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Etiqueta: plataformas digitales

Proyecto busca asegurar protección para personas repartidoras en plataformas digitales ante condiciones laborales inseguras

En un taller recientemente organizado por la Fundación Friedrich Ebert se profundizó en los desafíos que enfrentan los trabajadores de plataformas digitales de reparto en Costa Rica, destacando aspectos que afectan directamente su calidad de vida y seguridad laboral. En este espacio se exploraron propuestas de ley, estudios de caso y encuestas que evidencian la precarización de estos trabajadores en el contexto actual y la urgente necesidad de establecer regulaciones que protejan sus derechos básicos.

Un elemento central en la discusión fue el “Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales”. La diputada Sofía Guillén expuso en detalle cómo esta propuesta busca subsanar la falta de derechos laborales para los repartidores, en un entorno donde los ingresos y beneficios son limitados y las empresas de plataformas operan sin rendir cuentas a sus empleados ni a la sociedad.

Guillén argumentó que la ley plantea, en primer lugar, el derecho a la seguridad social y la compensación por horas extra, así como la implementación de descansos obligatorios. Además, el proyecto aborda la necesidad de transparentar el sistema de pagos y sanciones para evitar abusos, garantizando que los repartidores no sean penalizados injustamente por decisiones automatizadas de las plataformas. En una economía que rápidamente se apoya en estos servicios, la diputada destacó que sin legislación, estos trabajadores seguirán expuestos a la inseguridad y a la explotación laboral.

La presentación de la “Encuesta a personas repartidoras de la GAM, Costa Rica”, realizada por la M.Sc. María Leonela Artavia Jiménez, M.Sc. Jorge Solano Ruiz, Bach. Mariela Campos Lizano, y Bach. María José Herrera Madrigal de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional mostró una perspectiva cruda de la realidad que enfrentan los repartidores de plataformas en el día a día. Los resultados revelaron que, para muchos de estos trabajadores, una semana laboral promedio supera las 60 horas, con jornadas que se extienden a altas horas de la noche y abarcan fines de semana, todo sin acceso a prestaciones de salud, vacaciones, o condiciones mínimas de seguridad. A medida que más repartidores expresaban su dependencia de estas plataformas para mantener a sus familias, surgió un consenso: este sistema de trabajo impulsa una forma de esclavitud moderna en la que los repartidores deben trabajar incansablemente para lograr ingresos mínimos. Los resultados de la encuesta apuntan a que las condiciones son aún más duras para los repartidores que usan motocicletas, quienes, en busca de maximizar el tiempo y el número de pedidos entregados, están particularmente expuestos a accidentes y agresiones. La falta de seguro médico obliga a estos trabajadores a asumir los riesgos de su seguridad física sin ninguna cobertura por parte de las plataformas, creando una dinámica de extrema vulnerabilidad y desprotección.

El estudio “Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica”, realizado por María Leonela Artavia-Jiménez, Jorge Solano Ruiz, Mariela Campos Lizano, y María José Herrera Madrigal, profundiza en los efectos de esta precariedad laboral, detallando cómo la falta de regulación ha convertido a las plataformas en espacios de trabajo que eluden cualquier responsabilidad sobre las condiciones laborales. Este informe explora el papel de las plataformas como entidades que se presentan sólo como intermediarios, desligándose de la responsabilidad de los trabajadores a pesar de que ejercen control sobre las tarifas, los horarios y las condiciones bajo las cuales deben cumplir sus labores. Uno de los hallazgos más reveladores del estudio fue el nivel de control que las plataformas ejercen mediante algoritmos que determinan el acceso a pedidos, la calificación de los repartidores y el valor de los ingresos en función de una serie de parámetros intransigentes que ni siquiera los trabajadores conocen a cabalidad. Este sistema de vigilancia y sanciones automatizadas se traduce en una especie de control remoto sobre los trabajadores, quienes ven sus ingresos y su estabilidad laboral comprometidos por decisiones que no pueden cuestionar ni negociar.

