Juan Huaylupo Alcázar[1]
Es dramático para la ciudadanía costarricense que gran parte de la prensa hablada y escrita se encuentre sintonizada y sincronizada en la difusión de contenidos asociados a dar espacio preferente a la violencia delincuencial, al futbol, así como a validar como pertinentes las opiniones y decisiones de quienes dominan y de los que formal y aparentemente, nos gobiernan y representan, mientras están ausentes los análisis sobre situación y condición de los sectores más vulnerables y de los nuevos empobrecidos de la sociedad. No solo en la prensa está ausente esta reflexión y preocupación, también lo está en las vocerías gubernamentales que contradictoriamente atacan el trabajo y remuneración de los trabajadores, a la vez que repiten demagógicamente los anuncios de que juntos saldremos adelante y que todo será resuelto satisfactoriamente. Estas prácticas dejan sin contenido y significación a nuestra democracia.
El discurso del poder usa una engañosa prédica en favor de las mayorías para confundir, desmovilizar y enmascarar las acciones que convienen a los propietarios de corporaciones empresariales asociadas con la globalidad del capital. Luego, la demagogia igualitaria y de espurio nacionalismo de las palabras del gobierno, solo defiende los intereses y argumentos de quienes han privatizado la riqueza social; mientras que los otros, a los que consideran objetos del poder, son condenados a sufrir los efectos de las calamidades provocadas por las brechas económicas, sociales y políticas creadas y profundizadas por poderes totalitarios.
La pandemia ha dejado de ser una problemática sanitaria, para convertirse en el pretexto para justificar la eliminación de toda oposición y resistencia de los trabajadores, destruir la organicidad social y reavivar los añejos intentos de privatización de los activos públicos, pero también para disponer de la salud y la vida de los ciudadanos, a quienes se pretende culpar de sus propios padecimientos sanitarios y condición social. Desde esta conveniente distorsión de hechos e interpretaciones de los económicamente poderosos también se acusa a las instituciones que velan por la salud pública de ser responsables del creciente empobrecimiento al establecer las restricciones sanitarias necesarias y consistentes como prevención de la salud pública. Los empresarios, de este y otros países, se presentan como víctimas, cuando por sus exigencias y presión, son causantes del crecimiento exponencial de los contaminados y fallecidos.
Las voces, necesidades y esperanzas de los pobres, no importan a los ricos ni al poder estatal, que solo se interesan por mantener el statuo quo y la reproducción de su dominación. Así, eliminar las restricciones sanitarias son mandatos privados contra la salud pública a la vez que constituyen auténticos atentados contra los derechos humanos, y de esta manera se transparenta el desprecio hacia los otros de parte de propietarios que se imaginan dueños del país, del destino de la sociedad y de la vida. Estas prácticas del poder en Costa Rica son regresivas creaciones económicas y políticas del esclavismo y del fascismo de otros tiempos y espacios.
El apoyo de los pobres a las demandas empresariales, es el único recurso de quienes no tienen alternativas de resistencia y están dispuestos a ser sobreexplotados y ser sometidos a labores que comprometen su supervivencia cotidiana ante la precaria, excluyente y burocratizada ayuda estatal.
Las evidencias nacionales y de otros contextos han mostrado que, eliminando las restricciones sanitarias, ha habido un incremento de infectados y fallecidos por el coronavirus. No obstante, no es denunciado por la prensa y, por lo contrario, se culpa a las víctimas de no guardar las recomendaciones sanitarias, cuando en realidad son los poderes prevalecientes los causantes de las tragedias individuales y familiares.
Gran parte de los medios informativos sufren los efectos colaterales de la descomposición de sus falsedades y bodrios informativos, así como, por su evidente subordinación política, por ello se leen y escuchan menos. Estas prácticas denigran una noble profesión que expresó en diversos momentos de la historia su enfrentamiento contra toda forma de totalitarismo para defender la investigación, los derechos ciudadanos y el bien común.
[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.
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