¡Basta de persecución a dirigentes sindicales y sociales!
El movimiento sindical costarricense denuncia de manera enérgica la persecución política contra dirigentes sindicales, comunidades indígenas, ambientalistas y demás sectores sociales que defienden derechos fundamentales en nuestro país. Estas acciones constituyen una violación grave a la dignidad humana y al marco jurídico nacional e internacional que garantiza la autonomía institucional, la libertad sindical y los derechos humanos.
El propósito de esta conferencia es reafirmar nuestro compromiso con la defensa integral de la clase trabajadora y de la institucionalidad democrática costarricense, en especial la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la autonomía sindical, pilares del Estado social de derecho.
Reiteramos nuestro respaldo a la compañera Martha Elena Rodríguez González, víctima de una persecución sin precedentes. Su destitución, mediante un proceso viciado y espurio, dirigido por la Secretaría del Consejo de Gobierno -hoy convertida en candidata a diputada- evidencia la pretensión de conformar una Junta Directiva sumisa al presidente de la República, en abierta violación de la autonomía y Ley Constitutiva de la CCSS.
La libertad sindical y el derecho de organización se encuentran tutelados por instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica, como los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, además de la propia Constitución Política. Estos compromisos imponen al Estado la obligación de proteger a dirigentes sociales, la autonomía de la CCSS y garantiza el derecho de trabajadoras y trabajadores a organizarse libremente, sin temor a represalias.
Exigimos el pleno respeto a la autonomía de la CCSS y a la libertad sindical, como garantías indispensables frente a injerencias indebidas y persecuciones políticas del gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
Hacemos un llamado urgente a la unidad amplia, inclusiva y solidaria de todos los sectores sindicales y sociales. La defensa de la autonomía institucional, de la libertad sindical y de los derechos humanos es una lucha del pueblo costarricense.
¡Ni persecución ni retrocesos! ¡Unidad, autonomía y libertad sindical!
Movimiento Sindical Costarricense San José, 25 de agosto, 2025
Partido Vanguardia Popular– PVP Fundado el 16 de junio de 1931
El Partido Vanguardia Popular, denuncia el abuso y la arbitrariedad del gobierno autoritario del señor Rodrigo Chaves, que, bajo un subterfugio ilegal, que no aplica, y bajo un expediente de más de 200 folios, arguye falazmente un proceso de destitución contra la legítima representante de las y los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es claro y así se desprende que el órgano director del procedimiento administrativo, se inventó un despido del cual no le asiste ninguna potestad legal.
Con más de 200 mil votos del movimiento sindical, Martha Rodríguez González, fue nombrada como representante legítima de los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, juramentada el 11 de enero de 2021.
En dos oportunidades este gobierno, el cual se caracteriza por la visión de misoginia, el matonismo, la mofa, autoritarismo y la descalificación, del actual mandatario, ha atacado y perseguido, sin fundamento legal la posición política y de control sobre el papel que debe jugar la CAJA y, lo más importante, es que esta compañera ha sido abanderada de la defensa de nuestra emblemática institución del Seguro Social.
En el mes de diciembre del año 2022, irrespetando la autonomía de la CC.SS., en un acto de violencia extrema, el gobierno se arrogó el derecho ilegítimo de suspender a cinco miembros legalmente nombrados por las instancias correspondientes ante la Junta Directiva.
La persecución, la violencia política, el acoso y la violencia contra Martha Rodríguez, ha llevado visos de todo tipo. Buscaron callarla a como diese lugar. Por cuando un matón gobierna y ha perdido sus ideas, el único recurso que le queda es violentar políticamente a sus adversarios y, si son mujeres, el acoso político se hace aún más evidente.
Excluirla de las deliberaciones, cercarla psicológicamente, de los anteriores miembros, solo sobrevivió la entereza moral y política de la compañera Rodríguez, los demás doblaron su cerviz, para que dolorosamente el gobierno les diera su espaldarazo.
Hemos visto, dichosamente que, el movimiento sindical ha hecho pública su posición a favor de la compañera Rodríguez y a la vez, denunciando la arbitrariedad del gobierno “chavernícola”, que una vez más irrespeta la institucionalidad.
