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Gerardo Fumero Paniagua

El Instituto Costarricense de Electricidad fue creado en 1949 como un baluarte del desarrollo socioeconómico, y en pocas décadas sacó al país de la oscuridad y la incomunicación en que lo mantenía la transnacional Electric Bond and Share Company, lo que podría considerarse una de las experiencias empresariales estatales más exitosas de Latinoamérica.

Pero precisamente sus dos servicios, públicos y esenciales para los costarricenses, sumamente lucrativos en manos privadas, serían también su perdición, pues pronto provocarían de nuevo la codicia de los privados. El sector de Energía sufrió un primer embate 41 años después, con la ley No. 7200 en 1990, mediante la cual se le cedió a Cogeneradores un 30% del negocio rentable (la generación) y se creó el mecanismo para exigirle al ICE que adquiriera esa energía a “precios de oro”, aunque no la ocupara.

El tristemente célebre “Combo del ICE”, 51 años después, en el año 2000 intentó arrebatarle la totalidad de las partes rentables de su operación, pero la reacción popular fue mayor que la codicia de los privados. Después del Combo se hicieron otros intentos de abrir completamente la generación eléctrica, proyectos que de nuevo fueron rechazados por la resistencia popular y algunos legisladores con alma, por ejemplo, los expedientes 17.812 y 18.093.

En 2008, 45 años después de la creación de Telecomunicaciones, un Tratado de Libre Comercio aprobado a punta de propaganda, mentiras, chantajes y amenazas, abrió finalmente la parte rentable de ese mercado, Ley No. 8642, y se le dejó al ICE en exclusiva, lo que podría considerarse servicios sociales: la telefonía fija y la pública.

Desde principios de la presente década, el ICE pudo haber brindado servicios móviles 5G, actualizando sus equipos Huawei 4G, aprovechando la inversión que había hecho en ellos, valorada hasta en $1.500 millones, según estimó el mismo presidente ejecutivo del ICE, el Ing. Marco Acuña Mora, el 23/01/23, en Nuestra Voz. El 21/11/24 también declaró allí mismo que el ICE perdería $289 millones en los próximos 5 años si no implementaba 5G.

Pero cuando precisamente se negociaba con Huawei esa actualización tecnológica, en agosto del 2023, Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE. UU., anunció una donación de $10 millones para “ciberseguridad”, ante la preocupación de Estados Unidos por la participación de China en nuestros servicios 5G.

 

El 29/08/23, el presidente Rodrigo Chaves se reunió en la Casa Blanca con Joe Biden para discutir … y “seguridad digital”. El 31/08/23, Chaves firmó el Decreto de “Ciberseguridad”, No. 44196-MSP-MICITT, publicado el 04/09/23, que de “ciberseguridad” nada tiene, pero en cambio prohíbe al ICE (a nadie más) la compra de equipos chinos.

Entonces, sin poder aprovechar su red instalada, el ICE viene siendo obligado a hacer inversiones por cientos de millones de dólares para sustituir la red Huawei y sin un norte claro y con interferencias políticas directas desde el MICIT y la Casa Presidencial, transita un calvario sin rumbo, mientras la competencia contabilizaba en abril del 2026, 1,6 millones de líneas celulares 5G.

Pero no basta con cercenarle los mercados; hay que ir también contra su organización. El 22/04/2026, el presidente ejecutivo (en funciones de gerente general interino) ordenó la reorganización de la Gerencia de Electricidad, trasladando la planificación de la expansión del sistema de transmisión de la Dirección de Planificación y Sostenibilidad, DPS, a la División de Transmisión, DT.

Fragmentar o diluir las funciones de una planificación técnica, hasta hoy la piedra angular que garantizó la soberanía energética y una matriz eléctrica renovable desde mediados del siglo XX, propicia decisiones coyunturales o políticas en lugar de aquellas de carácter técnico, sustentadas en profundos estudios y modelos hidrológicos, financieros y de demanda real. En un contexto de cambio climático (fenómeno de El Niño más severo) y de mayor demanda por la electromovilidad, la ausencia de un ente planificador, eminentemente técnico, con experiencia y nacional, compromete la seguridad energética del país y la capacidad técnica, legal y operativa del ICE.

