CIDE UNA alerta que reducir la inversión educativa compromete el futuro de Costa Rica
El Centro de Investigación y Docencia en Educación de la UNA llama a revisar el Presupuesto Nacional 2027 y plantea convertir el cambio demográfico en una oportunidad para fortalecer la educación y preparar al país para las próximas décadas.
Costa Rica atraviesa una transformación demográfica que obliga a mirar las decisiones públicas mucho más allá del próximo presupuesto. Tenemos menos nacimientos, vivimos más años y avanzamos aceleradamente hacia una sociedad con más personas adultas mayores. Para 2050, aproximadamente una de cada cuatro personas en nuestro país tendrá 65 años o más.
Si en el futuro tendremos proporcionalmente menos personas en edad de trabajar, necesitamos garantizar desde ahora que esas generaciones sean más saludables, mejor educadas, altamente calificadas, productivas y capaces de acceder a empleos de calidad y mejores ingresos.
Por ello, preocupa que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contemple una reducción de aproximadamente ₡19.000 millones para el Ministerio de Educación Pública respecto del presupuesto vigente de 2026, así como un Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) con un crecimiento nominal para las universidades públicas.
En el caso del MEP, Programas de Equidad, que financia alimentación, transporte y apoyos para estudiantes en condición de pobreza o vulnerabilidad, se estima una reducción de ₡2.382 millones respecto al 2026. Esto a pesar de que nuestras poblaciones estudiantiles crecen en comunidades atravesadas por desigualdades, pobreza, violencia y una presencia creciente del narcotráfico y del crimen organizado.
El problema no debe analizarse únicamente desde las necesidades financieras inmediatas del Estado. Se trata de preguntarnos qué Costa Rica estamos construyendo para dentro de veinte, treinta y cuarenta años.
Economistas y demógrafos de reconocido prestigio internacional como James J. Heckman, Ronald Lee, Andrew Mason, David E. Bloom, Michael Kuhn y Klaus Prettner han mostrado, desde diferentes perspectivas, una idea coincidente: en sociedades con baja fecundidad y creciente envejecimiento, invertir en salud, educación y desarrollo del capital humano de las nuevas generaciones resulta indispensable para mantener la productividad, el crecimiento económico y la sostenibilidad futura de los sistemas de protección social. Es decir, que el envejecimiento poblacional no constituye un argumento para invertir menos en las nuevas generaciones; todo lo contrario, es precisamente una razón para invertir más y mejor en ellas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, Costa Rica) y el Programa Estado de la Nación, aportan evidencias que deberían incorporarse a esta discusión nacional.
En primera infancia, Costa Rica mantiene una cobertura muy baja de servicios educativos y de cuido para la niñez menor de tres años. Ampliarlos no solamente favorece el desarrollo infantil temprano; también permite una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, incrementa la población económicamente activa y contribuye a enfrentar las presiones fiscales futuras derivadas del envejecimiento.
En educación preescolar y primaria, el desafío ya no consiste únicamente en garantizar acceso. Necesitamos asegurar aprendizajes fundamentales. Persisten dificultades importantes en lectura, escritura y comprensión, por lo que la reducción de las cohortes estudiantiles producto de la baja natalidad debería convertirse en una oportunidad para brindar mayor atención individualizada, reducir el tamaño de los grupos, fortalecer la formación docente y garantizar que ningún niño o niña avance en el sistema educativo acumulando rezagos.
En secundaria tenemos todavía importantes desafíos de permanencia, inclusión y calidad de los aprendizajes. Una proporción significativa de personas jóvenes no completa este nivel y los resultados internacionales muestran importantes rezagos en matemática, ciencias y lectura. Paralelamente, la OCDE advierte que Costa Rica enfrenta déficits de técnicos y profesionales altamente calificados que pueden limitar nuestra competitividad y la capacidad para atraer actividades productivas de mayor valor agregado.
Para la educación superior el reto es igualmente estratégico. Costa Rica requiere aumentar significativamente la proporción de población con formación técnica y universitaria, particularmente en áreas científicas, tecnológicas y profesionales vinculadas con las necesidades futuras del país. La evidencia de la OCDE muestra además una fuerte relación entre educación terciaria y mayores ingresos laborales.
Esto es particularmente relevante en una sociedad más longeva, pues, mayor formación permite elevar la productividad, mejorar los salarios, ampliar la capacidad contributiva y fortalecer los ingresos que financian la seguridad social y los servicios públicos.
La disminución de la natalidad podría convertirse incluso en una oportunidad histórica. Tener cohortes más pequeñas debería permitirle a Costa Rica invertir más y con calidad en cada persona, ofrecer grupos menos numerosos, fortalecer el acompañamiento pedagógico, universalizar progresivamente los servicios de primera infancia y cuido, recuperar aprendizajes, mejorar infraestructura, fortalecer idiomas y competencias científicas y digitales, ampliar la educación técnica y aumentar el acceso y conclusión de la educación universitaria.
Convertir la reducción demográfica simplemente en una oportunidad para reducir el presupuesto educativo sería una decisión de muy corto alcance. Cuando nacen menos niños y niñas, cada uno de ellos adquiere todavía mayor importancia para el futuro colectivo del país.
Resulta especialmente preocupante cualquier discurso que plantee que, ante el envejecimiento poblacional, Costa Rica debe priorizar a las personas adultas mayores en detrimento de la niñez y la juventud. No se protege a las personas adultas mayores debilitando las oportunidades de las generaciones más jóvenes.
Por el contrario, la mejor garantía que podemos construir hoy para la calidad de vida de las personas adultas mayores de 2050 y 2060, es una generación futura saludable, educada, productiva, innovadora, con buenos empleos y capacidad para sostener solidariamente la seguridad social.
Quienes hoy somos personas adultas formaremos parte de esa Costa Rica de personas adultas mayores en el 2050. Nuestro bienestar futuro dependerá también de las oportunidades que hayamos sido capaces de ofrecer a quienes hoy son niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Reconocemos la importancia de mantener finanzas públicas responsables y atender la deuda del país. Pero una política fiscal verdaderamente responsable debe preguntarse cómo reducir las obligaciones presentes y cómo aumentar la capacidad futura del país para generar riqueza.
Por ello, desde el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional, instamos al Poder Ejecutivo y a las diputadas y los diputados de la Asamblea Legislativa, en el marco de sus respectivas competencias, a revisar las asignaciones contenidas en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio económico 2027 y a adoptar las decisiones necesarias para:
1. Impulsar un diálogo nacional amplio, plural y vinculante sobre la sostenibilidad de la inversión social y educativa del país, que permita trascender la lógica de las decisiones presupuestarias anuales y construir acuerdos de Estado de mediano y largo plazo sobre la Costa Rica que queremos y sobre la inversión pública necesaria para hacerla posible. Este diálogo debe incorporar al sector educativo, social, económico, productivo y político, a las comunidades y territorios, y a las propias poblaciones destinatarias de las políticas públicas, reconociéndolas como participantes activas en la construcción de las decisiones que afectan su presente y su futuro.
2. Proteger integralmente la inversión social destinada a la primera infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud, comprendiendo que educación, salud, nutrición, cuido, seguridad y protección social son dimensiones interdependientes del desarrollo humano y que el debilitamiento de una de ellas repercute directamente sobre las posibilidades de las demás.
3. Convertir la transición demográfica en una oportunidad para mejorar sustantivamente la calidad de la educación, aprovechando la reducción progresiva de las cohortes estudiantiles para brindar mayor atención individualizada, fortalecer el acompañamiento pedagógico, mejorar las condiciones para el aprendizaje y garantizar que ninguna persona avance en el sistema educativo acumulando rezagos que comprometan sus oportunidades futuras.
4. Proteger y fortalecer la inversión pública en educación en todos sus niveles, desde la primera infancia hasta la educación superior, avanzando progresivamente hacia el cumplimiento efectivo del mandato constitucional establecido para el financiamiento de la educación pública costarricense.
Atender nuestra deuda financiera es importante pero también debemos evitar contraer una deuda mucho más difícil de pagar: la deuda que significaría no haber desarrollado plenamente el potencial de las generaciones que deberán sostener Costa Rica dentro de treinta y cuarenta años.
Cuidar hoy a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes es cuidar el futuro del país. Invertir en las nuevas generaciones es también invertir en nuestra propia vejez.
Vocera Susana Jiménez, vicedecana del Cide
Entrevista Susana Presupuesto Educacion.mp4
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica