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Etiqueta: persecución

Fidel Narváez, amigo de Julian Assange describe la persecución y explica cómo se llegó a su liberación

Se invita a ver el video «Julián Assange ya es totalmente libre»

La entrevista entre Héctor Bernardo y Fidel Narváez aborda uno de los casos más emblemáticos y controvertidos del periodismo contemporáneo: el de Julián Assange, fundador de WikiLeaks. Fidel Narváez, ex cónsul de Ecuador en Londres y cercano colaborador de Assange durante su asilo en la embajada ecuatoriana, ofrece una perspectiva detallada sobre los eventos que llevaron a la reciente liberación de Assange y el contexto político que lo rodea.

Assange se convirtió en un personaje central debido a las filtraciones masivas de documentos clasificados que revelaron crímenes de guerra de Estados Unidos y operaciones encubiertas de la CIA, entre otros temas sensibles. Esta actividad provocó una intensa reacción por parte de las autoridades estadounidenses, que buscaron su extradición para enfrentar múltiples cargos, incluyendo violaciones a la Ley de Espionaje que podrían haber resultado en una condena de hasta 175 años de prisión.

La entrevista revela cómo Assange buscó refugio en la embajada ecuatoriana en Londres en 2012, temiendo por su seguridad ante la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos desde Suecia, donde enfrentaba acusaciones de agresión sexual que él negaba y que consideraba una estratagema para facilitar su entrega a Washington. Durante su estancia en la embajada, Assange vivió en un estado de confinamiento virtual, aunque físicamente protegido, lo que generó un prolongado conflicto diplomático entre Ecuador, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

El cambio de gobierno en Ecuador en 2017, con la llegada de Lenin Moreno, marcó un punto crítico. Moreno, en contraste con su predecesor Rafael Correa, revirtió la política de asilo y protección a Assange, permitiendo finalmente que las autoridades británicas lo arrestaran en abril de 2019. A partir de entonces, Assange enfrentó un largo proceso legal en el Reino Unido para decidir su extradición a Estados Unidos, donde se temía que no recibiría un juicio justo debido a la naturaleza política de los cargos en su contra.

El acuerdo alcanzado recientemente para la liberación de Assange marca un hito significativo. En lugar de continuar con el proceso de extradición, Assange accedió a declararse culpable de un cargo menor, relacionado con la conspiración para obtener información clasificada. Esto aseguró su liberación inmediata y evitó un juicio prolongado en Estados Unidos, donde su caso había generado preocupaciones sobre la libertad de prensa y los derechos de los periodistas para revelar información de interés público.

La campaña internacional por la libertad de Assange desempeñó un papel crucial en este desenlace, movilizando a defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas de todo el mundo. Además, factores políticos internos en países clave como Estados Unidos y Australia, donde Assange es ciudadano, influyeron en la decisión de detener la persecución activa contra él.

A pesar de la celebración por su liberación, el caso de Assange subraya los desafíos continuos para el periodismo de investigación y la libertad de expresión en un contexto global donde las leyes de espionaje y las presiones políticas pueden amenazar la transparencia y la rendición de cuentas. Su experiencia también pone de relieve las complejidades de los asilos políticos y las implicaciones legales de los derechos humanos en un mundo interconectado.

En conclusión, la entrevista proporciona una reflexión profunda sobre los dilemas éticos, políticos y legales que rodean el caso de Julián Assange, destacando su impacto duradero en el periodismo y la defensa de los derechos civiles en la era digital.

Video:

Carta de renuncia de Craig Mokhiber, director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York

Esta será mi última comunicación oficial como director de la Oficina de Nueva York de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Le escribo en un momento de gran angustia para el mundo, incluidos muchos de nuestros colegas. Una vez más, somos testigos de un genocidio que se desarrolla ante nuestros ojos, y la Organización a la que servimos parece impotente para detenerlo. Como alguien que ha investigado los derechos humanos en Palestina desde la década de 1980, vivió en Gaza como asesor de derechos humanos de la ONU en la década de 1990 y llevó a cabo varias misiones de derechos humanos en el país antes y después de esos períodos, esta situación me afecta personalmente.

También fue en estas oficinas de la ONU donde trabajé durante los genocidios contra los tutsis, los musulmanes bosnios, los yazidíes y los rohinyás. En cada caso, a medida que se asentaba el polvo sobre los horrores perpetrados contra poblaciones civiles indefensas, se hizo dolorosamente evidente que habíamos fallado en nuestro deber de cumplir con los imperativos de prevenir atrocidades masivas, proteger a los vulnerables y hacer que los perpetradores rindan cuentas. Lo mismo ha ocurrido con las sucesivas oleadas de asesinatos y persecución de palestinos a lo largo de la existencia de las Naciones Unidas.

Alto Comisionada, estamos fracasando una vez más

Como abogado de derechos humanos con más de treinta años de experiencia en este campo, soy muy consciente de que el concepto de genocidio ha sido a menudo objeto de abusos políticos. Pero la actual matanza del pueblo palestino, arraigada en una ideología colonial etnonacionalista, una continuación de décadas de persecución y limpieza sistemáticas, basadas enteramente en su condición de árabes, y junto con declaraciones explícitas de intenciones por parte de los líderes del gobierno y el ejército israelíes, no deja lugar a dudas ni debates. En Gaza, hogares, escuelas, iglesias, mezquitas e instalaciones médicas están siendo atacados sin motivo y miles de civiles están siendo masacrados. En Cisjordania, incluida la Jerusalén ocupada, las viviendas son confiscadas y reasignadas únicamente en función de la raza. Además, los pogromos violentos perpetrados por los colonos van acompañados de unidades militares israelíes. En todo el país reina el apartheid.

Este es un caso de genocidio de manual. El proyecto colonial europeo y etnonacionalista de colonización en Palestina ha entrado en su fase final, hacia la destrucción acelerada de los últimos vestigios de la vida palestina autóctona en Palestina. Lo que, es más, los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido y gran parte de Europa son totalmente cómplices de este horrible asalto. Estos gobiernos no solo se niegan a cumplir con sus obligaciones de «garantizar el cumplimiento» de las Convenciones de Ginebra, sino que arman activamente la ofensiva, brindan apoyo económico, inteligencia y encubren política y diplomáticamente las atrocidades de Israel.

De acuerdo con todo esto, los medios corporativos occidentales, cada vez más a instancias de los gobiernos, están violando completamente el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, deshumanizando incesantemente a los palestinos para justificar el genocidio y difundiendo propaganda de guerra y llamamientos al odio nacional, declaraciones raciales o religiosas que constituyan incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia. Las empresas de redes sociales con sede en Estados Unidos ahogan las voces de los activistas de derechos humanos mientras amplifican la propaganda pro-Israel. Los policías de Internet del lobby israelí y GONGOS acosan y difaman a los defensores de los derechos humanos, y las universidades y los empleadores occidentales colaboran con ellos para castigar a quienes se atreven a denunciar las atrocidades. A raíz de este genocidio, estos actores también tendrán que rendir cuentas, como fue el caso de Radio des Milles Collines en Ruanda.

En tales circunstancias, nuestra organización está más llamada que nunca a actuar de manera eficaz y basada en principios. Pero no estuvimos a la altura de ese desafío. El poder protector del Consejo de Seguridad ha sido bloqueado una vez más por la intransigencia de los Estados Unidos, el secretario general está siendo atacado por sus mezquinas protestas, y nuestros mecanismos de derechos humanos están siendo objeto de ataques calumniosos apoyados por una red organizada en línea que defiende la impunidad.

Décadas de distracción por las promesas ilusorias y en gran medida decepcionantes de Oslo han distraído a la Organización de su deber esencial de proteger el derecho internacional, los derechos humanos y la propia Carta. El mantra de la «solución de dos Estados» se ha convertido en una broma abierta en los pasillos de las Naciones Unidas, tanto por su absoluta imposibilidad en la práctica como por su total fracaso a la hora de tener en cuenta los derechos humanos inalienables del pueblo palestino. El llamado «Cuarteto» no es más que una hoja de parra para la inacción y la sumisión a un statu quo brutal. La referencia (escrita por Estados Unidos) a «acuerdos entre las propias partes» (en lugar del derecho internacional) siempre ha sido un evidente juego de manos, destinado a fortalecer el poder de Israel contra los derechos de los palestinos ocupados y desposeídos.

Señor Alto Comisionado, me incorporé a esta Organización en el decenio de 1980 porque encontré una institución basada en principios y normas que estaban decididamente del lado de los derechos humanos, incluso en los casos en que los poderosos Estados Unidos, el Reino Unido y Europa no estaban de nuestro lado. Mientras mi propio gobierno, sus instituciones subsidiarias y gran parte de los medios de comunicación norteamericanos seguían apoyando o justificando el apartheid sudafricano, la opresión israelí y los escuadrones de la muerte centroamericanos, las Naciones Unidas defendían a los pueblos oprimidos de esos países. Teníamos el derecho internacional de nuestro lado. Teníamos los derechos humanos de nuestro lado. Teníamos los principios de nuestro lado. Nuestra autoridad estaba arraigada en nuestra integridad. Pero ese ya no es el caso.

En las últimas décadas, importantes miembros de las Naciones Unidas han cedido ante el poder de Estados Unidos y el miedo al lobby israelí, abandonando estos principios y renunciando al propio derecho internacional. Hemos perdido mucho en este abandono, incluida nuestra propia credibilidad global. Pero es el pueblo palestino el que ha sufrido las mayores pérdidas a causa de nuestros fracasos. Irónicamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada el mismo año en que se perpetró la Nakba contra el pueblo palestino.

Al conmemorar el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, haríamos bien en abandonar el manido mito de que la DUDH nació de las atrocidades que la precedieron, y admitir que nació al mismo tiempo que uno de los genocidios más atroces del siglo XX, el de la destrucción de Palestina. En cierto modo, los autores de la Declaración prometieron derechos humanos a todos, excepto al pueblo palestino. Tampoco olvidemos que las Naciones Unidas cometieron el pecado original de facilitar el despojo del pueblo palestino al ratificar el proyecto colonial europeo que se apoderó de tierras palestinas y las entregó a los colonos. Tenemos mucho por lo que disculparnos.

Pero el camino de la expiación es claro. Tenemos mucho que aprender de la postura de principios adoptada en los últimos días en ciudades de todo el mundo, donde millones de personas se manifiestan en contra del genocidio, incluso a riesgo de ser golpeadas y detenidas. Los palestinos y sus aliados, los activistas de derechos humanos de todas las tendencias, las organizaciones cristianas y musulmanas, y las voces judías progresistas que dicen «no en nuestro nombre», están liderando el camino. Todo lo que tenemos que hacer es seguirlos.

Ayer, a pocas cuadras de aquí, la Grand Central Station de Nueva York fue completamente invadida por miles de defensores judíos de los derechos humanos, que se solidarizaron con el pueblo palestino y exigieron el fin de la tiranía israelí (muchos de los cuales corren el riesgo de ser arrestados). Al hacerlo, barrieron en un instante el argumento propagandístico de la hasbara israelí (y el viejo cliché del antisemitismo) de que Israel representa de alguna manera al pueblo judío. Este no es el caso. Y, como tal, Israel es el único responsable de sus crímenes. A este respecto, vale la pena repetir, a pesar de las calumnias del lobby israelí que las críticas a las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel no son antisemitas, como tampoco las críticas a las violaciones saudíes son islamófobas, las críticas a las violaciones de Myanmar son anti budistas o las críticas a las violaciones indias son anti hindúes. Cuando buscan silenciarnos calumniándonos, en lugar de silenciarnos, debemos alzar la voz. Espero que esté de acuerdo, Sr. Alto Comisionado, en que esta es la esencia de decir la verdad al poder.

Pero también encuentro esperanza en todos los miembros de las Naciones Unidas que, a pesar de las enormes presiones, se han negado a comprometer los principios de derechos humanos de la Organización. Nuestros relatores especiales independientes, comisiones de investigación y expertos de los órganos creados en virtud de tratados, así como la mayoría de nuestro personal, han seguido defendiendo los derechos humanos del pueblo palestino, incluso cuando otros miembros de las Naciones Unidas (incluso al más alto nivel) se han inclinado vergonzosamente ante los poderosos. En su calidad de guardián de las normas de derechos humanos, el ACNUDH tiene el deber especial de velar por ellas. Nuestra tarea, creo, es hacer oír nuestra voz, desde el secretario general hasta el último recluta de la ONU y horizontalmente, en todo el sistema de la ONU, insistiendo en que los derechos humanos del pueblo palestino no se debatan, negocien o comprometan en ningún lugar bajo la bandera azul.

Entonces, ¿Cómo sería una posición basada en las normas de la ONU? ¿En qué estaríamos trabajando si fuéramos fieles a nuestras exhortaciones retóricas sobre los derechos humanos y la igualdad para todos, la rendición de cuentas de los delincuentes, la reparación de las víctimas, la protección de los vulnerables y el empoderamiento de los titulares de derechos, todo ello en el marco del Estado de Derecho? La respuesta, creo, es simple: si tenemos la lucidez para ver más allá de las cortinas de humo propagandísticas que distorsionan la visión de justicia a la que hemos hecho un juramento, el coraje para abandonar el miedo y la deferencia a los Estados poderosos y la voluntad de levantar la bandera de los derechos humanos y la paz. Es cierto que se trata de un proyecto a largo plazo y de un camino empinado. Pero debemos empezar ahora, a menos que nos rindamos a un horror indescriptible. Veo diez puntos clave:

