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Etiqueta: polarización política

Más que la noticia, lo verdaderamente inquietante fueron las reacciones

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En las últimas horas circuló ampliamente una noticia sobre una manifestación convocada contra la visita oficial del presidente de Israel durante el acto de traspaso de poderes en Costa Rica. Más allá de las posiciones que cada persona pueda tener sobre el conflicto en Gaza, sobre Israel, Palestina o sobre el Frente Amplio, hubo algo que me dejó profundamente preocupado: la enorme cantidad de comentarios que pedían abiertamente represión, violencia, encarcelamientos y agresiones contra quienes participarían en una protesta pública.

Pero incluso antes de leer los comentarios, hay algo más que merece atención: la forma en que la noticia fue presentada. El lenguaje utilizado por algunas páginas y medios no fue neutral. Expresiones como “sombra al acto oficial”, “operativo de seguridad bajo alerta máxima”, “empañar la fiesta patria” o “la izquierda busca hacer retumbar su voz” no solamente describen un hecho: construyen una narrativa donde la protesta aparece asociada al desorden, al peligro o a una amenaza contra la estabilidad nacional.

Y eso importa muchísimo, porque las palabras nunca son inocentes. Antes de que miles de personas comentaran la publicación, ya existía un encuadre emocional previo que presentaba la manifestación no como un ejercicio democrático protegido constitucionalmente, sino como un posible foco de caos o provocación. Cuando la protesta comienza a representarse mediáticamente como amenaza, resulta mucho más fácil que parte de la ciudadanía termine justificando respuestas autoritarias o violentas contra quienes participan en ella.

No se trató únicamente de desacuerdos políticos. Lo que apareció fue algo más profundo y más grave: una parte importante de la ciudadanía comenzó a hablar del adversario político como si no fuera un ciudadano con derechos, sino una amenaza que debe ser eliminada, golpeada, “limpiada”, silenciada o encerrada.

Los comentarios hablaban de “gas”, “garrote”, “agua”, “cárcel”, “basura”, “peste”, “cucarachas”, “escorias” y “lacras”. Muchos incluso celebraban anticipadamente la posibilidad de que hubiese violencia policial contra personas manifestándose. Lo más preocupante no es que existan comentarios extremos —eso siempre ha existido—, sino la naturalidad con la que hoy se expresan.

Y aquí aparece una contradicción enorme: muchas de esas mismas personas aseguraban estar “defendiendo la democracia”.

Pero una democracia no es solamente votar cada cuatro años, celebrar actos patrios o asistir a un traspaso de poderes. Eso es apenas su dimensión ceremonial. Una democracia constitucional también implica tolerar el disenso, aceptar la crítica, proteger las minorías y reconocer el derecho a la protesta pacífica, incluso cuando incomoda o cuando no coincide con nuestras ideas.

Precisamente por eso existen las constituciones políticas y los derechos fundamentales.

En Costa Rica, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la posibilidad de manifestarse pacíficamente forman parte del núcleo básico del Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 28 de la Constitución Política establece que “nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones”, mientras que el artículo 26 reconoce el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea en espacios privados o públicos. Del mismo modo, el artículo 29 protege la libre comunicación del pensamiento por palabra o por escrito.

Esto significa algo muy importante: la protesta pacífica no es una concesión del gobierno de turno ni un privilegio ideológico. Es un derecho constitucional.

Incluso el Código Civil costarricense, en su artículo 18, recuerda que la existencia de la ley obliga independientemente de que las personas la conozcan o no. Sin embargo, el problema actual pareciera ser todavía más profundo: no solamente existe desconocimiento de las normas jurídicas, sino también un debilitamiento progresivo de la cultura democrática que les da sentido.

Y ahí es donde veo uno de los problemas más serios de nuestro tiempo: mucha gente ya no comprende qué significa vivir en una democracia constitucional. Se piensa que si una mayoría ganó elecciones, entonces cualquier crítica posterior es una amenaza al país. Se confunde democracia con unanimidad. Se interpreta la protesta como traición. Se cree que disentir es “odiar Costa Rica”.

Pero una sociedad democrática madura no elimina el conflicto político: aprende a convivir con él sin destruir al otro.

Lo que revelan estos comentarios no es solamente polarización política. Revelan una profunda crisis de cultura democrática.

Y esa crisis no nació de la nada.

Durante décadas, la educación pública fue reduciendo progresivamente los espacios dedicados a la educación cívica, la filosofía, la historia política y el pensamiento crítico. Poco a poco dejamos de formar ciudadanía y comenzamos a formar únicamente individuos funcionales al mercado. Hoy muchas personas desconocen por completo qué dice la Constitución Política, cuáles son sus derechos o por qué existen límites al poder estatal.

El resultado es una ciudadanía que muchas veces reacciona desde el miedo, el enojo o la identidad tribal, pero no desde la reflexión democrática.

Y eso abre una situación peligrosa: cuando la población comienza a percibir los derechos fundamentales como obstáculos y no como garantías civilizatorias, el autoritarismo deja de venir únicamente desde arriba y empieza a surgir desde abajo, desde la propia ciudadanía.

Ese quizá sea el aspecto más inquietante de todo esto.

La crisis democrática no comienza solamente cuando un gobierno restringe derechos. También comienza cuando las personas empiezan a pedir voluntariamente que esos derechos desaparezcan para quienes piensan distinto.

Y eso debería preocuparnos muchísimo más que cualquier manifestación.

Entre símbolos, poder y hegemonía: notas sobre el nuevo escenario político costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Desde el 1° de mayo vengo pensando en lo que está pasando en la Asamblea, en la prensa y en el discurso político del país. Comparto esta reflexión, no para cerrar el debate, sino para abrirlo.

La instalación de la nueva Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo no solo marca el inicio de un nuevo ciclo institucional en Costa Rica; constituye, además, un momento privilegiado para observar las tensiones profundas que atraviesan hoy la vida política nacional. Más allá de la configuración formal de mayorías y minorías, lo que se perfila es una disputa por el sentido: por definir qué es legítimo, qué es peligroso y quién tiene derecho a ocupar el espacio de lo político.

En términos estrictamente institucionales, el panorama es claro. El oficialismo, con una mayoría simple de 31 diputaciones, ha logrado consolidar el control de los principales órganos de dirección legislativa. Frente a ello, las fuerzas de oposición —integradas por diversas agrupaciones que, en conjunto, suman 26 escaños— han optado por una estrategia de coordinación orientada a contener eventuales reformas que puedan afectar el núcleo del Estado social de derecho. Esta configuración no responde a una afinidad ideológica plena, sino a una lógica de equilibrio y defensa institucional que encuentra precedentes en la propia historia política costarricense.

Sin embargo, la lectura de este escenario ha sido rápidamente capturada por una narrativa mediática que reduce la complejidad del momento a una clave simplificada: la amenaza de un supuesto “giro comunista” en la política nacional. Esta operación discursiva ha encontrado un punto de apoyo en hechos aislados —como la utilización de símbolos asociados históricamente al comunismo por parte de una diputada, o la participación de sectores juveniles en actividades internacionales vinculadas a la izquierda— para construir una imagen homogénea y descontextualizada de actores políticos que, en realidad, son internamente diversos.

En este punto, resulta útil recordar que el discurso político no es un mero reflejo de la realidad, sino una práctica que contribuye activamente a su configuración. Como señala Teun A. van Dijk, “los discursos influyen en la formación de opiniones, actitudes e ideologías sociales” (Van Dijk, 2003, p. 45), lo que implica que su función no es solo descriptiva, sino también performativa. En ese sentido, la categoría “comunismo” opera menos como un concepto analítico que como un dispositivo de deslegitimación.

En este contexto, las declaraciones de Patricia Mora, quien ha reivindicado la herencia de una izquierda que en la década de 1940 contribuyó a la construcción de las garantías sociales, han sido utilizadas para alimentar la tesis de un supuesto “encubrimiento ideológico”. Esta lectura ignora una distinción fundamental: la diferencia entre identidad histórica y definición programática actual. Reconocer una tradición no implica reproducirla doctrinariamente. Como ha señalado en múltiples ocasiones José María Villalta, el Frente Amplio no se define como un partido comunista en el presente. La aparente contradicción, por tanto, no es más que el resultado de una operación de simplificación que borra deliberadamente los matices.

Este borramiento no es inocente. Forma parte de una lógica más amplia en la que el lenguaje político delimita los contornos de lo pensable. En términos de hegemonía, como advierte Ernesto Laclau, “la política consiste en la construcción de significantes que articulan demandas y producen identidades colectivas” (Laclau, 2005, p. 93). Así, la invocación del “peligro comunista” no describe una realidad empírica verificable, sino que contribuye a organizar el campo político en torno a una frontera simbólica.

La paradoja alcanza un punto especialmente revelador cuando se observa el papel de ciertos medios de comunicación. La Nación, por ejemplo, ha contribuido a posicionar esta narrativa de sospecha sobre la oposición política, al tiempo que enfrenta acciones de poder —como la cancelación de visas a miembros de su directiva sin explicaciones públicas claras— que evidencian la fragilidad de su propia posición frente a dinámicas que trascienden el control mediático. Esta situación pone de manifiesto una característica fundamental del poder contemporáneo: su carácter funcional y contingente. En contextos de alta polarización, los alineamientos no son estables, y los mismos dispositivos discursivos que sirven para deslegitimar a unos pueden volverse contra otros.

A este cuadro se suman una serie de hechos recientes que no pueden ser analizados de forma aislada: el veto presidencial a iniciativas vinculadas a derechos del magisterio, el deterioro en los indicadores de libertad de prensa, y la creciente centralidad del discurso de seguridad como eje articulador de la política pública. Lejos de constituir episodios desconectados, estos elementos sugieren la configuración de un clima político en el que la apelación al orden, la estabilidad y la lucha contra el crimen organizado funciona como marco legitimador de prácticas que tensionan los equilibrios democráticos.

En este sentido, la disputa actual en Costa Rica no puede reducirse a una confrontación clásica entre izquierda y derecha. Más bien, se trata de una lucha por la hegemonía en un contexto de reconfiguración del modelo neoliberal, donde distintos actores —no siempre claramente diferenciados en términos ideológicos— compiten por definir los límites de lo posible. En este proceso, el recurso a categorías simplificadoras como “comunismo” cumple una función estratégica: delimitar el campo de lo aceptable y excluir determinadas posiciones del debate legítimo.

Como ya advertía Antonio Gramsci, la hegemonía no se sostiene únicamente por la coerción, sino por la capacidad de construir consenso y sentido común (Gramsci, 1971). En ese marco, la disputa contemporánea en Costa Rica parece orientarse menos a la eliminación del adversario que a su deslegitimación simbólica.

La historia política costarricense ofrece, sin embargo, una lección distinta. El Estado social de derecho que hoy se invoca como patrimonio común no fue el resultado de una pureza ideológica, sino de un pacto complejo en el que convergieron actores diversos, incluyendo sectores reformistas, religiosos y de izquierda. Reducir esa herencia a una etiqueta o convertirla en objeto de sospecha implica no solo una simplificación analítica, sino un empobrecimiento del debate democrático.

En tiempos de creciente polarización, la defensa de la democracia no pasa únicamente por la protección de las instituciones, sino también por el cuidado del lenguaje. Nombrar con precisión, reconocer la complejidad y resistir la tentación de la simplificación son, hoy más que nunca, actos profundamente políticos.

Porque, al final, la pregunta que subyace a todo este escenario no es quién tiene la mayoría, ni siquiera quién tiene la razón, sino algo más inquietante:

¿quién está definiendo, y con qué fines, los límites de lo que una democracia puede pensar y decir sobre sí misma?

Referencias:

Gramsci, A. (1981). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.

Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

Van Dijk, T. A. (2003). Ideología y discurso. Ariel.

“Comunista”

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos

Cuando el poder deja de convencer, empieza a etiquetar. Y en ese gesto, convierte palabras en armas y el lenguaje en campo de batalla.

En la política contemporánea, figuras como Donald Trump, Javier Milei y Rodrigo Chaves han convertido términos como “comunista”, “zurdo” o “izquierdista” en instrumentos de combate. No son categorías analíticas ni definiciones ideológicas rigurosas: son etiquetas diseñadas para simplificar, estigmatizar y deslegitimar al adversario.

La historia demuestra que este recurso no es nuevo ni inocente. El señalamiento de “comunista” ha servido como antesala de la violencia. Los ejemplos abundan, pero aquí hay algunos: Maximiliano Hernández Martínez lo utilizó para justificar la masacre de más de 30 mil indígenas en 1932; Adolf Hitler lo integró en su cruzada anticomunista durante la Segunda Guerra Mundial; Augusto Pinochet lo convirtió en argumento para la represión, la desaparición y el asesinato sistemático, como también ocurrió con las dictaduras argentinas tras el golpe de 1976.

Hoy, en pleno siglo XXI, el término “comunista” funciona como un significante vacío. Puede designar a un sindicalista, a un senador demócrata estadounidense, a una feminista, a un ambientalista o a una lideresa indígena. Su función no es describir, sino despojar de legitimidad cualquier crítica que incomode.

Nombrar al adversario como “comunista” no explica lo que es: define cómo debe ser tratado.

Algo similar ocurre con la etiqueta de “terrorista”. Su uso indiscriminado deshumaniza y simplifica. Una vez aplicada, borra matices y convierte demandas de soberanía, autodeterminación o justicia en amenazas contra la seguridad, la paz, la nación. Así, la violencia pasar dominio exclusivo de los adversarios, combatirles no es cuestionado, es más bien un imperativo, una necesidad.

Lejos de ser un simple exceso retórico, este tipo de lenguaje forma parte de una disputa más profunda. Como advertía Antonio Gramsci, el poder no se sostiene solo por la fuerza, sino por su capacidad de construir sentido común: esa trama de ideas y percepciones que hace que el mundo parezca “natural” e incuestionable.

En ese terreno, el lenguaje es decisivo. Durante décadas, instituciones educativas, religiosas y mediáticas han contribuido a fijar asociaciones automáticas: “comunista” como amenaza, “terrorista” como enemigo absoluto. El resultado es una reacción casi refleja: la etiqueta sustituye al análisis.

Cuando la etiqueta reemplaza al argumento, la democracia empieza a vaciarse.

En contextos de crisis o de disputa política intensa, este mecanismo se vuelve más visible. Cuando el consenso se resquebraja, se intensifica la lucha por el sentido. Es allí donde estas etiquetas operan como herramientas en una verdadera “guerra de posiciones”: una confrontación menos visible que la fuerza directa, pero decisiva en la construcción de legitimidad. Etiquetar en ese contexto, es fijar fronteras. No solo se define quién tiene razón, sino quién merece ser escuchado… y quién no. Y más aún, quién merece ser destruido sin que medie ninguna otra explicación.

El uso sistemático de epítetos como estos revela, en última instancia, una fragilidad. Cuando un proyecto político necesita recurrir a la estigmatización constante, lo que evidencia es su dificultad para sostenerse en la argumentación y en la persuasión. En lugar de convencer, busca alinear; en lugar de debatir, intenta clausurar.

La disputa por el lenguaje no es secundaria. Es parte del conflicto político central. Porque allí donde etiquetar sustituye al debate, lo que está en juego no es solo una palabra, sino la capacidad de una sociedad para pensarse a sí misma, deliberar y decidir en libertad.

Guerra en Irán y crisis interna en Estados Unidos: escalada que expone los límites del poder occidental

Escrito en . Publicado en Análisis.

Más de 8 millones de personas protestaron en EE.UU. contra la guerra en Irán. Mientras tanto, el conflicto escala sin salida clara. Este análisis explica por qué no es solo una guerra, sino una crisis del orden global.
Fotografía tomada de The Guardian

Por Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS

La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero de 2026 no solo abrió un nuevo frente de guerra en Medio Oriente. A poco más de un mes de iniciada, sus efectos desbordan el plano militar: impactan la economía global, reconfiguran el tablero geopolítico y, de forma cada vez más visible, erosionan la estabilidad política interna estadounidense.

La denominada “Operación Furia Épica”, iniciada el 28 de febrero, tenía un objetivo claro: descabezar al régimen iraní mediante la eliminación del ayatolá Ali Khamenei. El cálculo estratégico era que la estructura estatal colapsaría en cuestión de horas. Sin embargo, la realidad ha sido otra. Como sintetizó el programa La Base (30/03/2026), la apuesta por una “guerra rápida” fracasó, dando paso a un escenario de desgaste prolongado.

Una guerra sin resolución a la vista

Lejos del colapso esperado, Irán ha demostrado una capacidad de resistencia sostenida. La clave reside en su doctrina de “defensa mosaico”, desarrollada desde mediados de los años 2000, que descentraliza el mando militar en estructuras territoriales con autonomía operativa. Esto permite que, incluso ante la eventual caída de la cúpula, el aparato estatal y militar continúe funcionando.

El periodista Rafael Poch de Feliu advierte que Occidente repite un patrón de errores estratégicos: subestimar a sus adversarios. Ocurrió con Rusia en Ucrania y con China en el terreno tecnológico. En todos los casos, el resultado es similar: cuando la victoria rápida no se materializa, el conflicto se transforma en una guerra de desgaste sin salida clara (Poch de Feliu, 2026).

En ese marco, el análisis de La Base describe la dinámica actual como una “trampa de la escalada”: cada fracaso inicial conduce a una intensificación del conflicto. La administración de Donald Trump mantiene un discurso de victoria hacia el interior, mientras incrementa la presión militar en la región. No obstante, lo que se observa no es una invasión terrestre masiva, sino ataques limitados y demostraciones de fuerza que buscan evitar los costos de una guerra total (La Base, 30/03/2026).

La guerra como desgaste económico

Irán ha logrado desplazar el conflicto hacia una lógica de guerra asimétrica. El uso de drones de bajo costo —como los Shahed— obliga a sus adversarios a emplear sistemas de defensa extremadamente costosos, generando un desgaste económico sostenido (Small Wars Journal, 2026).

A ello se suma el impacto geoeconómico. El bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha incrementado la volatilidad energética. La activación de actores aliados —como Hezbolá en el Líbano o los hutíes en Yemen— amplía el conflicto más allá de las fronteras iraníes, consolidando un escenario regional altamente inestable (Chatham House, 2026; ACLED, marzo 2026).

En este contexto, la guerra deja de ser un episodio estrictamente militar para convertirse en un fenómeno sistémico que afecta mercados, cadenas de suministro y equilibrios estratégicos globales (World Economic Forum, 2026; Stimson Center, 2026).

Disputa por la narrativa global

La dimensión mediática se ha convertido en un campo de batalla central. Según el analista Manu Levin en La Base, la cobertura dominante en medios occidentales tiende a presentar las acciones iraníes como agresivas, minimizando el papel de Estados Unidos e Israel en la escalada (La Base, 30/03/2026).

Esta narrativa contrasta con el discurso oficial iraní. El presidente Masoud Pezeshkian, en una carta dirigida al pueblo estadounidense, presenta a Irán como una civilización histórica de carácter defensivo, víctima de intervenciones extranjeras desde el golpe de Estado de 1953 contra Mossadegh (Pezeshkian, 2026). Más allá de su intencionalidad política, este relato busca disputar legitimidad en el plano internacional.

Palestina y el desplazamiento de la agenda

La escalada con Irán también ha tenido efectos indirectos sobre otros conflictos, particularmente el palestino. En un momento de creciente presión internacional sobre Israel por su accionar en Gaza, la apertura de un nuevo frente ha contribuido a reordenar la agenda mediática global.

Sin necesidad de asumir una estrategia deliberada, el efecto es claro: el foco se desplaza desde la crisis humanitaria hacia la lógica geopolítica, reduciendo la visibilidad internacional del conflicto palestino.

La guerra vuelve a casa

Mientras el conflicto se prolonga en el exterior, sus repercusiones internas en Estados Unidos son cada vez más evidentes. Las protestas del movimiento “No Kings” han movilizado a más de 8 millones de personas en los 50 estados, en lo que reportes de The Guardian describen como una de las mayores jornadas de protesta en la historia del país (The Guardian, 2026).

El eje de estas movilizaciones es el rechazo a la guerra en Irán, ampliamente impopular entre la población. A ello se suma el impacto económico: aumento del costo de vida, encarecimiento del combustible e inflación, fenómenos que los manifestantes vinculan directamente con la escalada militar (The Weekend Primetime, 2026).

El análisis del podcast The Weekend Primetime subraya que esta convergencia entre política exterior y malestar económico ha generado una protesta transversal que desborda las divisiones tradicionales.

“No Kings”: entre ruptura y restauración

La consigna del movimiento remite al imaginario republicano de 1776 y al rechazo de toda forma de poder concentrado. Sin embargo, el propio análisis crítico advierte una tensión de fondo: buena parte del movimiento parece orientarse más hacia la restauración de una “normalidad” previa —asociada a administraciones demócratas— que hacia una crítica estructural del rol global de Estados Unidos (The Weekend Primetime, 2026).

Esta ambivalencia se refleja en la selectividad de sus causas y en sus silencios frente a otros escenarios internacionales, lo que plantea interrogantes sobre el alcance real de su potencial transformador.

Polarización y fisuras del Estado

La respuesta del gobierno ha sido endurecer el discurso. Sectores afines a la administración han intentado deslegitimar las protestas, mientras se observa una creciente criminalización de la disidencia.

En paralelo, la polarización mediática se intensifica y la disputa por el control del relato se vuelve más aguda. A ello se suma un elemento inquietante: la percepción de vulnerabilidad del propio Estado. Episodios como el hackeo a altos funcionarios —incluido el director del FBI, según el análisis— refuerzan la idea de que, en medio de la escalada internacional, incluso el aparato de seguridad estadounidense muestra fisuras (The Weekend Primetime, 2026).

Un orden en descomposición

Más allá de los desarrollos inmediatos, el conflicto con Irán se inscribe en una transformación estructural: el tránsito de un orden unipolar hacia uno multipolar. Como señala Poch de Feliu, los errores acumulados en Rusia, China e Irán no son hechos aislados, sino síntomas de una crisis más profunda del hegemonismo occidental (Poch de Feliu, 2026).

La ofensiva no logró sus objetivos iniciales. La guerra no se resuelve: se prolonga, se expande y se vuelve más peligrosa. Y en ese proceso, no reordena el sistema internacional: lo desestabiliza.

La conclusión es incómoda pero cada vez más evidente: cuando las potencias necesitan alargar los conflictos para sostener su posición, lo que está en juego ya no es solo una guerra. Es la propia viabilidad del orden que pretendían sostener.

Fuentes

  • La Base. (30 de marzo de 2026).
  • Rafael Poch de Feliu. (2026). Errores de cálculo.
  • Masoud Pezeshkian. (2026). Carta al pueblo de Estados Unidos.
  • The Guardian. (2026). Cobertura sobre protestas “No Kings”.
  • The Weekend Primetime. (2026). Análisis sobre protestas y guerra en Irán.
  • Small Wars Journal. (2026). Preliminary Assessment U.S.-Israel Strikes on Iran.
  • (marzo de 2026). Middle East Special Issue.
  • World Economic Forum. (2026). Global Risks Report 2026.
  • Stimson Center. (2026). Top Ten Global Risks for 2026.
  • Chatham House. (2026). Houthi Attacks on Israel.
  • Asia Society. (2026). Asian Middle Powers and Fragmenting Global Order.

La estrategia del “enroque”: cómo combatir al chavismo sin caer en su trampa

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por JoseSo (José Solano‑Saborío)

La falta de estrategia, en un juego de ajedrez político, es un suicidio

La victoria electoral de Laura Fernández y el anuncio —largamente anticipado— del “enroque” ministerial con Rodrigo Chaves no constituyen un simple cambio de mando. Representan, más bien, la consolidación de un proyecto político que ha sabido dominar el tablero costarricense mediante una estrategia de comunicación militarizada, digna de estudio. Para la oposición, el desafío ya no es solo ganar una elección, sino aprender cómo enfrentar una maquinaria de poder que, al igual que la ultraderecha neoconservadora global, ha hecho de la polarización y el agravio su principal combustible.

Las experiencias de líderes como Lula da Silva en Brasil, Andrés Manuel López Obrador junto a Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia ofrecen pistas valiosas, siempre y cuando sean adaptadas a nuestra idiosincrasia y no copiadas mecánicamente.

Entender al adversario

El llamado “chavismo‑tico” no es un fenómeno espontáneo ni improvisado. Es la aplicación local del manual populista de la derecha neoconservadora occidental —con raíces claras en métodos fascistas de Mussolini y Hitler— basado en la construcción de un “pueblo” moralmente virtuoso (la célebre “señora de Purral”) enfrentado a una “élite corrupta” (los “ticos con corona”, donde se incluyen medios de comunicación, jueces y políticos tradicionales).

Esta narrativa ha logrado convertir un enojo social legítimo en un arma de movilización permanente. Rodrigo Chaves, cual estratega sun‑tzuano —siguiendo la lógica de El arte de la guerra— comprendió que no debía derrotar a la oposición de forma frontal, sino provocarla sistemáticamente para que reaccionara con ira y se desgastara por sí misma. Cada grito, cada denuncia airada, lejos de debilitarlo, reforzaba su relato: “el sistema” lo ataca porque le teme.

La oposición, fragmentada y reactiva, cayó una y otra vez en esa trampa, proyectando una imagen de desorden, improvisación y agotamiento que terminó por llevarla a “vencerse a sí misma”. A ello se sumó una estrategia deliberada de deslegitimación de la prensa crítica, orientada a erosionar cualquier contrapeso democrático.

Aprender sin copiar

Frente a este escenario, la nueva oposición no puede insistir en las mismas fórmulas fallidas. Aquí es donde las experiencias regionales iluminan el camino, no para imitar, sino para aprender estratégicamente.

La lección de AMLO y Sheinbaum

El relato no se combate solo desde las instituciones. López Obrador entendió que la batalla cultural se libra en el terreno de la comunicación directa. Defender la institucionalidad desde un púlpito ya no basta. La oposición costarricense necesita construir sus propias trincheras comunicativas.

No se trata de copiar el estilo confrontativo de Chaves, pero sí de comprender el formato. Así como Sheinbaum convirtió la “mañanera” en un escudo político, la oposición debe contar con liderazgos capaces de explicar, todos los días y en lenguaje sencillo, por qué el modelo de “mano dura” y “estado de excepción” promovido por Fernández —inspirado en Bukele— es un espejismo que no resolverá la inseguridad estructural y, además, pone en riesgo décadas de institucionalidad democrática.

La disputa del relato ocurre en TikTok, en radios comunitarias y en redes sociales, no únicamente en el plenario legislativo.

La lección de Petro

La “política de la belleza” frente al discurso del odio. Mientras el oficialismo profundiza la confrontación, la oposición debe ofrecer un relato unificador y propositivo. Petro lo entendió con su campaña Colombia, el país de la belleza, que apeló a la emoción y al orgullo nacional sin caer en la polarización permanente.

En Costa Rica, el tejido social está exhausto del enfrentamiento constante. La estrategia opositora debe girar hacia un mensaje de reconciliación nacional, defensa de la paz, del diálogo y de la institucionalidad democrática. Es necesario rescatar el concepto de “patria” de las garras del agravio chavista.

La presidenta electa mostró un destello de este enfoque en su primera conferencia de prensa tras la victoria, con un tono más conciliador. La oposición debe estar preparada tanto para recordarle ese tono si se desvía como para encarnar ella misma la altura política que la ciudadanía dice añorar.

La lección de Lula

La unidad regional como escudo. Así como Lula y Petro articularon posturas frente a Trump, la oposición costarricense debe mirar más allá de las fronteras. El chavismo local se nutre de alianzas con la derecha regional —Bukele y las corrientes trumpistas— y no puede enfrentarse en aislamiento.

Tender puentes con liderazgos democráticos y progresistas del continente —Lula, Petro, Sheinbaum— no es “intervención”, sino la construcción de un contrapeso geopolítico que ofrezca una visión alternativa de desarrollo y seguridad sin sacrificar libertades.

Una estrategia triple

En síntesis, la estrategia debe articularse en tres niveles:

Primero el comunicacional: dejar de reaccionar y empezar a narrar. Construir una voz propia, serena pero firme, cercana a la calle, con propuestas claras y sin caer en la descalificación permanente.

Segundo el programático: ofrecer una alternativa de seguridad inteligente frente al “bukelismo de postal”. Explicar que el combate real al narcotráfico no se gana solo con cárceles ni militarización —estrategias ya fracasadas en países como Colombia y México— sino con inteligencia policial, oportunidades sociales y el fortalecimiento del OIJ, no su debilitamiento.

Por último y, tal vez, el más importante, de unidad: aprender la lección de 2026. La fragmentación es el mejor aliado del oficialismo. La unidad opositora no es una concesión ideológica, sino una condición de supervivencia democrática. Sin un frente común creíble y ordenado, el “enroque” de Chaves y Fernández podría convertirse, como ellos aspiran, en un camino sin retorno.

Todavía existe una última oportunidad. Gracias a una reacción orgánica en las últimas dos semanas de la elección, propia de nuestro —aún sólido— ADN democrático, combinada con una dosis de “malicia indígena” en su mejor acepción, podemos, aun, defender la democracia más longeva y consolidada de la región y su Estado Social de Derecho. Pero ello exige una verdadera estrategia, un renovado patriotismo democrático y la renuncia a purismos ideológicos sectarios —especialmente dentro de la izquierda progresista— para construir pactos amplios en defensa de una democracia pluralista, inclusiva y hoy peligrosamente amenazada.

La derrota del “conservadurismo” identitario

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

El reciente proceso electoral dejó un hecho imposible de relativizar: un partido que se presentó como abanderado de los “valores conservadores” no solo perdió, sino que desapareció de la arena política. No obtuvo un solo diputado y su votación presidencial fue ínfima. No se trata de un tropiezo coyuntural, sino de la deslegitimación práctica de una propuesta que pretendió erigirse como representación moral de un sector del país.

La polarización artificial entre “progresistas” y “conservadores” es un callejón sin salida. No porque no existan diferencias legítimas, sino porque el Evangelio no opera como etiqueta ideológica. Jesús no se movió en esos binarios simplistas. El Reino de Dios no se anuncia desde trincheras culturales ni se defiende con consignas identitarias. Cuando la fe se reduce a eso, deja de interpelar y comienza a excluir.

Este partido, de matriz protestante, se presentó como el conservadurismo por excelencia, casi como si la fidelidad a Dios tuviera un solo color político. El problema es que la discusión nacional no estaba ahí. La ciudadanía no votó pensando en guerras culturales importadas, sino en problemas concretos: desigualdad, deterioro institucional, falta de oportunidades, cansancio frente a discursos moralizantes que no ofrecieron soluciones reales.

El resultado electoral es pedagógico. No hubo persecución ni censura. Tampoco procede afirmar que “les robaron el capital político” porque otra fuerza recogiera parte de su lenguaje. El capital político no es propiedad privada: se construye, se renueva y se pierde cuando deja de conectar con la ciudadanía. Si otros lograron canalizar ciertas sensibilidades, fue porque supieron leer mejor el momento histórico y ofrecer una propuesta más amplia y creíble.

Cuando una agrupación queda sin representación parlamentaria y con una votación presidencial marginal, lo que ocurre no es una simple derrota: ocurre una deslegitimación profunda de su planteamiento. La ciudadanía decidió que ese lenguaje no interpretaba sus angustias ni sus esperanzas.

Llegados a este punto, las preguntas ya no pueden dirigirse hacia afuera sino hacia dentro: ¿Qué les corresponde hacer ahora como fuerza política?, ¿Dónde va a estar la revisión, en el mensaje, en el lenguaje, en la confusión entre fe y poder?, ¿Se atreverán a reconocer que no existe un voto confesional cautivo y que los creyentes no son un bloque homogéneo?, ¿Revisarán el uso del nombre de Dios en el debate público?

En medio de este escenario, hay un dato que merece ser reconocido: el factor religioso no fue decisivo en esta elección, y eso fortaleció la democracia. La Iglesia Católica asumió el proceso con altura, sin alineamientos partidarios ni discursos incendiarios. A ello se sumó la reacción madura de un amplio sector protestante que se negó a quedar atrapado en la lógica de polarización confesional.

Dios no está sobrando en el debate público; lo que sobra es la pretensión de representarlo políticamente. Hoy hacen más falta que nunca los valores del Evangelio —la dignidad humana, la justicia, la compasión, la opción por los más vulnerables—, pero esos valores no requieren un partido confesional para encarnarse. Se verifican en políticas públicas justas, en prácticas democráticas honestas y en una cultura del encuentro, no en el uso del nombre de Dios como objeto de confrontación.

La ironía final es que quienes fueron señalados como “progresistas” o “izquierdosos” ocupan hoy casi la mitad del plenario legislativo, mientras quienes se proclamaron como el dique moral de la política nacional quedaron sin voz ni representación.

La enseñanza que deja este proceso es contundente: En el presente político de Costa Rica, una propuesta que se apoya únicamente en una identidad religiosa termina debilitándose hasta desaparecer. Lo ocurrido no fue simplemente una derrota electoral; fue la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía, que decidió que ese discurso ya no respondía a sus preocupaciones ni a sus expectativas.

Hay momentos en que la unidad por Costa Rica está por encima de cualquier diferencia ideológica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Un llamado a los partidos políticos y a las fuerzas democráticas

Desde mi óptica particular, hoy más que en cualquier otro momento de la Segunda República (es decir, después de 1948 hasta esta parte), es urgente que, los partidos democráticos busquen la mayor unidad entre ellos; todos los líderes de los partidos políticos que reconozcan que nuestra institucionalidad democrática está en peligro de debilitarse o sufrir agrietamientos están convocados.

La democracia costarricense ha sido puesta en peligro, por el gobierno que encabeza Rodrigo Chaves y por el partido que nos gobierna, a cuya cabeza se encuentra la candidata Laura Fernández del Partido del Pueblo Soberano. La acusación no es para nada gratuita. Además, hoy la candidata del partido del Pueblo Soberano sigue la ruta de Chaves con férrea docilidad. Pondré ejemplos incuestionables.

¿Por qué Rodrigo Chaves (actual presidente) y Laura Fernández (candidata a la presidencia por el PPSO), amenazan las instituciones democráticas que ameritan la más amplia unidad de los partidos democráticos y progresistas?

Hay una larga lista de actitudes y medidas del gobierno actual, encabezado por Chaves como presidente y entre otros por Laura Fernández, por haber ejercido los ministerios de la presidencia y planificación, que han golpeado las bases de nuestras instituciones democráticas y la credibilidad de muchos conciudadanos en ellas.

Actitudes en contra de principios democráticos y de la cultura democrática de los costarricenses

Juzgo que, el mayor golpe del actual presidente contra nuestros valores, la cultura y los principios democráticos ha quedado patente en cada una de las conferencias de prensa de los miércoles, de las que se han servido él y muchos de sus ministros para agredir en forma verbal y frecuentemente, a los demás poderes del estado y sus miembros; menciono en particular a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General como representante legal del estado y la Fiscalía General.

No me refiero al derecho que le asiste a cualquier ciudadano, incluido desde luego al presidente, de manifestar su crítica por dura que sea contra los demás poderes del estado, cuando hayan incurrido en alguna equivocación o error. No, la crítica contra cualquier poder del estado es parte inalienable de la democracia. Lo que quiero puntualizar es el vocabulario soez, burlesco, vulgar y procaz al que nos tiene acostumbrados Rodrigo Chaves y la mayoría de sus ministros acólitos; lenguaje que, toca el corazón de la ética democrática. Un presidente puede ser firme, pero no arbitrario, ni prepotente. La democracia no es equivalente al silencio ni menos a la sumisión. Pero quien asume la primera magistratura del estado, no habla a título personal, cada palabra o gesto suyo encarna el peso de la institución que representa. Chaves ridiculiza, apela al sarcasmo o al insulto y la ridiculización humillante, con lo cual pretende socavar la legitimidad de los demás poderes de la República, cada vez que lo hace.

En efecto, Chaves con su lenguaje chabacano y confrontativo, no ha hecho sino alimentar la lógica de “enemigo del pueblo”, fomenta la polarización social y debilita el principio del estado democrático de pesos y contrapesos, que es clave en el Estado de Derecho. El presidente Chaves y con él Laura Fernández en calidad de ministra, y ahora como candidata, no han hecho sino traspasar la barrera que diferencia la crítica sana, el respeto mutuo y el poder de la ley para ofrecer un mensaje peligroso que fomenta el conflicto, el “populismo comunicacional” y la cultura cívica. En suma, un presidente puede ser firme sin ser ofensivo, puede ser crítico sin ser vulgar, y finalmente ser directo sin ser burlón.

Insultos y descalificaciones a legisladores y miembros de otros poderes

En sus discursos ante la Asamblea Legislativa hemos encontrado frases como: “idiotas en el Congreso”, “Corruptos como Carlo Díaz” (fiscal general), o el “matonismo de Carlo Díaz” en forma despectiva; también ha dicho “el TSE está haciendo cosas inauditas” en tono de burla; en otro momento arremetió en forma despectiva para ante la contralora diciendo que “la Contralora está sentada en la galleta”, cuando lo que ha habido son diferencias y llamadas de atención frente al proceder del jefe del poder ejecutivo y ministros suyos; “Me importa un pepino” usó decir en otra ocasión frente a sus críticos.

En su tercer informe de labores afirmó que: “Es absurdo demandar respeto para los demás poderes de la República”, porque según Chaves “…están cosechando lo que sembraron”, o sea, los miembros de los demás poderes no merecen respeto.

En el uso de las redes sociales, Chaves ha admitido que le dio un “me gusta” a publicaciones con insultos tales como: “ratas asquerosas”, “buitres”, “payasos”, “retrasados mentales” en contra de opositores y contrapesos políticos. A veces no ha sido quien escribió los insultos de su propia mano, pero al darles un “me gusta” ha contribuido al tono ofensivo que lo caracteriza para tratar a aquellos que lo adversan y emplear el lenguaje propio de quien quiere normalizar la arenga politiquera y no el respeto desde la presidencia de la República. Algo ha ido aprendiendo Laura Fernández al respecto del lenguaje procaz y vulgar.

El lenguaje empleado para ante la Corte Suprema de Justicia es de antología, al argüir que “La Corte Suprema de Justicia es una vergüenza nacional”. Y, luego agregó que “ni la Corte, ni la fiscalía general buscan justicia”. Todo esto ocurrió a propósito de la petición del desafuero por parte de la Corte para el presidente Chaves.

Medidas o decretos rayanos en la inconstitucionalidad

La Sala Constitucional declaró inconstitucionalidades parciales contra decretos que buscaban por parte del presidente endurecer la política migratoria o de asilados. Ha sido una tradición de Costa Rica el ejercicio de la solidaridad contra asilados, sean asilados políticos o no. Algunas disposiciones de Chaves Robles se orientaron a “prohibir el libre tránsito” y la “libertad de movimiento”, los cuales están reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales como La Convención Americana de Derechos Humanos”. Por eso, la Sala Constitucional hubo de enmendarle la plana a decretos de la presidencia de la República. Pero el Estado debió ser sancionado, porque al aplicarlos ocasionó daños y perjuicios contra personas individuales. El Estado fue entonces condenado a pagar daños y perjuicios ante la aplicación de dichas normas. Para mayor abundamiento diré que para aplicar restricciones fundamentales a la libertad de movimiento o al derecho de asilo es requisito que la Asamblea Legislativa apruebe una ley expresa. Pero, aclaro que, tal requisito, el poder ejecutivo dirigido por Chaves se lo saltó.

Por otor lado, el gobierno derogó por decreto la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo y la Diversidad (2024). La Sala consideró que la acción del ejecutivo había sido abrupta, arbitraria y sin fundamento legal ni técnico. Tal derogatoria resultaba a todas luces discriminatoria contra un grupo de personas históricamente discriminado.

Encontramos también más recientemente, la negligencia y el desdén del poder ejecutivo a ejecutar partidas del presupuesto, debidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa para instituciones de seguridad ciudadana, tales como el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público. El ejecutivo se negó a girar un monto de nueve mil millones de colones orientados a fortalecer la capacidad del OIJ y del Ministerio Público, específicamente para financiar plazas nuevas de investigadores, fiscales y técnicos necesarios para combatir la criminalidad. Hacienda justificó su renuencia a girar los fondos alegando que se habían destinado al pago de la deuda pública, incurriendo probablemente en el delito de peculado o desvío de fondos públicos aprobados por la AL con un destino específico. El presidente del Poder Judicial advirtió con claridad que tal decisión afecta la capacidad operativa del OIJ y del Ministerio Público para actuar contra la criminalidad, ya que sin esos recursos no se puede contratar el personal, pues no se podrán activar las plazas aprobadas por el Poder Legislativo. Se trató de una decisión arbitraria por parte del ministerio de Hacienda y del propio Poder Ejecutivo. Creo conveniente aclarar antes de proseguir que, ciertamente la Constitución y la ley fiscal de nuestro país permiten que el Ejecutivo decida la ejecución presupuestaria, pero igualmente, señalan que usar esa prerrogativa con fines claramente politiqueros, dejando sin ejecución partidas urgentes aprobadas por la AL, genera una situación de “arbitrariedad institucional que debilita la separación de poderes…” especialmente cuando se trata de servicios esenciales como la seguridad pública.

Me interesa de manera particular, poner en claro cómo fue que el actual gobierno se separó del acuerdo de Escazú, un tratado internacional, cuya aprobación se produjo en Escazú, Costa Rica. Al respecto desde la perspectiva del Derecho Internacional, encontramos que: “Cuando un Estado firma un tratado y luego decide no ratificarlo o entorpece su implementación, puede estar incumpliendo la obligación de buena fe internacional bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que exige que las partes actúen de forma coherente con los compromisos internacionales que han asumido (incluso en procesos de ratificación). Esto puede generar responsabilidad internacional –aunque no tenga efecto inmediato en el derecho interno costarricense mientras el tratado no esté ratificado. – Costa Rica fue sede y uno de los países impulsores de Escazú. El hecho de que hoy no lo ratifique -y que el Ejecutivo comparta esa posición- ha sido interpretado por expertos y por organismos internacionales como un retroceso en materia de transparencia ambiental, acceso a la justicia y participación ciudadana, pilares del tratado. (El Observador. El texto resaltado es del original).

Hay mucho más, pero por ahora espero que lo señalado sea suficiente para probar el autoritarismo, la arbitrariedad y el espíritu anti democrático conforme al cual ha actuado tanto el Presidente Chaves como la candidata Laura Fernández.

Unidad por una Costa Rica que continúe fortaleciendo la institucionalidad democrática

Señalo que fue mi hermano, el sociólogo Roberto Salom uno de los primeros que se pronunció antes de que los partidos políticos hubiesen consolidado sus candidaturas, en favor de trabajar por la consolidación de una alianza democrática y progresista. Los contactos que realizó no fructificaron. Excepción calificada fue la de los partidos Agenda democrática y Acción Ciudadana. Los cuales, por su propia iniciativa, ante el desinterés de los demás en forjar esta unidad amplia, hicieron lo propio creando la “Coalición Agenda Ciudadana” encabezada dignamente por la Arquitecta Claudia Dobles, cuya inteligencia, don de gentes y liderazgo le han permitido desenvolverse en esta campaña con gran éxito. Al poco tiempo se les sumó el “partido Republicano Calderonista”.

En esa misma dirección, diez partidos firmaron un pacto cuya iniciativa fue prohijada por instituciones de la UCR y organizaciones de Sociedad Civil; podría llamarse este pacto, “un acuerdo ético-político por Costa Rica”. Diez partidos políticos dijeron presente en el lanzamiento del “Acuerdo Nacional contra la Desinformación y el Odio” celebrado el 31 de octubre del 2025. El pacto fue firmado por diez organizaciones políticas que son: Aquí Costa Rica Manda, Coalición Agenda Ciudadana, Partido Alianza Costa Rica Primero, Partido Centro Democrático y Social, Partido Esperanza Nacional, Partido Frente Amplio, Partido Liberal Progresista, Partido Liberación Nacional, Partido Nueva Generación y Partido Progreso Social Democrático.

Todavía se pueden promover acuerdos puntuales como es una colaboración entre todos en el conteo de los votos, tanto cuando se cierren las urnas, como después en el conteo de los votos en el TSE que es muy cuidadoso. Se podría establecer un acuerdo de colaboración para movilizar electores de los otros partidos políticos. Y, desde luego, si hubiese segunda ronda un acuerdo para apoyar a aquel partido o coalición que vaya a participar en estas lides. Todo esto y más puede anticipar las condiciones para una agenda común parlamentaria, que no impida a cada partido mantener sus propios puntos, los cuales puede negociar con otros grupos parlamentarios.

Chaves y las nuevas formas de hacerse con el poder

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Gerardo Fumero Paniagua

Rodrigo Chaves Robles, populista y confrontativo, se caracteriza por un discurso disruptivo -diría que de odio-, que polariza la sociedad entre «el pueblo» y lo que él denomina «las élites» o «las castas» que han gobernado históricamente. Su movimiento utiliza el resentimiento legítimo de sectores olvidados por el Estado, para canalizarlo contra las instituciones que protegen el Estado de Derecho, haciéndoles creer que son las culpables de su pobreza.

Chaves piensa en Costa Rica como un «Estado fallido», secuestrado por grupos de interés. Deslegitima las instituciones, calificándolas como obstáculos a la voluntad popular que él dice representar, en una narrativa que divide el espectro político en «nosotros» contra «ellos».

La conferencia de Prensa de los miércoles es una plataforma de «juicio público», donde se señala a opositores, periodistas o funcionarios específicos, a menudo usando apodos o lenguaje sarcástico y hasta vulgar, utiliza las redes sociales y los troles para atacar voces críticas y desgastar las instituciones, criticar sus fallos y erosionar la confianza pública en ellas. Ataca y estigmatiza la «prensa canalla», reduce el presupuesto para la educación y las universidades públicas, y llega al extremo de pretender acallar los medios, tanto escritos, como la Radio y la TV.

La nefasta y absurda «Ley Jaguar» y el Referéndum, fueron sus peticiones a Santa, para eliminar los órganos de control, y ahora busca 40 diputados para las próximas elecciones, que le facilitarían una nueva Constitución, el delirio de todo dictador.

Para todo ello, ha hecho alianza con el capital privado, el fideicomiso «Costa Rica Próspera» supuestamente funcionó como una estructura paralela para pagar gastos de campaña sin reportarlos al TSE, como debió. Jack Loeb y Calixto Chaves, figuras del empresariado tradicional y vinculados históricamente a otros partidos, se convirtieron en sus principales financistas.

Finalmente, ha logrado crear un ecosistema mediático que amplifica el discurso oficialista y ataca a la prensa crítica, para lo cual ha utilizado la pauta y las compras del Estado, como herramientas para premiar a medios que mantienen una línea editorial estrictamente favorable al Gobierno. Tal es el caso del coordinador de finanzas de Partido Pueblo Soberano, Carlos Valenciano Kamer, a cuyas empresas -Datasys Group- se les ha adjudicado millonarias compras del ICE y Racsa, quien a su vez es dueño de un importante canal de TV -OPA, al servicio de Chaves-, además de otras relaciones con financistas como Stephan Brunner y Douglas Altamirano.

Dichosamente hoy vivimos en una democracia que, aunque imperfecta, ningún dictadorzuelo terminará logrando sus objetivos fácilmente, gracias al equilibrio de poderes en nuestra Democracia Republicana. Pero no era así en nuestros primeros años de vida independiente y prácticamente todos los golpistas impusieron su propia Constitución, tal y como lo pretende también Chaves. Sucedió en 1823 y 1847. Y se repitió después de la guerra de 1856-1857, con el país sumido en una crisis económica y diezmado por el cólera, causante del descontento social, pero que fue aprovechado por la oposición para culpar a la administración de Juanito Mora, de la miseria del pueblo.

Similar a lo que sucede hoy, también en 1856 la oposición comenzó una guerra de desgaste, a través del periódico “La Nueva Era”, cuestionando la legitimidad de las decisiones del gobierno, criticando el gasto militar y promoviendo la idea de que Costa Rica necesitaba una «regeneración institucional”, léase “nueva Constitución”.

Alrededor de ese periódico se aglutinó el movimiento opositor a Mora, que también se coaligó con la oligarquía cafetalera y grandes intereses económicos, como, por ejemplo, los traidores Vicente Aguilar, su antiguo socio comercial, José María Montealegre, quien asumió la presidencia tras el golpe, Lorenzo Montúfar y Bruno Carranza.

El movimiento culminó con la ejecución de Mora en 1860, fusilado en Puntarenas, por orden de los líderes del movimiento «La Nueva Era», “uno de los actos más abominables de nuestra historia patria”, así lo califica Tomás F. Arias Castro, Los asesinatos del Presidente Mora Porras y del general Cañas Escamilla, EUNED, 2016. Entonces se redactó -una vez más- una nueva Constitución Política, la de 1859. Igualmente sucedió en 1869, 1871 y 1917. En 1949 de igual forma, aunque gobernó una Junta de Gobierno.

Sin embargo, a partir del totalitarismo hitleriano, que uso métodos populistas, pero sobre después de las redes sociales, el populismo tiene claro el enorme potencial de las mismas para manipular las masas, y que son las emociones más que las razones, las que influyen en ellas. Entonces las poses, las promesas, la grandilocuencia, las charangas y el hombre fuerte, dispuesto a canalizar la frustración del pueblo contra el statu quo, más que los programas de gobierno, son los elementos que cautivan a las masas. Además, tienen claro que ya tampoco es necesario un golpe de Estado, suficiente es prometer lo que la gente quiere, despotricar contra los supuestos responsables -todos los gobernantes anteriores-, descalificarlo todo para justificar rehacerlo bien y declarase el mesías que esperaba el pueblo para corregir tanta injusticia, para que las masas voten por ellos.

Escribiríamos la página más ingenua de nuestra vida democrática si en febrero del 2026, otorgáramos una mayoría legislativa a quienes ya han demostrado durante 4 años, la más absoluta arrogancia e ineptitud para construir, pero la mejor de las habilidades para crispar, dividir, envenenar y enlutar esta sociedad. Es tal la torpeza e incapacidad de su candidata, que ya OPA anunció que “por esta vez” no hará debates. Ingenuidad digo, porque ahora sí conocemos sus verdaderas intenciones: tomar el país, al mejor estilo de Chávez en Venezuela u Ortega en Nicaragua, pero igualmente, no para nada positivo.

Todo lo contrario, sería para garantizar el “continuismo”, como dice su actual eslogan de campaña y lo grita su candidata a los cuatro vientos. Advertidos estamos entonces, nos esperarían: mayores listas de espera en la CCSS, medicinas y arroz más caros, mayor delincuencia y criminalidad, incluido el sicariato -mientras se maten entre ellos-, apertura de fronteras, puertos, aeropuertos y costas, para el libre tránsito de drogas, menos presupuestos para seguridad y educación, un tipo de cambio para arruinar la industria del turismo y las exportaciones, y chorizos como los del recarpeteo de la pista del aeropuerto de Liberia, la adjudicación de los Ebais de la CCSS, las adjudicaciones de la Red de Internet y 5G, del ICE y Racsa, etc.

Y para ser consecuentes: no habría nuevas obras de infraestructura, nada de hospitales ni escuelas, ni inversiones en seguridad, pero en cambio, se seguiría favoreciendo a sus amigos con Rutas como la del arroz y a sus financistas de campaña con las adjudicaciones del ICE, haciendo alianzas con gobiernos amigos para quitar Visas, replicando cárceles en donde se violan los derechos humanos, envenenando y dividiendo esta sociedad, etc.

Tres razones contra el continuismo

Escrito en . Publicado en Elecciones.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Un conocido nuestro nos preguntó por qué no debe votarse al continuismo chavista, encarnado en Laura Fernández o sus similares camuflados como Natalia Díaz o José Aguilar.

Quien interroga es un hombre de mediana edad y, -si se me permite el argot tico-, es un breteador insigne, de esos que la pellejean día a día y que no puede darse el lujo de pagarle a la Caja un seguro como trabajador independiente, una persona que no puede tampoco permitirse enfermar e incapacitarse porque si no trabaja, no come. Así es la cruda realidad de muchos costarricenses, más de los que debiera permitirse una democracia plena.

Del inmenso océano de razones que se tienen para no seguir padeciendo el flagelo chavista, se me ocurrió responderle con toda espontaneidad:

  1. Hay que volver a colocar en Zapote a una persona decente. Alguien que hable con un mínimo de respeto; que no grite, que no insulte, que no exacerbe el odio y la revancha. Alguien que no engañe, que no haga de la mentira y la exageración su forma de comunicarse. Alguien, por cierto, que no intente ridiculizar a periodistas independientes que le hacen preguntas incómodas y que no los matonee rodeándolos de sus guardaespaldas.Alguien, en fin, que traiga paz, que baje la tensión y polarización en que nos encontramos y que tenga la inteligencia emocional de buscar consensos, es decir, alguien que se responsabilice del gobierno y no se dedique a buscar culpables.
  2. Hay que evitar el continuismo porque lo peor de este desgobierno no ha sido su vulgaridad y pachuquismo. Lo peor ha sido su ineptitud, su evidente incapacidad para contar con ministros y asesores capaces, su demostrada improvisación y charlatanería desde el día primero nombrando personajes sin preparación ni experiencia en puestos claves y dictando decretos y proyectos de ley inviables. Necesitamos alguien con un mínimo de humildad, que no deshaga, por ejemplo en obra pública, todo lo andado en el pasado por pura arrogancia y prepotencia, sin poder mostrar al final ningún logro significativo propio.
  3. Y por último, le contesto a mi amigo, ciudadano breteador, que este país y esta democracia merecen la pena ser rescatados; que no es posible que el crimen organizado y el narcotráfico hayan alcanzado los niveles de penetración de las instituciones y el control de barrios y pueblos que están consolidando. Le digo que como ex juez especializado en derecho penal, veo con alarma cómo, otra vez este desgobierno, desmanteló controles fronterizos y costeros, saboteó recursos económicos para la Fiscalía y el OIJ, y volvió totalmente ineficientes los escáneres portuarios, puesto que constantemente tenemos noticias de cargamentos de drogas descubiertos en puertos europeos provenientes de nuestra pobre Costa Rica. Hay fundamento para concluir que, ya por negligencia, ya por complicidad, hemos dejado que la peor violencia criminal llegue demasiado lejos.

Termino diciéndole a mi interlocutor: hay que salir a votar, pero en ningún caso por el continuismo de los Fernández, Díaz o Aguilar.

La Fealdad de la Política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Hay un sentido en el cual la nación es el territorio. Pero hay un sentido en el cual la nación es el espíritu. Y territorio estéril y espíritu poseído de odios poco vale o significa en el orden de las cosas destinadas a permanecer.
Omar Dengo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

La política, como toda actividad humana, siempre ha tenido algo de maldad, bondad, fealdad y belleza. Sin embargo, hoy la balanza parece inclinarse hacia la fealdad. Tiende a causar repulsión por su rostro grotesco, frívolo, agresivo y polarizante. Muy carente de empatía para propiciar espacios de diálogo y entendimiento, y atender al clamor de la ciudadanía, como es lo propio de la gestión democrática. De ahí, los crecientes índices de abstencionismo y la crisis de los partidos políticos.

La política viene perdiendo dignidad y belleza. Los discursos de odio son una muestra contundente de esa fealdad creciente. Como lo revela un valioso estudio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Costa Rica los discursos de odio relacionados con temas políticos aumentaron en el último año en un 43%, 2025, pero en un 1.100 % desde el 2021. Si bien es cierto, en las contiendas electorales los ánimos y las emociones se exacerban e inducen a la confrontación, a pesar de los signos festivos y amigables, hoy tienden a predominar más allá de esos períodos electorales. Es decir, la tendencia dominante es a legitimar los discursos descalificadores, confrontativos y agresivos; convertirlos en habituales y naturalizarlos.

La fealdad de la política también se hace muy evidente cuando algunos líderes políticos se visten de salvadores de la patria, especialmente al presentarse como adalides en la lucha contra la corrupción, asumiendo portes inquisitoriales, al señalar la viga en ojo ajeno sin deparar en la propia; típica actitud farisaica que condujo a Jesús a calificar a la clase político-religiosa de su tiempo como “sepulcros blanqueados” y “ciegos guías de ciegos”.

Efectivamente, bajo un ropaje de pulcritud, que se vende como búsqueda de eficiencia y decencia en la gestión institucional, esconden las feas y malévolas intenciones de desprestigiar y estrangular la institucionalidad social pública. Han perdido los escrúpulos, y poco les importa “tirar al niño con el agua sucia de la bañera”; le han declarado la guerra sucia de la descalificación ante la incapacidad para introducir los correctivos necesarios por la vía de la inteligencia política.

Y esto no es nuevo, es una tendencia que arrancó desde los años 1980 y se ha intensificado en las últimas décadas, particularmente en los últimos dos gobiernos de Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dándole un golpe letal a nuestro Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes negocios privados. De esta manera, los cambios reales que proponen e impulsan se vuelven cosméticos, porque prevalece el modelo de una democracia oligárquica, solo que con un nuevo rostro cuya fealdad persiste, por más que se apele a los añejos recursos del discurso populista de luchar contra la pobreza, la corrupción y a la soberanía popular. “Por más que el mono se vista de seda mono se queda”, con perdón del mono.

Por esa razón, es cierto que hay mucha indignación acumulada por la ciudadanía. Lamentablemente, como suele suceder, al reprimirla y no buscar los canales más adecuados para liberarla, entonces, se manifiesta en comportamientos con características patológicas. Es lo que vemos reflejado hoy en los discursos de odio que abonan el terreno para la violencia social. Existen maneras más decentes y empáticas para canalizar la indignación, sin restarles la fuerza y contundencia que amerita, particularmente cuando están en juego la dignidad de las personas y los derechos humanos y de la naturaleza; pero también contribuir a mantener un clima de respeto y paz social para una mejor convivencia ciudadana. Efectivamente, la belleza y nobleza de la política reside en construir ciudadanía en un ambiente donde prive el diálogo, la crítica constructiva y el entendimiento entre posiciones diversas y divergentes.

Hay que unir esfuerzos para que no prevalezca la fealdad en la política, una de las actividades más dignas y nobles para contribuir al bienestar humano y social. Una invitación a reivindicarla, recogiendo el legado de vocación política (vivir para la política y no de la política, Weber) de nuestros más insignes estadistas, ciudadanas y ciudadanos que nos legaron una “tierra fértil” y sin odios. Hagamos florecer la belleza y bondad de la política.