Ir al contenido principal

Etiqueta: planificación pública

EPPS-UNA: Metas del Plan Nacional de Desarrollo no aseguran un salto hacia un “desarrollo humano sostenible”

Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA le otorga una nota preliminar de 69, con una calificación de “solidez media”.

Aunque el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, presentado por el Gobierno el 25 de agosto, cuenta con una robustez a nivel de planificación y con estimaciones presupuestarias, carece de evidencia de cómo se cumplirán las ocho metas nacionales planteadas; tampoco reflejan un salto del país hacia un desarrollo humano sostenible.

Así lo reveló la auditoría técnica del PNDIP 2027-2030 de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (UNA). En suma, al aplicar una serie de variables a través del “índice EPPS de calidad”, el plan alcanza una nota preliminar de 69 puntos sobre 100 posibles; es decir, se le otorga una calificación de “solidez media”.

Para llegar a tal conclusión, esta unidad académica, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, analizó aspectos como la arquitectura formal de planificación aplicada, la participación, la congruencia del plan con su presupuesto, la posibilidad de logro de las metas, la evaluación, la consideración territorial y la gobernanza y capacidad de ejecución.

“Desde esta Escuela concluimos que el PNDIP 2027-2030 ha avanzado de manera importante en ordenar qué hará el estado, quién lo hará, con qué indicador y con qué estimación de recursos. Su desafío principal consiste ahora en demostrar por qué la suma de esas acciones debería producir las transformaciones nacionales esperadas”, concluye la auditoría.

Más allá de las fortalezas identificadas, “las 169 intervenciones públicas no constituyen una estrategia causal integrada, capaz de producir las ocho transformaciones nacionales planteadas que tengan como resultado un salto al desarrollo humano sostenible”, ampliaron los investigadores en el informe.

Análisis según metas

En general, la Escuela de Planificación sugiere que el Gobierno no establezca metas bajo una lógica binaria de “cumplida” o “incumplida”, en vista de que no puede controlar en toda su dimensión cada una de ellas. En cambio, propone establecer metas de influencia o contribución.

Ese es el caso de la meta de crecimiento económico, cuyo cumplimiento depende de condiciones externas e internas que exceden el control directo del gobierno.

En otras metas como pobreza (pasar de 15.2% a 14.4%), desigualdad (de 0,495 0,491 en el coeficiente de Gini) y de seguridad ciudadana (bajar la tasas de homicidios de 16,8 a 15,3 por cada 100 mil habitantes) se planten objetivos que son relativamente alcanzables, insuficientes o que mantienen una tasa aún elevada al 2030.

En el caso del desempleo (bajar de 6.7% a 6.2%), la auditoría advierte que deberán proponerse otros escenarios como una mayor participación laboral, personas ocupadas o disminución de la informalidad, que reflejen una mejora en el mercado laboral.

Esa necesidad de detallar las metas aplica para otras dos: competitividad (subir el Índice de Competitividad Nacional de 56,2 a 61,2) y la de descarbonización (reducir la razón de emisiones CO2/PIB de 0,293 a 0,180). En la primera de ellas, los investigadores consideran pertinente desagregar cuáles son los aportes según se trate de infraestructura, innovación, regulación, capital humano, financiamiento o desempeño institucional. En la segunda, estiman validar las emisiones netas absolutas y su coherencia con la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) que aplica para Costa Rica.

Finalmente, la meta más ambiciosa identificada tiene que ver con la educación (aumentar la tasa de escolaridad de 60% a 76%), y donde se deben tomar en cuenta factores como permanencia, exclusión, reinserción y promoción.

En suma, cuatro de las ocho metas tienen niveles entre “medio-bajo” de riesgo preliminar de cumplimento. Dos tienen un riesgo “medio-alto” y dos (la de educación y la de seguridad) están en riesgo “alto”.

Para llegar a estas metas, la UNA identifica la aplicación de una metodología clara y rigurosa, con la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). El diagnóstico también es un punto alto porque considera las dimensiones económicas, sociales, ambientales regionales, geopolíticas, tecnológicas y demográficas.

También, destaca que el PNDIP integre el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Banco de Proyectos de Inversión Pública donde se registran 53 proyectos formalmente incorporados. Otros puntos favorables del plan están en la estrategia de seguimiento que incluye informes semestrales y evaluaciones de diseño y de evaluación.

En el ámbito presupuestario, el plan incluye estimaciones, que están vinculadas con la planificación institucional y con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, desde la Escuela de Planificación consideran conveniente identificar seis categorías: gasto existente, recursos nuevos, gasto recurrente, transferencias, inversión de capital y financiamiento condicionado o no asegurado.

Donde existen brechas es en el campo de la territorialización. Solo tres de 49 metas sectoriales tienen desagregación territorial y 72 de 246 metas de intervención regionalizadas. “El PNDIP no está suficientemente territorializado en su sistema de resultados. Esto es evidente al no constatarse en el plan una relación directa con los planes de desarrollo humano local y, en general, con el sistema de planificación local.