La influencia de estos algoritmos y el desamparo de los trabajadores en plataformas es un problema profundo en un país como Costa Rica, donde la informalidad laboral es una realidad creciente y la falta de opciones en el mercado laboral formal ha llevado a muchos a emplearse en estas plataformas de reparto. Para muchos de estos trabajadores, el trabajo en plataformas no es una opción de ingresos secundarios sino su único sustento, lo cual convierte en esencial la regulación de este sector. Sin embargo, en el estudio también se indica que el alto grado de informalidad en que operan los repartidores en la GAM, donde solo un pequeño porcentaje tiene alguna forma de seguridad social, hace que muchos de estos trabajadores tengan que autofinanciar cualquier tipo de atención médica en caso de accidente o enfermedad. Este contexto, en el que los trabajadores soportan los riesgos financieros y de seguridad sin ningún respaldo, refuerza la imagen de las plataformas digitales como entornos altamente deshumanizantes y excluyentes.

Además, el estudio plantea que el trabajo en plataformas digitales se caracteriza por una enorme desventaja en la relación de poder entre los repartidores y las empresas. Al no tener representación sindical ni herramientas para hacer valer sus derechos, los repartidores se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad total. El informe advierte que el hecho de que las plataformas no se consideren como empleadores, sino solo como facilitadoras de servicios, ha permitido que estas empresas eludan las responsabilidades que normalmente se asocian con la relación empleador-empleado. Como resultado, los repartidores se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por las plataformas sin capacidad de negociación, quedando sujetos a cambios unilaterales en las tarifas, los tiempos de entrega, y las políticas de sanción. La inexistencia de un contrato de trabajo formal con derechos reconocidos implica que los repartidores están sujetos a una volatilidad extrema y a un ingreso fluctuante que muchas veces no cubre sus necesidades básicas.

En conjunto, estos estudios y propuestas reflejan la necesidad de un cambio en la forma en que las plataformas digitales operan en Costa Rica. Se ha propuesto que se tomen en cuenta experiencias internacionales, como en España, donde los trabajadores de plataformas han sido reconocidos legalmente como empleados, o en Chile, donde el apoyo de sindicatos ha facilitado negociaciones con estas empresas. Estos ejemplos resaltan la importancia de que los trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo cuenten con el respaldo de una ley que los proteja, sino también con la opción de integrarse a redes de apoyo que les permitan enfrentar las condiciones impuestas por las plataformas con mayor seguridad. La Fundación Friedrich Ebert, en su rol de organizador de este taller, ha enfatizado que la plataformización del trabajo no debe significar la deshumanización de los trabajadores.

La discusión sobre el reconocimiento y regulación de estos trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo trata de proteger a una población en crecimiento, sino también de establecer los cimientos para una economía digital más equitativa y responsable. Los estudios presentados en el taller dejan claro que, en la era digital, el trabajo no puede seguir avanzando en un vacío legal, y que es urgente que el Estado costarricense tome medidas para evitar que el avance tecnológico ocurra a costa de la dignidad y el bienestar de los trabajadores más vulnerables.

La Fundación Friedrich Ebert compartió esta valiosa información con SURCOS, resaltando la importancia de visibilizar y comprender las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en plataformas digitales en Costa Rica. Invitamos a las personas lectoras a profundizar en este análisis accediendo a los documentos completos, los cuales adjuntamos para su consulta: el Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales, la Encuesta a personas repartidoras de la GAM y el estudio Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica. Cada uno de estos documentos ofrece una visión crítica y detallada sobre las dimensiones de la precariedad laboral y los retos urgentes de regulación en el sector.

Impulsan proyecto de ley para garantizar derechos laborales en plataformas digitales

La Fundación Friedrich Ebert (FES) y la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), a través de su proyecto «Trabajo y Crisis» en conjunto con diputada la Sofía Guillén participarán en una mesa de diálogo para discutir un importante avance en la regulación laboral: el proyecto de «Ley para Garantizar Derechos Laborales de las Personas Prestadoras de Servicios de Reparto mediante Plataformas Digitales».

