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Etiqueta: política penitenciaria

¿Desde cuándo crear dejó de ser trabajo?

Glenm Gómez Álvarez, Pbro

Hay declaraciones públicas que preocupan no solamente por lo que dicen, sino por la visión de sociedad que revelan. Que el ministro de Justicia afirme que las actividades artísticas, literarias o artesanales no constituyen un trabajo, particularmente en el contexto de personas privadas de libertad que buscan descontar pena mediante esas labores, resulta profundamente cuestionable.

Y preocupa más todavía porque no se trata de una discusión técnica. Lo que está en juego es la comprensión misma de la dignidad humana, del valor de la cultura y de la capacidad transformadora del trabajo creativo.

¿Desde cuándo escribir no es trabajar? ¿Desde cuándo pintar, hacer música, elaborar artesanías o desarrollar actividades culturales dejaron de exigir disciplina, tiempo, talento y esfuerzo? Quien haya escrito un artículo, compuesto una canción, producido una pieza artesanal o dedicado horas a una expresión artística sabe perfectamente que detrás de ello existe trabajo real. Trabajo intelectual, emocional y muchas veces físico.

Como periodista, me cuesta entender ese razonamiento. Porque buena parte de mi vida ha girado precisamente alrededor de la palabra, de la observación, de la construcción de contenidos y del ejercicio crítico. Y nadie podría afirmar seriamente que eso no es trabajo. Sería absurdo. Pero además sería ofensivo para miles de personas que viven de actividades creativas y culturales.

Hay una tendencia peligrosa a reducir el concepto de trabajo únicamente a aquello que produce un bien material inmediato o que encaja en ciertos moldes tradicionales. Como si el valor de una persona dependiera exclusivamente de cargar bloques, mover maquinaria o ejecutar tareas manuales visibles. Pero las sociedades modernas también se construyen desde las ideas, desde la cultura, desde el arte y desde la capacidad humana de crear sentido.

En el caso de las cárceles, el tema es todavía más delicado. La reinserción social no puede entenderse únicamente desde la lógica del castigo. Precisamente las actividades artísticas, literarias y artesanales han demostrado en muchísimos contextos ser herramientas poderosas de rehabilitación. Ayudan a canalizar emociones, desarrollar disciplina, descubrir talentos y reconstruir autoestima. Negarles valor es desconocer incluso experiencias internacionales exitosas.

Además, resulta contradictorio que una sociedad celebre a escritores, músicos, periodistas o artistas cuando alcanzan reconocimiento, pero desprecie esas mismas actividades cuando las realiza alguien privado de libertad. Como si la creatividad tuviera valor solamente en determinados sectores sociales.

El problema de fondo quizá no sea jurídico, sino cultural. Seguimos arrastrando una visión muy limitada del trabajo y una enorme dificultad para reconocer el valor de lo intelectual y lo artístico. Y eso termina empobreciendo la discusión pública.

Porque sí: escribir es trabajar. Crear es trabajar. Hacer arte es trabajar. Y, muchas veces, también es una forma profundamente humana de reconstruirse.

La lógica del gobierno es entre más presos menos delincuencia

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

El país se desangra, las balaceras son pan de todos los días, nos convertimos en uno de los mayores exportadores de drogas del mundo y alcanzamos números récord en homicidios y tasas de criminalidad. El problema de la seguridad o inseguridad golpea diariamente al ciudadano

El gobierno de Chaves les echa las culpas a otros poderes: al Legislativo por no aprobar leyes más estrictas que meta a la gente a la cárcel y al Judicial por no mantener a los detenidos en la cárcel.

Chaves quiere más gente en la cárcel como el antídoto o la medicina contra la delincuencia. Su lógica es: entre más privados de libertad, menos delincuencia.

Sin embargo, la realidad indica que los detenidos han aumentado considerablemente en el periodo de gobierno de Chaves y sin embargo la inseguridad en vez de disminuir aumenta.

Según datos del propio ministro de Justicia, Gerald Campos que el Semanario Universidad publica en 2022 había una población penitenciaria de 14.718 personas, mientras que en 2025 existen 18.507, sea que los privados de libertad aumentaron en 3.789, mientras los homicidios pasaron en esa misma época de 654 en el 2022 a 907 en el 2023 y para este año el OIJ estima que la cifra superará los 900 homicidios.

La población privada de libertad crece aceleradamente, se considera que en el 26 llegará a 20 mil y, sin embargo, los delitos no parecen disminuir.

Hay varias conclusiones ante estos hechos:

1-. Meter la gente a la cárcel no resuelve por sí misma el problema de la seguridad pública.

2-. Que el Poder Judicial manda a la cárcel cada vez a más personas.

3-. Que, sin embargo, los índices de delincuencia no disminuyen, sino que aumentan.

4-. Que la falla principal del aumento de la inseguridad pública es del Poder Ejecutivo, sea del gobierno de Chaves.

En términos generales, lo que los números, sea la realidad, están indicando es que no basta con meter a la gente a la cárcel si el gobierno falla y no cumple con las tareas de prevención social y policial.

El Poder Judicial, los fiscales, los jueces, cumplen con su deber (la población carcelaria ha aumentado considerablemente) por lo que la excusa esgrimida por Chaves, que los jueces “sueltan a los delincuentes”, no es real.

Penas alternativas para mujeres en condición de vulnerabilidad: una mirada desde la justicia restaurativa

  • Seminario internacional se realiza del 16 al 18 de octubre de 2023.

El Poder Judicial es anfitrión del seminario internacional para debatir sobre la importancia de la alternatividad penal para mujeres en condición de vulnerabilidad frente a delitos menores de drogas, como un elemento clave para el avance hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria.

Dicha actividad se realiza del 16 al 18 de octubre de 2023 en el Hotel Aurola Holiday In en San José y tiene como objetivo discutir sobre la incorporación del artículo 77 bis de la Ley 8204 ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que busca alternativas a la entrada en prisión para mujeres, siempre que se cumplan ciertos criterios de vulnerabilidad que las lleva a introducir droga en centro penal.

Para la apertura del seminario se contó con la participación de Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa; Pierre-Louis Lempereur, Embajador de la Unión Europea en Costa Rica; Exleine Sánchez Torres, Ministerio de Justicia y Paz; Heldren Solórzano Manzanares, Directora Adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas; Cheryl St. Louis, Directora de la Agencia Nacional de Drogas de Trinidad y Tobago; Oswaldo Aguirre Retana, Director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y Peggy Martinello, Directora de Administración Pública y Asuntos Sociales, FIIAPP.

Además, se contó con la asistencia de Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública, así como representación de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, el Departamento de Trabajo Social y Psicología y la Secretaría Técnica de Género.

Para Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, incluir la perspectiva de género en el tratamiento de aquellas mujeres que se ven involucradas en delitos menores de drogas es importante y de una visión integral para reparar el daño.

“El artículo 77 bis de la Ley de sicotrópicos se regula una pena atenuada para las mujeres que introducen droga a los centros penales, lo que vamos a realizar de la mano de la cooperación internacional de COPOLAD es hablar de las experiencias de América Latina, España, Portugal y El Caribe y como hemos podido llevar adelante este tipo de políticas. En el caso de Costa Rica se han enmarcado dentro del proceso de Justicia Restaurativa que permite que estas mujeres puedan tener una alternativa de previo al juicio para resolver su problemática mediante una reparación del daño con la conciencia de que se ha cometido un daño o en el cumplimiento de la pena con una alternativa en ejecución”, indicó el magistrado Alfaro.

Por su parte, Macarena Eseverri, Jurista y experta en Acceso a la Justicia y Justicia Restaurativa COPOLAD, destacó que el objetivo general de COPOLAD es favorecer una política criminal más humana, más dedicada a las necesidades específicas de las personas”.

“Lo esencial del taller es unificar criterios que sirvan para humanizar esa política criminal y también aterrizar ese marco regional a nivel nacional en la realidad de Costa Rica aprovechando el artículo 77 BIS tan importante que introduce criterios de género y de proporcionalidad para que mujeres que son imputadas por un delito de menudeo puedan tener una alternativa a la pena privativa de libertad”, manifestó.

Este seminario internacional está organizado por el Programa de Cooperación Europeo sobre drogas COPOLAD III de la Unión Europea, el Poder Judicial, Instituto Costarricense de Drogas y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, así como las administraciones de Europa, América Latina y Caribe para promover mejores políticas criminales y penales para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Poder Judicial lidera seminario internacional que analiza la justicia restaurativa para mujeres con delitos menores de drogas

  • Seminario se realizará del 16 al 18 de octubre de 2023.

El Poder Judicial realizará un seminario internacional para debatir sobre la importancia de la alternatividad penal para mujeres en condición de vulnerabilidad frente a delitos menores de drogas, como un elemento clave para el avance hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria.

Dicha actividad se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2023 en el Hotel Aurora Holiday In, a partir de las 8:00 de la mañana.

Este taller internacional tiene como objetivo principal discutir sobre la incorporación del artículo 77 bis de la Ley 8204 ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que busca alternativas a la entrada en prisión para mujeres, siempre que se cumplan ciertos criterios de vulnerabilidad.

Se contará con la participación de Gerardo Rubén Alfaro, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa; Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública, así como representación del Ministerio de Justicia y Paz, Asamblea Legislativa y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

La participación internacional estará representada por la Conferencia del ministro de Justicia de los Países Iberoamericanos y los operadores de justicia de la República Dominicana, Colombia, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago y Argentina.

Este seminario internacional está organizado por el Programa de Cooperación Europeo sobre drogas COPOLAD III de la Unión Europea, el Poder Judicial, Instituto Costarricense de Drogas y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, así como las administraciones de Europa, América Latina y Caribe para promover mejores políticas criminales y penales para mujeres en situación de vulnerabilidad.