Pero, finalmente, qué es lo que este gobierno le cobra a la representante de la clase obrera costarricense. Digámoslo de manera muy sencilla. Primero, la denuncia sostenida contra privilegios que contravienen los principios institucionales de la Caja, la denuncia de encubrimientos e irregularidades que se hicieron públicas, la denuncia de desmontar la narrativa gubernamental que la Caja está quebrada. En ese marco, Martha fue la voz disidente para denunciar, como se desmantelaba el portafolio de proyectos y lo que la prensa conoció como el Caso Barrenador. También su voz a clamado para que el gobierno asuma la responsabilidad de pagar los cuatro billones de deuda que tiene con la CC.SS. En ese mismo orden, las denuncias sobre los sobreprecios y los brutales recortes a la salud, han sido parte de sus banderas de lucha. Pero no solo su denuncia y transparencia y control político se ha quedado ahí. Martha ha sido también un baluarte en la defensa de construir y mejorar la infraestructura de los hospitales.
Nuestra historia política está estructuralmente ligada al origen de la Caja Costarricense, de igual forma al PVP le asiste moralmente la defensa de la clase trabajadora, principalmente de los sindicatos clasistas y dígase de una vez por todas, Martha llegó con el aval de las centrales sindicales más importantes de este país y por eso su nombramiento debe respetarse.
Repudiamos nacional e internacionalmente esta arbitrariedad contra nuestra democracia y la institucionalidad. No a la violencia política, exigimos respeto la autonomía institucional y reclamamos la restitución de la compañera Rodríguez González ante el órgano de la Junta Directiva, al cual accedió por el voto del movimiento sindical confederado de este país y democráticamente electa.
En una publicación reciente, el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) condenó el enjuiciamiento arbitrario a la representante de Sector Sindical en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, por parte del gobierno bajo un mecanismo de persecución política.
En un video publicado en su página de Facebook, la organización expresó condena hacia las injerencias del gobierno en la institución particularmente desde la Junta Directiva, respecto a la cual se considera a la Sra. Martha Rodríguez González como la única directiva y representante legítima de los trabajadores dentro de la Junta Directiva de la institución.
Así, FRENASS lanza mensaje de apoyo a la directiva hoy perseguida así como un mensaje de condena a los intentos de injerencia y control por parte del gobierno, con estos llamados siempre enfatizando la Autonomía Constitucional de la CCSS así como el respeto a los movimiento laborales y sindicales.
Comunicado de UNDECA
San José, Costa Rica – 6 agosto 25
Me dirijo con firmeza y convicción al pueblo costarricense, a las organizaciones sindicales, a los trabajadores y a los medios de comunicación para denunciar públicamente que he sido removida de mi cargo mediante una decisión arbitraria, ilegítima y políticamente motivada, disfrazada de legalidad.
El pretexto utilizado para justificar esta destitución ha sido mi participación en el acuerdo de Junta Directiva para autorizar el pago de un ajuste salarial a trabajadores de la CCSS, reconocido previamente como deuda legítima por el propio Gobierno. Esta obligación fue expresamente establecida en el Decreto Ejecutivo N.° 43732-H-MTSS-MIDEPLAN, publicado en La Gaceta del 12 de octubre de 2022.
La Junta Directiva no aprobó ningún aumento salarial simplemente ejecutó el mandato contenido en un decreto del Poder Ejecutivo, que reconocía una deuda salarial consolidada desde 2019, la cual fue suspendida temporalmente durante la pandemia. Los fondos se encontraban debidamente contemplados en la partida institucional de remuneraciones.
Si este fuera un verdadero motivo para una destitución, entonces el mismo criterio debería haber sido aplicado al exministro de Hacienda Nogui Acosta, quien pagó ₡70.000 millones a los trabajadores del Gobierno Central por este mismo concepto.,
Violación al debido proceso
Mi destitución se fraguó en un contexto procesal profundamente viciado. Mientras me encontraba incapacitada y mi abogada también, el órgano director del procedimiento manipuló el expediente para interpretar esa ausencia como una renuncia al derecho de defensa. Acto seguido, y el mismo día en que varios ministros presentaban su renuncia al Gabinete, el Consejo de Gobierno acordó de manera unánime mi destitución.
Sin embargo, la notificación formal se difirió días después, lo que evidencia una clara intención de silenciarme sin permitir una defensa efectiva.
Cabe destacar que el informe que sustentó la destitución tiene casi 200 páginas y fue presentado el mismo día de la sesión decisoria. Es fácticamente imposible que sus integrantes hayan tenido tiempo real de análisis y deliberación. y demuestra la premeditación de los hechos.