En los últimos años, el crecimiento de las plataformas digitales de reparto en Costa Rica ha generado nuevas oportunidades de empleo. No obstante, estas oportunidades están marcadas por una grave precariedad laboral. Un preocupante 68% de los trabajadores en este sector carece de seguro social, y el 78% no contribuye a un fondo de pensiones. Además, la ausencia de protección legal contribuye a condiciones laborales adversas, ya que un 80% de estos trabajadores ha informado haber experimentado al menos un accidente en el desempeño de sus funciones.

La propuesta de ley representa una oportunidad crucial para rectificar estas injusticias y carencias, asegurando que los trabajadores del reparto digital no queden excluidos del sistema de protección social. Este proyecto busca no solo fomentar la economía digital, sino también dignificar el trabajo en la era tecnológica, garantizando condiciones laborales justas para quienes contribuyen a este sector. 

Este esfuerzo colaborativo entre la FES, la UNA y la diputada Guillén busca no solo generar un diálogo constructivo, sino también impulsar cambios significativos que beneficien a las personas que realizan estas labores esenciales en la economía actual. 

Cuba: Defenderse es Necesario

Lic. José A. Amesty R.
20-agosto-2021

Los EEUU no contentos con el bloqueo económico y la guerra mediática, entre muchos otros, utilizan ahora, contra Cuba, las tecnologías (las plataformas digitales), como armas de guerra no convencional, para continuar agrediendo a la mayor de las Antillas.

Por ejemplo, se han identificado y denunciado desde suelo norteamericano, transmisiones de estaciones de radio, promoviendo contenido desestabilizador, propiciando el desorden público y la violencia, noticias falsas, desinformación y tergiversando la verdad sobre Cuba heroica.

A su vez, monopolios informativos como Facebook, Youtube, Twitter y otros, han violado sus propias normas, permitiendo en sus plataformas, mensajes violentos y llenos de odio contra el país caribeño.

También, varias instituciones gubernamentales, recibieron recientemente ciberataques como, por ejemplo, el sitio de la Presidencia, al cual se le trató de negar el espacio digital, y lo mismo sucedió con medios de comunicación, como Granma y Cubadebate.

Al interior de Cuba, existen 60 sitios webs bloqueados para el país, vinculados con procesos de capacitación, formación profesional, comercio electrónico y hasta de comunicación interpersonal, a lo cual se le agrega la imposibilidad de importar tecnología, con más de un 10 por ciento de componente estadounidense.

En este mismo orden de ideas, los EEUU han auspiciado últimamente el acceso gratis de internet en el país, con la sola intención de manipular y controlar la desinformación, el incitar al odio y a la violencia, así como para buscar proveer a los cubanos de la oposición, un servicio paralelo de internet gratuito, violando la soberanía nacional y propiciando la subversión.

Para defenderse y blindarse, Cuba acaba de actualizar su marco jurídico en materia de telecomunicaciones, y entre los aspectos esenciales potencia el modelo de actuación ante incidentes de ciberseguridad, una cuestión que no es exclusiva hoy de la isla caribeña.

Recalcamos y puntualizamos que esta herramienta jurídica, es para el ciber acoso, las noticias falsas, bloqueos masivos de cuentas en redes sociales, pornografía, ciber terrorismo, ciber guerra y subversión social, entre otros.

El instrumento legal aprobado es el, Decreto-Ley No 35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico”. Esta resolución pretende garantizar, a través de la gestión de incidentes, la prevención, detección y respuesta oportuna ante posibles actividades enemigas, delictivas y nocivas que puedan ocurrir en el ciberespacio.

