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Etiqueta: pobreza

MÁS ESTADO SOCIAL, NUNCA MENOS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los logros y avances de la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX, que la llegaron a colocar entre los punteros en desarrollo humano, social y sostenible en América Latina, fueron el resultado de apostar siempre por más Estado Social y nunca por menos.

Cuatro iniciativas fueron claves y determinantes para que el país se catapultara como uno de los más avanzados del continente: la apuesta por las garantías sociales de los años 1940; por la educación, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y los acueductos de los años 1950; y por la conservación y la sostenibilidad de los años 1960. De ahí, nuestras grandes fortalezas: salud, educación, seguridad socio-laboral, electricidad, agua potable y sostenibilidad eco-ambiental. Todo ello, como resultado de un Estado Social innovador, regulador y solidario.

Inducidos por la crisis energética de los países del mundo rico, que se trasladó como crisis de la deuda a los países pobres y de ingreso medio, se asumió a partir de los años 1980, por mandato de los organismos financieros internacionales, la consigna neoliberal de menos Estado social y más mercado. Perdimos el rumbo y caímos en picada en el abismo de la desigualdad y la pobreza, en buena medida, hoy convertida en miseria. Involucionamos, así, de la sociedad de perfil de clase media hacia la de perfil medieval de ricos y pordioseros.

En la actualidad, además de ser azotados por la Pandemia del Covid 19, estamos siendo azotados por las propuestas y acciones contra el Estado Social. Se pretende solucionar los graves problemas de la crisis fiscal y la deuda pública con medidas simplistas y sesgadas, como la regla fiscal indiscriminada, la política de salarios decrecientes en el sector público, la reducción y fusión de la institucionalidad social, entre otras. Todo ello, para no tener que volver sobre la impostergable tarea de propiciar acciones y medidas para contener la evasión fiscal e impulsar un adecuado sistema de recaudación y una mayor justicia tributaria.

Quienes hoy plantean la necesidad de un modelo de Estado eficiente y moderno, solo piensan en menos Estado Social. No en cómo construir un país con una economía social y solidaria robusta, y que contribuya a un uso equilibrado y sostenible de los recursos naturales y ambientales del país, es decir, donde su norte no sea el simple crecimiento económico al servicio de los grandes negocios nacionales y extranjeros.

El país tiene el gran desafío de retomar el rumbo por la “vía costarricense”, que siempre ha implicado más Estado Social y nunca menos. Lamentablemente, éste es cada vez más socialmente anémico y con una tendencia que favorece la oligarquización de la sociedad. Es decir, un Estado al servicio de grupos de gran poder económico y político. Transitamos, así, del Estado Social al Estado Oligárquico.

La actual Asamblea Legislativa apresura su agenda, pretendiendo dejar un legado en materia de “reactivación económica”, con una fórmula que se plantea como casi milagrosa: la descentralización de las zonas francas, para llevarlas a las regiones periféricas, económica y socialmente más deprimidas del país. Se sigue apostando al modelo de “zonas de enclave” de limitados impactos sociolaborales, como se ha mostrado también en el caso de la Gran Área Metropolitana. No se vislumbran esfuerzos significativos que potencien las condiciones y capacidades locales y regionales para impulsar y fortalecer iniciativas de pequeños y medianos emprendimientos con impactos sociolaborales sustantivos.

Para heredar a las nuevas generaciones, una Costa Rica donde la salud, la educación, el trabajo “decente” y la vivienda digna, entre otros, sean derechos garantizados para todos sus habitantes, necesitamos apostar por más Estado Social, nunca por menos.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Más sombras que luces para nuestro Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando todavía el presidente electo, Rodrigo Chaves Robles no ha revelado los nombres de todas las personas integrantes de su gabinete, queda claro con las ya anunciadas que la orientación neoliberal, es la que marcará el norte del nuevo gobierno.

Los antecedentes de Chaves Robles en el Banco Mundial y, particularmente, por las políticas fijadas a Indonesia desde la oficina que él dirigía, no dejan mucho margen como para pensar que las políticas que impulsará él y su equipo de gobierno, no se saldrán mucho de ese guión. Asimismo su fugaz paso como ministro de Hacienda de la administración saliente también permite pensar que las políticas neoliberales que han erosionado nuestro Estado de Bienestar, seguirán presentes y activas en los próximos cuatro años.

Es como la crónica de una situación tan predecible como anunciada. La deriva neoliberal del gobierno de Carlos Alvarado es fruto del contubernio entre un gobierno que nunca cumplió con lo prometido en la campaña electoral de 2018 y unas fracciones como las del PLN, PUSC y los evangélicos (de Restauración y Nueva República) que le aseguraron una mayoría calificada al saliente gobierno del PAC. Las leyes aprobadas en este cuatrienio han sido como cuchillos afilados que han sido clavados en nuestro Estado Social de Derecho (ESD). Le han provocado múltiples hemorragias y la sangre sigue fluyendo.

Lo que le costó a la sociedad costarricense y al país construir en varios decenios del siglo anterior, inició su declive –con zigzagueos– a partir de la década de los años ochenta, con dos administraciones liberacionistas: La de Luis Alberto Monge y, especialmente, la de Oscar Arias. El neoliberalismo que campeaba por sus respetos en Estados Unidos (Ronald Reagan) e Inglaterra (Margaret Tatcher) en esa época, influyó de manera, cada vez más corrosiva, en las políticas del país desde entonces.

El llamado “Consenso de Washington”, que impuso fórmulas económicas neoliberales que impulsaron varios organismos financieros internacionales en los años ochenta y noventa de la centuria anterior, se convirtió en el catecismo orientador bajo la consigna: ¡Más mercado, menos Estado! De esta manera, empezó una cuenta regresiva para el genuino ESD de Costa Rica, que singularizó nuestro desarrollo relativo y proyectó avances sociales significativos del país, en el contexto latinoamericano e internacional.

