Comunicado
La representante de los trabajadores en la Junta directiva de la CCSS, denunció ante la Defensoría de los Habitantes, el trato intimidante y exceso de autoridad en Casa Presidencial, al presentarse a la comparecencia oral y privada fijada este martes 21 a las 9:00 a.m.
Este lunes 6 de noviembre de 2023, la legítima representante del sector sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Rodríguez González, se hará presente en Casa Presidencial, a las 8:30 a.m., para lo que será la segunda comparecencia de la persecución política del gobierno de Rodrigo Chaves.
En diciembre del año anterior, violando la Constitución Política, la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, y el Estado de Derecho, Rodrigo Chaves suspendió a cuatro directivos y montó una ilegítima Junta Directiva de la Caja, con el fin de maniobrar en contra de la institución. La Sala Constitucional acogió un recurso y determinó que los cuatro directivos debían ser restituidos de inmediato, lo que sucedió, a excepción de Marta Esquivel, presidenta de la CCSS nombrada por Chaves.
De los cuatro miembros restituidos, por presiones políticas, uno renunció posteriormente y tres continúan en el cargo, pero el gobierno de Rodrigo Chaves decidió mantener la persecución política contra Martha Elena Rodríguez González, al considerarla un obstáculo para lograr la privatización de la emblemática institución de la salud pública.
Martha Rodríguez González, se hará presente este lunes y martes en casa presidencial, para hacer valer la democracia, la ley y la Constitución Política en el ejercicio de su función en representación de la clase trabajadora y el pueblo costarricense.
Las Américas, 12 de septiembre de 2023. Las organizaciones internacionales firmantes condenamos la criminalización, persecución y aprehensión sin fundamento de la abogada defensora de derechos humanos Claudia González Orellana, ex funcionaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), abogada litigante y defensora de fiscales anticorrupción criminalizados como Juan Francisco Sandoval y Virginia Laparra.
Es lamentable que el Ministerio Público de Guatemala siga actuando de manera arbitraria y criminalice el ejercicio de la abogacía de Claudia González Orellana sin ninguna base legal, afectando el derecho de defensa de decenas de fiscales que han sido acusados de forma espuria, obstaculizando sus casos, además de ser un acto de intimidación y represalia hacia la abogada González Orellana por realizar su trabajo. Es preocupante que, lejos de detener estas prácticas autoritarias, la política de persecución selectiva que ha implementado el Ministerio Público siga en escalada, especialmente contra de personas operadoras de justicia independientes, periodistas, litigantes y personas defensoras de derechos humanos quienes han trabajado en la lucha contra la corrupción e impunidad y en la defensa de los derechos humanos en el país.
Resulta inadmisible que, nueve días después de la detención de la abogada Claudia González Orellana, el día de celebración de la audiencia de primera declaración se haya declarado bajo reserva el caso promovido en su contra, violando con ello las garantías del debido proceso al incumplir sin fundamento con el principio de publicidad que como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos “tiene la función de proscribir la administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y se relaciona con la necesidad de transparencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen”.
Hacemos un llamado para que se ordene la inmediata liberación de Claudia González Orellana y al Estado de Guatemala para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se respete el debido proceso y garantice la integridad de esta abogada defensora de derechos humanos.
FIRMAN
Acción Solidaria
ACI PARTICIPA: Asociación para una CIUDADANIA PARTICIPATIVA
American Jewish World Service (AJWS)
Amnistía Internacional
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ)
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Be Just
Cadena Derechos Humanos Honduras (CADEHO)
Centro de Derechos de Mujeres, CDM
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM)
Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – Corporación Humanas Chile
Civilis Derechos Humanos
Colectivo de Abogados y Abogadas «José Alvear Restrepo» (CAJAR)
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Cross Border Network
Demus Estudio para la defensa de los derechos de la mujer
Disonancias Radio
Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C.
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)
Honduras Delegation
Impunity Watch
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
Instituto de Defensa Legal – IDL
International Service for Human Rights
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
LASCWM
Latin America Caribbean Working Group of Mass Peace Action
Latín America Task Force of Interfaith Council for Peace & Justice
Latin American Working Group (LAWG)
Mujeres Libres COLEM AC
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
Organización Ayudamos Honduras
Protección Internacional Mesoamérica
Red COMAL
Red Rompe el Miedo Guatemala
Red Solidaria de Derechos Humanos
Robert F. Kennedy Human Rights
Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe
Women’s Link Worldwide
SURCOS comparte el siguiente comunicado:
¡NO puede haber conflicto de intereses porque fue una decisión de la Comisión Nacional Negociadora de Salarios del Sector Público!
