ruleta rusa y generando una mayor presión en la compra de divisas en el país que se traduce en sendos aumentos en el costo de vida y mayor inflación, no me garantiza que mis ahorros sobrevivan. No veo a los inútiles de SUPEN, ni a las operadoras promoviendo alguna reforma para que parte de dichos recursos puedan ser devueltos a sus verdaderos dueños en este momento de crisis salarial, dado el estado de congelamiento que experimentan los salarios desde años atrás.

En mi caso, para el mes anterior acumulaba pérdidas superiores a 1 355 000 colones. Hoy revisando mi último estado, ese monto ahora es 2 758 379. Durante 22 años he aportado religiosamente lo que corresponde, al igual que mi patrono. Sin falta, me rebajan de mi congelado salario, 194 238 colones. Diay, pero de eso solo me acreditan 162 844, o sea, aparece inexplicablemente una pérdida/recorte de más de 31000 colones, sólo en este mes en el Fondo de Capitalización Laboral; sí, ese ahorro que nos devuelven cada 5 años. Es decir, ya no sólo en el ROP hay pérdidas acumuladas que me cobran por la inutilidad e incapacidad de las operadoras, sino que también el FCL experimenta ahora pérdidas. No me garantiza la SUGEF o la operadora que mi dinero/ahorro esté para el momento de mi jubilación. Ese paso de 1 350 000 a 2 758 379, es brutal. En mayor o menor medida, a todos nos está pasando; pero la actitud de indiferencia, de borrego, que muestran muchos, sólo ha servido para aumentar el apetito y el latrocinio del que somos objeto, por parte de un grupo de desalmados y desalmadas.

Estamos hablando de ahorros, de dinero. NO ES CARIDAD, no es la historia bíblica de Lázaro y el rico Epulón, exigimos lo que es nuestro derecho, que esté la cantidad que hemos ahorrado, y no una condición cercana a la indigencia donde debamos tender la mano para pedir limosna. Presión a dichos entes, a los partidos políticos, a la Defensoría de los Habitantes, a los organismos que nos representan. Hemos iniciado una carrera contra el tiempo y contra los tentáculos y espíritu depredador de algunos desamados, nos arrebatan lo que por derecho propio nos pertenece.

Guardo la esperanza de que aún estamos a tiempo para corregirla, SUGEF es dirigida por tecnócratas. Las juntas directivas de las operadoras, por personas. En el caso del Magisterio Nacional, hace muchos años la dirigencia de ANDE, APSE y SEC decidieron conformar una, denominada hoy en día Vida Pena. O sea, los educadores, a través de los gremios, son los dueños de Vida Plena. Sobre la cual sí se puede incidir. La próxima semana miles y miles de educadores asistirán puntualmente a las Asambleas Regionales de la APSE y al Congreso de la ANDE. Esta última sin temor a equivocarme, la mayor de ellas. Ojalá esa miríada educadores salgan de esa cómoda modorra y pidan cuentas. Sean críticos y lancen preguntas incómodas, necesarias e inteligentes, de manera que sus representantes rindan cuentas con transparencia. Transparencia, gran valor ausente en toda esta millonaria trama. Posiblemente alguna de esa dirigencia, anquilosada y acostumbrada a ser parte de frondosa y robusta burocracia; no entiende que dentro de los mayores principios democráticos está la representación, y que esta delegación, se debe a otros agremiados a los cuales hay que rendir cuentas; ellos no están allá como un fin en sí mismo. Guardo la esperanza de que aún estamos a tiempo para corregir este tipo de situaciones: luchemos para que haya ley para devolución de parte del ROP; que las comisiones cobradas por las operadoras sean revisadas y rebajadas; y que los dirigentes de Vida Plena muestren un poco de humanismo y solidaridad a la hora de administrar lo que no es de ellos.

Mahatma Gandhi dijo un día “el mundo es suficientemente grande para todos, pero lo es pequeño para la avaricia de algunos”.

No deseo un futuro construido desde la rabia, sino desde la esperanza y compromiso de que sea un mejor lugar, para que crezcan mis hijos y nietos.

15-X-22

Carta pública al presidente, a la Asamblea Legislativa y entidades financieras

El señor Marino Marozzi Rojas y otras 155 personas jubiladas del magisterio, levantan la voz por la afectación de miles de personas que deben soportar un aumento desmedido del costo de la vida que representa una inflación próxima al 12%, conjuntamente al impuesto sobre la renta, la cuota de póliza de vida obligatoria y la cuota 5/1000 del régimen JUPEMA que representan cargas impositivas cercanas al 50% de la pensión.

Por tales razones, dicha población de pensionados, le solicitan al presidente de la República, al ministro de Hacienda, al Ministerio de Economía, a la Asamblea Legislativa y a las entidades financieras del país, atender la aplicación del ajuste a las pensiones, reducir al 50% el monto de impuesto sobre la renta y la eliminación de algunas cuotas obligatorias, entre otros.

Se espera una pronta respuesta por parte de los ministros, el señor presidente y la Asamblea Legislativa ante la molestia externada por las personas jubiladas del Magisterio.

Adjunto un enlace para firmar un formulario y solidarizarse con la petición de los jubilados del Magisterio:

https://chng.it/HhMktzKjNr

Seguimiento a la solicitud de información clave a la Dirección Jurídica de la C.C.S.S.

Como parte del seguimiento a la información enviada a SURCOS por el actuario, matemático e investigador académico Rodrigo Arias López, este afirma que:

“Pues bien, dado que ese sujeto no me contestó, le interpuse un recurso de amparo el cual fue declarado con lugar, le adjunto la resolución de la Sala 4; me parece que es una jurisprudencia muy buena. Recuerde que este sujeto está denunciado, y creo que el Gerente General de la CCSS, por supuestamente un nombramiento ilegal y ejercicio ilegal de la profesión”.

Si quiere dar seguimiento a la noticia adjunto el enlace de la publicación anterior: https://surcosdigital.com/solicitan-informacion-clave-a-la-direccion-juridica-de-la-ccss/ 

 

Compartido con SURCOS por Rodrigo Arias López.