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Etiqueta: polo de desarrollo

UCR recomienda no aprobar proyecto de ley “Polo de Desarrollo” sobre minería en Crucitas

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó, mediante el Acta N.° 6936, a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley denominado Ley para la recuperación sostenible de Crucitas y la creación del polo de desarrollo de la Región Huetar Norte de Costa Rica (Expediente n.° 24.675), tras realizar un análisis académico, jurídico, social y ambiental exhaustivo.

Este proyecto fue propuesto por el Frente Amplio y, en días pasados, la presidenta electa Laura Fernández lo planteó como una alternativa para discutir y comparar con el proyecto apoyado por el Poder Ejecutivo (Expediente n.° 24.717).

El criterio fue emitido por la UCR en septiembre pasado, a solicitud de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, en cumplimiento del artículo 88 de la Constitución Política. El análisis contó con la participación de múltiples instancias universitarias, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Económicas, la Escuela Centroamericana de Geología, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y el Programa Kioscos Socioambientales.

Desde una perspectiva social y comunitaria, el Consejo Universitario reconoce que la iniciativa contiene elementos relevantes, en tanto “procura abordar la problemática de la minería ilegal en Crucitas, con énfasis en la recuperación ambiental, la promoción del desarrollo sostenible para las comunidades locales y la diversificación económica”. No obstante, advierte que este enfoque “requiere delimitar mejor el alcance regional del proyecto e incorporar de manera explícita la perspectiva de género”, dada la alta vulnerabilidad social de la Región Huetar Norte.

El acuerdo destaca que cerca del 69 % de los distritos de la región presentan niveles muy bajos de desarrollo social, por lo que resulta indispensable que cualquier iniciativa de esta naturaleza incorpore planes de desarrollo obligatorios, mecanismos claros de evaluación y una articulación institucional robusta que priorice a las comunidades locales y a las poblaciones históricamente excluidas.

Sin embargo, desde el punto de vista ambiental y técnico, el Consejo Universitario concluye que el proyecto presenta debilidades estructurales graves. En particular, señala que “carece de una fundamentación técnica sólida” y que se sustenta en una lógica de “capitalismo verde que ha demostrado ser insuficiente para enfrentar los retos estructurales que implica la explotación ilegal de los bienes naturales”.

Entre las principales omisiones, la UCR subraya la ausencia de un diagnóstico ambiental científico sobre los niveles de contaminación por mercurio, la falta de protocolos de remediación, la inexistencia de estándares de calidad ambiental y la carencia de un sistema de monitoreo que permita evaluar la efectividad de las acciones propuestas. Asimismo, advierte que “no se presentan datos verificables sobre los pasivos ambientales existentes ni estimaciones técnicas o económicas sobre los costos reales de la remediación ambiental”.

Otro aspecto crítico señalado es la delimitación territorial del proyecto, ya que este se restringe a la antigua concesión minera de Crucitas, pese a que la minería ilegal “ha trascendido ampliamente esa área y se ha extendido a zonas colindantes y a lugares alejados como Abangares, e incluso con operaciones en territorio de Nicaragua”. Esta limitación, advierte el Consejo, podría provocar el desplazamiento del problema hacia otras regiones del país.

El Consejo Universitario también alerta sobre los riesgos éticos y jurídicos de la propuesta, al considerar que podría abrir la puerta a la mercantilización de la naturaleza y a la legitimación indirecta de actividades extractivas ilegales. En ese sentido, señala que la titularización del yacimiento de roca dura “podría sentar un precedente para la financiarización de la naturaleza, convirtiendo los ecosistemas en instrumentos sujetos a la especulación del mercado”.

Finalmente, el acuerdo concluye que el proyecto “no constituye una solución adecuada ni sostenible a la crisis legal, ambiental y social generada por la minería ilegal en Crucitas y sus zonas adyacentes”, y advierte que ninguna iniciativa será efectiva mientras el Estado no recupere un control real y sostenido sobre la seguridad y la soberanía del territorio. Según la UCR, “la ocupación informal del espacio por actores ilegales, la débil presencia institucional y la limitada capacidad de fiscalización convierten en ilusorio cualquier intento de establecer una solución integral sin antes atender las condiciones básicas que requieren las comunidades de la región”.

Por estas razones, el Consejo Universitario acordó comunicar a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley, al tiempo que reiteró la disposición de la Universidad de Costa Rica de colaborar con criterios técnicos y académicos para la construcción de alternativas integrales, sostenibles y socialmente justas frente a la problemática de la minería ilegal en el país.

