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Etiqueta: presupuesto para la educación pública

Don Nogui Acosta, la educación costarricense ya tiene su camino definido

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

Mujeres por Costa Rica

El 18 de noviembre pasado, en un artículo publicado por el periódico La Nación, el ministro de Hacienda manifiesta que: “La educación que debemos discutir no es la que tenemos”. Afirma además, “…la discusión sobre educación se ha centrado en defender el presupuesto en vez de concentrar esfuerzos para atender aspectos de fondo relacionados con la formación idónea que le permita al estudiantado una preparación adecuada para el complejo mundo en el que vivimos”.

Nuestro grupo de trabajo en educación del Colectivo Mujeres por Costa Rica acepta el reto de responder a la preocupación de Don Nogui con respecto a nuestra educación y sobre todo aclarar lo que él indica de que “nos agarró tarde” para definir …. “¿Qué habilidades tienen que tener los chicos hoy cuando salen (del sistema educativo)”?

Como titular del Ministerio de Hacienda don Nogui, con la venia de la ministra de Educación, en los últimos años han sido los más interesados en disminuir los presupuestos a la educación pública, sin asumir las consecuencias ni contextualizar los recortes más allá de una perspectiva de un mal concebido ahorro. Tal vez, desde esa visión, efectivamente les “agarró tarde” para hacer cambios sustanciales en la educación.

Sin embargo, Costa Rica tiene un largo camino recorrido de más de 150 años de sustentar el desarrollo de su educación en políticas educativas muy bien fundamentadas. Estas han sido políticas de Estado, firmemente ancladas en principios constitucionales que nos han permitido insertarnos en la economía global, atender y aportar al desarrollo tecnológico, sin desatender nuestra preocupación por el desarrollo humano sostenible y cultural.

En la actualidad, nuestro país cuenta con un modelo educativo innovador que integra el desarrollo de habilidades en los aprendizajes y a la vez, contamos con nuevos programas de estudio que permiten la introducción de enfoques pedagógicos novedosos, desde el nivel de preescolar hasta finalizar la educación secundaria. Esto se debe a que, nuestra formación educativa actual se basa en la Política Educativa y en la Política Curricular (aprobadas en los años 2016 y 2017) así como en otras más específicas tales como la de Educación para el Desarrollo Sostenible, la de Promoción de Idiomas, Aprovechamiento de Tecnologías digitales en Educación (PATDE), Tecnologías de la Información, la política de Educación y Formación Técnica Profesional (que incluye habilidades y competencias para el trabajo), entre otras. Todas esas políticas fueron construidas y consensuadas con diversos grupos afines y fueron debidamente aprobadas, en los últimos años, por el Consejo Superior de Educación, según consta en las Actas correspondientes y de acceso público, en el sitio WEB del Consejo. Con esos parámetros, el camino está claramente señalado y respaldado oficialmente así que, si la preocupación es realmente mejorar la educación, lo más lógico (y rentable) es seguir construyendo e innovando por los canales que son los oficialmente vigentes, y muy adecuados por cierto.

Sobre la formación por habilidades, ya eso existe. Con fundamento en la Política Educativa y conforme se especifica en la Política Curricular (Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular), aprobadas en el 2015 y en el 2016, nuestra educación precisamente se basa en el desarrollo de trece habilidades agrupadas en cuatro dimensiones que hoy forman parte y se ejecutan en nuevos programas de estudio y que son:

  • las nuevas maneras de pensar(pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación),
  • las formas de vivir en el mundo(ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable, vida y carrera),
  • las formas de relacionarse con otros(colaboración y comunicación) y
  • las herramientas para integrarse al mundo(apropiación de tecnologías digitales y manejo de la información).

Cada habilidad está debidamente conceptualizada en la Política Curricular. Ésta contiene además indicadores claros para monitorear el desarrollo de las capacidades en el estudiantado, a lo largo de su formación y las habilidades se profundizan desde el nivel de preescolar hasta el último ciclo de secundaria. También existen perfiles bien definidos que son desarrollados a lo largo de los nuevos programas.

Obviamente, ante esta situación, no es necesario diseñar nuevos programas de asignaturas por habilidades como don Nogui indica en sus declaraciones, pero sí es fundamental contar con presupuesto y fondos para capacitar y dar seguimiento a todo el personal docente y administrativo del país, en la aplicación e implementación de estas políticas y de los nuevos programas de estudio, y proveer también los ambientes y recursos adecuados para su implementación, así como de evaluaciones válidas y confiables. Sabemos que los cambios en educación son culturales, lentos y progresivos y requieren de financiamiento permanente. De ahí la preocupación de diversos grupos por la constante disminución del presupuesto asignado a educación.

La necesidad de apoyar la transformación curricular en proceso ha llegado también a las universidades. Fruto de un trabajo colaborativo liderado por el CONARE, varias instituciones universitarias formadoras de docentes, públicas y privadas, así como organizaciones afines, (más de diez en total), se logró establecer los marcos de cualificaciones que deben cumplir quienes siguen las diferentes carreras de educación, orientados a desarrollar las habilidades definidas en los nuevos programas que se ejecutan para la formación del estudiantado. Esos marcos de cualificaciones contienen los perfiles, criterios y otros referentes para la formación inicial de docentes, administrativos y orientadores y aseguran así una educación de mayor calidad, a tono con las políticas educativas vigentes que hoy los jerarcas del Ministerio de Educación están ignorando.

En Costa Rica tenemos claro el camino que debemos seguir para integrarnos a un mundo complejo y versátil pero, como bien sabemos, “sin cacao no hay chocolate”. Establecer una educación basada en el desarrollo de habilidades, que permitan el aprendizaje continuo (a lo largo de la vida), no es fácil. Es un cambio drástico que solo se puede lograr si se cuenta con presupuesto suficiente para apoyarlo y las condiciones necesarias para ejecutarlo. De ahí la preocupación expresada por diversos grupos por la disminución del presupuesto asignado para la educación pública.

Detener o postergar la ejecución de los cambios requeridos, cercenando el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación, tendrá costos muy elevados en nuestro desarrollo futuro como sociedad. Por ello, nuestro llamado es a que recapacitemos, dialoguemos y nos unamos como país, para evitar un mayor deterioro educativo, ya que eso solo conduce a incrementar la desigualdad y la pobreza y compromente además el futuro y bienestar de la juventud y la niñez de nuestra querida Costa Rica.

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Alicia Eugenia Vargas Porras 1-0362-0899
Yolanda Rojas Rodríguez 9-0012-0762
Yamileth González García 2-0246-0555
Vera V. Sancho Mora 1-0411-1454
Susan Francis Salazar 1-0721-0975
María Paula Villarreal Galera 1-1533-0586
Ana Lupita Chaves Salas 1-0455-0585
Eiliana Montero Rojas 1-0591-0052
Tania E. Moreira Mora 1-0579-0876
Virginia Ramírez Cascante 1-0543-0030
Josefina Pujol Mesalles 9-0069-0096
Melania Monge Rodríguez 1-0537-0482
Sandra Cartín Herrera 2-0343-0634
Arabella Salaverry Pardo 9-0002-0602
Margarita Bolaños Arquín 1-0407-0764
Eugenia Solís Umaña 1-0443-0132
Elizabeth Fonseca Corrales 4-0097-0783
Nora Garita Bonilla 1-0382-0064

Defensoría: Recortes al presupuesto de la educación pública genera efectos irreversibles en niñez y personas jóvenes

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

Presenta coadyuvancia ante el sistemático decrecimiento de la asignación presupuestaria hacia el sector educación respecto a la obligación constitucional.

“Cada colón que no se dirige a la educación y se incumple la obligación constitucional, provoca un deterioro irreversible en el sistema educativo público y afecta sensiblemente los derechos de la niñez y de las personas jóvenes”. Es por ello que la Defensoría de los Habitantes acudió a la Sala Constitucional a presentar una coadyuvancia a un recurso de amparo planteado ante la situación de recortes en el presupuesto destinados a la educación.

Una preocupación importante de esta Defensoría es que, debido al decreciente presupuesto asignado al sector educación a lo largo de los años, ha evidenciado un deterioro en diversos aspectos clave de la educación. Este declive se refleja en los resultados de las pruebas PISA, donde las calificaciones en matemáticas, lectura y ciencias son inferiores al promedio de la OCDE. En términos de infraestructura, 881 centros educativos cuentan con alguna orden sanitaria. Asimismo, se ha registrado una disminución del 30% en el número de personas beneficiadas por el programa Avancemos (transferencias directas del Programa de Equidad), así como una reducción del 1,5% en el número de estudiantes que reciben beneficios como transporte, alimentación y nutrición, becas postsecundarias y apoyo del programa de integración.

