Invitamos a participar en esta marcha del domingo 07 de noviembre contra la farsa democrática y la liberación de quienes han sido apresados injustamente. No es tiempo de ser indiferentes. La defensa de la democracia y la paz social es vital para eliminar las condiciones que generan las desigualdades y la pobreza.
Tomado de https://www.facebook.com/190805514859896/posts/956538044953302/?sfnsn=mo
Una vez más, potencias mundiales, multimillonarios, transnacionales, organizaciones internacionales y países se unen en “coro” para combatir el Cambio Climático en la COP26, sin embargo, cuando vemos las portadas de los periódicos y los “post” en redes sociales, surge un momento de incredulidad. Cómo si aquello que observamos fuera sólo una deformación de la realidad. Valdría la pena aprovechar ese segundo y preguntarnos ¿Qué tensiones han conformado ese contexto que vemos?
Cuando hablamos de Cambio Climático, aparentemente asistimos a un consenso común de emergencia mundial, de preocupaciones y acciones compartidas. Sesión tras sesión pareciera que los consensos se construyen en torno a la protección del planeta. Sin embargo, si abrimos la mirada más allá del evento en cuestión, nos damos cuenta que no hablan de lo mismo, y que los desacuerdos son la ley en torno a la búsqueda de acciones para afrontar la crisis climática.
Pero se preguntarán ¿Qué hay detrás de toda esa infraestructura técnico-social que se despliega en favor del ambiente? Cómo todo espacio de disputa, diversos sectores procuran imponer una narrativa que asegure su posicionamiento, y les permita conservar y reproducir las relaciones que favorecen su dominio. En este caso, el capitalismo no es inocente en la construcción de esto.
En los últimos 30 años, asistimos a un reposicionamiento de las fuerzas extractivas en nuestras sociedades, si por un lado creció una mayor conciencia ciudadana y científica de los límites que rodean a nuestro planeta, por otro lado los sectores dominantes “hicieron su tarea”. Desarrollaron una nueva narrativa que les acompañó, una en la cual el mercado y el crecimiento económico eran imprescindibles para el sostenimiento del planeta.
Resultó que en estas tres décadas, la expansión económica y el consumo de mercancías en todos los niveles de la producción no paró, no resultaba ser un proceso a intervenir, todo lo contrario, era la señal precisa que necesitaban todas las sociedades. Es decir alcanzar un estado de “desarrollo” tal que les permitiera generar la riqueza para obtener mediante la “sofisticación” social esa “conciencia ambiental”. La pobreza fue el primer eslabón de la narrativa, el mercado tenía la ingente tarea de reducir la pobreza y salvar al planeta, es decir culpar al pobre por la contaminación.
Es así como estas fuerzas dominantes, lograron lo impensable, alejar la mirada de las relaciones económico-sociales que les permite acumular y reproducir su riqueza, es decir aquellas relaciones que promueven un consumo desmedido de las sociedades ricas, y derivan en la explotación de los bienes naturales y del trabajo de los seres humanos (abaratamiento por medio de la desregulación ambiental y erosión de los derechos).
Precisamente muchos sectores corrieron a proteger y justificar estas relaciones de explotación como el motor para el cambio social. Y como respuesta surgió la responsabilidad social corporativa, aquellas relaciones en las cuales el mundo corporativo devolvía a la sociedad el fruto de sus preocupaciones, a través del involucramiento “comunitario” y “pagando” por su contaminación.
Llegados a esto, podemos decir que aquel desarrollo sostenible, es meramente una opción financiera mediante la cual “Quien contamina paga”, y que reduce toda la crisis climática a la “compensación”, logrando impedir cualquier asignación de responsabilidad o freno a eso que le llaman crecimiento económico.
Esta idea de “pagar” por la contaminación nos empujó a una etapa de mercantilización de la naturaleza que extendió la frontera extractiva a través del capital natural y las “soluciones basadas en la naturaleza”, es decir sobre los bosques, manglares, mares, entre otros territorios que mantenían fuerzas de resistencia al capital, pero hoy les amenaza la financiarización, una fuerza que rodea y ahoga, que despoja, privatiza y concentra.
Y llegó la Revolución 4.0, la solución tecnológica como elemento clave para la “revolución” de la conciencia humana. Con un despliegue de optimismo desmedido, impulsado por el desarrollo tecnológico en todas las áreas del conocimiento, comprometido con el desarrollo de instrumentos e infraestructura para las interconexiones y cumplimiento de las tareas, ha conllevado a un reimpulso de los extractivismos de todo tipo desde fósil hasta agronegocio, pero está vez el precio se justifica por el compromiso por un “futuro ambiental”.
Tal vez el punto más crítico que evidencia la total desconexión de esta época, es que durante estos últimos treinta años, asistimos a una realidad donde la defensa del ambiente se volvió una de las actividades más peligrosas. Con el paso de los años se evidencia que las comunidades que se resisten al despojo de sus territorios son las “trabas” a la inversión, y los nuevos “ecoterroristas” que azotan los planes de desarrollo.
Hoy en la COP26, asistimos a un teatro que invisibiliza la estrecha relación entre el crecimiento económico y degradación ambiental. Una narrativa que logró impedir poner en cuestión el modo de producción que domina nuestras sociedades, que lo “absolvió” y lo convirtió en solución. Una vez más es importante cuestionar las formas y modos en que nos presentan las “soluciones”. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes están padeciendo las consecuencias?
Cuando vemos de nuevo las notas de prensa o redes sociales, nos damos cuenta que ahí arriba se construye una sociedad pequeña, privilegiada y privatizada para aquellas personas que pueden “pagar” el privilegio de “compensar” su huella ecológica. Para el resto de las personas que vivimos fuera de la frontera de esa minúscula sociedad padecemos el apetito de los extractivismos desatados por esta “revolución” del capitalismo verde.
Frente a la crisis y el impacto de la pandemia en las comunidades rurales de nuestro país, encontramos a las organizaciones afectadas reagrupándose tratando de generar soluciones ante la ausencia y abandono de la institucionalidad, varios meses en los que nos hemos encontrado con dificultades y barreras, la incontrolable transmisibilidad del virus, la paralización de las actividades económicas en los territorios. Ha sido explícita la solicitud permanente de diversos sectores de solicitar medidas concretas orientadas a reactivar la economía. Incluso en países con economías más fuertes que cuentan con más recursos para articular una respuesta urgente y adecuada para afrontar este desafío, la recuperación está muy lejos de haberse conseguido.
La pandemia ha evidenciado con mayor fuerza un modelo de pobreza y exclusión, solo algunos cuantos en estos tiempos han incrementado su ganancias, todas las medidas en términos de política han sido para favorecer las grandes empresas, han sido incapaces de articular una respuesta coordinada y funcional, capaz de amortiguar los efectos en los sectores más vulnerables, ya lo estamos viendo frente a la crisis, las recetas han sido recortes a programas sociales y debilitamiento de la atención institucional en los territorios.
Ante esta situación a las organizaciones no les ha sido fácil gestionar la crisis económica que les impacta. La mayor dificultad se expresa en restricciones de movilidad, el cierre de los mercados locales con un impacto adverso sobre su capacidad de comercializar los alimentos, lo que afecta por tanto su ingreso y su derecho a un nivel de vida adecuado; además, la vida organizativa trastocada y con dificultades de comunicación y acceso virtual.
Por lo que es de urgencia para nosotros, como RedESS, la defensa de los sistemas alimentarios locales, la seguridad y soberanía alimentaria. Iniciativas de las organizaciones territoriales campesinas familiares impulsan con creatividad, diversas estrategias. Sus iniciativas incluyen la elaboración de protocolos de bioseguridad, fomentar las prácticas agroecológicas, ventas a domicilio, trueque, y otras para sostener los espacios de comercialización propios, acciones de incidencia en los territorios para lograr que se mantengan las formas de producción y comercialización propias, mercados solidarios territoriales y locales.
Un gran esfuerzo de reorganizarse, generar alianzas, crear las condiciones que motiven y den esperanza por parte de todas las personas que creemos en otra economía posible y que entendemos que solo fortaleciendo el tejido organizativo y las iniciativas en estas circunstancias de sobrevivencia y resistencia.
SURCOS comparte la siguiente información:
La ONU mediante un video hace un llamado a los países del mundo para que, en colectivo, puedan trabajar para evitar la extinción de la “especie humana”, el cambio climático, la desigualdad y la pobreza.
La clave, es que todo ese dinero que se invierte para el subsidio de los combustibles fósiles, se dirija a causas que beneficien a las personas y el planeta.
Adjuntamos video oficial:
Enviado a SURCOS por Alberto Salom.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares(Enaho) 2021 del INEC, señala cambios significativos en la pobreza entre zonas de residencia de la población y entre regiones del país entre el año 2020 y el actual, que aunque de alguna manera confirma el comportamiento evidenciado en los últimos años, debiera ser preocupante por las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre unas regiones y otras, expresando las persistentes desigualdades regionales que han caracterizado el país.
Según el informe de resultados de la Enaho, entre el 2021 y el anterior, por zonas de residencia, se da una disminución significativa de la pobreza en la zona urbana con respecto al año anterior, mientras la rural permanece sin variación. El porcentaje de hogares en pobreza en la zona urbana decreció 4,6 p.p., pasando de 26,4 % en el 2020 a 21,8 % en el 2021; a pesar de ser una variación estadísticamente significaba, este nivel de pobreza es el segundo más alto desde el 2010, superado únicamente por el observado el año anterior. El porcentaje de hogares en pobreza, entre los residentes en la rural es de 26,3 %, es el valor más alto en los últimos cinco años; este nivel no varía con respecto al año anterior.