  1. Acción legítima: En primer lugar, en las Naciones Unidas debemos abandonar el paradigma fallido (y en gran medida falaz) de Oslo, su ilusoria solución de dos Estados, su Cuarteto impotente y cómplice, y la subversión del derecho internacional a los dictados de sus supuestos méritos políticos. Nuestras posiciones deben basarse inequívocamente en los derechos humanos y en el derecho internacional.
  2. Una visión clara: Debemos dejar de fingir que se trata simplemente de un conflicto territorial o religioso entre dos partes enfrentadas y admitir la realidad de la situación, que es que un Estado con un poder desproporcionado está colonizando, persiguiendo y despojando a una población indígena por su etnia.
  3. Un Estado único basado en los derechos humanos: Debemos apoyar el establecimiento de un Estado único, democrático y laico en toda la Palestina histórica, con igualdad de derechos para cristianos, musulmanes y judíos, y, en consecuencia, el desmantelamiento del proyecto colonialista profundamente racista y el fin del apartheid en todo el territorio.
  4. Lucha contra el apartheid: Debemos reorientar todos los esfuerzos y recursos de la ONU a la lucha contra el apartheid, como hicimos con Sudáfrica en las décadas de 1970, 1980 y principios de la de 1990.
  5. Retorno e indemnización: Debemos reafirmar e insistir en el derecho al retorno y a la plena indemnización para todos los palestinos y sus familias que viven actualmente en los territorios ocupados, el Líbano, Jordania, Siria y la diáspora en todo el mundo.
  6. Verdad y justicia: Debemos exigir un proceso de justicia transicional, que aproveche al máximo las décadas de investigaciones, investigaciones e informes acumulados por la ONU, con el fin de documentar la verdad y garantizar la rendición de cuentas de todos los criminales, la compensación de todas las víctimas y la reparación de las injusticias documentadas.
  7. Protección: Debemos insistir en el despliegue de una fuerza de protección de la ONU con recursos suficientes y un mandato firme para proteger a los civiles desde el río hasta el
  8. Desarme: Debemos abogar por la retirada y destrucción de los arsenales masivos de armas nucleares, químicas y biológicas de Israel, evitando así que el conflicto conduzca a la destrucción total de la región y, quién sabe, más allá.
  9. Mediación: Debemos reconocer que Estados Unidos y otras potencias occidentales no son mediadores creíbles, sino partes en el conflicto, que son cómplices de Israel en la violación de los derechos palestinos, y debemos enfrentarlos como tales.
  10. Solidaridad: debemos abrir nuestras puertas (y las de la Secretaría General) a las legiones de defensores de los derechos humanos palestinos, israelíes, judíos, musulmanes y cristianos que se solidarizan con el pueblo de Palestina y sus derechos, y poner fin al flujo incontrolado de grupos de presión israelíes a las oficinas de los líderes de la ONU, donde abogan por la continuación de la guerra, la persecución, el apartheid y la impunidad, al tiempo que denigran a nuestros defensores de los derechos humanos por su postura de principios sobre los derechos palestinos.

Tardará años en llegar allí, y las potencias occidentales lucharán contra nosotros en cada paso del camino, por lo que tenemos que ser firmes. Debemos trabajar por un alto el fuego inmediato y el fin del asedio de Gaza, oponernos a la limpieza étnica de Gaza, Jerusalén, Cisjordania (y otros lugares), documentar el ataque genocida contra Gaza, ayudar a proporcionar a los palestinos ayuda humanitaria masiva y reconstrucción, cuidar a nuestros colegas traumatizados y sus familias, y luchar con todas sus fuerzas para garantizar que el enfoque de las oficinas políticas de las Naciones Unidas se base en principios.

El fracaso de las Naciones Unidas en Palestina hasta ahora no es razón para que nos demos por vencidos. Por el contrario, debería alentarnos a abandonar el paradigma del pasado que ha fracasado y a adoptar plenamente un curso de acción más basado en principios.

Como ACNUDH, unámonos con valentía y orgullo al movimiento contra el apartheid que está creciendo en todo el mundo, añadiendo nuestro logotipo a la bandera de la igualdad y los derechos humanos del pueblo palestino. El mundo está mirando. Todos tendremos que rendir cuentas de nuestra posición en este momento crucial de la historia. Pongámonos del lado de la justicia.

Gracias, Alto Comisionado Volker, por escuchar este último llamamiento de mi oficina. Dentro de unos días dejaré la Oficina por última vez, después de más de tres décadas de servicio. Pero no dude en ponerse en contacto conmigo si puedo ser útil en el futuro.

Le ruego acepte, señor presidente, la expresión de mis distinguidos saludos,

Craig Mokhiber

Comunicado de escritores y editores guatemaltecos

Hubo en un siglo un día que duro muchos siglos. Un día que fue todo mediodía, un día de cristal intacto, clarísimo, sin crepúsculo. Miguel Ángel Asturias (Leyenda del Volcán)

Los escritores y editores abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación que afecta a la debilitada democracia guatemalteca. No podemos desentendernos de la crisis profunda producida por el derrumbe de las instituciones en Guatemala, con Cortes cooptadas, jueces y fiscales manipulados o comprados, medios suprimidos y un indicador muy grave: la persecución de periodistas y de operadores de la justicia honestos, lo que ha consolidado estructuras criminales y pro-criminales que judicializan ahora la política y la justicia.

Guatemala ha ido en caída libre en los últimos años, pero el 25 de junio en ocasión de las elecciones generales se ha abierto una posibilidad de refundar la anhelada democracia con el segundo lugar obtenido por Bernardo Arévalo De León, candidato del partido Semilla.

De inmediato el Pacto de Corruptos que ha cooptado las instituciones y que maneja a su antojo el Estado, comenzó a deslegitimar la elección ante el temor de una derrota en las urnas y un contundente triunfo de Bernardo Arévalo De León en la segunda vuelta el 20 de agosto.

Con artimañas y campañas de desprestigio, usuales en los sectores oscurantistas que detentan el poder real en nuestro país, se apresuran a poner toda clase de impedimentos seudo legales para impedir la victoria de Bernardo Arévalo De León. Asimismo vuelven a levantar el miedo como instrumento para apaciguar a la ciudadanía con información falsa y manipuladora. De nuevo lanzan el fantasma del comunismo y la descalificación para confundir a la población.

Guatemala está urgida de cambios. El bien común debe prevalecer en el manejo del Estado para acabar con el latrocinio y el saqueo de las arcas nacionales que impiden el funcionamiento de las instituciones. El 20 de agosto es una oportunidad para poder lograrlo.

Julio de 2023.

