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Etiqueta: precarización social

El desafío agroecológico

Gerardo Cerdas Vega

Por Dr. Gerardo Cerdas Vega,
Sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA/UNA)

La actual coyuntura internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha encendido todas las alarmas a nivel global sobre la inminente crisis alimentaria, asociada por un lado al incremento desbordado en el precio de la energía y los fertilizantes y, por otro, a problemas de logística global surgidos en el marco de la pandemia de COVID-19 (la así llamada “crisis de los contenedores”), en un contexto marcado por la multiplicación de eventos climáticos extremos, que ya de por sí afectan la seguridad alimentaria mundial, con mayor gravedad en algunas regiones y países.

No obstante, aunque parece que solo nos damos cuenta de la fragilidad del sistema agroalimentario globalizado en el pico de una coyuntura crítica, la situación actual se viene formando desde hace mucho tiempo atrás. No solo por la difusión, desde los años 1940, de un modelo de agricultura altamente contaminante y dependiente de los combustibles fósiles (la “Revolución Verde”), sino por la imposición, desde los años 1980, de constantes oleadas de ajustes neoliberales que arruinaron la agricultura campesina, volcada para el mercado interno, en prácticamente todos los países del mundo.

Efectivamente, desde los años 1980 se ha venido impulsando una agenda de destrucción de las economías agrarias de base local, al tiempo que se abría la brecha para que grandes corporaciones del agronegocio dominasen el mercado mundial de alimentos, semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola, avanzando los intereses de las potencias hegemónicas, en especial de los Estados Unidos. Un mercado altamente lucrativo, oligopolizado y destructor, propulsado por la liberalización del mercado mundial de productos agrícolas a partir de 1995 (negociaciones de la OMC y tratados de libre comercio impuestos por Estados Unidos, Unión Europea y más recientemente, China).

En el caso de Costa Rica, hemos visto una aplicación progresiva de este ideario al mundo rural y a la producción agrícola, con nefastas consecuencias para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país y para la viabilidad económica de la agricultura campesina. Durante cuatro décadas (cómo no recordar el tristemente famoso lema “Volvamos a la tierra” del plan de gobierno de Luis Alberto Monge y la aplicación sucesiva de los Programas de Ajuste Estructural), se nos ha dicho hasta el cansancio que es más barato importar, que teníamos que “reconvertir” la agricultura, integrarnos a las cadenas globales de valor. Producir, siempre producir, a todo costo, los viejos y nuevos productos que el mercado global demanda, no importa si ello implica devastar la tierra, los ríos, la trama de la vida. Pagar millones de dólares a las corporaciones que controlan semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola. Dejar al agronegocio y a los grandes importadores por la libre y a los pequeños frijoleros, maiceros, arroceros y en general a las familias rurales, integrarse a la “agricultura de cambio” o emigrar a la ciudad / al extranjero para no morir de hambre.

Bueno, ahí tenemos el resultado. Hoy por hoy, Costa Rica es un país extremadamente vulnerable desde el punto de la seguridad alimentaria y sin ninguna soberanía alimentaria efectiva, tal como lo revela la publicación del Semanario Universidad del día 30/03/2022[1]. ¿Cuánto durarán los estoques de alimentos en caso de un corte abrupto en los flujos de importación? ¿Por cuánto tiempo podrán los productores agrícolas seguir costeando el alza en el precio de los insumos? De acuerdo con diversos analistas y fuentes, es muy probable que este año vamos a tener la subida más alta de los precios de los alimentos en toda la historia, más que en 2008, pero con un escenario de mayor precarización social y laboral a nivel mundial sin precedentes, como resultado de la pandemia (que aún no acaba, dicho sea de paso).