De un análisis realizado por la Defensoría de los Habitantes, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2023 del Instituto de Estadísticas y Censos, el número de personas de 5 a 18 años que no asisten a la educación formal aumentó de 46.554 en 2022 a 56.093 en 2023, lo que representa un incremento aproximado del 20%. El principal motivo de no asistencia es la falta de interés en el aprendizaje formal, con un aumento de 7.213 personas en 2022 a 11.875 en 2023, lo que equivale a un crecimiento del 63% en este grupo.  Además, las personas menores de edad estudiantes son una de las poblaciones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema, alcanzando aproximadamente un 37% en 2023 (12% en pobreza extrema y 25% en pobreza).

A manera ejemplificante sin que se agoten los supuestos de la afectación a la educación, uno de los programas más afectados ha sido el Programa de Equidad del MEP al experimentar una disminución constante en los últimos años. En 2022, el presupuesto disminuyó en un 11% en comparación con 2021, y en 2023 se registró una reducción adicional del 2% en comparación con el 2022.

La Sala Constitucional desde hace más de una década ha advertido al Estado que los presupuestos asignados año con año a la educación pública han sido inconstitucionales por ser inferiores a lo que dispone el numeral 78 de la Constitución Política. Adicionalmente, con el recorte presupuestario a la Educación, el país incumple también lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sumado a ello, pone en evidencia en su coadyuvancia ante los Magistrados de la Sala IV que el informe presentado a ellos por Hacienda no demostró que dicha cartera haya realizado todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para movilizar y asignar presupuesto al sector educación indicado en la Constitución tal y como lo disponen las normas convencionales de derechos humanos económicos y sociales ratificados por el país como condición para que el Estado justifique medidas que pudieran generar regresividad en el goce de estos derechos.

De ahí que esta Defensoría le planteó a la Sala Constitucional resolver el recurso de amparo antes del 30 de noviembre del presente año, para que, por primera vez en la historia, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa acaten dicha resolución previo a la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2025.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

De patentes y universidades públicas

Escrito el . Publicado en Educación.

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica
jose.gutierrez@ucr.ac.cr

El día de la multitudinaria marcha en apoyo de la educación pública circularon en redes sociales videos en los que se planteaba, entre otras cosas, que las universidades públicas costarricenses generaban muy pocas patentes y que esto era una señal de debilidad y de escaso aporte al desarrollo del país. Estos comentarios invitan a la reflexión.

¿Qué son las patentes?

Las patentes son un instrumento mediante el cual los estados confieren derechos exclusivos a las personas, instituciones o empresas que han desarrollado una invención, de manera que se impida a otros, dentro del territorio en cuestión, su utilización durante el período de tiempo en que rige la patente, si no se hace mediante autorización del titular de la misma. Para calificar como patente, estos desarrollos deben ser novedosos, tener carácter inventivo y potencial de aplicación industrial, diferenciándose de productos o procesos existentes. Los titulares de las patentes pueden licenciarlas a terceros para que estos las utilicen en la fabricación de bienes o la provisión de servicios.

¿Son las patentes un indicador de desarrollo científico y tecnológico?

El número de patentes que genera una institución o un país se ha considerado un parámetro que evalúa el grado de desarrollo científico-tecnológico y de innovación. En general, los países del norte global generan una mayor cantidad de patentes que los del sur global y Costa Rica no es la excepción. En nuestro país se concede un número escaso de patentes a personas costarricenses, lo cual es un indicador de un limitado nivel científico-tecnológico, como lo ha señalado el Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Pero se corre el riesgo de hipertrofiar el valor de las patentes como criterio valorativo de desarrollo científico-tecnológico al no verlas como un elemento más de un universo de parámetros mucho más amplio.

¿Es el escaso número de patentes otorgadas un signo de debilidad de las universidades públicas de Costa Rica?

No necesariamente. El crecimiento de la investigación científico-tecnológica y de innovación en un determinado país se acompaña, en términos generales, de un creciente número de patentes. Y el número de patentes concedidas a universidades públicas de Costa Rica es limitado; eso es verdad. Sin embargo, este tema debe analizarse con cuidado y a la luz del contexto nacional y de la misma filosofía que guía a las universidades públicas del país.

Patentar por patentar, como un fin en sí mismo, no tiene sentido, por al menos tres razones: (1) el proceso de patentamiento y el seguimiento a la protección de las patentes es caro y representa una erogación importante para las instituciones si se hace de una manera indiscriminada; por ello, se debe tener claro qué se requiere patentar y por qué. (2) Muchas patentes nunca se trasladan al plano real de la producción de bienes y la provisión de servicios. O sea, existen patentes que no son utilizadas y no redundan en beneficios para la colectividad. (3) La protección de los hallazgos científico-tecnológicos se puede hacer mediante otros mecanismos distintos de las patentes, los cuales también son reflejo de dicho desarrollo. La pregunta no sería entonces cuántas patentes tiene un país o una institución, sino más bien cómo la investigación impacta en la calidad de vida de la población, en el bien común, independientemente de si los descubrimientos se patenten o no.

