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Etiqueta: política pública

Siete de cada diez hogares rurales viven en pobreza digital revela estudio de la UCR

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Mag Olga Marta Ramírez Hernández

Comunicadora
Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)

  • La investigación de Posgrados de la UCR, realizada por Maricruz León Miranda, propone un índice para analizar el acceso, uso y gasto en tecnologías en los hogares del país.

En las zonas rurales, el 70% de los hogares está en pobreza digital, según se desprende en una investigación desarrollada en la Maestría Profesional en Estadística, del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Para acercarse a la realidad que se vive en los hogares costarricenses en el tema digital, el estudio, titulado Índice para la Medición de la Pobreza Digital de los Hogares en Costa Rica, realizado por Maricruz León Miranda de Posgrados UCR, desarrolló una herramienta estadística para identificar brechas en acceso, uso y gasto en tecnologías de información.

Desde una perspectiva territorial, los resultados de la investigación confirman la existencia de brechas geográficas. En la zona urbana, la distribución de los hogares entre los distintos niveles de pobreza digital es relativamente equitativa.

La investigación realizada por León Miranda para optar por el grado de Maestría Profesional en Estadística, parte del reconocimiento de que el acceso y uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se relaciona directamente con las oportunidades de desarrollo social y económico. En ese contexto, el trabajo propone un Índice de Pobreza Digital (IPD) que permite categorizar a los hogares según su nivel de exclusión tecnológica.

“El propósito fue construir una medición que integrara no solo la tenencia de dispositivos o servicios, sino también el uso de las tecnologías y el esfuerzo económico que realizan los hogares para acceder a ellas”, explicó Maricruz León Miranda, autora del estudio.

El índice se elaboró a partir de información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2018 (ENIGH) y de la Encuesta Nacional de Hogares 2018 (ENAHO). Integra dos componentes principales: uno asociado al acceso y uso de servicios y dispositivos TIC en los hogares, y otro relacionado con el gasto mensual en tecnologías de información.

“Desde el Sistema de Estudios de Posgrado siempre hemos aportado conocimiento y buenas prácticas en todas las áreas del conocimiento. En este caso, desde la estadística aplicada, se generan herramientas rigurosas que permiten comprender fenómenos sociales complejos y apoyar la toma de decisiones en política pública”, señaló el Dr. Eldon Cadwell Marín, decano del SEP.

El estudio evidenció que la pobreza digital se asocia con variables como la zona y región de residencia, el nivel educativo, la edad y la condición de actividad del jefe del hogar, lo que confirma la existencia de brechas estructurales en el acceso a la tecnología en el país.

Entre las principales recomendaciones, la investigación sugiere al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) considerar la incorporación del índice como un indicador de referencia para el monitoreo de la pobreza digital y su alineación con los instrumentos de planificación institucional.

Lo que revela el estudio

En términos de acceso a dispositivos, los resultados muestran importantes limitaciones: ocho de cada diez hogares no cuentan con tablet, el 85 % no posee computadora de escritorio y el 58 % carece de computadora portátil. El dispositivo más frecuente es el televisor, presente en casi la totalidad de los hogares, mientras que el radio o equipo de sonido no está presente en cuatro de cada diez hogares. (Datos ENAHO 2018).

El estudio también evidencia una diferencia marcada en el gasto en TIC entre los hogares pobres y no pobres digitales. El gasto mensual promedio estimado en tecnologías de información es de ¢49 183, con diferencias según zona de residencia: en la zona urbana el gasto alcanza ¢54 103, mientras que en la zona rural se reduce a ¢36 543.

El análisis sociodemográfico revela que el nivel educativo, la condición de actividad y la edad del jefe del hogar influyen significativamente en el nivel de pobreza digital. A medida que aumenta el nivel educativo del jefe del hogar, disminuye de forma notoria la proporción de hogares clasificados como pobres digitales. Específicamente, entre los hogares con jefatura sin estudios 9 de cada 10 son clasificados como pobre digital. En contraste, entre los hogares cuyo jefe posee educación universitaria, esta proporción se reduce a 2 de cada 10.

En cuanto a la condición de actividad, los hogares con jefatura ocupada presentan una distribución más equilibrada entre pobres y no pobres digitales, mientras que en los hogares con jefatura desocupada o fuera de la fuerza laboral predomina la pobreza digital. Asimismo, se observa una relación con la edad del jefe del hogar. En aquellos hogares cuya jefatura está ocupada, la distribución es relativamente equitativa, 51,7% son pobres digitales y 48,3% no pobre digitales. En los hogares con jefatura desocupada o fuera de la fuerza laboral, la mayoría se clasifica como pobre digital.

Finalmente, se evidencia una relación entre la edad del jefe y la condición de pobreza digital. Se observa que conforme aumenta la edad del jefe del hogar, disminuye la proporción de hogares pobres digitales. En general, los hogares con jefaturas menores a 25 años o mayores a 55 años presentan mayor incidencia de pobreza digital. En los hogares con jefaturas con edades intermedias se tiene porcentajes más similares entre los conglomerados pobre digital y no pobre digital.

Metodología del estudio

El componente de acceso y uso de TIC se construyó mediante análisis factorial exploratorio, mientras que el gasto en TIC se calculó directamente en la ENIGH y se estimó en la ENAHO mediante un modelo de regresión múltiple. Ambos componentes se combinaron en un índice estandarizado con una escala de 0 a 100, donde valores más altos representan mayor nivel de pobreza digital.

Los resultados estimaron una media nacional de 67,3 puntos en el índice construido con la ENIGH y de 65,9 puntos en el elaborado con la ENAHO. Además, el análisis permitió segmentar a los hogares en distintos grupos, desde hogares no pobres digitalmente hasta hogares con pobreza digital media y alta.

El trabajo aporta una base metodológica replicable y actualizable, que permite dar seguimiento a la evolución de la pobreza digital y contribuir a una comprensión más precisa de las desigualdades tecnológicas en Costa Rica.

Les compartimos la investigación: https://ucr.cr/r/dbzMo


Otros datos importantes:
Al analizar por zona de residencia, se observa que el 45,4% de los hogares de la zona urbana son clasificados como pobre digital medio, el 34,4% como pobre digital alto y el 20,3% se catalogan como no pobre digital. En la zona rural, la mayoría de los hogares (56,9%) se ubican en el conglomerado pobre digital alto y se destaca que sólo el 5,2% de los hogares de esta zona es no pobre digital.
Al analizar por región de planificación, los resultados reflejan que en la región Central la mayoría de los hogares se ubica en el conglomerado de pobre digital medio (45,2%) y posee la proporción más alta de hogares no pobres digitales (21,1%). En el contraste, en el resto de 68 las regiones, predominan los hogares catalogados como pobres digitales con porcentajes entre el 46,1% en la Pacífico Central y el 58,9% en la Huetar Norte.
Por condición de actividad del jefe, se observa que los hogares con jefatura ocupada el mayor porcentaje de estos se ubica en pobre digital medio (45,2%). Entre los hogares con jefatura desocupada, la distribución es relativamente equitativa entre los conglomerados hogar pobre digital alto y medio, pero sólo un 2,3% de esto hogares son no pobre digitales. Mientras que en los hogares con jefes fueras de la fuerza laboral, la mayor proporción de estos hogares se clasifican como pobres digital alto y el 4,1% son no pobre digital. Los resultados por sexo del jefe del hogar muestran diferencias moderadas pero consistentes. Los hogares con jefatura mujer, el 41,3% son pobre digital alto, el 44,6% pobre digital medio y el 14,1% no pobre. Por su parte, los hogares con jefes hombre, el 40,0% son pobre digital alto, 42,5% pobre digital medio y 17,5% no pobre digital.
La distribución de los hogares según edad del jefe del hogar y el nivel de pobreza digital es heterogénea. En los grupos de edad hasta los 54 años, la mayoría de los hogares son pobre digital medio. En los hogares con jefes menores de 18 años no se ubicaron hogares en la categoría no pobre digital. Los hogares con jefaturas menores de 18 años o mayores de 55 años concentran mayores niveles de pobreza digital alta, con un 48,6 % y 49,6 %, respectivamente. Los hogares liderados por personas de 35 a 44 años, se ubica el mayor porcentaje de hogares no pobre digitales.

Sector agropecuario impulsa pacto con diputaciones electas

Escrito en . Publicado en Alimentación.

Organizaciones del sector agropecuario costarricense impulsan la firma de un Pacto por la Producción Agropecuaria, dirigido a diputaciones electas de partidos de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el objetivo de incidir en la construcción de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del agro.

La iniciativa es promovida por el Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, integrado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV).

Estas organizaciones plantean la necesidad de una articulación nacional del sector, con el fin de consolidar una plataforma de incidencia desde las personas productoras para la definición de políticas públicas.