Suscriben
Dante Liano. Premio Nacional de Literatura

Mario Alberto Carrera. Premio Nacional de Literatura
Ana María Rodas. Premio Nacional de Literatura
Rodrigo Rey Rosa. Premio Nacional de Literatura
Eduardo Halfon. Premio Nacional de Literatura
Carmen Matute. Premio Nacional de Literatura
Luis Eduardo Rivera. Premio Nacional de Literatura
Delia Quiñones Castillo. Premio Nacional de Literatura
Víctor Muñoz. Premio Nacional de Literatura
Arturo Arias. Premio Nacional de Literatura
Rafael Cuevas Molina. Premio Nacional de Literatura
Carlos López. Premio Nacional de Literatura
David Unger. Premio Nacional de Literatura
Carlos Navarrete. Premio Nacional de Literatura
Francisco Morales Santos. Premio Nacional de Literatura
José Luis Perdomo. Premio Nacional de Literatura
Francisco Alejandro Méndez. Premio Nacional de Literatura
Gloria Hernández. Premio Nacional de Literatura
Gerardo Guinea Diez. Premio Nacional de Literatura
Francisco Goldman. Escritor (Estados Unidos/Guatemala)
Carmen Lucía Alvarado. Escritora y editora
Raúl Figueroa Sarti. Editor
Ana María Cofiño. Editora
Irene Piedrasanta. Editora
Luis Méndez Salinas. Poeta y editor
Susana Álvarez Piloña. Poeta y editora
Cristóbal Pacheco. Librero y editor
Jaime Barrios Carrillo. Escritor y columnista
Marta Elena Casaús. Escritora y académica
Carlos Figueroa Ibarra. Escritor y sociólogo
Guisela López. Escritora y académica
Fernando González Davison. Escritor
Miguel Ángel Oxlaj Cúmez. Escritor
Vania Vargas. Escritora
Valeria Cerezo. Escritora
Gloria Duque de Tobar. Escritora
Roberto Cifuentes Escobar. Escritor y periodista
Carolina Escobar Sarti. Poeta y columnista
Lucía Morán. Escritora y Académica
Aníbal Barillas. Escritor
Brenda Solís-Fong. Escritora
Álvaro Montenegro. Escritor y columnista
Carol Zardetto. Escritora
Anabella Acevedo. Escritora y académica
Denise Phé-Funchal. Escritora
Rosina Cazali. Ensayista y curadora de arte
Javier Mosquera Saravia. Escritor
Luis Enrique Morales. Escritor y columnista
Edmundo Vásquez. Escritor
Byron Ponce. Escritor
Manuel Girón. Escritor
Arturo Monterroso. Escritor
Pedro Samayoa Arenales. Escritor y columnista
Efraín González. Poeta
Ana Carolina Martínez. Poeta
Alejandra Flores. Poeta
Julio Aguilar. Escritor
Gerardo José Sandoval. Escritor
Marlon Meza Teni. Escritor
Renato Buezo. Escritor
Tania Palencia Prado. Escritora
Ana María Jurado. Escritora
Julio Serrano Echeverría. Poeta y periodista
Mónica Alvizúrez. Escritora y académica
Raúl de la Horra. Escritor y columnista
Carlos Gerardo González Orellana. Poeta y profesor de literatura
Kim Lam. Escritora
Lucrecia Méndez. Ensayista y académica

 

Información compartida con SURCOS por Arturo Fournier.

Alex Saab, su accionar revolucionario

Mg. José A. Amesty Rivera

Para entender el secuestro, tortura y encarcelamiento del diplomático Alex Saab, desde junio de 2020, debemos hacer un resumen-recorrido histórico sobre lo que acontecía en Venezuela, y en en-su contexto de América Latina y EEUU, unos 3 años antes, veamos, según el camarada Iñaki Gil de San Vicente en su artículo » El secuestro de Alex Saab y el secuestro de la humanidad«.

  1. En 2017, recordemos aquellas intensas agresiones internas y externas, incluido el terrorismo fascista, cuando quemaron personas vivas.
  2. Recordemos que el pueblo venezolano durante el 2017 y el 2018, resistieron y superaron las agresiones, incluido el bloqueo de EEUU con el apoyo de las fuerzas reaccionarias internas y externas.
  3. Rememoremos también, en esta época que los especialistas en guerra psicológica, persiguieron el pensamiento libre y crítico, dando forma a guerra cognitiva.  
  4. También en esta apoca, recrudeció la llamada guerra judicial propiciando los golpes blandos y judiciales.
  5. Igualmente, se incrementó el debilitamiento de las normas y leyes diplomáticas internacionales, hasta incluso obviarlas, suprimirlas y violarlas.
  6. Durante la pandemia, se retrasaron las vacunas a Venezuela, aun cuando se compraron y pagaron.

Puntualizamos que, el compañero Alex Saab, fue acreditado como diplomático venezolano, ante los pueblos africanos con base en la Convención de Viena, el Convenio de Ginebra y de Naciones Unidas, aun así, Alex Saab fue detenido y llevado a una celda donde se le vulneraron sus derechos.

Los elementos descritos y sin duda, otros más no mencionados, de alguna forma trastornan y exacerban el odio imperialista contra Venezuela y es cuando ya desde el 2018, el imperialismo norteamericano ya intensificaba la persecución contra el diplomático venezolano Alex Saab.  

De modo que, en octubre 2018, EEUU secuestra a Saab dentro de un incremento de las agresiones contra Venezuela, ya que Washington, no aceptaba más una derrota en (2017-2018) contra el pueblo bolivariano, además de que era un mal ejemplo para el resto de América Latina, especificamente contra la dictadura del dólar, lucha que se libraba desde el 2012.

Se agrega además que, Saab fue clave para poder traer alimentos y medicinas desde diversos países hacia Caracas, esto enmarcado del ilegal bloqueo de tipo económico, financiero y comercial que la Casa Blanca le impone al país suramericano desde hace varios años, según Telesur en su artículo, «Claves para entender el secuestro del diplomático Alex Saab«.

Además de, ejercer «como enviado especial de Venezuela ante los pueblos de África, Saab también hacía parte de la delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogo que se efectúa en México con las oposiciones del país».

La distinguida escritora Geraldina Colotti, en su artículo, «Alex Saab, un diplomático secuestrado«, señala enfáticamente que, según la abogada Laila Tajeldine, quien forma parte del equipo de defensa del diplomático y coordina el movimiento internacional por su liberación, presenta la figura de su defendido, que evidencian su colaboración con el gobierno bolivariano, en 2018, dice Laila, «Saab es designado como enviado especial de Venezuela, autorizado para realizar una determinada cantidad de acciones humanitarias en nombre del gobierno”.

Alex Saab, «no solo trajo alimentos y medicinas, sino también petróleo, enviado por Irán y rápidamente perseguido por Estados Unidos, que sancionó y amenazó a todo aquel que quisiera comerciar con Venezuela».

Por otro lado, Camilla Fabri, esposa del diplomático secuestrado, quien vive en Venezuela con sus hijos, cuenta las dificultades impuestas al país, creando la fundación Alex Saab, señala que, “Estados Unidos vieron la alegría del pueblo venezolano y se preguntaron: ¿quién está detrás de todo esto? E identificaron a Alex, que se convirtió en objetivo”, dice Camila, rodeada de los niños a los que la fundación Alex Saab dedica atención en Venezuela, acompañando la acción del gobierno. Funcionarios estadounidenses -recuerda Camilla- confesaron sus objetivos en un libro: querían secuestrar a Saab para saber cómo había logrado «burlarse» de sus sanciones, y convencerlo de traicionar a Venezuela».  

También, como indica Colotti, «Durante una parada técnica en el viaje de regreso de Teherán a Caracas, las autoridades de Cabo Verde desembarcan por la fuerza al diplomático. Un secuestro y una detención que (explica el experto de la ONU Alfred de Zaya), ha violado el artículo 29 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Un caso político, según todos los expertos, y también según las altivas declaraciones de los medios de comunicación de derecha. Alex fue torturado en dos prisiones de Cabo Verde, obligado a dormir sobre cemento y a llevar los mismos pantalones con los que fue detenido. Médicos, abogados y una ONG caboverdiana que pudo visitarlo y luego desapareció, constatan las consecuencias de las torturas infligidas a un sobreviviente de cáncer como Alex, al que se le impidió recibir tratamiento».

Últimamente, el 16 de octubre 2020, Saab es extraditado arbitrariamente a EEUU.

Rescatemos y reiteremos otras acciones de Alex Saab, para ser víctima de tan aberrado secuestro. Sin duda alguna, la construcción de viviendas de interés social por parte de la revolución bolivariana, y cuyo intermediario-constructor por parte de Saab, así como la implementación de alimentos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), fueron y son unos aciertos, en los cuales estaba involucrado Alex, y por los cuales lo sancionan.

Recordemos igualmente, según el escritor Ángel Guerra Cabrera, «El diplomático ha relatado al portal Rusia Today cómo comenzó en 2011 su actividad empresarial en Venezuela y en qué forma fue ganando sucesivamente la confianza del gobierno venezolano por realizar sus negocios con este, en el tiempo pactado y dentro del presupuesto establecido. “Aunque estoy orgulloso de mi origen barranquillero y libanés-palestino y, aunque en Colombia tuve una de las empresas más grandes de confección de ropa de moda y más de 300 almacenes en todo el país… cuando fundé mi empresa, que alterné con inversiones en proyectos de construcción, fue en Venezuela donde… pude establecer mis más grandes iniciativas empresariales y hacerlas prosperar con una magnitud que marcó la diferencia… estoy igual de orgulloso y honrado de ser un ciudadano venezolano que ha sido capaz de devolverle al país y a la gente lo que tanto me han dado”.

En fin y recalcando, según el escritor Anisio Pires, «Para enfrentar los sufrimientos del pueblo venezolano, su gobierno bolivariano ha tomado varias iniciativas para romper el bloqueo. El Enviado Especial Alex Saab participaba de una de ellas, cuando fue detenido por la Interpol en Cabo Verde, en un operativo claramente articulado por los servicios de inteligencia estadounidenses. Cabo Verde, específicamente en el aeropuerto Amilcar Cabral, donde fue detenido Saab, y que dijera Cabral, «Nuestra lucha no es solo contra el colonialismo portugués, queremos en el marco de nuestra lucha, contribuir de manera más efectiva para terminar para siempre, con la dominación extranjera en nuestro continente”; Lamentable accionar de Cabo Verde.  

En conclusión, estos son los hechos que hasta la fecha resumen las injusticias vividas por Alex Saab. En ellos se percibe el mismo proceso absurdo y angustiante que enfrenta Julian Assange. «Cuando las condiciones no permiten a EE.UU. destruir a sus adversarios por la violencia pura y directa, aplican todos los modos posibles de la guerra de desgaste, buscando la destrucción moral y espiritual de los individuos y pueblos que se atreven a enfrentarlos. Por eso toda la solidaridad a Alex Saab y su familia es importante».

Imagen: http://www.pensandoamericas.com

Gabriel Pimenta: por el derecho a defender derechos

Comunicado de prensa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una audiencia pública los días 22 y 23 de marzo sobre el caso Gabriel Sales Pimenta vs Brasil. La audiencia comenzó a las 11:00 am de Brasilia y fue transmitida en vivo por las redes sociales de la Corte Interamericana.

Gabriel Sales Pimenta nació en Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, en noviembre de 1954. Hijo de Geraldo y Maria da Glória, tenía seis hermanos: Sérgio, Zé, Marcos, Rafael, André y Daniel. A lo largo de su vida estudiantil estuvo muy involucrado en los procesos políticos donde mostró mucho interés por los desafíos que planteaba el derecho a la tierra en el país. Se graduó en Derecho en la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF) y luego trabajó en la defensa de los derechos de los trabajadores rurales en el estado de Pará donde fue asesinado el 18 de julio de 1982, luego de recibir varias amenazas.

Los sospechosos de ser autores intelectuales y materiales del asesinato fueron identificados, pero nunca llevados al juicio. El proceso terminó con la prescripción de los principales imputados 24 años después del crimen, fruto de la indulgencia y connivencia del Estado, que incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Pastoral da Tierra (CPT) denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006 y, recientemente, el caso llegó a la Corte.

Aunque han pasado casi 40 años desde el asesinato de Gabriel, su caso ilustra un patrón de violaciones cometidas por el Estado brasileño contra los defensores de los derechos humanos, especialmente los que trabajan por el derecho de acceso a la tierra y al medio ambiente.

Según datos de la CPT, de 1980 a 2020, 115 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el estado de Pará. De ese total, sólo 26 de ellos tuvieron sus causas concluidas y sólo algunos de los responsables de los crímenes fueron juzgados.

La impunidad de estos crímenes alimenta la violencia en el campo y la persecución contra las personas defensoras que luchan por la justicia, la igualdad y la democracia. Brasil es el tercer país del mundo con mayor tasa de homicidios de defensores de derechos humanos según la organización Front Line Defenders y hasta la fecha no existe en el país un mecanismo efectivo para la prevención y protección de estas personas, ni datos oficiales sobre su ocurrencia.

El caso de Gabriel permite a la Corte Interamericana analizar el deber agravado del Estado brasileño de investigar, juzgar y, eventualmente, condenar a los responsables de crímenes contra defensores de derechos humanos en Brasil, así como la necesidad de adoptar medidas de debida diligencia en la persecución de estos delitos.

Asimismo, se discutió la falta de adopción por parte del Estado de medidas efectivas para atacar las causas estructurales de esta violencia, como es el derecho a la tierra. Igualmente, el caso garantizará el derecho a la verdad sobre lo sucedido a Gabriel y la responsabilidad del Estado por la denegación de justicia.

De ser condenado, se espera que la Corte Interamericana determine que el Estado brasileño debe adoptar medidas tales como fortalecer el programa de protección de defensores de derechos humanos y establecer protocolos para la actuación diligente en estos casos, con el fin de prevenir estos crímenes y que casos como el de Gabriel Pimenta no se vuelvan a repetir.

Enlace para la audiencia:

https://www.facebook.com/CorteIDH/videos/383917843277714

 

Compartido con SURCOS por CEJIL.

Condena internacional por cancelación del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC) y otras organizaciones en Nicaragua

Centroamérica, 16 de febrero de 2022.

Las organizaciones que integran la Red Centroamericana en Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila (REDCAM), consorcios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales centroamericanas y europeas, condenamos la violencia institucional del Gobierno de Nicaragua contra el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC) y otras cinco organizaciones no gubernamentales, a las que el gobierno nicaragüense, a través, de la Asamblea Nacional, canceló su personalidad jurídica este 15 de febrero de 2022, entre ellas: Fundación Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz (Fundemuni), Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Centro Nicaragüense para la Promoción de la Juventud y la Infancia y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).

La cancelación es parte de un largo proceso de persecución, que ha incluido allanamientos, capturas y otras vulneraciones a los derechos humanos del personal y dirigentes del Movimiento María Elena Cuadra, así como a más de 90 organizaciones no gubernamentales, universidades y periodistas, ya que se han aprobado leyes atentatorias del derecho a la asociación, libertad de expresión y defensa de los derechos humanos, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Amparados en esta ley, se atribuyen afirmaciones falsas al MEC y se violó su derecho al debido proceso, ya que las autoridades se negaron a recibir la documentación que demostraba el cumplimiento de la ley, por parte de esta organización feminista con más de 28 años de trayectoria en la defensa de los derechos de las trabajadoras y las mujeres más pobres del país. 

Demandamos al Gobierno de Nicaragua y al Presidente de la República Daniel Ortega, cesar la persecución contra el personal del MEC y cualquier vulneración de sus derechos humanos. Reiteramos que el gobierno nicaragüense es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, que contienen una serie de principios y derechos elementales derivadas de instrumentos nacionales e internacionales que protegen a las personas defensoras de derechos humanos. 

