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Etiqueta: polarización política

ACOHUSE invita a panel sobre humanismo secular, democracia y derechos humanos

La Asociación Costarricense de Humanismo Secular (ACOHUSE) invita al panel “El humanismo secular frente a los retos de la erosión de la democracia y los derechos humanos”, un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas en materia democrática, convivencia social, educación crítica y respeto a los derechos humanos.

La actividad reunirá a especialistas de distintas disciplinas para abordar temas relacionados con la democracia, la polarización política, el autoritarismo, el uso político de la religión y la construcción de una ciudadanía crítica en el contexto costarricense y latinoamericano.

El panel contará con las siguientes exposiciones:

  • M.Sc. Edwin Retana, abogado penalista
    Tema: Dignidad humana y pluralismo en contextos de conflictividad social.

  • Dr. David Castillo, teólogo
    Tema: El uso político de la Biblia en el proyecto político Chaves-Fernández.

  • M.Sc. Claudio Alpízar, politólogo
    Tema: Democracia, polarización y fatiga institucional en América Latina.

  • M.Sc. Rodrigo Campos, sociólogo
    Tema: Educación crítica y democracia en Costa Rica.

  • Dr. Ricardo Sossa, sociólogo
    Tema: Autoritarismo cultural y deslegitimación del disenso.

La organización señala que el foro busca propiciar una discusión abierta sobre los procesos de erosión democrática observados en distintas sociedades, así como analizar los desafíos que enfrentan los derechos humanos, el pluralismo y la convivencia democrática en la actualidad.

La actividad se realizará el miércoles 1 de julio de 2026 a las 6:00 p.m. en el Salón de Legisladores de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información y reservar espacio mediante el número 6036-7353.

Detalles de la actividad

Actividad: Foro-panel “El humanismo secular frente a los retos de la erosión de la democracia y los derechos humanos”
Organiza: Asociación Costarricense de Humanismo Secular (ACOHUSE)
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Salón de Legisladores, Asamblea Legislativa de Costa Rica

El decoro constitucional

Walter Antillón

Parte I. En general

El ejercicio del derecho público nos ha permitido comprobar que, de la vida y de la estructura del Estado, las constituciones sólo regulan explícitamente los aspectos primarios; de modo que aquella compleja realidad estatal se nutre y se concreta mediante una pluralidad de elementos provenientes de otras diversas fuentes.

El primer constitucionalista en identificar algunos de esos elementos fue el profesor británico Albert V. Dicey (Introduction to study of the law of the Constitution; MacMillan, London, 1914, pág. 244), quien a fines del Siglo XIX acuñó el sintagma ‘Constitutional conventions’ para indicar los acuerdos alcanzados en las altas esferas del poder acerca del significado de palabras clave, o de comportamientos adecuados, frente a los vacíos de la Constitución, lo cual tuvo gran difusión en el mundo del ‘Common Law’ (entre muchos: Wade-Phillips: Constitutional Law; Longman Green Co., London, 1948; pág. 87).

En el campo del Derecho Continental fue el gran maestro italiano Santi Romano quien primero se ocupó del fenómeno en su ensayo de 1909 Diritto e correttezza costituzionale (Ahora en Scritti minori, I, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1990, p. 331 sigtes.). A partir de dicho ensayo, la doctrina ha elaborado el concepto de “correttezza costituzionale”, que traduzco como “decoro constitucional” (porque se trata precisamente de la dignidad, el respeto y la decencia en el comportamiento y en el lenguaje adoptados por los funcionarios) en los siguientes términos:

El decoro constitucional se traduce en deberes que no están previstos en la letra de la Carta, cuya vigencia, sin embargo se presupone. Junto a los acuerdos y las costumbres constitucionales, las reglas del decoro concurren a regular los actos y los modos de ejercicio del poder de los sujetos políticos, llenando los espacios vacíos dejados por las disposiciones de la Constitución formal, o integrando, o especificando el significado que debe atribuirse a dichas disposiciones. Se suelen expresar tanto en las actuaciones directas del funcionario como en forma de pactos, en compromisos de honor entre contrarios; en la mutua deferencia, respeto, cortesía entre los poderes públicos, etc. La comunidad ciudadana los adopta como parte de su educación política.

Las reglas del decoro constitucional son, por ende, de distinta naturaleza y cumplen diversos papeles: reglas de moral política, de equidad, de colaboración leal, de buena fe y de debida diligencia en la vida pública; de buen uso de poderes discrecionales, del lenguaje y los modales, etc.; contribuyen a asegurar el buen funcionamiento de los órganos supremos y a evitar que el ejercicio de los poderes discrecionales desemboque en abusos, disputas o tensiones interinstitucionales.

La doctrina moderna del Derecho Constitucional confiere suprema importancia a las reglas del decoro. Grandes publicistas como Santi Romano y Paolo Biscaretti di Ruffia hicieron importantes aportaciones al tema.

En opinión del profesor y juez constitucional Gustavo Zagrebelsky (en Enciclopedia Treccani: Voz “Correttezza Costituzionale”), el desprecio a las reglas del decoro debilita los pilares invisibles de la Democracia: su abandono genera peligros sistémicos graves:

  1. Degradación de la lealtad institucional

  • Guerra entre poderes: Las instituciones dejan de cooperar y comienzan a bloquearse mutuamente.

  • Uso estratégico del derecho: Las leyes se aplican para destruir al adversario político y no para el bien común.

  • Pérdida de la «buena fe»: Desaparece la confianza mínima necesaria para que los órganos del Estado negocien y dialoguen.

  1. Erosión del sistema democrático

  • Tiranía de la mayoría: El partido en el poder utiliza los vacíos legales para aplastar a las minorías, ignorando el pluralismo.

  • Degeneración en «autocracia electiva»: Se respetan las votaciones, pero se destruye el espíritu de la separación de poderes.

  • Polarización extrema: La política se convierte en un juego de suma cero donde el rival no es un competidor, sino un enemigo a eliminar.

  1. Inestabilidad y parálisis del Estado

  • Vacíos de poder: El bloqueo de nombramientos clave (como jueces constitucionales o defensores del pueblo) paraliza órganos vitales.

  • Crisis constitucionales continuas: Conflictos institucionales constantes que la Constitución escrita no puede resolver por sí sola.

  • Pérdida de credibilidad ciudadana: La población pierde la confianza en la política al ver el espectáculo de la confrontación total.

Zagrebelsky advierte literalmente que…

“…una Constitución no puede sobrevivir solo con el texto escrito. Si los actores políticos pierden la ética de la moderación y el autocontrol (constitutional forbearance), las normas escritas se vuelven inútiles y el sistema camina hacia el autoritarismo o el colapso…”

En la segunda parte de este artículo se analizará la situación de las reglas del decoro constitucional en Costa Rica.

Los fascistas ya no usan uniformes

José A. Amesty Rivera

Durante décadas, cuando se habla de fascismo, la imagen era bastante clara, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, uniformes militares, propaganda del Estado abierta, censura directa y persecución sistemática de quienes se oponían.

Sin embargo, en el debate político actual ha surgido una pregunta cada vez más común en sectores críticos de la academia y la comunicación, ¿y si las formas de autoritarismo del siglo XXI ya no necesitan ese rostro clásico? ¿Y si hoy funcionan de maneras más difíciles de ver, más integradas en la vida cotidiana y, por eso mismo, más complicadas de identificar? ¿Y si su principal herramienta ya no es el ejército, sino la comunicación global?

No se trata de afirmar que exista un nuevo fascismo completamente definido o planificado, sino de una hipótesis de análisis, los sistemas de poder cambian de forma, pero no desaparecen.

En las últimas dos décadas se ha consolidado un fenómeno sin precedentes, la concentración de la comunicación global en manos de un pequeño grupo de empresas tecnológicas; plataformas como Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, entre otras menos conocidas, se han convertido en la principal forma de acceso a la información para miles de millones de personas.

Desde una mirada crítica latinoamericana, esto no es solo un cambio tecnológico, sino una nueva etapa del capitalismo, conocida como capitalismo de plataformas o capitalismo de la atención. Su idea central es simple, la atención humana se convierte en un recurso económico, y este recurso se obtiene mejor a través de emociones intensas que mediante información compleja o reflexión profunda.

El resultado es que los contenidos que más se difunden no son necesariamente los más verdaderos o importantes, sino los que provocan más reacción. El miedo se expande, la indignación circula, la rabia se multiplica y la polarización crece; así, la esfera pública deja de ser un espacio de debate democrático y se transforma en un mercado de emociones. Veamos algunos autores que ya planteaban el problema en cuestión.

Antonio Gramsci explicó que el poder no se sostiene solo por la fuerza, sino por la construcción del consenso cultural, a lo que llamó hegemonía. Desde esta perspectiva, los medios de comunicación y hoy también las plataformas digitales no son neutrales, son espacios donde se disputa el sentido común de la sociedad.

Actualmente, esta disputa está atravesada por la concentración económica; no se trata solo de quién produce información, sino de quién controla los canales por los que circula.

Hannah Arendt, política y filosofa, judeo-alemana, advirtió que los regímenes autoritarios se fortalecen cuando se destruye la idea de una realidad compartida; la propaganda no solo busca imponer mentiras, sino debilitar la noción misma de verdad común.

En el mundo digital, este fraccionamiento es aún más profundo. Distintos grupos pueden vivir en universos informativos separados, donde los mismos hechos se interpretan de maneras completamente opuestas. Esto debilita la base mínima para el diálogo democrático.

Noam Chomsky y Edward Herman, con su modelo de propaganda, mostraron que los medios tienden a reproducir los intereses de las estructuras económicas que los sostienen.

Desde una mirada latinoamericana, esto es clave, la concentración mediática no es un accidente, sino una expresión del poder económico sobre la producción de ideas.

No hace falta un control directo, basta con la dependencia de la publicidad, la propiedad cruzada de medios y la lógica de la rentabilidad, el resultado es una agenda pública donde algunas voces se amplifican y otras quedan al margen.

Umberto Eco propuso la idea de un “fascismo eterno”, entendido como un conjunto de rasgos que pueden reaparecer en distintos momentos históricos, como el miedo a lo diferente, el culto a la tradición, el rechazo al pensamiento crítico, la obsesión con conspiraciones y creación constante de enemigos internos.

Desde esta idea, el fascismo no es solo un fenómeno del pasado, sino una posibilidad que puede reaparecer en distintos contextos sociales y tecnológicos.

Jason Stanley, filósofo estadounidense, sostiene que las democracias no suelen caer de golpe, sino de forma gradual, ante debilitamiento de la prensa, pérdida de legitimidad de la oposición, normalización del discurso de odio y creación de enemigos internos.

En América Latina, este proceso puede entenderse en continuidad con formas históricas de exclusión social, donde muchos sectores han sido incluidos formalmente en la democracia, pero excluidos en la práctica.

Boaventura de Sousa Santos señala algo similar, muchas democracias son formales, pero limitadas en lo social, es decir, la ciudadanía existe en teoría, pero el poder real está concentrado.

Una diferencia importante con el siglo XX es el papel de las grandes empresas tecnológicas. Estas corporaciones concentran poder económico, tecnológico y comunicacional al mismo tiempo, esto les permite influir en la política, la cultura y las elecciones a nivel global.

Desde una mirada crítica, esto representa una nueva fase de concentración del capital, ahora también sobre la información y la forma en que percibimos el mundo.

Además de Gramsci, Arendt, Chomsky o Eco, en América Latina contamos con pensadores que han ayudado a comprender cómo opera el poder en nuestras sociedades.

Paulo Freire, advertía que toda educación puede convertirse en una herramienta de liberación o de dominación, dependiendo de quién controla el conocimiento y para qué fines. Hoy esa reflexión cobra nueva vigencia cuando buena parte de la información que consumimos, llega filtrada por cifras que deciden qué vemos, qué ignoramos y hasta qué temas terminamos discutiendo.

Por su parte, el argentino Ernesto Laclau analizó cómo se construyen los discursos políticos capaces de articular demandas sociales diversas, mientras que el peruano Aníbal Quijano explicó cómo muchas formas de dominación nacidas durante la colonia, continúan presentes bajo nuevas apariencias. Desde esta mirada, la concentración mediática y tecnológica, no puede separarse de las relaciones históricas de dependencia que han marcado a América Latina durante siglos.

También el venezolano Ludovico Silva insistía en que la dominación ideológica no funciona únicamente mediante la fuerza, sino a través de mecanismos culturales que llevan a los pueblos a aceptar como naturales situaciones que en realidad responden a intereses de grupos de poder. Hoy, en la era digital, esta reflexión adquiere una actualidad sorprendente.

Si observamos nuestra región, encontramos ejemplos que ayudan a entender estas dinámicas. En Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela, los debates políticos aparecen cada vez más atravesados por campañas digitales, noticias falsas, operaciones mediáticas y una creciente polarización que dificulta el diálogo. Cada país tiene sus particularidades, por supuesto, pero existe un fenómeno común, la lucha por controlar el relato público. Por ejemplo…

En Brasil, las redes sociales jugaron un papel determinante en la expansión de discursos radicalizados durante los últimos años. En Argentina, la confrontación mediática se ha convertido en parte cotidiana de la vida política. En México, el debate sobre el papel de los grandes medios y las plataformas digitales continúa siendo un tema central. En Colombia, las redes han sido escenario de fuertes disputas narrativas sobre la paz, la seguridad y los movimientos sociales. Mientras tanto, en Chile, Perú y Ecuador se observa una creciente fragmentación informativa donde amplios sectores de la población reciben versiones completamente distintas de una misma realidad.

En Venezuela, esta situación adquiere características particulares debido al peso simultáneo de las sanciones económicas, la confrontación política interna, la presión mediática internacional y la intensa batalla comunicacional que se desarrolla dentro y fuera de las plataformas digitales. Allí puede observarse con claridad cómo la información se ha convertido en un terreno estratégico de disputa política.

Como diría cualquier persona de nuestro pueblo, ya no se trata solamente de quién tiene el micrófono, sino de quién controla el escenario completo, las luces, el sonido y hasta la entrada al lugar. Esa es quizás una de las transformaciones más profundas de nuestro tiempo.

El sociólogo brasileño Emir Sader ha señalado reiteradamente que las disputas contemporáneas no ocurren únicamente en el terreno económico, sino también en el campo de las ideas. Del mismo modo, el argentino Atilio Borón ha advertido sobre la enorme capacidad de los poderes económicos para moldear percepciones colectivas, a través de sistemas de comunicación altamente concentrados.

Por eso la discusión de fondo no es tecnológica, el problema no son las redes sociales en sí mismas; la cuestión es quién las controla, bajo qué intereses operan y qué consecuencias tienen para la democracia, que una parte tan importante de la conversación pública mundial dependa de corporaciones privadas que no rinden cuentas ante los ciudadanos/as.

Dicho en palabras sencillas, cuando unas pocas empresas pueden influir sobre lo que millones de personas ven, piensan, temen o desean, estamos frente a una concentración de poder que merece ser debatida con la misma seriedad, con la que antes se discutía el poder financiero, militar o industrial.

Tal vez por eso la pregunta sigue siendo tan vigente como incómoda, ¿estamos frente a nuevas formas de autoritarismo adaptadas al siglo XXI o simplemente ante viejos mecanismos de dominación vestidos con ropajes tecnológicos? La respuesta todavía está en construcción, pero lo que parece claro es que los pueblos de América Latina, no pueden darse el lujo de mirar para otro lado mientras esta transformación ocurre delante de sus propios ojos.

Asi mismo, un elemento común en muchos discursos políticos actuales es la construcción de “enemigos”, como los migrantes, feminismos, pueblos indígenas, movimientos sociales, intelectuales críticos, minorías sexuales o políticas, entre otros.

No importa tanto el grupo específico, sino la función, canalizar el malestar social hacia un “culpable externo”; el miedo cumple aquí un papel central, organiza apoyos, simplifica problemas complejos y debilita el análisis de las causas reales. Veamos estas ideas en otros paises y regiones concretas hoy:

En EEUU, diversos análisis han mostrado una fuerte polarización mediática y política, donde parte de los medios contribuye a una narrativa de confrontación constante, esto refuerza la idea de que la política es una batalla permanente más que un espacio de acuerdos.

En Europa, casos como Hungría muestran procesos de concentración mediática y cambios institucionales que varios organismos han descrito como retrocesos democráticos, aunque manteniendo elecciones formales.

En países como Francia y Alemania, el crecimiento de la extrema derecha ha ido acompañado por un aumento del enfoque en inmigración y seguridad, dejando en segundo plano temas como desigualdad o redistribución.

En América Latina, la concentración de medios ha sido históricamente una barrera importante para una democracia más profunda. Grandes grupos empresariales han tenido un rol clave en la formación de opiniones públicas y agendas políticas.

Hoy, además, las sociedades dependen cada vez más de plataformas digitales controladas por empresas globales. Esto crea una nueva forma de dependencia, no solo económica, sino también informativa y conocedora. La disputa por el poder ya no es solo territorial o productiva, sino también sobre la infraestructura de la comunicación.

No es necesario pensar en conspiraciones para entender este escenario, basta observar cómo coinciden ciertos intereses, como, plataformas que ganan dinero con la atención, actores políticos que se benefician de la polarización y estructuras económicas que se reproducen en contextos de desigualdad. El resultado no siempre es planificado, pero sí coherente en sus efectos.

Finalmente, tal vez estemos ante una nueva etapa de la crisis del capitalismo, donde la tecnología amplifica viejas formas de dominación, o tal vez estemos viendo el surgimiento de nuevas formas de autoritarismo que aún no sabemos nombrar.

En cualquier caso, la pregunta sigue abierta, ¿qué tipo de gobernanza es posible cuando la información, la atención y hasta la forma en que percibimos la realidad están mediadas por estructuras muy concentradas de poder económico y tecnológico?

Porque quizá el cambio más profundo no es que alguien nos obligue a pensar de cierta manera, sino algo más sutil, que las condiciones mismas de lo que creemos pensar libremente están siendo moldeadas, día a día, por fuerzas que operan más allá del control de nuestros gobiernos.

Sin tapujos: el lenguaje del odio y sus consecuencias para la democracia costarricense

José Luis Callaci.

José Luis Callaci

Las expresiones agraviantes de la máxima representante del Poder Político hacia los ciudadanos que no comparten sus puntos de vista o propuestas, al llamarles de manera despectiva “comunistas” en nada se diferencian de las utilizadas hoy por algunos otros representantes de la derecha latinoamericana, en la llanura o en gobierno (ver las recientes declaraciones del candidato de la extrema derecha en Colombia, el que se hace llamar “tigre” o el cotidiano lenguaje del gobernante argentino).

Es algo que genera odios y violencia, levanta muros y destroza esos puentes que con tanto esfuerzo fue construido por varias generaciones de costarricenses. Por eso no bastan los simples reclamos o pesares.

No es ignorancia ni torpeza sino algo mucho más grave. ¿Es una estrategia pensada minuciosamente y ordenada a quienes, por encima de ideologías, son parte del dominio del Poder situado al norte del Rio Bravo o Grande?

La práctica democrática de los costarricenses ha sido una constante a lo largo de la historia. Ello permitió construir un país emblemático de claros avances sociales y de sana convivencia en las diferencias.

Ese lenguaje -en una sociedad que decide hacerle un homenaje a un comunista al colocar su busto en un parque de la ciudad y nombrarlo Benemérito de la Patria y que el rostro de una comunista esté estampado en el billete de máxima nominación, solo a modo de ejemplo- representa un ultraje no solo a los comunistas sino a todo el pueblo costarricense.

Permitir que prosperen esos lenguajes y esas acciones agraviantes conducirá, si no se frenan a tiempo, a algo sumamente grave: que se sabe dónde comienza pero no dónde termina.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte III)

¿Más cara la medicina que la enfermedad? Cuando te conviertes en esclavo de tus palabras

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

En nuestra anterior columna vimos cómo el hartazgo ante la corrupción del bipartidismo tradicional parió al Partido Acción Ciudadana (PAC). Agotados por los escándalos, los costarricenses buscaban desesperadamente una tabla de salvación, y el partido de Ottón Solís se presentó como el gran faro moral de la política nacional.

Ese discurso caló tan hondo que, en el 2014, Luis Guillermo Solís rompió el molde histórico y llegó a la presidencia con más de un millón de votos. Nos prometieron una “casa de cristal”, donde la transparencia sería absoluta. Sin embargo, la historia nos enseñó a la mala una lección brutal: gobernar no es lo mismo que ser oposición, y cuando construyes toda tu identidad política asumiendo el papel de juez moral de los demás, tus propios pecados te los cobran al doble.

Esclavos de sus propias palabras

Durante sus años de oposición, el PAC esgrimió un Código de Ética implacable. Medían a los políticos del PLN y del PUSC con una vara altísima: exigían destituciones y renuncias inmediatas ante el menor cuestionamiento o sospecha en la prensa. Eran los dueños de la pureza.

Pero el poder es un espejo implacable. Cuando les tocó sentarse en la silla presidencial, esa vara métrica desapareció. De pronto, ante los cuestionamientos a sus propios jerarcas, la narrativa cambió drásticamente. Lo que antes era “exigencia ética”, ahora se escudaba en el “debido proceso” y la “presunción de inocencia”. El partido que nació para erradicar las viejas prácticas terminó recurriendo a las mismas artimañas legales y excusas políticas que tanto le habían criticado al bipartidismo. Se convirtieron en esclavos de sus propias palabras.

Los escándalos bajo la bandera del “Cambio”

Si el discurso ético se desmoronó en la forma, en el fondo el golpe fue devastador. Durante sus dos administraciones (Solís Rivera 2014-2018 y Alvarado Quesada 2018-2022), el país fue testigo de casos que hirieron de muerte la promesa del cambio:

La estafa al TSE: La ironía más dolorosa de nuestra historia política reciente. El partido que enarboló la bandera anticorrupción fue condenado en los tribunales por estafar al Estado costarricense mediante contratos falsos durante la campaña política. Un golpe letal a su autoridad moral.

El Cementazo: Este escándalo nos demostró que el PAC no desmanteló las viejas redes de tráfico de influencias, sino que, lamentablemente, algunos de sus actores simplemente acercaron una silla para sentarse a la misma mesa de los grandes negocios oscuros.

El “Hueco Fiscal”: La irresponsabilidad de ocultar un déficit multimillonario en el presupuesto nacional antes del cambio de gobierno en 2018. Una jugada política y contable que le costó carísimo al bolsillo de los costarricenses.

El Caso UPAD: Un hecho inédito que terminó con el allanamiento de la mismísima Casa Presidencial. Más allá del debate legal, representó una bofetada a la confianza ciudadana sobre el manejo oscuro de la información privada de los costarricenses.

El Caso Cochinilla: Aunque la pudrición en el CONAVI y el MOPT venía de mucho atrás, la bomba estalló bajo su guardia, demostrando una total incapacidad para limpiar las instituciones que prometieron sanear.

La medicina que no curó al paciente

Pero más allá de los escándalos, la verdadera tragedia fue la gestión del Estado. Retomando lo que hablábamos en la segunda columna: ¿Se salvó a la clase media? No. ¿Se rescató a nuestros agricultores y ganaderos? Tampoco.

Tener buenas intenciones —o al menos pregonarlas— no equivale a tener capacidad técnica para administrar. Durante ocho años vimos infraestructura estancada, un desempleo en aumento y una desigualdad que se profundizó. Nos dimos cuenta de que la indignación sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar un país.

El vacío y el castigo

El electorado costarricense es paciente, pero no olvida. En las elecciones de 2022, el castigo en las urnas fue histórico y fulminante: cero diputados. El partido que prometió cambiar a Costa Rica quedó reducido a la irrelevancia política absoluta.

Pero esta implosión nos dejó una herida mucho más profunda. La caída en desgracia de los partidos tradicionales, sumada al estrepitoso fracaso de la promesa moral del PAC, dejó al ciudadano de a pie huérfano, cínico y desesperado.

Ese vacío de credibilidad, esa sensación de que “todos son iguales”, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para lo que estamos viviendo hoy. De eso, de la polarización, del discurso antisistema y de la Costa Rica dividida que nos quedó, hablaremos en nuestra cuarta y última columna.

Nos leemos pronto, en la cuarta y última parte de la serie.

Perú: ¿Es posible recuperar la democracia?

SERVINDI / pressenza

“La democracia es mejor entendida como un régimen en constante construcción, sujeto a retrocesos y avances, y que requiere para su concreción de una ciudadanía vigilante y activa”.

XXI Encuentro de Derechos Humanos: ¿es posible recuperar la democracia?

Texto del IDEHPUCP*

Idehpucp, 5 de mayo, 2026.- Esta semana se desarrolla el Encuentro de Derechos Humanos que desde hace veintiún años organiza el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. Este año el encuentro está enfocado, como no podía ser de otro modo, en las perspectivas que se delinean a partir del proceso de elecciones generales. Esas perspectivas motivan, evidentemente, una extrema inquietud respecto del futuro de la democracia en el Perú.

Los cinco años pasados, en los que hemos presenciado una sistemática destrucción de la institucionalidad democrática por parte de los grupos que ocupan el Congreso, pintan ese futuro con matices muy oscuros. Esto ha llegado al punto de que diversos observadores –individuales o institucionales, nacionales o extranjeros– han puesto en discusión que el régimen actual pueda seguir llamándose una “democracia” en sentido estricto.

La realización de la primera vuelta electoral subraya de una manera bastante clara esta crítica situación. Por la negativa de uno de los perdedores –el candidato López Aliaga– a aceptar los resultados, se ha desencadenado un conato de desestabilización institucional en el cual el Estado de Derecho ha sido transgredido o puesto en cuestión de variadas maneras por todos los coaligados en la tesis del “fraude”.

Como ya se ha comentado antes, más allá de la intemperancia y los reflejos autoritarios y violentos del candidato perdedor y su entorno, esa desestabilización, centrada ahora en la interferencia con el sistema electoral, ha contado con el concurso de la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

A ello se ha sumado en los últimos días el alcalde de Lima encargado (tras el abandono del cargo por López Aliaga), quien, utilizando recursos de la comuna, ha empezado a operar como una pieza más del mecanismo planteando acciones legales sin ningún fundamento –y sin que esto sea tarea de la autoridad municipal.