La administración que termina el próximo 8 de mayo y «su» fracción ampliamente mayoritaria en el Congreso, aceleraron y profundizaron el daño de nuestro ESD; tal y como lo expresan el incremento de la pobreza, la desigualdad social y la ominosa concentración de la riqueza en cada vez menos manos. La pandemia, que provocó que algunos fenómenos se profundizaron, no es la causa de este significativo deterioro del ESD. Es una situación que, desafortunadamente, nos viene de lejos.

Teníamos la leve esperanza de que el presidente electo, a partir de los aprendizajes del mismo Banco Mundial y el FMI sobre los desastres sociales y económicos generados por las políticas neoliberales que han impulsado en diversos países en las últimas décadas, en un afán rectificador, fijara un rumbo distinto a sus políticas acorde a la grave situación social que enfrentan las mayorías del país. Pero no. Todo hace prever que mantendrá el rumbo trazado por el gobierno anterior.

Los nombres ya adelantados del nuevo gabinete tienen una marca política e ideológica que no vaticina un cambio de rumbo nacional. Quien ha sido anunciada como Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, libertaria de origen y tránsfuga de varios partidos, en la campaña anterior hizo todo lo posible por mostrar su credo neoliberal. Ella será el enlace con una Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por fracciones y diputados sin vocación progresista. Es muy posible que ella se entienda muy bien con muchas y muchos de los diputados; incluyendo –desde luego– al que podría convertirse en el presidente del Parlamento este 1º de mayo, Rodrigo Arias Sánchez.

Es predecible que el arismo tendrá un peso muy significativo en la Asamblea Legislativa, tanto por el carácter mayoritario que tiene la fracción del PLN como por el liderazgo que podría protagonizar Arias Sánchez. Esta no es una buena noticia para los sectores populares y mayoritarios del país que aspiran y esperan políticas realmente inclusivas, que empiecen a revitalizar el Estado de Bienestar. Ya son muchos años llevando palo como para seguir recibiendo golpes desesperanzadores.

Aún queda un breve espacio para la esperanza, sea que venga con los nombramientos pendientes en ministerios y otras instituciones como por las políticas que habrá de anunciar Chaves Robles y, algo más importante aún, por las que empezará a aplicar a partir del 8 de mayo próximo. Empero –en mi caso—no me hago muchas ilusiones.

Mi esperanza cierta ha estado y estará siempre centrada, en el espíritu de lucha de nuestro pueblo, en su vocación progresista y democrática. Vaticino –sin ser necesariamente pitoniso– que la lucha social, en las calles y otros escenarios, estará muy presente en los próximos meses y años, en caso que este nuevo gobierno persista en destruir lo que queda del ESD y no se enrumbe a mejorar las esperanzas y las condiciones de vida de las mayorías excluidas y cada vez más empobrecidas. Porque, al fin y al cabo: No hay mal que dure tantos años, ni cuerpo social que lo resista.

(24 de abril, 2022)

Un país de proletarios

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Oscar Madrigal

“Vamos a hacer un país de propietarios y no de proletarios”, repetía una y otra vez Luis Alberto Monge en las décadas del 70 y 80. Era el mensaje de la socialdemocracia frente a los marxistas y comunistas; era también el auge del cooperativismo y la distribución de la tierra, de las “jugosas” convenciones colectivas del sindicalismo liberacionista, del poderoso movimiento comunal. De ese mensaje ya no queda nada.

Liberación Nacional apuesta ahora por la proletarización de los costarricenses mediante los proyectos de zonas francas que extenderán a las zonas rurales, fronterizas y costeras. El PLN hace ahora un país de proletarios y no de propietarios, invirtiendo su lógica social, con la consiguiente pauperización de las condiciones sociales.

El proyecto de ley para extender las zonas francas fuera del GAM se propone, según él, llevar trabajo y progreso a las regiones más pobres del país. Después de lo que escribí ayer sobre este tema, me quedó una duda: ¿por qué esas zonas son tan pobres? ¿Qué las hace ocupar los últimos lugares del índice de desarrollo humano? ¿Es que en ellas no se produce nada, no hay empresas o inversión?

Integrando los tres indicadores de IDH, IDH-D e IDH-G, es posible establecer la profundización de una brecha territorial que ubica a los cantones del Caribe (Matina, Talamanca), del Norte (Los Chiles, Upala, Guatuso) y de la Zona Sur (Buenos Aires, Osa, Coto Brus) en los últimos lugares de la última década, se dice en los informes del Atlas de Desarrollo Humano.

Los cantones más pobres del país son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí, Osa y Matina, según el Atlas de Desarrollo Humano de 2021.

Si el análisis se hace por provincias, se observa que Limón presenta una condición particular al ubicar la mayoría de sus cantones por encima del promedio nacional de pobreza. En otras palabras, Limón es la provincia más pobre de Costa Rica.

¿Hay producción y empleo en esos cantones? Llama la atención que las grandes producciones de piña y banano se encuentran en esas regiones, las más pobres del país. La principal zona productora de piña es la Región Huetar Norte, donde están los cantones de Los Chiles, Guatuso, Upala y Sarapiquí y Buenos Aires de la Región Brunca, entre los 15 más pobres.

Los principales cantones que actualmente producen banano son Sarapiquí, Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina, Limón, Talamanca, siendo que la mayor concentración de producción del Banano se ubicada en la zona del Caribe, generando con esto alrededor de un 76% de la mano de obra local. Estos también están entre los cantones más pobres del país.

La producción de banano, según Corbana, genera el 76% de la mano de obra de Limón, lo cual significa que tres cuartas partes de los trabajadores limonenses trabajan en las plantaciones bananeras. Sin embargo, Limón es la provincia más pobre del país.