La cancelación y persecución de las organizaciones no gubernamentales demuestran la gravedad del accionar represivo del gobierno contra los derechos de las mujeres y la ciudadanía nicaragüense, a expresarse con libertad, a ejercer su derecho al trabajo, derecho al debido proceso, a organizarse, a defender sus derechos y vivir dignamente. Es una muestra más de que la vida en Nicaragua es insostenible, ante lo cual la comunidad internacional no puede quedarse apática ya que estas medidas violan derechos elementales reconocidos desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por mencionar algunos:

Artículo 3:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; Artículo 6. “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

Artículo 8:

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 10:

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Demandamos al Estado de Nicaragua la restitución de los derechos violentados, expresamos nuestra solidaridad y solicitamos el apoyo de instancias internacionales, a pronunciarse y demandar el cese inmediato de los reiterados atropellos y vulneraciones a los derechos humanos de las dirigentes y personal del Movimiento María Elena Cuadra y de las organizaciones no gubernamentales canceladas por el gobierno nicaragüense, en los últimos meses.

 

Imagen ilustrativa.

El Colper condena la persecución por parte del régimen de Daniel Ortega, en contra de los candidatos opositores a la Presidencia

La Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (Colper) condena enérgicamente la persecución por parte del régimen de Daniel Ortega, en contra de los candidatos opositores a la Presidencia de la República de Nicaragua, así como de varios líderes contrarios a ese gobierno.

El Colper hace un llamado a las autoridades de ese país para que se respeten los derechos humanos de toda la población nicaragüense, incluidos los periodistas y otros trabajadores de la prensa. Asimismo, insta a ese gobierno a respetar y resguardar la seguridad e integridad de Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Cristiana Chamorro y José Adán Aguerri, quienes han sido arrestados por defender sus posiciones ante la libertad de prensa y el rescate de la democracia en Nicaragua.

Junta Directiva 2021.

 

Imagen de cabecera tomada de aa.com.tr

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Las personas indígenas tenemos puesta una etiqueta de exclusión

Vanessa Figueroa Calderón*

Nos han enseñado en las instituciones públicas educativas que el Estado tiene tres poderes que para nosotros son como hermanos que no se ponen de acuerdo en nada.

Lo vemos en nuestro territorio que fue asignado por decreto. El Poder Legislativo decreta cosas sobre otros decretos y no anula los primeros decretos, creando una confusión más grande. Tal vez ustedes no lo notan; pero cuando nosotros estamos luchando legalmente por nuestras tierras resulta que hay controversias entre esos decretos, entre esas leyes y dudas sobre por qué unas se ejecutan y otras no.

En el año 2014 el gobierno llegó a nuestro territorio diciendo que le diéramos tiempo, puesto que había llegado al poder hacía tres meses. Pasaron tres años, terminaron, no solucionaron nada. Seguimos pidiendo que demarquen, que saneen el territorio y que nos den autonomía. Pasan otros tres años. En este último periodo de gobierno asesinan a nuestro queridísimo hermano Sergio Rojas, a raíz de estas situaciones de tenencia de la tierra no resueltas, ocurridas durante los últimos 20 años.

¿Por qué muere Sergio? Sergio muere por todas estas situaciones donde no habido soluciones; pero sí estamos convencidos que el Estado se tiene que poner de acuerdo. Mientras que no se pongan de acuerdo, no vamos a solucionar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque de repente el Poder Ejecutivo dice y negocia, dialoga con nosotros; pero resulta que el Poder Judicial dice otra cosa y llega diciendo que no tiene un poder para decidir en las mesas de diálogo que se conforman. Mientras el Poder Ejecutivo dice sí, el Poder Judicial dice no, entonces volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos nuevamente que esperar.

Hay leyes que no se ejecutan pues hay compañeros que tienen 20, 30 casos en el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que un mismo juez declare que las tierras son para el no indígena? precisamente estas contradicciones son las que no nos hacen estar confiados cuando vamos al Poder Judicial y al Ministerio Público. Siempre hemos tratado de comunicar al Estado que en el Poder Judicial de Buenos Aires hay un juez que tiene interés sobre la propiedad de las tierras, ya que es familiar de los terratenientes de Buenos Aires. Si investigaran descubrirían que en el 99.9% de los casos que ha llevado como juez ha fallado a favor de los no indígenas. Hablamos de casos no solo de personas bribris, sino también cabécares y de habitantes de China Kicha. Ese hombre aprovecha su investidura para hacer valer todo a favor de los terratenientes.

Ciertamente, muchos de nuestros hermanos tenemos algunas desventajas, ¿por qué? Porque no hablamos español, porque si hablamos Bribri no vamos a transmitir ese sentimiento que tiene el Bribri a un idioma español, entonces se hace más controversial.

Lo que queremos es que nos devuelvan nuestras tierras, que no haya más asesinatos. ¿Cómo es posible que todavía nosotros tengamos que pensar que si algún día nos devuelven nuestras tierras todavía seguiremos siendo perseguidos?

A través de los años hemos vivido discriminación, racismo, persecución, amenazas de muerte. Mis hijos me dicen “mami, ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio”; pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no-indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso.

A los no indígenas que se encuentran en esta situación se les hará mas fácil sostener un caso legal en contra de los bribris o hermanos indígenas, ya que son hacendados y tienen poder económico. Su argumento es que tienen un derecho adquirido como dueños, no se fijan en aspectos legales, su conocimiento no pretende verificar ni hacer valer las leyes, solo su razón de ser. Por eso los indígenas se apartan, y no reclaman su derecho, porque para ellos es mejor callar, aún teniendo razón. La solución para los indígenas es clara: El Estado debe buscar una vía y los no indígenas deben buscar una solución por la vía del derecho con el Estado, sin agredir, sin violentar, sin matar a los indígenas. Nos parece absurdo que no puedan ver la verdad.

Esas controversias entre el Estado y sus poderes no nos han beneficiado en nada, nos han etiquetado y hoy llegamos a las oficinas públicas y no nos quieren atender. Entonces, el Estado aquí muestra una cara, hace informes que todo está muy bonito; pero nosotros en Buenos Aires nos tratan como criminales. En mi caso fui denunciada 16 veces entre 2014 y 2016 pero sigo en la lucha.

Tenemos una etiqueta dentro y fuera del territorio, mis hijos son considerados ya excluidos automáticamente de las Asociaciones de Desarrollo, del proceso educativo y no podemos participar abiertamente dentro de toda la formación de la comunidad. Toda esta realidad genera más problemas dentro del territorio, los cuales son los problemas del Estado que, al final de cuentas, se arrastran desde muchos años atrás.

 

*Integrante del Consejo Ditsö Iriria Ajkónuk Wákpa, organización autónoma del territorio indígena de Salitre.

Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales UCR.

Alerta: libertad a jóvenes defensora y defensores de la Madre Tierra – Honduras

Desde Costa Rica, España, Guatemala, Honduras, México, Puerto Rico, Venezuela denunciamos:

ALERTA

LIBERTAD A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA MADRE TIERRA

MICHAEL AGUILAR, CHRISTOFER CASTILLO, VÍCTOR FERNÁNDEZ,

PATRICIA GODOY, FERNANDO HERNÁNDEZ, JEFFRYEY SUAZO,

MARIA VALLADARES

Honduras, 30 de marzo, 2021

Honduras, junto a Colombia, Filipinas, Brasil y México, se encuentra entre los 5 países de mayor persecución, represión, criminalización y judicialización contra defensoras y defensores ambientalistas, donde las cifras de asesinatos aumentaron de cuatro (2018) a catorce (2019), en un clima de total impunidad. Estos ataques letales de ambientalistas han apuntado en especial contra mujeres, y ha continuado su tendencia ascendente desde el brutal asesinato de la dirigenta Berta Cáceres (2016).