¿Por qué me persiguen?
Porque he sido una voz incómoda para quienes pretenden mantener privilegios, encubrir irregularidades y evadir responsabilidades:
soy testigo en dos causas penales de alto perfil: el caso del maquillaje de los estudios actuariales y el caso Barrenador.
Denuncié sobreprecios y deficiencias en la compra de servicios proyectos de infraestructura hospitalaria
Señalé el fracaso del sistema ERP-SAP, responsable de paralizar un robot dispensador de medicamentos valorado en 5 millones de dólares en el Hospital Monseñor Sanabria.
He defendido, la construcción infraestructura sanitaria como el Hospital de Cartago, el pago de la deuda del gobierno, el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, la reducción de las listas de espera y el acceso equitativo a la salud pública.
¡No me doblegarán!
Mi destitución la construcción no es más que una represalia política contra una representante del sector laboral que ha defendido con firmeza los intereses de la clase trabajadora y de la institución más importante del país: la CCSS.
Interpondré el recurso de reconsideración ante el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las acciones judiciales que mi equipo legal prepara, continuaré luchando por la verdad, la justicia y la defensa de una CCSS ética, transparente y al servicio del pueblo
¡La Caja es del pueblo y al pueblo se debe!
Imagen: Martha Rodríguez González y Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA en conferencia de prensa refiriéndose al acto arbitrario del gobierno.
La representante laboral en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, ha denunciado públicamente ser objeto de un procedimiento administrativo disciplinario que considera «profundamente viciado, desproporcionado y ajeno a los principios del debido proceso». Según Rodríguez González, estas acciones, impulsadas por el Consejo de Gobierno, «no se sostienen en criterios técnicos ni jurídicos legítimos», sino que responden a una «estrategia política para forzar [su] salida de la Junta Directiva de la Caja».
En su mensaje dirigido a la clase trabajadora y al pueblo de Costa Rica, Rodríguez González afirmó que la persecución es «sistemática, cuidadosamente orquestada, disfrazada de legalidad, pero revestida de intenciones políticas mezquinas». Explicó que la excusa oficial fue el pago de una deuda de 7.500 colones a las trabajadoras y los trabajadores de la Caja, la cual, indicó, se canceló a todas las personas empleadas públicas. Sin embargo, sostiene que la verdadera razón es su postura crítica y sus denuncias: «por denunciar dudosas contrataciones, por cuestionar sobreprecios, por exigir rigor técnico en criterios y estudios actuariales, por velar por el EDUS y señalar las evidentes situaciones relacionadas con el RNP, por las listas de espera, las juntas de salud y la construcción de obras como las de Cartago, Golfito, Limón».
Rodríguez González detalló que ha sido «suspendida de [su] cargo ilegítimamente», aunque fue restituida por orden de la Sala Constitucional. También mencionó haber sido «citada insistentemente» y expuesta a «intimidaciones y hostigamientos», todo con el propósito de «apartarme de la Junta Directiva por no ser complaciente, por alzar la voz, por fiscalizar sin miedos». Calificó su situación como un «ataque personal» y una «señal inequívoca de que cuando una mujer denuncia, cuando incomoda, cuando no se somete, el poder responde con violencia política institucional», llegando a denominarlo «terrorismo de estado».
A pesar de la situación, la representante laboral enfatizó que no renunciará. Subrayó su compromiso con la institución y con el bienestar de su personal profesional, afirmando: «Aquí estoy de pie, sin miedo, con la frente en alto, porque los principios no se venden, porque las convicciones no se negocian». Concluyó su mensaje reiterando su lucha por «la verdad y la justicia», destacando que Costa Rica «merece una Caja fuerte, autónoma, libre, transparente y humana».
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, la Cátedra UNESCO de la Universidad Diego Portales de Chile y la organización no gubernamental Fundamedios, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, elaboraron el informe Voces Desplazadas: Radiografía del exilio periodístico latinoamericano.
El estudio revela que entre 2018 y 2024, al menos 913 periodistas de 15 países latinoamericanos se vieron forzados a exiliarse debido a la represión, la persecución y el cierre de espacios cívicos en sus países. Además, advierte que el desplazamiento forzado por persecución, censura y amenazas se ha convertido en una grave alerta para la libertad de expresión y la democracia en la región.
Venezuela, Nicaragua y Cuba concentran el 92% de las salidas estimadas de periodistas, aunque también se identifican contextos hostiles en Guatemala, Ecuador, Haití, México, Colombia y El Salvador, donde la criminalización del ejercicio periodístico o la violencia del crimen organizado vulneran a quienes trabajan en medios de comunicación.
Los principales destinos de acogida para estas personas desplazadas son Costa Rica, Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Colombia y México, elegidos principalmente por las redes de apoyo disponibles y las posibilidades de regularización migratoria.
El informe destaca que la mayoría de los desplazamientos ocurren de forma abrupta y sin planificación, lo que profundiza situaciones de vulnerabilidad. Las personas desplazadas enfrentan precariedad económica, violencia, discriminación, problemas de salud física y mental, y dificultades para acceder a derechos básicos como salud, vivienda y empleo.
En muchos casos, las personas se ven obligadas a abandonar la práctica profesional, lo que produce vacíos y desiertos informativos que afectan directamente la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado.
“Que más de 900 periodistas hayan sido desplazados forzosamente por defender la libertad de expresión es un ataque directo a la democracia y un llamado urgente a los gobiernos para que actúen sin demora”, expresó Óscar Mario Jiménez, coordinador del equipo investigador desde Costa Rica.
Por su parte, Dagmar Thiel, directora de Fundamedios en EE. UU., advirtió que “el periodismo se ha transformado en una actividad de alto riesgo, pues los y las periodistas ponen en juego su integridad física y su propia vida para ejercer un buen periodismo en Latinoamérica”.
Desde Chile, Alejandra Matus, directora de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Participación Ciudadana de la Universidad Diego Portales, subrayó: “El periodismo florece y fructifica en contextos de respeto a las normas democráticas y a uno de sus principios fundantes: la libertad de expresión. Cuando las y los periodistas son perseguidos y forzados al destierro, no solo se silencian sus voces, sino que se dañan los derechos de las comunidades a las que esos profesionales servían”.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) expresa su más firme respaldo a nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS, ante la injusta, arbitraria y politizada persecución de la cual ha sido objeto por parte del Gobierno de la República.
Durante tres años, Martha ha enfrentado un proceso disciplinario viciado y desproporcionado, con evidentes motivaciones políticas que buscan acallar su voz crítica, transparente e incómoda para quienes pretenden secuestrar la Caja Costarricense de Seguro Social al servicio de intereses ajenos al bien común. No es casualidad que se le ataque por exigir estudios técnicos rigurosos, por denunciar sobreprecios, irregularidades en sistemas como el EDUS y el ERP, y por defender la construcción de infraestructura en regiones históricamente olvidadas como Cartago, Golfito y Limón.
El supuesto motivo de la sanción, el pago de 7.500 colones a los trabajadores de la Caja, tal como se le pagó al resto de trabajadores públicos, no es más que una excusa burda. Lo que realmente se castiga es su dignidad, su firmeza y su compromiso inquebrantable con los intereses de la clase trabajadora y la defensa de la seguridad social como derecho humano y no como negocio.
Esta persecución política, disfrazada de legalidad, es una expresión clara de violencia institucional y violencia política contra una mujer luchadora que se ha negado a someterse. UNDECA denuncia esta arremetida como parte de una ofensiva más amplia contra quienes defienden la autonomía de la Caja y enfrentan las políticas neoliberales que buscan debilitarla, deslegitimarla y abrir paso a la privatización de la salud pública.
Desde UNDECA reafirmamos al excelente trabajo fiscalizador de Martha Rodríguez, en defensa de los más preciados intereses de la patria. La voz de Martha es también la voz de miles de trabajadores y trabajadoras que día a día hacen posible que la CCSS funcione, a pesar del abandono estatal, la sobrecarga laboral y la negligencia de quienes pretenden destruirla desde dentro.
Llamamos a las organizaciones sindicales, sociales y al pueblo costarricense a cerrar filas en defensa de nuestra compañera Martha Rodríguez, y a mantenernos vigilantes ante cualquier intento de represión institucional.
¡Martha no está sola!
¡La CCSS es del pueblo, no del Gobierno de turno!
Con dignidad, valentía y firmeza, seguiremos defendiendo nuestra Caja Costarricense de Seguro Social.