Los objetivos generales del presente Decreto-Ley son los siguientes: a) Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución; b) impulsar el uso de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a estas, en lo adelante telecomunicaciones/TIC, para contribuir al desarrollo político, económico y social del país; además de asegurar progresivamente la fiabilidad, la estabilidad y la seguridad de sus redes y servicios; c) fortalecer la soberanía en la utilización del espectro radioeléctrico en el territorio nacional; d) satisfacer las necesidades generales del Estado y el Gobierno y las relacionadas con la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil en materia de las telecomunicaciones/TIC y del uso del espectro radioeléctrico; e) promover el progreso armónico y ordenado de las redes y los servicios de telecomunicaciones/TIC en función del desarrollo de la informatización del país; f) garantizar el desarrollo y la convergencia tecnológica en el uso de las telecomunicaciones/TIC, así como priorizar la implementación de redes de banda ancha; g) proteger los intereses de los ciudadanos y asegurar el acceso a los servicios de telecomunicaciones/TIC y los derechos constitucionales; en particular el principio de igualdad, privacidad y secreto en las comunicaciones; h) promover y facilitar el uso de las telecomunicaciones/TIC y del espectro radioeléctrico para mejorar las condiciones de vida de la población; i) facilitar el trato adecuado a sus condiciones en el caso de las personas con necesidades especiales, de acuerdo con las características y disponibilidad de capacidad de cada tipo de servicio de telecomunicaciones/TIC; j) elevar la ciberseguridad para salvaguardar que el uso de los servicios de telecomunicaciones/TIC y del espectro radioeléctrico no atenten contra la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros; k) resguardar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones de servicio público en la explotación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones/TIC, así como de las obligaciones del servicio universal de estas; l) garantizar una utilización eficaz de los recursos limitados o escasos de telecomunicaciones/TIC; m) integrar la investigación, desarrollo e innovación en el sector para la evolución de las redes, los equipos, dispositivos, aparatos y servicios de telecomunicaciones/TIC y la gestión del espectro radioeléctrico; y n) preservar el desarrollo del capital humano asociado a la actividad.

Por supuesto, de inmediato EEUU, ha catalogado la Ley como un atentado contra los Derechos Humanos, pero es un modelo que opera en prácticamente todos los países: la lucha contra la desinformación y la ciberseguridad.

Y es que esas disposiciones no son nuevas en el mundo. Muchos países, organizaciones mundiales y regionales ya se habían referido al combate de la desinformación y la ciberguerra, como un aspecto fundamental en el trabajo de cualquier Estado.

Por ejemplo, la Unión Europea tiene su equivalente, desde 2018, denominada: el Plan de Acción contra la Desinformación.

Es más, en una resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 31 de diciembre de 2020, en cuanto a los avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de seguridad nacional, dicho ente señala que “los Estados tienen el deber y el derecho de combatir la difusión de noticias falsas”.

Igualmente, en el contexto de la pandemia de Covid-19, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicó un artículo en el cual llamaba a los gobiernos a adelantarse y liderar la lucha contra la información falsa, incendiaria y engañosa que amenaza con empeorar los graves efectos de la enfermedad.

En España, también existe un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, publicado desde octubre de 2019, y que identifica los organismos y autoridades que forman el sistema y marca el procedimiento de sus actuaciones para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta y evaluación de la desinformación.

Francia posee una ley para, “proteger la vida democrática de las fake news”, con especial atención a los procesos electorales, y mediante la cual se puede multar con más de 40 mil euros y hasta cárcel a quienes la infrinjan.

En América Latina, también existen varios ejemplos como Nodio, un Observatorio argentino de la desinformación y la violencia simbólica, en medios de prensa y plataformas digitales.

Asimismo, el Parlamento de Nicaragua, aprobó desde octubre de 2020, una ley contra los ciber delitos para hacer frente a crímenes cibernéticos, como el hackeo, robo de identidad o espionaje informático, pero también a aquellas personas que difundan información falsa.

Uruguay y Alemania, también tienen una ley similar, para regular y combatir dichos delitos.

Y aunque parezca increíble, aunque no es extraño, la misma Ley-Decreto 35, mencionada, ha sido atacada, con los mismos protagonistas, el mismo operador y los mismos objetivos desestabilizadores, de la siniestra etiqueta #SOSCuba. La maquinaria de ciberguerra contra Cuba, ha vuelto a lanzar este 17 de agosto, una operación en redes digitales, tratando de utilizar manipuladoramente el nuevo Decreto Ley, para la protección de la soberanía nacional y los derechos ciudadanos en el ciberespacio que acaba de emitir nuestro país.

La misma cuenta guía (@agusantonetti), que los días 9 y 10 de julio, lideró aquella campaña, la del Sr. Agustín Antonetti, de la Fundación Libertad de Argentina, encabeza la nueva manipulación. Seguida por otras que también participaron en la misma, están recibiendo miles de retuits con una etiqueta contra ese Decreto Ley, que solo pueden ser fruto del uso de bots (aplicaciones automatizadas para generar miles de repeticiones), con el objetivo de aparentar una protesta masiva contra la legislación y colocarla artificialmente como tendencia en las redes.

Como señalara el investigador español Julián Macías Tovar, al analizar los procesos en las redes que antecedieron a los sucesos del 11 de julio, “Antonetti ha sido un activo participante en las campañas de bulos y bots en redes sociales, contra los procesos de izquierda en América Latina, entre ellos contra el del boliviano Evo Morales y el mexicano Andrés Manuel López Obrador”.

En síntesis, Yohanka Rodríguez, coordinadora del Centro de Seguridad del Ciberespacio de Cuba, señaló que en la actualidad hay un aumento de ciberataques en el mundo, de allí la necesidad de compartir experiencias, coordinar acciones y combatir ese tema.

En ese sentido, Cuba ha hecho grandes esfuerzos para aumentar la seguridad, y fortalecer el ciberespacio nacional e integrar las capacidades existentes, para detectar y contrarrestar los eventos cibernéticos nocivos.

Reiteró que como han expresado sus máximos dirigentes, el gobierno cubano se opone enérgicamente al uso del ciberespacio, como polígono de guerra y como plataforma para la subversión política, y fue enfática al afirmar que Cuba jamás ejercerá de manera unilateral acciones de este tipo contra otros Estados.

Rodríguez reclamó la integración de los esfuerzos internacionales, que permitan el logro de un ciberespacio seguro y un marco jurídico que garantice enfrentar las ciberamenazas.

Es necesario presentar iniciativas que permitan contrarrestar estos peligros, puntualizó la especialista, que ve en la capacitación de los recursos humanos y en la elevación de la cultura de ciberseguridad en todos los ciudadanos, elementos fundamentales sobre este aspecto.

“Falta mucho por hacer, como la adopción de posiciones comunes y convertir al ciberespacio en un lugar seguro y fiable y que Internet sea un instrumento para la paz y no para la guerra”, señaló Yoanka Rodríguez.

Así mismo, la ministra cubana de Comunicaciones Mayra Arevich Marín, enfatizó que “apostamos por una sociedad digital justa, no para alimentar odio y subversión, sostenible y que aporte al desarrollo del país”, así como: “defender nuestro ciberespacio y tener una internet ética para nuestra población”.

Finalmente, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, no constituye una opción para las fuerzas de izquierda, sino un imperativo de primer orden, porque la construcción de un discurso es parte de la guerra simbólica, de los contenidos que contribuyen a disminuir la brecha digital que sufren nuestros países.

Coalición Costa Rica enfrenta campaña de censura

Comunicado enviado por Coalición Costa Rica

  • Grupos administrados por miembros de Restauración Nacional promueven persecución y censura
  • Coalición Costa Rica protege sus plataformas digitales

En los últimos días, administradores de los grupos en redes sociales Costa Rica Unida y País Unido por Costa Rica han motivado a sus seguidores a denunciar la página de Coalición Costa Rica como una clara demostración de censura y persecución. Al denunciar de forma masiva, pretenden que Facebook suspenda la página de Coalición Costa Rica.

Igualmente organizaron campañas para reportar las páginas Adopte un Diputado y Control Ciudadano, esta última fue bloqueada por Facebook en horas de la tarde. Según sus administradores se debió precisamente a una oleada de denuncias de usuarios de la red social.

Coalición Costa Rica es un movimiento social que surgió como respuesta al resultado de la primera ronda electoral de este año y que tuvo un papel importante en la discusión política frente a la segunda ronda. El movimiento continúa trabajando a nivel nacional en pro de los derechos humanos y la defensa de la institucionalidad democrática.

Ingrese en el siguiente enlace para leer el comunicado completo.

Coalición Costa Rica enfrenta campaña de censura

Enviado por Marcia Jarquín, directora general, Comunicación y Mercadeo, Coalición Costa Rica.

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