El peligro de ser ambientalista en Honduras

Los abajo firmantes denunciamos, a nivel nacional e internacional, que el día de ayer lunes 29 de Marzo 2021 integrantes de las comunidades de Aldea de Loarque y circunvecinas de este Distrito Central, junto a integrantes de ARCAH (Asociación de Reivindicación Comunitaria Ambientalista de Honduras) fueron víctimas de detenciones arbitrarias mientras ejercían el legítimo derecho humano a la protesta social durante una manifestación pacífica frente a la fábrica avícola El Cortijo, en la Aldea de Germania, que ha instalado una planta procesadora de desechos biológicos tóxicos.  Además, durante la detención sufren brutales agresiones físicas por parte de la Policía Nacional y son trasladados incluso, en vehículo sin logo ni placa, remitidos a la Jefatura CORE 7.

Nos preocupa de sobremanera y a la vez, denunciamos que la Policía Nacional no respetó la integridad del coordinador general de ARCAH, Christopher Castillo, quien tiene medidas de protección por reiteradas amenazas de muerte, ni el estado frágil de salud de una persona de tercera edad, ni la condición de menor de edad de una de las personas detenidas.

Alertamos que Honduras es un país de permanente clima de impunidad, desapariciones y asesinatos de ambientalistas como Berta Cáceres (2016), y en los primeros meses del presente año 2021 la joven enfermera Keyla Martínez fue víctima de asesinato bajo custodia de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, sumado a más de 15 feminicidios.

Es claro que el Estado criminal y represor de Honduras protege a la empresa privada y a las grandes corporaciones y megaproyectos extractivistas por encima de la vida del planeta y de los pueblos.

En Honduras es un delito defender a niñas, niños y familias que viven en comunidades aledañas al cauce del río Choluteca, donde la contaminación del río está causando graves problemas de salud a dichas comunidades y a la vida de los diversos ecosistemas.

Nos sumamos sin fronteras a la convocatoria de hoy martes 30 de marzo 2021 por:

¡Libertad a todas y todos los ambientalistas defensorxs del río Choluteca y de las comunidades aledañas!
¡No más represión contra el pueblo hondureño!
¡Alto a la criminalización y judicialización de los Derechos Humanos a la protesta social y protección de la madre Tierra!

Organizaciones, colectivas y colectivos firmantes:

Asociación de Desarrollo Sostenible LGBTI / Costa Rica
Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC) / Costa Rica
Bloque de Vivienda/ Costa Rica
Círculo Bolivariano Yamileth López / Costa Rica
Colectivo Bloque Verde/ Costa Rica
Colectivo La Mancha Venezuela / Venezuela
Colectivo Vanguardia Antillana / Puerto Rico
Colectivo San Rafael por el Agua / Costa Rica
Colectivo Smalael A’maletik / México
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) / Costa Rica
Movimiento Evita / Argentina
Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (MUCA) / Honduras
Organización Política Carmen Lyra / Costa Rica
RedDeVida (Costa Rica/Venezuela
Red de Integración Orgánica-RIO / Guatemala
Red de Solidaridad con Palestina/Costa Rica
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras/Honduras
Sección XXII Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) /Oaxaca, México
Vocesenlucha /España

Firmas responsables
Colectivo La Patria Grande Vencerá

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras

www.acodehu-ddhh.org

derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

colectivodesolidaridadhn@gmail.com

Negación y autoritarismo en la Costa Rica sin ejército

Osvaldo Durán Castro
Sociólogo. Profesor ITCR

La historia oficial de Costa Rica esconde o minimiza hechos despóticos, autoritarios y violentos, como la ilegalización de partidos políticos y sindicatos, asesinatos políticos, persecución, exilios, intimidaciones, decretos contra la clase trabajadora, entre otros. Muchas de esas prácticas se dieron en el contexto de la abolición del ejército, pero podemos decir que son parte de la historia actual por la falta de justicia e impunidad en muertes como los de Jaime Bustamante, María Del Mar Cordero y Oscar Fallas ocurrido el 7 de diciembre de 1994, David Maradiaga, el 14 de julio de 1995, Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019, Jerhy Rivera Rivera el 24 de febrero 2020 (cuyo caso sigue abierto), e incluso los asesinatos de Antonio Saldaña/Blu (Rey indígena) el 3 enero 1910 y de Pa-Blu Presberu el 4 julio 1710, pues todos responden a formas de violencia no reconocidas, no juzgadas y no castigadas.

Si bien no tener ejército es un gran mérito, hace falta recuperar la memoria no oficial y completa de Costa Rica para comprender el período histórico en el cual se produce la abolición del ejército. Es necesario desmitificar la historia oficial y algunos hechos en particular como lo ocurrido con el ejército, que fuera de contexto y en su versión oficial, es únicamente un “acto heroico” de Figueres Ferrer. Pero si ampliamos la visión con algunos decretos y acciones de la Junta Fundadora de la Segunda República, antes y después del 1 de diciembre de 1948, aparecen acontecimientos sobresalientes de los que se habla sólo “de pasada”, o se niegan deliberadamente.

Antes de la abolición del ejército se produjeron hechos de autoritarismo como la ilegalización del Partido Comunista consumada el 7 de julio de 1948, argumentando que ésa era una organización que atentaba “contra el régimen democrático”, según decía el Decreto firmado por José Figueres Ferrer. El mismo Figueres en el libro “El espíritu del 48” (1987. 308) indicó que “la proscripción estaba evidentemente dirigida contra cualquier agrupación comunista, llevara o no esa connotación. Estaba dirigida directamente contra el Partido Vanguardia Popular”. El Secretario general de Partido Comunista, Manuel Mora Valverde señaló que “se habían comprometido a no ilegalizarnos”, pero, “nos ilegalizaron para que el Departamento de Estado (de los Estados Unidos) les permitiera mantenerse en el poder” (Discursos. 1980, p. 407).

También se decretó la ilegalización de los sindicatos iniciando por la beligerante Confederación General de Trabajadores de Costa Rica. Sesenta sindicatos fueron forzosamente aniquilados con lo que se desarticuló la organización social que históricamente, desde finales del siglo anterior, había gestado la creación de las garantías sociales de los años cuarentas, tras décadas de luchas ejemplares. A las ilegalizaciones se sumaron el exilio de dirigentes comunistas y sindicalistas, el encarcelamiento, la tortura, la persecución y la intimidación de muchísimas personas (prácticas asociadas por el grueso de la población costarricense con otros países, pero nunca con Costa Rica).