¿Por qué las producciones de banano y piña no producen desarrollo humano, sino más bien pobreza? Esa es la cuestión a plantearse y no la de llevar más salarios de hambre con zonas francas. No hay ningún indicio y estudio de que nuevas zonas francas en zonas rurales puedan cambiar esa realidad de pobreza en esas regiones, a menos que el Estado y su Gobierno se involucren en políticas de apoyo a los sectores poblacionales más empobrecidos.

Como ha escrito German Masís en SURCOS Digital (https://wp.me/p6rfbZ-dgc): “En este sentido, el Atlas muestra la necesidad de orientar acciones de política pública que mejoren el desempeño de las instituciones del Estado costarricense, entre ellas resalta el fortalecimiento del sistema educativo, la atención de las realidades cantonales de manera diferenciada y la integración de poblaciones tradicionalmente excluidas, como las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios, la población afrodescendiente y las personas con discapacidad (ElPaís.cr,5-11-2020)”. Agregaría que es impostergable la revisión por parte del Gobierno de las políticas salariales en ese sector productivo y los derechos laborales.

Las zonas francas no son la solución, son parte del problema. La OCDE y el presidente Biden (que aclaro que NO son comunistas para orientación de algunos despistados) han recomendado la eliminación de las exoneraciones fiscales como método de atracción de inversiones. El camino, han dicho, es que esas empresas tributen. Pero aquí andamos por el camino inverso. Mientras el mundo viene, nosotros vamos.

LOS MODERNOS CONTRATOS BANANEROS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Oscar Madrigal

La United Fruit Company firmó contratos con el Estado que luego de ser aprobados por el Congreso o la Asamblea Legislativa se convertían en ley. Fueron los llamados contrato-ley. Evidentemente esos contratos daban privilegios más allá de lo establecido en el ordenamiento jurídico y sobre todo no podían ser revisados o corregidos si no era por una nueva ley, un nuevo acuerdo legislativo.

En ese mimo sentido se firmó el contrato con ALCOA en 1970 que al aprobarse el 24 de diciembre se convirtió el contrato en ley de la República.

Esos convenios y otros se forjaron con el objetivo de desarrollar zonas alejadas del Centro, abandonadas por los gobiernos, pobres y sin esperanza. Para el desarrollo de esos lugares se crearon las zonas bananeras en la década del 30 en el Atlántico y luego en el Sur del país. La misma justificación se utilizó para “llevar progreso” al Valle de El General con ALCOA.

Casi un siglo después y luego de llenar de privilegios a esas compañías que llevarían el progreso y la bonanza a esos lugares, los cantones y distritos más pobres de CR se ubican en las zonas costeras y las fronterizas.

Después de ALCOA se prohibieron los contratos-ley por considerarlos demasiado onerosos, que antentaban incluso contra la soberanía nacional. Su prohibición, para mayor fortaleza, se asentó en la Constitución Política.

Costa Rica ya no puede tener contratos-ley.

Sin embargo, ahora han ideado un nuevo mecanismo que se asemeja mucho ya que por el contenido se asemejan a los contratos ley.

La Asamblea Legislativa se dispone a aprobar una ley donde se encuentren todos los privilegios posibles para otorgar a las empresas sin que se mencionen o concreten los nombres del contratante. Es más sencillo, pero el propósito es el mismo, ya que no se podrán corregir o cambiar los términos de fondo del contrato con una determinada empresa a menos que se reforme la ley.

Está por aprobarse hoy un proyecto de ley cuyo fin es “llevar el Progreso” a las zonas de los litorales, rurales y fronterizas más pobres y atrasadas. La forma o mecanismo es la creación de más zonas francas pero no solo con los mismos privilegios de las actuales, sino aumentándolas considerablemente.

Según ha informado la prensa, básicamente CRHoy, el proyecto de ley persigue ampliar los beneficios del régimen de zonas francas mediante la creación de tres nuevas categorías: sector de servicios de salud humana, insumos (incluidos agrícolas, pecuarios y pesqueros), y parques sostenibles de aventura. Se les dan beneficios tales no pagar totalmente algunas cargas sociales como las de FODESAF, INA y otras, así como las acostumbradas exenciones fiscales (no pagar impuestos de renta, municipales y otros). Además, la Aresep deberá dar tarifas preferenciales en electricidad y agua.

A las empresas interesadas en instalarse fuera de la GAM se les otorgaría facilidad de trámites y exenciones fiscales, con el propósito de estimular el desarrollo de sectores productivos como la agroindustria, industria alimentaria, manufactura liviana, infraestructura turística y servicios.

Por propuesta de los diputados Villalta, Carranza y Paola Vega, se logró aminorar algunos de estos privilegios como reducir la exención del pago a Fodesaf o que las que se acojan al régimen, sean solo empresas nuevas para impedir una romería empresarial hacia las zonas francas.

Debe quedar claro que lo que aprobarán los diputados es un régimen de privilegio con el fin, supuestamente, de mitigar la pobreza en zonas rurales y costeras. Es un privilegio que todos los costarricenses damos a las empresas a cambio, también supuestamente, de más empleo y reducción de la pobreza. Pero privilegios al fin y al cabo que todos pagaremos.

Lo único que esperamos es que no nos pase lo mismo que con las zonas bananeras, con estos nuevos y modernos contratos-ley: que al cabo de varias décadas solo tengamos más desamparo y abandono.

Segunda ronda: Triunfo del voto “Qué me da” sobre el voto “Caperucita Roja”

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Edgar Chacón Morales

Segunda ronda: Triunfo del voto “Qué me da” sobre el voto “Caperucita Roja”. Conclusiones y … realidades que hablan en las urnas

                El sábado 2 de abril hice públicas algunas reflexiones bajo el título: El voto “Qué me da” y el voto “Caperucita Roja”.

Hago esta mención, porque las reflexiones que siguen, están en relación directa con esas otras (https://wp.me/p6rfbZ-hC4).