UNDECA – Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social
Yo no sé ustedes, pero a mí como ciudadano me preocupa como se vienen dando estas, y muchas otras cosas sin que se le ponga freno, antes de que sea tarde. ¿Violar la Constitución Política, las Leyes y autonomía de los Poderes de la República?, me suena a que se cocina un régimen autoritario, con sesgos cercanos al fascismo muy fuertes. Esto, aunque crea que crea en que vivimos en una democracia de los ricos y no del pueblo, la Constitución, no perfecta, pero con cosas importantes, es La Constitución.
También creo que, desde el golpe de Estado en 1948, los años 50’s, 60’s, 70’s, y profundizándose más fuertemente desde los años 80’s a esta parte del siglo XXI, la corrupción descarada, el saqueo y la estafa han prevalecido. Hay un poder financiero de un grupúsculo de familias que han manejado títeres en la silla presidencial y las curules legislativas, así como en gobiernos locales, para seguir acrecentando sus ganancias a costa de la clase trabajadora y el pueblo en general.
Ya lo vemos hoy con el tema de la CCSS, la jornada de 12 horas, la Ley antihuelgas, el Combo Fiscal, la Ley de Empleo Público, el TLC y tantos otros nefastos inventos impulsados por ese poder económico y ejecutado por los verdugos del pueblo desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aparte de los “medios de comunicación”, que pertenecen a esta casta financiera.
Claro que hay razón para hablar que hay una inmensa telaraña de corrupción y saqueo en Costa Rica, siempre dije que este país es de los más corruptos del mundo.
Pero en Costa Rica estamos viendo con profunda preocupación cómo el aparato estatal está siendo utilizado para perseguir políticamente a congresistas y periodistas, bajo el pretexto de combatir esa corrupción. Que una unidad como la UEI, adscrita al Ministerio de la Presidencia, reciba órdenes “de arriba”, como dicen los medios de comunicación, para vigilar a diputados vinculados a Huawei y a comunicadores sociales es un grave atentado contra la Constitución Política, aunque ya lo han hecho contra dirigentes sociales desde hace décadas.
No estamos hablando de una investigación judicial legítima, sino de seguimientos extralegales ordenados desde el poder Ejecutivo, lo cual recuerda los peores momentos del autoritarismo disfrazado de lucha contra la corrupción. Cuando el Estado vigila a quienes deben fiscalizarlo, cuando se espía a la prensa y al parlamento, no estamos ante un gobierno transparente, sino ante uno que abusa del poder para silenciar y amedrentar. La verdad no se busca con espionaje, se exige con rendición de cuentas, respeto a la libertad de expresión y al proceso de recolección de pruebas que demuestren el delito.
Esto que vivimos en este momento, como sucedió en la Alemania Nazi, en el Chile de Pinochet, de Efraín Ríos Montt en Guatemala, los Somoza en Nicaragua y tantos otros, puede convertirse en una dictadura fascista. Eso, quiéranlo aceptar o no, es una tragedia social de grandes y nefastas consecuencias.
En mi siguiente comentario, “El bonapartismo en Costa Rica”, que estoy por terminar, comentaré sobre cómo y por qué surgen este tipo de peligrosos sujetos, y cómo desde el marxismo ya estaba identificado este tipo de situaciones producto de la podredumbre del sistema capitalista en decadencia.
Mi padre viajó a la frontera entre Ecuador y Perú para recibir a don Máximo Cisneros y a uno de sus hijos que venían huyendo de una verdadera dictadura militar en su país. Sin lugar a duda, porque así siempre lo expresó, don Máximo escogió a Costa Rica por su reconocimiento a la tradición democrática y pacífica de nuestro país, que no era para nada una tiranía perfecta como ahora insiste Chaves.
Don Máximo vivió en mi casa alrededor de dos meses mientras lograba reubicarse. Todos nosotros los recibimos con mucho cariño y con mucha solidaridad por la situación de persecución política por la que estaba pasando. Al cabo de ese tiempo, la gran mayoría de los miembros de la familia Cisneros, incluida Pilar, se trasladaron también a Costa Rica y se instalaron en una casa en Lourdes.
El día de hoy, estoy seguro de que tanto mi padre como don Máximo deben estarse revolcando en su tumba al ver a Pilar arrastrar nuestra democracia por el fango, cuestionando todas las instancias de separación de poderes y de control político, desmantelando toda la institucionalidad y dando, tanto ella como Chaves, el peor ejemplo posible contra el diálogo democrático y la cultura de paz.