A lo largo de más de dos décadas, la Universidad de Costa Rica, a través de distintas rectorías y Consejos Universitarios, ha emitido numerosos criterios técnicos, científicos y académicos en oposición a los intentos de reactivar la minería en Crucitas. Se trata de pronunciamientos construidos desde múltiples disciplinas que, pese a partir de enfoques diversos, han coincidido de manera consistente y contundente en señalar los riesgos e impactos de esta actividad.

El acuerdo más reciente reafirma esta posición histórica y da cuenta de la coherencia institucional de la UCR frente a este tema de interés nacional. Puede consultarse en la sesión N°6967, un acuerdo ( CU-160-2025), relativo al proyecto de “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, y reforma parcial al Código de Minería” (Expediente n.° 24.717), actualmente en conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Acta y acuerdo completo en: https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/minute/2025/6936.pdf#page=81

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Organizaciones presentarán proyecto de ley para desarrollo sostenible de Crucitas, sin minería

Comunicado

  • Proyecto pretende obtener oro residual del saneamiento ambiental, para crear un Polo de Desarrollo en la zona
  • Se presentará por iniciativa ciudadana en la Asamblea Legislativa el miércoles 30 de octubre a las 4pm en el piso -3.

San José 28/10/24. Un grupo de organizaciones y personas que trabajan el tema ambiental y el desarrollo sostenible presentarán en la Asamblea Legislativa, el próximo miércoles 30 de octubre a las 4 pm, un nuevo Proyecto de Ley para crear un Polo de Desarrollo en Crucitas, aprovechando el oro residual que se obtendría del saneamiento ambiental que debe hacerse en la zona.

El Proyecto, elaborado de manera colectiva, pretende obtener cerca de $400 millones en oro residual, a través del obligado saneamiento que debe hacerse en la zona para la remoción del mercurio, metal pesado altamente tóxico y presente en la zona gracias a la minería ilegal.

El Proyecto de Ley para la Recuperación Sostenible de Crucitas propone la creación de un centro de atracción para el desarrollo económico sustentable en la zona, que a su vez generaría oportunidades de empleo local y regional sin hacer minería de oro.

Con esos recursos del oro residual, el Proyecto prevé la adquisición por parte del Estado de las fincas que son el núcleo del fallido proyecto minero de Industrias Infinito, para establecer ahí la sede del Polo de Desarrollo Sostenible y el financiamiento de actividades económicas comunales, tales como:

  • Instalación de una Comandancia de la Fuerza Pública para dar seguridad al eje Tablillas-Crucitas.
  • Creación del Geoparque Ambiental de Crucitas como Monumento Natural para promover la investigación científica y el turismo.
  • Extracción, comercialización, industrialización y obtención de valor agregado de la madera caída, mediante métodos de bajo impacto ambiental.
  • Cultivo y adición de valor agregado de raicilla ipecacuana (carapichea ipecacuanha), de alto valor en la industria farmacéutica y con arraigo cultural en la zona.
  • Otros proyectos productivos sostenibles con bajo impacto ambiental con el apoyo del INDER.
  • Establecimiento de actividades educativas y de investigación a través de la 2 participación de las universidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
  • Creación del Museo Natural e Histórico de Crucitas.
  • Promoción del turismo científico, de experiencia y el ecoturismo.
  • Inversión en infraestructura básica en la zona que rompa la pobreza estructural existente.

Todas las actividades se realizarían bajo la supervisión y administración del MINAE, con la obligada colaboración de otras instituciones como el INDER, INA, COMEX, IMAS, Banca para el Desarrollo, universidades nacionales o internacionales, el ICT, la Municipalidad de San Carlos, entre otras.

La coordinación de la elaboración de este Proyecto de Ley ha estado en manos del abogado especializado en derecho ambiental, Edgardo Araya, quien ha trabajado en consulta con distintas organizaciones sociales para crear una propuesta de bajo impacto ambiental y cuyo objetivo sea el desarrollo económico en las comunidades aledañas.

“Según el Proyecto presentado por el gobierno obtendríamos $205 millones en 10 años y generando destrucción ambiental en 1,500 a 2,000 hectáreas. Con este Proyecto obtendríamos $400 millones limpiando la zona y además se prevé la posibilidad de que el Estado obtenga alrededor de $1200 millones más, conservadoramente hablando, a través de la emisión de certificaciones digitales de activos, que se respaldan por la existencia comprobada de oro en roca dura y que se pueden titularizar en el mercado para ampliar el financiamiento del proyecto, con la única condición de que nunca podrá ser extraído” afirmó Edgardo Araya.

Esos certificados digitales deberán ser colocados en el mercado bajo la condición de que el oro que los respalda no podrá ser extraído, para proteger así la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que genera la riqueza natural del lugar.

El proyecto prevé que de los recursos obtenidos, necesariamente el 50% deberán ser invertidos en la región, con especial énfasis en los distritos de menor índice de desarrollo humano.

Imagen: Semanario Universidad