Otros decretos de la Junta que revelan su cariz autoritario fueron los del 11 y 19 de mayo. El primero, número 7, dispuso “la remoción de los empleados públicos sin derechos a sus prestaciones legales y preaviso y cesantía. Además, se autoriza a las empresas particulares para despedir de sus puestos a aquellos empleados que consideran peligrosos”. El otro decreto creó el Tribunal de Sanciones Inmediatas para “…juzgar los hechos delictuosos cometidos por funcionarios públicos particularmente de 1940 a 1948. Los fallos de ese Tribunal no podían se apelados de ninguna forma”. Además, el 2 de junio de 1948, se crea el Tribunal de Probidad y la Oficina de Propiedad Intervenida, como explica el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli en su libro Costa Rica y sus hechos políticos de 1948.

Otro de los hechos que marca la historia del país desde el autoritarismo, es el asesinato del Codo del Diablo perpetrado el 19 de diciembre de 1948, en el que pierden la vida los dirigentes comunistas Tobías Vaglio, Octavio Sáenz, Lucio Ibarra y Federico Picado. Con ellos fueron asesinados Narciso Sotomayor y Álvaro Aguilar. Dado que Picado era diputado electo por la provincia de Limón, este fue un magnicidio político. Ese crimen fue una ejecución sumaria planificada y ejecutada durante el gobierno de facto de Figueres Ferrer, que había sido instalado por medios militares y que ejercía con poderes ilimitados.

Casi como premonición de lo que le ocurriría a los militantes comunistas asesinados, algunas narraciones de subalternos de José Figueres Ferrer dan cuenta de que cuando a éste se le presentaron prisioneros se mostraba molesto. Según narra Manuel Solís Avendaño en su libro La institucionalidad ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo (2006), Figueres decía que: “no debían crearme ese problema de prisioneros en el futuro, lo que deben hacer es no traer prisioneros, pues al enemigo hay que liquidarlo. Increpado por esta respuesta respondió que si se portaba blando perdería el respeto de los “muchachos”, los cuales de todas maneras matarían a los prisioneros”.

La trama política de esos años incluía la injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Costa Rica. Mercedes Muñoz en su investigación Los problemas de seguridad del Estado costarricense 1940-1948 (1989, p. 102) expone que “…el embajador costarricense en Washington, en una entrevista con Tapley Bennet, Director de la Oficina de Centroamérica y Panamá del Departamento de Estado, reconoció el peligro marxista en Costa Rica y la influencia perniciosa del Partido Comunista para el Gobierno”.

La línea anticomunista para América Latina definida y promovida por los Estados Unidos, fue seguida puntillosamente por los integrantes de la Junta Fundadora de la Segunda República desde antes de que tomaran militarmente el poder por medio de “una Junta de Gobierno con poderes ilimitados” como indica Figueres Ferrer. Pero además, el anticomunismo había sido también un componente del ideario político del Gobierno de Teodoro Picado. El mismo Partido Republicano, durante el gobierno de Calderón Guardia, había firmado en julio de 1941, un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, lo cual no resultaba extraño en el contexto regional, ya que “en Centroamérica en la década de los 30’s, la consigna contraria al comunismo, impulsada desde el Departamento de Estado, organizó cambios sustanciales en el papel que debían cumplir las fuerzas de seguridad como en los requisitos que debían reunir los integrantes de éstas”, según explica Mercedes Muñoz (1989, p. 97). El documental “El Codo del Diablo” de Ernesto y Antonio Jara Vargas, reproduce un discurso de Gonzalo Facio Segreda, Ministro de economía y hacienda de la Junta, en el que éste resume su visión política, totalmente congruente con la línea anticomunista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Figueres Ferrer que ya mencionamos. Facio dice que “asumimos poder después de haber ganado la primera lucha armada que se da en el continente contra el comunismo”. Para ese tiempo estaba recién creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que en la práctica aseguraba la cesión de la soberanía de los países de América Latina a los Estados Unidos. Tanto Figueres como Facio se alineaban para asegurarse la confianza de aquel país.

El autoritarismo implicó el exterminio de personas por medio del asesinato y generó además, como dijimos, exilio, encarcelamiento, persecución, intimidación, entre otras prácticas. Como justamente expone Manuel Rojas Bolaños en su libro Lucha Social y Guerra Civil en Costa Rica 1940-1948, “la izquierda comunista quedó prácticamente fuera del juego político hasta los años setenta, por prohibiciones establecidas constitucionalmente” (1990, p. 27). En cualquier otro país, los asesinatos del Codo del diablo, la ilegalización de organizaciones sociales, los decretos contra la clase trabajadora y las demás acciones de represión política, se hubieran reconocido como actos propios de un gobierno dictatorial; pero no ha sido así en Costa Rica.

El discurso oficial y el imaginario político, a través de libros, discursos y la reproducción que hacen del mismo personas, instituciones y organizaciones, siguen resumiendo la historia de la guerra civil de 1948 como un acontecimiento de “defensa del sistema electoral”, lo que ha permitido construir un imaginario de sociedad irrestrictamente democrática, pulcra e idílicamente pacífica en la que los enfrentamientos sociales, incluidos asesinatos políticos, se desdibujan, tergiversan, minimizan, o simplemente se ocultan.

Dado que la versión oficial además nos presenta la historia como la acción de caudillos y héroes, uno de los cuales es sin duda José Figueres Ferrer, es indispensable releer todo lo divulgado por el discurso oficial y enseñado en la academia, desde la escuela hasta la universidad. Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño en su libro Entre el desarraigo y el despojo argumentan que “Hoy sabemos, aunque no lo incorporemos a la representación que tenemos de nuestra historia, que Figueres Ferrer no fue el principal artífice de la abolición del ejército y que originalmente esta proscripción estuvo más inspirada en detener sus aventuras militares, en medio de una lucha entre los grupos representados en la llamada Junta Fundadora de la Segunda República, menos en la creación deliberada de una cultura de paz. Algo semejante ocurre con la nacionalización de la banca” (2001, p. 170).

Otra vertiente de la historia que la historia oficial y el discurso del poder han pasado de lado o han ocultado, es la corrupción como práctica común. Uno de los ejemplos notables de manejo arbitrario de la Hacienda Pública fue que “en esos momentos (durante el gobierno de la Junta de Figueres Ferrer), una parte de los recursos del gobierno se destinaba a pagos privados, y al mismo Figueres”. Explica el sociólogo Manuel Solís Avendaño que “el Decreto 251 del 12 de noviembre de 1948 autorizó un pago de 2.734.443 colones a Figueres, por concepto de propiedades destruidas. La suma equivalía casi al cincuenta por ciento de los seis millones asignados originalmente para cubrir ese rubro. Allí estaba, en germen, una característica de la nueva institucionalidad”.

Como resumen de estas líneas, podemos decir que la abolición del ejército sólo fue posible después de “limpiar la mesa”, tras la ilegalización del Partido comunista y de 60 sindicatos de la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, y las demás prácticas despóticas y represivas de la denominada Junta Fundadora de la Segunda República. Con esto se eliminaron las entidades con capacidad militar y socialmente organizadas para retar el nuevo bloque de poder. En otras palabras, ya no había oposición socialmente articulada y la Junta ejercía poderes ilimitados sin enemigos contundentes. Tenía el control centralizado y aplicaba represión directa contra cualquier oposición posible.

En esas condiciones la abolición de cuerpo armado era viable tanto por condiciones creadas a lo interno del país, como por ajuste o acomodo de la Junta de Gobierno a la política exterior de los Estados Unidos.