Cabe anotar, adicionalmente, que el informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y El Caribe 2020, apunta que, en Costa Rica, para el periodo 2017-2019, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave afectó al 5,4% y la inseguridad alimentaria moderada al 25,5% de la población nacional (datos prepandemia). Año con año, se reduce el área destinada a productos como arroz, maíz, frijol al tiempo que disparan las importaciones. Producimos cada vez más piña, palma, banano, café (estos cuatro productos concentran el 70% de la superficie agrícola), pero se reduce la producción de géneros alimenticios indispensables para la dieta nacional. Todo ello sin hablar de la utilización masiva de fertilizantes y pesticidas químicos (hoy a precios estratosféricos) que contaminan la tierra, el agua y los propios alimentos, enfermando a quienes los producen y a quienes los consumen.

En este contexto, el desafío que se coloca con urgencia es el de una transformación del régimen agroalimentario en la dirección de una verdadera sustentabilidad (ambiental, alimentaria, social, económica, cultural). Y ese desafío es lo que llamo el desafío agroecológico: producir alimentos sobre una base ecológicamente saludable, con viabilidad económica, respeto y fomento de la agricultura campesina, agrobiodiversidad, igualdad/equidad de género, soberanía alimentaria y apoyo de la sociedad (inclusive a través de políticas públicas costeadas por el contribuyente), para disputar verdaderamente el perverso control corporativo sobre aquello que comemos y la forma como lo producimos.

América Latina y El Caribe son el epicentro de una verdadera revolución agroecológica, que hoy se extiende por todo el globo (aunque esto no salga en el noticiero). En esta región (y en todo el mundo), abundan los ejemplos de que otra agricultura es posible, una agricultura con cara campesina, indígena, negra, de comunidades de pescadores, de mujeres rurales pero también de colectivos urbanos que se organizan para producir alimentos en las ciudades, o bien que tejen redes para poner en contacto a los productores y productoras agroecológicos con los mercados citadinos y organizan circuitos cortos de comercialización para darle salida a la producción local a precio justo y sin el desigual tratamiento que dan los intermediarios a quienes que  producen la comida que comemos. Entre 15 y 20% de los alimentos en el mundo se producen en las ciudades, donde más de 300 millones de personas practican agricultura urbana.

La agroecología es entendida como un movimiento social, como una ciencia y como un conjunto de prácticas ecológicas para el manejo a nivel de finca. Es intensiva en conocimiento local puesto que integra en su seno el saber de las productoras y productores campesinos/as, negras e indígenas (entre otros), así como el apoyo de universidades, ONG comprometidas con las luchas sociales, investigadores/as y activistas en busca de una nueva forma de producir y comercializar alimentos que, por otra parte, se entiende como parte de una ancestralidad, espiritualidad y una conexión íntima con la tierra que son indispensables para superar la actual y las futuras crisis alimentarias, sociales y climáticas. La defensa de las semillas criollas es una de sus bases fundamentales, tal como lo afirma La Vía Campesina.

Así, es urgente que comencemos a discutir, a nivel país, pero sobre todo a nivel local, una salida al laberinto en que nos encontramos. El desafío agroecológico nos llama con más fuerza que nunca. Tal vez la única “virtud” de esta guerra y de esta crisis multidimensional que atravesamos como humanidad, es que ha abierto una ventana de oportunidad para que miremos a fondo la complejísima situación que estamos enfrentando y discutamos los caminos posibles para transformar nuestra relación con los alimentos, lo que conlleva replantearnos por completo nuestra relación con la Tierra y sus ciclos vitales, que no son, precisamente, los de la ganancia corporativa.

En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, la política de acabar con la agricultura campesina hizo grandes estragos, pero no acabó por completo con la resistencia local. Hay diversas y ricas experiencias agroecológicas locales que permanecen dispersas, así como un creciente número de personas en el campo y la ciudad que están preocupadas por la calidad de los alimentos que producen y consumen y por las consecuencias medioambientales de todo ello. En función de lo anterior y en el marco de esta coyuntura nacional e internacional, necesitamos con urgencia reconocernos, encontrarnos, nombrarnos y movilizarnos como parte de una transición y una transformación en curso donde la alimentación ocupe un lugar destacado en la agenda pública y nuevas prácticas y alternativas sean construidas desde abajo, desde los territorios y con apoyo de diversos actores comprometidos con un diálogo de saberes horizontal y participativo, que busque sacar a los alimentos de la lógica de la acumulación de capital y los devuelva a las lógicas de existencia de los pueblos.