Esta circunstancia, que es un último ejemplo de la descomposición política mencionada, refuerza la importancia de la reflexión que el Idehpucp ha propuesto para su XXI Encuentro de Derechos Humanos. Este ha sido concebido como un llamado a reconocer que la supervivencia de la democracia está en juego y a preguntarse de qué maneras sería posible evitar un hundimiento más profundo en el autoritarismo –y en sus nexos con la corrupción y el crimen organizado– que ha sido la tónica del último lustro.

Con el título de «Recuperar la democracia. La urgencia del Estado de Derecho» el Encuentro desarrolla estas cuestiones en tres ejes. El primero –“¿Qué democracia estamos habitando?”– propone tomar una medida realista o incluso descarnada de la situación presente. Se trata de analizar las diversas formas de desmantelamiento del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática llevado a cabo por el Congreso con la anuencia o complicidad del Poder Ejecutivo. Además de eso, en este eje se analizará lo que nos dicen los resultados de la primera vuelta en términos de una reacción democrática –o ausencia de ella– frente a este panorama.

El segundo eje –“La esfera pública en crisis”– constituye un acercamiento a las transformaciones sociales que se conjugan con esa descomposición o que, eventualmente, podrían servir para revertirla. Es imprescindible, en este punto, observar los cambios en el discurso público marcados por la proliferación de la desinformación y los discursos de odio, todo ello amplificado, o, de hecho, posibilitado por la imparable revolución tecnológica de los canales de comunicación. Las redes en plataformas digitales son el carril por donde circulan las mentiras oficiales o masivas y la polarización: ¿será posible hallar en ellas, también, un antídoto contra esas tendencias?

Preguntas como esta son la materia del tercer eje titulado “Ciudadanías en movimiento y prospectiva democrática”. Si es imprescindible reconocer la magnitud de la crisis, también lo es detectar los medios que tiene la sociedad para hacerle frente. Por ello se hará aquí una reflexión sobre los sentidos de la movilización social y sobre cómo la defensa de los derechos humanos es un ideal y a la vez un recurso para la recuperación política del país.

Como señaló en su conferencia inaugural el jurista Antonio Maués, profesor del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Federal do Pará (Brasil), la democracia es mejor entendida como un régimen en constante construcción, sujeto a retrocesos y avances, y que requiere para su concreción de una ciudadanía vigilante y activa. Este Encuentro, al poner el acento sobre el proceso de deterioro y los diversos factores que hoy en día conspiran contra la democracia en el Perú y en muchas otras naciones y regiones, se plantea no como un llamado a la resignación, sino como una señal de alerta que, precisamente, reactive o refuerce la defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos en nuestra comunidad.

*Boletín semanal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP):
https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/editorial-xxi-encuentro-de-derechos-humanos-es-posible-recuperar-la-democracia/

Más que la noticia, lo verdaderamente inquietante fueron las reacciones

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En las últimas horas circuló ampliamente una noticia sobre una manifestación convocada contra la visita oficial del presidente de Israel durante el acto de traspaso de poderes en Costa Rica. Más allá de las posiciones que cada persona pueda tener sobre el conflicto en Gaza, sobre Israel, Palestina o sobre el Frente Amplio, hubo algo que me dejó profundamente preocupado: la enorme cantidad de comentarios que pedían abiertamente represión, violencia, encarcelamientos y agresiones contra quienes participarían en una protesta pública.

Pero incluso antes de leer los comentarios, hay algo más que merece atención: la forma en que la noticia fue presentada. El lenguaje utilizado por algunas páginas y medios no fue neutral. Expresiones como “sombra al acto oficial”, “operativo de seguridad bajo alerta máxima”, “empañar la fiesta patria” o “la izquierda busca hacer retumbar su voz” no solamente describen un hecho: construyen una narrativa donde la protesta aparece asociada al desorden, al peligro o a una amenaza contra la estabilidad nacional.

Y eso importa muchísimo, porque las palabras nunca son inocentes. Antes de que miles de personas comentaran la publicación, ya existía un encuadre emocional previo que presentaba la manifestación no como un ejercicio democrático protegido constitucionalmente, sino como un posible foco de caos o provocación. Cuando la protesta comienza a representarse mediáticamente como amenaza, resulta mucho más fácil que parte de la ciudadanía termine justificando respuestas autoritarias o violentas contra quienes participan en ella.

No se trató únicamente de desacuerdos políticos. Lo que apareció fue algo más profundo y más grave: una parte importante de la ciudadanía comenzó a hablar del adversario político como si no fuera un ciudadano con derechos, sino una amenaza que debe ser eliminada, golpeada, “limpiada”, silenciada o encerrada.

Los comentarios hablaban de “gas”, “garrote”, “agua”, “cárcel”, “basura”, “peste”, “cucarachas”, “escorias” y “lacras”. Muchos incluso celebraban anticipadamente la posibilidad de que hubiese violencia policial contra personas manifestándose. Lo más preocupante no es que existan comentarios extremos —eso siempre ha existido—, sino la naturalidad con la que hoy se expresan.

Y aquí aparece una contradicción enorme: muchas de esas mismas personas aseguraban estar “defendiendo la democracia”.

Pero una democracia no es solamente votar cada cuatro años, celebrar actos patrios o asistir a un traspaso de poderes. Eso es apenas su dimensión ceremonial. Una democracia constitucional también implica tolerar el disenso, aceptar la crítica, proteger las minorías y reconocer el derecho a la protesta pacífica, incluso cuando incomoda o cuando no coincide con nuestras ideas.

Precisamente por eso existen las constituciones políticas y los derechos fundamentales.

En Costa Rica, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la posibilidad de manifestarse pacíficamente forman parte del núcleo básico del Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 28 de la Constitución Política establece que “nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones”, mientras que el artículo 26 reconoce el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea en espacios privados o públicos. Del mismo modo, el artículo 29 protege la libre comunicación del pensamiento por palabra o por escrito.

Esto significa algo muy importante: la protesta pacífica no es una concesión del gobierno de turno ni un privilegio ideológico. Es un derecho constitucional.

Incluso el Código Civil costarricense, en su artículo 18, recuerda que la existencia de la ley obliga independientemente de que las personas la conozcan o no. Sin embargo, el problema actual pareciera ser todavía más profundo: no solamente existe desconocimiento de las normas jurídicas, sino también un debilitamiento progresivo de la cultura democrática que les da sentido.

Y ahí es donde veo uno de los problemas más serios de nuestro tiempo: mucha gente ya no comprende qué significa vivir en una democracia constitucional. Se piensa que si una mayoría ganó elecciones, entonces cualquier crítica posterior es una amenaza al país. Se confunde democracia con unanimidad. Se interpreta la protesta como traición. Se cree que disentir es “odiar Costa Rica”.

Pero una sociedad democrática madura no elimina el conflicto político: aprende a convivir con él sin destruir al otro.

Lo que revelan estos comentarios no es solamente polarización política. Revelan una profunda crisis de cultura democrática.

Y esa crisis no nació de la nada.

Durante décadas, la educación pública fue reduciendo progresivamente los espacios dedicados a la educación cívica, la filosofía, la historia política y el pensamiento crítico. Poco a poco dejamos de formar ciudadanía y comenzamos a formar únicamente individuos funcionales al mercado. Hoy muchas personas desconocen por completo qué dice la Constitución Política, cuáles son sus derechos o por qué existen límites al poder estatal.

El resultado es una ciudadanía que muchas veces reacciona desde el miedo, el enojo o la identidad tribal, pero no desde la reflexión democrática.

Y eso abre una situación peligrosa: cuando la población comienza a percibir los derechos fundamentales como obstáculos y no como garantías civilizatorias, el autoritarismo deja de venir únicamente desde arriba y empieza a surgir desde abajo, desde la propia ciudadanía.

Ese quizá sea el aspecto más inquietante de todo esto.

La crisis democrática no comienza solamente cuando un gobierno restringe derechos. También comienza cuando las personas empiezan a pedir voluntariamente que esos derechos desaparezcan para quienes piensan distinto.

Y eso debería preocuparnos muchísimo más que cualquier manifestación.

Entre símbolos, poder y hegemonía: notas sobre el nuevo escenario político costarricense

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Desde el 1° de mayo vengo pensando en lo que está pasando en la Asamblea, en la prensa y en el discurso político del país. Comparto esta reflexión, no para cerrar el debate, sino para abrirlo.

La instalación de la nueva Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo no solo marca el inicio de un nuevo ciclo institucional en Costa Rica; constituye, además, un momento privilegiado para observar las tensiones profundas que atraviesan hoy la vida política nacional. Más allá de la configuración formal de mayorías y minorías, lo que se perfila es una disputa por el sentido: por definir qué es legítimo, qué es peligroso y quién tiene derecho a ocupar el espacio de lo político.

En términos estrictamente institucionales, el panorama es claro. El oficialismo, con una mayoría simple de 31 diputaciones, ha logrado consolidar el control de los principales órganos de dirección legislativa. Frente a ello, las fuerzas de oposición —integradas por diversas agrupaciones que, en conjunto, suman 26 escaños— han optado por una estrategia de coordinación orientada a contener eventuales reformas que puedan afectar el núcleo del Estado social de derecho. Esta configuración no responde a una afinidad ideológica plena, sino a una lógica de equilibrio y defensa institucional que encuentra precedentes en la propia historia política costarricense.

Sin embargo, la lectura de este escenario ha sido rápidamente capturada por una narrativa mediática que reduce la complejidad del momento a una clave simplificada: la amenaza de un supuesto “giro comunista” en la política nacional. Esta operación discursiva ha encontrado un punto de apoyo en hechos aislados —como la utilización de símbolos asociados históricamente al comunismo por parte de una diputada, o la participación de sectores juveniles en actividades internacionales vinculadas a la izquierda— para construir una imagen homogénea y descontextualizada de actores políticos que, en realidad, son internamente diversos.

En este punto, resulta útil recordar que el discurso político no es un mero reflejo de la realidad, sino una práctica que contribuye activamente a su configuración. Como señala Teun A. van Dijk, “los discursos influyen en la formación de opiniones, actitudes e ideologías sociales” (Van Dijk, 2003, p. 45), lo que implica que su función no es solo descriptiva, sino también performativa. En ese sentido, la categoría “comunismo” opera menos como un concepto analítico que como un dispositivo de deslegitimación.

En este contexto, las declaraciones de Patricia Mora, quien ha reivindicado la herencia de una izquierda que en la década de 1940 contribuyó a la construcción de las garantías sociales, han sido utilizadas para alimentar la tesis de un supuesto “encubrimiento ideológico”. Esta lectura ignora una distinción fundamental: la diferencia entre identidad histórica y definición programática actual. Reconocer una tradición no implica reproducirla doctrinariamente. Como ha señalado en múltiples ocasiones José María Villalta, el Frente Amplio no se define como un partido comunista en el presente. La aparente contradicción, por tanto, no es más que el resultado de una operación de simplificación que borra deliberadamente los matices.

Este borramiento no es inocente. Forma parte de una lógica más amplia en la que el lenguaje político delimita los contornos de lo pensable. En términos de hegemonía, como advierte Ernesto Laclau, “la política consiste en la construcción de significantes que articulan demandas y producen identidades colectivas” (Laclau, 2005, p. 93). Así, la invocación del “peligro comunista” no describe una realidad empírica verificable, sino que contribuye a organizar el campo político en torno a una frontera simbólica.

La paradoja alcanza un punto especialmente revelador cuando se observa el papel de ciertos medios de comunicación. La Nación, por ejemplo, ha contribuido a posicionar esta narrativa de sospecha sobre la oposición política, al tiempo que enfrenta acciones de poder —como la cancelación de visas a miembros de su directiva sin explicaciones públicas claras— que evidencian la fragilidad de su propia posición frente a dinámicas que trascienden el control mediático. Esta situación pone de manifiesto una característica fundamental del poder contemporáneo: su carácter funcional y contingente. En contextos de alta polarización, los alineamientos no son estables, y los mismos dispositivos discursivos que sirven para deslegitimar a unos pueden volverse contra otros.

A este cuadro se suman una serie de hechos recientes que no pueden ser analizados de forma aislada: el veto presidencial a iniciativas vinculadas a derechos del magisterio, el deterioro en los indicadores de libertad de prensa, y la creciente centralidad del discurso de seguridad como eje articulador de la política pública. Lejos de constituir episodios desconectados, estos elementos sugieren la configuración de un clima político en el que la apelación al orden, la estabilidad y la lucha contra el crimen organizado funciona como marco legitimador de prácticas que tensionan los equilibrios democráticos.

En este sentido, la disputa actual en Costa Rica no puede reducirse a una confrontación clásica entre izquierda y derecha. Más bien, se trata de una lucha por la hegemonía en un contexto de reconfiguración del modelo neoliberal, donde distintos actores —no siempre claramente diferenciados en términos ideológicos— compiten por definir los límites de lo posible. En este proceso, el recurso a categorías simplificadoras como “comunismo” cumple una función estratégica: delimitar el campo de lo aceptable y excluir determinadas posiciones del debate legítimo.

Como ya advertía Antonio Gramsci, la hegemonía no se sostiene únicamente por la coerción, sino por la capacidad de construir consenso y sentido común (Gramsci, 1971). En ese marco, la disputa contemporánea en Costa Rica parece orientarse menos a la eliminación del adversario que a su deslegitimación simbólica.

La historia política costarricense ofrece, sin embargo, una lección distinta. El Estado social de derecho que hoy se invoca como patrimonio común no fue el resultado de una pureza ideológica, sino de un pacto complejo en el que convergieron actores diversos, incluyendo sectores reformistas, religiosos y de izquierda. Reducir esa herencia a una etiqueta o convertirla en objeto de sospecha implica no solo una simplificación analítica, sino un empobrecimiento del debate democrático.

En tiempos de creciente polarización, la defensa de la democracia no pasa únicamente por la protección de las instituciones, sino también por el cuidado del lenguaje. Nombrar con precisión, reconocer la complejidad y resistir la tentación de la simplificación son, hoy más que nunca, actos profundamente políticos.

Porque, al final, la pregunta que subyace a todo este escenario no es quién tiene la mayoría, ni siquiera quién tiene la razón, sino algo más inquietante:

¿quién está definiendo, y con qué fines, los límites de lo que una democracia puede pensar y decir sobre sí misma?

Referencias:

Gramsci, A. (1981). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.

Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

Van Dijk, T. A. (2003). Ideología y discurso. Ariel.

“Comunista”

Por Juan Carlos Cruz Barrientos

Cuando el poder deja de convencer, empieza a etiquetar. Y en ese gesto, convierte palabras en armas y el lenguaje en campo de batalla.

En la política contemporánea, figuras como Donald Trump, Javier Milei y Rodrigo Chaves han convertido términos como “comunista”, “zurdo” o “izquierdista” en instrumentos de combate. No son categorías analíticas ni definiciones ideológicas rigurosas: son etiquetas diseñadas para simplificar, estigmatizar y deslegitimar al adversario.

La historia demuestra que este recurso no es nuevo ni inocente. El señalamiento de “comunista” ha servido como antesala de la violencia. Los ejemplos abundan, pero aquí hay algunos: Maximiliano Hernández Martínez lo utilizó para justificar la masacre de más de 30 mil indígenas en 1932; Adolf Hitler lo integró en su cruzada anticomunista durante la Segunda Guerra Mundial; Augusto Pinochet lo convirtió en argumento para la represión, la desaparición y el asesinato sistemático, como también ocurrió con las dictaduras argentinas tras el golpe de 1976.

Hoy, en pleno siglo XXI, el término “comunista” funciona como un significante vacío. Puede designar a un sindicalista, a un senador demócrata estadounidense, a una feminista, a un ambientalista o a una lideresa indígena. Su función no es describir, sino despojar de legitimidad cualquier crítica que incomode.

Nombrar al adversario como “comunista” no explica lo que es: define cómo debe ser tratado.

Algo similar ocurre con la etiqueta de “terrorista”. Su uso indiscriminado deshumaniza y simplifica. Una vez aplicada, borra matices y convierte demandas de soberanía, autodeterminación o justicia en amenazas contra la seguridad, la paz, la nación. Así, la violencia pasar dominio exclusivo de los adversarios, combatirles no es cuestionado, es más bien un imperativo, una necesidad.

Lejos de ser un simple exceso retórico, este tipo de lenguaje forma parte de una disputa más profunda. Como advertía Antonio Gramsci, el poder no se sostiene solo por la fuerza, sino por su capacidad de construir sentido común: esa trama de ideas y percepciones que hace que el mundo parezca “natural” e incuestionable.

En ese terreno, el lenguaje es decisivo. Durante décadas, instituciones educativas, religiosas y mediáticas han contribuido a fijar asociaciones automáticas: “comunista” como amenaza, “terrorista” como enemigo absoluto. El resultado es una reacción casi refleja: la etiqueta sustituye al análisis.

Cuando la etiqueta reemplaza al argumento, la democracia empieza a vaciarse.

En contextos de crisis o de disputa política intensa, este mecanismo se vuelve más visible. Cuando el consenso se resquebraja, se intensifica la lucha por el sentido. Es allí donde estas etiquetas operan como herramientas en una verdadera “guerra de posiciones”: una confrontación menos visible que la fuerza directa, pero decisiva en la construcción de legitimidad. Etiquetar en ese contexto, es fijar fronteras. No solo se define quién tiene razón, sino quién merece ser escuchado… y quién no. Y más aún, quién merece ser destruido sin que medie ninguna otra explicación.

El uso sistemático de epítetos como estos revela, en última instancia, una fragilidad. Cuando un proyecto político necesita recurrir a la estigmatización constante, lo que evidencia es su dificultad para sostenerse en la argumentación y en la persuasión. En lugar de convencer, busca alinear; en lugar de debatir, intenta clausurar.

La disputa por el lenguaje no es secundaria. Es parte del conflicto político central. Porque allí donde etiquetar sustituye al debate, lo que está en juego no es solo una palabra, sino la capacidad de una sociedad para pensarse a sí misma, deliberar y decidir en libertad.

Guerra en Irán y crisis interna en Estados Unidos: escalada que expone los límites del poder occidental

Más de 8 millones de personas protestaron en EE.UU. contra la guerra en Irán. Mientras tanto, el conflicto escala sin salida clara. Este análisis explica por qué no es solo una guerra, sino una crisis del orden global.
Fotografía tomada de The Guardian

Por Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS

La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero de 2026 no solo abrió un nuevo frente de guerra en Medio Oriente. A poco más de un mes de iniciada, sus efectos desbordan el plano militar: impactan la economía global, reconfiguran el tablero geopolítico y, de forma cada vez más visible, erosionan la estabilidad política interna estadounidense.

La denominada “Operación Furia Épica”, iniciada el 28 de febrero, tenía un objetivo claro: descabezar al régimen iraní mediante la eliminación del ayatolá Ali Khamenei. El cálculo estratégico era que la estructura estatal colapsaría en cuestión de horas. Sin embargo, la realidad ha sido otra. Como sintetizó el programa La Base (30/03/2026), la apuesta por una “guerra rápida” fracasó, dando paso a un escenario de desgaste prolongado.

Una guerra sin resolución a la vista

Lejos del colapso esperado, Irán ha demostrado una capacidad de resistencia sostenida. La clave reside en su doctrina de “defensa mosaico”, desarrollada desde mediados de los años 2000, que descentraliza el mando militar en estructuras territoriales con autonomía operativa. Esto permite que, incluso ante la eventual caída de la cúpula, el aparato estatal y militar continúe funcionando.

El periodista Rafael Poch de Feliu advierte que Occidente repite un patrón de errores estratégicos: subestimar a sus adversarios. Ocurrió con Rusia en Ucrania y con China en el terreno tecnológico. En todos los casos, el resultado es similar: cuando la victoria rápida no se materializa, el conflicto se transforma en una guerra de desgaste sin salida clara (Poch de Feliu, 2026).

En ese marco, el análisis de La Base describe la dinámica actual como una “trampa de la escalada”: cada fracaso inicial conduce a una intensificación del conflicto. La administración de Donald Trump mantiene un discurso de victoria hacia el interior, mientras incrementa la presión militar en la región. No obstante, lo que se observa no es una invasión terrestre masiva, sino ataques limitados y demostraciones de fuerza que buscan evitar los costos de una guerra total (La Base, 30/03/2026).

La guerra como desgaste económico

Irán ha logrado desplazar el conflicto hacia una lógica de guerra asimétrica. El uso de drones de bajo costo —como los Shahed— obliga a sus adversarios a emplear sistemas de defensa extremadamente costosos, generando un desgaste económico sostenido (Small Wars Journal, 2026).

A ello se suma el impacto geoeconómico. El bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha incrementado la volatilidad energética. La activación de actores aliados —como Hezbolá en el Líbano o los hutíes en Yemen— amplía el conflicto más allá de las fronteras iraníes, consolidando un escenario regional altamente inestable (Chatham House, 2026; ACLED, marzo 2026).

En este contexto, la guerra deja de ser un episodio estrictamente militar para convertirse en un fenómeno sistémico que afecta mercados, cadenas de suministro y equilibrios estratégicos globales (World Economic Forum, 2026; Stimson Center, 2026).

Disputa por la narrativa global

La dimensión mediática se ha convertido en un campo de batalla central. Según el analista Manu Levin en La Base, la cobertura dominante en medios occidentales tiende a presentar las acciones iraníes como agresivas, minimizando el papel de Estados Unidos e Israel en la escalada (La Base, 30/03/2026).

Esta narrativa contrasta con el discurso oficial iraní. El presidente Masoud Pezeshkian, en una carta dirigida al pueblo estadounidense, presenta a Irán como una civilización histórica de carácter defensivo, víctima de intervenciones extranjeras desde el golpe de Estado de 1953 contra Mossadegh (Pezeshkian, 2026). Más allá de su intencionalidad política, este relato busca disputar legitimidad en el plano internacional.

Palestina y el desplazamiento de la agenda

La escalada con Irán también ha tenido efectos indirectos sobre otros conflictos, particularmente el palestino. En un momento de creciente presión internacional sobre Israel por su accionar en Gaza, la apertura de un nuevo frente ha contribuido a reordenar la agenda mediática global.

Sin necesidad de asumir una estrategia deliberada, el efecto es claro: el foco se desplaza desde la crisis humanitaria hacia la lógica geopolítica, reduciendo la visibilidad internacional del conflicto palestino.

La guerra vuelve a casa

Mientras el conflicto se prolonga en el exterior, sus repercusiones internas en Estados Unidos son cada vez más evidentes. Las protestas del movimiento “No Kings” han movilizado a más de 8 millones de personas en los 50 estados, en lo que reportes de The Guardian describen como una de las mayores jornadas de protesta en la historia del país (The Guardian, 2026).

El eje de estas movilizaciones es el rechazo a la guerra en Irán, ampliamente impopular entre la población. A ello se suma el impacto económico: aumento del costo de vida, encarecimiento del combustible e inflación, fenómenos que los manifestantes vinculan directamente con la escalada militar (The Weekend Primetime, 2026).

El análisis del podcast The Weekend Primetime subraya que esta convergencia entre política exterior y malestar económico ha generado una protesta transversal que desborda las divisiones tradicionales.

“No Kings”: entre ruptura y restauración

La consigna del movimiento remite al imaginario republicano de 1776 y al rechazo de toda forma de poder concentrado. Sin embargo, el propio análisis crítico advierte una tensión de fondo: buena parte del movimiento parece orientarse más hacia la restauración de una “normalidad” previa —asociada a administraciones demócratas— que hacia una crítica estructural del rol global de Estados Unidos (The Weekend Primetime, 2026).

Esta ambivalencia se refleja en la selectividad de sus causas y en sus silencios frente a otros escenarios internacionales, lo que plantea interrogantes sobre el alcance real de su potencial transformador.

Polarización y fisuras del Estado

La respuesta del gobierno ha sido endurecer el discurso. Sectores afines a la administración han intentado deslegitimar las protestas, mientras se observa una creciente criminalización de la disidencia.

En paralelo, la polarización mediática se intensifica y la disputa por el control del relato se vuelve más aguda. A ello se suma un elemento inquietante: la percepción de vulnerabilidad del propio Estado. Episodios como el hackeo a altos funcionarios —incluido el director del FBI, según el análisis— refuerzan la idea de que, en medio de la escalada internacional, incluso el aparato de seguridad estadounidense muestra fisuras (The Weekend Primetime, 2026).

Un orden en descomposición

Más allá de los desarrollos inmediatos, el conflicto con Irán se inscribe en una transformación estructural: el tránsito de un orden unipolar hacia uno multipolar. Como señala Poch de Feliu, los errores acumulados en Rusia, China e Irán no son hechos aislados, sino síntomas de una crisis más profunda del hegemonismo occidental (Poch de Feliu, 2026).

La ofensiva no logró sus objetivos iniciales. La guerra no se resuelve: se prolonga, se expande y se vuelve más peligrosa. Y en ese proceso, no reordena el sistema internacional: lo desestabiliza.

La conclusión es incómoda pero cada vez más evidente: cuando las potencias necesitan alargar los conflictos para sostener su posición, lo que está en juego ya no es solo una guerra. Es la propia viabilidad del orden que pretendían sostener.

Fuentes

  • La Base. (30 de marzo de 2026).
  • Rafael Poch de Feliu. (2026). Errores de cálculo.
  • Masoud Pezeshkian. (2026). Carta al pueblo de Estados Unidos.
  • The Guardian. (2026). Cobertura sobre protestas “No Kings”.
  • The Weekend Primetime. (2026). Análisis sobre protestas y guerra en Irán.
  • Small Wars Journal. (2026). Preliminary Assessment U.S.-Israel Strikes on Iran.
  • (marzo de 2026). Middle East Special Issue.
  • World Economic Forum. (2026). Global Risks Report 2026.
  • Stimson Center. (2026). Top Ten Global Risks for 2026.
  • Chatham House. (2026). Houthi Attacks on Israel.
  • Asia Society. (2026). Asian Middle Powers and Fragmenting Global Order.