Lo que buscan es retrasar lo inevitable, pagarle a TODOS los trabajadores y trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social el ajuste que les corresponde desde hace tres años, violentando la Ley, la Constitución Política, la institucionalidad pública y, ahora, utilizando la infamia como arma para intentar afectar la reputación de una persona honesta y de principios éticos y morales comprobados en la función pública.
BUSSCO
Orlando Barrantes es un dirigente social que ha dedicado gran parte de su vida en apoyar luchas por conseguir condiciones de vida y de trabajo dignas y justas para campesinxs, ex-estibadores, transportistas independientes, indígenas y afectadxs por el Nemagón, principalmente en la Zona Atlántica. Actualmente, a pocos meses de cumplir 70 años, no ha dejado de luchar por causas justas, centrando su trabajo en el acceso a una vivienda para poblaciones en condición vulnerable.
Orlando Barrantes es además una persona que ha tenido que soportar 22 años de procesos judiciales. Estos abiertos por el Ministerio Público, es decir el Estado de Costa Rica, por hechos que no cometió, siendo este el caso de persecución política más extenso de la historia de nuestro país.
Luego de múltiples juicios inconclusos y de haber sido absuelto en dos ocasiones, en septiembre será llamado a audiencia en el que sería su séptimo juicio bajo la misma acusación. Es por esto que exigimos de una vez por todas ¡la libertad de Orlando Barrantes!
Para informarse y apoyar esta campaña por la libertad de Orlando Barrantes, siga nuestras redes:
Facebook: Libertad para Orlando Barrantes
Instagram: @Orlando_Barrantes_Libre
*En la imagen se observa a Orlando Barrantes. Además, acompañan los logos de CONATRAB, del MTC, del Bloque de Vivienda, del FECOU, de la FECON y del NPS.
Compartido con SURCOS por Angélica Alvarado.
Recordemos el 2020, la posición de Diego García-Sayán (Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU), cuando emite el Comunicado N° BOL 1/2020, expresando: “preocupación por el patrón de persecución política y judicial, con fines de represalia, así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”, “Así como a la posible falta de respeto a las debidas garantías procesales y de defensa”, cuando mencionó persecución política e instrumentalización de la justicia, se refirió al accionar del ex Ministro de Gobierno de Jeanine Añez, Arturo Murillo, quien dijo que fueron a la “cacería” e iniciaron varios procesos penales contra ex autoridades y personalidades políticas del gobierno de Evo Morales; el Gobierno de Facto de Añez, respondió al Comunicado y trató a García-Sayán de ser activista político y defender ideológicamente el socialismo del siglo XXI. Los que participaron en ese gobierno de Facto, en la actualidad toman las declaraciones de García-Sayán para arremeter contra el Gobierno de Luis Arce, algo que no debe sorprendernos, por su falta de horizonte ideológico.
Del 15 al 22 de febrero de 2022, García-Sayán visita Bolivia, emite un informe y menciona: “finalmente, el drama de la impunidad y de la falta de resultados efectivos frente a graves violaciones de derechos humanos. (…) Mucho se ha escrito sobre las violaciones de derechos humanos del último trimestre de 2019, cuando al menos 37 personas fallecieron y centenares fueron heridas. Como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales”. Lamentó que hayan pasado más de dos años sin que las víctimas de la masacre del Gobierno de Jeanine Añez logren justicia; respaldó el informe del GIEI y le preocupó la impunidad que se estuviera generando; se colocó en defensa de los derechos humanos de las víctimas del Golpe de Estado del 2019; sin embargo, en ninguna parte del informe, menciona que Jeanine Añez merece un Juicio de Responsabilidades, es más, le preocupó que la justicia avance tan lentamente y se encuentre con detención preventiva desde marzo de 2021.
A la posición del informe emitido públicamente, García-Sayán se contrapone a su propia postura y se coloca del lado de los derechos de Jeanine Añez, por encima de los derechos de las víctimas de Sacaba, Senkata y El Pedregal, cuando en su Twitter menciona que: “Un tribunal de La Paz condenó a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión. Aún no se conoce el texto que sustenta la sentencia, pero tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”, Esta declaración es cínica y sin vergüenza, cuando anteriormente se preocupaba por su detención preventiva, ahora que Jeanine Añez, tiene sentencia, menciona que tiene derecho a un juicio de responsabilidades; pero algo peor es, que no le interesa cómo surgió el mandato de Jeanine Añez, para los bolivianos es de vital importancia esta situación, porque a partir de la sentencia del proceso penal “Golpe de Estado II”, se mandó el siguiente mensaje: “ninguna persona puede autoproclamarse Presidenta o Presidente y menos atribuirse mandatos para los que no fue designada y/o elegida”.
Al mencionar García-Sayán que Jeanine Añez, merece y debe ir a un Juicio de Responsabilidades, no solo toma una postura a favor de la sentenciada, sino que manda un lineamiento político. Para lo que voy a cuestionar su contraposición jurídica y política. Si bien el Derecho Internacional Público, garantiza que las altas autoridades de un Estado, gocen de inmunidad Personae y Ratione Materiae (protección frente a los tribunales nacionales y/o extranjeros en relación con todos los actos, tanto de carácter oficial, como de naturaleza privada realizados durante el desempeño del cargo, o con anterioridad al mismo) esta inmunidad en muchos casos se traduce en impunidad, por lo que se establecieron ciertos limitantes; es así que en el caso de Almonacid Arellano y otros, sentencia del 26 de septiembre de 2006, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se menciona que: “Ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones internacionales pertinentes”. A los delitos de lesa humanidad (persecución política, detenciones indebidas, procesos penales fabricados, masacres, ejecuciones extra sumarias y genocidio), los Estados no pueden otorgar privilegios a partir de Juicios de Responsabilidades; no se puede otorgar una figura legal que contraponga la defensa de los derechos humanos y la investigación penal en favor de las víctimas, esta posición se encuentra ratificada en el documento “Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Impunidad” emanado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuando señala: “la inmunidad oficial ratione materiae, no puede abarcar conductas condenadas como delitos graves por el derecho internacional».
Los actos que atentaron contra los derechos humanos en el Gobierno de Facto de Jeanine Añez, deben ser juzgados por la vía Ordinaria, sin la otorgación de ningún privilegio, por dos razones: 1) Que la asunción a la Presidencia no fue constitucional, demostrado en la sentencia del Caso “Golpe de Estado II”; y 2) Que Jeanine Añez, cometió delitos de lesa humanidad, por lo que la ley no deben y no pueden otorgar protección directa o indirecta, la norma no puede aplicarse a figuras legales de privilegio que generé impunidad.
García-Sayán manda línea política y jurídica a la oposición boliviana, para desgastar al Gobierno de Luis Arce, por lo que es importante tomar en cuenta el escenario que se está fabricando, a fin de tomar acciones preventivas.
(*) Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana. (gat96@hotmail.com)
Después de los tres años, dos meses y cinco días de encarcelamiento que pasó Julian Assange en la prisión de máxima seguridad de Londres, precedidos por los seis años, nueve meses y 23 días que pasó como perseguido dentro de la embajada de Ecuador en Londres, la ministra del Interior británica, Priti Patel, ha tomado una decisión vergonzosa y peligrosa, dando el visto bueno a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
Assange, por lo tanto, se arriesga a terminar su vida en una prisión de Estados Unidos, cumpliendo una sentencia anormal (hasta 175 años de prisión) por delitos de espionaje, dictada al final de un juicio injusto y después de un período de confinamiento solitario.
Hay una enorme paradoja en esta historia de persecución política y judicial: los que cometieron crímenes de guerra siguen andando libres y quizás escribiendo memorias en las que se reivindican y se jactan de ellos. Quienes los denunciaron, haciendo pública una información de interés general, se arriesgan a ser los únicos que paguen.
Los recursos internos y los recursos ante el Tribunal de Justicia Europeo continuarán, por supuesto. Hoy no ha terminado. Pero hoy, esta fecha del 17 de junio de 2022 debe quedar marcada en el calendario como un día peligroso: el día en que el gobierno británico dijo que el periodismo de investigación es un delito, el día en que se sentó el precedente de que un gobierno opuesto a la libertad de prensa puede perseguir a «periodistas enemigos» en el territorio de otros estados para entregarlos.
*Riccardo Noury
Riccardo Noury es el portavoz de Amnistía Internacional Italia desde 2003, organización de defensa de los derechos humanos de la que es miembro desde 1980. Escribió «No soportamos la tortura» (Rizzoli Libri Illustrati, 2001), “Poesie da Guantánamo” (2007), “La cabeza en otra parte” (Infinito Edizioni, 2020), “La misma pelea, la misma razón” (People Pub, 2020) y “Molla chi verdugo. El lento final de la pena de muerte en EEUU” (Infinito Edizioni, 2022). Es coautor de “Un error capital” (Ediciones Cultura de Paz, 1998) y “Srebrenica. Justicia denegada” (Infinito Edizioni, 2015). Editó “Los olvidados. Las que no se fueron tras la pandemia” (Infinito Edizioni, 2020) y “Las mujeres de Minsk” (Infinito Edizioni, 2021). Desde 2003 es responsable de la edición italiana del Informe Anual de Amnistía Internacional. Escribe, a través de sus blogs, en el Corriere della Sera, el periódico Fatto, Focus on Africa, Article 21 y Pressenza.