Otro oportunidad de mejora está en el análisis de aspectos sobre equidad e inclusión. La auditoría registró 57 de 246 metas de intervención con criterio de género, equivalentes al 23.2% del total.

Recomendaciones

A nivel de recomendaciones, el informe propone la publicación de 49 metas sectoriales y las 169 intervenciones. Además, mapear las ocho metas nacionales hacia sectores, productos y efectos.

Por otra parte, se plantea desagregar por regiones y territorios las acciones, establecer un índice de ejecutabilidad de inversiones, revalidar metas macroeconómicas, incorporar pruebas de calidad y verificación desde el primer año y complementar el cumplimiento físico y presupuestario con resultados, calidad de servicio, brechas territoriales, sostenibilidad y valor agregado para la población.

La Escuela de Planificación de la UNA aclaró que no formó parte de ninguna etapa del plan de construcción del PNDIP 2027-2030, “por lo que la valoración que hacemos es independiente y tiene como objetivo ofrecer argumentos, comentarios y sugerencias desde el interés de mejorar la formulación, ejecución y resultados que se esperan entregar al país”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Parlamento Cívico Ambiental alerta sobre riesgos del proyecto de “Armonización Eléctrica” y llama a rechazar expediente 23.414

Foro ciudadano advierte riesgos para el ICE, el modelo solidario y los ecosistemas del país.

San José, Costa Rica. — El Parlamento Cívico Ambiental, foro adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica e integrado actualmente por 41 organizaciones sociales, ambientales, académicas y ciudadanas, aprobó por decisión unánime un pronunciamiento de oposición al texto sustitutivo del proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”.

El Parlamento, espacio cívico ambiental activo más amplio del país, advirtió que la iniciativa legislativa representa “uno de los cambios estructurales más importantes de las últimas décadas” para el sistema energético costarricense.

Las organizaciones señalaron que el proyecto debilita el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la planificación pública del sistema eléctrico nacional, favoreciendo procesos de fragmentación, mercantilización y apertura del mercado energético.

“El modelo eléctrico costarricense ha sido fundamental para garantizar electrificación rural, acceso universal y una matriz renovable reconocida internacionalmente. Este proyecto amenaza con sustituir una visión de interés público por una lógica crecientemente mercantil”, señala el acuerdo aprobado.

Su pronunciamiento advierte además que una apertura desregulada del mercado eléctrico podría generar mayores presiones sobre ríos, cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos del país, promoviendo proyectos guiados principalmente por criterios de rentabilidad económica.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, afirmó Alejandro Muñoz Villalobos presidente de la Comisión de Energía y Minas.

Las organizaciones insistieron en que Costa Rica sí requiere avanzar hacia una transición energética, pero señalaron que esta debe ser “justa, democrática y ambientalmente responsable”, fortaleciendo la institucionalidad pública y garantizando protección ambiental y equidad territorial.

El Parlamento Cívico Ambiental hizo un llamado directo a las diputadas y diputados de la República para rechazar el expediente 23.414 y abrir un proceso amplio de diálogo nacional sobre el futuro energético del país.

“El futuro energético de Costa Rica no puede definirse únicamente desde criterios de mercado. La energía debe seguir siendo entendida como un bien público esencial para el desarrollo humano, la justicia social y la sostenibilidad ambiental”, indicaron representantes del foro.

“Defender el modelo eléctrico público y solidario es defender la soberanía energética, la justicia social y los ecosistemas estratégicos de Costa Rica” señaló Victoria Rudín Vega, vicepresidenta de la organización.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, señaló Bernado Aguilar González, presidente del Parlamento.

El pronunciamiento también anuncia la disposición de múltiples sectores sociales, sindicales, comunales y ambientales para articular acciones conjuntas en defensa del modelo eléctrico solidario costarricense y de los bienes comunes nacionales.

Temas clave señalados por el acuerdo del Parlamento Cívico Ambiental:

  • Riesgo de debilitamiento del ICE y de la planificación pública.

  • Posible avance de procesos de privatización y mercantilización eléctrica.

  • Amenazas sobre ríos, cuencas y ecosistemas estratégicos.

  • Riesgos para la electrificación rural y la equidad territorial.

  • Defensa de una transición energética justa y democrática.

  • Protección de la soberanía energética y de los bienes comunes nacionales.

Puede descargar desde SURCOS el manifiesto del Parlamento Cívico Ambiental, así como el acuerdo completo.

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Acuerdo-2026-018-Exp.-23414-Ley-Armonizacion-del-Sistema-Electrico-Nacional.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Manifiesto-sobre-el-proyecto-23414-Ley-de-Armonizacion-del-Sistema-Electrico.pdf