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Etiqueta: política ambiental

Parlamento Cívico Ambiental y múltiples organizaciones presentan Manifiesto Ambiental Ciudadano de cara a las elecciones del 1 de febrero

El Parlamento Cívico Ambiental con sus 37 organizaciones, junto a múltiples organizaciones ambientales, sociales, académicas y comunitarias, presentó hoy públicamente el Manifiesto Ambiental Ciudadano, un llamado urgente a la conciencia nacional ante las decisiones que el país tomará en las elecciones del próximo 1 de febrero de 2026.

El manifiesto advierte sobre el acelerado debilitamiento de la institucionalidad ambiental, la erosión regulatoria, la presión extractivista sobre territorios y bienes comunes, y el riesgo real de un retroceso histórico en materia de política ambiental. Al mismo tiempo, subraya que aún existe una oportunidad democrática para elegir un rumbo distinto, basado en evidencia, fortalecimiento institucional y protección efectiva del patrimonio natural.

El documento se sustenta en un estudio independiente elaborado por la Asociación ARTES-JUSTECO, presentado por el Parlamento Cívico Ambiental, que evaluó los programas de gobierno de los partidos políticos mediante 50 indicadores en 13 categorías temáticas, con base en el Capítulo 4 del Informe Estado de la Nación. Los resultados evidencian diferencias sustantivas entre las propuestas partidarias y permiten a la ciudadanía votar de manera informada.

“El país no está eligiendo únicamente un gobierno, está decidiendo el futuro de su biodiversidad, sus costas, sus bosques, su agua y la solidez de su democracia ambiental”, señala el manifiesto. “Sin ambiente no hay economía, sin agua no hay salud y sin instituciones fuertes no hay conservación”.

El Parlamento Cívico Ambiental y las organizaciones firmantes hacen un llamado directo:

  • A la ciudadanía, a informarse y votar con base en evidencia, no en discursos vacíos.
  • A los medios de comunicación, a exigir definiciones claras a las candidaturas sobre erosión regulatoria, apropiación de bienes comunes y financiamiento de la institucionalidad ambiental.
  • A los partidos políticos, a asumir que sus compromisos serán observados y evaluados después del proceso electoral.

El manifiesto permanece abierto a la adhesión de organizaciones y personas del sector ambiental, académico, social y productivo comprometido con la sostenibilidad, con el objetivo de que el ambiente ocupe un lugar central en la agenda electoral. Puede firmarse en: https://c.org/ch8L2SwGwR.

“El 1 de febrero no se vota solo por un período de gobierno. Se vota por el tipo de país que heredarán las próximas generaciones”, concluye el documento.

Organizaciones firmantes dentro y fuera del Parlamento Cívico Ambiental

ACEPESA
ACOS
ADI Magnolias
ARCAA
ARTES-JUSTECO
ASECOBI
Asociación Plataforma Organizaciones de la Sociedad Civil por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Asociación. Belén Sostenible
Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE)
Asociación de Movilidad Activa y Sostenible Pedal
Asociación Mujeres AMICREO
Cruzando Fronteras.
Cruzando Fronteras.
Defensoría del Pescador Artesanal
Escuela Socioambiental Caraigres
For the Oceans Foundation
FORTECH S.A.
Frente por la Vida
Frente Mario Biza por las Áreas Silvestres Protegidas
Fundación Arboles y Vida
Fundación Laberinto
Fundación OneSea
Fundación Sombrilla del Bosque
Fundación XTREM@S
La Ruta del Clima
Movimiento Ciudadano Pymes
Movimiento Laudato Si
Natural Packing
OCA Quebrada Barreal
OCA Río Cañas
Pastoral Ecológica La Soledad
Programa de Gestión Local – UNED
Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo
Colectivo RASA
Red Costarricense de Reservas Naturales
Red de Juventudes y Cambio Climático
Universidad de Costa Rica.
Universidad Nacional

Puede descargar el Manifiesto desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Manifiesto-Ambiental-Elecciones-2026-VR.pdf

Brechas ambientales entre los programas de gobierno rumbo a las elecciones de 2026

Comunicado

Un estudio independiente elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social Justeco (ARTES-JUSTECO) y presentado por el Parlamento Cívico Ambiental (PCA) reveló profundas diferencias entre los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses en materia ambiental, de cara al proceso electoral de 2026.

El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, fue presentado públicamente el pasado 15 de enero en la Asamblea Legislativa. El estudio evaluó las plataformas programáticas de 13 partidos políticos mediante una metodología cuantitativa y cualitativa, basada en 50 indicadores agrupados en 13 categorías temáticas, entre ellas agua, clima, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental y ordenamiento territorial. Asimismo, contrastó dichas propuestas con el diagnóstico de deterioro institucional y regulatorio identificado por el Informe del Estado de la Nación.

Los resultados evidencian una clara estratificación entre los partidos. En el nivel superior se ubican el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, cuyos programas presentan propuestas coherentes y alineadas con una transformación estructural para enfrentar de manera integral la crisis ambiental, territorial, climática e institucional del país. Ambos destacan por su énfasis en justicia ambiental, fortalecimiento institucional, protección del agua, regulación del extractivismo y participación democrática.

Liberación Nacional se sitúa también en el primer nivel, con propuestas técnicas e institucionales sólidas en áreas como agua, clima, energía y biodiversidad, aunque con menos propuestas radicales en materia de participación ciudadana y justicia socioambiental. Su programa respalda explícitamente la ratificación del Acuerdo de Escazú.

En un segundo grupo se encuentran partidos cuyas propuestas mantienen, en general, el statu quo, con avances parciales o simbólicos que no abordan las fallas estructurales de la gobernanza ambiental. En el extremo opuesto, el estudio identifica plataformas claramente regresivas, orientadas al extractivismo y la desregulación ambiental. Entre ellas figuran los programas de Nueva República, Integración Nacional y Pueblo Soberano, que promueven la minería a cielo abierto bajo el concepto de “minería sostenible” y plantean la exploración y extracción de hidrocarburos como mecanismo de financiamiento de políticas públicas.

Durante la presentación, la vicepresidenta del Parlamento Cívico Ambiental, Victoria Rudín, subrayó que el objetivo del estudio es ofrecer a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los tomadores de decisión una herramienta comparativa clara y transparente para evaluar en qué medida las propuestas políticas responden a los desafíos ambientales reales del país.

Por su parte, el Dr. Bernardo Aguilar, vicepresidente de ARTES-JUSTECO, señaló que la evidencia confirma que la crisis ambiental de Costa Rica es también una crisis política e institucional, marcada por el debilitamiento de la institucionalidad pública, la regresión regulatoria, los conflictos territoriales, la presión inmobiliaria en zonas costeras, el deterioro del acceso al agua y la reducción de los espacios de participación ciudadana. En este contexto, el informe advierte que la decisión del electorado será determinante para enfrentar esta crisis o profundizarla, con implicaciones directas para el modelo de desarrollo socioambiental y para la calidad de la democracia costarricense.

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Analisis-de-los-programas-ambientales-de-los-partidos-2026.pdf

Sobre el Parlamento Cívico Ambiental (PCA)

El Parlamento Cívico Ambiental es una plataforma ciudadana permanente creada en 2019, orientada a fortalecer la democracia ecológica, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el enfoque de Parlamento Abierto y una pedagogía de aprender haciendo.

Estudio independiente revela fuertes diferencias en las propuestas ambientales de los partidos políticos rumbo a elección del 2026

Parlamento Cívico Ambiental

Comunicado

Este estudio elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social Justeco (ARTES-JUSTECO) revela una clara estratificación entre los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses en materia ambiental, de cara a las elecciones nacionales de 2026.

El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, será presentado públicamente este jueves 15 de enero en la Asamblea Legislativa, en un espacio abierto a legisladores, academia, organizaciones sociales y ciudadanía.

Principales hallazgos:

El estudio analiza los programas de 13 partidos políticos con mayor presencia en encuestas a diciembre de 2025, mediante una metodología dual que combina: 1) Una matriz ambiental ponderada de 50 indicadores distribuidos en 13 áreas clave (agua, cambio climático, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental, ordenamiento territorial, entre otras); y 2) un análisis cualitativo de coherencia, basado en el Capítulo 4 del Informe del Estado de la Nación, que identifica un deterioro sostenido de la gobernanza ambiental en el país.

El procesamiento de datos y la asignación de ponderaciones se realizaron mediante un sistema de inteligencia artificial supervisada, utilizando plataformas de IA de Google y ChatGPT versión 5.

Los resultados permiten clasificar los programas de gobierno en una escala que va desde propuestas de transformación estructural progresiva hasta enfoques abiertamente regresivos en materia ambiental. La evaluación identificó cuatro grandes grupos, con niveles de cumplimiento superiores al 90%, entre 50–60%, 30–40% y por debajo del 30% de los indicadores analizados.

Estas tendencias fueron confirmadas por el análisis cualitativo de coherencia institucional.

Más que una crisis ambiental:

El informe concluye que la crisis ambiental que enfrenta Costa Rica es también política e institucional, caracterizada por debilitamiento de capacidades públicas, regresión regulatoria, conflictos territoriales, presión inmobiliaria costera, deterioro del acceso al agua y reducción de la participación ciudadana.

En este contexto, el estudio ofrece una herramienta comparativa clara y transparente para apoyar a la ciudadanía, los medios de comunicación y los tomadores de decisión en la evaluación de las propuestas políticas frente a los desafíos ambientales reales del país.

Presentación pública:

La presentación oficial se realizará el jueves 15 de enero a las 10:00 a.m., en la Sala de Conferencias de Prensa de la Asamblea Legislativa (piso -3). La actividad cuenta con el apoyo de la presidenta de la Comisión de Ambiente, diputada Katherine Moreira Brown, y se enmarca en los esfuerzos del Parlamento Cívico Ambiental y ARTES-JUSTECO por promover un debate electoral informado y basado en evidencia.

Sobre el Parlamento Cívico Ambiental (PCA)

El Parlamento Cívico Ambiental es una plataforma ciudadana permanente creada en 2019, orientada a fortalecer la democracia ecológica, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el enfoque de Parlamento Abierto y una pedagogía de aprender haciendo.

Crisis de gestión y proceso electoral entre el conflicto y la inseguridad

El Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Universidad Nacional, coordinado por el máster Carlos Carranza Villalobos junto a un equipo de investigadoras y asistentes, presentó su informe del trimestre de setiembre de 2025 y la conferencia de prensa titulada Crisis de gestión y proceso electoral: entre el conflicto y la inseguridad. Ambos materiales ofrecen un panorama crítico de la realidad nacional, en un momento marcado por la fragilidad institucional, el deterioro de la gestión gubernamental y la intensificación de la inseguridad en la antesala de las elecciones de 2026.

El informe señala que el estilo de gobierno actual, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, se ha caracterizado por un discurso confrontativo y por acciones orientadas a debilitar los contrapesos democráticos. Se evidencian intentos de limitar el control político, cuestionamientos al poder judicial y a la Contraloría, así como tensiones con la Defensoría de los Habitantes en temas de política carcelaria y migratoria. El documento advierte que esta estrategia se acerca a lo que la literatura politológica denomina “populismo delegativo”, en el que el mandatario se presenta como representante del “pueblo” para justificar cambios en las instituciones a su conveniencia.

En la relación con la Asamblea Legislativa, el análisis identifica un clima de confrontación marcado por discursos beligerantes, aunque con menos uso de vetos formales en el último trimestre. Las tensiones entre el presidente y el presidente legislativo Rodrigo Arias se intensificaron en torno a la renuncia del vicepresidente Stephan Brunner y las discusiones sobre el fuero presidencial, lo que refleja un escenario inédito en la política costarricense reciente.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también es protagonista en este periodo. El organismo advirtió al presidente por manifestaciones que afectan la equidad del proceso electoral y le prohibió usar símbolos vinculados a partidos políticos en actividades oficiales. Al mismo tiempo, la coalición que agrupa a fuerzas oficialistas muestra fracturas internas, mientras alcaldes y alcaldesas de distintos partidos han decidido sumarse al rodriguismo, generando un reacomodo del mapa político hacia 2026.

En materia de política exterior y derechos humanos, el informe subraya la creciente subordinación a la política estadounidense, evidenciada en la aceptación de personas deportadas desde Estados Unidos en condiciones precarias y en el alineamiento con las políticas punitivas de seguridad y migración promovidas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. En este marco, se solicitó un presupuesto cercano a los 8 000 millones de colones para la construcción de un nuevo centro penitenciario, lo cual implicaría recortes a instituciones sociales como FODESAF.

La política hacendaria ocupa un lugar central en el análisis. Se destaca la pérdida de más de ₡2 billones anuales por exoneraciones tributarias que benefician principalmente a sectores de mayores ingresos, lo que acentúa la inequidad fiscal. Además, la modernización de Hacienda Digital presenta atrasos y deficiencias de gestión, mientras que la transferencia del 1 % adicional del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fue condicionada a la aprobación de eurobonos, situación criticada por las universidades públicas.

El ámbito educativo sigue marcado por el rezago acumulado desde la pandemia. Más de un millón de estudiantes regresaron a clases con brechas significativas, mientras persisten problemas de infraestructura y carencias en materiales. Aunque el Ministerio de Educación Pública anunció una nueva ruta de recuperación y programas de capacitación docente, la falta de resultados inmediatos genera desconfianza social. La negociación del FEES 2026 concluyó con un aumento del 1 %, lo cual se percibe como un congelamiento en un contexto de creciente demanda y necesidades del sector.

En lo ambiental, se advierte un retroceso institucional con la decisión del gobierno de retirar el apoyo a la Agenda 2030 antes de la Cumbre de los Océanos, debilitamiento de órganos como el MINAE y el SINAC, y una política orientada a la flexibilización normativa. Se registraron incrementos en la tala ilegal y se autorizaron exportaciones de aletas de tiburón martillo, mientras se mantienen recortes presupuestarios al sector ambiental. Estos hechos ponen en tensión la histórica imagen de Costa Rica como país líder en sostenibilidad.

El informe también subraya los retos en competitividad e innovación. Si bien el gobierno impulsa la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y la red 5G, los procesos enfrentan retrasos y conflictos políticos, además de una dependencia creciente de la cooperación y los intereses de Estados Unidos. Esta orientación plantea interrogantes sobre la verdadera soberanía tecnológica y sobre quién se beneficiará del acceso a las nuevas tecnologías.

En el campo de género y derechos humanos, se identifican patrones de reclasificación, reconfiguración y retroceso en las políticas públicas, que se tornan más restrictivas y vulnerables a la improvisación. La sociedad civil, aunque fragmentada, busca recomponerse frente al debilitamiento de derechos y al incremento de la violencia, en un contexto donde la inseguridad se consolida como el principal desafío para la democracia costarricense.

El capítulo sobre comercio exterior resalta la necesidad de diversificar mercados y superar la dependencia histórica de los Estados Unidos. A pesar de los intentos por abrirse a Asia y otras regiones, el país enfrenta nuevas barreras arancelarias que afectan sectores estratégicos como la agricultura y los dispositivos médicos.

Finalmente, el informe enfatiza que la seguridad pública atraviesa un momento crítico. El crimen organizado supera las capacidades institucionales actuales y la ausencia de un plan integral limita la respuesta estatal. El llamado es a articular políticas coordinadas y con financiamiento suficiente, que garanticen condiciones adecuadas de vida y convivencia social.

Cumbre de los Océanos, el retroceso en nuestra política ambiental con Chaves y la derecha neoconservadora

Por JoseSo
Analista Político

Los costarricenses seguimos siendo expertos en la crítica mordaz, en chota somos potencia mundial, especialmente hacia nuestros políticos. Esta vez el premiado es Rodrigo Chaves, quien durante su discurso en la Tercera Conferencia de la ONU sobre los Océanos (UNOC) optó por hablar en inglés, con una pronunciación que generó una explosión de comentarios y burlas en redes sociales.

Sin embargo, más allá de las burlas del estilo de inglés de comerciales de “open english” del presidente, dos aspectos de su intervención me resultaron genuinamente preocupantes, que nos desvían la atención de lo realmente importante. El problema no fue su pronunciación, sino el fondo de sus palabras.

Primero, la contradicción flagrante de un presidente cuestionado por su manejo ambiental: permisos de tala en zonas protegidas (como la Reserva Gandoca Manzanillo, actualmente judicializada), desacato a resoluciones de la Sala Constitucional, y autorizaciones irregulares para proyectos inmobiliarios en áreas restringidas (Portalón de Quepos, entre otros). Esto contrasta brutalmente con la imagen de Costa Rica como líder mundial en sostenibilidad, pilar de su modelo económico y proyección internacional.

Segundo, su declaración a Radio France Internacional sobre la posible la insistencia en la exploración petrolera por lo que esta idea representa:

1.  Suicidio económico:

  • Dependencia peligrosa: Ataría al país a la volatilidad de precios internacionales e inseguridad geopolítica.
  • Desperdicio de inversión: Abandonaría nuestra ventaja en energías renovables (ya más económicas que los fósiles) y dejaría obsoleta la infraestructura limpia existente.
  • Costos futuros inevitables: Retrasar la transición energética encarecerá y agudizará el ajuste posterior.

2.  Suicidio climático:

  • Irreversibilidad: Cada tonelada de CO₂ emitida profundiza una crisis con impactos catastróficos (sequías, inundaciones, pérdidas agrícolas).
  • Vulnerabilidad nacional: Como país en desarrollo, Costa Rica sufriría estos impactos con mayor crudeza, amenazando su estabilidad socioeconómica.

3.  Obsolescencia estratégica:

  • Tecnología moribunda: Invertir en fósiles es apostar por activos varados (stranded assets) en un mundo que avanza hacia la descarbonización.
  • Aislamiento internacional: Dañaría la credibilidad ambiental del país, afectando acceso a mercados y financiación climática.

Cambiar energías limpias – sinónimo de autonomía y estabilidad futura – por combustibles fósiles – un pasado vulnerable y costoso – no es progreso. Es una claudicación ante intereses cortoplacistas que hipoteca el desarrollo nacional y pone en riesgo la esencia de un país cuya fama como principal destino ecoturístico del mundo y centro de alta tecnología (informática, médica) se sustenta precisamente en su modelo de desarrollo sostenible basado en sus energías limpias.

Mi impresión es que esta postura responde más a un cálculo político – alineado con el auge de agendas populistas de derecha conservadora en países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y parte de Europa – que a una convicción real. Sería un desastre auto infligido para una nación que ha sido faro global en materia ambiental.

COP16: Postergaciones y urgencias

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Entre el 21 de octubre al  1 de noviembre del 2024 en Cali Colombia se estará desarrollando la Cumbre Mundial de la Biodiversidad, COP16, y es la primera COP que se celebra tras la aprobación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (si quieren conocer más sobre este instrumento pueden ver este documento desarrollado por Ecologistas en Acción).

El desafío que reviste este foro, es lograr empezar a aplicar los objetivos y las metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que plantea la necesaria financiación y nuevos mecanismos que logren la integración de la biodiversidad en las diversas políticas sectoriales de los países.

Estamos ante un desafío mayor que proteger la biodiversidad, sino, incluirla como parte activa dentro de los diversos procesos que impulsamos en nuestras sociedades, este paso inicia reconociendo la urgencia de construir una ruta para lograr detener la pérdida de especies y ecosistemas en 2030.

Esperamos esta infografía que realizamos a partir del artículo «La COP16 debe establecer mecanismos eficaces y financiación para asegurar el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad» de Ecologistas en Acción, contribuya a seguir reflexionando sobre la urgencia de replantear la forma en la que  relacionamos la naturaleza para su cuidado, protección, conservación y disfrute.

Luego del discurso presidencial ¿tendrá dónde vivir el jaguar?

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

A partir del discurso presidencial del Sr. Rodrigo Chaves Robles ante la Asamblea Legislativa del pasado 2 de mayo, reflexionamos sobre qué dijo en torno al ambiente. En líneas generales, estamos ante un gobierno que considera la naturaleza como proveedora de bienes e ignora las diversas relaciones que establecemos para su cuido, disfrute y defensa. Esto se nota, ante las omisiones evidentes de todas las movilizaciones locales que se generan en defensa o denuncia de los diversos atropellos de empresas privadas, gobiernos locales o del gobierno nacional.

Por esta razón, nos parece importante hacer hincapié en que estamos ante una noción de ambiente que privilegia y legitima relaciones extractivistas y financierizadas de la naturaleza, es decir, una propuesta de negocios y a corto plazo.

Ante esto, nos preguntamos si el tan mencionado jaguar, al final de este gobierno extractivista, ¿tendrá algún lugar para vivir?

Para más información pueden leer:

Bloque Verde – Gobierno anti ambiental. El país.cr. 

Mauricio Álvarez y Fabian Pacheco  Noruega y exploración petrolera: nadie les va a ayudar a destruir Costa Rica «verde». Semanario Universidad.

Férrea travesía sobre el oasis del pacífico centroamericano. ¿Sustentable?

Juan Francisco Campos

Este mes de octubre, se cumplen 16 años de que, a pesar de la histórica gesta de nuestro pueblo contra el Tratado de libre comercio adoptado por empresarios y políticos apátridas, quedó demostrado que, en la campaña del referéndum, estos actores, fueron capaces hasta de usar herramientas típicas del terrorismo de Estado1,2; a fin de imponer su aprobación y con ello, abrir el camino para “arrasar con nuestras soberanías”. Por ejemplo, creándole facilidades a cualquier inversionista para exigir privilegios o demandarlos según sus propios intereses en paneles internacionales; ante los cuales, los Estados son fijos perdedores, pues para empezar no más su defensa, deben pagar exorbitantes sumas de dinero (W. Antillón, 2023)3. En consecuencia, todo habitante honrado de este país y que vivió esa experiencia confiando en el respeto a sus derechos civiles y políticos, conoce que, aún con el resultado de ese referéndum (un empate técnico), quienes desde entonces controlan los poderes de la República, de tal forma legitimaron el principal instrumento destructor de las bases del desarrollo nacional del presente siglo.

Sin lugar a dudas una experiencia que no obstante el crudo desenlace que tuvo, cada 7 de octubre, nos permite, aún a solas, sentirnos agradecidos con todos y cada uno de los participantes de buena fe y quienes, sin reservas, con sus múltiples y variados aportes de la ciencia, el derecho, la cultura, el conocimiento popular y sobre todo el gran calor humano; contribuyeron así a generar un ambiente o quizás movimiento social, nunca antes vivido. Uno de tantos aportes, fue presentado por parte del oceanógrafo físico Guillermo Quirós Alvarez, por medio del cual, muchos ciudadanos conocimos con profundidad que, este país es territorialmente más grande y rico de lo que se ha enseñado durante años en el sistema educativo; es decir, ocultado. Las concurridas conferencias magistrales en los auditorios universitarios, estarán por siempre presentes en nuestra memoria, alimentando la reflexión y avance del conocimiento; la ruta más certera para debelar y continuar trabajando contra las múltiples falacias incrustadas a todo nivel en la educación y el marco legal costarricense. Su tema central se refería a nuestras riquezas marinas y el piso oceánico asociado4,5.

Ahora, al cumplirse un nuevo aniversario de esa gesta patriótica, quebrantada con tan infame imposición imperialista en complicidad de los siervos menguados del país, y cuyos resultados hoy el pueblo padece con mayor crudeza; es oportuno y justo apuntar también que, a partir de entonces y quizás paradójicamente, nuestros sueños de prosperidad se multiplicaron y son una invaluable motivación en la eterna lucha por un país efectivamente mejor. Territorio donde no exista segregación social o económica alguna, y sí, donde la vida digna y saludable para todos sus habitantes, sea una realidad fundamental garantizada; y no la ficción perpetua como acertadamente se percibía al analizar aquello de que, los políticos pasan “programando nuestro desarrollo de espaldas al mar”. Claro está y como siempre sucede en este bregar, también se han multiplicado los bribones de la política escenificada durante cada campaña electoral y que, con referencia a esos conocimientos, proponen la prosperidad de su futuro gobierno o mejor dicho la de sus financistas, a partir de la explotación de las riquezas marinas; puntualmente citan el domo térmico. Un tema aparentemente poco conocido por la Nación, sin embargo y como ya se dijo, en estudio hace más de cincuenta años por parte de gringos, franceses, alemanes y japoneses; y vale creer que jamás de gratis, así como que, la pobreza y pobreza extrema de nuestros pescadores artesanales no obedece a un castigo divino.

En ese mismo orden, es conocido que, por parte de científicos nacionales, se han dado a conocer nuevas investigaciones sobre dichos recursos, las cuales, ratifican que, en Costa Rica, bajo las aguas del Océano Pacífico poseemos, por ejemplo, lo que el Dr. Jorge Jiménez (2016) y su representada Mar Viva6, titula: “El Domo Térmico de Costa Rica: Un oasis de productividad frente a las costas del Pacífico Centroamericano”. Sobre esto mismo, Quirós, G. 2007 lo señala como un “Extraño acoplamiento entre la atmósfera y el océano en nuestros territorios marinos. Según esa investigación, “entender la posición y extensión del Domo, es de gran relevancia para su manejo y conservación”, pues se trata de un fenómeno oceanográfico de alto dinamismo cíclico, en el cual confluyen diferentes corrientes marinas y vientos, especialmente los alisios. Específicamente se le describe como una zona que está “…en constante expansión, contracción y desplazamiento, dependiendo de la etapa del año”. Por ejemplo, durante el período de máxima extensión, el núcleo cubre parte de las aguas jurisdiccionales de todos los países centroamericanos y abarca un área aproximada a cinco veces el territorio continental costarricense.

En cuanto a la biodiversidad, también se le describe como compleja y abundante, donde cohabitan “…desde algas microscópicas hasta grandes especies marinas, como el calamar gigante (Dosidicus gigas) y la ballena azul (Balaenoptera musculus)” que, entre sus características, es parcialmente descrita como el animal más grande del Planeta y en peligro de extinción. Además, parte de la depredación que la afecta, es ocasionada por el tráfico marítimo a través del Domo; zona confirmada como un espacio de su alimentación y alumbramiento. Otras de las riquezas biológicas de dicha zona, es la alta productividad del atún aleta amarilla, tanto como la presencia de delfines y cinco especies de tortugas, entre ellas la Baula, cuya existencia está en peligro crítico de extinción.

De manera que, acerca del Domo Térmico de la Región centroamericana y lo que a nuestro país pertenece y compete, comprendemos que se trata de una zona marina inmensamente rica en biodiversidad, pero abandonada por las autoridades nacionales. Situación que le ha generado severos daños ambientales, producto de los impactos sin regulaciones ni controles de la pesca ilegal aparentemente por parte de flotas extranjeras, tráfico de diferente tipo, muerte violenta de especies en peligro de extinción, contaminación por plásticos, etc. Por lo tanto, sin ningún manejo acorde con nuestra legislación (de paso también en vías de regresión) ni seguimiento a los daños ambientales que soporta. Es decir, esas mismas condiciones contrapuestas, parecen conformar su principal debilidad a nivel de una zona muy frágil, la cual, si nuestras autoridades fueran o quisieran ser realmente consecuentes con las políticas ambientales de su “liderazgo mundial” ahora también en temas oceánicos; esta zona debería declararse bajo algún estatus de área protegida. Claro está que, estas categorías, para los fanáticos del “mercado libre” siempre serán obstáculos; en lenguaje criollo: “cuellos de botella” a eliminar. Nos preguntamos, cuál será la intencionalidad real por parte del gobierno de Costa Rica con respecto al Tratado del Mar7, al anunciar como apuntaremos luego, que está próximo a ser ratificado; si en dicho Tratado, se contempla la obligación de reforzar el rigor de la Evaluación de Impacto Ambiental, y las acciones más recientes sobre el tema, se han dado severamente al revés (Ejemplo: D.E. 43898-2023).

Hace menos de tres meses que ante el CELAC y la UE8, el presidente Rodrigo Chaves discurseaba reiterando su “inquebrantable compromiso y respeto” con los derechos humanos, el sistema democrático de gobierno y la economía de mercado. También que, “Costa Rica considera que la protección ambiental, por su impacto y magnitud, es uno de los retos que nos supone mayor compromiso y unidad”. Esto así dicho, es acorde con lo que el gobierno se propuso al iniciar su gestión, compromiso y respeto inquebrantables con el mercado, mientras con la protección del ambiente sólo supone (no tiene certeza completa) un mayor compromiso. Pero su falaz discurso fue más amplio: “…celebramos la reciente adopción del Tratado de Alta Mar, que Costa Rica suscribirá en setiembre durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Invitamos a los países de la región a lograr las 60 ratificaciones que se requieren para su entrada en vigor”. En igual sentido, hizo alusióna que, Costa Ricaapoya la iniciativa Global Gateway, mediante la cual, se procura impulsar la “inversión en proyectos sostenibles y de alta calidad” para fortalecer la lucha contra el cambio climático”. Que se une al llamado de más de 20 países, varios miembros de la CELAC y de la Unión Europea; para implementar una Prórroga Precautoria al inicio de la minería de suelos marinos, hasta tanto no se pueda asegurar la protección efectiva del ambiente marino, como lo requiere la Convención del Mar. Que producto de ese compromiso, el próximo año el país será sede de un evento temático de alto nivel sobre acción oceánica, buscando impulsar los resultados de la Conferencia de 2025, de la cual somos coanfitriones, junto con Francia. En principio la intensión parece buena, pero más clara, es la decisión política de desarrollar este tipo de minería de grandes riesgos ambientales; cuestión de tiempo y estrategia de mercado.

Ironía. En ese llamado e invitación a ratificar, determinamos como lo más evidente, una insólita conducta en faltar a la verdad, dado que el compromiso real es quizás lo que más se oculta, pues en la práctica, el Gobierno de Costa Rica no ha sido congruente con sus acciones respecto a los compromisos adquiridos para la ratificación de otro Tratado, el Tratado Regional conocido como Acuerdo de Escazú9,10. Este instrumento, en la actualidad está vigente gracias a la voluntad efectiva de ratificación por otros países como nuestros propios vecinos Panamá y Nicaragua, sin Costa Rica. De manera que, por lo que representa el nombre de este Tratado para los habitantes del municipio de Escazú y de toda Costa Rica, decimos que, los escazuceños deberían demandar un resarcimiento del gobierno actual. Obsérvese también que, los propósitos de este Acuerdo denotan una real progresividad según su objetivo de: “…garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales…” (Artículo 1). Constituye el primer instrumento internacional, a nivel global, en tutelar los derechos de los defensores de derechos humanos. A la vez que, “se reconocen principios democráticos fundamentales y se procura abordar uno de los desafíos más importantes de la región: el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada. También es un tratado de derechos humanos” (A. Bárcenas, ex secretaria Ejecutiva de CEPAL)11.

De las anteriores referencias, si no fuera por los hechos con los que procuramos contextualizar sobre la situación ambiental que enfrenta el país y con ello sustentar el ejercicio de la denuncia pública, se podría caer en el error de creer que las políticas públicas ambientales de Costa Rica, están orientadas según lo divulga principalmente su gobierno, a impulsar la “sostenibilidad de alta calidad” honrando compromisos ambientales de nivel internacional. Nada es así, y como dice el adagio popular: “para muestra basta un botón”. Es conocido públicamente y aunque no lo suficiente, la entrada en operación de la actividad denominada Transporte marítimo de corta distancia, mediante un ferri de carga entre Costa Rica y El Salvador. En este caso, por parte de la corporación panameña Blue Way con socios alemanes, representada en Costa Rica por Transmares, y el uso del buque Blue Wave Harmony de bandera panameña.

Consecuentemente, está a la vista que iniciaron un nuevo negocio privado al que llaman proyecto pionero, no obstante, con onerosos costos estatales al menos en Puerto Caldera e instalaciones aledañas, obras próximas a ser “modernizadas”; según declaraciones del jerarca más recientemente nombrado al frente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)12. Al inferir sobre esta actividad de trasporte también en aspectos como: el tiempo que tardó en ejecutarse entre treinta y cuarenta años, las deficiencias divulgadas por diferentes actores sobre Puerto Caldera e inclusive el informe de la Contraloría General de República en cuanto a la  administración del mismo, la aparente destitución del anterior presidente ejecutivo de Instituto, contradicciones entre ventajas y desventajas con respecto al transporte alternativo, características del buque, etc.; no se auguran beneficios comerciales y mucho menos impactos ambientales positivos para la Nación costarricense, pero los concesionarios una vez más se llevarán todo. Mientras tanto, los habitantes de Caldera observan cada vez mas cerca su inminente desalojo costero y desamparo; para ellos no llegará la millonaria modernización que ya demandan los concesionarios del Puerto.

Por otra parte, nos genera atención especial el hecho de que, tanto en los reportajes periodísticos observados a favor o en contra de la actividad, como en las publicaciones oficiales sobre el tema, no se logra determinar si previo a la entrada en operación del buque IMO-9007283 en su ruta (La Unión – Caldera), se cumplieron regulaciones ambientales de algún tipo13,14, a fin de prevenir sus impactos ambientales y consecuentemente los daños. Tomemos en cuenta que, en apariencia, la ruta de la embarcación en algún porcentaje significativo surca sobre el Domo Térmico de Costa Rica. Además, debe prestarse atención, que se trata de un buque viejo (32 años), pues según los organismos internacionales la vida útil de éstas naves se estima entre 25 y 30 años; entró en operación un 7 de octubre de 1991, aproximadamente a los 10 años empezó a recibir reparaciones y ha cambiado de nombre tres veces; entre otras características15.Y para mejor muestra, algo más: por nuestras funciones consultivas, hace ya tres años en visita a las instalaciones de la Setena, coincidimos en tiempo y espacio con una visitante al parecer también con igual oficio, quien, con enojo, reclamaba el atraso en dar respuesta a alguna consulta suya. Tipo de gestión que, la institución denomina consulta técnica. En la mayoría de casos, se presentan por parte de los proyectistas, para que la institución les oriente acerca de si lo que se proponen desarrollar, debe cumplir con alguno de los procesos de viabilidad ambiental que administra la Setena.

También, a consecuencia de la situación presenciada dado el tono de la inusual reclamación y las trifulcas internas al atender el caso, nos interesamos a la vez en conocer su desenlace. No fue fácil, pero en alguna medida se logró y damos gracias a las normas que dispusieron el derecho ciudadano de acceso a la información pública. Resultando, primero que el atraso lo generaba una controversia en cuanto a si la actividad de transporte de carga marítima y subrayo de este mismo proyecto del ferri centroamericano, requería o no, cumplir con la evaluación de impacto ambiental según la normativa en la materia y obligaciones de la Setena. Al parecer, a un profesional técnico sin rango de mando, le habían asignado analizar y preparar el criterio sobre la consulta, y si bien lo había cumplido, al ser firmado por sus jefaturas, dicho criterio no coincidía con lo pretendido por ellas; razón por la cual se le exigía cambiarlo. En síntesis, tal funcionario había fundamentado que la actividad debía gestionar la viabilidad ambiental antes de operar. No conocimos por parte de quien o quienes, pero la realidad fue que, el criterio del técnico se cambió y la Setena, terminó respondiendo a la interesada que su actividad no requería evaluación de impacto ambiental. Aunque confuso, mediante el oficio SETENA-DA-Educa-0310-2020 se le indicó: “…al tratarse de una ruta marítima, ya al no estar legislado el tema ante la SETENA, no es de aplicación someterse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, para la obtención de viabilidad (licencia) ambiental”. Actuación claramente contraria al principio precautorio. Finalmente, este caso, nos permitió conocer de otros, tanto oficiales como privados, en que, bajo el mismo procedimiento, se exonera la obligación del proceso de Viabilidad Ambiental.

En conclusión y según los hechos, la declaración explícita de “compromiso inquebrantable con la economía de mercado” por parte del gobierno de Costa Rica, no es menos que una declaración de tipo belicista. Pues a través de ella, ahora sin contemplaciones éticas y mucho menos morales bajo las que se han especializado, se procura culminar la imposición del proyecto histórico neoliberal y extractivista por excelencia; al acecho de su Patrimonio Natural y social hace aproximadamente cuatro décadas. El Estado Social de Derecho y de Servicio Público, así como las reservas de recursos naturales son su principal presa. La multiplicación de indicadores negativos en todos los órdenes de la vida nacional, exhiben tanto a lo interno como internacionalmente, la gran crisis a que se ha conducido nuestro país. Por ejemplo, la violencia extrema, inequidad, precariedad del trabajo asalariado y hasta trabajo esclavo, desempleo, graves deficiencias en servicios públicos básicos como en la educación y salud, abandono de la producción agrícola de alimentos básicos, contaminación, sobreexplotación de recursos naturales, creciente endeudamiento del Estado y desfinanciamiento del presupuesto nacional, autoritarismo, criminalización de la protesta social, etc.; son únicamente una parte de la situación.

Y si bien la extensión del territorio costarricense es relativamente pequeña, a nivel internacional logró ser reconocido como un territorio privilegiado por la naturaleza gracias a la abundancia de ecosistemas de elevada biodiversidad (megadiverso) y posición global; pero también es cierto que, esta característica históricamente fue acompañada de eficientes políticas públicas sobre protección y conservación ambiental. De manera que, ambos atributos permitieron forjar a la vez liderazgo mundial en materia del ambiente. Un liderazgo que indiscutiblemente y para bien del país, le ha generado significativas donaciones económicas, pero que quizás, el mayor dividendo es la creciente visitación turística internacional; sin lugar a duda promocionada con eficiencia publicitaria. No obstante, no se vislumbra en el horizonte que estas ventajas sigan la misma tendencia, si tomamos en cuenta que parte de las riquezas naturales que conforman el atractivo que se publicita, son presa directa e indirecta de la economía de mercado proclamada por el presidente Chaves; aunque su ministro de Ambiente y Energía por otro lado, se equivoque o mienta al haber declarado que, el país se propone desarrollar la Economía Circular16.

El Domo Térmico con su inmensa biodiversidad, así como los yacimientos de hidrocarburos y minerales presentes en el suelo marino de nuestro territorio, hoy día constituyen riquezas de incalculable valor económico pero que, por su ubicación en territorio altamente frágil, los costos ambientales de una posible explotación pueden ser iguales o superiores. Y si bien, según se dice, ha existido explotación pesquera a nivel extractivo y sin controles legales ni técnicos; es claro que, en esta ausencia de beneficios para el país, el Océano carga con los daños ambientales directos de tal explotación, más los de la contaminación acarreada por los cursos de agua provenientes del territorio continental. Es decir que, por lo que representa el territorio marino costarricense en el Océano Pacífico como espacio de alta fragilidad y los daños ambientales que ahí se dan; toda nueva obra o actividad que en el mismo territorio se desarrolle sin las mínimas regulaciones técnicas y legales, no hacen más que acelerar su destrucción ecológica.

En línea con lo anterior, se debe contemplar el proyecto bajo el cual se puso en operación el Ferri La Unión – Caldera, de cuyo buque a pesar de que no hemos tenido acceso a los últimos reportes de mantenimiento, la ficha técnica es reveladora de que aparentemente su vida útil está caduca. Por lo tanto, los potenciales impactos ambientales negativos del llamado proyecto “pionero”, presenta adicionales riesgos o amenazas que merecen cuanto antes y aunque ya esté en operación, urgentes medidas de corrección y más. Por consiguiente, en vista de que ya se demanda del Estado una millonaria inversión en la modernización de Puerto Caldera, más urgente parece la sustitución del barco, si en algo se desea simular a una actividad pionera de “Inversión en proyectos sostenibles y de alta calidad para fortalecer la lucha contra el cambio climático”.

Facilitar el desarrollo de nuevas actividades comerciales privadas, exoneradas del instrumento de la evaluación de impacto ambiental en zonas de alta biodiversidad dentro del territorio costarricense; no sólo multiplica las amenazas contra especies de la fauna marina en peligro de extinción, sino que, también representa un desacato infraganti de los principios del derecho ambiental, como el precautorio y la no regresión.

Así como el Domo Térmico de Costa Rica es sorprendente por su enorme biodiversidad y obvia riqueza natural que concentra, parece mayor la de los yacimientos de níquel, cadmio, metales preciosos, gas natural y petróleo detectados en el suelo marino del mismo territorio oceánico según los estudios de referencia. Sin embargo, tanto por la política económica del gobierno Chaves Robles y su asociado compromiso de apertura a la inversión extranjera, como por el contexto internacional y la crisis energética que atraviesa el capitalismo occidental, donde este presidente identifica a sus socios; la perspectiva socioambiental para Costa Rica es sombría, las banderas de alerta más calificadas del país por parte de la ciencia y organizaciones ambientales ya están izadas. No las dejemos bajar ni a media asta.

Referencias

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Memorándum_del_miedo

2. https://www.elpais.cr/2017/09/07/no-debemos-olvidar/

3. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/8/31/cuando-la-sed-por-el-conocimiento-y-la-pasion-por-la-justicia-desembocan-en-el-servicio-a-los-demas.html

4. https://groups.google.com/g/baproees/c/F5F-vSiRcvQ

5. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2016/03/18/territorio-sumergido-por-descubrir.html

6. Jiménez, J.A. 2016. El Domo Térmico de Costa Rica: Un oasis de productividad frente a las costas del Pacífico Centroamericano. Fundación Mar Viva.

7. https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-vision/perspectivas/diez-cosas-sobre tratado-altamar/

8. https://www.elpais.cr/2023/07/18/la-propuesta-de-costa-rica-en-cumbre-ue-celac-discurso/

9.https://www.elpais.cr/2023/02/01/costa-rica-retrocede-en-legislacion-ambiental-al-sepultar-acuerdo-de-escazu/

10. https://surcosdigital.com/ambiente-y-ecosistemas-ausente-en-primer-informe-de-rodrigo-chaves/

11. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a6049491-a9ee-4c53-ae7c-a8a17ca9504e/content

12. https://incop.go.cr/noticias/mensaje-bienvenida-pteejecutivo_brauliovenegasdijeres/

13. https://www.imo.org/es/About/HistoryOfIMO/Paginas/Default.aspx

14. https://www.boletinpatron.com/convenio-solas/

15. https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Sea_Anatolia

16. https://www.meic.go.cr/comunicado/1217/costa-rica-traza-su-ruta-hacia-un-futuro-circular-conoce-la-estrategia-nacional-de-economia-circular.php

Acuerdo Escazú: A punto del vencimiento en Costa Rica

Observatorio de Bienes Comunes

El próximo 31 de enero 2023 se vence el  tiempo que tiene el Acuerdo de Escazú para ser aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Lo cual significa un revés en materia de política ambiental para el país.

A pesar de que todas las bancadas legislativas señalan que no aporta nada nuevo a la legislación vigente, muestran su desinterés y rechazo, amparados en que retarda una supuesta «reactivación económica» ¿Qué tipo de reactivación económica representa en donde las garantías ambientales la pueden retrasar? ¿Qué tipo de actividades económicas están pensando?

Por esta razón, aprovechamos la oportunidad que brinda el Estudio del IDESPO-UNA titulado «Percepción de la población sobre temas ambientales y gobernanza ambiental en Costa Rica» para reflexionar sobre ¿Qué incomoda a los sectores opositores al Acuerdo de Escazú?

El Estudio de IDESPO-UNA nos llama la atención sobre el fuerte apoyo que existe por parte de las personas consultadas a los principios que constituyen el Acuerdo de Escazú. Estas dimensiones son parte fundamental de cualquier política ambiental tales como acceso a la información de proyectos, mecanismos inclusivos de participación ambiental, derechos de las personas a un ambiente sano (esto incluye la defensa de la vida de las personas defensoras) o velar porque las actividades económicas-productivas no deterioren el ambiente.

Lo cual nos lleva a preguntarnos tanto los sectores que se oponen y el gobierno actual ¿Qué tipo de política ambiental apoyan?

ABACOTE DE CARLOS ALVARADO HONRÓ EL DIABLO AMBIENTAL

Juan Francisco Campos

Mayo 2022

Sin representar el único punto flaco de su gestión gubernamental y sea este por omisión o extralimitación, es constatable que, las autoridades costarricenses 2018-2022 desde el presidente, primera dama, ministros como los de Ambiente y Energía más los jerarcas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); se desbordaron en hipocresía con el tema ambiental. Así sucedió en su perenne recorrido por el mundo desde que asumieron el gobierno hasta el final. Por ejemplo, durante sus últimos paseos, el presidente una vez más discursea en España y Francia sobre un supuesto entusiasmo del país bajo su gobierno, por mantener valores como la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad. A lo cual no faltaron adulaciones para resaltar “…el compromiso del presidente Alvarado y del país para liderar con el ejemplo en la lucha contra el cambio climático y por impulsar el desarrollo sostenible tanto en el nivel nacional como en el internacional”1.

Otro ejemplo reciente, fueron las emociones expresadas por el actual ministro de turismo, a partir de las cuales, en México el diario El Heraldo se rajó con lo de “Costa Rica: el edén sustentable del mundo2. Posiblemente el joven ministrito, desconoce que un anterior colega suyo de los años noventa, por tan embusteros discursos y actuaciones inconsecuentes, recibió en sus propias manos el más justo premio conocido como el “Diablo Ambiental 1993”; entregado al entonces titular costarricense de la cartera de turismo por parte de organizaciones ecologistas alemanas3,4 .

Pero, hay de los falsos profetas, porque, lo realmente hecho en este país con la política ambiental del gobierno saliente, más allá de la lista de premios y sus dádivas millonarias, viajes por el mundo y los puestos asignados o por asignar en entidades extranjeras; altamente relevante y probado con suficiencia, es su boicot a la ratificación del Acuerdo de Escazú durante estos cuatro años, por parte de los tres poderes de la república. Acciones sin duda indicadoras de que, aplicaron un rechazo ad portas de los pronunciamientos y excitativas por parte de organizaciones sociales y hasta de los equipos humanos de mayor renombre científico del país5,6. También, la regresión en normativa de evaluación de impacto ambiental y la arremetida e impunidad en la violación de derechos humanos7,8,9, contra diferentes actores sociales representantes de pueblos indígenas10, organizaciones sindicales11, campesinos, ambientalistas12, etc.

Con respecto a la ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica, por intermedio de su gobierno pasó de protagonista a antagonista del citado Acuerdo jurídico cuyo nombre, rememora nuestra historia geográfica y ancestral. Y esto es así, máximo si observamos que, siendo el mismo Acuerdo impulsado al más alto nivel internacional por parte de la ONU a través de la CEPAL; es paradójico que durante el período 2020-2022 aún vigente, esta Comisión Regional haya estado bajo la presidencia pro tempore de Costa Rica13. Es decir, dicho gobierno ha actuado en el Organismo como un vil farsante, y por lo tanto merecedor de juzgamiento y condena; al menos por el agravio a nuestra Nación. En consecuencia, es claro que, mediante lo reseñado, se aportan elementos para la catorceava causa penal que, debería interponerse contra el señor Alvarado Quesada14,15. Además, téngase presente que, el principal socio en tan hipócrita actuación costarricense, fue el también desprestigiado y represor gobierno chileno del expresidente Piñera, no obstante que hasta el 2018, los gobiernos de ambos países, habían cumplido un meritorio desempeño como promotores del Acuerdo en la Región. Pero por nuestra parte, no fueron los mismos representantes, aunque personificaran el mismo partido gobernante. Hoy, para bien de Chile y lo contrario de Costa Rica, el nuevo presidente Gabriel Boric está rectificando16 la funesta actuación de su antecesor. Mientras en Costa Rica, por declaraciones ya emitidas17 y lo intereses economicistas que representa el nuevo presidente tico y la lista de sus colaboradores aparentemente nombrados a partir de una singular “feria de empleo público” a su cargo18, no hay esperanzas de algo similar o nuevo acompañamiento con los chilenos. De manera que, es poca la duda existente en cuanto a que la hipocresía continuará y posiblemente la lista de “premios” aumente; sin olvidar que, a veces, éstos es más lo que encubren que lo que distinguen.No se observó honradez ni consecuencia, ya sea del presidente Alvarado o al menos de la ministra de Estado Andrea Meza, titular del Órgano “encargado de emitir políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo y uso sostenible19, al haber desistido de estar presente en Chille durante la COP1 del Acuerdo de Escazú. Fue al canciller, cuyas funciones están también claramente definidas, a quien se delegó la participación presencial y decir algo; así como también a la vice presidenta E. Campbel, pero ella a distancia. Tomemos nota, se ha tratado de la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú con sus 12 estados miembros plenos sin Costa Rica, llevada a cabo en la cede de la CEPAL en Chile del 20 al 22 de abril 202220. Sin embargo, transcurridos menos de dos meses, en la propia capital costarricense, durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible del 7 al 9 de marzo, y el evento paralelo titulado “Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”; la llamada banca multilateral y la OCDE se pronunciaron señalándolo “…como herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones,21.¿Dónde quedó el “liderazgo ambiental” de nuestro presidente y su corte? Recordemos que mientras el gobierno de Alvarado llevó a cabo todas las acciones complementarias inclusive sin escatimar los onerosos costos (más de dos mil millones de colones anuales por membrecía) para meter a Costa Rica como miembro de esta alianza de países ricos del Planeta22; paralelamente sucedió el boicot contra el Acuerdo de Escazú. Estas actuaciones no son jamás de ejemplo mundial; repudio y condena sí.Según el sitio web de la Agencia efe.com y la entrevista por parte de la periodista Alida Juliani a Carlos Alvarado durante su paso por Madrid23, el presidente declaró que “dejará el poder con la casa ordenada, en lo financiero, medioambiental y en avances en derechos humanos”; lo cual, considera que es «un logro después de mucho tiempo de desórdenes». A su juicio, estos temas representan los grandes asuntos en los que ha trabajado su Gobierno y a la vez, los avances que se deben mantener en un «país moderno». Y si bien hace algunas referencias de los supuestos logros en lo social y financiero, en cuanto a lo ambiental se limitó a la simple cita. Por tal razón, al menos para esta ocasión, planteamos que fue lo mejor que pudo haber hecho, pues ante la regresión de normas y otras acechanzas de su gobierno en materia de evaluación de impacto ambiental y las consecuencias negativas, es decir daños ambientales24,25 (según la contundente y consistente definición de la Ley 7554 y su Reglamento EIA) que ya se contabilizan, no hay palabras ni discursos que puedan ocultarlos. Para mayor detalle, es oportuno citar el artículo titulado: “La inconsecuente política ambiental de Costa Rica: un producto de las alianzas público-privadas”; publicado en el sitio web Rebelión del pasado 11 de diciembre 202126.

En la reseña de hechos de dicho artículo, se describe una lamentable situación, a la cual se condujo según su autor, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; institución pública de desconcentración máxima por mandato de Ley. De tal caso y dado la aparente ilegalidad, es crítica la intervención política dirigida desde la propia presidencia de la República a cargo de la esposa del presidente y un viceministerio incrustado en la Institución, operando este último por aproximadamente dos años; e irrespetando así el nivel de administración que caracteriza a éste Organo y su funcionalidad técnica. Además, aunque no constituyen los dos únicos puntos, se describe también una serie de reformas normativas, especialmente decretos ejecutivos y acuerdos administrativos que también, aparentemente contravienen el derecho ambiental dispuesto constitucionalmente y las leyes nacionales; en tanto se promulgaron con carácter de regresividad. Asunto verificable en la función rectora de la cual la Institución es responsable: la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de actividades, obras o proyectos irrestrictamente en concordancia a la Constitución, leyes y Reglamento.

De manera que, debe observarse la gravedad de los hechos descritos y entre las consecuencias directas, determinar puntualmente las cifras (miles) de proyectos, obras o actividades a los que, sólo por medio del decreto ejecutivo No. 41815-2019 se les derogó la responsabilidad y obligación legal de ser evaluados según la herramienta de la EIA dispuesta en el Artículo No. 17 de la Ley 7554. Trabajo a cargo únicamente de la Institución según esta misma Ley, pero que, durante aproximadamente tres años ya no cumple. No puede pasar desapercibido que, mientras esta disposición legal, establece la obligación de llevar a cabo el proceso evaluativo ex ante, y que de concluirse que el estudio técnico del caso que sea es cabalmente satisfactorio, el órgano colegiado resuelve el asunto emitiendo una resolución debidamente fundamentada sobre la aprobación del estudio; a partir de la cual iniciará la etapa de control y seguimiento ambiental. Sin embargo, con la reforma antes citada al Reglamento, no sólo se elimina esa evaluación al cambiarla por el registro administrativo sin mediar estudios técnicos, sino que, un funcionario que verifica el registro también es quien aprueba el proyecto mediante una nota sin fundamentación y ninguna participación del órgano colegiado. Mientras tanto, las mismas huestes de la secretaria anterior (Cinthya Barzuna) elevada hace pocos meses a vice ministra de mares, contingente de donde eligieron el actual y nuevo secretario, llevan más de dos años repitiendo que modernizaron la institución, acabaron con las presas de expedientes, y “están migrando a un sistema de control y seguimiento”; pues como que lo que antes hacían era “evaluación de escritorio”27. Aseveración totalmente falsa. Pues que no lo cumplieran a cabalidad, es diferente.

Pero ¿Qué está sucediendo con los daños ambientales ya causados y los que seguirán acumulándose a nivel nacional, así como la colateral violación de derechos humanos consecuencia de esas decisiones y acciones tanto ejecutivas como administrativas, bajo argumentaciones sesgadas e inconsistentes, con las cuales, se alega que así corresponde por tratarse de proyectos de bajo impacto ambiental? Técnica y científicamente, en ninguna parte del mundo y por ende ni en Costa Rica, se ha demostrado hasta hoy, que alguna categoría de impacto clasificada como alto, medio o bajo; sea insignificante y por lo tanto puede omitirse el proceso de evaluación de impacto ambiental cuando se desarrollan proyectos que clasifican bajo alguna de ellas; pues la sinergia y efectos acumulativos siempre estarán presentes en todos. Vale como ejemplo, el desastre ambiental de Crucitas28, tan divulgado especialmente por intereses comerciales ligados al neo extractivismo y quienes, no dan igual cobertura a otros casos iguales o peores. Ahí, es real el impacto observado y los obvios daños ambientales causados por un tipo de minería que, no obstante por ser artesanal (coligalleros), definida según nuestra legislación como de pequeños operadores individuales o colectivos que laboran a pico y pala principalmente; podemos plantear que cada uno representa un proyecto de bajo impacto. Pero en este caso, han estado actuando en alto número y localizados en un espacio y tiempo dado; por lo tanto, el impacto que genera el conjunto o contingente de coligalleros, es sin duda alguna similar al de un proyecto de alto o muy alto impacto. Nada garantiza que si fuera la Cía. Infinito quien lleva a cabo tal explotación causara menos daños. Otro caso a la vista, es Guanacaste con la desertificación de suelos e insuficiencia del recurso agua, lo cual, esto no obedece a que un megaproyecto turístico o de otra naturaleza y por tanto de alto a muy alto impacto, se desarrolló por todo o gran parte del territorio provincial. Sino que, su principal causa son los Grandes, medianos y pequeños proyectos allí desarrollados hasta sobrepasar la carga ambiental sobre el recurso hídrico disponible y propia del territorio. Y con PACUME29 que será “agua para ampliar y prolongar la prosperidad del empresariado que seguirá expropiando a los guanacastecos, a corto o mediano plazo pedirá un PACUME 2; así haya que continuar cercenando Areas Silvestres Protegidas de incalculable riqueza bilógica como Lomas Barbudal. Vale recordar que, a PACUME le antecede el proyecto de Riego Arenal-Tempisque.

Mediante consulta al sitio web y archivos de la institución (SETENA), más otras fuentes periodísticas de información, hemos procurado dar seguimiento a estos hechos y actualizar cifras; a fin de procurar mayor conciencia en la ciudadanía acerca del desastre ambiental, y por ende, “el desorden en que dejan la casa” en lo ambiental, producto de las acciones inescrupulosas del gobierno saliente. Por lo tanto, ¿Qué ha sucedido y sigue sucediendo con los proyectos, obras o actividades que, según la Ley vigente se deben evaluar técnica y científicamente, a fin de identificar y prevenir sus impactos ambientales con medidas apropiadas, y de tal manera evitar los posibles daños ambientales cuyo carácter es irreversible; pero que mediante el D.E.N° 41815-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC vigente desde el 05 de julio del 2019 fue derogada tal obligación? Véase por ejemplo lo que al respecto dice el señor Ulises Alvarez secretario actual de la SETENA en su ambiguo e inconsistente Informe 2021: “El principal cambio que aporta este Decreto es que elimina el requisito de los trámites D2 pasen por la Comisión Plenaria”. Ahora, como simple registro y permiso inmediato, es un trámite que tarda 1,9 días. Y para mayores detalles de estos proyectos, estimados a priori como de bajo impacto ambiental por la parte desarrolladora y que luego de presentados casi automáticamente quedan registrados y con permiso dudoso de qué; por ser los más numerosos, se complementa el siguiente abordaje:

Cuadro 1. Efectos en los trámites ante la SETENA producto de reformas regresivas al Reglamento General de la EIA en el período 2018-2022

 Año D1 D2 D1+ D2 % D2
2022 149*  345*  494* 69.8
2021 609 1276 1.885 68.0
2020 692 1.013 1.705 59.4
2019 848 709 + 579** 2.136 60.3
2018 986 1.172 2.158 54.3
Total 3.213

*Cifras registradas durante el 2022 con corte al 18 de abril

**Cifra registrada a partir del 10 de julio al 20 de diciembre 2019

Corresponde aclarar que, los datos del presente cuadro, si bien no representan la totalidad de los trámites que atiende esta institución anualmente con los denominados documentos de evaluación D1, D2 y otros; estos dos representan un porcentaje mayor al 90 % del total. Razón por la cual, para lo que interesa destacar, se consideró irrelevante la inclusión de los otros.

Como se puede observar, la citada reforma ha contribuido a que, durante lo que lleva de vigencia, aproximadamente 3213 proyectos al parecer categorizados como de bajo impacto ambiental, no han recibido la Evaluación de Impacto Ambiental estipulada por Ley. Es decir, los que se hayan desarrollado, han impactado sobre el medio ambiente en ausencia de las previsiones y mitigaciones técnicas de rigor; consecuentemente derivando daños ambientales a nivel nacional, cuya acumulación, anualmente ha crecido y de hecho es cada vez mayor. Este, es un hecho fehaciente para plantear que el síndrome Crucitas, por esta vía se extendió a todo el territorio de Costa Rica a contra pelo del desarrollo ambientalmente sostenible. Además, estas cifras muestran una correlación significativa con el aumento, también anual de denuncias ambientales registradas por el MINAE. Ya que, de acuerdo con el sistema llamado SITADA30,31 y que coordina la Contraloría Ambiental para el recibo de las denuncias ambientales, tales acciones “se dispararon en un 86%” a partir del año 2018 con 3620 casos registrados. Luego, 5234 el siguiente año 2019, 5734 el 2020 y 6977 en el 2021. Por su parte, el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), integrante de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental; dado sus preocupaciones al respecto, le llevó a hacer efectiva la creación de una unidad especializada y dedicada a investigar los delitos ambientales, asignando 18 funcionarios quienes empezaron su labor el pasado 1 de abril 2022. “Según un comunicado de la Policía Judicial, el incremento en las denuncias por daño al medio ambiente “hace apremiante el abordaje de este delito con una sección especializada…”32,33. La atención de este tipo de denuncias por parte de la SETENA, es otro tema crítico que merece abordaje específico. En el artículo antes citado del sitio web Rebelión, se refieren algunos casos que deberían estar en manos de la Comisión que integra el OIJ así como de la oficina especializada; y determinar si ahora sí existe esperanza de sentar responsabilidades de quienes dañan el ambiente.

Cuando el presidente Alvarado firmó el referido Decreto que llamamos regresivo, en su alocución, entre otras cosas dijo que, la reforma permitiría tramitar “en tiempo récord de 1 minuto” y obviamente sin ser evaluados, un porcentaje equivalente al 54% de los procesos que tramitaba la SETENA34. La cifra en sí misma era cierta. Pero, los datos nos demuestran, que, al llegar aproximadamente a tres años de esa decisión, quizás en unión de otras prácticas comunes y vicios que afectan la Institución (ej.: oficios de exoneración de obligaciones sin criterio técnico), se observa un efecto dominó; pues ese porcentaje ha venido en aumento y ya ronda el 70%. Vale decir: en tres años, un aproximado al 70% de la función esencial de la SETENA, prácticamente no se lleva a cabo. Mientras tanto, en lugar de movilidad laboral como lógica respuesta a la “modernización” y relegación de funciones, lo observado también en el informe 2021del secretario, son recalificaciones y ascensos de personal. Además, entre la lista de debilidades, describe que el recurso humano es limitado, con baja experiencia institucional y poca capacitación.

En fin, este es parte del verdadero ordenamiento de la casa que nos deja Carlos Alvarado Quesada, donde el que la recibe no da señales de rumbo diferente si “por las vísperas ya conocemos el santo y sus ángeles”. Es por ejemplo el caso del entrante ministro de ambiente. Quién lo nombró, a pesar de quien lo presentó, no lo sabemos. Pero, como dicen algunos ecologistas35, a sus “enemigos imaginarios” sí. También, nos recuerda este ungido, la sorpresa vivida por un amigo, cuando, al atender una consultoría internacional para cierto país suramericano y le tocó visitar el despacho del ministro de ambiente; al observar en una pared de la oficina ministerial, nada menos que, la exhibición de una imagen alusiva a la transnacional Monsanto. De seguro, reveladora de los padrinos del ministro de allá, eso sí, sin olvidar que también en nuestra casa hay “anécdotas” de igual tipo.

Y así se empieza a escribir la historia de un presidente parejo, que, como por hechizo o tal vez lo real maravilloso, cayó en el poder con buenas intenciones de alinear un desordenado “Macondo” en América Central. Dijo al inicio que, trabajando y trabajando. Pero hasta ahora empezamos a verlo, era en el rescate de los mitos más profundos o escondidos en este territorio; los cuales, en competencia por el mundo voló y voló a aventurar. Hoy, al final de su novelesca travesía y el liderazgo de que todavía se cree que condujo36 sin igual por las premiaciones recogidas; el premio de lo realmente maravilloso de su obra, es lo último que mejor le han otorgado a nivel continental y lo llevará colgando siempre. Y aunque no da muestra de haber vuelto a la realidad, lo queremos comprender. En su soledad sólo lo acompaña un duque del Sur. Qué pena, pues por el Norte ríen desde lo alto, mientras ni los correligionarios que desde el Buenos Aires se fueron a celebrar su extinción partidaria, lo acompañan. Y como la fantasía es infinita, este espectador desea 100 años “vivir para contarla”. Buen día señor presidente.

Referencias

1.https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2022/04/ocde-reconoce-el-liderazgo-de-costa-rica-en-materia-ambiental-como-un-componente-que-fortalecera-a-la-organizacion/

  1. https://heraldodemexico.com.mx/temas/eden-sustentable-49180.html

3.https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/20565/198_16-17.pdf

  1. https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/463/7_3-4.pdf

5.https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/05/10/la-ucr-insta-al-gobierno-y-a-la-asamblea-legislativa-a-ratificar-el-acuerdo-del-escazu.html

6.https://www.elpais.cr/2022/03/17/consejo-universitario-de-la-una-a-favor-del-acuerdo-de-escazu/

  1. https://www.elpais.cr/2022/02/28/las-palabras-del-padre-de-jerhy-rivera/

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26.https://rebelion.org/la-inconsecuente-politica-ambiental-de-costa-rica-un-producto-de-las-alianzas-publico-privadas/

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28.https://semanariouniversidad.com/pais/la-nefasta-herencia-de-la-fiebre-del-oro-en-crucitas/

29.https://www.periodicomensaje.com/guanacaste/5282-al-fin-proyecto-paacume-es-declarado-constitucional-y-podra-seguir-su-rumbo

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34.https://www.larepublica.net/noticia/54-del-total-de-trabajo-que-realiza-setena-se-hara-en-linea

35.https://www.elpais.cr/2022/04/26/los-enemigos-imaginarios-del-ministro-franz-tattenbach/

36.https://www.elpais.cr/2022/04/28/alvarado-abogo-porque-costa-rica-continue-liderazgo-ambiental/

Imagen tomada de civilsocietyreview.org