Ir al contenido principal

Etiqueta: población civil

Vidas en Peligro: 6 Países se retiran de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Pablo Ruiz*

De acuerdo con una nota de la Agencia EFE los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania han oficializado el proceso de retirada del Tratado de Ottawa o la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona la que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona. También Ucrania, Polonia y Finlandia han anunciado planes para hacer lo mismo.

Esta decisión es un retroceso y un claro peligro para la población civil si es que nuevamente se usan este tipo de armas en sus fronteras las que, hoy por hoy, producto de los conflictos en curso, son transitadas por la misma población o por migrantes que justamente quieren escapar de la guerra o la pobreza. Se conoce que el 80 % de las personas que mueren o quedan discapacitadas a causa de las minas terrestres son civiles y muchas veces niños.

De acuerdo a la Cruz Roja Internacional “La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (“Tratado de Ottawa”) forma parte de la respuesta internacional al sufrimiento generalizado que producen las minas antipersonal. La Convención se basa en normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario aplicables a todos los Estados. Estas normas prohíben el empleo de armas que, por su índole, no distingan entre personas civiles y combatientes o causen sufrimientos innecesarios o daños superfluos. La Convención se abrió a la firma el 3 de diciembre de 1997 en Ottawa y entró en vigor el 1 de marzo de 1999”.

En un comunicado de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), coalición de ONG fundada en 1992 y ganadora del Premio Nobel de la Paz, sobre la retirada de los países bálticos, anunciada en la última reunión de los Estados parte del tratado, “representa un retroceso sin precedentes en un acuerdo de desarme humanitario que ha salvado innumerables vidas desde su adopción 1997”, señalaron.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, según la nota de EFE, “firmó un decreto el 29 de junio para retirarse del tratado, aunque este prohíbe que los Estados lo abandonen si se encuentran en conflicto”. Ucrania había ratificado el Tratado de Ottawa en 2005.

La organización Handicap International, con sede en Francia y Bélgica, lamentó en otro comunicado la decisión ucraniana.

“Las minas antipersonal causan contaminación a largo plazo y representan graves riesgos para la población civil. A nivel mundial, más del 84 % de las víctimas de minas terrestres son civiles. El uso de estas armas pone en peligro vidas no solo durante los conflictos, sino también durante décadas posteriores, lo que dificulta la reconstrucción, el retorno seguro de las comunidades desplazadas y la consolidación de la paz a largo plazo. Instamos a Ucrania y a todos los Estados a que respeten las normas humanitarias internacionales y prioricen la protección de los civiles por encima de todo. Nos preocupa profundamente la decisión de Ucrania de retirarse del Tratado sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. Además, la Convención no autoriza la retirada de la Convención de Ottawa durante un conflicto armado activo., señaló la ONG Handicap International.

¿Por qué es necesario prohibir las minas antipersonal?

“Las minas antipersonal no pueden distinguir entre soldados y personas civiles y suelen matar o mutilar gravemente. Al ser relativamente baratas, pequeñas y de fácil manejo, han proliferado por decenas de millones, causando indecibles sufrimientos y devastando social y económicamente a docenas de países en todo el mundo. Dado que resulta mucho más fácil colocarlas que retirarlas, ha sido difícil o imposible utilizar esta arma de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario en la mayoría de los conflictos en que se ha empleado”, indica la Cruz Roja Internacional.

Para Shabia Mantoo, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), “la presencia de minas y otros artefactos explosivos sigue causando un elevado número de muertes y lesiones graves, que a menudo provocan discapacidades permanentes, con un impacto desproporcionado en los niños, las personas con discapacidad y las personas que se ven obligadas a regresar en condiciones desesperadas», señaló a IPS .

De acuerdo a la ONU, “más de 143.000 personas han muerto o han resultado heridas a causa de la explosión de minas antipersona u otro tipo de artefactos terrestres entre 1999 y 2020”.

El caso de Chile

En el caso de Chile, por ejemplo, Chile suscribió la Convención de Ottawa el 3 de diciembre de 1997 y el 10 de septiembre de 2001 depositó el instrumento de ratificación ante el secretario general de las Naciones Unidas. En función de este compromiso posteriormente creó la Comisión Nacional de Desminado (CNAD).

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores el año 2020 “Chile culminó las operaciones de desminado humanitario, despejando todos los campos minados del territorio nacional. En total, se trató de 200 áreas, en las que fueron destruidas 179.815 minas y liberados más de 27 millones de m2, trabajo especializado en terreno que concluyó el pasado 27 de febrero”.

“Las minas (estaban) ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Magallanes, así como, la identificación de un campo minado en la región de Valparaíso y de un área considerada de peligro por contener posiblemente estos artefactos, en la región Metropolitana, fueron el centro de las áreas de trabajo” de la CNAD, señala un informe de Blanca Bórquez Polloni.

En la actualidad, 164 países habían suscrito el tratado: todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la mayoría de los países africanos, asiáticos y americanos. En cambio, Rusia, China, India, Estados Unidos e Israel figuran entre los que no han suscrito el Tratado de Ottawa.

* Pablo Ruiz es integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile y editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Foto de Santiago Serna de la Agencia Anadolu (agencia de noticias propiedad del Gobierno de Turquía).

Racismo, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina

Escrito en . Publicado en Derechos.

Reseña del programa, Conversando sobre el racismo, con la participación de los profesores Jorge Barrientos y Nicolas Boeglin en Radio 870 UCR

¿Hay racismo en el genocidio en Palestina? Para responder adecuadamente a tal pregunta, es necesaria una contextualización sobre el conflicto. Se puede hacer énfasis en los eventos ocurridos a partir del siglo XIX, entre los que destacan las corrientes nacionalistas que tomaron auge en Europa y entraron en tensión, entre ellas el nacionalismo judío y el movimiento sionista en 1897, como una repercusión al odio ideológico que existía contra los judíos en Europa. De tal manera, y en busca de un territorio donde vivir, la población judía se organizó puesto a que están dispersos en diferentes lugares de Europa al ser una nacion sin tierra y esto se logra con ayuda del movimiento sionista.

Ahora bien, esta idea empieza a reforzarse desde 1910-1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Turco Otomano era el que tenía  posesión sobre Medio Oriente, de manera que administraba la región de Palestina. El movimiento sionista tenía la intención de asentarse en esta región que contaba con las tres religiones reveladas, además de ser una región estratégica de recursos naturales y rutas comerciales, por lo que la región siempre se ha visto involucrada en diferentes tipos de conflictos incluso desde tiempos del Imperio Romano.

Después de la Primera Guerra Mundial, la religión de Medio Oriente es repartida entre el imperialismo británico y francés, de manera que los británicos tenían acuerdos con los movimientos sionistas para propiciar la llegada de población judía a Palestina. Sin embargo, incluso durante estas situaciones, ya existía población judía en Palestina y convivían sanamente. Es después de la Segunda Guerra Mundial que se fomentan mucho las migraciones y la toma o la compra ilegal de las tierras de parte de la población judía hacia la población campesina y empobrecida de Palestina. Sin embargo, anterior a esto, es importante recalcar cómo el movimiento nazi-facista se encargó de expulsar a la población judía de toda Europa. El problema que esto representa es que tanto el movimiento sionista así como el movimiento nazista buscaba colocar a la población judía en Medio Oriente y es a partir de aquí, después del Holocausto, que se hace necesario colocar a la población judía en un territorio estable, libres de la violación de derechis humanos de los que fueron víctimas.

Con la polémica distribución territorial de la ONU en 1948, en la que se parte a Palestina en dos fracciones, en la que se le da un 56,88% al nuevo Estado de Israel y aproximadamente el 42, 50% al territorio palestino, es cómo empieza la primera guerra entre arabes-judíos, en la que se empezó a expulsar por la fuerza a los palestinos de sus casas, trabajos o actividades.

Un aspecto fundamental es el Derecho Internacional Público. Este existe a partir de 1945 en semejanza a la creación de las Naciones Unidas, Corte Internacional de Justicia, Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Además, a partir de 1958 se crea la Corte Penal Internacional que no juzga Estados, sino que juzga a indivivduos que en el ejercicio de su funciones no sancionan a sus subalternos que cometen actos repudiables tales como el genocidio, el crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra. Esta función del Derecho Internacional Público se está cerrando frente al Estado de Israel, el cual está totalmente descarrilado y  que a modo de venganza, la emprenden contra la población civil palestina en Gaza. Con declaraciones oficiales del Primer Ministro así como del Ministro de Defensa, hay toda una narrativa para deshumanizar a los palestinos, con el objetivo de hacer creer que el grupo Hamas es una organización militar terrorista y que toda la poblacion civil palestina apoya el terrorismo, buscando así la justificación de sus actos, de manera reiterada.

Se han asesinado incluso 100 periodistas, de manera que el Estado de Israel busca que no exista evidencia alguna que pueda contradecir lo que realmente sucede en Gaza, lo que lleva a que Israel viola completamente las normas del Derecho Público Internacional también irrespeta  que la población civil no puede ser considerada un objetivo militar. Por otro lado, el Derecho Internacional Humanitario es esa pequeña parte del Derecho Público Internacional que busca hacer un poco más humano lo que por definición es inhumano que es la guerra. Protege a la población civil, las ambulancias, los hospitales, las que Israel está destruyendo además de la infraestructura pública como las universidades, mezquitas, iglesias y bibliotecas. 

Hamás, fundado en 1987, reaccionó al extremismo y violencia del ejército israelí, considerado por algunos como el primer perpetrador de terrorismo al atacar civiles. Israel controla Gaza, comparada a un campo de concentración, afectando severamente la vida de los palestinos.

Israel recibe apoyo significativo de potencias occidentales, como EE.UU., que proveen armas. Costa Rica, aunque se presenta como una nación pacífica, ha mostrado complicidad con Israel, priorizando relaciones comerciales sobre los derechos humanos palestinos. Los ciudadanos costarricenses deberían exigir una postura más crítica y solidaria. El genocidio en Palestina plantea una pregunta crucial: ¿cómo reaccionarían los costarricenses si enfrentaran una situación tan inhumana y aterradora?