Ir al contenido principal

Etiqueta: políticas regresivas

Costa Rica: ¿Progreso o retroceso? La contradicción de un gobierno que prioriza horas sobre desarrollo

Por JoseSo
Analista Político

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y numerosos estudios en especial en países europeos, además de Colombia y México qué están avanzando en este tipo de legislación, demuestran que reducir la jornada laboral a 40 horas semanales o menos aumenta la productividad porque mejora el equilibrio entre vida y trabajo, reduce el estrés y previene el agotamiento. Trabajadores más descansados y con mayor bienestar cometen menos errores, son más creativos y mantienen una mayor concentración. Países como Alemania, Dinamarca y Noruega, con jornadas más cortas que las de Costa Rica, registran altos niveles de eficiencia y competitividad, demostrando que no son las horas trabajadas, sino su calidad, lo que impulsa el rendimiento.

Además, la OIT sostiene que las jornadas excesivas generan costos ocultos en salud pública y rotación laboral. En Europa, experiencias como la de Islandia —que redujo la semana laboral a 35-36 horas sin bajar salarios— mostraron que los empleados mantuvieron o incluso incrementaron su productividad, mientras empresas reportaron menor absentismo y mayor retención de talento. Esto confirma que políticas laborales inteligentes no están reñidas con la eficiencia económica; al contrario, invertir en condiciones dignas es invertir en productividad sostenible.

Paradoja de la administración Chaves Robles y los partidos tradicionales que se les alían en esta contradicción

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una paradoja difícil de ignorar: mientras el país necesita con urgencia modernizar su infraestructura y servicios públicos para no quedarse atrás en competitividad, el gobierno insiste en impulsar políticas que, en lugar de avanzar, nos retrotraen a modelos laborales del siglo pasado. La convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar las Jornadas 12 horas 4×3 es un ejemplo claro de esta contradicción. ¿Por qué dedicar esfuerzos políticos a flexibilizar horarios laborales —un tema que erosiona derechos históricos— en lugar de priorizar proyectos clave como la Ley Marco de Asociación Público-Privada (APP), que podría dinamizar la inversión en carreteras, transporte y energía?

Las jornadas de 12 horas 4×3: Un paso atrás en el Estado Social de Derecho

El proyecto de jornadas 4×3 no es neutral: representa un retroceso en las condiciones laborales que por décadas han distinguido a Costa Rica en la región. El país construyó su estabilidad social sobre pilares como el salario digno, la jornada de 8 horas y el respeto a los derechos de los trabajadores. Estas conquistas no son solo un legado ético; son también la base de una mano de obra calificada y productiva. Flexibilizar las jornadas sin garantías sólidas —como sucede en la propuesta actual— no solo desgasta la calidad de vida de las familias, sino que puede aumentar el desgaste físico y mental, reduciendo la eficiencia a mediano plazo.

El argumento de “generar empleo” es engañoso: el empleo precario no desarrolla un país. Si el gobierno realmente quisiera reactivar la economía, debería enfocarse en crear empleo de calidad, vinculado a proyectos estratégicos que resuelvan los cuellos de botella que ahogan nuestra competitividad.

La APP: La deuda pendiente con el desarrollo

Mientras el Congreso discute cómo alargar la jornada laboral, otros temas urgentes duermen en la gaveta. La Ley Marco de Asociación Público-Privada lleva años postergada, a pesar de que el modelo actual de concesiones —heredado de los 90— ha demostrado ser lento, opaco e ineficiente. Basta ver el estado del transporte público, las carreteras colapsadas o la lentitud en proyectos de energía renovable para entender que el Estado solo no puede resolver estos problemas.

Las APP bien diseñadas —con controles claros y participación ciudadana— podrían ser una herramienta para atraer inversión, descongestionar la infraestructura y mejorar servicios esenciales. Pero en lugar de impulsar este debate, el gobierno prefiere enfocarse en una reforma laboral que divide a la sociedad y beneficia solo a ciertos sectores empresariales.

¿Dónde está la prioridad?

No se trata de satanizar la flexibilidad laboral o idealizar las APP, sino de cuestionar la coherencia de un gobierno que habla de progreso, pero invierte su capital político en iniciativas regresivas. Costa Rica necesita un plan integral que:

  • Proteja los derechos laborales sin caer en rigidices, pero sin sacrificar el bienestar de los trabajadores.

  • Acelere la inversión en infraestructura mediante mecanismos modernos y transparentes, como las APP.

  • Priorice lo urgente. El país no puede permitirse otro lustro de debates circulares mientras el transporte colapsa y las empresas pierden horas en tacos.

Mientras otros países de la región avanzan en alianzas estratégicas para modernizarse, Costa Rica arriesga su futuro discutiendo si es aceptable que un trabajador labore 12 horas seguidas. La pregunta no es solo técnica, sino moral: ¿qué clase de desarrollo queremos? Uno que recorta derechos, o uno que construye bases sólidas para crecer.

El gobierno tiene la palabra. O mejor dicho, la acción en el año que le queda, después de tres años de hacer lo contrario, pelear hasta con partidos afines a sus políticas, solo para poner excusas y quedar bien por estilo retórica y no legado permanente.

El congelamiento de las pensiones: una nueva fantasía fiscal que genera un ahorro pírrico y regresivo

Francisco Esquivel V. Enero, 2021*

Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional han recibido varios ataques en los últimos años. Tales acciones han buscado recortar el monto de las pensiones con el supuesto fin de colaborar a la reducción del déficit fiscal. La herramienta para lograr tales recortes han sido las modificaciones a las tablas de cotización que deben pagar estos pensionados. Esa cotización sólo se aplica a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y al Régimen de Pensiones del Poder Judicial. La modificación más reciente se produjo en noviembre de 2019 con la aprobación de la Ley 9796.

Al respecto se ha demostrado que estos recortes no afectan sustancialmente a las pensiones más altas, sino que su efecto se limita a reducir de manera violenta las pensiones intermedias que se oscilan entre 2 y 4 millones de colones. Esto produce un efecto regresivo en las pensiones que superan los 2 millones: pagan más los jubilados que tienen pensiones menores a 4 millones, mientras que las pensiones mayores se afectan de manera más reducida porque existe un blindaje, justificado, que impide que el total de las cotizaciones sobre una pensión sea superior al 50% del monto bruto de la misma. El autor de este documento ha hecho un análisis detallado de la aberración producida por la ley 9796 (https://www.franciscoesquivel.com/notas-y-comentarios/2020/5/22/53ly73hxxv0rgbh0fgmnb9dtclzuql).

Además, los montos recaudados por estas reformas sobre las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional no son significativos. Por ejemplo, la recaudación que logra la ley 9796 no pasa del 2% del total de las pensiones pagadas en el caso del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), que es el régimen más grande de los mencionados. Es decir, son montos mínimos que no ayudan a una solidez financiera de estas pensiones. En el caso del RTR la verdadera causa del déficit de ese régimen son los incumplimientos del Gobierno, desde la creación del sistema en 1958. A lo largo de 63 años, el Gobierno no ha aportado la contribución que debe hacer por ley, lo que se agrava por el hecho de que las cuotas aportadas por los docentes han sido usadas para otras cosas diferentes al sistema de pensiones.

De esta manera, la política fiscal golpea las pensiones sin producir un ahorro significativo; pero, mantiene la protección de los grupos con ingresos altos. Las reformas a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional generan apenas milésimas del PIB. Sin embargo, no se hace nada importante para lograr una recaudación correcta del IVA y del impuesto sobre la renta, que generarían al menos 6% del PIB adicional, si se atendiera el problema del no pago en esos impuestos. Hay una política fiscal que tiene una opción preferencial por los ingresos altos.

En este contexto, no satisfecha la política fiscal de los últimos años con el ataque a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, aparece con una nueva ocurrencia: el congelamiento de los montos brutos de las pensiones. Como la regla fiscal, aprobada a fines de 2018, contempla el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, cuando el nivel de la deuda del Gobierno Central pasa del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), ahora se quiere aplicar lo mismo para las pensiones mencionadas. Se trata de una extensión de la regla fiscal, que no está contenida en lo aprobado en 2018.

En este documento demostraremos que los cálculos publicados no reflejan la verdadera capacidad recaudadora del congelamiento de las pensiones. La explicación reside en que se han efectuado cálculos con el monto bruto de las pensiones. Pero, si se consideran las diferentes deducciones a que están sujetas las pensiones, se observará que hay una pérdida de recaudación “indirecta” en las cotizaciones que se hacen a estos regímenes de pensiones, en el impuesto sobre la renta, en el pago de las cuotas al seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y en otras deducciones similares. Es decir, si se observa el efecto total del congelamiento en la pensión neta, se darán cuenta que calcular el ahorro considerando sólo la pensión bruta es un ejercicio fantasioso que está totalmente desligado de la realidad. Además, el ahorro generado es un monto muy reducido si se compara con el PIB.

Asimismo, mostraremos que ese congelamiento de las pensiones produce un efecto regresivo, perjudicando a las pensiones más bajas. Las pensiones menores a 1,5 millones sufrirán una disminución importante, principalmente si la inflación es relativamente alta como 5% ó 10%.

Este efecto, unido al hecho de que las pensiones bajas son la mayor parte de las jubilaciones afectadas por el congelamiento, hace que la mayor parte del ahorro recaiga sobre tales pensiones. Otra aberración producida por el fanatismo fiscal de los últimos 33 meses, que descarga el costo del ajuste fiscal sobre los segmentos más pobres de la población.

Descargue el documento en formato PDF para ver todo el análisis con los gráficos y un cuadro aportados por el autor.

* Documento compartido por Freddy Pacheco León.