Ir al contenido principal

Etiqueta: pobreza

Sobre la libertad: dos instrumentos para garantizar la existencia y evitar su amenaza

Daniel Raventós / pressenza

La Renta Básica de una cantidad al menos igual al umbral de la pobreza sería un instrumento para garantizar la existencia material —condición republicana para la libertad—. La RM sería un instrumento para evitar que las grandes fortunas acaben con la existencia material y con la libertad de la inmensa mayoría. Es una cuestión, efectivamente, de libertad.

¿Qué no se ha dicho sobre la renta básica (RB)? Desde la filosofía, la economía, la econometría, la sociología, el derecho, la política, y mediante vídeos, artículos, cómics, películas y libros, la RB ha sido explicada, divulgada y extendida. A mediados de octubre escuché la siguiente conversación en la facultad de Economía de la UB entre dos estudiantes. Uno comentaba que “la propuesta de la RB ya es muy conocida”, el otro contestaba: “sí, lo que hace falta es que se ponga en funcionamiento”. Tengo mis dudas de que realmente la RB sea conocida entre la población digamos europea en general. Que lo es de una forma muchísimo mayor que a finales del siglo pasado no hay la menor duda. Cuando a principios del año 2001 se constituyó la asociación Red Renta Básica, ahora hace nada más y nada menos que casi un cuarto de siglo, nadie de los presentes podía ni imaginar que la RB fuera motivo de debate público en muchos países del mundo como lo es hoy en día, pero de constatar esta evidencia a asegurar que es “ya muy conocida”, creo que hay un gran recorrido aún.

Sobre la contestación del segundo estudiante, no tengo la menor duda, se trata de ponerla en práctica. Pero ¿cuáles son las dificultades o los obstáculos que lo impiden? Varios, pero hay uno por encima de todos: la oposición cuando no abierta beligerancia de algunos partidos de izquierda izquierda, en sentido muy lato, porque la animadversión de los partidos de la derecha, con alguna excepción puramente anecdótica, siempre ha sido clara y diáfana. Si bien la opinión de sus votantes no coincide con la posición oficial de estos partidos, las cosas son así. Realidad que ha sido también tratada con cierto detalle en muchas ocasiones por diversos autores y autoras.

Lo que no acostumbra a merecer la atención de muchas personas defensoras de la RB es el tipo de medidas que deberían acompañar a la RB. Pequeña y redundante aclaración: el tipo de medidas que deberían ser compañeras de la RB dependerá de las opiniones sociales, económicas y políticas que sustentan la propuesta. Un liberal en sentido europeo que apoye la RB, hay algunos sí, o una persona socialista si bien usando más propiamente las palabras debería decir una persona simpatizantes o militante de algún partido socialista de los que hay ahora que simpatice con la RB, que también  hay alguna, estas personas digo apoyarán un tipo de propuestas junto a la RB muy diferentes a las que pueda defender una persona partidaria del republicanismo socialista o socialismo republicano. Como me incluyo en esta opción, me gustaría tratar en este artículo una medida “hermana” a mi entender de la RB que ya empieza a “ser popular” aunque no todavía al mismo nivel de la RB ni por conocimiento, ni por justificación técnico-científica. Me refiero a la llamada renta máxima (RM). Y para ello voy a utilizar parcialmente y con algunos datos más recientes lo que se trató en un capítulo de En defensa de la Renta Básica.

La definición estricta de la RM sería una tasa marginal impositiva del 100 % a partir de determinada cantidad de renta ganada en un período de tiempo, normalmente un año. Sabido es que la riqueza está mucho más desigualmente repartida que la renta. En Europa, el 10 % más rico posee más del 55 % de los activos; en Estados Unidos, ese porcentaje supera el 70 %. El 1 % más rico concentra más del 20 % y del 40 %, respectivamente.

Cuando se habla de RM normalmente se refiere a lo ganado como ingresos (“renta”) en un año. La propiedad formaría parte de impuestos relacionados con el patrimonio o la riqueza, definida como toda propiedad inmobiliaria, mobiliaria, financiera y de cualquier otra modalidad excepto la vivienda habitual. Esto quiere decir varias cosas. Puede defenderse una RM y también un impuesto a la riqueza que recibe distintos nombres como “impuesto a las grandes fortunas”, por ejemplo. Pero conceptualmente son diferentes. La RM se refiere a lo que una persona gana en un período de tiempo, como ya se ha dicho a las rentas obtenidas. Adicionalmente, puede defenderse por razones democráticas republicanas que las grandes concentraciones de propiedades tengan un límite. Grandes concentraciones de riqueza y grandes rentas van relacionadas, obviamente la riqueza ayuda a incrementar la renta y la renta ayuda a incrementar la riqueza.

Apuntaba en un artículo con Jordi Arcarons algunos datos del reino de España. El 5 % superior de la población con mayor renta concentra más del 41 % del total y el 2 % superior más del 28 % del total. En cuanto a riqueza: el 5 % superior acumula prácticamente el 73 % del total, mientras que el 2 % superior concentra más del 44 %.

Un ejercicio interesante es analizar qué sucede en la intersección del 5 % superior conjuntamente en renta y riqueza. La población auténticamente rica. En este caso, tan solo un 3,8 % de la población total acumula simultáneamente poco más del 20 % de la renta total y muy cerca del 44 % de la riqueza neta total. Y si descartáramos a los que disponen de patrimonios inferiores a 500.000 euros los menos ricos entre los ricosentonces algo menos del 1 % de la población total poco más de 415.000 personas  seguirían concentrando el 8,3 % de la renta total y más del 32 % de la riqueza neta total. En estas cantidades y porcentajes no se incluye todo lo escondido o evadido de forma semi o directamente fraudulenta, solamente lo que está registrado de forma legal. Estas 415.000 personas, o este menos del 1 % de la población, es más rico de lo que dicen los números oficiales, claro, pero con los oficiales ya son muy ricos.