Las razones que obligaron a su familia a huir de su patria son hoy las mismas que pretenden imponernos con bravuconadas y autoritarismos. Pero, se equivoca Pilar y se equivoca Chaves, la tradición democrática y pacífica sigue totalmente viva en muchas personas de este país y estaremos siempre en pie de lucha activa para defenderla.
Los Tribunales de Probidad y los Tribunales de Sanciones Inmediatas se crearon por decretos en mayo de 1948 y se disolvieron por decreto en noviembre de 1949.
Se crearon y funcionaron durante la postguerra de odios exacerbados, espíritu de venganza y ambiente de violencia política, a la sombra de un gobierno de facto que gobernó como dictadura.
Entre las obras de la historiadora, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica, Claudia Quirós Vargas, me interesa destacar su libro “Los Tribunales de Probidad y de Sanciones Inmediatas”, de la Editorial Costa Rica. En esta obra de historia política, jurídica y social Quirós Vargas nos habla de causas y objetivos de la creación de estos Tribunales, los mecanismos y procedimientos legales aplicados, personas sobre las que tuvieron jurisdicción, resultados de los juicios seguidos, las sanciones decretadas y los beneficios aportados a los ciudadanos y al Estado.
Según la autora, “este Tribunal va a tener su proyección en el campo de la estrategia política, porque coadyuvará a la realización de dos objetivos, el primero, asegurar la estabilidad de la Junta de Gobierno; el segundo, decidir la inmediata proscripción del Partido Comunista”. pag.17.
Partiendo de esos dos objetivos que señala la historiadora, me permito hacer la siguiente reflexión.
Con la sublevación sediciosa de Figueristas y Ulatistas José Figueres da el Golpe de Estado al presidente Constitucional Lic. Teodoro Quirós y se instala como presidente de facto. Quien había prometido “libertad electoral y rescate de la democracia” para justificar su levantamiento armado, ahora en el poder incumple los pactos, crea los Tribunales y promulga los decretos para la represión, encarcelamiento y exilio contra quienes habían pactado con él la finalización de la Guerra Civil de 1948. ¡Olvidó sus consignas libertarias!
¿Ironía del destino de José Figueres, acompañada de sarcasmo? Hay que leer su libro “El Espíritu del 48”, para entender los intereses bélicos, políticos, los métodos de terror, campañas de miedo y falacias utilizados desde 1942 a 1949 y en la posguerra las tergiversaciones de acontecimientos históricos y de los beneficios obtenidos para la Patria y los trabajadores con la revolución social entre 1940 y 1948.
El decreto 105 de junio de 1948, ilegaliza al Partido Vanguardia Popular y más de 150 sindicatos. En ese proceso de ilegalización y disolución de sindicatos y la Confederación de Trabajadores de Cosa Rica, participa activamente el Presbítero Benjamín Núñez que era ministro de Trabajo, el mismo que por mandato de su General José Figueres Ferrer, firmó el pliego de Garantías del Ejército de Liberación Nacional al Partido Vanguardia Popular para el desarme y poner fin a la Guerra Civil. Pliego que fue entregado a Manuel Mora Valverde en la Embajada de México el 19 de abril de 1948.
Con esos decretos y esos Tribunales se inaugura un largo periodo de persecución política y mutilación de las libertades públicas republicanas, de las propias garantías sociales constitucionales, negando a miles de costarricenses el derecho al sufragio, la libertad política electoral, la libertad de prensa, de pensamiento, de reunión y de organización sindical y política, el derecho a huelga y la convención colectiva, se promueve el exilio de Manuel Mora Valverde y Carmen Lyra, el encarcelamiento y exilio de militantes del Partido Vanguardia Popular.
La historiadora Claudia Quirós en su libro nos dice: “Mi interés en este tema se fundamenta en que este, como otros tópicos relevantes del periodo no ha sido investigado. Considero que es aquí donde radica la importancia de mi trabajo que, por supuesto no pretende agotar ni decir la última palabra al respecto, mi objetivo primordial es motivar a otros investigadores a que profundicen en este tema, y no dudo contribuirá a dilucidar la Historia contemporánea de nuestro país”.
Creo que mucho se ha avanzado con los nuevos historiadores e investigadores en lo que va de este siglo y aún falta mucho por hacer.