[1] MAG y agricultores advierten: el país está a las puertas de una caída en la producción de alimentos • Semanario Universidad

La agenda conservadora regresiva y la regla fiscal antihumana avanzan al ritmo de la pandemia

SURCOS comparte la siguiente información:

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical
SIFUPCR-CMTC
Sector Salud Costa Rica

Nuestra historia reciente nos coloca en cuatro momentos de irrupción político-social: la lucha de Alcoa, el combo del ICE, el referéndum contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), cuyos bondades seguiremos esperando y finalmente en el pasado más reciente la huelga del 2018, contra la mal llamada “ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, conocido popularmente como combo fiscal, hoy ley 9635, que jamás resolverá el tema del déficit fiscal, proceso diremos sellado con la aprobación de la ley 9808, que a nuestro gusto es violatoria de derechos humanos fundamentales.

En esos cuatro episodios de lucha, aunque se ha ocultado, el pueblo debe entender que lo que ha realmente ha sucedido es, una disputa del enfoque del modelo de desarrollo nacional, es decir, una disputa política entre un grupo cada vez más pequeño de ricos y un bloque de pobres cada vez más grande , una guerra entre el Dios mercado versus el Dios Estado, un partido entre la exclusión y la inclusión social, lo cual en concreto explica, porque todo es más caro, porque hay menos trabajos, porque hay más pobres, porque recortan las becas, porque hay menos comida en el comedor de la escuela, etc.

El balance de ese devenir histórico nos permite atrevernos a decir, que el país ha entrado en una suerte de proceso muy perverso, antidemocrático, antihumano y altamente corrupto, cuyo buque insignia no dudamos en decir, es la antihumana, darwiniana y dogmática regla fiscal, que ya empezó a hacer las veces de un cartucho de dinamita que terminará de dejar en añicos el Estado Social de derecho y cuyos efectos e impactos vulneraran y precarizar aún más la vida de miles o millones de hombres, mujeres, niños y niñas.

Ese oprobioso proceso en desarrollo que los ricos impulsan en nombre de la modernidad y demás palabrerías lindas, que repiten los “medios de comunicación”, los seguirán colocando en la vitrina de una legalidad legítima, pero lo cierto es que alimentan un monstruo, una superestructura corrupta que ya no responde a las necesidades de las mayorías, no responde al qué por Dios tenga cada persona en su esfera personal y familiar.

En ese sentido rechazamos ese proceso de exclusión y no dudamos en proclamar que esas mayorías excluidas crecerán en número en cada rincón del país y que además al ser arrastradas irreductiblemente a lo que llamaremos una ilegalidad legítima, se consolidaran en algún momento histórico en lo que llamaremos el bloque social de los oprimidos y saldrán a protestar a las calles.

Ese conglomerado social en desarrollo tendrá como un volcán su momento de erupción y su magma humano deberá destruir las partes o el todo de este modelo corrupto, ya corroído y fetichizado en buena parte, está una cochinilla nacional vergonzante, para dar paso a un nuevo modelo de país más humano, probó, ético, inclusivo y respetuoso efectivamente del enfoque de género, de los derechos humanos y del trabajo decente.

Lo descrito nos coloca en el hoy y vemos como todos los y las aspirantes a Zapote o a Cuesta de Moras, construyen discursos huecos y gastados de una nueva normalidad, pero lo cierto del caso es que son marionetas y títeres de los del bando de los ricos y como es de esperar serán correa de transmisión de los sectores conservadores y neoliberales de Costa Rica que han aprovechado la pandemia de la Covid-19, para posicionar e impulsar su agenda política y económica.

Veamos:

  1. Rebaja de «cargas» sociales. Las contribuciones a la seguridad social (mal llamadas “cargas”) financian el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), el Seguro de Salud y varios programas sociales. Recientemente crecen las voces que dicen que estas “cargas” son las responsables del alto desempleo y de la alta informalidad laboral. La propuesta es mecánica y sencilla: si las “cargas” son muy altas, hay que bajarlas. Pero cuando se les pide a estos sectores alternativas de financiamiento, el acuerdo entre ellos mismos cesa. El gran peligro es desfinanciar la seguridad social en Costa Rica, uno de nuestros últimos bastiones del Estado Social de Derecho. .

Una forma de asfixiar salud y pensiones y avanzar en la ruta de la privatización.

  1. Privatización camuflada de pensiones.

Se está posicionando una matriz informativa que lleve a la gente a creer que una “pensión básica universal”, aunque su monto sería ridículamente bajo. Se trata de una forma abierta de impulsar la privatización camuflada de las pensiones, aunque se evite el término “privatizar”, hoy completamente desprestigiado cuando de pensiones se trata.

  1. Cierre del PAI y del CNP. Si hay problemas en el CNP, estos deben identificarse y corregirse, pero la prensa del gran capital solo conoce una palabra: cierre. A los grandes agricultores les duele el Programa de Abastecimiento y Apoyo (PAI), que con justeza fue creado para evitar que miles de pequeños agricultores cayeran en la pobreza.
  2. Apertura eléctrica. Igualmente avanzan en colocar este tema en la agenda pública y con el enfoque conocido. El caballo de batalla en esta ocasión es “generación distribuida”, pero tampoco faltan las voces que sencillamente claman por la privatización de la generación, hoy en manos del ICE, CNFL y cooperativas eléctricas.
  3. Defensa cerrada del austericidio.

La llamada regla fiscal ya está haciendo estragos en muchas instituciones públicas, desde el Ministerio de Educación hasta las universidades públicas. No ponemos en duda la importancia de la eficacia y eficiencia en el gasto público, pero la regla fiscal se ha convertido en la mejor arma para destruir “a mordiscos” nuestro Estado social.

Es urgente una reacción rápida y articulada de los movimientos sociales que impacte en la ciudadanía y que ponga en blanco y negro esta gran amenaza, porque lo que está en juego es la calidad y la misma posibilidad de los servicios públicos a la población más desfavorecida que estas instituciones brindan.

  1. Asfixiar RECOPE.

RECOPE es la joya de la corona que la oligarquía criolla anhela. Si bien es cierto que la refinación de petróleo no ha resultado según lo planeado, el verdadero negocio es la importación y distribución de combustibles. Y es esto lo que desvela a nuestros neoliberales criollos. La idea original de RECOPE sigue siendo correcta (más allá de los posibles errores de gestión): la importación de combustibles no debe ser un negocio para unos cuantos, por eso el Estado debe tener ese monopolio.

  1. Privatización de las frecuencias al ICE

Esta es otra “joyita”, la que queda por apropiarse de la apertura en las telecomunicaciones. Y al igual que el resto de las frecuencias radioeléctricas, las quieren a precio de ganga.

Esta es solo una lista incompleta de la agenda neoliberal de corto plazo, la cual es claramente regresiva en una Costa Rica que está dando pasos agigantados hacia una sociedad altamente desigual y excluyente y no nos cabe la menor duda de que la guillotina de la regla fiscal es afilada por los ricos en el molejón de la deshumanización y nos conduce directamente a una sindemia mayor de precarización social, que tarde o temprano provocará un nueva protesta social de enormes dimensiones que estará centrada en ondear

la bandera de la justicia social y la verdadera inclusión social desde una segura ilegalidad legítima que tendrá por objetivo destruir un modelo opresor y corrupto y construir normas de convivencia humanas e inclusivas a favor de las mayorías oprimidas.

28 de septiembre de 2021.

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