Compartido con SURCOS por José Rafael Quesada.
Imagen: GETTY IMAGES
Le invitamos a participar este miércoles 22 de junio (hubo cambio de fecha) de la concentración “Porque Carlos Andrés Pérez Sánchez es inocente. ¡Absolutoria definitiva de su injusta sentencia!”, organizada por el movimiento Mujeres en Lucha Social, en apoyo con el movimiento social y sindical.
La concentración empezará a las 2:00 p. m. en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Circuito Judicial en Goicoechea, San José, con motivo de solidarizarse con Carlos Andrés y su familia ante el impacto de un proceso injusto de criminalización y persecución política.
Compartido con SURCOS por Mujeres en Lucha Social.
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) solicitamos de forma vehemente al Estado costarricense la cesación de la persecución política en contra de personas defensoras de derechos humanos. Así, exigimos EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.
Carlos Andrés es una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos que ejercen una dictadura mediática complaciente de los intereses de las élites económicas.
Carlos Andrés fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018 cuando, en ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y debidamente aprobados por Costa Rica, se le acusó de causar daños a bienes propiedad de RECOPE, institución para la cual trabajaba. Carlos Andrés en un acto heroico acudió a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, acción para la cuál ha sido preparado como parte de las medidas de atención de riesgos ante eventuales peligros. Hecho que se da durante el período de huelga acontecido durante el año 2018 en contra del combo fiscal (Proyecto Ley 20.580. Ley de Modernización de las Finanzas Públicas) promovido por el gobierno central y la Asamblea Legislativa; huelga que él apoyaba dentro de los límites del ordenamiento jurídico, esta es la verdadera razón del por la cual es acusado.
Este joven trabajador y padre de familia, fue sometido a un juicio mediático a nivel nacional, siendo catalogado por los medios de comunicación más poderosos como un terrorista, inclusive fue acusado por el presidente de la república, Carlos Alvarado Quesada, sin antes tener un juicio en el cual se demostrara su culpabilidad, violentando así el principio constitucional y penal de inocencia.
Posteriormente fue sometido a un amañado juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio emitido por el juez Sergio Céspedes Rivera (Tribunal del Flagrancia de Limón, causa 18-000244-1130-PE), quien en primera instancia fue amonestado, ordenando la liberación de Carlos (26 de febrero, 2019).
Carlos Andrés Pérez Sánchez ha tenido que sufrir el injustificable peso de atravesar un proceso penal donde estuvo detenido en prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar.
Por todo lo anterior, como organizaciones del movimiento social defensoras de los Derechos Humanos solicitamos se declare el sobreseimiento definitivo a Carlos Andrés Pérez Sánchez, con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal, que dicta que procederá el sobreseimiento cuando el hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado.
Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que sucede en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social. A la vez, convocamos a hacernos presentes los días 24 y 25 de febrero a los Tribunales de Limón, para recuperar la confianza en los tribunales de justicia y se dicte el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ.
PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO
Firmas responsables:
ACODEHU, CUT, MTC
Bloque de Vivienda Nacional,
Coordinadora Campesina
Costa Rica
Por lo que le solicitamos adscribirse como persona o como organización a Petición del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para compañero Carlos Andrés Pérez Sánchez, joven obrero de Costa Rica víctima de persecución penal y política desde la huelga 2018.
https://forms.gle/M6DnYU17m19CZ9b8A
Gracias de antemano.
Semanas atrás SURCOS informó que El Colectivo de Solidaridad con Honduras en Costa Rica emitió un comunicado en el que denuncia que “el 15 de marzo se confirmó la detención del estudiante hondureño Eduardo Enrique Urbina Ayala, quien se encuentra en el Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular (CATECI) en San José, Costa Rica“. El joven es solicitante de refugio. (Ingresar a la nota en el siguiente enlace, http://wp.me/p6rfbZ-5CF)
Este universitario ingresó a Costa Rica el 11 de diciembre del 2017, debido a la criminalización y campaña de persecución política del Gobierno de Honduras. Ha tenido el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
El día de ayer recibimos el siguiente comunicado que compartimos:
Con mucha satisfacción podemos informarles que Eduardo Urbina está libre.
En este momento jóvenes del FA. y de la UCR. San Ramón lo estarán acompañando por estos días.
Lo más importante es informar al mundo que Eduardo Urbina, es INOCENTE y preso político de Honduras.
Este joven quedó en libertad porque el Estado de Costa Rica le concedió el merecido REFUGIO.
Les informo que el trabajo de la ACODEHU continúa en la lucha por la libertad de los 22 presos políticos que permanecen aún en las cárceles de Honduras.
Enviado por Marlin Óscar Ávila.
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