Propuesta de diez ejes prioritarios

El pacto presentado incluye diez propuestas consideradas prioritarias para el desarrollo del sector agropecuario:

  • defensa de la producción nacional,

  • innovación en los procesos productivos,

  • atención al cambio climático,

  • fortalecimiento de los impactos sociales y culturales del agro,

  • impulso al mercado nacional agropecuario,

  • garantía de la salud humana y la inocuidad alimentaria,

  • mejora del acceso al financiamiento,

  • creación de seguros agropecuarios accesibles,

  • promoción de una actividad agropecuaria en armonía con el ambiente,

  • desarrollo de una política territorial construida con participación local.

Espacio de diálogo con diputaciones electas

En este contexto, se realizó un conversatorio con diputaciones electas de la oposición, el miércoles 25 de marzo de 2026 en el Centro Agrícola Cantonal (CAC) de Escazú, donde se abordaron temas como la importancia del sector agropecuario, los efectos de la política económica y las implicaciones de la apertura comercial para el agro costarricense.

La agenda contempló la presentación de la propuesta de política pública, la lectura del pacto y su eventual firma por parte de las diputaciones electas, así como espacios de intervención y cierre con representantes del sector.

Antecedentes: demandas del sector agropecuario

Este planteamiento se inscribe en un contexto en el que el sector agropecuario ha venido señalando la necesidad de políticas públicas más robustas, orientadas a la protección de la producción nacional, el acceso a financiamiento, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de los mercados internos.

En notas previas se ha evidenciado la preocupación de organizaciones productoras por los efectos de la apertura comercial, las condiciones de competitividad y la falta de instrumentos adecuados para enfrentar desafíos como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

El Pacto por la Producción Agropecuaria busca consolidar estas demandas en una agenda común que permita incidir en la acción legislativa y en la formulación de políticas públicas.

La paradoja del modelo costarricense: luces macroeconómicas y sombras en la seguridad

Escrito en . Publicado en Seguridad.

JoseSo (José Solano-Saborío)

Costa Rica amanece en 2026 bajo un nuevo mandato que promete continuidad mostrando números que convencen al electorado de una realidad distorsionadamente “buena”. Tras la victoria de Laura Fernández y la mayoría suficiente en el congreso del partido taxi del chavismo tico, el país se enfrenta a un espejo estadístico que devuelve una imagen contradictoria: una economía que brilla en los indicadores de organizaciones financieras internacionales, pero que oculta profundas fracturas en su tejido social y, sobre todo, de seguridad ciudadana.

El “Milagro” de las Cifras

Hoy tuve que sacar un rato para resolver una contradicción interna, una disonancia cognitiva al revisar el folleto digital llamado “Costa Rica en Cifras 2025” del INEC, que me envió por WhatsApp mi querido amigo, Álvaro Villalobos, revela un panorama macroeconómico envidiable. El país cerró el 2024 con un crecimiento del PIB del 4,3% y, según datos recientes del Banco Central, la economía se aceleró hasta un 4,6% en 2025. Esta expansión ha sido impulsada principalmente por el régimen de zonas francas, las exportaciones y una recuperación vigorosa del turismo, que alcanzó los 2,9 millones de visitantes.

Más sorprendente aún es la cifra de pobreza, que se situó en un histórico 15,2%. Este descenso, el más bajo en décadas, se explica no solo por el crecimiento del ingreso per cápita (que aumentó un 10,4% en zonas urbanas), sino también por un fenómeno atípico: la deflación. Con una variación interanual del IPC de -0,4% en noviembre de 2025, el costo de la vida se mantuvo estable, permitiendo que más hogares superaran la línea de pobreza monetaria.

La Deuda Social y la Informalidad

Sin embargo, al profundizar en la letra pequeña, la realidad es más matizada. El desempleo ha bajado al 5,7% – 6,3%, pero la informalidad laboral sigue afectando a casi 4 de cada 10 trabajadores (38,3%). Además, la brecha regional es alarmante: mientras la Región Central prospera, zonas como la Brunca y la Huetar Norte presentan niveles de acceso a tecnología y servicios significativamente inferiores.

Expertos señalan que la reducción de la pobreza es frágil. La disminución en la tasa de participación laboral (personas que dejan de buscar empleo) sugiere que parte de la mejora estadística se debe a un retiro de la fuerza de trabajo, especialmente en mujeres y jóvenes.

El Talón de Aquiles: La Seguridad

El éxito económico se desvanece, en la realidad diaria de muchas personas, ante la crisis de seguridad que el gobierno actual no ha logrado contener. Aunque el compendio estadístico destaca cierto desarrollo humano (exceptuando la materia educativa), la realidad en las calles es distinta. Expertos, gremios y expresidentes han criticado la falta de recursos para la Fuerza Pública y la “pérdida de control” ante el crimen organizado.

La tasa de homicidios, que alcanzó niveles récord en 2023 (17,2 por cada 100.000 habitantes), se mantiene como la principal preocupación ciudadana.

La violencia en centros educativos, con más de 25.000 casos reportados, refleja un deterioro en la convivencia social.

Perspectivas para el Nuevo Gobierno

El gobierno “reelecto” (en términos de línea política) recibe un país con una base fiscal sólida y un déficit contenido, pero con una ciudadanía que demanda resultados más allá de los números del Banco Central.

La política pública debe dar un giro desde la estabilidad macro hacia la seguridad humana. No basta con atraer inversión extranjera si no se traduce en empleo formal en las periferias. La continuidad de Laura Fernández enfrentará el desafío de demostrar que el modelo costarricense puede ser eficiente económicamente sin sacrificar la paz social que históricamente definió a la nación. Sin una estrategia clara contra el narcotráfico y la exclusión regional, las luces del 2025 podrían convertirse en las sombras del mañana.

Por último, durante esta auto obligada reflexión de las cifras del mencionado documento, se me vinieron a la mente varios hechos inexplicables de la presente administración, como el traslado de la Academia de la Policía Naval a una zona sin mar, el cierre de delegaciones de la Policía en puntos navales estratégicos por donde circula mucha droga y el retiro de la Policía de Control de Drogas PCD, en aeropuertos y fronteras; que me condujeron a una obligada pregunta:

¿Este será un reto que el continuismo querrá o podrá asumir?…

Defensoría pidió cuentas sobre acciones país para la prevención de la corrupción

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz, como ente rector del sector seguridad ciudadana y justicia, sobre los avances en el diseño de la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción.

Recientemente, se dieron conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial y Costa Rica bajo dos puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando de 58 a 56 puntos, con lo cual se aleja del promedio de “democracias plenas” en el mundo (73 puntos); también se distancia del país con mejor puntaje en la región como lo es Uruguay; del promedio de países de la OCDE (64) y de la mejor puntuación nacional desde que se mide este índice (59 puntos en el año 2017), ocupando un décimo legar a nivel de América Latina.

La Defensoría de los Habitantes consultó a la cartera de Justicia si ya se cuenta con el marco estratégico de la política, incluyendo metas e indicadores; si ya se dispone del modelo de gestión y gobernanza debidamente redactado y revisado por los actores competentes, tal y como estaba programado; y, si se cuenta con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política. Otros puntos de los cuales se requirió información son los niveles de avance tanto del plan de acción como del sistema de gestión de riesgo, y la fecha estimada para su conclusión. Igualmente, los resultados que se han obtenido en cuanto a compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, entre ellos, los mecanismos que incentiven la denuncia de actos de corrupción, sanciones, entre otros aspectos.

Finalmente, la Defensoría requirió al rector del ramo informar sobre la atención de las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027 para prevenir y sancionar la corrupción, entre ellas el fortalecimiento de la Estrategia de Gobierno Abierto, promoción de la transparencia e integridad en gobiernos locales y oficinas descentralizadas del sector público, acciones para evitar el conflicto de interés en actividades del Estado, creación de registros de lobistas y promoción de auditorías ciudadanas, entre otras aspiraciones planteadas en la planificación cuatrienal.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Ganar seguridad mediante la convivencia

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Pedro A. Soto Sánchez

Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana es una de las preguntas más frecuentes. Las respuestas son diversas, pero en la mayoría de los casos apuntan hacia un mayor control y presencia policial: restricción de derechos individuales, construcción de mega cárceles, instalación de cámaras de seguridad, incremento de patrullajes y detenciones, entre otras medidas. La preocupación es legítima. El aumento de homicidios y delitos es alarmante.

Las acciones represivas son indispensables. También lo son las reformas al Código Penal y a la normativa vinculada con el control y la sanción del delito, así como la asignación de recursos financieros suficientes para la capacitación, la estabilidad laboral y la especialización de los cuerpos policiales.

Sin embargo, estos cambios y acciones deben complementarse con dos tareas fundamentales que, por básicas, parecieran no desarrollarse con la profundidad y determinación necesarias: la inteligencia y la convivencia.

Profundizar y mejorar la calidad de las labores de inteligencia -especialmente en ámbitos como la legitimación de capitales, las actividades económicas sensibles, las rutas delictivas, los flujos financieros y las estructuras jerárquicas de las organizaciones criminales- es crucial. También lo es identificar y debilitar sus capacidades logísticas y económicas. Esto exige altos niveles de especialización, tecnología adecuada y mayores recursos para los cuerpos de seguridad.

Por otra parte, las comunidades más seguras no son necesariamente las que cuentan con más policías, más cárceles o más detenciones. Son aquellas donde existe mayor y mejor convivencia. Hay que fortalecer las relaciones comunitarias, promover acuerdos y reconstruir el tejido social.

La convivencia se construye mediante proyectos de desarrollo social, el mejoramiento de barrios vulnerables, una educación de calidad y programas culturales ambiciosos que potencien la identidad y la cohesión comunitaria. La organización y participación de la gente es un factor crítico de éxito para una intervención de esta naturaleza. Tiene mayor potencial el trabajo que puedan realizar equipos de promoción y activación social junto a las comunidades organizadas, que la labor llevada a cabo por equipos reducidos de policías municipales o eventos con funcionarios de Fuerza Pública organizando “mejenguitas” en los barrios,

Asimismo, se requiere una estrategia amplia de comunicación pública y la articulación de esfuerzos entre los gobiernos municipales, el gobierno central, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones representativas de las comunidades.

A través de una acción coordinada, las municipalidades y las instituciones competentes deben impulsar proyectos de infraestructura con impacto directo en la seguridad. Garantizar que parques, salones comunales, áreas de juego infantil y otros espacios públicos sean escenarios de actividades culturales, deportivas y recreativas es otro mecanismo esencial para fortalecer la convivencia. El espacio público debe ser, ante todo, el espacio de la convivencia.

También es indispensable fomentar un mayor conocimiento de nuestros barrios. Las personas deben conocer su entorno inmediato, su geografía física y social, y ser parte activa de su comunidad.

Enfrentar la inseguridad exige firmeza institucional y cohesión social. Necesitamos un Estado más organizado, más sólido e integral, pero también una ciudadanía más participativa, más comprometida y fortalecida en su tejido social.

FRENASS llama a votar por la defensa de la seguridad social ante uso de reservas del IVM

Escrito en . Publicado en Elecciones.

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) emitió un pronunciamiento público en el que expresa su preocupación por la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y su relación con la coyuntura electoral.

Según señala FRENASS, el 21 de enero de 2026 el Semanario Universidad informó que la CCSS se vio obligada a utilizar más de ₡300.000 millones de colones provenientes de intereses del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para hacer frente al pago de pensiones y aguinaldos en 2025.

La organización recuerda que, durante la administración Chaves Robles (2022–2026), se exigió al Ministerio de Hacienda el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado con la CCSS. Sin embargo, ante las reiteradas negativas de girar los recursos requeridos, la institución se habría visto forzada, por primera vez, a recurrir a las reservas del régimen de pensiones, una situación que FRENASS califica como alarmante.

En su pronunciamiento, FRENASS considera vergonzosa e irresponsable esta actuación, al advertir que pone en riesgo tanto el acceso a una salud pública de calidad como la sostenibilidad futura del régimen de pensiones del IVM. La organización subraya que el debilitamiento financiero de la seguridad social tiene consecuencias directas sobre los derechos de la población trabajadora y pensionada.

Desde su rol como organización defensora de la seguridad social en un sentido amplio, FRENASS hizo un llamado respetuoso pero vehemente a la ciudadanía, instando a reflexionar y a ejercer el voto por candidaturas a la presidencia y diputaciones comprometidas con un modelo de acceso universal a la seguridad social.

El pronunciamiento enfatiza que el continuismo no es una opción, al considerar que la salud y las pensiones no deben ser tratadas como un negocio, sino como derechos humanos fundamentales. En ese marco, la organización advierte que el futuro de las personas, sus familias y seres queridos está en juego.

Finalmente, FRENASS reafirma su llamado a defender las conquistas históricas del pueblo y concluye con una consigna clara en defensa de la institucionalidad solidaria:
“¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!”

ACOJUPEMA cuestiona a SUPEN y exige respeto al derecho de retiro completo del ROPC al jubilarse

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) remitió un manifiesto a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y a diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en el que refuta diez afirmaciones oficiales utilizadas para justificar la entrega fraccionada del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) a las personas jubiladas.

