«Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz». — Benito Juárez (1806-1872)
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado UCR y UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Compromas con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
Mientras la confrontación y el agravio contaminan el debate público, dos escolares costarricenses recordaron, desde las aulas y los actos patrios, que la democracia se construye con respeto, diálogo y responsabilidad.
Hay algo profundamente desconcertante en contemplar, durante este Mes de la Patria, la palabra PAZ adornando los escenarios oficiales mientras Costa Rica atraviesa un período de intensa crispación política. Las puestas en escena institucionales pueden ser hermosas, pero las palabras que se pronuncian desde el poder también funcionan como espejos que reflejan contradicciones difíciles de ignorar.
¿Cómo explicar que, mientras se invoca la concordia en los actos patrios, la confrontación y la descalificación sigan ocupando un lugar tan visible en el discurso político? La pregunta no es menor; la paz no se construye con lemas, banderas ni declaraciones solemnes, sino mediante el respeto cotidiano a quienes piensan diferente.
Frente a esta realidad, la verdadera sensatez cívica ha surgido, una vez más, desde las aulas escolares. El pasado 1.º de septiembre, en San Isidro de Coronado, la niña Keyla Chavarría Jiménez, de apenas ocho años, participó en los actos patrios con un mensaje que merece ser recordado. Su presencia nos invita a reconocer que la infancia también tiene mucho que enseñar a una sociedad adulta que, con frecuencia, parece olvidar el valor de la convivencia democrática.
Pero fue durante la celebración oficial del 15 de septiembre de 2026, en San José, cuando el estudiante de quinto grado de la Escuela España, Roberto Segura Murillo, pronunció un discurso que merece especial atención. Ante la presidenta de la República, ministros, autoridades municipales, docentes, de familia y estudiantes, el niño ofreció una lección de civismo que trasciende los actos protocolarios.
Roberto comenzó recordando que la independencia no es únicamente un acontecimiento ocurrido hace muchos años; es, también, una tarea que debemos seguir construyendo y cuidando cada día. La libertad, explicó, se expresa cuando respetamos a los demás, cuidamos nuestro país, estudiamos con esfuerzo y hacemos lo correcto, aunque nadie nos esté viendo.
En esas palabras hay una comprensión de la ciudadanía que no siempre encontramos en quienes ejercen el poder. La independencia implica la responsabilidad de preservar las libertades, las instituciones y los derechos que permiten a cada persona vivir con dignidad.
El escolar recordó, además, que Costa Rica se caracteriza por ser un pueblo trabajador, amable, solidario y respetuoso, evocando ese «pura vida» que identifica nuestra manera de relacionarnos y que debería expresar esperanza, optimismo y agradecimiento. No se trató de una exaltación vacía de la nacionalidad, sino de una invitación a reconocer los valores que han contribuido a nuestra convivencia.
Uno de los pasajes más significativos de su discurso fue su referencia al sistema educativo. Roberto afirmó que este nos cobija a todos, sin importar nuestras divergencias, y lo comparó con una madre amorosa que sueña con un futuro mejor para todos sus hijos. También recordó que nuestra democracia permite participar, expresar opiniones y trabajar juntos por el bienestar común.
¡Qué contraste con las voces que pretenden convertir las diferencias en amenazas! En una democracia, pensar distinto no constituye una falta; la diversidad de opiniones no es un obstáculo que deba eliminarse, sino una condición necesaria para que la sociedad pueda deliberar y tomar decisiones colectivas.
Roberto también se refirió a la tea y al fuego de la libertad que recorren nuestras calles, recordando que cada generación tiene la responsabilidad de mantenerla viva porque no basta con recibir una herencia histórica: hay que cuidarla para que no se apague.
Su interpretación del lema oficial de estas fiestas, «Costa Rica: 205 años, libres, en paz y sembrando futuro», resultó particularmente elocuente. Así como un agricultor siembra una semilla con la esperanza de cosechar buenos frutos, nosotros podemos sembrar respeto, honestidad, solidaridad, responsabilidad y amor por la patria.
La metáfora agrícola adquiere una fuerza especial en boca de un niño: el futuro no se improvisa ni aparece por decreto, se cultiva mediante las acciones del presente, y una sociedad que aspira a cosechar paz no puede abonar la convivencia con el insulto, la exclusión o la descalificación de quienes ejercen funciones críticas.
El estudiante fue todavía más claro al recordar que todos los habitantes de nuestra patria tienen derecho a participar plenamente en los procesos democráticos. Habló de inclusión, igualdad de oportunidades y respeto por la diversidad, porque, como afirmó de forma categórica, «una patria es más fuerte cuando nadie queda atrás». Esta afirmación debería resonar en todos los despachos públicos.
La democracia no se fortalece cuando se clasifica a la población entre quienes merecen ser escuchados y quienes deben ser señalados o excluidos; se fortalece cuando las diferencias pueden expresarse sin temor y cuando las instituciones protegen por igual la dignidad de todas las personas.
Sin embargo, el momento más contundente de su intervención llegó con un llamado que debería ser escuchado con particular atención por quienes gobiernan: «Sigamos construyendo un país donde siempre gane el respeto y nunca la violencia. Aprendamos a resolver nuestras diferencias hablando, escuchando y comprendiendo a los demás. Cuidemos la paz porque es uno de los regalos más valiosos que hemos recibido como nación».
No hay en estas palabras ingenuidad alguna; hay, por el contrario, una comprensión elemental y profunda de la vida democrática. Resolver las diferencias hablando, escuchando y comprendiendo exige reconocer al otro como interlocutor legítimo, incluso cuando sus ideas nos incomodan, una disposición que es totalmente incompatible con la lógica del agravio permanente.
El mensaje de Roberto adquiere una dimensión mayor cuando se pronuncia frente a las autoridades del Estado. Mientras desde distintos sectores del poder se multiplican las descalificaciones hacia quienes ejercen funciones de control, crítica o fiscalización, un estudiante de quinto grado nos recuerda que la democracia se sostiene en el respeto, la participación y la responsabilidad compartida.
No corresponde exigir a la niñez que repare aquello que los adultos deterioramos, pero sí corresponde escucharla cuando nos recuerda principios que deberían orientar la vida pública. La escuela no solo transmite conocimientos, también puede formar ciudadanos capaces de convivir, deliberar y reconocer que ninguna diferencia justifica la violencia o la humillación.
El triunfo electoral concede el derecho a gobernar durante un período determinado; no otorga poder absoluto para descalificar a los adversarios, debilitar los contrapesos institucionales ni convertir la crítica en una amenaza. La autoridad democrática se ejerce con límites, responsabilidad y respeto por quienes no comparten las decisiones del Gobierno.
Por eso, el mensaje de este niño no debería quedar reducido a una intervención más dentro de los actos patrios; sus palabras constituyen una invitación a revisar la forma en que estamos construyendo nuestro presente y, sobre todo, el futuro que dejaremos a las nuevas generaciones.
La paz va mucho más allá de la ausencia de violencia física: significa aprender a convivir con las diferencias, escuchar antes de condenar y reconocer que nadie posee el monopolio de la verdad. La democracia, por su parte, no se limita a depositar un voto, sino que exige participación, respeto a las instituciones y disposición permanente al diálogo.
En este Mes de la Patria, mientras miles de costarricenses recorren las calles con la tea y las banderas blancas, las palabras de Roberto nos recuerdan que el futuro también está en nuestras manos, y que sembrar futuro no consiste únicamente en proclamar grandes objetivos, sino en cultivar desde ahora las condiciones que permitan alcanzarlos.
Tal vez la mayor lección de este Mes de la Patria no surgió de los adultos, sino de nuestros escolares. Keyla, desde Coronado, y Roberto, desde San José, enviaron un mensaje contundente. Nos recordaron que la dignidad, el respeto y la convivencia no son asuntos secundarios. Son, en realidad, el terreno donde se cultiva la patria.
En los años setenta, el dramaturgo chileno Oscar Castro escribió la pieza teatral La Guerra, referida con un poco de humor y sorna a los eventos que predominaron en buena parte de países latinoamericanos en aquel tiempo. Escrita en tiempos de dictadura chilena, en reclusión y bajo acoso, el dramaturgo haría de la puesta en escena un acto de resistencia contra la barbarie y la represión.
Tiempo después, en mi querido Conservatorio de Castella, semillero de artistas a escala mundial, montaríamos esa obra bajo otro nombre: ¿Y dónde está el enemigo? El espectáculo incluía música, coreografía, interacción con el público, en una verdadera maniobra desde el arte para desnudar el sinsentido de los conflictos y la guerra como su máxima expresión.
He pensado todos estos días, a propósito del escenario de crispación social construido por el actual gobierno en Costa Rica, sobre las formas en las que se produce el enemigo, se le nombra y se le ataca.
Particularmente, me ha llamado la atención dos ejes discursivos que con fuerza producen ese enemigo, en especial en redes sociales: la denominación de “zurdo”, idea que fue colocada justamente por algunos representantes del Poder Ejecutivo en alocuciones públicas, para hacer referencia a adversarios o personas distantes de las ideas del gobierno y la utilización del insulto con tintes homofóbicos, proferidos también desde las más altas vocerías gubernamentales. Sobre esto último, no se me ocurre pensar en otra denominación que no sea la de las masculinidades tóxicas que predominan hoy el entorno político que lidera hoy los destinos (¿destinos?) del país.
Ahí está el enemigo. En esas ideas vanas y superficiales a través de las cuales se ha construido esa otredad política, en un peligroso juego narrativo que podría desencadenar en acciones de violencia que lesionen la integridad de las personas, solo por definirse contrarias al pensamiento hegemónico instalado desde hace más de cuatro años.
Lo vimos este 14 de setiembre en Cartago, lugar donde año con año se realizan las celebraciones oficiales vinculadas con la llegada de la antorcha de la independencia al país. La movilización extrema de fuerzas de seguridad, el anillado perimetral para separar al público asistente de las autoridades, la revisión de “material peligroso” como faroles y pancartas, la solicitud de identificación y otros desvaríos, complementaron lo que denominaría como “La Reinvención de Cartago” ahora convertida en esa espacialidad simbólica en la que el gobierno de la república (ahora con minúscula) hizo una demostración de fuerza, prepotencia y autoritarismo.
Las peligrosas acciones en contra de manifestantes, producidas por simpatizantes del oficialismo, no deben ser leídas como parte del calor del momento. La escalada de violencia podría llevarnos a otro nivel en esto que pareciera ser, sin lugar a dudas, el momento del fin de la excepcionalidad en Costa Rica. Así parece y así fuimos leídos por la prensa internacional que cubrió los bochornosos actos del gobierno costarricense esa noche.