Algunos juristas costarricenses, por ejemplo, el Lic. Vargas Fernández, en el debate sobre estos Tribunales argumentó que eran: “un gran error del Gobierno, que representan un regreso a la Edad Media”.
Para el Lic. Fernando Guier Esquivel … se asemejan a organismos de la “Santa Inquisición”.
El Lic. Celso Gamboa, diputado de la Constituyente, expresó: “Ya en la práctica había llegado al convencimiento de que se procedía tan solo animados por odios y venganzas; que los asuntos se resolvían a base de pasión, de intrigas, de mezquinos recursos”.
No hay duda de que esos Tribunales y los objetivos señalados dieron pie para legalizar la persecución y la violencia política, extender las prácticas arbitrarias y provocar crímenes políticos, como el Crimen del Codo del Diablo, donde fueron asesinados Tobías Vaglio, Lucio Ibarra, Federico Picado, Octavio Sáenz, además de un nicaragüense de apellido Sotomayor, y Don Carlos Aguilar.
El crimen cometido contra Horacio Montiel, Edwin Vaglio, Mónico Hernández, presos en la Penitenciaría Central por decisión de esos Tribunales, sacados y llevados hasta el lugar conocido como La Cangreja, donde fueron cruelmente asesinados los tres militantes comunistas.
Me parece importante transcribir un párrafo que se lee en la contraportada, en el que dice la autora: “Reconocemos con profundo desengaño que la corrupción administrativa no es nueva en nuestro país, y lo que más desalienta es saber que el Tribunal de Probidad más bien fue otro instrumento de corrupción, dado que por su medio se enriquecieron otros sectores de la sociedad. Y que por tal razón este Tribunal no tuvo trascendencia ni proyección histórica. De lo contrario, cómo explicarnos la persistencia del peculado, la malversación de fondos, las estafas, el soborno, la extorsión, el contrabando etc. de las administraciones posteriores a 1948 y tan en boga en el presente”.
En la página 9 la autora dice “A la memoria de Carlos Luis Fallas, (Calufa) el líder popular que en los momentos más adversos mantuvo su honestidad y supo ser fiel a sus ideales”. Un emotivo reconocimiento al líder que los Tribunales llevaron a la cárcel por haber robado unas gallinas para alimentar a su tropa.
Vale recordar que ningún comunista fue encontrado culpable de corrupción ni actos criminales. La Historia más bien reconoce a Carlos Luis Fallas por evitar el fusilamiento de algunos alzados detenidos en la guerra y destaca haber salvado la vida del señor Fernando Ortuño Sobrado soldado en las filas figueristas durante la guerra civil
Creo que hoy se puede afirmar que el juicio de la Historia reivindica a los políticos y militantes ilegalizados, perseguidos, a los clandestinos y clandestinas, entre 1948 y 1970 y terminaron absueltos.
Por el contrario, la Historia nos enseña que lo que se llama “Junta Fundadora de la II República” o “Gobierno de facto que gobernó como dictadura”, y sus integrantes y subordinados, actúo con violencia política contra sus adversarios y les negó las libertades que prometían defender.
No hablo de sentencias o declaraciones de culpabilidad, hablo del reconocimiento histórico justo a la probidad de los comunistas, entiéndase: honradez, integridad y rectitud en el actuar.
Debe reconocerse la reivindicación de daños morales y perjuicios a quienes fueron perseguidos y encarcelados sin existir delito, lo que enaltece aún más la limpia trayectoria histórica de los comunistas.
Una vez estando preso por razones políticas en Parrita, en marzo de 1964 recibí de mi Padre un telegrama, que dice, «prisión, cuando no hay delito enaltece al hombre, junto con ustedes me siento orgulloso, abogados en acción» días después los cinco detenidos fuimos absueltos. Los carceleros eran excombatientes Figueristas.
Para terminar, quiero conmemorar a todas y todos los que alguna o muchas veces estuvieron en prisión en el periodo de los Tribunales de Sanciones Inmediatas y en los tiempos de la posguerra sin causa penal, que los días o meses de cárcel los enaltezca, debemos sentir orgullo de la vida militante.
A seguir caminando, viendo en el horizonte la utopía.
¡Por memoria, por verdad y por justicia, nunca olvidar!
*Militante comunista 1961 1991, en el presente militante sin Partido.