Según el documento, ACOJUPEMA retoma la lucha por el derecho al retiro completo del ROPC en el momento de la jubilación, tal como lo establecía la ley original, y sostiene que los argumentos divulgados por SUPEN no solo son incorrectos, sino que favorecen a las operadoras de pensiones en detrimento de las personas trabajadoras y jubiladas.

El ROPC como patrimonio individual

El manifiesto subraya que el ROPC no es un ahorro colectivo, sino una cuenta individual construida a lo largo de la vida laboral mediante un aporte bipartito equivalente al 4,25 % del salario reportado a la CCSS, del cual un 1 % corresponde a la persona trabajadora y el resto al patrono. En ese sentido, la asociación afirma que estos fondos constituyen patrimonio exclusivo de cada cotizante.

Cuestionamientos a los argumentos de SUPEN

ACOJUPEMA desmiente que la entrega completa del ROPC represente un riesgo macroeconómico o un “retiro masivo”, señalando que solo acceden a estos fondos quienes cumplen los requisitos de jubilación, lo que limita el impacto a un porcentaje reducido del total de afiliados. Además, recuerda que no todas las personas se jubilan al mismo tiempo, por lo que no puede hablarse de una afectación generalizada al sistema.

El documento también cuestiona la afirmación de que los fondos sean fácilmente heredables, señalando que en la práctica existen trámites judiciales complejos y demoras prolongadas que impiden a muchas familias acceder oportunamente a esos recursos.

Críticas al manejo de inversiones y comisiones

Otro eje central del manifiesto es la crítica a las minusvalías derivadas de inversiones realizadas por las operadoras, que —según ACOJUPEMA— se trasladan íntegramente a las cuentas de las personas cotizantes y jubiladas, mientras que las comisiones de las operadoras no se reducen, aun cuando los fondos pierden valor.

La asociación advierte que estas pérdidas no se recuperan en la práctica, pese a que se presenten como fluctuaciones normales del mercado, y rechaza que el ROPC sea utilizado como un sustituto del régimen básico solidario, como el IVM.

Llamado a las autoridades y al debate legislativo

Finalmente, ACOJUPEMA sostiene que la reforma legal que modificó la entrega del ROPC carece de estudios técnicos y sustento jurídico suficientes, y que sus efectos han sido perjudiciales para las personas jubiladas. Por ello, hace un llamado a SUPEN y a la Asamblea Legislativa a revisar el marco normativo vigente, respetar el carácter individual del ROPC y garantizar el derecho de las personas a disponer plenamente de sus fondos al momento de jubilarse.

Infraestructura, violencia estructural y seguridad: una reflexión necesaria

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Carlos Carranza Villalobos
Sociólogo

Entre otros temas, considero que el derecho a la vida y su relación con la seguridad es un asunto vital, que no puede reducirse únicamente a un enfoque carcelario o punitivo. Es necesario analizarlo desde una perspectiva más amplia, que incluya el grado de violencia estructural existente en nuestra sociedad.

Quisiera referirme, en particular, a la problemática de la infraestructura, la cual adolece de un tratamiento adecuado tanto por su rezago histórico como por la deuda acumulada. Si bien se ha avanzado en algunos aspectos durante las dos últimas administraciones, persisten obras de larga duración —algunas de hasta cinco años—, así como proyectos con inconsistencias que parecen originarse desde el diseño básico, o bien con dificultades en áreas sensibles. En otros casos, se recurre a diseños “forzados” con el fin de concluir las obras.

A ello se suma que los periodos de contratación suelen ser excesivamente largos, por diversas razones. Asimismo, los altos costos de las obras, que con frecuencia se incrementan durante su ejecución, evidencian problemas estructurales, sin dejar de lado la escasa competencia en la realización de estos proyectos.

Sin extenderme más, debe señalarse también la desplanificación urbana, claramente visible en amplios sectores de la Gran Área Metropolitana y en distintos cantones, distritos y localidades del país. A esto se añade un sistema de transporte desarticulado, un tema que merece un análisis más detenido y profundo.

Es indispensable que estos asuntos se debatan y se dialoguen de manera amplia y responsable.

El retroceso del Estado y el avance del narco

Escrito en . Publicado en Análisis.

Welmer Ramos González, economista

Costa Rica enfrenta un momento decisivo. Mientras el crimen organizado se expande con rapidez, el Estado parece avanzar en sentido contrario: repliega capacidades, debilita instituciones clave y reduce su presencia en territorios estratégicos. No son percepciones ni alarmismos; son hechos ocurridos en los últimos tres años que, por acción u omisión, han deteriorado la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico en un contexto regional crítico.

Las motivaciones detrás de estas decisiones podrán discutirse, pero sus efectos ya están a la vista. Ninguna se ajusta a la complejidad del crimen organizado moderno ni a las mejores prácticas internacionales. Pueden no responder a un plan deliberado o a vínculos irregulares; simplemente son decisiones incompatibles con el momento histórico y riesgosas para un país cuyo principal patrimonio es su institucionalidad democrática. La seguridad no se sostiene con discursos altisonantes ni con confrontaciones políticas; se sostiene con inteligencia, cooperación, coordinación y presencia efectiva del Estado.

Mientras tanto, la realidad avanza sin pausa. El crecimiento de los homicidios vinculados al sicariato y a disputas territoriales confirma que las organizaciones criminales operan con mayor libertad y recursos. Cuando los grupos delictivos se sienten dueños del territorio, la violencia deja de ser excepción y se convierte en norma. Por eso urge examinar las decisiones recientes que, acumuladas, configuran un patrón preocupante de debilitamiento institucional.

Un Estado que retrocede donde el narco avanza

En junio de 2023, el retiro del Servicio Nacional de Guardacostas de Bahía Drake redujo la vigilancia en un punto históricamente utilizado para desembarcos y transbordos de droga. Un año después ocurrió algo similar en Sixaola, en la frontera Caribe con Panamá, otro corredor sensible para el crimen transfronterizo. Ambas medidas responden al mismo patrón: repliegue operativo justo en zonas donde los grupos criminales buscan expandir rutas marítimas y terrestres.

A esto se sumó, en 2024, el retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puestos fronterizos, aeropuertos y muelles del país. Pocas decisiones afectan tanto la capacidad del Estado como sacar a la policía antidrogas de los principales puntos de ingreso al país. El resultado es evidente: menos interceptación, menor inteligencia en campo y mayor libertad para las redes delictivas que operan hacia el resto del territorio.

Otra decisión cuestionable llegó en marzo de 2024: trasladar la Academia Nacional de Guardacostas desde Quepos, un entorno costero ideal para la formación marítima, hacia Pococí, un cantón sin acceso al mar. Formar guardacostas lejos de las costas, y entrenar operaciones marítimas sin mar, contradice la lógica elemental de la profesionalización policial en un país cuya seguridad depende en buena medida del control marítimo.

Las fragilidades tampoco se limitan a fronteras y entrenamiento. Entre 2024 y 2025, más del 73% de la mercancía que entró o salió por Moín no fue escaneada, según lo muestra una evaluación de la Contraloría General de la República. La mayoría de los contenedores se despachó sin revisión adecuada, abriendo una puerta enorme para la contaminación de exportaciones. La consecuencia no tardó en aparecer: varios cargamentos provenientes de Costa Rica fueron incautados en puertos europeos. Una vez que una ruta internacional se consolida, revertirla es extraordinariamente difícil.

Igualmente, en materia de ingreso de mercancías, la Contraloría General de la República advirtió en diciembre de 2024 un “debilitamiento en los controles” aduaneros, situación que incrementa los riesgos de corrupción y contrabando. Los informes señalan además una “disminución del personal de inspección” en puntos estratégicos del país, lo que abre la puerta al internamiento de mercancías ilícitas, al robo y a la evasión de controles que comprometen el resto de los objetivos institucionales. (DFOE-FIP-SGP-00002-2024)

A ello se suma un hecho innegable: los dos últimos ministros de Hacienda han sido férreos opositores a dotar al OIJ, a la Fiscalía y a la Policía Judicial de los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizado. Sus esfuerzos reiterados por recortar estos presupuestos, justamente en el periodo de mayor violencia en décadas, contradicen cualquier discurso de fortalecimiento institucional. Como advirtió el director del OIJ, “cada colón recortado es un espaldarazo al crimen organizado”.

Dos corolarios, al menos, se relacionan directamente con lo expuesto. Primero, tal como advierte el Estado de la Nación, se observa una actividad económica de origen incierto que genera transferencias difusas con un impacto relevante sobre la dinámica nacional. Segundo, persiste la asombrosa caída del precio del dólar que, pese a todos los malabares explicativos, sigue acompañada por copiosas entradas de capitales cuya procedencia resulta difícil de esclarecer.

Un rumbo que debe corregirse

El gobierno que asuma en 2026 tendrá la responsabilidad de corregir este rumbo con seriedad y visión de Estado. Para lograrlo, deberá ejercer un acto básico de madurez republicana: reconocer errores, rectificar sin soberbia y permitir que quienes conocen el tema contribuyan con soluciones. Costa Rica no puede seguir gastando energías en confrontaciones estériles con otros Poderes de la República mientras los verdaderos enemigos, las redes criminales que erosionan la seguridad, la economía y la institucionalidad democrática; avanzan con plena claridad estratégica.

La evidencia demuestra que la actual línea de acción es insuficiente y está desalineada con las mejores prácticas internacionales. Persistir en ella sería un riesgo que el país no puede permitirse. Rectificar no es una muestra de debilidad; es un acto de responsabilidad democrática. Y ese es el liderazgo que Costa Rica necesita con urgencia.

Alertan sobre una “pandemia social” de sobreendeudamiento

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

715.780 deudas están en cobro judicial al cierre del 2024

El Observatorio del Mercado y los Derechos del Consumidor (OMERCON), el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE Afines) y la Unidad en Acción Sindical emitieron un pronunciamiento sobre la creciente gravedad del sobreendeudamiento en el país, situación que califican como un fenómeno estructural que compromete la estabilidad financiera de cientos de miles de hogares.

Según los datos más recientes del Poder Judicial, al cierre del 2024 existían 715.780 procesos de cobro judicial activos. Dado que cada expediente puede involucrar a más de una persona, las organizaciones estiman que el 40% de la población trabajadora está actualmente excluida del sistema financiero formal, lo que implica que gran parte de ellas debe recurrir a créditos informales, más caros y riesgosos.

Un sistema que excluye y reproduce deudas impagables

Los especialistas participantes del conversatorio que se realiza este miércoles en el Colegio de Abogados señalaron que los créditos de consumo —no los productivos— son los que hoy impulsan el endeudamiento masivo, debido a:

  • Tasas de interés desproporcionadas, que llegan al 36% o incluso 51%, lo cual, según el documento, implica que las entidades financieras asumen pérdidas esperadas de entre 20 y 30 puntos, aceptando de antemano que alrededor de 30 de cada 100 créditos caerán en mora.
  • La existencia de incentivos legales y normativos que permiten sobreendeudar a personas vulnerables sin responsabilidad para las entidades que otorgan créditos.
  • La informalidad crediticia:
    • 31,1% de los beneficiarios de créditos productivos no está inscrito en la CCSS.
    • 28,8% no figura ante el Ministerio de Hacienda.

Esta falta de trazabilidad y control incrementa el riesgo de abuso y legitimación de capitales, además de dejar a miles de personas fuera de mecanismos de protección.

Testimonios y advertencias de especialistas

Adriana Rojas Rivero (APRODECO)

Denuncia “asimetrías groseras” entre consumidores y entidades financieras, donde los acreedores tienen plena ventaja técnica y legal para actuar contra personas vulnerables. Subraya la urgente necesidad de una ley robusta de protección al consumidor financiero, similar a estándares europeos.

Recordó que el crédito debería utilizarse únicamente cuando contribuye a aumentar patrimonio, recomendando no comprometer más del 30% de los ingresos netos en deudas.

David Carreras (SINAE Afines – UAS)

Advierte que el crédito de consumo es el que más crece en el país:
₡33 de cada ₡100 otorgados corresponden a este tipo de financiamiento.
Además, explica que buena parte de los supuestos “créditos de vivienda” son en realidad refinanciamientos de consumo con garantía hipotecaria, lo que distorsiona la estructura del crédito y desvía recursos que deberían impulsar actividades productivas.

Yeikol Zúñiga (OMERCON)

Plantea la necesidad de un Plan Nacional de Refinanciamiento de Deudas, orientado a personas sobreendeudadas o “manchadas”, que permita:

  • Limpiar el historial crediticio,
  • Reintegrar a las personas al sistema financiero formal,
  • Reducir la sobrecarga del Poder Judicial ante cientos de miles de procesos de cobro.

Asegura que la medida beneficiaría simultáneamente a consumidores, entidades financieras y al Estado.

Un llamado urgente al Estado costarricense

OMERCON, SINAE Afines y la Unidad en Acción Sindical reiteran que el país enfrenta una auténtica pandemia social: el sobreendeudamiento masivo, que deteriora las condiciones de vida, limita el acceso a derechos y excluye a miles de familias del sistema financiero.

Por ello piden a la Asamblea Legislativa la aprobación inmediata de una ley de defensa del consumidor financiero, así como políticas públicas efectivas que protejan a las personas de deudas abusivas e impagables.