¿Dónde está el enemigo? ¿Contra quién es la guerra? Pareciera que ya fueron dadas las condiciones discursivas y ahora podrían empezar a presentarse, esperemos que no, acciones de otra naturaleza. Ya varias personas que han sido abiertamente perseguidas por su desafección política con el oficialismo han tenido que salir del país en busca de refugio. Esto no es ni más ni menos que un escenario de excepcionales rasgos que debemos mirar con atención. Que la reinvención de Cartago no termine siendo un modelo para implementar en el resto del país. Quienes creemos en la libertad, la democracia y el diálogo, aún podemos impedirlo.
En la vida política costarricense parece estar emergiendo un fenómeno nuevo que, quizá de manera provisional, puede denominarse populismo autoritario, a falta de una definición más precisa que dependerá del rumbo que tomen los acontecimientos en los próximos años.
Este fenómeno comienza a configurarse cuando apenas se cerraba el largo ciclo histórico del sistema bipartidista que predominó en Costa Rica durante varias décadas. Aquel período estuvo marcado por una notable estabilidad política y por una dinámica de alternancia entre dos grandes agrupaciones, una más progresista que la otra. Aunque ese contrapunto no estuvo exento de conflictos, permitió la consolidación de buena parte de la institucionalidad democrática y de políticas públicas que contribuyeron a un cierto igualitarismo social.
Sin embargo, contra muchos pronósticos, ese sistema colapsó con relativa rapidez. Factores sociopolíticos propios de la sociedad costarricense, combinados con transformaciones económicas y culturales de alcance global, precipitaron el derrumbe de uno de los dos grandes partidos tradicionales y el deterioro progresivo del otro. Se abrió entonces un período de mayor volatilidad política, caracterizado por la desaparición de antiguas lealtades partidarias y la proliferación de múltiples agrupaciones.
En ese escenario surgió una alternativa que se presentó como democrática, reformista y progresista: el Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000. El PAC reivindicó la ética pública y logró modificar la dinámica electoral tradicional, provocando en tres ocasiones una segunda ronda electoral y alcanzando el triunfo en dos de ellas. Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por contradicciones, dificultades para traducir sus principios en una transformación profunda de las estructuras económicas y sociales y un progresivo distanciamiento respecto de sectores que inicialmente habían depositado expectativas en él. Su derrota electoral en 2022 no puede explicarse únicamente por factores coyunturales: también expresa el desgaste de una alternativa que, para una parte de la ciudadanía, no logró responder a las expectativas que había suscitado.
La experiencia costarricense no es necesariamente excepcional. En otras sociedades democráticas se han producido desplazamientos políticos en los que el agotamiento o la pérdida de credibilidad de una alternativa progresista han abierto espacio a opciones de signo muy diferente. El caso chileno, con el tránsito de Gabriel Boric a José Antonio Kast, constituye una expresión particularmente dramática de esa dinámica. No se trata de establecer una relación mecánica entre ambos fenómenos ni de equiparar sus circunstancias, sino de advertir que cuando una alternativa política pierde capacidad de representar las expectativas de sectores importantes de la sociedad, el espacio que deja vacío puede ser ocupado por fuerzas que ofrecen respuestas de naturaleza muy distinta.
Desde la crisis del bipartidismo, Costa Rica ha vivido una creciente volatilidad política. La previsibilidad que durante décadas caracterizó la vida pública se debilitó, mientras aumentaban el pragmatismo, el oportunismo y la fragilidad de los liderazgos partidarios.
Fue en ese contexto donde emergió la figura de Rodrigo Chaves, prácticamente desconocido para amplios sectores de la ciudadanía tras una larga trayectoria fuera del país. Su experiencia en organismos internacionales, sus habilidades comunicativas y su capacidad para conectar con distintas expresiones del malestar social le permitieron construir una base de apoyo significativa. A ello se sumó un estilo político confrontativo y una estrategia discursiva orientada a presentar a las instituciones y a las élites tradicionales como obstáculos para el cambio.
Pero aquí aparece una cuestión central: ¿qué entendemos por populismo autoritario y por qué podría aplicarse esta categoría al caso costarricense?
El populismo, en términos generales, tiende a construir una oposición entre un “pueblo” presentado como depositario de la voluntad auténtica de la sociedad y unas élites identificadas como responsables de sus problemas. Esa lógica puede adoptar distintas orientaciones ideológicas y no es necesariamente incompatible con la democracia. El problema aparece cuando esa apelación al pueblo se combina con una concepción según la cual quien habla en su nombre puede presentarse como su único o legítimo representante y, desde ahí, cuestionar los límites que la democracia constitucional impone al ejercicio del poder.
Es en esa combinación donde podemos encontrar los rasgos propiamente autoritarios del fenómeno. Entre ellos estarían la deslegitimación sistemática de los contrapesos institucionales; la descalificación de quienes discrepan como enemigos del pueblo o del cambio; la personalización creciente del poder político; la pretensión de subordinar instituciones autónomas o independientes a la voluntad del Ejecutivo; la utilización de una comunicación política polarizante que reduce la complejidad de los conflictos a una confrontación entre “el pueblo” y sus supuestos adversarios; y una concepción de la democracia que tiende a identificar la voluntad expresada en las urnas con una autorización para limitar otros mecanismos de control y deliberación.
No todos estos rasgos tienen necesariamente la misma intensidad ni se presentan de manera simultánea. Precisamente por eso resulta más apropiado hablar de un fenómeno en proceso de configuración que de un régimen ya plenamente constituido. La categoría de populismo autoritario no debería utilizarse como una etiqueta cerrada, sino como una herramienta para observar una determinada evolución de la política.
En Costa Rica, esta perspectiva resulta pertinente en la medida en que algunas de esas tendencias parecen haber adquirido una presencia creciente en el discurso y en las prácticas políticas: la confrontación con instituciones que ejercen funciones de control, la descalificación de adversarios y críticos, la apelación directa a una ciudadanía supuestamente enfrentada a las élites y la tendencia a presentar los límites institucionales como obstáculos a la voluntad popular.
Esto no significa, sin embargo, que Costa Rica haya dejado de ser una democracia ni que su evolución hacia el autoritarismo esté predeterminada. Las instituciones, los partidos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía siguen constituyendo espacios de disputa y de resistencia democrática. Precisamente por ello es importante observar el fenómeno antes de que sus rasgos se consoliden.
Tampoco parece suficiente explicar este proceso apelando simplemente al “descontento ciudadano”. La sociedad costarricense no expresa hoy un único estado de ánimo frente a la política. Existen malestares diversos y, en ocasiones, contradictorios: frustración ante la desigualdad, inseguridad o pérdida de oportunidades; rechazo hacia determinadas élites políticas; desconfianza en instituciones y partidos; demandas de mayor eficacia estatal; pero también identificación con liderazgos que prometen orden, ruptura o cambio. Y esos sentimientos pueden coexistir con satisfacción, esperanza o incluso apoyo político al gobierno de turno.
Por eso, más que hablar de “el descontento”, habría que hablar de una sociedad atravesada por malestares y expectativas diversas, que no necesariamente conducen en una misma dirección política. El desafío consiste en comprender cómo esas experiencias diferentes pueden ser articuladas por determinados liderazgos y transformadas en una narrativa política capaz de construir una nueva mayoría.
Aquí reside uno de los principales problemas para las fuerzas democráticas y progresistas. No basta con defender las instituciones ni con añorar el período anterior al populismo. Tampoco basta con reivindicar las experiencias políticas que precedieron al actual momento. Si las instituciones y las fuerzas políticas tradicionales fueron percibidas por una parte importante de la sociedad como incapaces de responder a sus necesidades, defender la democracia exige también reconocer esas insuficiencias.
La democracia costarricense no puede sobrevivir simplemente conservándose a sí misma. Necesita renovarse. Pero esa renovación tampoco puede descansar en la concentración del poder ni en la eliminación de los contrapesos institucionales. El reto consiste en encontrar nuevas formas de representación, participación y deliberación capaces de responder a una sociedad mucho más heterogénea que aquella sobre la cual se construyó el viejo sistema bipartidista.
Esa ciudadanía tampoco constituye un bloque homogéneo. Es social, territorial, generacional, económica y políticamente diversa. No todos viven los problemas del país de la misma manera ni tienen las mismas expectativas respecto del Estado, la economía, las instituciones o el cambio social. Interpelarla democráticamente supone, por tanto, abandonar la pretensión de hablar en nombre de una ciudadanía abstracta y aprender a escuchar esa diversidad.
El desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en defender las instituciones democráticas, sino en hacer que vuelvan a tener capacidad de representar, integrar y procesar democráticamente las diferencias existentes en la sociedad. Una democracia viva no elimina el conflicto: crea las condiciones para que el conflicto pueda expresarse, negociarse y transformarse sin que ninguna fuerza política pretenda monopolizar la representación del pueblo.
Costa Rica se encuentra, por tanto, ante una disyuntiva que todavía está abierta. Puede avanzar hacia una democracia más plural, participativa y capaz de corregir sus propias deficiencias, o puede permitir que los legítimos malestares y frustraciones de la sociedad sean canalizados hacia formas crecientes de concentración del poder.
El desenlace no está escrito. Dependerá de la capacidad de las distintas fuerzas sociales y políticas para comprender una sociedad que ha cambiado, reconocer sus contradicciones y construir respuestas que no pretendan homogeneizarla. La supervivencia de la democracia dependerá tanto de la defensa de sus límites como de su capacidad para transformarse.
Y aconteció en aquellos días de septiembre que el pueblo de Costa Rica caminaba confundido entre banderas, vallas, cédulas de identidad, arroz con pollo y publicaciones de Facebook.
Muchos habían perdido la esperanza. Otros habían perdido la paciencia. Algunos habían perdido hasta las ganas de discutir. Y hubo quienes, después de leer los comentarios en las redes sociales, estuvieron a punto de perder también la fe en la especie humana.
Pero entonces ocurrió la revelación.
Tres figuras aparecieron en el horizonte político y hubo quienes dieron gracias porque finalmente alguien les había abierto los ojos.
Había nacido la Santísima Trinidad Jaguar: Rodrigo, el Padre Fundador; Pilar, portadora de la palabra; y Laura, depositaria del espíritu de la Nueva Costa Rica.
Y muchos creyeron. No porque fueran ignorantes. No porque no hubieran ido a la escuela. No porque carecieran de capacidad para pensar. Creyeron porque toda revelación necesita primero un mundo que parezca necesitar ser revelado. Y aquel mundo tenía nombre: los mismos de siempre.
Entonces aparecieron también los Cuatro Jinetes del Apocalipsis:
El primero cabalgaba bajo las siglas PLN.
El segundo llevaba sobre su caballo las del PUSC.
El tercero vestía de Frente Amplio.
Y el cuarto, recién incorporado a las escrituras, respondía al nombre de CAC.
Detrás avanzaban sindicatos, universidades públicas, periodistas, magistrados, burócratas, comunistas, progresistas, zurdos, intelectuales y todo aquel que por razones todavía no completamente esclarecidas hubiese incurrido en el pecado de hacer demasiadas preguntas.
Y vio el pueblo aquello.
Y algunos dijeron:
—¡Ahora sí entendemos!
Porque la primera bienaventuranza de toda revelación política es sencilla:
Bienaventurados aquellos a quienes les fueron abiertos los ojos, porque finalmente conocerán quién tuvo la culpa.
El libro de los mandamientos
Y fueron entregadas al pueblo unas nuevas tablas. Y en ellas podía leerse:
Primero: Amarás a la Nueva Costa Rica sobre todas las cosas.
Segundo: No tomarás el nombre del Gobierno en vano.
Tercero: Santificarás las fiestas patrias, siempre que las celebres de la manera debidamente autorizada.
Cuarto: Honrarás la valla y portarás tu cédula.
Quinto: No protestarás durante el cumpleaños de la Patria.
Sexto: No cuestionarás innecesariamente las medidas de seguridad, porque quien nada debe nada teme y quien pregunta demasiado algo estará tramando.
Séptimo: No codiciarás las instituciones ajenas.
Octavo: No levantarás falsos testimonios, salvo que hayan sido debidamente compartidos quinientas veces en Facebook.
Noveno: No confundirás libertad con hacer lo que te dé la gana.
Y décimo: Cuando ninguna argumentación resulte suficiente, recurrirás a la doctrina definitiva: Lero lero, calzón de cuero.
Palabra del Señor. Te alabamos, Jaguar.
Las bienaventuranzas de Plaza Mayor
Bienaventurados quienes llevaron la cédula, porque de ellos será la Plaza Mayor.
Bienaventurados quienes respetaron la valla, porque serán llamados ciudadanos ordenados.
Bienaventurados quienes no preguntaron demasiado, porque no retrasarán la fila.
Bienaventurados quienes comieron arroz con pollo, porque serán saciados.
Bienaventurados quienes descubrieron a los mismos de siempre, porque jamás volverán a necesitar explicaciones demasiado complicadas.
Bienaventurados quienes encontraron un enemigo para cada problema, porque suyo será el Reino de la Certeza.
Y bienaventurados, finalmente, quienes comprendieron el profundo significado filosófico del lero lero, porque habrán alcanzado un estado epistemológico al que ni Morin se atrevió jamás.
La pasión de San Farol
Llegó entonces el 14 de septiembre. Y un humilde farol salió de su casa. No sabía nada de neoliberalismo. No había leído a Montesquieu. Desconocía la separación de poderes. No tenía cuenta en X. Jamás había participado en una conferencia de prensa. Era simplemente una cajita de cartón con papel celofán y una luz adentro. Pobre inocente. No sabía lo que le esperaba.
Primera estación: San Farol es condenado a ser politizado
Apenas llegó a la celebración, alguien decidió que representaba el civismo.
Otro afirmó que representaba la resistencia.
Otro sostuvo que simbolizaba el orden.
Otro que simbolizaba la libertad.
San Farol quiso explicar que había sido construido la noche anterior por un niño con goma, cartulina y ayuda de la mamá. Nadie lo escuchó.
Segunda estación: San Farol carga con la democracia
Le colocaron sobre los hombros la institucionalidad costarricense completa.
Separación de poderes.
Libertad de expresión.
Derecho a manifestarse.
Seguridad ciudadana.
Identidad nacional.
Patriotismo.
Gobernabilidad.
Setenta y tantos años de Segunda República.
San Farol comenzó a doblarse.
Tercera estación: San Farol cae por primera vez
Inmediatamente alguien culpó al Gobierno.
Otro culpó al Frente Amplio.
Otro al PLN.
Otro a los sindicatos.
Otro a las universidades públicas.
Alguien preguntó si todo aquello no sería culpa de Carlos Alvarado.
La hipótesis no pudo descartarse inmediatamente.
Cuarta estación: San Farol encuentra a su madre, la Patria
La Patria lo miró desconcertada.
—Hijito, ¿cómo terminó una celebración escolar convertida en una disputa sobre el futuro de la civilización occidental?
San Farol tampoco sabía.
Quinta estación: Simón de Cirene ayuda a San Farol
Un ciudadano se acercó para ayudarlo a cargar.
Fue inmediatamente identificado como sindicalista.
Sexta estación: La Verónica limpia el rostro de San Farol
Una mujer se aproximó con un pañuelo.
Antes de llegar le solicitaron la cédula.
Séptima estación: San Farol cae por segunda vez
Desde un extremo alguien gritó:
—¡Dictadura!
Desde el otro respondieron:
—¡Comunistas!
San Farol permaneció en el suelo preguntándose si alguien podría levantarlo antes de continuar con el debate.
Octava estación: San Farol consuela a las mujeres de Jerusalén
—No lloren por mí —les dijo—. Según Facebook, todo salió perfectamente.
Novena estación: San Farol cae por tercera vez
Y alguien proclamó:
—¡Esta caída demuestra hasta dónde son capaces de llegar los mismos de siempre!
Otro respondió:
—¡Esta caída demuestra el avance del autoritarismo!
San Farol comenzó a sospechar que su caída tenía una capacidad explicativa verdaderamente extraordinaria.
Décima estación: San Farol es despojado de sus vestiduras
Le quitaron el papel celofán rojo.
Parecía demasiado comunista.
Undécima estación: San Farol es clavado a la valla
Y allí quedó.
La pequeña fiesta que alguna vez pretendió reunir a la comunidad terminó simbólicamente clavada sobre aquello que la separaba.
Por primera vez nadie se rio.
Duodécima estación: San Farol muere
Antes de apagarse levantó débilmente su luz y murmuró:
—Padre, perdónalos, porque no saben qué interpretación de los acontecimientos están compartiendo en Facebook.
Y expiró.
Decimotercera estación: San Farol es bajado de la valla
Unos denunciaron represión.
Otros celebraron que el orden había prevalecido.
Ambos compartieron fotografías que demostraban inequívocamente sus respectivas interpretaciones.
Decimocuarta estación: San Farol es llevado al sepulcro
El gran pretor alcalde de Cartago, tomó cuidadosamente el cuerpo maltrecho. Lo envolvió en una bandera costarricense. Y antes de depositarlo en el sepulcro, lo ungió generosamente con crema de rosas, santo bálsamo nacional para faroleados, golpeados, escaldados y ciudadanos expuestos a dosis excesivas de realidad costarricense.
Y así estaba escrito:
Bienaventurados los faroleados, porque de ellos será el Reino del Santo Balsamo.
Y al tercer día…
San Farol resucitó.
Salió del sepulcro todavía pegajoso por la crema de rosas y descubrió horrorizado que durante su breve ausencia había sido declarado chavista, comunista, sindicalista, autoritario, demócrata, opositor, patriota, antipatriota y, según una publicación particularmente imaginativa, posiblemente funcionario de la Universidad de Costa Rica.
Entonces San Farol preguntó:
—Mae… ¿yo no era una cajita con una candela?
Nadie respondió.
Miró hacia un lado.
Allí estaban quienes anunciaban la llegada de la Nueva Costa Rica.
—¿Y qué tiene de nueva? —preguntó.
Silencio.
Miró hacia el otro.
Allí estaban quienes pedían recuperar la Costa Rica de nuestros abuelos: aquella de respeto, cortesía, instituciones fuertes, concordia y ríos por los que aparentemente alguna vez circularon leche y miel.
—¿Y todos vivían bien en aquel paraíso?
Silencio.
—¿No había desigualdad?
Silencio.
—¿No había exclusión?
Silencio.
—¿No hubo precarización ni concentración de riqueza?
Alguien carraspeó.
—Hijo —respondió finalmente una voz solemne—, estamos hablando de democracia.
—Ah, bueno —contestó San Farol.
Se puso un poquito más de crema de rosas.
Y entonces formuló la pregunta que ninguna de las dos congregaciones esperaba:
—¿Y si los dos están contando solamente la parte de la historia que necesitan creer?
Hasta aquí podemos reír.
El problema comienza cuando descubrimos que detrás de los disparates de San Farol hay preguntas que no desaparecen cuando termina la parodia.
II. Después de la risa
¿Qué estamos viendo?
Una de las tentaciones más cómodas frente a una sociedad polarizada consiste en pensar que el problema está en los ojos del otro.
¿Cómo no se dan cuenta?
¿Cómo pueden interpretar de esa manera lo que para mí resulta evidente?
¿Qué realidad están mirando?
La pregunta es legítima hasta que aparece otra mucho más incómoda:
¿Y si hay algo que yo tampoco estoy viendo?
Reconocer esa posibilidad no significa caer en un relativismo donde todos tienen razón y nadie la tiene.
Todos miramos desde algún marco, pero eso no significa que todas las miradas sean igualmente verdaderas. Y tampoco significa que sean igualmente falsas.
Hay acontecimientos que pueden comprobarse. Hay decisiones que dejan documentos. Hay normas jurídicas. Hay presupuestos. Hay estadísticas. Hay discursos registrados. Hay resoluciones judiciales. Hay políticas públicas cuyos efectos pueden estudiarse. La realidad no desaparece porque nuestras interpretaciones sean parciales.
Por eso quizá el problema no sea encontrar a alguien capaz de mirar sin filtros. Ese ser humano probablemente no exista. El desafío consiste en construir procedimientos que permitan contrastar nuestras miradas con aquello que ocurrió, y especialmente con aquello que podría demostrar que estamos equivocados. Pero inmediatamente aparece otra pregunta. ¿Quién decide qué debemos preguntar?
El poder de formular la pregunta
Preguntar nunca es completamente inocente. Cuando alguien pregunta si Costa Rica se está convirtiendo en Venezuela, Nicaragua o El Salvador, la comparación puede ser legítima si identifica instituciones, procesos y mecanismos concretos. Pero puede resultar engañosa si las diferencias históricas, institucionales y sociales desaparecen y la analogía termina sustituyendo al análisis.
Costa Rica no es Venezuela.
Costa Rica no es Nicaragua.
Costa Rica no es El Salvador.
Eso no significa que la experiencia de esos países no pueda ofrecer categorías comparativas. Significa que encontrar una semejanza no demuestra una trayectoria inevitable.
Si queremos examinar tendencias autoritarias, la pregunta debería ser mucho más exigente: ¿qué comportamientos concretos muestran debilitamiento de controles?, ¿qué instituciones conservan autonomía?, ¿cuáles la pierden?, ¿qué ocurre con la libertad de expresión?, ¿con la independencia judicial?, ¿con la fiscalización?, ¿con el pluralismo?, ¿con el respeto a los límites constitucionales del poder?
Existen investigaciones costarricenses recientes que han identificado confrontación institucional, componentes antisistema, rasgos autoritarios y riesgos para el pluralismo en el discurso y ejercicio político de Rodrigo Chaves. También existen trabajos que interpretan ese fenómeno en relación con problemas estructurales anteriores de la democracia liberal costarricense.
Eso es muy diferente de anunciar que mañana despertaremos convertidos en Nicaragua.
El miedo tampoco debería convertirse en método.
Pero evitar el alarmismo tampoco puede significar cerrar los ojos frente a hechos verificables.
¿Y si el chavismo no fuera solamente causa?
Aquí aparece una posibilidad que resulta particularmente incómoda para quienes hemos concentrado nuestra atención en los riesgos que representan determinadas prácticas políticas recientes.
¿Y si el chavismo no fuera únicamente una causa de la crisis democrática?
¿Y si fuera también un síntoma?
¿Y si determinadas tendencias políticas hubieran encontrado terreno fértil porque existía previamente un malestar que la institucionalidad tradicional no supo comprender o resolver?
La democracia costarricense posee conquistas extraordinarias. Sería intelectualmente absurdo negarlas. Su estabilidad electoral, la abolición del ejército, la construcción del Estado social, la educación pública, la seguridad social y una extensa arquitectura institucional forman parte de una historia que merece ser defendida.
Pero ninguna historia merece convertirse en estampita.
Costa Rica también ha experimentado durante décadas transformaciones económicas, desigualdades persistentes, debilitamiento de vínculos partidarios y frustraciones respecto de la capacidad estatal para responder a las necesidades sociales.
El propio sistema de partidos cambió profundamente. El bipartidismo que durante décadas estructuró la competencia entre PLN y PUSC comenzó a deteriorarse antes de la aparición del chavismo. También existe abundante literatura sobre la adopción de políticas de liberalización y ajuste económico desde las últimas décadas del siglo XX.
Entonces la frase «los mismos de siempre» puede ser utilizada como instrumento populista, pero su eficacia política no puede explicarse únicamente diciendo que alguien engañó a la población.
Hay que preguntar por qué tanta gente estuvo dispuesta a escucharla.
La otra iglesia: el paraíso perdido
Aquí la crítica debe dirigirse también hacia nosotros.
Frente al discurso de la Nueva Costa Rica ha comenzado a aparecer otro relato: la añoranza por la Costa Rica que supuestamente perdimos: La democracia de nuestros abuelos.
El respeto.
La cortesía.
La moderación.
La convivencia.
Las instituciones respetadas.
Una sociedad donde las diferencias se resolvían conversando y donde, si exageramos apenas un poco la imagen, por las acequias corrían leche y miel. Pero ¿existió realmente esa Costa Rica?
Existió una Costa Rica con importantes logros democráticos y sociales. Eso es históricamente defendible.
Lo que resulta más difícil es convertirla en un paraíso perdido.
Porque aquella democracia convivió también con desigualdades, exclusiones, pobreza y conflictos distributivos. Y durante las últimas décadas la propia estructura partidaria que administró buena parte de esa institucionalidad atravesó transformaciones profundas.
Por eso defender la institucionalidad democrática no debería exigirnos idealizar el pasado. La nostalgia puede ser también una forma de ideología.
Dos paraísos
Y de pronto descubrimos que las dos grandes narrativas aparentemente enfrentadas realizan una operación sorprendentemente parecida.
Una coloca el paraíso adelante: la Nueva Costa Rica.
La otra lo coloca atrás: la Costa Rica que perdimos.
Una ofrece la Tierra Prometida.
La otra añora el Jardín del Edén.
Una dice: Antes de nosotros todo estaba podrido.
La otra responde: Antes de ustedes vivíamos en democracia.
Ambas afirmaciones pueden contener fragmentos de verdad.
Y precisamente por eso resultan poderosas.
El problema comienza cuando el fragmento pretende convertirse en totalidad.
¿Qué une entonces a quienes hoy se oponen?
También merece ser interrogada la coincidencia entre fuerzas políticas históricamente diferentes.
Frente Amplio, PLN, PUSC y CAC pueden coincidir en determinadas coyunturas parlamentarias o en la defensa de reglas institucionales sin que eso convierta sus programas políticos en equivalentes. Esto es perfectamente posible dentro de una democracia.
Una izquierda socialista y una derecha liberal pueden defender simultáneamente elecciones competitivas, separación de poderes o independencia judicial. Pero reconocerlo no cancela otra pregunta: ¿qué sucede con las contradicciones sociales y económicas que existen entre esos proyectos?
Si la defensa de la democracia termina reducida a la defensa de las instituciones existentes, podemos perder de vista las razones por las cuales una parte de la ciudadanía dejó de sentirse representada por quienes históricamente las administraron.
Y entonces aparece la pregunta que quizá deberíamos habernos hecho desde mucho antes.
¿Y si la crisis democrática costarricense no consistiera solamente en la aparición de tendencias autoritarias, sino también en la incapacidad histórica de la propia democracia para cumplir suficientemente algunas de sus promesas sociales?
Tal vez ahí esté el centro del problema. No se trata de justificar ninguna tendencia autoritaria mediante la desigualdad.
La desigualdad no vuelve innecesaria la separación de poderes.
La pobreza no vuelve prescindible la independencia judicial.
La exclusión no justifica deslegitimar controles constitucionales.
Pero tampoco podemos invertir el razonamiento.
La existencia de elecciones libres no elimina la desigualdad.
La división de poderes no alimenta a una familia.
La libertad de expresión no garantiza movilidad social.
Una institucionalidad democrática puede ser jurídicamente robusta y, simultáneamente, resultar materialmente insuficiente para sectores importantes de la población.
Costa Rica continúa enfrentando desafíos relevantes de desigualdad y pobreza pese a mejoras recientes. Y la transformación económica de las últimas décadas ha distribuido de manera desigual algunos de sus beneficios.
Entonces quizás deberíamos abandonar una dicotomía demasiado sencilla: democracia versus autoritarismo.
Porque podría haber simultáneamente erosión institucional, crisis de representación, desigualdad, desafección partidaria, concentración económica, frustración social y emergencia de liderazgos personalistas.
Ninguno de esos fenómenos necesita explicar por sí solo todos los demás. Pero tampoco deberían estudiarse como si no tuvieran relación.
La democracia de las buenas maneras
Aquí aparece una última incomodidad. Es posible añorar un tiempo en que los presidentes hablaban con mayor cortesía, los conflictos institucionales parecían menos estridentes y el lenguaje público resultaba menos agresivo.
Las formas importan.
La democracia necesita límites también en el lenguaje porque el adversario debe continuar siendo un ciudadano legítimo después de terminada la discusión.
Pero las buenas maneras no constituyen por sí solas justicia social.
Una sociedad puede ser extraordinariamente cortés mientras reproduce desigualdades.
Puede respetar escrupulosamente el protocolo mientras determinadas personas permanecen excluidas.
Puede hablar en voz baja mientras distribuye muy desigualmente oportunidades y recursos.
Por eso quizá no sea suficiente preguntarnos cómo recuperar las buenas formas. La pregunta debería ser: ¿qué había detrás de aquellas buenas formas? Y también: ¿qué existe detrás de las malas formas actuales?
¿Qué democracia estamos defendiendo?
Quizá esta sea finalmente la pregunta.
No qué partido.
No qué líder.
No qué bando.
Qué democracia.
Una democracia donde los límites al poder sean reales. Donde ninguna victoria electoral entregue un cheque en blanco. Donde jueces, prensa, universidades, órganos de control, organizaciones sociales y oposición puedan cumplir sus funciones sin convertirse automáticamente en enemigos del pueblo. Pero también una democracia que no considere cumplida su misión porque cada cuatro años celebramos elecciones.
Una democracia capaz de preguntarse por desigualdad, exclusión, educación, trabajo, movilidad social y distribución efectiva de oportunidades. Una democracia política y también social.
No necesitamos escoger entre derechos y justicia social. Precisamente el desafío consiste en evitar que cualquiera de ellos sea utilizado para sacrificar al otro.
No necesitamos bandos para conocer
Después de todo este recorrido podemos regresar al problema inicial.
¿Cómo saber quién está viendo correctamente la realidad?
Quizá la pregunta esté mal formulada. No necesitamos encontrar al observador puro. Necesitamos un método que permita discutir nuestras interpretaciones. Y para eso no necesitamos bandos.
Necesitamos contradicción.
El bando busca evidencias que confirmen aquello que ya cree.
La contradicción busca también aquello que podría demostrar que está equivocado.
Si pensamos que existe una deriva autoritaria, debemos estudiar seriamente las evidencias que respaldan esa hipótesis. Pero también debemos buscar aquello que la contradice.
Si pensamos que el chavismo representa simplemente manipulación, debemos examinar las críticas legítimas que formula contra el sistema anterior.
Si pensamos que la institucionalidad costarricense debe ser defendida, debemos preguntarnos qué problemas produjo, toleró o no consiguió resolver.
Y si alguien anuncia una Nueva Costa Rica, debemos preguntarle concretamente qué tiene de nueva.
Nadie posee la verdad completa.
Pero de ahí no se sigue que todas las afirmaciones sean asimismo verdaderas o igualmente falsas.
La verdad no desaparece porque tengamos perspectivas.
Lo que desaparece es nuestro derecho a declararnos sus propietarios.
Epílogo según San Farol
San Farol continúa sentado sobre la valla.
Mira hacia la derecha.
Alguien predica la llegada de la Nueva Costa Rica.
Mira hacia la izquierda.
Alguien recuerda emocionado la Costa Rica de nuestros abuelos.
San Farol escucha pacientemente.
Ya ha aprendido bastante sobre democracia para ser una cajita de cartón.
Finalmente pregunta:
—¿Y si en lugar de escoger entre un paraíso que nunca existió y una tierra prometida que todavía nadie ha visto, construimos una democracia que no necesite inventarse ninguno de los dos?
Nadie responde.
San Farol se encoge de hombros.
Se acomoda sobre la valla.
Saca del bolsillo el tarrito.
Se pone un poquito más de crema de rosas.
Y espera, porque al fin y al cabo si existe una “tierra prometida” oficialista y un “paraíso perdido” opositor, quizá el verdadero problema democrático esté precisamente en aquello que ambos relatos necesitan olvidar.
Quizá dentro de algunos años, cuando intentemos recordar este extraño momento de la historia costarricense, no sean los grandes discursos políticos los que primero regresen a nuestra memoria. Tal vez recordemos una frase infantil:
“Lero, lero, calzón de cuero”.
Pronunciada por Rodrigo Chaves ante un ciudadano que cuestionaba por qué debía mostrar su cédula para ingresar a la Plaza Mayor de Cartago durante los actos de celebración de la Independencia, la expresión provocó indignación, risas, memes y comentarios de toda naturaleza.
Podríamos quedarnos allí. Podríamos responder a la burla con otra burla, fabricar el meme correspondiente y continuar la interminable batalla de las redes sociales.
Pero también podemos hacer algo diferente.
Podemos queerizar el lero lero.
Queerizar, en este caso, significa tomar aquello que pretendía ridiculizar, desplazarlo de su lugar original y devolverlo convertido en pregunta. Quitarle a la burla su capacidad de humillar y utilizarla para mirar críticamente las relaciones de poder que hicieron posible aquella escena.
Entonces el “lero lero” deja de ser una simple ocurrencia presidencial y comienza a preguntarnos cosas.
¿Cuándo dejamos de escucharnos?
La escena es sencilla.
Un ciudadano interpela a una autoridad pública. Pregunta por qué debe presentar su identificación para ingresar a un espacio donde se desarrolla una celebración nacional. La respuesta termina convertida en sarcasmo.
Podemos discutir si la pregunta era adecuada, si el ciudadano estaba molesto, si existían razones de seguridad para los controles o quién había tomado la decisión.
Pero queda una cuestión anterior a todas ellas:
¿qué sucede con la conversación democrática cuando quien pregunta deja de ser interlocutor y se convierte en objeto de burla?
La pregunta importa porque el episodio no ocurrió aisladamente.
Llegó después de meses de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones, cuestionamientos al Poder Judicial, conflictos presupuestarios, acusaciones cruzadas, manifestaciones, discursos sobre seguridad, criminalidad y enemigos políticos.
Y ocurrió precisamente durante la celebración de la Independencia.
La fotografía de Cartago
Quizá la imagen más poderosa de aquella noche no sea ninguna declaración.
Es una valla.
De un lado estaban autoridades y simpatizantes gubernamentales dentro de la Plaza Mayor. Del otro, manifestantes contrarios al Gobierno que habían participado en la llamada faroleada por la democracia.
Hubo policías, controles, revisiones y restricciones de acceso.
También hubo autobuses que trasladaron simpatizantes gubernamentales desde diferentes regiones del país y distribución de alimentos, capas y banderas.
Las redes hicieron inmediatamente su trabajo y apareció uno de esos productos inevitables del humor político costarricense: el “escuadrón arroz con pollo”.
Podemos reírnos.
Pero después de la risa queda la fotografía:
unos adentro, otros afuera y una valla en medio.
No necesitamos afirmar que alguien diseñó deliberadamente aquella imagen para reconocer su enorme potencia simbólica.
Era Cartago.
Era la Plaza Mayor.
Era la Antorcha.
Era la víspera del 15 de septiembre.
Era una celebración que supuestamente nos recordaba aquello que compartimos.
Y aparecimos separados físicamente.
La escenografía del poder
Hay otro elemento que merece atención.
La política no solamente habla.
También se viste, camina, gesticula, organiza espacios, construye escenarios y produce imágenes.
Erlin Rojas llamó recientemente la atención sobre la vestimenta presidencial y recuperó una provocadora categoría contemporánea: el fascismo-core. Partiendo de la conocida reflexión de Walter Benjamin sobre la estetización de la política, la categoría permite preguntarnos cómo determinadas imágenes de autoridad, disciplina, seguridad y orden pueden circular culturalmente antes incluso de convertirse en formulaciones ideológicas explícitas.
Conviene ser prudentes.
Una capa azul no convierte a nadie en fascista.
Un despliegue policial tampoco demuestra por sí mismo la existencia de un régimen autoritario.
Y atribuir intenciones políticas precisas a una elección de vestuario sin evidencia sería sustituir análisis por especulación.
Pero observar la escena completa sí resulta legítimo.
Vestimenta presidencial austera. Policía. Vallas. Controles. Autoridades protegidas. Símbolos patrios. Discursos sobre seguridad. Ciudadanos separados.
El objeto de análisis deja entonces de ser una prenda.
Es la escenografía del poder.
La pedagogía de la excepcionalidad
Durante los últimos meses hemos utilizado una expresión para intentar comprender algunos de estos acontecimientos: pedagogía de la excepcionalidad.
No significa que Costa Rica viva necesariamente bajo un régimen de excepción.
Significa algo más sencillo y quizá más difícil de percibir: la posibilidad de que determinadas prácticas inicialmente extraordinarias vayan incorporándose paulatinamente a nuestra experiencia cotidiana.
Primero sorprenden.
Después se repiten.
Finalmente dejan de sorprender.
La pedagogía puede operar mediante discursos: inseguridad, amenazas, enemigos, crisis.
Puede materializarse mediante prácticas: escoltas, barreras, controles, dispositivos policiales.
Y ahora advertimos una tercera dimensión:
la estética.
También aprendemos mediante imágenes.
Aprendemos cómo luce la autoridad.
Cómo luce el peligro.
Quién debe ser protegido.
Quién debe ser vigilado.
Quién ocupa el centro.
Quién permanece afuera.
Pero aquí aparece una cuarta dimensión todavía más preocupante:
aprender quién merece ser escuchado.
Cuando al adversario político se le responde mediante la ridiculización, la lección puede ser sencilla: con determinadas personas ya no hace falta discutir.
Basta reírse.
Pero cuidado: el miedo también puede enseñarse desde la oposición
Aquí necesitamos detenernos.
Sería demasiado cómodo observar exclusivamente al Gobierno.
Durante meses, sectores opositores han advertido sobre autoritarismo, deterioro institucional, amenazas a la división de poderes y eventualmente tendencias fascistas.
Algunas advertencias se apoyan en acontecimientos concretos que merecen escrutinio.
Pero también debemos preguntarnos qué ocurre cuando cada nuevo acontecimiento es interpretado como confirmación definitiva de que la democracia está a punto de desaparecer.
Una hipótesis que explica absolutamente todo corre el riesgo de volverse imposible de refutar.
Si el Gobierno confronta, confirma el autoritarismo.
Si retrocede, fue porque la resistencia lo obligó.
Si aumenta la seguridad, confirma la excepcionalidad.
Si modera el discurso, podría interpretarse como estrategia.
Entonces debemos hacernos una pregunta incómoda:
¿qué evidencia nos haría cambiar de opinión?
La pregunta vale para todos.
También para nosotros.
Nosotros también sentimos el miedo
Esta reflexión no nace desde una supuesta neutralidad exterior.
Quienes observamos críticamente estos acontecimientos también podemos experimentar indignación, cansancio y temor.
Después de Cartago resulta comprensible que algunas personas piensen:
“Hasta aquí. Hay que hacer algo más fuerte”.
Pero precisamente ahí debemos observarnos.
Porque del otro lado puede estar ocurriendo exactamente el mismo proceso.
Algunos simpatizantes gubernamentales consideran que el Gobierno intenta transformar el país y que determinados sectores institucionales y políticos impiden hacerlo.
En redes sociales aparecen entonces palabras como “antipatriotas”, “traidores”, “zurdos” o “enemigos”.
Mientras tanto, desde sectores opositores aparecen “fascistas”, “dictadores” y otras categorías igualmente absolutas.
Las posiciones son distintas y sus fundamentos deben examinarse por separado. Pero pueden producir una emoción semejante:
miedo al otro.
Y cuando cada grupo comienza a considerar al otro una amenaza existencial, la política cambia.
Ya no discutimos sobre cuál Costa Rica queremos.
Comenzamos a discutir sobre quién tiene derecho a pertenecer a Costa Rica.
La ternera
Existe una expresión popular bastante menos académica que quizá explique mejor el problema:
tanto se le jala el rabo a la ternera que termina pateando.
Y cuando patea, poco importa hacia dónde.
Patea.
Una sociedad sometida permanentemente a tensión puede llegar a un punto donde un acontecimiento relativamente pequeño produzca consecuencias enormes.
Una provocación.
Una detención.
Un empujón.
Una actuación policial equivocada.
Una imagen difundida fuera de contexto.
Un video viral.
Después cada grupo podría decir:
“¿Ven? Nosotros teníamos razón”.
Y atribuir al otro toda responsabilidad.
Por eso quizá deberíamos preguntarnos si la principal amenaza inmediata no reside únicamente en determinadas acciones gubernamentales, sino también en la pérdida progresiva de nuestra capacidad colectiva para procesar democráticamente el conflicto.
¿Se rompió la excepcionalidad costarricense?
Durante décadas nos contamos una historia.
Costa Rica era diferente.
La Suiza centroamericana.
El país sin ejército.
El país del diálogo.
El país donde los conflictos se resolvían institucionalmente.
Esa representación siempre fue parcialmente mítica. Nuestra historia contiene desigualdad, exclusión, violencia y enfrentamientos sociales.
Pero los mitos nacionales también cumplen funciones sociales.
Quizá lo que se está quebrando no sea necesariamente la democracia costarricense, sino la representación que teníamos de nosotros mismos.
Nos miramos y ya no reconocemos aquella fotografía.
El 14 de septiembre Cartago ofreció otra:
dos grupos de costarricenses separados por una valla.
Y al día siguiente, durante otra ceremonia de Independencia, volvimos a observar enfrentamientos verbales entre autoridades nacionales y municipales.
Algo está ocurriendo.
Reconocerlo no exige anunciar una dictadura.
Pero negarlo tampoco parece sensato.
¿Pacifismo o blandenguería?
Entonces aparece otra vieja pregunta costarricense.
¿Nuestro pacifismo constituye una fortaleza democrática o simplemente hemos aprendido a soportarlo todo?
Probablemente pueda ser ambas cosas.
Existe un pacifismo que significa:
“Mejor no meterse”.
Eso puede convertirse en pasividad.
Pero existe otro:
“Estoy profundamente en desacuerdo con usted, protestaré contra usted y utilizaré todos los mecanismos democráticos disponibles, pero no necesito destruirlo para hacerlo”.
Eso no es debilidad.
Es una forma exigente de fortaleza democrática.
Protestar no contradice la paz.
Fiscalizar tampoco.
Denunciar abusos no destruye la convivencia.
Recurrir ante tribunales, organizarse, marchar, investigar, escribir, cuestionar y exigir explicaciones forman parte de una democracia viva.
La pregunta es cómo hacerlo sin reproducir aquello mismo que denunciamos.
Quizá no necesitamos unidad
Durante mucho tiempo hemos repetido otra expresión hermosa:
unidad en la diversidad.
Pero quizá estamos pidiéndole demasiado a la democracia.
No necesitamos estar unidos.
No necesitamos pensar parecido.
Ni siquiera necesitamos caernos bien.
Podemos sostener proyectos de país profundamente incompatibles.
Lo indispensable es algo anterior:
reconocimiento mutuo de legitimidad.
Yo acepto que usted pertenece legítimamente a esta comunidad política aunque quiera una Costa Rica distinta de la que deseo.
Y usted reconoce exactamente lo mismo en mí.
Mientras eso exista, tenemos adversarios.
Cuando desaparece, comenzamos a fabricar enemigos.
Quitar la valla
Al principio parecía sencillo decir:
hay que quitar la valla.
Ahora sabemos que no basta.
Primero debemos preguntarnos si quienes están a ambos lados desean quitarla.
Porque ninguna convivencia democrática puede reconstruirse unilateralmente.
Tampoco significa tolerarlo todo.
Diálogo no significa sometimiento.
Pacifismo no significa pasividad.
Pluralismo no significa aceptar la destrucción del pluralismo.
Esperanza no significa ingenuidad.
Quizá necesitamos algo bastante más difícil:
vigilancia democrática sin pánico; resistencia sin odio; movilización sin violencia; denuncia sin exageración; esperanza sin ingenuidad.
No porque exista una vía correcta perfectamente trazada.
Precisamente porque no existe.
Volvamos al “lero lero”
Y entonces regresamos al comienzo.
Lero, lero, calzón de cuero.
Queericemos la frase.
Quitemos al insulto su capacidad de cerrar la conversación y obliguémoslo a abrirla.
Que ya no signifique:
“No merezco responderle”.
Que nos obligue, por el contrario, a preguntar:
¿cuándo dejamos de escucharnos?
¿En qué momento convertimos al adversario en enemigo?
¿Qué estamos aprendiendo a considerar normal?
¿Qué límites democráticos no estamos dispuestos a abandonar?
¿Qué tendría que ocurrir para que cambiáramos nuestra interpretación de los acontecimientos?
¿Podemos protestar sin odiarnos?
¿Podemos defender nuestras instituciones sin convertir el miedo en nuestra principal herramienta política?
¿Podemos disentir radicalmente y continuar reconociéndonos como costarricenses igualmente legítimos?
Quizá la democracia no dependa de encontrar respuestas idénticas.
Tal vez dependa de conservar el espacio donde todavía podamos formularnos juntos esas preguntas.
Porque el verdadero problema no comenzará cuando desaparezca la valla de la Plaza Mayor.
Comenzará si algún día descubrimos que la valla ya no necesita estar allí porque la llevamos instalada dentro de nosotros.
«La excepcionalidad democrática no es un objeto de vitrina que se hereda intacto; es un pacto social vivo que se destruye silenciosamente cuando el crecimiento económico se divorcia de la justicia social y la redistribución»
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
A propósito del reciente análisis de la politóloga Alicia Lissidini en la prensa internacional; una mirada al espejo de nuestra degradación institucional y el peligro de habituarnos al odio selectivo y la desconexión democrática en Costa Rica.
Alicia Lissidini
Resulta profundamente doloroso mirarse en el espejo cuando el reflejo muestra el rostro de la decadencia. Durante décadas, los costarricenses nos jactamos ante el mundo de nuestra «excepcionalidad democrática». Nos autoproclamamos la «Suiza de América», orgullosos de un Estado social de derecho robusto, una estabilidad republicana envidiable y la histórica abolición del Ejército en 1948.
Hoy, sin embargo, esa etiqueta de prestigio se ha desvanecido en la prensa internacional. En su lugar, prestigiosos análisis académicos del Cono Sur, como el publicado recientemente por la politóloga Alicia Lissidini en La Diaria de Uruguay, nos retratan de una manera radicalmente distinta: Costa Rica es hoy el gran laboratorio latinoamericano del malestar democrático y del ascenso de una derecha radical de rasgos autoritarios.
¿Cómo perdimos nuestra excepcionalidad? La respuesta que la comunidad internacional observa con preocupación no radica en un accidente político, sino en el quiebre sistemático de nuestro pacto social. Costa Rica dejó de ser la excepción igualitaria de la región para convertirse en una de las economías más desiguales del planeta. El desmantelamiento y castigo presupuestario a la educación y la salud públicas terminaron por triturar la movilidad social.
Los informes del Estado de la Nación confirman que el estancamiento de la inversión social por habitante incubó un descontento estructural legítimo. En ese caldo de cultivo, los discursos que prometen «poner orden» y castigar a las élites se vuelven sumamente atractivos, abriendo las puertas a liderazgos personalistas que juegan dentro de la democracia, pero recortan sus componentes liberales.
La gran paradoja costarricense es que la bonanza macroeconómica se ha vuelto un espejismo lejano para las mayorías. En los últimos años, el país registró tasas de crecimiento admirables ante la OCDE, logrando incluso reducir algunos indicadores de pobreza por puros efectos de rebote e inflación baja. Sin embargo, el Estado de la Nación advierte que este repunte es frágil, desigual y territorialmente concentrado.
El crecimiento sin redistribución no genera empleo formal y deja intacta la precariedad estructural. Cuando la ciudadanía percibe que «la política no llega» y que la opulencia de unos pocos coexiste con el endeudamiento de los hogares, el avance del crimen organizado y el deterioro ambiental, los partidos tradicionales pierden credibilidad y las urnas se vacían. El auge del «partido abstencionista» —que ya supera el 40% en los balotajes— refleja una peligrosa retirada silenciosa de la competencia electoral.
El vacío dejado por la desafección ciudadana ha sido ocupado de forma agresiva por la polarización afectiva y la instrumentalización dogmática. Costa Rica atraviesa una alarmante escalada de discursos de odio y discriminación en redes sociales que han crecido más de un 1000% en temas de realidad nacional, dirigidos a demoler la legitimidad de la Asamblea Legislativa, las universidades públicas, el Poder Judicial y la prensa independiente.
A este fenómeno se suma la peligrosa confluencia de redes religiosas conservadoras que pretenden trasladar sus dogmas al aparato estatal. Cuando las políticas de derechos humanos o la laicidad se transforman en guerras morales exclusivas, la igualdad ante la ley se dinamita. La laicidad no es un adorno técnico; es la única garantía republicana de que ninguna moral particular capture los recursos y el poder de la colectividad.
El espejo que nos devuelve la mirada desde el exterior no es un ejercicio de fatalismo, sino una advertencia severa para nuestra propia supervivencia cívica. Si la población costarricense asume con resignación que la protesta social no genera cambios y que las urnas tampoco, terminaremos validando a caudillos que prometen «pasar por encima de los controles» del Estado de derecho.
El gran desafío de nuestra sociedad es recomponer urgentemente el contrato social y rescatar la ejemplaridad de las instituciones. Necesitamos una narrativa de porvenir que vuelva a hacer deseable, defendible y habitable una democracia inclusiva.
Costa Rica debe apagar de una vez por todas la estridencia del agravio y entender que la paz pública no se sostiene con consignas publicitarias, sino con justicia social, equidad distributiva y el respeto absoluto a la dignidad humana.
En nuestra casa nacional estamos viviendo una experiencia, no conocida en la historia costarricense, el tener un gobierno que se burla de la ciudadanía, atentando contra ella, lo hace con la participación y complicidad de funcionarios públicas que complacen a la tiranía, a la que temen. Los ejecutores de las acciones contra personas de su propia clase e intereses asumen inocencia por cumplir órdenes, pero son culpables, como los decisores y gobernantes que obedecen y protegen.
La historia está plagada de inocentes, corruptos, traidores y criminales al servicio de gobernantes tiranos, que participan en innumerables delitos, como múltiples son los pretextos para reprimir, secuestrar o desaparecer a las personas por ideas, etnias, religiones, ideologías, culturas, migrantes, miedos, o por la apropiación de territorios ajenos. Los ejecutores de los vejámenes y crímenes de lesa humanidad son los subordinados y los delincuentes. Las víctimas y victimarios son instrumentos del despotismo totalitario.
La política fundada en el miedo distorsiona y niega la libertad y la democracia, como impide imaginar un mundo sin regulación y coacción, como en la libertad de no tener miedo en sociedades del miedo. Al parecer la historia se repite aquí como caricatura, como nos recuerda Erich Fromm “… hemos debido reconocer que millones de personas, en Alemania, estaban tan ansiosas de entregar su libertad, como sus padres lo estuvieron de combatir por ella”. La libertad, esa utópica esperanza antagónica a los miedos, es quizás la ilusión cada vez más olvidada de la humanidad.
Es una obviedad el afirmar que las tiranías de todo tipo, así como las guerras, se sustentan en funcionarios incondicionales y de otros dispuestos a todo, que ejecutan ordenes, pero también habrá que reconocer, que en la manipulación de la historia han omitido los infinitos casos, donde la desobediencia permitió desenmascarar culpables y revelar injusticias, así como evitar tragedias o poner fin a guerras.
Evidenciamos una violencia verbal gubernamental de odio permanente contra la ciudadanía y la institucionalidad pública, como infames son los calificativos a quienes demandan y protestan por las obligaciones incumplidas del Estado en salud, educación, seguridad, así como con la protección a las mujeres, niños, jóvenes, migrantes y poblaciones originarias. La liquidación de la institucionalidad pública que efectúa el cogobierno no destruye entidades bajo su control, lo hace contra las políticas públicas, que fueron creadas históricamente por las necesidades y las problemáticas sociales que no han desaparecido. El gobierno se enfrenta ilegal, ilegitima y cobardemente contra las poblaciones que tiene el deber de proteger y amparar, en la inequidad y la desigualdad existente que ha agudizado.
Es una lástima que los funcionarios de la institucionalidad pública sean impasibles ante las prácticas de jerarcas que violentan sus obligaciones, mientras sus obedientes subalternos no están eximidos de culpabilidad ni de las consecuencias de sus propios actos. Los autócratas destruyen nuestra precaria democracia, sin cuestionamiento por los abusos contra los derechos ciudadanos y constitucionales. Al parecer los inmunes, luego de los juegos de poder, concertan en coexistencia pacífica, mientras …
Es patológica la actuación de individuos que, desde poder estatal, atentan contra la calidad de vida de una población y los valores nacionales, como es, de cobardes insultar, difamar y mentir contra los ciudadanos, cuando dispone de todos recursos del poder para ampararse y ser intocables.
Las tiranías del presente arguyen ser demócratas y a todos que los cuestionen les dicen izquierdistas, -aunque no es ningún problema ni un delito- o cualquier calificativo que los degradan o los condenan, cuando precisamente es lo inverso. La democracia implica el respeto a la heterogeneidad de pensamientos, análisis y posiciones, porque las personas y las realidades son diversas, como sus desenvolvimientos y perspectivas, así como, por existir intereses y tendencias contradictorias en un universo desigual e inequitativo. Si bien, la igualdad es una utopía, porque no somos robots, ni poseemos idénticas culturas, ni deseamos ni aspiramos lo mismo, pero no implica enfrentarnos e intentar liquidarnos, porque los tiranos han mostrado, hoy y siempre ser capaces de destruir sociedades y civilizaciones.
La democracia supone y requiere del diálogo, para negociar, conciliar o disentir, porque somos interdependientes y convivimos en el mismo espacio social, económico y político. Así, creer que empobrecer y destruir a unos, será el enriquecimiento y la usurpación de otros, es una visión que también un economista premiado, James Buchanan, creía que “una situación ideal” es “dominar un mundo de esclavos”. Sin duda, una ignorante y estúpida posición, además de ser una regresión cognoscitiva e histórica.
El disidente no merece ningún calificativo que afecte su integridad, capacidad ni derechos, pero suponer que la verdad es la enunciada por el poder gubernamental, y que los críticos están equivocados, que deben callarse, irse o ser aislados, es precisamente la posición antidemocrática y totalitaria que se observa tendencialmente aquí y en la globalidad imperial.
[1] Catedrático jubilado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.
A propósito de la alocución de la escolar Keyla Chavarría; por qué su llamado al respeto y al diálogo desarma la retórica de la confrontación oficialista y nos recuerda que la paz es una tarea cotidiana
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
«La grandeza de una república no reside en la estridencia de quienes gobiernan, sino en los anhelos de dignidad de su gente y en los límites que la ley le impone al capricho del poder».
Al inaugurarse este mes de la patria en la Costa Rica de 2026, el ambiente nacional se respira tenso, marcado por una preocupante polarización y por discursos oficiales que erosionan cotidianamente el respeto institucional. Frente a esa estridencia permanente que emana desde las cúpulas del poder, la bocanada de aire fresco y lucidez cívica ha venido desde la inocencia escolar.
Este artículo se basa en la conmovedora alocución pronunciada el pasado 1ero. de setiembre en el parque de San Isidro de Coronado por la niña Keyla Chavarría Jiménez, de segundo grado de escuela y tan solo ocho años de edad, con ocasión de la apertura del Mes de la Patria. Sus palabras no repiten consignas de la politiquería barata; por el contrario, configuran una lección magistral de civismo que desmonta el populismo discursivo y nos recuerda que «la democracia no solamente se hereda, también se cuida».
El mensaje de Keyla es un recordatorio de que la salud de una república depende de la calidad ética de la convivencia humana y del respeto absoluto a las reglas del juego democrático. Mientras el aparato propagandístico del oficialismo insiste en insultar a los críticos y en catalogar de enemigos a quienes piensan distinto, la estudiante de segundo grado devolvió la brújula al debate nacional al sentenciar que «aprendemos democracia cuando vemos que las personas pueden pensar diferente y aún así se hablan con respeto».
En una Costa Rica que padece el debilitamiento de su Estado social, la persecución discursiva hacia la academia y el quebrantamiento de la neutralidad pública, la voz de la infancia nos alerta que los valores de la paz y la libertad «no debemos darlos por sentado», ya que «la democracia es un tesoro que recibimos de quienes estuvieron antes que nosotros».
A la par de esta hermosa profesión de fe cívica, la alocución de Keyla se convierte, de forma involuntaria pero categórica, en la advertencia más severa para los gobernantes que confunden el mandato temporal de las urnas con una corona absolutista.
Cuando el Poder Ejecutivo utiliza la descalificación sistemática como herramienta de gestión, el clamor escolar resuena como un emplazamiento ético directo a los adultos que dirigen el Estado: «Enséñennos con su ejemplo, enséñennos que podemos estar en desacuerdos sin convertirnos en enemigos. Enséñennos que nuestras palabras pueden construir en lugar de lastimar».
Gobernar bajo el imperio del derecho implica entender, tal como lo expuso esta niña en Coronado, que «la paz no significa solamente vivir en un país sin ejército, significa también aprender a convivir, perdonar, escuchar y resolver nuestras diferencias sin violencia».
La soberanía no reside en las marcas de un partido político transitorio, sino exclusivamente en el pueblo —esa Nación plural y soberana que define nuestra Constitución—, y la mejor forma de honrarla en este mes patrio es protegiendo los contrapesos institucionales que blindan la libertad de los ciudadanos frente al abuso.
El próximo 14 de setiembre, cuando se espera que muchos ciudadanos participen en la faroleada que se está convocando y utilicen la luz blanca de la concordia para disolver pacíficamente la retórica del odio, la ciudadanía estará respondiendo al llamado de esta escolar de ocho años para «defender siempre el respeto» y «construir juntos una cultura de paz».
Escuchemos la reserva moral que habita en nuestras aulas y exijamos a los administradores temporales del Estado que abandonen los gritos estridentes; es hora de que demuestren estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda y de la grandeza del pueblo al que juraron servir.
Durante más de una década, Juan Carlos Monedero fue uno de los principales referentes intelectuales de la nueva izquierda española.
Como cofundador de Podemos, contribuyó a convertir la indignación social surgida tras la crisis de 2008 en un proyecto político que rompió el bipartidismo y alteró profundamente el panorama electoral.
Sin embargo, la trayectoria de Podemos también refleja las dificultades de transformar una fuerza de protesta en una organización capaz de gobernar y mantenerse unida.
Con el paso de los años, las tensiones internas, las diferencias estratégicas y la fragmentación del espacio político situado a la izquierda del PSOE fueron debilitando aquel impulso inicial.
Para algunos analistas, Monedero representó una línea política que privilegió la confrontación ideológica sobre la construcción de mayorías amplias.
Para otro, el desgaste respondió sobre todo a la polarización del sistema político, la presión mediática y las contradicciones inherentes a cualquier fuerza emergente que accede a las instituciones.
A esta crisis política se sumó el fuerte deterioro de la imagen pública de Monedero tras las denuncias por presunto acoso sexista y las medidas adoptadas por instituciones como Podemos y la Universidad Complutense.
Más allá de las responsabilidades que correspondió determinar a las instancias correspondientes, estos hechos afectaron seriamente su autoridad como referente de una izquierda que había hecho de la igualdad y el feminismo parte central de su identidad.
Ciertamente, reducir la crisis de la izquierda española a la figura de Monedero sería simplificar un proceso mucho más complejo.
No obstante, ilustra las tensiones que atraviesan hoy a muchas fuerzas progresistas: cómo combinar radicalidad y vocación de mayoría, preservar la unidad sin sofocar el debate interno y mantener la credibilidad ética cuando los liderazgos dejan de estar a la altura de los valores que proclaman.
Ese sigue siendo uno de los grandes desafíos de la izquierda del siglo XXI.
Costa Rica atraviesa un momento que merece ser observado con particular atención. No porque existan elementos suficientes para afirmar que el país haya dejado de ser una democracia, ni porque resulte razonable anunciar la inminencia de una dictadura, sino por algo quizá menos espectacular y precisamente por ello más difícil de advertir: ideas, lenguajes y posibilidades políticas que durante décadas parecieron incompatibles con nuestra propia representación de la democracia comienzan a ingresar en el territorio de lo discutible.
El fenómeno merece análisis sin alarmismos, pero también sin ingenuidad.
En las últimas semanas han aparecido discusiones relacionadas con seguridad nacional, narcotráfico, criminalidad organizada, secreto de Estado, tecnologías de vigilancia, fortalecimiento policial y nuevas formas de comprender el papel de los cuerpos de seguridad. Paralelamente, el debate político se ha endurecido y expresiones como «zurdos», «comunistas», «enemigos» y otras categorías semejantes comienzan a utilizarse para caracterizar indistintamente a sectores opositores, críticos o cuestionadores del Gobierno.
No todos estos acontecimientos poseen el mismo estatuto ni pueden ser considerados evidencia de un único proceso. Algunos corresponden a decisiones gubernamentales comprobables; otros, a declaraciones políticas; algunos son interpretaciones de sectores opositores y otros incluso rumores, sátiras o textos cuya procedencia debe ser verificada.
Confundirlos sería un grave error metodológico.
Pero ignorar la representación colectiva que comienzan a producir también lo sería.
El problema no es Cuba ni la antigua Unión Soviética
Ante algunas de estas discusiones se ha recurrido nuevamente a una comparación conocida: advertir que determinadas prácticas de vigilancia, secreto o control estatal recuerdan experiencias como las de Cuba o la antigua Unión Soviética.
La comparación puede tener algún valor histórico, pero resulta insuficiente cuando convierte determinadas experiencias socialistas en paradigma exclusivo del autoritarismo.
La Unión Soviética dejó de existir hace más de tres décadas. Cuba constituye una experiencia histórica específica, desarrollada además bajo condiciones geopolíticas extraordinarias, entre ellas el prolongado embargo estadounidense. Nada de ello impide analizar críticamente las restricciones políticas existentes en Cuba ni las prácticas represivas que caracterizaron determinados períodos soviéticos. Contextualizar no significa justificar.
El problema aparece cuando estos casos se utilizan para establecer implícitamente una equivalencia: socialismo = autoritarismo; democracia liberal-capitalista = libertad.
La experiencia histórica y contemporánea resulta mucho más compleja.
Estados capitalistas, democracias liberales, monarquías, regímenes híbridos y gobiernos autoritarios de diferentes orientaciones ideológicas han desarrollado mecanismos de vigilancia, persecución, espionaje, represión y control de la disidencia.
El Estado policial no posee una ideología económica exclusiva.
Por eso la pregunta relevante para Costa Rica no debería ser si podemos convertirnos en Cuba o reproducir la extinta Unión Soviética.
La pregunta debería ser otra: ¿bajo qué condiciones cualquier Estado consigue ampliar sus capacidades de vigilancia, secreto y coerción debilitando simultáneamente los controles democráticos sobre su ejercicio?
Seguridad y excepcionalidad
El narcotráfico y la criminalidad organizada constituyen problemas reales. Negarlo sería irresponsable. Precisamente por ser reales poseen una extraordinaria capacidad para legitimar políticamente medidas excepcionales.
Todo Estado democrático necesita investigar organizaciones criminales, proteger operaciones policiales, preservar determinada información sensible y disponer de instrumentos eficaces para garantizar la seguridad ciudadana.
La cuestión democrática no consiste en negar esas necesidades. Consiste en establecer sus límites.
El secreto de Estado, por ejemplo, no resulta en sí mismo incompatible con la democracia. Existen informaciones cuya divulgación podría comprometer investigaciones, seguridad nacional o relaciones internacionales. El problema comienza cuando la excepción amenaza con convertirse en regla y ámbitos cada vez más amplios de la actividad gubernamental pueden sustraerse del escrutinio ciudadano bajo una invocación genérica de la seguridad.
En el ordenamiento costarricense el secreto de Estado constituye precisamente una excepción al principio de publicidad y transparencia y, por esa razón, debe interpretarse restrictivamente.
La pregunta elemental continúa siendo entonces: ¿quién vigila al vigilante?
Cuando un Estado afirma que necesita mayores facultades para protegernos, una sociedad democrática no debería responder automáticamente con desconfianza, pero tampoco con obediencia. Debe preguntar cuáles facultades, durante cuánto tiempo, bajo qué controles, con qué mecanismos de rendición de cuentas y cuáles recursos existen frente a eventuales abusos.
Tecnología y poder
La discusión sobre tecnologías altamente intrusivas de vigilancia agrega una dimensión nueva al problema. Herramientas capaces de acceder clandestinamente a comunicaciones privadas poseen una enorme utilidad potencial frente al terrorismo o la criminalidad organizada. Pero exactamente la misma capacidad tecnológica que permite investigar a un narcotraficante puede utilizarse para vigilar a un periodista, un dirigente social, una persona opositora o un activista.
La tecnología carece de ideología. El poder que decide cómo utilizarla, no.
Por eso el debate sobre sistemas de vigilancia no debería reducirse a preguntar si sirven para combatir el crimen. Debe incorporar preguntas sobre autorización judicial, proporcionalidad, control institucional, trazabilidad, protección de datos, auditoría y responsabilidad política. La democracia no puede depender exclusivamente de las buenas intenciones de quien temporalmente controla una herramienta.
Las instituciones democráticas se construyen precisamente suponiendo que todo poder puede ser utilizado incorrectamente y que, por ello, necesita límites.
La construcción del enemigo interno
Existe, sin embargo, una dimensión todavía más delicada: el lenguaje mediante el cual se construyen adversarios políticos.
En democracia existen adversarios. Un adversario puede estar profundamente equivocado desde nuestra perspectiva. Podemos combatir sus ideas, movilizarnos contra sus propuestas y procurar electoralmente su derrota, pero continúa siendo ciudadano. El enemigo ocupa otra categoría.
Cuando expresiones como «zurdo», «comunista», «traidor», «enemigo» o equivalentes dejan de describir una posición ideológica concreta y comienzan a funcionar como etiquetas indiscriminadas contra quien crítica, cuestiona, protesta o se opone al Gobierno, ocurre un desplazamiento importante. Ya no se discute solamente qué dice una persona. Comienza a discutirse qué clase de persona es quien lo dice. Y una vez construido el enemigo, resulta más sencillo justificar tratamientos que difícilmente aceptaríamos frente a un adversario democrático.
El mecanismo no pertenece exclusivamente a la derecha ni a la izquierda. La historia ofrece ejemplos suficientes de gobiernos de distintas orientaciones que construyeron enemigos internos para cohesionar políticamente a sus seguidores y legitimar formas extraordinarias de control. Por eso resulta peligroso analizarlo exclusivamente mediante categorías ideológicas.
La pregunta fundamental es democrática: ¿qué ocurre cuando cuestionar al Gobierno comienza a confundirse discursivamente con actuar contra el país?
De lo impensable a lo imaginable
Aquí se encuentra quizá el aspecto más profundo del problema: Las grandes transformaciones políticas no comienzan necesariamente cuando una ley modifica una institución. Muchas veces empiezan antes, cuando cambia aquello que una sociedad considera posible, puede existir una secuencia como esta:
No se trata de una secuencia inevitable: Una sociedad puede detenerla, invertirla o rechazar completamente determinada posibilidad. Pero para hacerlo primero debe reconocer que se está produciendo una disputa sobre los límites de lo aceptable.
Costa Rica construyó durante décadas una poderosa identidad civilista. La abolición del ejército no constituye solamente una disposición constitucional o una decisión histórica de 1948. Forma parte del relato mediante el cual el país se representa a sí mismo.
Precisamente por ello resulta sociológicamente significativo cuando comienzan a circular, aunque sea mediante rumores, sátiras o advertencias, narrativas sobre remilitarización, recuperación de rangos militares, fortalecimiento extraordinario de los cuerpos policiales o necesidad de responder militarmente frente a enemigos internos. Un rumor no demuestra que exista un proyecto gubernamental. Una sátira no constituye un proyecto de ley. Una representación exagerada no prueba que aquello que describe vaya a ocurrir. Pero su circulación puede revelar otra cosa: algo que anteriormente parecía imposible ha comenzado a poder ser imaginado. Y esto también constituye un hecho social.
La realidad política de las representaciones
Una democracia no está compuesta únicamente por leyes, instituciones y decisiones gubernamentales. También existe mediante símbolos, relatos, temores, expectativas y representaciones colectivas. Los acontecimientos producen narrativas, pero las narrativas también modifican la manera en que posteriormente interpretamos los acontecimientos. Una misma representación puede provocar reacciones distintas. Para unas personas: «Esto podría ocurrir» significa miedo y resistencia. Para otras: «Esto podría ocurrir» significa posibilidad. Y para algunas puede terminar significando: «Esto debería ocurrir».
Precisamente por eso debemos analizar cuidadosamente los discursos políticos.
Cuando se habla reiteradamente de enemigos, conspiraciones, amenazas, infiltrados, criminales, traidores o sectores peligrosos, no solamente se está describiendo una realidad. También puede estarse construyendo un determinado horizonte desde el cual esa realidad será posteriormente interpretada.
La movilización también modifica lo imaginable, pero sería un error observar solamente al poder. La ciudadanía también produce realidad política.
Las manifestaciones, organizaciones sociales, universidades, medios independientes, movimientos ciudadanos, sindicatos y demás formas de acción colectiva participan en la construcción del horizonte democrático.
Cuando una movilización multitudinaria consigue ser interpretada socialmente como capaz de influir sobre decisiones gubernamentales, independientemente de que resulte difícil establecer una causalidad directa, se produce un efecto político importante: la ciudadanía descubre o reafirma que movilizarse puede tener consecuencias.
Por eso la resistencia también transforma lo imaginable: Frente a discursos que fortalecen la autoridad puede aparecer una sociedad que reivindica los límites de esa autoridad. Frente a la descalificación de los contrapesos institucionales puede fortalecerse su defensa. Frente a la construcción de enemigos pueden reconstruirse adversarios democráticos. En resumen, no existe una única dirección histórica.
Ni dictadura inminente ni excepcionalismo costarricense
Conviene entonces evitar dos errores. El primero sería afirmar que Costa Rica se encuentra inevitablemente camino hacia una dictadura. No existen elementos suficientes para semejante conclusión y una afirmación de esa naturaleza terminaría debilitando el análisis. El segundo sería igualmente peligroso: «Eso nunca podría ocurrir en Costa Rica».
Ninguna democracia posee inmunidad histórica.
Las instituciones democráticas no sobreviven porque una sociedad haya sido democrática durante décadas. Sobreviven porque continúan existiendo ciudadanía, cultura política, instituciones y mecanismos capaces de defenderlas.
Una democracia puede conservar elecciones, parlamento, tribunales y libertades formales mientras comienzan a modificarse gradualmente los límites de aquello que sus ciudadanos consideran políticamente admisible. La erosión democrática, cuando ocurre, no necesita comenzar con tanques frente al Parlamento. Puede comenzar mediante pequeñas normalizaciones.
Una disputa por lo imaginable
Quizá parte de la coyuntura costarricense contemporánea pueda comprenderse precisamente como una disputa por lo imaginable: ¿Qué Estado queremos imaginar?
¿Uno donde la seguridad fortalezca las instituciones democráticas o uno donde permita reducir sus controles? ¿Una policía civilista o una fuerza progresivamente concebida mediante categorías militares? ¿Una ciudadanía que fiscaliza al poder o una que delega en él crecientes espacios de secreto? ¿Una oposición considerada parte legítima de la democracia o convertida discursivamente en enemigo interno? ¿Un Poder Judicial entendido como contrapeso constitucional o como obstáculo frente a la voluntad política de las mayorías? ¿Una protesta social comprendida como ejercicio ciudadano o como amenaza contra el orden?
Estas preguntas no anuncian inevitablemente ninguna catástrofe. Pero tampoco deberían parecernos irrelevantes. Porque una democracia no se pierde únicamente cuando desaparecen sus instituciones. También puede debilitarse cuando cambia silenciosamente el significado que atribuimos a ellas.
Por eso quizá la pregunta correcta no sea: ¿Nos estamos convirtiendo en Cuba, Venezuela, la antigua Unión Soviética o cualquier otro fantasma político disponible?
Esa comparación puede tranquilizar a unos y aterrorizar a otros, pero explica muy poco sobre nosotros mismos. La pregunta mucho más difícil es: ¿en qué Costa Rica estamos comenzando a imaginar que podríamos convertirnos?
Responderla exige observar al Gobierno, pero también a la oposición; analizar instituciones y movimientos sociales; distinguir hechos de rumores; separar evidencia de temor; reconocer amenazas reales sin convertirlas en justificación de poderes ilimitados. Sobre todo, exige abandonar la idea de que democracia significa únicamente celebrar elecciones periódicas.
Democracia también significa límites al poder, transparencia, pluralismo, debido proceso, libertad de expresión, protección de las minorías, independencia judicial, derecho a disentir y capacidad ciudadana de resistencia. La seguridad es necesaria. El combate contra el crimen organizado también. Pero precisamente porque ambos son necesarios debemos impedir que terminen convirtiéndose en palabras capaces de justificar cualquier cosa.
Porque la pregunta decisiva de una sociedad democrática nunca debería ser solamente ¿cuánto poder necesita el Estado para protegernos? Debe existir siempre una segunda pregunta: ¿cuánto poder estamos dispuestos a entregarle antes de comenzar a necesitar protección frente al propio poder?
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