En relación entre la pobreza en la zona urbana y la rural, permite establecer una brecha de 4,5 p.p. entre el nivel de pobreza de los hogares rurales y los urbanos; cabe mencionar que, desde el 2014 se venía observando una tendencia a cerrar esa brecha, hasta prácticamente desaparecer en el 2020.
Con referencia a los hogares en pobreza extrema según zona de residencia, el comportamiento es semejante al de la pobreza total, la pobreza extrema en la zona urbana disminuye significativamente, en tanto, en la rural no hay variación estadísticamente significativa.
El porcentaje de hogares en pobreza extrema en la zona urbana es de 5,5 %, lo que corresponde a 1,4 p.p. menos que el año anterior cuando se estimó en 6,9 %, mientras en la zona urbana la incidencia de la pobreza extrema es de 8,3 %, un punto porcentual más alto con respecto al año anterior (7,3 %). Con respecto a la brecha en el nivel de pobreza extrema entre las zonas, al igual que sucede con la pobreza total se revierte la tendencia a disminuir esa diferencia, estableciéndose en 2,8 p.p. en el 2021.
La brecha de pobreza, también conocida como intensidad, a nivel nacional se sitúa este año en 8,8 %, disminuyendo -1,3 p.p., respecto al 2020. Con respecto al año anterior, en la zona urbana este indicador pasa de 10,2 % a 8,2 %, mientras en los hogares de la zona rural pasa de 9,8 % a 10,5 % en el 2021, lo cual significa que, en promedio, en los hogares rurales, es más la cantidad de dinero que necesitan los hogares pobres para superar la línea de pobreza y salir de esa condición.
Al considerar la incidencia de pobreza por región en el 2021, la región Central permanece con el nivel de pobreza y de pobreza extrema más bajo del país, con incidencias de 18,1 % y de 3,9 % respectivamente, mientras la incidencia de la pobreza extrema disminuyó 2,1 p.p., en el 2020 se estimó en 6,0 %. El porcentaje de hogares en pobreza extrema de la región Central, es el más bajo que se ha observado desde el año 2010, coincidiendo con la cifra de los años 2010, 2013 y 2017.
La región Brunca presenta un comportamiento muy preocupante, porque es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, además se ubica como la región con el mayor nivel de pobreza total en el 2021. El porcentaje de hogares en pobreza en esta región en el 2021 es de 33,5 %, lo cual corresponde a un aumento de 7,0 p.p. con respecto al 2020 cuando se ubicó en 26,5 %, por su parte, la pobreza extrema se estima en 10,2 %, lo que equivale a un aumento de 4,3 p.p.
Sin embargo, el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte no es menos preocupante ya que es de 32,4 % y 31,9 %, en ambas este es el nivel de pobreza más alto desde el 2010. Con respecto a la pobreza extrema, en ambas regiones hay un aumento estadísticamente significativo, de 2,2 p.p. en la Huetar Caribe y de 3,1 p.p. en la Huetar Norte. En la región Huetar Caribe, la estimación de este año (10,4 %) es la segunda más alta desde el 2010, superada por la observada en 2015 cuando fue de 11 %, mientras para la Huetar Norte la cifra del 2021 es la más alta reportada en toda la serie Enaho, con 12.9 %.
Tampoco el caso del Pacífico Central es fácil de ignorar, pues el total de pobreza es de 30,9 %, el segundo más alto desde el 2010, únicamente superado por la estimación del 2020 (34,7 %), en esta región la pobreza extrema disminuye 2,9 p.p. pasando de 11,3 % en el 2020 a 8,4 % en el 2021.
De las regiones periféricas, solo la Chorotega logra mejorar los indicadores de pobreza, ya que se ubica como la segunda región con menor nivel de pobreza, presentando la segunda variación negativa más importante en la pobreza total, pasando de 31,7 % en el 2020 a 26,2 % en el 2021, nivel semejante al observado en el 2018, que equivale a una variación estadísticamente significativa de -5.5 p.p., en esta región el porcentaje de hogares en pobreza extrema es de 8,5 %, permanece sin cambio con respecto al año anterior cuando se estimó en 9,0 %.
En cuanto al ingreso de los hogares, en la urbana el ingreso promedio de los hogares se estimó en ₡ 1 119 073, mientras que en zona rural en ₡ 651 511, esto significa que el ingreso promedio por hogar en la zona rural es 41,8 % menos respecto a la urbana. En comparación al año anterior, el ingreso promedio de los hogares aumenta significativamente en la zona urbana (13,3 %), mientras en la zona rural no se observa un cambio significativo en comparación con el año anterior.
Al analizar el ingreso según las regiones, se observa que la región Central mantiene los mayores niveles de ingreso, con un ingreso promedio por hogar de ₡ 1,177.592. Mientras las regiones Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe son las de menor ingreso con un ingreso promedio de ₡ 627.852, ₡ 636.934 y ₡ 675. 797 respectivamente.
Las regiones Chorotega y Pacífico Central ocupan el segundo y tercer lugar en cuanto el ingreso promedio del hogar, para la Chorotega el ingreso fue de ₡ 778. 436 y para la región Pacífico Central el promedio fue de ₡ 751.869. (INEC,Encuesta Nacional de Hogares,2021)
Frente a los resultados de la Enaho, cabe preguntarse cuáles son las razones para la existencia de estas desigualdades en los niveles de pobreza y pobreza extrema y en los niveles de ingreso de los hogares, entre las zonas urbana y rural y entre la región Central y las demás regiones periféricas.
La explicación de estas desiguales parece estar estrechamente asociada al desarrollo productivo y económico inequitativo, a la distribución desigual de la riqueza y la acción diferenciada del Estado en la región Central con respecto a las regiones periféricas y a los consecuentes rezagos en el desarrollo socioeconómico de éstas últimas.
El estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2020, había establecido que la producción se especializa por zonas geográficas y que existen diferencias marcadas entre la estructura productiva de la Gran Área Metropolitana(GAM) y la de las regiones periféricas, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras que las periféricas en agricultura y turismo, mientras el comercio se encuentra en casi todo el país.
Así mismo, la administración pública está altamente concentrada en el centro del país, especialmente en el cantón de San José, mientras la construcción, la educación y salud aunque se encuentran más distribuidos a lo largo del país, la mayor concentración sigue presentándose en la GAM (Alterdes.cr,febrero,2021).
Un buen ejemplo de la concentración de la actividad económica, es la ubicación de los principales zonas francas y en particular la fabricación de instrumentos y suministros médicos en las cabeceras de las provincias que conforman GAM, en las que se concentran las empresas de manufactura de alta tecnología, así como la inversión extranjera que recibe el país
Por su parte, en cuanto al panorama de la pobreza en las diferentes regiones, el Índice de Desarrollo Humano 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había mostrado que la mayor pobreza y desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales, mientras que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.(Alterdes.cr,nov. 2020)
El comportamiento de los índices por cantón, es coincidente con el nivel de pobreza existente en el 2019 según la Encuesta de Hogares del INEC, en la que la pobreza es alta en algunas regiones, por ejemplo, en la región Brunca,la Huetar Atlántica y el Pacífico Central, en la que la pobreza es mayor al 30%, lo que implica que la tercera parte de los hogares no cubren sus necesidades básicas, en esas regiones la pobreza extrema es del, 9.2, 8.9 y 9.1, las más altas del país.(LN.com,18-10-19).
La Región Brunca, presenta bajos indicadores de desarrollo desde hace varias décadas. Hace dos años, un artículo denominado “Pobladores de la zona sur encaran solos desempleo y pobreza”, ponía en evidencia esos indicadores, pues la tasa de desempleo era de 14.9%, la tasa de subempleo era del 15.6% y la tasa de pobreza era de 32.2%. Además con excepción de Pérez Zeledón, los demás cantones de la región Brunca se encontraban entre los 12 cantones con el índice de desarrollo social(IDS) más bajo, según una medición de Mideplan del 2017, en donde Buenos Aires, Golfito y Osa son los que enfrentan el peor panorama.(LN,2-9-2019).
Un diagnóstico de Mideplan a inicios de los 2000 señalaba, que las bajas condiciones de vida y la persistencia de la pobreza en la región Brunca se asocia a la presencia de factores relacionados con la escasa generación de empleo e ingreso, que limitan las posibilidades que tienen esos hogares de buscar alternativas para superar la situación de pobreza; (por lo que) en ese contexto resulta relevante impulsar políticas estatales orientados a lograr un acceso real de esta población a los recursos productivos y un mejoramiento de la productividad, que les permita cruzar definitivamente el umbral de la pobreza y mejorar sus condiciones de subsistencia.(Plan Regional de Desarrollo Brunca 2002-06,p.9)
De manera similar la región Huetar Norte desde hace varios años presenta serias limitaciones en su desarrollo debido a que el modelo de desarrollo económico vigente está centrado en monocultivos, en la producción de naranja, piña y raíces y tubérculos a gran escala, junto a la producción ganadera extensiva y de granos. Esa dinámica económica, social y ambiental de la región plantean grandes desafíos al desarrollo regional, ya que la dinámica agroexportadora no está generando el empleo necesario para sostener a la población de la zona y estas formas de producción presentan una creciente degradación y pérdida de su rica base de recursos naturales.(Cudeca,2011).
Igualmente un estudio de SEPSA-PROCOMER del 2008, establecía que a pesar de las potencialidades de la RHN (invaluables recursos naturales, para la producción para el mercado nacional y para la exportación), contradictoriamente, presenta bajos índices de desarrollo social y humano, Upala, Los Chiles y Guatuso, poseen las posiciones más bajas entre los últimos diez cantones más pobres del País; (…) existe una concentración de la actividad productiva, de la exportación y de los servicios básicos en algunos cantones y se expresan grandes disparidades a lo interno de la Región.(Alterdes.cr,enero 2020)
En el caso de la región Huetar Caribe, la actividad productiva y las exportaciones están concentradas en unos pocos productos, como el banano,la piña y los tubérculos, las dos primeras en grandes fincas, que son las que generan la mayoría del empleo y los ingresos salariales de la población. Esas mismas actividades, sobre todo la piña, generan efectos ambientales nocivos por la contaminación de suelos y fuentes de agua.
El desempleo entre el 2016 y el 2020, ha aumentado de 9.9 al 15.7%, el ingreso promedio aunque ha crecido levemente, representa alrededor del 70% del de la región Central, el segundo más bajo después de la región Pacífico Central y la pobreza ha crecido del 27.6 en el 2016 al 29.8% en el 2020, como la segunda más alta entre las regiones(Mideplan,Estadísticas regionales,2021).
La problemática social y económica que ha caracterizado a éstas regiones, está ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la vivienda y la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y las nuevas tecnologías.
De ahí que la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios rurales es uno de los principales retos del país, ya que la concentración de la riqueza se presenta en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.
Foto tomada de Universidad de Costa Rica
Mark Zuckerberg acaba de anunciar que desde el 1 de diciembre la empresa Facebook pasará a llamarse META. Esto tiene dos implicaciones, una de carácter empresarial para legitimar y construir viabilidad jurídica a una de las operaciones más importantes que vienen haciendo: la venta de información. Facebook usa la minería de datos para apropiarse la información desagregada de sus usuarios, la cual vende a terceros sin reportar porcentaje de ganancias para quienes de manera inconsciente proporcionan la información. La segunda para crear el metaverso, un universo virtual que modelará actividades como consumo, participación política, sociabilidad, educación e incluso filtrará el acceso a la innovación científica tecnológica.
Esto ocurre, en medio de la incredulidad de muchos docentes y gremios docentes respecto al sostenimiento de la ofensiva de las trasnacionales de la tecnología sobre el mundo educativo, tanto en la fase educativa presencial de la pandemia como durante la postpandemia. Hasta ahora, las actividades que pretende asumir el metaverso de Facebook eran parte de las tareas de reproducción cultural asignadas por el capital a los sistemas escolares (consumo, sociabilidad, ciudadanía, democratización del conocimiento).
Esto ocurre mientras entre el 40% y 50% de la población estudiantil – e incluso docentes- no tiene siquiera conexión a internet o aun dispositivo de conexión remota. Y el otro 50% -estudiantes y docentes- usó plataformas comunicacionales como zoom, googlemeet, streamyeards, Facebook o WhatsApp para maratones de doce horas de clase y más, evidenciando que no tienen ni la más mínima idea de la tormenta tecnológica que se avecina sobre la educación. En el primero de los casos estaríamos observando el surgimiento de la peor y más abrupta de las exclusiones de los últimos siglos, aún ocultada con discursos de pronta normalización; quienes están quedando rezagados hoy corren el riesgo de quedarlo permanentemente y pasar a la periferia de la peor de las pobrezas y marginaciones. En el segundo de los casos la educación durante la pandemia les convirtió en consumidores de tecnología, analfabetos en programación y algoritmos, destinados a seguir la pauta que impongan los acuerdos de gobiernos y sus ministerios de educación con las corporaciones tecnológicas. Por eso hemos insistido en la urgencia de alfabetización en los algoritmos para poder producir respuestas de emancipación y liberación en el actual contexto y sobre todo sobre la necesidad de un debate pedagógico mundial sobre las implicaciones de la cuarta revolución industrial en educación.
¿Que será el metaverso de Facebook?
Hasta ahora Zuckerberg ha anunciado fragmentos de lo que será su metaverso y por ello afirmamos que será la más grande caja de bobos que pueda existir. Será un mercado virtual absurdo, donde van a cobrar dinero real por experiencias virtuales o tal vez sea gratuito para garantizar la alienación que sostenga el modo de producción y acumulación capitalista en la cuarta revolución industrial.
En el metaverso de Facebook, podrás tener avatares (réplicas tuyas) en la oficina y de tus amigos en casa. Mediante mecanismos de realidad virtual aumentada podrás compartir con amigos o personajes que tú crees, comprando alimentos, ropa, viajes, casas que solo estarán en este universo paralelo. Podrás viajar con amigos a lugares remotos con una sensación de realidad en tiempo real, propia de tecnología que hoy asociamos en su nivel primario al GPS.
En la caja de bobos más grande del mundo, quienes se sumen serán educados en comportamiento social, participación política, consumo y tendrán acceso a información filtrada y trabajada.
Claro que esto no será el 1 de diciembre de “golpe y porrazo”. La transición será lenta y sostenida pero seguramente, en el 2030, cuando los teóricos del Foro de Davos prevén el crash del sistema educativo global, el metaverso emergerá como alternativa más allá del entretenimiento.
Compartido con SURCOS por Óscar Jara.
En un tono de regaño (que no le viene nada bien, por cierto), el presidente Carlos Alvarado les pidió a los candidatos presidenciales que “no pueden andarse con jueguitos” en lo concerniente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También sacó pecho para afirmar que dejará las finanzas públicas “estables” y que terminará su gobierno bien.
¿Bien para quién? Es la inevitable pregunta que habría que formularle a un presidente, tan devaluado en su credibilidad como el colón. Y tendríamos que responder que para quienes habitamos esta Costa Rica bicentenaria y pandémica, y somos una inmensa mayoría, las cosas están mal. Estaban mal antes de la pandemia y a partir de las decisiones y políticas del actual gobierno, las cosas –en muchos aspectos– han empeorado.
No estarán de ninguna manera bien para quienes el hambre ha venido tocando sus puertas, sin clemencia, en los últimos meses. Tampoco para quienes apenas sobreviven en medio de una informalidad laboral, que es la otra cara de un crudo desempleo.
Obviamente que las cosas no están nada bien para los millares de hogares y las casi millón y medio de personas sumidas en la pobreza. Menos aún la situación estará bien para los sectores medios empujados a la creciente incertidumbre económica.
Claro está: El optimismo presidencial no estará bien para las crecientes cifras en desigualdad social y concentración de la riqueza en pocas manos.
No estará bien asimismo el final de esta administración para el casi 17 % de personas desempleadas y con un horizonte laboral marcado por la inseguridad laboral. No estará tampoco nada bien para los pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y pescadores que esa administración los abandonó a su suerte.
No estará bien para la salud pública, ya que la crisis financiera que golpea la CCSS sigue fijando un futuro sombrío para esta institución señera, mientras este gobierno, la fracción legislativa del PAC y otros diputados cómplices, se negaron a tomar medidas de fondo, para resolver una situación gravísima como lo fijó el informe de la comisión legislativa que investigó sus finanzas.
Y ¿Cómo puede decir el presidente Alvarado que terminará bien su mal-gobierno con el desastre que hereda en educación pública? O con la incapacidad manifiesta de su gobierno, en hacer avanzar la conectividad y la alfabetización digital para millares de hogares que podrían tener tal acceso, si se hubiera aquilatado a tiempo, el tamaño de la emergencia para utilizar los más de $ 300 millones de dólares que tienen en sus arcas FONATEL para tal propósito.
En fin, las cosas no marchan nada bien para un Estado Social de Derecho, de cuyo deterioro son corresponsables administraciones del PLN, PUSC y PAC, mientras que, en la acelerada erosión reciente, el gobierno de Alvarado Quesada tiene una cuota de responsabilidad enorme.
Para quienes si estarán bien las cosas es para las grandes empresas y personas, evasoras y elusoras de impuestos, sea que guarden sus enormes riquezas en paraísos fiscales (Papeles de Panamá y de Pandora), o en bancos propios o ajenos. Forman parte también de quienes se regocijan de felicidad ante las políticas de esta administración, esos “grandes contribuyentes” a los que este mal-gobierno les perdonó sus deudas.
Del presidente Alvarado ya no se puede esperar otra cosa que frases que ya no pueden causar un efecto favorable. Se trata de un gobernante que, a lo largo de estos tres años y medio, mostró su falta de liderazgo y su incapacidad absoluta de autocrítica. Se regodea en una mediocridad de varios días.
¿Cuántos días falta para el próximo 8 de mayo? No tantos en el calendario gregoriano, pero si demasiados para el fin de un gobierno que ha gobernado contra las mayorías.
(25 de octubre, 2021)
La pobreza, a pesar de tener nuestro país una de las mayores inversiones en política social por habitante del continente, había permanecido inmutable durante las últimas dos décadas, antes de la pandemia, en un 20% global y un 6% de pobreza extrema. En ese mismo período de tiempo Uruguay que también tenía un porcentaje inicial del 20%, la había reducido, al 7% y prácticamente erradicado la pobreza extrema.
Mientras aquí tenemos un sistema centralizado, con instituciones poco flexibles, en Uruguay tienen un sistema descentralizado con controles locales que permite hacer ajustes de acuerdo a las necesidades y evolución de las condiciones.
Como ejemplo de lo nefasto del centralismo tenemos la noticia que 45000 personas abusaron del bono Proteger, centralizado en el Ministerio de Trabajo. Un gran esfuerzo de la hacienda Pública para compensar la pérdida de ingresos a la población afectada por la pandemia. Difícilmente este abuso hubiera alcanzado esas cifras si la distribución hubiera estado a cargo de poderes u organizaciones locales, al menos en zonas rurales cafetaleras donde todos se conocen y autocontrolan.
Pero no se trata solo del problema de una estructura centralizada, ya que la descentralización no siempre es una pomada canaria, sino de la visión implícita que se tiene de la pobreza como problema de “perdedores”. Esto es de personas fracasadas que tienen que ser asistidas y orientadas por las instituciones, cada una desde su campo de acción y especialidad. Visión que no percibe individuos integrales, familias, grupos organizados autónomamente o comunidades sino problemas técnicos. De tal forma que no existen individuos y unidades sociales con potencial de incorporarse activamente en la solución de su situación, sino problemas fragmentados que deben ser resueltos con la intervención externa. Esta visión, además de reflejarse en el diseño institucional centralizado, coincide con los intereses ideológicos clientelistas y configura, más allá de las declaraciones ideológicas, la acción asistencial de los técnicos institucionales.
El problema ha sido visualizado y existen resultados convincentes, pero no voluntad de cambio institucional
El programa de varias décadas liderado por doña Rose Marie Ruiz de la UNA en Isla Venado, así como el que desarrolló la ex primera dama doña Mercedes Peñas Tejiendo Desarrollo, en la administración pasada se hicieron esfuerzos importantes por articular, las instituciones en el ámbito local con algunos resultados importantes, de los cuales lamentablemente no se han sacado conclusiones para el cambio estructural porque hacerlo afectaría las relaciones de poder político e institucional.
¿Es posible hacerlo diferente incorporando a la población organizada en la solución de su situación?
El programa del Hospital sin Paredes demostró en nuestro país, sin lugar a dudas por sus resultados y el reconocimiento nacional e internacional, que otra forma de organización institucional es posible. Una organización con la participación autónoma de las poblaciones, que las incorpora en una gran simbiosis creativa con las instituciones aumentando sus alcances, reduciendo sus costos y tiempos al mismo tiempo que potencian los resultados.
Por otro lado, existen experiencias en nuestro país y en otras regiones del mundo con el enfoque de la metodología de capacitación masiva, en proyectos de reforma agraria, comunales y de desarrollo con la participación de las comunidades y grupos que han confirmado que otro camino es posible, pero que hay que empezar por cambiar la visión.
Una visión sobre el potencial humano
En primer lugar, los pobres no son perdedores sino personas que no han tenido oportunidades para mejorar sus condiciones ni acceso a los servicios que ofrecen las políticas públicas, pero si son capaces, cuando están sanos, de aportar esfuerzo y crear soluciones para salir de la pobreza y la exclusión. O sea, son seres humanos cuyo potencial depende de su capacidad de auto organización, así como del acceso a las oportunidades y servicios que ofrecen las políticas públicas. Don José Figueres Ferrer decía muy acertadamente “Los hombres sin organización no tienen ningún poder”
La capacitación en organización es fundamental como instrumento de poder. Esta solo se da cuando responde a sus necesidades propias, no a los mandatos institucionales y al margen de autonomía de que dispongan. No existe capacitación sin proyecto propio ni participación sin autonomía. La instrucción se puede recibir en el aula, pero la capacitación, al igual que el manejo de un vehículo, solo se da en una práctica donde las personas deben tomar decisiones frente al objeto.
En segundo lugar, clarificar los conceptos de organización y participación que se utilizan formalmente en todas las visiones, pero que tienen significados y resultados diferentes de acuerdo a la visión predominante.
Organización para la visión positiva es auto organización de los grupos o comunidades, que puede tener o no personería jurídica, pero que no se limita a esta. Es un ente vivo no solo formal, como el aglutinamiento administrativo de personas en los proyectos asistenciales.
La participación en condiciones de autonomía es real. Parte de la definición del problema, en el establecimiento de soluciones, y en la evaluación de resultados.
El papel de los técnicos institucionales es de apoyo técnico y profesional, como la asistencia profesional comprometida en las empresas privadas, con una buena dosis de capacidad didáctica. La participación de la comunidad con su conocimiento y acción es real y enriquece a todos en el diagnóstico y ejecución del proyecto. No se ve como un apoyo subordinado a las directrices institucionales, por ejemplo, limpiar los locales, sino como un trabajo conjunto, dentro de una relación de respeto y evaluación de resultados.
Formar los equipos técnicos de desarrollo
Aplicar la política social con esta visión, no es un cambio de camiseta administrativo. Requiere de una preparación de los equipos formadores, en un proceso organizativo de varios meses que empieza por romper, en la práctica, los círculos viciosos asistencialistas y la formación de nuevos círculos virtuosos. Un trabajo arduo pero que, genera condiciones para la incorporación de las comunidades al mismo tiempo que estimula la transformación institucional.
Existen experiencias y método para hacerlo. Lo que hace falta son decisiones.
Varios indicadores económicos y sociales nos están diciendo fuerte (o quizás gritando) que las cosas en Costa Rica, están mal pero pueden ponerse peores de cara al futuro, para amplios sectores de la población nacional. Cada vez con más frecuencia emergen números rojos en distintos indicadores económicos y sociales.
En el siglo anterior, el país asumió un liderazgo en el contexto latinoamericano y caribeño como resultado del impulso y desarrollo de un Estado de Bienestar, que aunque la redistribución de la riqueza no era la óptima, si permitió avances en materia de salud, educación, empleo, seguridad social, acceso a agua potable, electricidad y telefonía, entre otros rubros.
Producto del esfuerzo mancomunado de Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y Monseñor Víctor Manuel Sanabria, se establecieron las bases de un Estado Social de Derecho (ESD), que José Figueres Ferrer en vez de hacerlo retroceder como líder triunfador de la guerra civil del 48, lo profundizó en algunos aspectos. Con zigzagueos, subidas y bajadas, ese ESD avanzó, pese a la férrea oposición de sectores oligárquicos.
Así las cosas cuando ese ESD llegó a su apogeo, entre los años ochenta y noventa del siglo XX, se pensaba con algún optimismo que el país iba a seguir avanzando y que los índices de pobreza y desigualdad social iban a mejorar progresivamente. Pero no. El impulso de ese Estado de Bienestar emergió como una respuesta al avance del socialismo que cuestionaba las bases del capitalismo y en Costa Rica, adquirió características destacadas, que proyectaron a un país con cierto grado de desarrollo que lo posicionó como una nación de ingreso medio.
Se cumplía en parte la idea de Don Pepe (y su apuesta socialdemócrata) de avanzar hacia un país de «clases medias». Ese país se ha venido desvaneciendo, en forma dolorosamente sostenida. Hoy se ha transformado en el país controlado por una plutocracia de avaricia ilimitada, grandes mayorías que se debaten entre una creciente pobreza y miseria, y unas capas medias cada vez más reducidas y en proceso acelerado de pauperización y, por tanto, de extinción.
Esa época, que tiene como punto destacado de quiebre la década de los años ochenta del siglo pasado, hoy se ha vuelto cada vez más lejana por el sostenido avance de la polarización económica y social, en la que cada vez hay menos que concentran mucho y muchos con cada vez más poco.
Hoy, esas cifras en rojo se manifiestan en áreas como las siguientes:
Estos números en rojo no son generados por la coyuntura marcada por la pandemia. La pandemia es un factor multi agravante de problemas que vienen de atrás. Empero algunos la han colocado como pretexto de sus grandes fallas y vacíos. La crisis multidimensional obedece a problemas estructurales del sistema neo-liberal que le cayó como matapalo al árbol del Estado Social de Derecho, que el país hizo crecer entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior. Y ese árbol que era mediano hoy es poco más que un bonsai.
El desastre social que ya padece el país si no se adoptan soluciones y correcciones, tan dramáticas como impostergables, será peor en los años venideros. En este contexto, lo más preocupante es que este tema que debería definir la campaña electoral del 2022, no es el importante para la gran mayoría de los partidos que forman parte de la cargada oferta electoral.
El hecho de que este tema que no sea prioridad en la agenda electoral del presente para la mayoría de los partidos, obedece –a mi modo de ver– a tres causas asociadas:
(1) Los orienta la doctrina neo-liberal, que convirtieron en su creo aunque pregonen otra cosa,
(2) Han gobernado al país desde Zapote en los últimos lustros y forman parte del desastre social; no de las soluciones inclusivas y solidarias, y
(3) Desde la Asamblea Legislativa, a partir de omisiones y acciones, han empujado al país a esta situación de grave crisis multidimensional.
O para decirlo más resumidamente: Son partidos y líderes que son parte del gravísimo problema económico y social que enfrenta el país; no de la solución que debe emerger con genuino patriotismo, cuando entramos en una emergencia marcada por el desastre de pronóstico reservado.
(21 de octubre, 2021)
“No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar. De descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. De que todo se derrumbe, pero también de lo contrario: de que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí” (Paolo Giordano).
Imagen ilustrativa, UCR.