Las universidades públicas costarricenses constantemente proyectan los resultados de sus investigaciones a amplios sectores de la sociedad mediante procesos que no involucran patentes. Estas universidades son el principal reservorio científico-tecnológico del país y generan un gran volumen de conocimiento, mucho del cual se vierte a la sociedad de diversas maneras.

Estos conocimientos se canalizan a través de la extensión o acción social, y tienen un impacto enorme en el desarrollo económico, social y cultural del país. Por lo tanto, el hecho de que las universidades públicas no generen muchas patentes no significa que las mismas no estén produciendo continuamente investigación científico-tecnológica de alto nivel y pertinencia, ni que esta no se proyecte a la sociedad de múltiples formas. La obsesión por las patentes no debe hacernos dejar de ver que la acción de las universidades públicas impacta de manera decisiva en el desarrollo, la prosperidad y la equidad del país.

A manera de ejemplo: lo que ha hecho el Instituto Clodomiro Picado

Estos conceptos se ilustran claramente con la evolución científico-tecnológica del Instituto Clodomiro Picado (ICP), una unidad de investigación de la Universidad de Costa Rica cuya misión es aportar soluciones al problema de los envenenamientos por animales ponzoñosos y contribuir con la biotecnología del país. Uno de los ejes principales de acción del ICP es el desarrollo tecnológico y la producción de sueros antiofídicos o antivenenos, no solo para Costa Rica sino también para el resto de Centroamérica, varios países de Sudamérica y también países del África sub-Sahariana.

En esta evolución, el ICP ha desarrollado importantes innovaciones en la tecnología para la producción de antivenenos. Algunos aspectos de esta tecnología eran susceptibles de protección y hubieran permitido efectuar una solicitud de patente. Pero el ICP decidió más bien que estos valiosos conocimientos sean de dominio público, de manera que los mismos puedan ser aprovechados por laboratorios productores de antivenenos de otras latitudes.

¿Por qué esa decisión? Porque la gran mayoría de laboratorios productores de antivenenos están ubicados en instituciones públicas de países del sur global, donde ocurren la mayoría de los envenenamientos por serpientes y escorpiones. Si se hubiera protegido estas tecnologías, este conocimiento no se habría utilizado por muchos de estos laboratorios, por motivos obvios. Por el contrario, el haber hecho público estos saberes ha permitido que países de América Latina y Asia hayan incorporado esta tecnología en sus procesos productivos.

Como consecuencia, se ha mejorado la producción y el abastecimiento de antivenenos en estas regiones y ello ha permitido salvar miles de vidas. La filosofía de la universidad pública, centrada en la procura de la excelencia y del bien común, sirvió de guía para esta decisión. No hubo patentes en este aspecto del trabajo del ICP. ¿Significa esto una debilidad? Todo lo contrario; se trata de una fortaleza que ha tenido gran impacto en la salud pública.

Por otra parte, el ICP desarrolló una tecnología novedosa para la producción de medicamentos derivados de sangre humana, tales como inmunoglobulina y albúmina. Aquí el análisis fue diferente. La producción de derivados de sangre humana está en manos de grandes empresas farmacéuticas privadas. Haber divulgado libremente dicha tecnología, como se hizo con los sueros antiofídicos, habría significado ‘regalar’ este conocimiento a dichas empresas.

En este caso se procedió de manera distinta: la Universidad de Costa Rica patentó esta tecnología en un gran número de países donde se ubican esas empresas, y la patente ha sido licenciada a una empresa colombiana, mediante un contrato que garantiza regalías a nuestra universidad cuando la empresa entre en la etapa de comercialización. Esto, además, fortalecerá la capacidad regional y la autosuficiencia en la producción de hemoderivados en América Latina. También se dejó planteada la posibilidad de producir estos medicamentos en Costa Rica para el sistema de salud pública nacional.

Conclusión

Estos ejemplos ilustran que el tema de las patentes en las universidades demanda un análisis crítico y no se puede tomar a la ligera. Lo esencial debe ser fortalecer el desarrollo científico-tecnológico endógeno, mediante una política decidida en la cual las universidades públicas tienen un papel central. Pero, además, se requiere garantizar que la ciencia y la tecnología beneficien a amplios sectores de las poblaciones y tengan como norte la procura del bien común.

El aporte científico-tecnológico de las universidades públicas permite conocer y brindar soluciones a muy diversos problemas del país y más allá. Y ese conocimiento lo vierten estas instituciones a la sociedad mediante variados mecanismos. El patentamiento y el licenciamiento de las patentes para su explotación son una forma, pero no la única ni la más importante, como el conocimiento fluye de los centros de investigación a la sociedad. Por lo tanto, juzgar el aporte científico-tecnológico de las universidades en términos de cuántas patentes tienen es una visión limitada y simplista que deja de ver un enorme abanico de contribuciones.

Las universidades públicas deben depurar continuamente su capacidad para generar nuevo conocimiento a través de la investigación y proyectar ese conocimiento mediante la docencia y la acción social o extensión. Pero deben hacerlo teniendo siempre como mira la procura del bien común, el bienestar de las mayorías y el desarrollo con dignidad y equidad. Para ello, entre otros requisitos, estos centros de educación superior necesitan recibir del estado el financiamiento que requieren, acorde con las necesidades del país y con el mandato constitucional. Por ello es fundamental asegurar un presupuesto justo para la educación pública en general y para la educación superior pública en particular.

*El autor agradece las valiosas discusiones que sobre este tema ha tenido con Mariángela Vargas, Guillermo León y demás colegas del Instituto Clodomiro Picado.

¡Tuve un sueño!

Escrito el . Publicado en Educación.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

Fue el 11 de diciembre de 1975 cuando el Ministro de Educación Fernando Volio reunió en su despacho a algunos profesionales en educación, derecho y economía; para plantearles la posibilidad de trabajar en la realización de dos proyectos, uno era la creación de una universidad a distancia. Entusiasmados, varios nos apuntamos a esa idea y se formó una comisión que iba a preparar desde el proyecto de ley hasta los documentos básicos de administración y académicos; para mi sorpresa por unanimidad aceptaron la propuesta de Volio que yo la coordinara.

Ese día soñé con ver aquel hermoso encargo terminado, imaginé a profesores recorriendo caminos en cualquier medio de transporte para atender las consultas de miles y miles de estudiantes de todas las regiones del país, que verían en la educación a distancia la posibilidad de estudio y superación.

Como siempre pasa, en el camino fueron quedando rezagados y perdidos aquellos que no soportan los rigores de caminos largos, a tal punto que solo llegamos al final el Dr. Enrique Góngora, el Dr. Chester Zelaya y yo, y alguno otro que aparecía como golondrinas en verano.

Terminada la redacción de la ley la defendimos en la prensa, la Asamblea Legislativa y debates organizados por sus opositores. Por fin lo logramos, la ley de creación de la UNED estaba aprobada y en mayo de 1977 se estableció su primer consejo universitario y se nombró las primeras autoridades.

El sueño abría los ojos a nuevos horizontes para ser realidad, cuando fui invitado a celebrar sus 40 años de fundación, se me acercó un matrimonio con sus dos hijos, llegan a darme las gracias por la labor realizada, eran de un caserío cercano de Puerto Jiménez y los cuatro recibían su título de graduación de la UNED, un nudo en la garganta no impidió aquel abrazo… el sueño era realidad… misión cumplida; al igual que con las decenas y decenas de miles que jóvenes que, como aquella familia, hicieron su sueño realidad.

Y por qué lo cuento… porque es un pecado de lesa patria decirle a los jóvenes y a los limonenses y por extensión a todos los costarricenses que… dejen de soñar y se pongan a trabajar, como se los enrostró la diputada Pilar Cisneros a los limonenses. No Pilar Cisneros, usted no tiene el derecho de pretender quitarle a ningún costarricense su derecho a soñar, si tiene la obligación de trabajar para que tengan un sistema educativo de calidad, bien financiado, sin miradas llenas de mezquindad y posverdades, donde ellos puedan realizar sus sueños.

Y lo que NO tienen derecho ni usted, el presidente Chaves, y los ministros Müller y Acosta, es montar una campaña y unos presupuestos que destruyan la obra educativa construida a lo largo de los 203 años de vida independiente que celebramos este mes, ni de instituciones que creamos muchos para que nuestros compatriotas hicieran sus sueños realidad.

Talvez Pilar Cisneros usted no lo entienda, pues para ello debe empezar por transformar sus pesadillas manifiestas en la Asamblea Legislativa…por hermosos y positivos sueños.

Carta abierta para personal docente, técnico docente y administrativo docente de la Educación costarricense

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

Costa Rica, 19 de agosto de 2024

Estimables colegas,

En los últimos tiempos, hemos tenido muy presente que en el idioma chino la palabra crisis se forma por dos vocablos: uno que significa peligro y otro que significa oportunidad. Esta paridad de conceptos, que derivan de idiomas milenarios, nos recuerda que, en toda crisis hay una oportunidad.

En estos momentos de crisis para la educación nacional, ampliamente documentada por diversas instancias, medios y personas, nos dirigimos a ustedes porque sabemos que la oportunidad de recuperación, de mejora y de superación descansa en una gran medida en ustedes.

En los momentos más difíciles de la crisis actual, con un liderazgo impositivo; sin una ruta clara; sin recursos, sin metas alcanzables y sin el reconocimiento a sus capacidades, sacrificios y esfuerzos, han sido ustedes quienes han sostenido al estudiantado, a las familias, a las comunidades, en fin, al sistema. Han sido ustedes quienes, con su esfuerzo, muchas veces invisible, han realizado su labor cerca de los litorales, muy alto en las montañas, muy profundo en las zonas rurales o de manera abrumadora en las ciudades: de día, en los centros educativos diurnos, con la niñez y juventud; o de noche, con la población joven y adulta. Han sido ustedes quienes han estado en el primer frente, dando la cara, poniendo el corazón, en muchas ocasiones, sus propios recursos y sus mejores esfuerzos en beneficio de la educación de nuestro país.

Y así como reconocemos que han continuado dando su aporte en estos tiempos difíciles, también reconocemos que en ustedes está la oportunidad de recuperar el sistema educativo de calidad, del que nos hemos enorgullecido en Costa Rica por más de un siglo.

Ciertamente es hora de que el país, la clase política, la gobernanza del sistema, les apoye para que con ustedes renazca la educación nacional de calidad. Es necesario que se le brinde al sistema los recursos económicos imprescindibles, garantizados en la Constitución Política; que se les acompañe a ustedes con formación, capacitación y recursos didácticos necesarios; y se les reconozca como profesionales dignos e imprescindibles para el progreso nacional.

Es el momento también, de que ustedes sigan respondiendo con ética, compromiso y responsabilidad. Recordemos que el puesto que se desempeña se debe a cada estudiante, a sus familias y a la Patria, quienes les agradecerán su interés y dedicación.

Tenemos seguridad de que, con el temple que han demostrado, con su esfuerzo redoblado y con el compromiso nacional, estaremos en la vía de cultivar la educación costarricense del siglo XXI que merecen nuestros descendientes.

Los y las abajo firmantes somos docentes activos, docentes jubilados, del sector cultura y del productivo; padres y madres de familia y personas de la sociedad civil que estamos conscientes de la situación de crisis que enfrenta nuestro sistema educativo nacional con los recortes presupuestarios y decisiones tomadas por los jerarcas.

Si usted quiere sumarse a los esfuerzos en defensa de la educación nacional, puede enviar su nombre, dos apellidos y número de cédula al correo apoyoeducacioncr@gmail.com

También puede firmar de forma directa en este enlace: https://chng.it/C6rzb7zCBs

¡Les estamos apoyando porque estamos apoyando el futuro de Costa Rica!

  • Silvia Chacón Ramírez 1 0501 0586
  • Miguel Gutiérrez Saxe 3 0178 0608
  • Karla Salguero Moya 1 0748 0133
  • Yalile Chan Jiménez 1 0567 0078
  • Alicia Eugenia Vargas Porras 1 0362 0899
  • Eleonora Badilla Saxe 1 0467 0076
  • Jaime Quirós Luque 1 0388 0821
  • Ana Lupita Chaves Salas 1 0455 0585
  • Jorge Antonio Chavarría Camacho 1 0437 0984
  • Lady Meléndez Rodríguez 1 0541 0868
  • María Flor Abarca Alpízar 2 0285 0063
  • Susan Francis Salazar 1 0721 0975
  • Mauricio Molina Delgado 1 07140 088
  • Jimena Zeledón Pérez 1 0955 0925
  • Libia Herrero Uribe 1 0379 0987
  • Carla Pozuelo Picasso 1 0559 0905
  • Mimi Prado Castro 1 0381 0537
  • Hazel González Araya 1 0759 0540
  • Oscar González Ramón 1 1530 0639
  • Isabel Avendaño Flores 1 0602 0245
  • Milena Alfaro Castegnaro 1 0573 0891
  • Jeanina Umaña Aguilar 2 0247 0157
  • Jeannette Odio Astorga 1 0432 0322
  • Laura Fernández Kalodziez 1 0648 0008
  • Ana González Fournier 1 0484 0871
  • María del Pilar Herrero Uribe 1 0500 0829
  • Edgar Julián Vega Zúñiga 1 0447 0300
  • Nandayure Harley Bolaños 1 0399 0304
  • Abril Gordienko López 1 0706 0786
  • Katheryn María Jiménez Bolaños 1 0871 0103
  • Doreen Bákit Peralta 1 0462 0542
  • Mireya Sánchez Chaves 1 0618 0504
  • Álvaro Antonio Facio Chavarría 1 0390 1245
  • Patricia Fernández Bustamante 1 0468 0076
  • Lilliana María Baudrit Castro 1 0455 0865
  • Lil Marie Apéstegui Fábrega 1 0576 0013
  • Luis Ernesto Feoli Araya 1 0542 0447
  • Joceline González Chang 1 0667 0051
  • Helga Blanco Metzler 1 0486 0655
  • Daniella Capra Badilla 1 1069 0965
  • Camila María Ordóñez Salguero 1 1884 0260
  • Elizabeth Calderón Jaubert 1 0562 0918
  • Rogelio López López 6 0084 0698
  • Marlon Gutiérrez Montero 1 0633 0741
  • Adriana Mesén Angulo 1 1135 0995
  • Haydée Adriana Blanco Metzler 1 0613 0342
  • Marielos Abrahams Sandí 1 0590 0288
  • Gustavo Hernández Alpízar 1 0820 0245
  • Luis Guillermo Cambronero Pérez 1 0833 0629
  • María de Los Ángeles Jiménez Carrillo 9 0001 0189
  • Karol Lara García 2 0615 0690
  • Vilma Álvarez Chaves 6 0126 0180
  • María Alsacia Escalante Peralta 1 0463 0144
  • Xinia Cerdas Araya 1 0593 0964
  • Mariela Alvarado Chavarría 5 0375 0253
  • Juan Carlos Ureña Ramírez 1 0566 0021
  • Hilda María Sanabria García 3 3017 0436
  • Hernán Gómez Salas 1 0491 0259
  • Sofía Arguedas Chan 3 0382 0969
  • Victoria Lafuente Trejos 1 0384 0573
  • Rafael Mora Goñi 1 0911 0767
  • Wilfrido Blanco Mora 6 0139 0954
  • Eugenia Chavarría González 1 0453 0187
  • Giovanna Macaya Alfaro 1 0957 0494
  • Adriana González Chan 1 0753 0721
  • Ruchilia Laya Hun Opfer 8 0054 0851
  • Yolanda Rivera González 6 0078 0535
  • Mónica Vul Galperin 8 0056 0825
  • Luis Ángel Piedra Barrientos 1 0525 0138
  • Carolina Valenzuela Hernández 1 0576 0574
  • María Marta Ortiz Rechnitz 1 0481 0612
  • Mario Vircha 5 0328 0474
  • Julieta Castro Bonilla 4 0099 0448
  • Alexander Jiménez Matarrita 1 0607 0350
  • Roxana Ávila Harper 1 0607 0225
  • Juan Carlos Calderón Gómez 3 0262 0714
  • Eugenia Gallardo Allen 1 0947 0800
  • Karla Martorell Esquivel 1 0950 0525
  • Camilo Molina Gallardo 1 1742 0029
  • Eugenia Allen Flores 1 0391 0548
  • Nicolás Pérez Smith 1 1860 0126
  • Vanessa Smith Castro 1 0756 0416
  • Jeannette Cerdas Núñez 3 0309 0392
  • María Marta Camacho Álvarez 1 0660 0027
  • Ana Polanco Hernández 1 0719 0462
  • Patricia Polanco Hernández 1 0711 0391
  • Karla Smith Castro 1 0918 0164
  • Rocío Chaves Jiménez 1 0572 0389
  • Valentina Marenco Campos 1 0980 0812
  • Mariela Richmond Vargas 1 1270 0295
  • Camilo Retana Alvarado 1 1190 0679
  • Consuelo Arguedas Quesada 3 0215 0635
  • Gloriana Retana Morales 1 0855 0865
  • Ileana Solano Mora 1 0598 0961
  • Felipe Campos Villalobos 1 1487 0074
  • Virginia Mena Herrera 1 1134 0833
  • Marta Nydia Castro Calderón 1 0372 0111
  • Manuel Enrique Fournier Solano 102580134
  • Gustavo Vargas Zamora 1 0879 0106
  • Florencia Chaves González 4 0141 0217
  • Ismene Jaén Rojas 6 0142 0802
  • Sonia Vargas Solera 1 0606 0444
  • Rola do Enrique Marín Ramírez 1 0626 0941
  • Andrea Cuenca Botey 1 1006 0165
  • María Fe Alpízar Durán 2 0403 0485
  • María José Herrera Luna 2 0721 0052
  • Tatiana Sobrado Lorenzo 1 0603 0901
  • Rolando Angulo Cruz 1 1006 0726
  • Lillianne Sánchez Angulo 7 0113 0629
  • Erika Mata González 1 1165 0555
  • Elías Marín Lara 9 0083 0968
  • Adriana Vanessa Villalobos Gutiérrez 1 1511 0589
  • Rodolfo Seas Araya 1 0584 0270
  • Ricardo J. Herrera Luna 2 0746 0438
  • María Adilia Luna Diaz 1 0878 0589
  • Valery Aguilar Valverde 1 1689 0536
  • Wilbert Herrera Castro 2 0423 0232
  • Hazel Torres Matarrita 1 1357 0009
  • Yaila Paola Sánchez Canessa 1 0801 0326
  • Carlos Enrique Amador Muñoz 1 0531 0539
  • Ana Isabel Canessa Barrientos 6 0039 0799
  • Clemencia Barrantes Rivera 1 0620 0133
  • Lucita Vásquez Barrantes 1 0768 0257
  • María Catalina Cortés Marroquín 1 0736 0678
  • Paula Herrera Odio 1 1410 0280
  • Maureen Rodríguez Cruz 1 1157 0826
  • Laura Sancho Martínez 1 1273 0397
  • Annia Mabel Rodríguez Jiménez 2 0458 0318
  • Pedro Augusto Murillo Rodrigues 1 0998 0424
  • Mildred González Hedges 184 000620223
  • Evelyn Ureña Santos 1 0946 0544
  • Jesús Peña Mejía 1 1211 0903
  • Christian Obando Fallas 1 1524 0882
  • Álvaro Gerardo Murillo Fonseca 2 0714 0180
  • Carolina Córdoba Zamora 3 0306 0213
  • Andrea Catania 1 0982 0528
  • Hellen Hernández Sánchez 4 0170 0425
  • Sol Carballo Bolaños 1 0458 0449
  • Sofia Riggioni Rojas 2 0725 0201
  • Michelle Sánchez Sancho 1 1571 0100
  • Adina Castro García 1 0738 0941
  • Laura Hernández Alpízar 1 0691 0588
  • Estefanía Dondi Aguilar 1 1327 0792
  • Marianela Jiménez Méndez 3 0314 0130
  • Camila Schumacher 103200040320
  • Ivonne Durán Orozco 1 0593 0175
  • Ena Aguilar Ramírez 1 0638 0063
  • Juan José Jiménez Granados 1 0582 0974
  • Álvaro Enrique González Gómez 2 0418 0005
  • Claudio Taylor Mckenzie 7 0603 0654
  • Karen Elizondo Ramírez 1 1292 0427
  • Gustavo Stanley 1 0849 0487
  • María Clara Vargas Cullell 9 0047 0355
  • Bryan Chavarría Campos 2 0643 0554
  • Vanessa Cicció Cabezas 1 1183 0788
  • Giselle Ugalde Sánchez 2 0357 0741
  • Sussan Eugenia Rodríguez Chaves 2 0555 0949
  • Silvia Monge Retana 1 0737 0490
  • Virginia Cortés Ramos 900750816
  • Alina Rojas González 1 0511 0047
  • Erika Linares Orozco 8 0072 0597
  • Eugenio García cédula 1 0624 0024
  • Annette Soto Calvo 2 0406 0972
  • Rebeca Mora Rodríguez 1 1149 0248
  • María Monserrath Hernández Obregón 1 0746 0224
  • Laura Patricia Morales González. 1 0713 0119
  • María Eugenia Pol Araya 2 0325 0806
  • Carolina Alvarado Pol 1 1041 0809
  • Carlos Pardo Mannucci 8 0048 0428
  • Lilliana Cerna Zúñiga 1 0546 0919
  • María del Sol Pardo Carballo 1 1581 0267
  • Erika Rojas Barrantes 4 0161 0960
  • Erina Campos Acuña 1 1300 0766
  • José Manuel Rojas González 1 0511 0046
  • Miguel David Picado Garita 3 0460 0489
  • Dagoberto Aguilar Mora 6 0427 0526
  • Dalila Pérez Chavarría 2 0782 0334