El problema de las grandes fortunas no es solamente la gran desigualdad que suponen respecto a una gran mayoría de la población. Las grandes fortunas, las grandes concentraciones de propiedad, son una amenaza a la democracia, y desgraciadamente más que una amenaza. Como también pensaron los fundadores de la primera república moderna en 1776. Efectivamente, como muchos autores han insistido, los founders temían que si las grandes desigualdades se hacían inmensas el experimento republicano democrático fracasaría. Y fracasó. Louis Brandeis, Juez de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1916 a 1939, lo expresó de forma difícilmente superable hace un siglo: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas”.

Por eso cabe preguntarse: ¿cuál debería ser el límite razonable de la riqueza personal en una sociedad democrática? ¿Un millón de euros? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Cuánto necesita realmente alguien para vivir con comodidad, incluso con lujo, sin poner en riesgo la libertad del resto? Una persona que innova, que trabaja duro para aportar a la sociedad un montón de ventajas, que sabe adelantarse a los negocios, que tiene una gran capacidad de iniciativa, que se arriesga y todas estas virtudes que los chearleaders de las grandes fortunas acostumbran a ofrecer, ¿necesita más de un millón, dos, tres, cuatro como recompensa? Se trata de una discusión democrática que aún no se ha iniciado y que no puede resolver ninguna persona supuestamente experta (¿experta en qué, en realidad?).

Una RM, recordemos que esta se refiere a la renta no a la riqueza, puede incluso ligarse a la suerte parcial de los que están muy por debajo de la distribución de la renta. Por ejemplo, la RM podría ser un múltiplo del salario mínimo interprofesional, como propone Sam Pizzigati. ¿100 veces? ¿50? ¿200? No importa aquí tanto el múltiplo sino la idea. Si soy una persona ganadora de renta de las más elevadas y sé que lo que gane a partir de 100 (o 50 o 200) veces el salario mínimo interprofesional tendrá una tasa marginal impositiva del 100 %, estaré interesado que la cantidad a partir de la cual se multiplica por 100 (o 50 o 200) sea mayor. No es lo mismo ganar 100 (o 50 o 200) veces sobre 800 euros que sobre 1.500, claro. Otra aproximación distinta, pero con la misma intencionalidad, podría ser el salario medio.

La cantidad de RM que puede permitirse desde la perspectiva de la libertad republicana no es algo que pueda ser fijado al margen del debate público y del momento histórico al que nos refiramos. Republicanamente no puede admitirse la acumulación de grandes riquezas por la injerencia que maquinan estas fortunas para interferir en la existencia material de la gran mayoría de la población, por la capacidad de estas grandes fortunas de comprar-influir-presionar-manipular gobiernos (solamente las grandes fortunas disponen de posibilidad material para sobornar-manipular a políticos o para influirles decididamente para favorecer sus intereses) y, ligado con lo anterior, por la destrucción que supone para las democracias. Como escribía junto a María Julia Bertomeu:

“[H]ay un argumento republicano contundente para justificar una renta máxima, a saber: puesto que la riqueza y la propiedad privada son un producto esencialmente político y social, una república democrática debe ser capaz de diseñar algunos instrumentos —como una renta máxima— que eviten que ésta quede concentrada en unas pocas y confiscatorias manos, y debe impedir también que estas manos puedan disputarle a la república su capacidad para definir el bien común y para garantizar una vida republicana y democrática normal, para todos”.

Otro aspecto básico de la RM es que no está pensada especialmente para recaudar. Sin menospreciar las posibilidades recaudatorias, está pensada principalmente para reducir la desigualdad. En EEUU, debido a impuestos del 90 % a las grandes rentas, “desde finales de los años treinta hasta principios de los setenta, disminuyó la desigualdad de la renta”, como explican Saez y ZucmanRecuérdese que Franklin D. Roosevelt, si bien no consiguió su propósito inicial de establecer una RM del 100 %, sí logró implantar una tasa marginal del 94 % para rentas por encima de los 200.000 dólares anuales (de 1936, actualmente equivaldrían aproximadamente a 4,6 millones de dólares). Estas tasas marginales máximas se mantuvieron durante décadas, alcanzando un promedio del 81 % desde 1944 hasta 1981 y excediendo, entre 1951 y 1963, el 90 %. También en el Reino Unido, que llegó a tener desde 1941 a 1952 tasas marginales máximas que llegaban al 98 %.

Ya Aristóteles —muy benevolente con los ricos y muy crítico de la democracia ática de los pobres libres en la que vivió— era de la opinión de que la riqueza debe estar limitada a lo que permita una existencia digna (“hay un límite [a la riqueza] aquí como a las demás artes”) (Pol. 1256b). Ningún político actual cercano al poder cuando se está lejos es más fácil ha dicho nada semejante aún para vergüenza de la política.

La RB de una cantidad al menos igual al umbral de la pobreza sería un instrumento para garantizar la existencia material —condición republicana para la libertad—. La RM sería un instrumento para evitar que las grandes fortunas acaben con la existencia material y con la libertad de la inmensa mayoría. Es una cuestión, efectivamente, de libertad.

Lo diré de otra manera. La RB garantiza la existencia material: es el piso de la libertad. La RM evita que unos pocos destruyan esa libertad con su poder económico: es el techo de la libertad. Ambas, en definitiva, son instrumentos republicano-socialistas esenciales para asegurar la existencia y proteger la libertad de todos.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2025/11/sobre-la-libertad-dos-instrumentos-para-garantizar-la-existencia-y-evitar-su-amenaza/

Pese a aumento sostenido de llegada de turistas e inversión extranjera directa desde 2020, reducción de la pobreza entre personas ocupadas en actividades de alojamiento y construcción se estanca en Guanacaste

Esteban Barboza
Abigail Lizano

La llegada de visitantes a la provincia de Guanacaste vía el aeropuerto Daniel Oduber no ha dejado de aumentar desde la crisis sanitaria de 2020. Ya en el año 2022, con un ingreso de 660 mil turistas a través de ese aeropuerto, se superaron las cifras anteriores a la pandemia, de 600 mil visitantes en 2019. En el año 2024, la cifra alcanzó los 881 viajeros que ingresaron a través de dicho aeropuerto.

No obstante, pese al aumento sostenido entre 2020 y 2024, lo que podría significar una derrama económica mayor no parece reflejarse en los datos sobre la pobreza y la pobreza extrema entre personas ocupadas en actividades de alojamiento y servicios de comidas.

Si bien es cierto, la pobreza entre las personas ocupadas en esta actividad descendió considerable de 2020 a 2021 y 2022, en los años posteriores el porcentaje parece haberse estancado. Los dos primeros años se explican a partir del descenso abrupto de visitantes debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, pese a la recuperación, en los tres últimos años los niveles de pobreza parecen haberse estancado.

Los datos, obtenidos a partir de información proporcionada por la Encuesta Nacional de Hogares, muestran pocas variaciones en los tres últimos años, todo esto a pesar del aumento del número de visitantes.

Figura 1. Nivel de pobreza extrema y no extrema entre las personas ocupadas en actividades de alojamiento y servicios de comidas en Guanacaste, 2020-2024 por porcentaje y en forma de gráfico. Elaboración propia a partir de datos del INEC.

Figura 2. Llegadas internacionales de turistas al aeropuerto Daniel Oduber, 2020-2024. Elaboración propia a partir de datos del ICT.

Por otra parte, en la actividad de la construcción, los datos tienen ciertos paralelismos con respecto al empleo en áreas relacionadas con el turismo. Lo incluimos porque en la Guanacaste de los últimos cinco años ha habido una estrecha relación entre el turismo y la inversión extranjera directa en forma de infraestructura que será utilizada dentro de la actividad, ya sea como sitios de hospedaje, segundas residencias, o bien, para alquileres temporales en plataformas como Airbnb o Booking.
Durante los años 2020, 2021 y 2022 hubo un aumento explosivo del porcentaje de personas dedicadas a esta actividad en situación de pobreza. Para el 2023 estas cifras descendieron, pero no lo hicieron significativamente el año pasado, cuando más bien se notó un leve aumento en el índice de pobreza no extrema, tal y como se puede ver en la figura siguiente.

Figura 3. Porcentajes de pobreza extrema y no extrema entre personas dedicadas a la construcción en Guanacaste, 2020-2024. Fuente, elaboración propia a partir de datos del INEC.

Estas cifras contrastan con el explosivo desarrollo inmobiliario que ha experimentado la región desde 2020 y que, como se puede ver en el siguiente gráfico, mostró un crecimiento continuo hasta alcanzar 845 mil metros cuadrados registrados ante el CFIA solamente en proyectos habitacionales en 2023.
La gran mayoría de esos proyectos, no obstante, están dedicados a ser utilizados como segundas residencias, o bien como casas de alquiler temporal para turistas. A la par de este aumento explosivo en este tipo de construcciones, ha caído, en la presente administración, la construcción de viviendas de interés social.

Figura 4. Cantidad de metros cuadrados construidos en Guanacaste en proyectos habitacionales 2020-2024. Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA.

En el año 2024, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, los cantones guanacastecos con mayor visitación e infraestructura turística y de segundas residencias tampoco mostraban índices de desarrollo humano acorde con la promesa de derrama económica, tanto de la actividad turística como de la construcción.
El mejor ubicado entre estos cantones es Liberia, que ocupa el puesto 36 entre 84 cantones, seguido por Nicoya, en el puesto 41, Carrillo, en el 48, y Santa Cruz, que, irónicamente, a pesar de concentrar los mayores índices de visitación e infraestructura inmobiliaria dedicada al turismo, se posiciona en el puesto 51.

Todos estos indicadores muestran la prevalencia de un sistema turístico y un modelo de desarrollo con alcances cuestionables cuando se trata de impactar positivamente a las poblaciones locales. Tal cantidad de inversión y visitación traducidas en tales beneficios más bien sugiere la prevalencia de un modelo extractivista en el cual la exclusión de las poblaciones locales de dicha derrama no es un fallo del modelo en sí, sino más bien parece ser una parte de su constitución y funcionamiento.

La paradoja de la cárcel bukeliana

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Otro fallido proyecto chavista es el de, sin considerar las grandes diferencias que caracterizan la delincuencia en suelo salvadoreño, con la que nos agobia en Costa Rica, gastar cerca de ¢25.000 MILLONES en la construcción de otra prisión en Costa Rica.

Recordemos antes, que la construcción de la cárcel bukeliana, no ataca lo más importante, o sea, las causas de la criminalidad que nos arrebató, la paz que merece el pueblo de Costa Rica. En lugar de apuntar las canfineras hacia el escenario en que se mueven los actores, el «gran esfuerzo» se dedica a satisfacer un pingüe capricho presidencial, un poco alejado de hacia dónde orientar, los pasos hacia un buen gobierno.

«¡Hablemos de la cárcel!», se oye decir en Zapote, y no del desastre provocado en la educación estatal, por la exministra Müller, en los tres años como ministra de Educación. Igualmente, «escondamos la inhumana disminución en la inversión social, donde cada colón negado por el frío IMAS, se convierte en el ingrediente de la pócima de la hechicera, conque se nutre la delincuencia practicada, por los miserables que solo encuentran caminos cerrados, en su búsqueda por sobrevivir, en esta selva urbana.

Así, la paradoja se resume en, «_como estamos propiciando mayor delincuencia, necesitamos más prisiones_», cuando la lógica, el sentido común, debería ser, que, ‘gracias a una muchísima mejor educación, y a una atención prioritaria de los programas de atención, hacia, el millón de pobres que apenas tienen una comida diaria, la necesidad de más celdas cada día será menor’. ¡A mayor educación y programas de solidaridad social, menor delincuencia!, es una máxima universal, que Chaves desdeña.

Finalmente, creemos, que los diputados de oposición que, en una pequeña comisión, aprobaron disminuir el presupuesto del Ministerio de Seguridad, muy especialmente, ¡en momentos en que más se necesita trabajar en prevención!, SABEN que, el gobierno chavista jamás tendrá la capacidad necesaria, de presentar, para su valoración formal, un proyecto de construcción, viable, bien estructurado, decente. Por eso, presumimos, los legisladores no pusieron obstáculos al mismo, pues, eventualmente, no pasará de una idea desfinanciada, como lo fue, la también descabellada idea de la llamada «ciudad gobierno», en terrenos que pretendieron arrebatar al Liceo de Costa Rica. «Ciudad» monstruosa, de la que nunca hubo proyecto ni financiamiento.

Similar situación se dio, alrededor de un proyecto urbanístico privado, «soñado» como un enclave de millonarios extranjeros, que contarían con un pequeño atracadero para yates, ¡en terrenos de JAPDEVA!, al que llamaron «la marina de Limón», y que habría generado ¡cien mil empleos!, dijo la exministra de Planificación, y demagoga, Laura Fernández, solo para citar dos ejemplos. Y es que, amigos, en cuanto a la idea de la cárcel, lo cierto es que no se puede esperar mucho, pues se trata de un proyecto diseñado, por funcionarios donde predomina, la incompetencia y la improvisación.

¿Qué tienen los liberales contra la niñez?

Martín Rodríguez Espinoza

Leí con indignación en Semanario Universidad un artículo sobre lo que está ocurriendo con los fondos no ejecutados por el Ministerio de Hacienda, por el ministro de Hacienda Nogui Acosta, para programas esenciales del Ministerio de Educación Pública, MEP, y que es sencillamente, un crimen contra la niñez costarricense.

No se trata de una falla técnica, ni de un simple retraso administrativo, es un acto deliberado de abandono institucional, que golpea directamente a miles de niños y niñas en situación de pobreza y que para muchos el comedor escolar representa, literalmente, su única comida del día.

El hecho de que ₡14.000 millones, aprobados desde el año anterior por la Asamblea Legislativa, sigan sin transferirse, y que más de ₡5.700 millones estén detenidos mientras los comedores escolares enfrentan carencias, es una muestra brutal de la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que vive la mayoría del país. Es aún más indignante cuando se recuerda que, incluso durante la pandemia, el Estado mantuvo la entrega de paquetes alimentarios. ¿Cómo es posible que hoy, en una supuesta “normalidad”, se retroceda de esta forma?

Esto no es solo una negligencia. Es una política de desprecio hacia la infancia pobre costarricense. Mientras el gobierno habla de “eficiencia, contención del gasto y reformas estructurales”, hay niños y niñas que van a la escuela con hambre, que no pueden concentrarse, que abandonan sus estudios, que enferman, que pierden su infancia por culpa de un Estado que les da la espalda. Si a eso le agregamos que vivimos 6 años de congelamiento salarial para la clase trabajadora y que los padres de familia se ven “a palitos” para llegar a fin de mes, la situación de las familias costarricenses es brutal.

El hambre infantil no puede esperar a que el gobierno de Rodrigo Chaves y su títere en Hacienda decidan pagar, como no lo hace con la CCSS. La niñez costarricense no puede ser rehén de cálculos fiscales ni de juegos políticos, esta situación exige respuestas inmediatas, porque cada día que pasa sin esos recursos es un día de injusticia, exclusión y maltrato institucional, que con frialdad castiga a la población más vulnerable. El Estado tiene la obligación constitucional, moral, legal y política de protegerla. Lo demás es complicidad.

19 de junio de 2025

Un presente costarricense que niega y olvida su pasado

Juan Huaylupo Alcázar1

1 Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

En apariencia los ciudadanos costarricenses estamos tranquilos, como siempre respetando el civilismo heredado de otros tiempos, del equilibrio entre la sociedad civil y el Estado, en una época que confiábamos de la estabilidad laboral, seguridad social, vivienda popular, participación ciudadana, con un Código de Trabajo digno y leyes justas. Nunca imaginamos el incremento de la pobreza, inseguridad ciudadana, precariedad en los servicios de salud públicos ni su atención privada solo para pudientes, además de ser una atención mercantilizada y corrupta. También se tenía un sistema judicial oportuno, consistente y pertinente, mientras que en la actualidad existe una negligente práctica administrativa que absurdamente regula el cumplimiento jurídico y como tal, sometida a las jerarquías y procesos inventados para eludir reglamentos, leyes e incluso la propia Constitución de la República. Así, la Sala Constitucional con cientos de resoluciones contradictorias e inapelables y con muchas otras demandas que esperan años sin resolver, a pesar de las evidencias que violentan el espíritu y letra de nuestra Carta Magna. Ello, viola la democracia, los derechos ciudadanos, al orden institucional, al estado social de derecho y de lo mucho que enorgullece moral y socialmente nuestro pasado.

Tampoco conocimos gobernantes que amenazaran a la ciudadanía y la sociedad con la creación de hordas fascistas entre las fuerzas policiales, ni inducir el descontento social contra la institucionalidad pública, que paradójicamente, el propio gobierno estrangula, agudizando su crisis y liquidación. Los fantoches del poder que transgreden permanentemente las históricas conquistas sociales se creen omnipotentes e inmunes por haberse debilitado y liquidado las diversas formas organizativas defensoras de los trabajadores, de la ciudadanía y de la democracia, efectuada por el poder estatal, los partidos políticos y por la traición y corrupción de quienes los representaban.

Los jóvenes de hoy que no conocieron ese Estado ni sociedad sobre nuestro inédito pasado, en parte, por la precariedad de la educación y porque la historia nacional no es la historia del pueblo costarricense que ha sido invisibilizado e ignorado por los individuos que se han impuesto como los hacedores de la historia nacional. La historia es una construcción por el pueblo, no de individuos de rancias familias ni partidos que se han apropiado del pasado costarricense y que aun gozan de privilegios y monopolizan la vida política. Reivindicar la actuación del pueblo es una necesidad en momentos que otros buscan usurpar y privatizar el futuro nacional.

El poder político y económico oculta y desconoce la voluntad capacidad de actuación del pueblo en la historia, para inventar e imponer que el pasado costarricense fue obra de individuos, nunca de pensamientos y actuaciones concientes y consecuentes de la colectividad popular, al que imaginan, aun en nuestros días, ser solo objetos del poder racista y segregacionista.

La relativa inercia y responsabilidad es de los jóvenes, no los culpabiliza, es el sistema, la educación y de los medios, que sistemática e intencionalmente, nos quieren ignorantes e intentan borrar la historia y cultura de los pueblos, para destacar exclusivamente el amarillismo, el fascismo y el poder geopolítico dominante, como expresión de la tiranía política y delincuencial existente.

Un pueblo que ignora su pasado está condenado a perder su identidad, su futuro y humanidad. Conocer nuestra historia trasciende el ámbito cognoscitivo, porque no se trata solo de conocimiento sobre la verdad de los procesos ocurridos, es la impronta que otorga significación, responsabilidad y compromiso al devenir colectivo del pueblo. Es el sello peculiar y característico que va más allá de los acontecimientos sociales que marcaron, no solo su pasado, también contribuyen a conocer el presente y que guían su futuro. Asimismo, analizar el pasado a partir del presente, nos permite interpretar y descubrir muchos de los dilemas y luchas del presente.

Historia y cultura se confunden en una unidad política identitaria, peculiar e inédita, quizás por ello, la dominación política actual aun lucha contra la legitimidad social del pasado, como un fantasma que amenaza su existencia, no solo como parte de la historia, sino porque los intereses, ambiciones, conflictos políticos y de clase, no han desaparecido, por el contrario, se han radicalizado contra los subalternos, la sociedad y la humanidad. La historia oficial ha formalizado, ideologizado y privatizado el poder del presente en un pasado inventado.

Desde luego, esta reflexión no será comprendida por el gobierno actual, por los liberales empiristas ni por los tecnócratas de la economía, que todo lo reducen a magnitudes sobre las finanzas del estado y de la riqueza privada, nunca sobre las repercusiones sociales que causa el mecanicismo economicista promovido y protegido por las tiranías políticas, tampoco han comprendido que la economía como ciencia es una relación social e histórica, que no son cantidades ni representan realidades complejas. Las tragedias sociales y ambientales ocasionadas por esas técnicas solo son vistas como daños colaterales inevitables, como si la sociedad y el mundo estuviera gobernado por una máquina que no puede ser modificada, reprogramada ni destruida. La estupidez de los tecnócratas económicos y de los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, son máquinas robotizadas con algoritmos, pero no son esclavos del poder, son simplemente cosas sin vida ni conciencia, por ello se sustituyen y se olvidan, por inservibles.

Una economía sin sociedad, cultura ni historia, nunca podrá ser ciencia. Las mediciones económicas son vacías y superficiales, como el medir el valor de la producción con el Producto Bruto Interno (PIB), o el pseudo equilibrio fiscal, de ningún modo representan la complejidad de una sociedad, como tampoco la riqueza nacional, el bienestar social ni la suficiencia económica estatal. El enriquecimiento privado a través de los bienes y servicios finales en el mercado nacional, generados en un periodo temporal, de ningún modo es progreso nacional ni da cuenta de la situación económica de un país, como fue reconocido por su propio creador Simon Kuznets (1901-1985), a quien el Congreso de EE.UU le encomendó medir la crisis económica mundial de 1929-1932, «… el bienestar de una nación difícilmente puede inferirse de una medida del ingreso nacional» (Kuznets, 1934).

El repetir incesantemente, como verdades absolutas, la situación cuantitativa y las previsiones económicas nacionales de los organismos internacionales, no solo muestra el mecanicismo tecnocrático de la economía, también son evidencias del absurdo desconocimiento del impacto del dinámico devenir político internacional, que inciden en el ámbito económico nacional, a la vez pone de manifiesto el corrupto e interesado compromiso geopolítico, del gobierno y de los partidos del poder, con el cómplice silencio ante la debacle humana con el genocidio contra el pueblo palestino y la confrontación bélica mundial.

Los propietarios del capital ni la jerarquía burocrática estatal crean riqueza ni son autosuficientes, como expresan algunos candidatos, que se disputarán la Presidencia de la República. De este modo, manifiestan su transparente ignorancia e incapacidad previsible, si obtienen los votos de aparente validez.

Explotar a los trabajadores y apropiarse de los recursos del pueblo y de la nación, son auténticos atentados contra la vida y el futuro nacional. Costa Rica nos pertenece a todos, no es un espacio social con dueño, ni el poder estatal es privado. No somos esclavos, somos ciudadanos creadores de nuestro presente y futuro común.

País retrocede hacia una violencia estructural

La confrontación entre órganos de decisión política y poderes de la República, la violencia que se manifiesta en la calles y el abandono de agendas proclives a la defensa de los derechos humanos representan síntomas de que el Estado costarricense avanza hacia un estado de violencia estructural “que se expande por todo el territorio nacional”, de acuerdo con el más reciente informe del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

Esta situación facilita que exista un vacío en la generación de acuerdos importantes para el país, mientras que la desigualdad económica y social continúa afectando a la población, lo que es perceptible en áreas como la educación, el medio ambiente, los programas sociales y la infraestructura pública.

Carlos Carranza, académico de la UNA y coordinador del programa, fue crítico al señalar que “a través del análisis de diversos temas clave, se expone una coyuntura marcada por tensiones políticas, desafíos estructurales y una sensación general de incertidumbre”.

Lo que en anteriores informes de este programa se advertía, se convirtió en la constante en el primer cuatrimestre de 2025: un estilo discursivo del presidente Rodrigo Chaves marcado por el enfrentamiento con otros sectores políticos y sociales, como ocurre con la Asamblea Legislativa, y particularmente, con el presidente de este poder, Rodrigo Arias.

Utilizar mensajes con tono confrontativo, dirigirlos por medio de canales fuera de la comunicación formal y atizados por la ausencia de una cabeza en el Ministerio de la Presidencia que sirva como puente, son parte de las relaciones que se han establecido en el periodo de análisis. Sin embargo, ese choque ha ido mucho más allá de la relación Zapote-Cuesta de Moras y se vio amplificado en la marcha contra el fiscal general, en la que participó el propio mandatario y su gabinete.

El uso continuo del veto presidencial ante proyectos de ley que no son de interés del Poder Ejecutivo y el incremento en las tensiones con otras instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) complementan el estilo gubernamental. “Esta actitud ha contribuido a una atmósfera de polarización y debilitamiento del diálogo institucional”, agregó Carranza.

La violencia estructural no solo se alimenta con el discurso confrontativo de parte del Gobierno hacia otras entidades. Se ha convertido en un hecho social recurrente que tiene otras manifestaciones, como sucede los femicidios, que alcanzan la cifra de 17 casos en lo que va del 2025.

El informe destaca que la actual Administración no ha logrado revertir “esta tendencia preocupante” de la violencia estructural y que, más bien, ha dado un giro en su política hacia un enfoque neoconservador en temas de derechos humanos, protección de minorías y atención de la población migrante.

El informe recoge varios elementos al respecto: la aceptación por parte de Costa Rica de personas migrantes expulsadas de Estados Unidos, la posición ambigua que el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, mantuvo en una presentación ante el plenario de la Asamblea Legislativa y la emisión de un decreto que restringe el financiamiento y el apoyo político a la Agenda 2030 relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Estas decisiones debilitan la posición de Costa Rica en el contexto global”, indicó Carlos Carranza.

Rezago en sectores

Como en cascada, la incertidumbre generada por la falta de cohesión política afecta a otros sectores. En el plano social, el informe recoge que, si bien se registra una leve reducción en los índices de pobreza, ésta se ve acompañada de un aumento en la desigualdad, producto de la reducción de financiamiento en programas sociales y de una atención insuficiente a instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El rezago en la infraestructura hospitalaria, que se evidencia en mayor medida con la construcción del nuevo hospital en Cartago, la falta de solución a las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y citas, la fuga y renuncia de médicos especialistas y el conflicto generado con la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), por parte de cooperativas, son el reflejo de la decadencia en la sistema de seguridad social.

En materia ambiental, el programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense cuestiona con inquietud si existe una política clara en este ámbito. Más bien, apunta a las dudas y críticas generadas entre el interés público y el privado, en casos como la tala de árboles en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. “Por ello, cuestionamos la existencia de una estrategia coherente y señalamos la pérdida de rumbo en programas tradicionalmente emblemáticos”, agrega el informe.

En el área de la infraestructura, el análisis matiza entre avances y limitaciones. El académico de la UNA indicó que existe un esfuerzo continuo por mejorar la condición de algunas vías, pero en el proceso ocurren tropiezos, como el caso de la construcción de la carretera a Limón y los problemas suscitados por las rotondas que sustituyeron los pasos a desnivel que originalmente se plantearon en el proyecto.

Lo mismo ocurre con la apertura, este año, del paso elevado en La Lima, de Cartago, que no ha estado exenta de críticas, mientras que la propuesta de un tren eléctrico, la planificación vial y la falta de atención de riesgos en carreteras y puentes que representan un riesgo real para los usuarios, según alertó el Lanamme de la UCR, están entre las tareas que registran un avance muy lento.

El panorama vuelve a tornarse crítico en materia de educación. Ante la falta de una ruta, denuncia el informe, se suma una reducción inédita en la inversión educativa, un modelo organizativo a lo interno del Ministerio de Educación Pública (MEP) discordante con las demandas actuales y la necesidad de mejorar los planes de enseñanza, para fortalecer la competitividad y el talento humano que promuevan la movilidad social.

“Luego de tres años sin tener una ruta clara, el sistema educativo se muestra estacando, con una inversión menguante y una organización desfasada, lo que compromete el futuro ciudadano”, describió Carranza.

Finalmente, el informe denota un escenario de conflictividad en el ámbito del comercio exterior tras la imposición de aranceles a las exportaciones costarricenses por parte del gobierno de Estados Unidos y la necesidad de establecer una estrategia a largo plazo.

El análisis concluye con una expectativa poco halagüeña de cara al segundo semestre del año: “A menos que se realicen esfuerzos deliberados por cambiar el rumbo, todo indica que esta será la tónica que prevalecerá durante el resto del año, especialmente si el presidente continúa reforzando este clima mediante un lenguaje simbólico cargado de tensión”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

SURCOS comparte la presentación utilizada en la exposición del análisis: descargar aquí.