                Según los resultados de las votaciones del 3 de abril y contadas las papeletas depositadas en más del 90 por ciento de las mesas electorales, estos escrutinios daban a Rodrigo Chaves por ganador. Chaves 972.397 votos, el 52.89% y a José María Figueres Olsen 865.227 votos, el 47.11%.

                Las tres provincias costeras: Guanacaste 53.443 votos a Figueres y 66.747 a Chaves; Puntarenas 57.920 votos a Figueres y 89.256 a Chaves y Limón 47.381 votos a Figueres y 80.665 a Chaves.

                Las provincias de la Gran Área Metropolitana: San José 330.583 votos a Figueres y 315.359 a Chaves; Alajuela 157.321 a Figueres y 204.796 a Chaves; Cartago 120.991 a Figueres y 112.067 a Chaves; Heredia 97.588 a Figueres y 103.507 a Chaves.

                Con estos conteos ya se daba por ganador a Chaves: En Alajuela y Heredia y a Figueres en San José y Cartago. Este último, sólo ganó en dos de las siete provincias del país y Chaves en cinco.

                Siguiendo con las estadísticas, con muy poca diferencia Figueres ganó en San José y Cartago. Con alrededor de quince mil votos en San José y con alrededor de ocho mil votos en Cartago. Mientras que Chaves ganó en Alajuela con una diferencia de alrededor de cincuenta mil votos y en Heredia con una diferencia de alrededor de seis mil votos.

                En las provincias costeras, Chaves ganó en Guanacaste con una diferencia de alrededor de trece mil votos; en Puntarenas con una diferencia de alrededor de treinta mil votos y en Limón con una diferencia de alrededor de treinta y tres mil votos.

                Entonces Chaves ganó en las tres provincias más empobrecidas, olvidadas y abandonadas, con más votos “Qué me da”, que con votos “Caperucita Roja”.

                Por otro lado, en las dos provincias de la GAM que ganó Chaves, sumadas las diferencias, son mayores que en las dos que ganó Figueres.

                El dato relevante acá, es que en las cuatro provincias es notorio el aumento de los signos de pobreza, los datos sobre falta de oportunidades, entre otras evidencias de deterioro social, por lo que tiene elementos de acierto decir que aquí, también el voto “Qué me da” le ganó al voto “Caperucita Roja”.

                Esto es la realidad objetiva. En cuanto a los factores subjetivos, los mensajes de Figueres al voto “Qué me da”, fueron más demagógicos y sin asidero. Mientras que los mensajes de Chaves hacían alusión a tomar medidas dirigidas a bajar los fondos del Estado que “se van” en la corrupción, para crear oportunidades a los sectores marginados, para dar opciones a acceder a algo más que sus tres necesidades básicas: comida, vestido y habitáculo. Y agregar acá, tal vez para algunos, celular y signos externos de marca.

                Según un servidor de transporte público de taxi: “Sí, es que la gente piensa, y se lo digo porque aquí se sube toda clase de gente: Si el dinero de la corrupción sólo va a dar al bolsillo de los ricos, mejor que roben pero que venga a dar algo a nosotros. Porque Chaves no es ninguna “santa paloma”, también va a robar”.

                El voto “Caperucita Roja”, con sus miedos, con el susto sobre que Chaves va a terminar siendo un dictador de bigotito corto y pelo alborotado, no aportó lo suficiente para un gane.

                Tampoco alcanzó el juego de algunos personajes de entrevista, de “medios de comunicación” (que no son medios porque no median) de aquellos canales unidireccionales o correas de transmisión que sólo llevan des información en un sentido; esos a los que con desatino les dicen “prensa vendida”, sin saber que no es vendida sino parte del festín.

                El voto tradicional de saga, con actitudes irreflexivas y desinformadas, se apresuró a degenerar refranes y dichos. Esta población, fue capaz de transformar el refrán “Mas vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer”, primero en “más vale lo malo conocido…” y luego en “más vale ladrón conocido…”, esto desde la primera vuelta del 6 de febrero, no sólo ante la disyuntiva Chaves-Figueres. La dignidad ciudadana parece que fue escondida por un miedo irracional, el conformismo, o el desinterés por informarse.

                Aquí llegan al recuerdo cosas como: “Es que mi abuelita me hizo jurar que no iba a botar por otro partido”, sin reflexionar que esos eran los tiempos de Don Pepe y del Calderón Guardismo y no los tiempos de los que, con sus actos, han permitido que les llamen “Pinocho”, “Chemisillo”, o hasta “el hijueputa”, como uno de ellos lo admite y de otros que ellos mismos han patrocinado para convertirlos en azotes, para toda la población, que no es parte de sus grupos.

                Recuérdese que cuando Figueres quiso evidenciar a Chaves como acosador, éste lo desnudó como agresor y abandónico.

                Veremos si Chaves le sigue la pista al negocio de la energía privada, negocio de Figueres y otros. Tal parece que no.

                Por otro lado, lo que para unos y para Chaves mismo parece “trapito de dominguear”, para otros es una vergüenza: funcionario del Banco Mundial, una organización nefasta para pueblos y países empobrecidos, en lo que, entre otros, este organismo tiene responsabilidad.

                Algo o mucho, parece decir que el tiempo del PLUSC, cuando familias tenían un miembro en cada partido, sin importar cuál gana, está terminando, ufff.

                Así también, el voto que le dio la pérdida a Figueres, es aquel voto de quienes ya están hartos de tanta corrupción y descaro y de otros que, con pragmatismo dicen: “Y para mí cuando”.

                Ahora bien: Tanto Figueres como Chaves, los dos fueron a ofrecerse y pedir votos, a los “demonios de la Ideología de género”, los dos parecen congeniar los mismos intereses de servidumbre y propia servidumbre, ya se fueron a buscar entre ellos y se hicieron ofrecimientos mutuos y ya parecen delinear el camino: ellos ganan y los demás perdemos.

                Tiempo para reflexionar: con la mayoría del voto “qué me da”, podría pensarse en un trabajo, para que sea protagonista y no sólo la mayoría manipulada que pone la mano en los procesos de votación.