No contentos todavía, decidieron también destruir hasta lo que representa al ICE, su propia sede central, el edificio del ICE – Sabana, (un símbolo de la Segunda República, el Estado Social de Derecho y el Estado de Bienestar, junto con la CCSS), pues en junio de 2026 todavía el P. E. sostenía que no tenía sentido construir una nueva sede y prefería invertir los recursos en generación eléctrica; pero apenas dos meses después anunció la demolición de dicho edificio y la construcción de uno nuevo.

Para profundizar la desarticulación interna, entre el 23 y el 29 de junio de 2026, la Gerencia de Electricidad trasladó el personal y las competencias para la elaboración del Plan de Expansión de la Distribución hacia la División de Distribución y Comercialización (DDC), así como los estudios de conexión a la red.

El 27 de agosto, el Consejo Directivo del ICE acordó finalmente demoler el edificio actual y construir una nueva torre de 40.000 metros cuadrados, edificio que aseguró costaría $100 millones, mientras que rehabilitar el actual costaría $120 millones.

Solo para mencionar algunas otras coincidencias, el 18 de setiembre, el subcontralor (fungiendo como contralor interino) se reunió con Rodrigo Chaves para tratar varios asuntos de gobierno y el 21 de setiembre, la Contraloría General de la República entregó el informe de auditoría DFOE-SOS-IAD-00005-2026 sobre la Red de Transmisión Eléctrica, en el que señaló problemas de gestión asignados a la ejecución de proyectos y de preinversión.

El 22 de setiembre el Consejo Directivo aprobó la disolución definitiva de la DPS, violando la Ley No. 10.159, el Decreto No. 43864-PLAN y todos los procedimientos internos (Estatuto de Personal y Convención Colectiva), por lo que tales acuerdos, a mi juicio, son absolutamente ilegales.

La cereza en el pastel sería la aprobación del proyecto de ley de Armonización Eléctrica, Expediente No. 23.414 que pretende cercenarle al ICE el Centro Nacional de Control Eléctrico, crear unos 100 nuevos agentes de mercado (intermediarios), abrir completamente la generación eléctrica, permitir la exportación de los privados al mercado centroamericano y quitarle toda potestad de planificación para pasarla a manos políticas, bajo el MINAE, y finalmente, para presionar la aprobación de dicho proyecto de ley, el 24 de setiembre la UCCAEP orquestó todo un show con cobertura nacional.

Me desvela pensar: ¿cómo pueden, apenas tres o cuatro generaciones después, pensar y actuar de forma tan contradictoria? Por ejemplo, algunos de nuestros bisabuelos, que en marzo de 1890 producían café, propusieron al presidente José Joaquín Rodríguez la creación de un impuesto a la exportación del grano, para construir un Teatro Nacional, el cual fue inaugurado en 1897. Apenas 80 años después, el lucro, la ambición y la avaricia desmedidas han socavado el Estado, transformando servicios públicos esenciales en lucrativos negocios privados, aunque muchos pobres ya no puedan tenerlos; tal es el caso de la educación, la salud, la seguridad, la electricidad y las telecomunicaciones, vaciando de contenido los principios sociales y de solidaridad recogidos en nuestra Constitución de 1949, artículos 50 y 74.

Lo único que está clarísimo es el contubernio de fuerzas políticas y económicas para destruir la institucionalidad y la democracia, y el servilismo y el amor al poder de la mayoría de los jerarcas, dispuestos a decir (como marionetas) cualquier cosa un día y lo contrario al siguiente, no sin antes dejar en el canasto de la basura sus propios criterios y sus principios, si los tenían.