Obispos salvadoreños exigen justicia social y unidad

En su nueva Carta Pastoral, la Conferencia Episcopal de El Salvador levanta la voz contra la pobreza, la violencia y el desajuste en políticas públicas. Un llamado urgente a transformar las estructuras sociales en beneficio de las mayorías más vulnerables.

Vatican News*

En un El Salvador marcado por profundas desigualdades sociales y económicas, los obispos han lanzado un “clamor de esperanza” a la nación. Con su nueva Carta Pastoral titulada “Una voz que con esperanza clama en el desierto”, la Conferencia Episcopal no solo exige la atención urgente de las autoridades sobre los temas más críticos, sino que, con un tono profético, plantea una transformación radical con base en la justicia social, la unidad y el respeto a la dignidad humana.

El documento fue presentado el 29 de mayo, durante la fiesta litúrgica de San Pablo VI. En él, los obispos reiteran la necesidad de que los líderes políticos busquen siempre el bien común, priorizando este sobre los intereses particulares. “El Papa León XIV señaló que hoy vivimos en un contexto de discordia, heridos por el odio, la venganza y los prejuicios, alimentados por un modelo económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres”, apuntan, haciendo un llamado a adoptar un “paradigma de unidad, comunión y fraternidad”, con el fin de sanar las divisiones que atraviesan al pueblo salvadoreño.

Escuchar al pueblo: un imperativo ético

Los obispos subrayan que su objetivo no es contradecir a las autoridades, sino dar voz a los “más pobres y vulnerables”. “Lo que nos mueve es el bien del pueblo. Queremos hacer oír el clamor de los que ven vulnerados sus derechos”, afirman. Este mensaje va especialmente dirigido a aquellos que, pese a ser el motor de la economía nacional, han sido despojados de sus medios de vida. “Es urgente ofrecer alternativas viables para que puedan sostener a sus familias”, recalcan, incitando a la acción política para que no se deje de lado a los sectores más desfavorecidos.

Educación y salud: pilares del futuro

En cuanto a la educación, la carta es clara: “Es una de las mejores puertas para alcanzar el desarrollo”. Los obispos alertan sobre el riesgo de que, sin una adecuada inversión en este sector, las nuevas generaciones queden rezagadas en la “cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica”. Por eso, instan a las autoridades a priorizar la educación como un motor clave para el futuro del país.

El tema de la salud también ocupa un lugar destacado. Los obispos destacan la necesidad de invertir en la construcción de más hospitales y clínicas de calidad. Aunque reconocen que esto implica un alto costo, enfatizan que es una medida esencial para garantizar el bienestar físico y emocional de una población “tan abnegada y sufrida”.

La violencia: un desafío sin solución definitiva

En cuanto a la violencia, la Conferencia Episcopal reconoce los avances realizados hasta el momento, pero destaca que la paz no se logra solo con medidas represivas. “Es crucial ampliar los espacios de esparcimiento e invertir recursos en la atención de niños y jóvenes”, especialmente en las zonas históricamente más afectadas por la violencia. “La pobreza y la falta de oportunidades conducen a la ignorancia, la violencia, el odio de clases y, por ende, a la criminalización”, señalan, llamando a un cambio de enfoque en las políticas de seguridad.

Los obispos también abordan el tema de los migrantes, recordando que “no son delincuentes ni criminales, sino personas que buscan una vida mejor”. Por ello, exigen a las autoridades que no promuevan las cárceles de El Salvador para las víctimas de las políticas antiinmigrantes de potencias extranjeras, y reclaman una política migratoria más inclusiva, que favorezca “fronteras abiertas e inserción de los migrantes en la economía como mano de obra”.

El medio ambiente: una llamada urgente a la acción

Otro de los puntos claves de la Carta es la crisis ambiental. Los obispos instan a “apostar por la reforestación, la limpieza y recuperación de los ríos, lagos y ojos de agua”, además de exigir la derogación de la ley de minería aprobada a fines de 2024. “Es imperativo escuchar las voces de los ambientalistas y evitar su persecución”, afirman, advirtiendo sobre el daño irreversible que la explotación irresponsable de los recursos naturales podría causar al país.

SURCOS publica esta nota del boletín Vatican News compartida con nuestro medio por Alberto Rojas.

Puede descargar la Carta Pastoral completa en formato PDF desde este enlace.

Narcotráfico y pobreza

«Mientras haya pobreza en el mundo habrá narcotráfico. Mientras siga siendo ilegal y los Estados abandonen a las clases sociales marginadas, este negocio seguirá existiendo. La única vía para hacerlo desaparecer es mediante la educación”.

Esta frase la pronunció el hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, al presentar el documental: “Los pecados de mi padre” en el Festival de Cine de Guadalajara en México. El hijo de Pablo Escobar lleva consigo vivencias de poder, opulencia y lujo, pero también de persecución, violencia y dolor.

La frase que describe el narcotráfico la podemos resumir en tres palabras, que son tres caminos para combatirla: solidaridad, educación y legalización.

Solidaridad: Afirma que la pobreza es una de las razones por las que se da el narcotráfico, es decir que combatiendo la pobreza se combate el tráfico de drogas y toda la violencia que encierra. Esta conclusión sacude a los políticos, acostumbrados a plantear solo medidas policiacas y represivas para combatir el tráfico de drogas. En la medida que los gobiernos se solidaricen con las clases sociales más pobres, en esa misma medida están combatiendo este flagelo.

