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Etiqueta: poder

El poder detrás del trono: medios de comunicación en la política

El pasado 9 de septiembre el APSE realizó el programa Desde La Otra Acera con el tema – “El Poder detrás del trono: medios de comunicación en la política”.

Se contó con la participación de Sebastián Fournier, representante de CONARE ante Comisión Mixta de TV Digital, Luisa Ochoa – investigadora en PROLEDI y CICOM UCR, y Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento a Partidos Políticos del TSE.

Además, se contó con la participación de Óscar Aguilar Bulgarelli, historiador y ex-diputado, y Gerardo Hernández, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR.

En las elecciones del 2018 hubo gastos por publicidad electoral de ¢6.204 millones, las 2 empresas más grandes de comunicación del país se dejaron 1 de cada 3 colones de ese dinero. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la política nacional?

Puede ver el vídeo completo del programa en el siguiente enlace: https://fb.watch/7-7NBKS07P/

Crisis y captura: el descontento social en tiempos de pandemia en América Latina y el Caribe

la captura es «el ejercicio de influencia abusiva por parte de una(s) élite(s) extractiva(s) —en favor de sus intereses y en detrimento del interés general… OXFAM

Este documento esboza una propuesta de agendas de trabajo para promover el debate sobre cómo reconfigurar el pacto social por vías institucionales en América Latina y el Caribe, fortaleciendo así los sistemas democráticos de la región y hacer frente a privilegios. Estas cuestiones son esenciales en el contexto actual de pandemia y de crisis políticas. Cruzando datos estadísticos y con los estudios de caso de financiación de partidos (Perú), desarrollo turístico (República Dominicana), telecomunicaciones (Argentina) y acceso al agua (El Salvador), este documento establece la relación entre la captura de políticas públicas, desigualdad y desafección con la democracia. Los casos demuestran cómo el lobby, las puertas giratorias y las campañas mediáticas son los principales mecanismos con los que las élites ejercen influencia abusiva para alejar del interés general decisiones políticas cruciales.

INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE OXFAM. JULIO 2021

Introducción

En América Latina y el Caribe (ALC), el estrecho vínculo que existe entre desigualdad, poder y dinero es central para entender cómo países con tanta riqueza generan a la vez pobreza y privilegios. El resultado es una elevada desigualdad que deslegitima el sistema democrático al permitir que aquellos que más poder tienen ejerzan una mayor influencia política. En una región donde el 10% más rico concentra el 68% de la riqueza es fácil apreciar la relación entre captura política y desigualdad.

Este documento sostiene que la captura es el mecanismo por el que se crean y perpetúan la desigualdad y los privilegios, además de una de las causas principales detrás del descontento social, la desafección democrática y las protestas que se suceden en casi todos los países de ALC. La captura es, a su vez, un síntoma de la debilidad de los estados. Para demostrarlo, se analiza la extensión del fenómeno de captura política en ALC y su impacto en la democracia y la desigualdad a partir de unos casos concretos de captura en los que diferentes políticas públicas han respondido más a los intereses de una élite que al interés general.

Se trata de casos anteriores a la pandemia que siguen siendo de gran actualidad. La pertinencia de prestar atención a las consecuencias de privilegiar intereses de ciertos grupos por encima de los de la mayoría ha aumentado, si cabe, al implementarse diferentes políticas de gran calado para hacer frente a la COVID-19 en ALC. No es casualidad que algunas élites se hayan podido vacunar antes que la mayoría de la población; o la presión de las grandes farmacéuticas a varios Gobiernos en la región. Tampoco lo es que las discusiones sobre los paquetes de rescate hayan avivado los debates sobre quién se beneficia de las políticas públicas y a quién sirve realmente el contrato social. La COVID-19 ha magnificado y evidenciado el costo de la captura en estados incapaces de hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social.

El contexto actual ofrece una oportunidad para llevar a cabo una reconfiguración profunda de las relaciones de poder en la región; una reconfiguración que en los próximos meses será, con bastante probabilidad, el principal punto de colisión entre las élites y la ciudadanía. El resultado de dicha lucha puede desembocar en escenarios en los que las élites mantengan su poder, pero también en otros más positivos. El ejemplo de Chile es una muestra de que hay esperanza para las mejoras en el actual contexto.

En Latinoamérica, también se está produciendo desde hace años un cierre progresivo de los espacios para la sociedad civil, el activismo, el periodismo, etc. que se está agudizando con la pandemia y la respuesta de los Gobiernos. La protesta contra el statu quo, la disidencia social y el periodismo de investigación se restringen cada vez más mediante leyes que limitan el debate público y las libertades, al tiempo que se silencian voces alternativas, se instauran falsos debates en la opinión pública e, incluso, se militariza el espacio público. Este fenómeno de cierre está asociado con el poder de algunas élites, que buscan reprimir cualquier atisbo de protesta o disidencia y blindar así sus privilegios.

Con la crisis actual se ha abierto un período de cambios e inestabilidad en el que surgen debates sobre «nuevos» bienes públicos como la vacuna, la tecnología o la provisión de servicios públicos. En paralelo, la confianza en la democracia y en los partidos políticos se encuentra bajo mínimos; la ciudadanía ya no confía en que sean capaces de garantizar el acceso a dichos bienes.

La juventud está cada vez más desafecta del sistema y emergen, por un lado, nuevas voces desde movimientos sociales que apuestan por modelos alternativos basados en una democracia real, descentralizada, no institucionalizada e inclusiva; mientras que, por otro lado, hay sectores que reclaman políticas conservadoras y de orden.

Finalmente, este documento también quiere promover una reflexión sobre cuáles deben ser los cimientos a partir de los cuales reconfigurar los contratos sociales en ALC. En la cuarta sección, se plantean algunas propuestas que buscan contribuir a los debates sobre cómo fortalecer y volver a dotar de legitimidad a una democracia no asociada únicamente a una representación institucional, al acto electoral y a unos procesos participativos determinados, sino en relación con otros principios como el de igualdad y libertad.

SURCOS le invita a seguir el enlace para leer el documento completo o bien descargarlo.

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/07/Crisis-y-captura-el-descontento-social-en-tiempos-de-pandemia-en-América-Latina-y-el-Caribe.pdf

 

Compartido con SURCOS por Henry Mora Jiménez.

Redes de poder y corrupción en Costa Rica: aportes para el debate ciudadano

El día lunes 5 de julio de 2021 a las 4:00 p. m. se llevará a cabo la actividad: “Redes de poder y corrupción en Costa Rica: aportes para el debate ciudadano”, en el cual expondrán:

  • Randall Blanco Lizano
  • Natalia Díaz Zeledón

El comentarista será:

  • Gerardo Hernández Naranjo

Y la moderadora:

  • Isabel Avendaño Flores

El programa será trasmitido por Facebook de @FCSUCR, @cuencuaspoliticasucr, @socioUCR y @postgradosociologia, y por medio de YouTube WebTVUCR

 

Compartido con SURCOS por Gerardo Hernández Naranjo.

Onvrez de fe y el derecho a decidir o de cómo la psicosis se disfraza de neurosis política

Escrito por Roberto Acuña

Inicialmente, pensaba utilizar el sustantivo Hombre, en mayúscula, porque de esta forma se representan, en sus cabezas, aquellos preocupados por la calidad vital del mundo, la reproducción del H. sapiens y, ciertamente, el mantenimiento de las costumbres más valiosas para la sociedad… patriarcal. Tal vez así, cediéndoles ese tratamiento artificioso, quienes se sintieran Hombres podrían siquiera entender que este artículo intenta entablar una conversación con ellos. Sin embargo, probablemente, del titular no pasen, así que, utilizaré esa categoría que los movimientos feministas han elaborado para referirse a ese colectivo abstracto, con límites difusos y a veces con alcance universal, es decir, la de onvre. Esta categoría, cuya intención es desvelar/satirizar la realidad del mundo imaginario que los contingentes de alfas y omegas han ideado para sí mismos, y han plasmado en las Leyes y las Culturas, no es para nada gratuita. Desde este entendido, en todos los estratos institucionales y en todas las estructuras de poder hay onvrez, redes de onvrez, incapaces de ceder a la construcción imaginaria y material que les ha asegurado, históricamente, el poder y la reproducción de sus delusiones.

Ahora bien, no es mi intención aquí profundizar en la tipología de masculinidades y, por ende, por asociación, en los significantes masculinos asociados, generalmente, a los hombres en su pluralidad, porque primero (1) la categoría de ‘hombre’ en la actualidad presenta muchas encarnaciones que no se pueden reducir a un sujeto con pene y (2) el ‘ser hombre’ es por sí mismo una abstracción del poder que en la práctica puede revertirse o potenciarse. Así, mi interés es hablar de un perfil peligroso de Hombre que ha ido tomando fuerza geopolíticamente en las Américas, y, donde Costa Rica, por más excepcionalista que sea, no es una excepción: el onvre de fe. Esto enmarcado, también, en un debate que, si por la víspera se saca el día, los partidos neopentecostales y fundamentalistas utilizarán para ganar almas y votos en las próximas elecciones nacionales: la iniciativa popular del aborto legal, seguro y gratuito.

Los onvrez de fe, criados Hombres, y consolidados como tales por su hegemonía totalizante, son aquellos que presentan las siguientes características agentivas: (1) instrumentalizan las creencias de las personas para inmiscuir sus ideales eugenésicos y biopolíticos; (2) creen oportunistamente en el modelo tradicional de la familia, donde la mujer es una incubadora y reproductora de la simiente, y el Hombre es un baluarte de la sostenibilidad institucional; (3) vehiculizan la palabra del Dios Padre y la interpretan según una hermenéutica que favorezca la multiplicación del capital material y simbólico adueñado, naturalmente, por quien porta pene y tiene el “don” seminal de las gentes; (4) encubren, perspicazmente, delitos y corrupciones de sus redes espirituales porque, a la larga, no son tan espirituales ni tan perspicaces, más bien cínicos y fascistas; y  (5), aunque se podrían enumerar tantas características como falacias en sus discursos y acciones, tienen como objetivo, estratégico y final, asegurar, por todos los medios y niveles, que el útero continúe siendo un lugar donde la Iglesia y el Estado, compenetrados, tengan la última palabra, es decir, la prohibición.

El onvre de fe concibe el género como una ideología postmodernista —para él esto es de calidad risible, pues no puede dimensionar el desplazamiento del Hombre como molde de toda la estructura existencial— organizada por ‘feminazis’; o, en sus propios términos burlescos, porque de discusiones argumentativas y horizontales no conoce, pues solo utiliza la invectiva y la parodia misógina para elucubrar, como una invención de las agendas LGBT y ‘comunistas’ para asegurar la no reproducción de hombrecitos y mujercitas para sus proyectos tradicionales. Esta es la concepción más sofisticada. Sin embargo, concepciones hay muchas, y no necesariamente son planificadas y estructuradas, otras son discretas, mentales e inerciales, histórica y culturalmente; tal como, por ejemplo, el onvre que en redes sociales afirma que el aborto no es un derecho y que quienes promueven tal abominación son grupos de ‘aborteras’, o también quien afirma, vehementemente, que ojalá que Dios reprenda al Diablo, quien posiciona estos temas. Por su parte, no debemos olvidar que la jerarquía de los onvrez opera a partir de la dominación y la subordinación de otros onvrez, incapaces de vislumbrar las tácticas de dominación de las cuales son operarios pero al mismo tiempo víctimas. Probablemente, estos últimos sean onvrez de fe que suscriben las características anteriormente prescritas, pero: ¿por qué los onvrez de fe se resisten a perder o favorecer la pérdida del poder sobre la capacidad reproductiva de las mujeres o los cuerpos con útero?

Ciertamente, y esto ha sido formalmente estudiado e investigado por las investigadoras feministas[1], el Onvre ha construido históricamente en el útero un sistema biopolítico y eugenésico para la reproducción de la simiente y el derecho del Padre sobre su descendencia; y esto último no se agota en temas de paternidad o corresponsabilidad paterna, sino, más bien, atraviesa el patrimonio y el poder en las comunidades humanas, principalmente aquellas confesas y clericales. Paralelamente, sobre estas estructuras, también, ha arreglado un conjunto de códigos morales para asegurar que las costumbres también recaigan sobre el útero de las mujeres y los cuerpos matriciales; de manera que, toda mujer o persona gestante que quiera ejercer poder en su propio cuerpo para decidir sobre su vida sea atrapada en un acto contra la moral, las buenas costumbres y, ciertamente, contra el Estado y la familia. Para el Onvre, el derecho del esperma se antepone ante la valoración de la vida de las mujeres y quienes tengan matriz, no es casualidad que un feto, signo victorioso de la fecundación del esperma sobre ese territorio político que es el óvulo, sea tan importante para los grupos pro-aborto clandestino, potencialmente pro-femicidas y fascistas.

En este marco, los Onvrez han hecho de una psicosis política, actual e históricamente, una política y discusión de Estado. Desean, obsesivamente, que entendamos esa psicosis como una neurosis por el bienestar anímico de la ciudadanía (que en realidad es el bienestar patrimonial de los Hombres); se devanan los sesos pensando cómo comunicar evasivamente esa finalidad de sus palabras y acciones: inventan artificios discursivos, partidos políticos, canciones, oraciones, datos estadísticos, marchas, películas, muñecos, performances, publicaciones en redes sociales, anuncios, y hasta son capaces de representar una intermediación divina, gradualmente heredera del absolutismo monárquico, de los intereses de ese Dios tan lejano y egoísta que hasta ellos mismos burlan. Ciertamente, los onvrez son peligrosos, pero al mismo tiempo son muy evidentes en sus construcciones imaginarias; su único interés es asegurarse poder político y económico, de la forma más efectiva e incandescente: manipulando la fe de las personas.

En ellos, la psicosis de la realidad y su apalabramiento está motivada en estructuras institucionales y mentales que permean y movilizan a muchas personas. Los onvrez de fe son potenciales promotores de máximas coloniales; no es casualidad que quienes sean pro-aborto clandestino también tengan una agenda muy delimitada en cuanto a las discusiones étnicas o en relación con la realidad etnodemográfica de las tasas de natalidad y adopción en Costa Rica. No es el interés de los onvrez el bienestar superior de la niñez ni su cuidado, es en cambio la extensión de sus paradojas institucionales y de la concepción del Estado como un Padre que cobija a quien lo merezca por obediencia y alineación. El Estado hermanado, ciertamente, de los intereses corporativos y transnacionales: ahora, ya no importa el desempleo o el hambre, la realización de las personas y su futuro, lo que interesa es estratificar bien a las personas, darles un valor y estatus según su procedencia y nivel de adherencia a sus lugares en la pirámide social. El Estado de los Onvrez es un enigma que solo se fragua con la globalización, la transnacionalización y la adueñación de la vida y el cuerpo de las personas, pero también de la dominación de sus creencias y sus espiritualidades.

En fin, los onvrez de fe seguirán consolidando redes de estrategia, formación y producción política. Asegurarán bases que resuenen y repitan memorísticamente ideologías psicóticas con dosis de neurosis política para evidenciar una preocupación que nunca ha sido auténtica ni real: el bienestar social. La única y siempre presente majadería es la manutención del poder sobre el cuerpo de las mujeres, los cuerpos con úteros, y de toda aquella persona que represente una afrenta contra el fundamentalismo neopentecostal, pero también cristiano. Todos los onvrez son antiderechos, pero no todos los antiderechos son onvrez: también hay mujeres y hombres que desde sus disidencias no aportan a los debates feministas ni tampoco favorecen atmósferas de movilización.

Para aquellos hombres que quieran renunciar y desligarse de estas prácticas, o personas con significantes masculinos, a continuación, una posible orientación para navegar estos tiempos venideros:

  • Investigue de teoría feminista de calidad, es decir, toda aquella que se desprenda de las vivencias de quienes producen desde ese lugar. Lea, pero también escuche y tome nota.
  • Infórmese sobre colectivas que tengan por consigna los derechos de las mujeres. Informarse pasa por un proceso de concientización, no es algo aislado, debe encontrar motivación para empatizar y entender. Por ejemplo, puede leer contenido de Aborto Legal Costa Rica (@abortolegalcostarica) en Facebook, y firmar la iniciativa popular para que sea proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
  • Concientice a sus redes más próximas, de iguales, sobre la importancia de priorizar políticamente el derecho a decidir.
  • No emita comentarios o críticas que desplacen o deslegitimen la vivencia de quienes tienen útero ni sus luchas, por más informado o consciente que sea usted de la situación, desde su lugar de privilegio.
  • Comprenda que el aborto es un tema que pasa por el cuerpo de las mujeres y de quienes tengan útero; si usted no tiene útero, por tanto, no tiene autoridad para establecer el hacer, el pensar, el saber o el vivir de quienes sí lo tienen; dicho esto, su tarea es respaldar en calidad ciudadana una lucha civil por un derecho humano.
  • ¡Renuncie a sus privilegios!

Bien podríamos decir, en tono beauvoriano: “No se nace onvre, se deviene”, y, de tal forma, se debe evitar. Una amiga transfeminista, segura de su pensamiento, al mostrarle este escrito me dijo que, a pesar de que el uso de la categoría onvre le da un giro a la forma en la que los hombres han desplazado, nombrado y desnombrado a las feministas y sus luchas desde la mismidad, es importante no utilizarla en sustitución de la categoría de hombre, pues su consecuencia sería naturalizar esencialmente un destino biológico y político que, de por sí, en la actualidad, está cada vez más en crisis por las demandas y las exigencias que los sectores feministas hacen al contingente de hombres. En todo caso, la pregunta siempre es la misma: ¿cómo construir una forma de ser y vivir con cuerpo sexuado masculino que renuncie a los privilegios históricos de su constitución cultural y jurídica?

[1] Léase fundamentalmente a Gayle Rubin, Gerda Lerner, Mithu Sanyal, Kate Millet, Rita Segato, entre otras.  

Imagen: https://malvestida.com/2020/08/onvre-significado-que-es/

VICTORIA… ESPERANZA

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En su texto poético “Sermón del Migrante (a la sombra de una ceiba)” el escritor chiapaneco Balam Rodrigo relata el paso de riesgo y dolor de las personas migrantes centroamericanas por México.

Tan solo en un fragmento de ese texto inicial del galardonado “Libro Centroamericano de los muertos” (FCE, 2018) recoge toda la dimensión de la actitud hostil de una industria migratoria mexicana y de otros países de tránsito, conformada por múltiples actores, hacia las personas que se movilizan por su territorio buscando frontera con Estados Unidos:

“Y vi claro como sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los coyotes, por la culata de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión de los narcos, y era su sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos, es decir, el dolor de cualquiera” (Rodrigo, 2018).

Pensar en el atravesamiento de los cuerpos de las personas migrantes en tránsito, en su vulneración por un poder real que utiliza la violencia en todos sus extremos como forma de imposición, es aludir a una política del exterminio como organización y administración migratoria.

La noción de Necropolítica acuñada por el filósofo camerunés Achille Mbembé alude a la forma como el poder define cuáles vidas importan y cuáles no, en un juego de decisión en el que la principal acción no es matarles, sino dejarles morir.

El sábado 27 de marzo 4 agentes de seguridad (tres hombres y una mujer) del mexicano municipio de Tulum en Quintana Roo, redujeron por la fuerza y a la mínima expresión a la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, madre de dos niños y poseedora de visa humanitaria en aquel país. Mientras ella imploraba por su vida, estos representantes de los órganos de seguridad mexicanos decidieron por la vida de Victoria: la dejaron morir mientras la castigaban según ellos con una acción ejemplarizante.

La autopsia practicada a Victoria determinó la fractura de la primera y segunda vértebras cervicales que le produjeron la muerte. En los videos que circulan sobre su asesinato, que confieso no he logrado ver aún y me resisto a ello, se aprecia un uso de la fuerza desmedido, un ensañamiento y una brutalidad comparada con el más odioso racismo y la más burda misoginia que puedan existir.

En manifestaciones lideradas por colectivas feministas en Tulum se leen frases directas y ciertas, escritas en pancartas levantadas con vigor por las manifestantes: “no se murió, la asesinaron”, “el sistema mató a Victoria”, “El paraíso huele a sangre”.

Y es que la movilidad ahora está proscrita. Es concebida como peligrosa. Por lo tanto hay que eliminarla. Como le pasó a Elvin Mazariegos, ciudadano guatemalteco abatido a tiros por el ejército mexicano al trasladarse a Chiapas a comprar mercancías. Un acto centenario hecho por generaciones de generaciones de guatemaltecos (y también de mexicanos que cruzan hacia Guatemala con el mismo objetivo) es ahora criminalizado y disuadido de esta manera, tan absolutamente violenta e inhumana.

Estos tiempos de excepcionalidad y pandemia han logrado instrumentalizar la violencia contra las personas migrantes en todas sus variantes. Y los riesgos permanecen. Justamente por estos días ya se anuncian nuevas salidas de colectivos de migrantes desde Honduras, país que recién empieza a conocer formalmente los estragos de una corrupción narco-política en la cual sus altos mandos han tenido participación directa.

La comunidad internacional calla y es timorata y el cuerpo diplomático acreditado en aquel país es cómplice al no alzar la voz para terminar con la impunidad de las clases dirigentes hondureñas. De este escenario complejo se anuncian nuevas salidas de personas buscando sobrevivir lejos, muy lejos de su patria.

La victoria de la esperanza tendrá que esperar por ahora. Lamentablemente es la victoria del poder y la violencia irrestricta y sistemática sobre los cuerpos migrantes la que campea. Esto tiene que cambiar. Absolutamente. Para siempre.

La violencia contra las personas que se movilizan es multidimensional. Y no por ello debe ser posible y legitimada. Un telenoticiario costarricense ha tematizado ya durante varios días sobre los ingresos irregulares de personas nicaragüenses al país. Los contenidos de sus notas orientan la conformación de opiniones públicas sesgadas contra esta población.

Solo esperemos que hechos como los ocurridos en México no tengan réplicas en nuestros contextos. Suficiente violencia simbólica experimentan quienes vienen a contribuir con el 12% de la economía costarricense para someterse a nuevas formas de vejación. Ya en 2018 tuvimos las primeras manifestaciones físicas de cierto odio exacerbado, violento y nacionalista en una marcha de la vergüenza en San José, la capital costarricense.

La victoria de la esperanza se alcanzará cuando una sola de las personas que se movilicen en el mundo dejen de ser criminalizadas y violentadas por el sistema económico, social e institucional imperante. Yo sigo aguardando por ese momento.

Imagen: http://tiberiades.org/?p=782

Hegel y Marx: la dialéctica del amo y del esclavo

Por Arnoldo Mora

La dialéctica del amo y del esclavo es una de las páginas más célebres de LA FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU, una de las obras mayores de Hegel, quien es considerado como uno de los filósofos más influyentes de los últimos doscientos años. La dialéctica del amo y del esclavo constituye uno de los mayores aportes y de mayor trascendencia de la filosofía hegeliana a la filosofía contemporánea; sobre todo, si tenemos en mente la versión que de la misma hizo Marx a la luz de las categorías epistemológicas que sustenta el materialismo histórico; por eso resulta difícil, por no decir imposible, separar una versión de la otra, si bien es indispensable hacer este intento para mejor sopesar y valorar el aporte de una u otra versión. Para Hegel, la dialéctica del amo y del esclavo caracteriza una de las “figuras de la conciencia” histórica: la antigüedad clásica, que Hegel analiza particularmente a propósito del Imperio Romano. En concreto, para Hegel se trata de comprender la historia como vivencia existencial colectiva, tomando en cuenta una ética de la alteridad, basada en una concepción integral de la sociedad y de la confrontación de los sectores que la componen; todo lo cual da un enfoque político a los procesos históricos, entendiendo por “política” el ámbito social donde se libra la lucha por el poder y su resultante como ejercicio del mismo en el Estado. Para ello, se requiere asumir un punto de vista epistemológico, a tenor del cual se analizan los hechos no sólo como realidades objetivas como hace el historiador, sino desde la conciencia vivida de los principales protagonistas de la historia; ya que lo importante para nuestro filósofo en la historia, más que los hechos tomados como eventos aislados o, más exactamente, a partir de los hechos fácticamente tomados, aquí se busca explicar la racionalidad que rige, no tanto los hechos individualmente tomados, sino los procesos históricos que los rigen y explican; por lo que se reflejan en las instituciones que en esos períodos históricos se crearon.

En este caso concreto, el aporte más significativo de la Roma clásica a la cultura universal fue la creación del primer Estado propiamente dicho (Maquiavelo) y su justificación racional mediante el derecho. En la historia, tal como la solemos estudiar, se caracteriza a la sociedad y al Estado de la Roma Imperial, organizada como una sociedad “esclavista”. Desde un enfoque epistemológico, la sociedad romana debe verse como un todo socio-cultural, donde amos y esclavos son por igual, aunque con roles diametralmente diferentes, sus artífices; en una sociedad esclavista, unos y otros son indispensables. Al analizar la conciencia del hombre romano, Hegel señala que uno de sus componentes es el esclavo, tan imprescindible como el señor, si bien con un rol irreconciliablemente antagónico. En consecuencia, si caracterizamos la conciencia del romano, sea amo o sea esclavo, estamos ante una conciencia alienada, dado que una de las partes que la componen, es negada por la otra; estamos ante una conciencia en conflicto, en lucha contra sí misma. El esclavo es la negación del amo; por su parte, el amo se niega a sí mismo, al negarse a reconocer uno de los elementos constitutivos de su propia conciencia. Ese elemento, que es el esclavo, es la parte material de la conciencia del amo, y el amo es la parte pseudoespiritual o trascendente de la conciencia del esclavo; por lo que éste lleva a su dominador dentro de sí mismo; su conciencia también está enajenada.

El amo sólo sueña en ser conquistador por la violencia, por lo que desprecia al esclavo a quien ha vencido obligándolo a producir lo necesario para satisfacer las necesidades materiales, es decir, la vida mediante el trabajo. Dentro de este contexto político y cultural, el esclavo no es una persona, no es un sujeto de deberes y derechos sino un instrumento o herramienta de trabajo; su vida, a los ojos del señor, no se justifica más que por la producción de bienes materiales; razón por la cual justifica su existencia objetivando su esencia de esclavo mediante el producto de su músculo, aunque no le pertenece sino al amo, es él – el esclavo – el que produce la riqueza; esta es la razón por la que el amo le perdona la vida. Lo que el amo olvida es que, si bien el esclavo necesita del amo para sobrevivir, el amo también necesita del esclavo, porque sin su trabajo se moriría de hambre. No hay amo sin esclavo; el amo necesita del esclavo para afirmar su libertad y justificar su condición de amo; el esclavo le es imprescindible; por lo que el esclavo se convierte en su destino inexorable; hasta el punto de que el amo termina por depender de la existencia misma del esclavo.

Por eso el esclavo se libera, es decir, produce su propia libertad, al objetivar la conciencia alienada mediante el trabajo material, mientras el amo destruye su propio ser en el goce o disfrute del trabajo ajeno. Más que el esclavo, es el amo quien necesita del esclavo para su propia sobrevivencia. El amo está más lejos de su liberación que el esclavo; el amo sólo podrá lograr su libertad, es decir, desenajenar su conciencia de esclavista, mediante la reconciliación con el esclavo; lo que equivale a reconocer la condición de persona del esclavo y, con ello, su condición de sujeto de derechos y deberes. Lo cual significa que el amo debe negarse a sí mismo, vivir su propia contradicción intrínseca como su destino inexorable como individuo (Hegel) y el fin de su clase social como destino histórico (Marx).

Finalmente, si vemos este proceso dialéctico a más largo plazo, es decir, desde el punto de vista de una filosofía de la historia de Occidente, como lo hacer Hegel en la obra mencionada, el hombre medieval – período que sigue a la época clásica esclavista – se caracteriza por asumir su existencia como “conciencia desdichada” o conciencia desgarrada, que ya en sus escritos de juventud Hegel caracterizaba como lo propio del cristianismo; tal es la conciencia de culpabilidad por considerarse un pecador. Esa concepción teológica llega al paroxismo con los reformadores, de donde proviene el propio Hegel. Por su parte, el reconocimiento de los derechos y deberes del esclavo, es decir, de las clases sociales subalternas, implica una revolución, no sólo política, sino también cultural. Para Marx, esto sólo se da con un cambio en la clase social dominante, cosa que, históricamente, se logra gracias al advenimiento del modo de producción feudal y la cultura medieval básicamente teológica, “metafísica”, diría Comte. Con ello la contradicción interna y existencial del hombre medieval se traslada al más allá, con lo que la vida aquí en la tierra se ve tan sólo como un tránsito a la otra vida, la que es considerada como la definitiva y plena; el más allá es la razón de ser del más acá. Las grandes peregrinaciones religiosas son la más evidente expresión de esa cultura, dirá Hegel.

Patrimonio / patriarcado

Dr. Pablo Bonilla Elizondo. 10 de marzo del 2021

No es casualidad que la raíz de la palabra patrimonio sea la misma que la de patriarcado.

Ya lo decía Walter Benjamin, en la introducción a La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (2012) nociones heredadas (y añado rancias) de las artes como “genio” “legado” y “valor de eternidad” son comúnmente instrumentalizadas por el fascismo y las ideologías dominantes.

Esto lo demuestran la mayoría de monumentos conmemorativos y la arquitectura patrimonial, que, aunque se supone cumplen la función de guardar “la memoria nacional” o hacer presente relatos o valores que como sociedad requerimos para constantemente repensarnos, en cambio se levantan incuestionables e irreflexivos, siendo las más de las veces producto de decisiones políticas unilaterales, con nula participación ciudadana y escaso criterio profesional o técnico.

Todos esos dispositivos situados arbitrariamente en el espacio público y sacralizados, en realidad tienen una función muy distinta: legitiman un poder, un relato histórico o una cultura de clase. Más cuando vemos como el poder político o económico los utiliza como arma arrojadiza para desviar y deslegitimar los reclamos necesarios y justos de las manifestaciones del 8 de marzo. Bajo el pretexto de la defensa del patrimonio en realidad se defiende una hegemonía patriarcal, se exculpa una deuda histórica del estado por la equidad y de la responsabilidad institucional por violencia y asesinatos que tienen una causa estructural.

Es claro que la mayoría de esos “indignados” que replica esa instrumentalización patriarcal (desde los que se sitúan en la sombrita del poder, hasta los robots de redes sociales) no les interesa la memoria, el carácter intangible de lo patrimonial, por eso lo instrumentalizan dañándolo aún más que un grafiti que se borra en una mañana.

Pero, además, nadie se indigna por la mala gestión del mismo ni por los anuales recortes al sector cultura ni la precarización de los y las artistas, menos porque se roben las placas de monumentos o los orinemos “los maes”.

Mucho menos les interesa preguntarse por la naturaleza del patrimonio y llegar a la raíz del asunto: ¿Quién lo puso ahí? ¿qué representa? ¿qué valores transmite? ¿por qué debemos mantenerlo? En países con pasados dictatoriales estas preguntas han sido urgentes y han desembocado en una consecuente remoción de muchos “legados”, en realidad símbolos de opresión. También lo hemos visto de forma reciente en las reivindicaciones raciales en toda América. Esos monumentos, las más de las veces se constituyen en símbolos déspotas de una violencia sistemática reacia a exprimirse: ha sido necesario el enojo para señalar su presencia.

Aquí, en el nuestro país, no ajenos a pasajes oscuros en nuestra historia, esas preguntas no se hacen y hemos presenciado sin alterarnos, al contrario, como se sepulta la acción valiente de los y las estudiantes que se levantaron en contra de la dictadura de Tinoco con un ocurrente y especulativo Barrio Chino. Vemos como Diputados de la República legitiman el fascismo de León Cortés filmándose orgullosos a sus pies o la inoperancia de un Ministerio de Cultura que no le preocupa que un monumento a Vázquez de Coronado se levante a escasos metros de sus instalaciones…. incluso la ministra le dejó flores a Isabel la Católica el 12 de octubre de espalda a nuestras culturas prehispánicas.

Lo cual me hace pensar que en realidad no molesta el daño al patrimonio, les molesta el mensaje subrayado en su justo emplazamiento: en la apropiación de estos dispositivos simbólicos que hace de ese necesario e inevitable reclamo una evidencia contundente de las raíces patriarcales de nuestra sociedad y las deudas históricas del estado.

La defensa de la patria y la búsqueda por silenciar las reivindicaciones coinciden bajo interés muy claro de perpetuar un dominio, un colonialismo interno que encuentra un justo desafío en la deconstrucción de sus símbolos.

Dr. Pablo Bonilla Elizondo.
Doctor Cum Laude en Arte: Producción e Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. Profesor e investigador de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica en las áreas de arte público, semiótica y teoría del arte.

Referencias.

Benjamin, W. (2012). La obra de arte en la época de su reproducción técnica. En Obras Libro /vol 2. Madrid: Abada Editores.

Imágenes: compartidas en redes digitales.

CEPAL: Pactos sociales al servicio del bienestar en América Latina y el Caribe: ¿qué son y qué papel tienen en tiempos de crisis?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó la investigación titulada “Pactos sociales al servicio del bienestar en América Latina y el Caribe: ¿qué son y qué papel tienen en tiempos de crisis?” de la División de Desarrollo Social de la Cepal. El documento es una entrega de Juliana Martínez Franzoni y Diego Sánchez-Ancochea.

El texto aborda desde una perspectiva comparada internacional el papel de los pactos sociales orientados a garantizar el bienestar de la población en América Latina y el Caribe, tomando en consideración el poder de las élites, el papel de los movimientos sociales y la relevancia de las arquitecturas de política social, es decir, la forma en que las acciones y los programas se diseñan desde un inicio.

Asimismo, expone una serie de conclusiones y recomendaciones orientadas a la reflexión respecto de la generación de pactos sociales para afrontar un futuro incierto que, mediado por la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y sanitarias, logre encaminarse hacia sociedades con mayor igualdad y cohesión social.

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Peores escenarios se avecinan para el agua

Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo-ITCR

Hoy, 15 de diciembre 2020, el proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico”, Expediente 20.212, podría ser archivado. Se discute en un momento crucial de ataque a la humanidad y a los ecosistemas por parte del sistema corporativo mundial, ya que están consumando sus aspiraciones de mercantilizar el agua en la Bolsa de New York/Wall Street. Llegamos al momento aciago que el poeta Silvio Rodríguez cantara hace años: “Me pregunto qué negocio es este, en el que hasta el deseo es un consumo, qué me haré cuando facturen el sol”. En ese pantanoso escenario, es más que indispensable y de primerísimo orden que Costa Rica asegure las más estrictas medidas de protección del agua y evite su explotación comercial sobrepasando los ya perniciosos márgenes que tenemos hoy día.

Son muchísimos los aspectos por analizar pero ahora hago un resumen sobre lo público-privado y ausencia de participación. El texto como tal no reza que se vaya a privatizar el agua, pero sí contempla mecanismos que consolidan prácticas de explotación privada y crea otras que la propician. Las experiencias de control y manejo del agua con participación y privilegio del sector privado nunca han generado resultados positivos para lo pueblos. En 2003 analizamos los caminos diversos del agua privada y aunque no nos ocuparemos de este gran tema ahora, si debemos reiterar que lo público y lo privado no se dibujan en blanco y negro, ni como opuestos dado que la privatización es un ejercicio normado desde los Estados neoliberales como parte de las estrategias corporativas para trasladar servicios públicos al sector privado (ver Agua: Lucha mundial entre capital privado y justicia https://doi.org/10.15359/rca.25-1.5 y otros textos del autor relacionados). Privatizar no consiste únicamente en entregar la operación de sistemas de distribución de agua a empresas privadas de manera directa, como ocurrió en Bolivia, Argentina, Chile, México, Canadá, etc. Las alianzas público-privadas y las concesiones, que ocupan un lugar del privilegio en esta propuesta de ley, son una de las vías principales usadas en todo el mundo para estimular la competencia entre lo público y lo privado, en detrimento de lo social, colectivo y solidario.

El proyecto 20.212 no se acerca a la aspiración de regular en favor de lo público, justo y solidario. La sola y contundente propuesta de convertir a las ASADAs en concesionarias y colocarlas como competidoras por el agua, es suficiente para advertir el sesgo anti-público del proyecto. La propuesta crea todo un abanico de riesgos mediante múltiples propuestas como las concesiones (ver Capítulo III. Concesiones), las “sociedades de usuarios” (artículos 102-104), el “Uso colectivo de las aguas en condominio” (artículo 105), la posible consolidación del negocio privado de exportación de agua (artículo 57) y la reconcentración de poder en la DINA para la toma de desiciones técnicas y políticas sobre el agua (múltiples artículos).

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, en su “Informe de desarrollo humano 2006. Más allá de la escazes: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, fue contundente al advertir sobre los riesgos de crear espacios de control del agua por parte del sector privado: “La característica distintiva del agua reside en su rol fundamental en los medios de sustento de los individuos y el medio ambiente de un país. Esta propiedad excepcional señala la necesidad de implementar sistemas de normas e instituciones altamente desarrollados que permitan garantizar que los objetivos de política pública fundamentales como la justicia social y la sostenibilidad ecológica no estén subordinados a la búsqueda de beneficios privados”.

Lo público debe primar en una legislación que a futuro procure blindar el agua ante los riesgos que desde hace años advirtió el PNUD, y repetimos, sobre todo ahora que llegamos al extremo previsible y ansiado del mundo privado de tranzar el agua en Wall Street. Sobre este particular podemos adelantar que Costa Rica debería contar una política pública que prohiba elevar los niveles actuales de lucro con el agua y, de manera absoluta, evitar la exportación de agua incluso a nivel de rango constitucional. Si el agua sale del país debería ser únicamente por fines humanitarios y nunca para negocios públicos ni mucho menos privados. La realidad actual de Costa Rica enseña que el agua ya es un elemento sujeto a la explotación y lucro privados. Ante eso lo que se esperaría de una nueva ley es que estableciera regulaciones que limiten, inhiban y prohíban los usos y explotación privada del agua y aseguraran una visión o nuevo paradigma orientado sin ambigüedades al bien común. Pero esa no es la visión del proyecto.

Si reconocemos, como debe ser, que la privatización no es sólo transferir directamente a entes privados la operación de un servicio o empresa, si no entregarlo por concesión o mediante la creación nuevos entes operadores, aunque sea para segmentos reducidos que los aprovechan en beneficio privado, este proyecto apunta a fortalecer los espacios de control no públicos del agua. Ese debate sobre las vías para disminuir lo público, entendido como el control demanial, social, colectivo, solidario y justo en precio y acceso del agua, que se ejerce desde el Estado y desde lo social-comunitario a través de organizaciones de base, como las ASADAS, seguirá pendiente más allá de lo que ocurra con este proyecto.

Más exclusión y menos participación social-comunitaria

Si hubiera que evaluar este proyecto de ley con un criterio básico y fundamental como la participación efectiva y la garantía de inclusión real de las personas a través de sus organizaciones de base comunitaria en la gestión del agua; habría que rechazarlo.

Desde que el 31 de marzo del 2014 a media noche y con extraño sigilo fue aprobado en primer debate este proyecto, sabíamos que se había liquidado cualquier vestigio de participación incluida en la iniciativa popular, contenida en el Expediente legislativo 17.742. Un segundo debate y aprobación sellaría el ataúd con el cadáver de la participación efectiva de la ciudadanía en el manejo democrático del agua (el proceso del proyecto de iniciativa popular del agua puede consultarse en trabajo de Barquero Mata, Sofía. (s.f.). Leyes de Aguas: análisis completo. Sobre el procedimiento de la iniciativa popular).

En el texto del proyecto que circulaba antes del 3 de diciembre 2020 ni siquiera se mencionaba a las ASADAS, y posiblemente por tan desmesurado error, fue que en la versión que empezó a circular ese día ahora fueron incorporadas en el artículo 5 indicando que el “sector hídrico del Estado…está constituido por la Administración Pública centralizada, descentralizada, autónoma, semiautónoma, las municipalidades, las empresas públicas y del Estado y las asociaciones administradoras de acueductos comunales (ASADAS), que tengan dentro de sus competencias la gestión sectorial y multisectorial del agua”.

Los mecanismos mediante los cuales se podría hacer efectiva la participación de las comunidades, no son claros y más bien podemos decir que no existen como tal en el proyecto. El artículo 2 “Principios generales” indica “l) Participación: el sector hídrico del Estado promoverá la participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico, en el ámbito nacional”. Esa es una generalidad que puede interpretarse como sea, y es claro que por vía reglamentaria no se asegurará esa participación. “Todos los sectores” es un postulado que coloca en igualdad de condiciones a todos los potenciales concesionarios que pretendan usar el agua para cualquier uso. No se podría augurar nada positivo si retomamos la competencia desproporcionada a la que someten, por ejemplo, los agronegocios y las hidroeléctricas a las comunidades, y las dificultades extremas de estas últimas para tener al menos acceso al diálogo con instituciones como el MINAE y particularmente con la Dirección de aguas y SETENA, que sistemáticamente las ignoran o anulan. De ninguna manera resulta suficiente la promesa contenida en ese artículo 2. Una legislación que verdaderamente busque garantizar el agua como derecho humano, de consumo humano y resguardada por el Estado en cualquier circunstancia o amenaza, debe establecerlo con claridad.

Lo más cercano a participación que el proyecto propone es el artículo 22 “Información y consulta pública”. Según el texto “Las propuestas del Plan Hídrico Nacional, el balance hídrico nacional y los planes hídricos de unidad hidrológica se someterán a consulta pública, a fin de que la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones a dichas propuestas”. Esa limitadísima participación es contradictoria con el optimismo que desde el 2017 había expresado la Directora de AyA Yamilet Astorga, quien “asegura que ley de aguas mantiene la esencia de la Iniciativa Popular”. La funcionaria se contenta con que la población “pueda formular observaciones, aclarar dudas o presentar modificaciones a dichas propuestas”. Para ella es suficiente que “podemos llegar a crear los Consejos de Unidades Hidrológicas, mediante decreto ejecutivo, como una forma de operacionalizar esta ley”, https://www.informa-tico.com/8-11-2017/presidenta-aya-asegura-ley-aguas-mantiene-esencia-iniciativa-popular) lo cual no pasa de ser una laxa promesa que no asegura, de ninguna manera la participación efectiva de las organizaciones sociales de base, como las ASADAS.

Es evidente que las decisiones técnicas, financieras y políticas seguirán siendo un ejercicio centralizado y controlado desde la nueva DINA, si se aprobara el proyecto. Limitar la participación a “Información y consulta pública”, es una debilidad absoluta e insalvable que desde la aprobación del proyecto en 2014 habíamos señalado como gravísima y suficiente por sí misma para rechazar el proyecto en su totalidad. Esa exclusión revela que el “lobby” local del agua que promueve el proyecto concilió con las presiones e intereses del sector empresarial, además de resellar un desprecio total por la participación democrática y efectiva de la gente en los procesos de diálogo, generación de consensos, negociación y decisiones colegiadas sobre el agua.

En el proyecto no hay una sola frase que busque fortalecer a las ASADAS como entidades que aseguren el manejo comunitario y democrático del agua. Tampoco nada que procure que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones. Ese aspecto está directamente asociado con principios como que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público y que genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares y privados.

La exclusión de las ASADAS y los riesgos asociados con la reducción de su perfil en el manejo del agua, valga decir en contraposición con la creación de espacios para entidades privadas, fue expuesta con claridad por el Colegio de Geólogos de Costa Rica (2020) que en su oficio 2020 CGCR 267-2020 dirigido a los y las diputadas, expresan: “Acerca de las ASADAS. Lejos de regular y fortalecer la situación actual de las ASADAS el proyecto de ley las excluye, les obliga a solicitar concesiones y pagar por ellas a pesar de ser entes que prestan el servicio mediante un Convenio de Delegación de Administración con el AyA (Art. 5 y Art. 58). Las ASADAS deben ser consideradas en cualquier legislación sobre el recurso hídrico debido a la importancia de la labor que realizan, ya que cubren un 33% de la población del país”.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado es que el consumo humano es una prioridad cuestionable e incierta en el proyecto. Las definiciones son tan generales que abren la puerta para que cualquiera, sea público o privado, proponga, compita y obtenga concesiones. En el artículo 61, que como en muchos otros se norma el otorgamiento de concesiones, se indica: “Requisitos y procedimiento para otorgar concesiones. Toda solicitud de concesión para el aprovechamiento del recurso hídrico deberá cumplir los requisitos generales y específicos propios para cada tipo de aprovechamiento que se establecerán en el reglamento de esta ley; además, cumplir con el procedimiento aplicable para el otorgamiento”. Ni en este ni en otros artículos se enfatiza ni especifica el uso público, solidario y equitativo del agua, del tal manera que los concesionarios, de cualquier tipo, tendrán que “pujar” de acuerdo a sus intereses. Además, los requisitos quedan sujetos a nuevos reglamentos en cuya creación no está prevista ninguna forma de participación ciudadana. Como dijo una impulsora del proyecto, la Diputada Paola Vega, “se necesita una concesión independientemente de quien la pida”.

El único artículo del proyecto de ley que establece con claridad cuáles son los usos prioritarios del agua, es el 95 referido a la “Declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico”. Esa condición se declarará “cuando (la Dirección de aguas) haya constatado técnicamente la disminución atípica de la disponibilidad del recurso; valorará, entre otras, las condiciones meteorológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, hidrobiológicas, agrícolas, geográficas, sociales, ambientales, económicas y de calidad del recurso”. La realidad es que hasta hoy día muchísimas comunidades se han quedado sin agua y las autoridades no han hecho, por la razón que sea, los estudios pertinentes, ni mucho menos han declarado emergencia como corresponde. Esto ha sido así porque se han protegido los intereses privados sobre lo público y comunitario, y obviamente sobre los derechos de los ecosistemas, que más bien quedan desprotegidos con las definiciones y usos de los “caudal ambiental”.

Una legislación verdaderamente orientada a la protección integral y ecosistémica del agua, lo mismo que a usos justos y solidarios desde lo público y comunitario, debe icluir algunos principios que este proyecto no contiene. Algunos de los principios son:

  • que el Estado, como garante de los derechos colectivos del pueblo, ejerza soberanía total para asegurar el control del agua para su uso en favor del bien común,
  • que la población tenga seguridad de que el agua será considerada efectivamente y sin manipulaciones, controles políticos ni económicos, en las decisiones sobre los usos prioritarios y su protección ecosistémica,
  • que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones,
  • que se tenga garantía de que por ser un derecho humano no esté sujeta de ninguna manera a la competencia comercial; mucho menos cuando se comprometan la salud de los ecosistemas y el acceso de la población,
  • que sea distribuida con equidad, solidaridad y hasta entregada de gratis a la gente más pobre que no pueda pagarla,
  • que haya seguridad absoluta de que será protegida frente a cualquier forma de explotación lucrativa y privada (esto sabiendo que en Costa Rica operan múltiples mecanismos de lucro con el agua),
  • que los usos prioritarios estén explícitamente estipulados y que no existan opciones, como las concesiones, sociedades de usuarios, etc, para que los usos públicos y colectivos tengan que competir con los negocios privados de cualquier tipo, como sucede ahora mismo en Costa Rica,
  • que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público, y en ese tanto no facilite su explotación privada,
  • que la institucionalidad genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares, y que respete y escuche a los actores sociales comunitarios,
  • que el Estado garantice los recursos económicos necesarios para que el sistema jurídico y operativo, la investigación científica y el seguimiento, permitan la efectiva protección ecosistémica del agua y su distribución equitativa.

¿Se cumplen esos atributos fundamentales en el proyecto de ley de agua número 20.212? Definitivamente no.

Imagen: Juan Pablo Ugalde

Reflexión sobre el estallido social

Alexis Rodríguez B.

Partimos de un mundo capitalista, patriarcal, colonialista y antropocéntrico. Estos conceptos encierran las prácticas más nocivas para la vida; vida en la que no se permite soñar, porque todo sueño está atravesado por la explotación laboral, por sistemas educativos punitivos, por la violencia estatal y una ecología decadente.

Aún se conservan pueblos que por su legado ancestral o por lucha y resistencia política, mantienen prácticas inspiradas en la solidaridad, en el respeto a la Tierra y por una vida digna. Estos grupos, con pensamiento de caracol, constantemente vuelven su mirada atrás, para reflexionar sobre sus acciones y poder crecer, mejorando su convivencia. Esto en contraposición con la visión unidireccional que promueve el mal llamado progreso neoliberal.

Un abrazo a les Zapatistas, a los pueblos aborígenes y a todas las organizaciones alrededor del planeta, que sostienen una vida desacelerada, armoniosa y que inspira a todes quienes sufrimos el egocentrismo occidental.

Con los pies en una tierra actualmente conocida como Costa Rica, delimitada por fronteras ficticias e inspirada por un proyecto político con espíritu mercantil, manchado con sangra de aborígenes asesinades por genocidas como Cristóbal Colón y que ingenuamente se hace llamar un país de paz, se hace esta reflexión al calor de una coyuntura política crítica.

Las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores, son herramientas con las que se puede analizar el estallido social que estamos viviendo, ya que a pesar de que las consignas que exigen les manifestantes son muy específicas, lo que muestran es que el deterioro de las condiciones de vida es un problema estructural, es un sistema que por más reformas que se le apliquen, no es capaz de suministrar lo necesario para que se cubran las necesidades básicas. Esto es, porque, aunque en muchos discursos políticos quieran hacer creer lo contrario, a este sistema no le importa crear condiciones para una vida digna, lo que le importa es crear riqueza y distribuirla inequitativamente en pocas manos. Para cerrar este párrafo es importante mencionar que cuando se dice sistema, no es de manera abstracta, este sistema tiene caras, nombres: son aquellas personas que ostentan el poder desde posiciones privilegiadas en puestos gubernamentales, empresariales y en la milicia. Contra estas personas es que se lucha, para derribarles.

El caos precede a la creación. Esta es una oportunidad para alimentar discusiones que nos dirijan a un mejor mañana, para que las exigencias no solo sean por reformas que ni a mediano ni a largo plazo van a mejorar nuestra calidad de vida. Que la rabia y la disconformidad nutran consignas anti-capitalistas, anti-patriarcales, anti-colonialistas y anti-antropocéntricas. Soñemos, soñemos con alternativas revolucionarias.

Imagen aportada por el autor.