                Al voto “Caperucita Roja”, le queda entender que el miedo no es el mejor motor.

                Al voto tradicional de zaga, le queda preguntarse y responderse: ¿va a la zaga de qué o de quiénes?

                En fin, según aquellas palabras de Joseph de Maistre: “Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.

Abril de 2022.

Viejos somos, sabios no

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León.

Por Freddy Pacheco León

Viejos somos, sabios no, pero al menos nosotros cumplimos ese requisito que dan los años. En campaña política se dicen muchas cosas efectistas, pues en eso consisten. Ahora el tono de los dos contendientes ha sido muy conciliador, y ese mensaje también ha de ser el nuestro. El alto abstencionismo en las provincias de mayor pobreza, y el voto en contra de los que sí votaron, sin fijarse mucho en los detalles, se suma a los miserables de todo el país que viven desesperanzados.

Esperamos que el mensaje de Chaves a favor de los más humildes, resaltado ayer, sea una guía en las acciones de los próximos años. La desigualdad en Costa Rica sigue creciendo, al punto que, sin calificarlos, hay 85 multimillonarios que acumulan una fortuna de US $12 BILLONES que convierte al país en el segundo de Latinoamérica con menos personas con billeteras abultadas, donde la ostentación es vecina de los tugurios. Si los gobernantes tuvieran presente esa situación en sus decisiones cotidianas, ya sería un gran paso en el sentido correcto. Sería un alivio para los miles y miles de niños que en los tugurios sufren por el sistema que oprime a sus familias. 

 

Fuente imagen: Óleo de Constanza Meza.

CONSUMIDORES, MAS NO CIUDADANOS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Durante la primera ronda electoral desarrollada en Costa Rica, se convocó a las personas candidatas a una actividad de divulgación preparada por una cadena de restaurantes de comida rápida. Se trataba de una acción comunicativa, una performance en las que se buscaba la interacción con sus partidarios, generar contenidos, imagen.

De alguna forma, esta actividad es expresiva de un listón demasiado bajo que se desarrolló durante esa contienda electoral y que continuó sin disimulo durante la segunda ronda, en la que los temas de fondo han sido tamizados, casi desdibujados por una seguidilla incontestable de discursos y contradiscursos que no contribuyen a fortalecer el diálogo democrático en una sociedad profundamente atomizada, polarizada, socavada en sus cimientos de convivencia y disminuida en sus horizontes de futuro, en particular para las personas jóvenes y las poblaciones vulnerables.

Lejos de acrecentar la búsqueda de calidad en el debate, lo que hemos observado con preocupación es la crispación de los contenidos, la trivialización de temáticas que son centrales para las subjetividades, como la violencia de género o el suicidio en personas jóvenes. La comunicación, si es que existe tal cosa, se ha ocupado de enmendar la plana y vaciar de contenido el lugar que otrora ocupaban las propuestas, el intercambio de ideas, el diálogo democrático.

Con la «redsocialización» del juego electoral en Costa Rica, se ha terminado por magnificar la forma por el fondo, ese donde yace en lo profundo un modelo por armar de una sociedad desarmada. A la espera por una reconstitución, una refundación necesaria y urgente, las ideas han sido sustituidas por una concatenación de palabras sin mucha argumentación, los personajes en contienda terminan siendo eso: personajes construidos por casas publicitarias cuyas matrices están bastante lejos de la geografía y la configuración costarricense.

Al calor de las hamburguesas y las papas trans, podríamos haber advertido una especie de premonición de un proceso electoral obeso, casi mórbido y sin una sola gota de sudor en su esfuerzo físico, que poco se ha preocupado por ir en busca del reencantamiento de ese electorado una y otra vez perfilado en estudios rigurosos y serios sobre sus principales características.

En su trabajo sobre Cultura Política e intención de voto en la segunda ronda electoral 2022 desarrollado por el Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, en Costa Rica, se aborda una tipología que incluye votantes tradicionales (aquellos con costumbre arraigada e interesada en la política y que se presentaron a votar durante la primera ronda), votantes flotantes (tienen un menor interés en la política, fue a votar en la primera ronda y tomó su decisión con pocos días de anticipación) y los votantes apáticos (que nunca o casi nunca conversan de política con nadie y no asistió a ejercer su voto durante los comicios de febrero). Son estos, los rasgos subjetivos que las propuestas en contienda deben ir a buscar, refrendar aquellos que si están claros en la cuestión política y tratar de convencer a estos apáticos o flotantes.

Sin embargo, la escasa propuesta comunicativa se ha centrado en otros discursos y lenguajes, más acordes con la cercanía de ese elector al mercado que lo construye y menos a su consideración como ciudadano.

Una sociedad que apuesta más por la igualdad en el mercado, produce propuestas y respuestas abigarradas en las que sentidos de pertenencia, identificaciones y lealtades son mediadas por las capacidades de consumo, inclusive aquellas vinculadas con el consumo de las propuestas electorales. Por esas razones, pareciera entonces que al electorado le da lo mismo adquirir un combo agrandado y con muchas salsas o escoger entre propuestas que lo han tratado como eso, un consumidor más que un ciudadano.

Es esta una hora crítica para Costa Rica. Venimos sorteando las olas pandémicas sobre un sistema de salud que ha resistido dada su consideración como prioridad por el modelo instalado en Costa Rica entre los años cincuenta y los años ochenta del siglo pasado. Sobre ese sistema de salud, ahora sobrepasado y fatigado, nos preparamos para dar el salto hacia otro estadio de convivencia con nuevas variantes y mutaciones que vendrán seguramente en los próximos años.

Pero la desigualdad, pero la desconfianza, pero la pobreza, pero la desintegración, pero la discriminación, pero la violencia, pero la acumulación por despojo… todo esto bien vale un replanteamiento serio. Quitar las papas trans de la mesa y sentarse a conversar, a repensar, redefinirnos. Colectivamente.

Impulsar el desarrollo de las regiones periféricas o continuar con el “GAMcentrismo”, el reto impostergable del nuevo gobierno

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

En Costa Rica, se ha configurado un desarrollo regional desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones, pero está situación no puede postergarse por más tiempo, por lo que el próximo Gobierno tendrá que asumirlo como uno de los retos prioritarios de su gestión.

Varios análisis del desarrollo nacional han expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es insostenible, así el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos. (PEN 2020, p.29).

Igualmente, algunos intelectuales han reafirmado la existencia de dos Costa Ricas ya que sigue vigente, “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F., 2021, p.222).

Así mismo en este medio, se ha insistido en que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se reproducido por más de 5 décadas en las 4 provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional. (Alterdes.cr, febrero,2021).

Diversos índices de desarrollo regional y cantonal, han permitido constatar las desigualdades y desequilibrios socioeconómicos existentes, así recientemente el Índice de Desarrollo Humano Cantonal 2021 reveló como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano.

Previamente el Índice de Competitividad Nacional (ICN), mostró que un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021).

Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notables.

La región Brunca presenta un comportamiento muy preocupante, porque es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como de la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, mientras el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte no es menos preocupante ya que es el nivel de pobreza más alto desde el 2010.

Por su parte, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2021, había señalado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo con ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

Frente a las desigualdades regionales y sus manifestaciones en los índices mencionados, el Gobierno actual ha formulado una serie de propuestas que un nuevo Gobierno tendría que tener necesariamente en consideración, análisis y discusión.

Entre ellas se encuentra la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada por MIDEPLAN, la cual parte de un cuestionamiento a la hiper concentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), y plantea soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y de desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.

Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política para retomarla e implementarla en los próximos años. (Alterdes.cr ,julio, 2021).

Una segunda propuesta es la Ley de Desarrollo Regional, firmada en noviembre anterior por el Presidente en ejercicio Marvin Rodríguez, emitida con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y reducir progresivamente las desigualdades que se manifiestan en el territorio nacional.

“Tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño e implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes”, según el artículo 1 del texto de la Ley.

La Ley de Desarrollo Regional crea el Subsistema de Planificación para el desarrollo en cada región, cuyo fin es la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones intersectoriales e interinstitucionales para garantizar el desarrollo del país; además, transforma los actuales Consejos Regionales de Desarrollo en las Agencias Regionales de Desarrollo (Aredes). También, crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (Fonader), que tendrá a su cargo la asignación de recursos para favorecer el desarrollo regional y la reducción de las asimetrías socioeconómicas interregionales e intrarregionales.

La nueva ley establece la Política Nacional de Desarrollo Regional, los planes regionales de desarrollo y el Observatorio de Desarrollo Regional, como instrumentos para la gobernanza y el desarrollo. Otra de las novedades que incorpora es la obligatoriedad del Banco Central de Costa Rica de calcular un Producto Interno Bruto (PIB) regional, que permita analizar el comportamiento económico en cada una de las regiones.

Esta normativa institucional formulada, puede ser un insumo importante para que el nuevo Gobierno definida una estrategia de desarrollo centrada en los recursos y potenciales de los territorios y regiones periféricas.

Dicha estrategia supone una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

Demanda una perspectiva del desarrollo centrado en las características territoriales y en el carácter endógeno y participativo que permita que los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados definan las acciones necesarias para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto.

Se requiere un enfoque de desarrollo territorial que defina las dinámicas territoriales que pretende generar en cada región y que éstas se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015),

hacia un desarrollo territorial más inclusivo y sustentable, que revierta las desigualdades regionales e impacte en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.

Es imperativo la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios periféricos, los cuales han estado concentrados en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

Se trata de “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación, acceso a la tecnología y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial, que, por tratarse de cuestiones estructurales, no se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

De ahí que el tema de las desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas y alcanzar un desarrollo territorial más equitativo e incluyente, debe constituirse en una prioridad del nuevo Gobierno 2022-2026, en una verdadera política de Estado.

Hasta ahora las propuestas políticas para enfrentar las desigualdades regionales y avanzar hacia un desarrollo territorial más sustentable, no han sido centrales para la mayoría de los partidos políticos que participaron en las elecciones nacionales del 6 de febrero, con la excepción del Frente Amplio que lo abordó bajo el concepto de desarrollo territorial integral que resuelva las desigualdades que tienen muchas regiones y del Partido Liberación Nacional, que lo incluye en su propuesta de reactivación económica y rescate del empleo, que requiere de la incorporación de todos los sectores y de todas las regiones del país, sobre todo las que han estado marginadas del desarrollo.

De cara a la II ronda electoral, la población principalmente de las regiones periféricas y los cantones con los más bajos indicadores socioeconómicos, debieran exigir a los dos candidatos compromisos claros y propuestas contundentes para revertir las desigualdades regionales e impulsar un desarrollo territorial equitativo e incluyente como una de las prioridades de su gestión, ya no más postergaciones.

 

Imagen: Semanario Universidad

Chile siempre nos sorprende

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

La historia moderna de Chile está jalonada de sorpresas. En 1970, una coalición de fuerzas de izquierda denominada la Unidad Popular, llevó a la presidencia a Salvador Allende Gossens, primer presidente marxista electo por voto popular en el mundo. Un hito sin duda en la política del país austral y en el mundo. Después del cruento golpe de estado de setiembre de 1973, una oposición democrática y popular se agrupó nuevamente para derrotar al dictador Pinochet, en el plebiscito que fue convocado el día 5 de octubre de 1988. No sin cierta sorpresa, una marejada popular, a pesar de la intimidación por parte del dictador, derrotó la aspiración de Pinochet a perpetuarse en el poder. La participación fue de un 97.53% de los inscritos para votar, de los cuales, los partidarios de la no continuidad del dictador, desafiándolo, sumaron 3.967.569 votos, un porcentaje del 55.99%; contra 3.119.110 votos, un 44,01% que emitieron su voto por el “sí”. Una gran mayoría popular había derrotado una sangrienta dictadura.

Después de estos acontecimientos, se sucedieron una serie de gobiernos coaligados en lo que se denominó “la Concertación Democrática”, una suerte de transición de la dictadura hacia la democracia. Estos gobiernos se extendieron de 1990 hasta el 2010. Ese año queda electo por primera vez Sebastián Piñera, para reintroducir a plenitud el neoliberalismo en Chile, contando con la legitimidad de haber resultado electo con el 51% de los votos. Piñera se reelige el 11 de marzo del 2018, periodo durante el cual pretendió reemprender un crecimiento económico sin atender la creciente desigualdad y pobreza que generó el mismo modelo. Fue en estas condiciones que un pueblo exhausto se lanzó a la calle en octubre del 2019. Se produjo un auténtico estallido social, en gran parte dirigido por Gabriel Boric y todas las personas dirigentes que le acompañaban en aquella empresa social tan significativa. El movimiento social obligó al gobierno de Sebastián Piñera a sentarse a negociar. La hora final de este capítulo de un gobierno neoliberal que le dio continuidad al de Pinochet, estaba tocando la puerta.

No dejó de sorprender semejante estallido social con violencia incluida. Puede que ayude a entenderlo, un estudio sobre el llamado período de “transición democrática” desde la dictadura de Pinochet, que comenzó en la década de los 90 con los gobiernos de la “Convergencia”. Se suponía que en el 2010 habían quedado saldadas las cuentas con la imposición neoliberal por parte de Pinochet. Manuel Antonio y Roberto Garretón, en un estudio publicado en el 2010, en la Revista de Ciencia Política de la Universidad de Chile, desmenuzan ese período anterior a los dos gobiernos de Piñera y postulan lo siguiente:

“Nuestra hipótesis central es que estamos frente a una democracia incompleta, como resultado de la transición desde la dictadura de Pinochet ocurrida a finales de los ochenta.3 No es que no se haya terminado la transición, como sostienen algunos, o que hubiera terminado, ya sea en el gobierno de Lagos o de Bachelet, sino que si bien ella terminó con la inauguración del gobierno del Presidente Aylwin, lo que quedó después de esa transición, e incluso pese a ciertas reformas políticas implantadas por los gobiernos democráticos, fue esta democracia incompleta en las tres dimensiones: electoral, constitucional y ciudadana. Lo que explicaría tal caracterización es que la institucionalidad de la democracia chilena fue en gran parte impuesta por la dictadura, por lo que estaríamos frente a gobiernos elegidos de manera legítima, vigencia de libertades públicas, es decir, lo que podríamos llamar una «situación» democrática,4pero difícilmente el régimen institucional en cuanto tal pasaría el test democrático […] el caso chileno -prosiguen los autores- presenta enclaves autoritarios heredados tanto de la dictadura como de los amarres o acuerdos de transición, que limitan el carácter democrático […] esta hipótesis u orientación básica -continúan argumentando- entra en contradicción con el sentido común generalizado en la opinión pública de la región y difundido por múltiples informes y rankings internacionales que ubican en un lugar privilegiado de los índices democráticos a Chile. […] estamos frente a una paradoja básica, -concluyen- esto es, existe una contradicción entre esta democracia incompleta y el desempeño de los gobiernos con respecto al crecimiento económico, la superación de la pobreza y la inserción en la economía global, por nombrar sólo algunas variables (aunque los niveles de desigualdad se mantienen relativamente constantes, con muy leve mejoramiento en los últimos años gracias a la focalización de subsidios y gasto social).” (Cfr. Garretón, Manuel A. y Roberto, “La Democracia Incompleta en Chile. La realidad tras los Ranking Internacionales.” Scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-090×2010000100007)

A lo dicho hay que sumarle, la aceleración de las desigualdades y de la pobreza, a pesar del crecimiento económico, sobre todo en los dos siguientes gobiernos de Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que tuvieron un interregno”, el gobierno Bachelet (2014-2018), que tampoco fue muy auspicioso en reformas democráticas. Ello explica el estallido social que, no obstante, sorprendió a muchos.

Todo ello constituye el contexto del triunfo de Gabriel Boric en las más recientes elecciones celebradas este año.

El nuevo gobierno que acaba de iniciar en Chile posee algunas características peculiares respecto de todo lo anterior, que permiten preconizar que se tratará de una inédita experiencia político social. Para comenzar diremos que el gabinete recién integrado posee, por primera vez también en la historia de Chile, más mujeres que hombres. No esta una característica meramente cuantitativa, responde a un formidable repunte de los movimientos feministas que han sido protagonistas de primer orden, tanto durante el estallido social y en las negociaciones con el gobierno de Piñera, como en el proceso electoral que llevó al poder a esta nobel coalición. Esto quiere decir que el gabinete resulta en una medida muy importante de las lideresas y los líderes que encabezaron las luchas del 2019 contra el modelo neoliberal.

El programa enarbolado contiene las reformas educativas largamente planteadas por el movimiento estudiantil universitario, en el centro de la propuesta. Además de esto el Plan de Gobierno del movimiento “Apruebo Dignidad”, se estructuró sobre cuatro perspectivas transversales que integran cada una de las propuestas que buscan justicia social, descentralización del poder y garantía del trabajo decente, así como feminismo y transición ecológica justa. El programa contiene además 53 cambios concretos para Chile, entre los que destacan: recuperar 500 mil empleos femeninos, reducción de la jornada laboral a 40 horas, reparar la deuda histórica con el profesorado chileno, generar el sistema universal de salud y reducción de las listas de espera, relevar la importancia de la salud mental integral, duplicando el presupuesto y creación de al menos 15 nuevos “Centros Comunitarios de Salud Mental”, reactivar la economía con las Mipymes, fortalecer el Ministerio de la Mujer y la equidad de Género, generar un plan nacional de derechos sociales LGBTIAQ+, protección de la infancia, creación del sistema nacional de cuidados, un plan para disminuir el precio de la vivienda, firma del acuerdo de Escazú, impulso a la mediana y pequeña agricultura, creación de un Banco Nacional de Desarrollo, avanzar en seguridad y soberanía alimentaria, creación de una empresa estatal del litio, un fondo estatal para financiar pensiones alimenticias adeudadas. (Cfr, reseña biográfica de Gabriel Boric Font. Bcn.cl).

El presidente Boric ha enfatizado que el desafío que se tiene como gobierno, es el de generar un nuevo orden, ya que el contrato social ha sido roto por las élites, desde su punto de vista.

Es en verdad el triunfo de una nueva idea, una nueva generación, una nueva sociedad opuesta a la que representó el gobierno anterior. Se busca un mejor camino de renovación, no en función de las élites sino de los grupos subalternos de la sociedad, en el que se consagren los derechos sociales universales, el pleno respeto a los derechos humanos, la descentralización del poder, que se haga cargo de los enormes desafíos ambientales generados por la crisis climática, en lo que a Chile concierne. La ruta está planteada, el reto es enorme.

 

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Inflación y regla fiscal en entidades públicas

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

*ANTE EL AUMENTO DE LA INFLACIÓN, APLICACIÓN DE LA REGLA FISCAL AFECTARÁ FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS

La inflación interanual del mes de febrero dio un salto importante, ubicándose fuera de la zona meta del Banco Central de Costa Rica, en un proceso de aceleración de esta variable que se inició desde el mes de noviembre del año 2021. Presiones importantes se seguirán reflejando en los precios locales, producto del aumento en el precio del petróleo, el incremento en los costos del transporte comercial marítimo, aumentos en el costo de los alimentos y aumento en el tipo de cambio en el país. El problema inflacionario no es solo local, sino también global, y afectará la capacidad de recuperación de las economías del mundo, incluyendo la nuestra. El impacto que tiene el conflicto en el este de Europa no solo afectará el precio de la energía, sino también de los alimentos, producto del aumento en el costo de los fertilizantes y en el precio de algunos granos.

En el caso de la regla fiscal, tal y como el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (OES-UNA) lo señaló desde el año anterior, es muy importante tener claro que este mecanismo no se diseñó para aplicarse en un entorno de crisis, tampoco se consideró en su diseño el ajuste de los límites de gasto en entornos económicos de gran volatilidad, particularmente cuando la inflación crece por encima de lo previsto. Dado el nivel de crecimiento del gasto para el 2022 y considerando los problemas inflacionarios que estamos empezando a observar, de mantenerse la aplicación de la regla en el presente año se abrirá una brecha en los presupuestos de las instituciones públicas que sería importante y que vendría a afectar los servicios que éstas le prestan al país. El crecimiento máximo del gasto definido para el 2022 está siendo afectado por la caída del PIB nominal en el 2020, y dado que este año tendremos una inflación por encima del rango meta del Banco Central, las instituciones públicas sufrirán una reducción de sus presupuestos en términos reales.

Para OES-UNA urge incorporar en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, un ajuste en la regla fiscal para que el porcentaje de crecimiento del gasto no sea menor a la inflación proyectada y que este nivel sea ajustado en la práctica al menos cada trimestre, algo que por supuesto no está previsto en la actual redacción de la norma. Además de esta modificación, es importante someter la regla a una serie de ajustes adicionales que permita un crecimiento racional del gasto y que deje de ser un instrumento de reforma implícita del Estado. Solo para considerar un ejemplo de lo pernicioso que puede ser este mecanismo, si no se corrige, en caso de seguir aplicando la regla fiscal al gasto en educación, éste podría bajar del 6% del PIB en el transcurso de los próximos años, en medio de los graves problemas existentes en el sistema educativo nacional.

Para OES-UNA los siguientes deberían ser otros ajustes a considerar en la regla fiscal:

  • Sacar de la limitación del gasto al gasto de capital, pues en el actual entorno de incertidumbre económica, impulsar la inversión pública ayudaría al país a crecer más rápido y permitiría alcanzar más rápidamente un nivel de sostenibilidad de la deuda pública.
  • Sacar del límite del gasto los recursos públicos destinados a ayudas a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad económica, así como el gasto destinado a subsidios y becas estudiantiles. El aumento en la inflación, pero sobre todo en el costo de los alimentos y, eventualmente, del transporte público, producirá un efecto negativo mayor sobre las finanzas de las familias de menores recursos. Limitar el crecimiento del gasto en este caso sería contraproducente.
  • Deberían quedar por fuera de la aplicación de los límites de la regla fiscal, aquellos gastos ejecutados por entidades públicas con recursos propios, generados por la venta de servicios y cobro de tarifas, por el cobro de tributos especiales en entidades autónomas, cobros por ingreso a áreas protegidas y zonas de recreación, etc. Autorizar el gasto de estos recursos no afectaría el déficit del gobierno central, pero sí está provocando problemas para que las entidades públicas utilicen recursos que tienen disponibles.
  • Considerando el punto anterior, tampoco tiene sentido que se limite la ejecución de recursos provenientes de donaciones, cooperación internacional y otros recursos recibidos por el país, como aquellos recibidos en reconocimiento de su política ambiental. No poder gastar libremente estos recursos podría tener un efecto desmesurado sobre entidades del sector ambiental.
  • Finalmente, las excepciones de aplicación de la regla fiscal producto de emergencias declaradas en el país, deberían aplicarse en el mismo plazo que se establece como vigencia para una declaración de emergencia, cinco años, y no dos años como dice actualmente la Ley 9635.

8 de marzo, 2022.

*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA

Oficina de Comunicación