Ilegalidad: El tema de legalizar las drogas es polémico, unos están convencidos que es el camino correcto, a otros los asusta el hecho de pensar, que se puedan conseguir drogas en cualquier parte y libremente. Lo que es cierto es, que la prohibición que tienen las drogas eleva el precio muchísimas veces, por las dificultades que tienen los productores de colocarlas en el mercado. Si se prohibiera el alcohol y el tabaco, que son drogas, pero legales, los precios se elevarían muchísimas veces debido a la dificultad de conseguirlas.

Educación: cada vez más personas se convencen que la educación es el otro camino para combatir el narcotráfico. Si los niños, niñas, adolescentes y jóvenes conocen a fondo, los tipos de drogas y los impactos físicos, sicológicos y sociales que causan, estarían menos tentados a probarlas. Es decir, si las nuevas generaciones son educadas en el conocimiento de la drogadicción, habría menos “clientes” o consumidores por lo que vender droga, no sería el negocio brillante que es hoy y que tienta a muchos.

Si pensamos en un país que se preocupa por la gente menos necesitada destinando recursos para ofrecerles más oportunidades y sacarlos de la pobreza; si ese país destina una buena cantidad de recursos a educar a la población en el conocimiento de la drogadicción a tal grado que ni regalada la quieren, podríamos ser que ese país que poco a poco se libere de las adicciones y por tanto del tráfico de drogas.

Los tres caminos, solidaridad, educación y legalización deberían ser estudiados a fondo por los que ostentan el poder, podrían ser las tres llaves para terminar con el narcotráfico y las funestas consecuencias.

UCR: Costa Rica registra mejoras en empleo, pobreza y desigualdad

Paisaje de caserío en Purral.

Análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica – Al IV trimestre 2024   

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE-UCR) presenta el informe trimestral de mercado laboral, pobreza y desigualdad 

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) presenta su último informe sobre mercado laboral, pobreza y desigualdad, el cual realiza el análisis hasta el IV trimestre del 2024.  
 
Los indicadores estudiados demuestran que para el último trimestre del año pasado Costa Rica mostraba mejores indicadores de empleo, respecto al mismo periodo del año 2023. También se reflejan mejoras en el salario, una reducción de la pobreza como de la pobreza extrema y de la desigualdad. 

Los datos señalan que el desempleo bajó, aunque lo hizo levemente, y pasó de una tasa de 7,3 a una de 6,9.  Por su parte, la ocupación creció a un 52,8 %, lo que significa que una mayoría de las personas en edad de trabajar están efectivamente trabajando. 

Más trabajo supuso también mejores ingresos para las personas trabajadoras, para el mismo periodo de análisis mejoró el salario por hora para casi la totalidad de las actividades económicas. La mediana de ingreso real, que ya mostraba una tendencia creciente, aumentó en el último año un 5,8 %, pasando de 1 784,8 a 1 888,6 colones la hora. 

La pobreza y la pobreza extrema, medidas por la metodología de línea de pobreza, disminuyeron considerablemente en diciembre del 2024 respecto a diciembre del 2023, en 3,3 puntos porcentuales y 1,1 p.p. respectivamente. En la baja destaca la caída de la pobreza en zonas rurales donde este flagelo pasó de 27,1% a 22,1%.  

Señala el informe que la reducción reciente en pobreza extrema ha sido generalizada, posiblemente como resultado de mejoras en ingresos, transferencias sociales más efectivas o una combinación de factores económicos y de política pública. 

La pobreza y la desigualdad tuvieron mejoras en Costa Rica entre el 2023 y el 2024. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR

La desigualdad se reduce. Entre junio de 2023 y junio de 2024 hubo una reducción del índice de Gini, pasando de 0,505 a 0,492. La reducción implica una mejoría en la desigualdad. Se trata según la lectura del estudio de una de las reducciones más grandes de los últimos años. Sin embargo, el estudio del IICE advierte que ese buen comportamiento de la desigualdad tuvo un freno pues en los últimos 6 meses del año pasado se mantuvo alrededor de 0,493. 

Al respecto, la investigadora del IICE Daniela Córdoba Solano explica que la mejoría en los indicadores responde a diversos factores generales como “la baja inflación que tuvo el país durante el 2024 y el crecimiento económico mayor al esperado, que terminaron afectando positivamente al mercado laboral, los ingresos y la pobreza”. 

Por ejemplo, el estudio evidencia que las transferencias sociales del sector público continúan impactando en la reducción de la pobreza total en 2024, aunque su impacto absoluto en la pobreza extrema fue menor que en años anteriores.  

Desafíos 

Pese a lo anterior, la realidad económica nacional sigue mostrando desafíos. Sin embargo, el mismo informe advierte que la reducción del desempleo fue pequeña y advierte que el aumento en los ingresos refleja disparidades importantes en el comportamiento del mercado laboral por rama de actividad económica.  

En términos generales el estudio evidencia retos en la reducción de brechas de género. En los últimos cinco años, la brecha promedio en la tasa de inactividad rondó los 24 puntos porcentuales y esa cifra se explica mayoritamente por las diferencias, entre hombres y mujeres, asociadas a factores inexplicables por los datos observados a través de encuestas.  Destaca sí que las mujeres con pareja tienen una mayor probabilidad de no participar en el mercado laboral en comparación con los hombres en la misma condición. En contraste, niveles educativos más altos, como tener estudios universitarios o haber finalizado la universidad, así como contar con secundaria completa, han contribuido a reducir la brecha en la tasa de inactividad.  

DESCARGUE EL INFORME AQUÍ 

Informe: Análisis del Mercado Laboral, pobreza y desigualdad I Trimestre 2025

Presenta la investigadora Daniela Córdoba Solano, IICE-UCR. En el informe muestra que, durante el último año, el mercado laboral costarricense obtuvo resultados positivos. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2024, aumentó la ocupación y se redujeron tanto la inactividad como el desempleo. Informe disponible en: https://iice.ucr.ac.cr/

Gabriela Mayorga López
Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR