La Contraloría General de la República (CGR) aprobó de forma parcial el presupuesto extraordinario N.º 2-2025 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que incluye ₡2.700 millones destinados al pago de licencias de cuido para personas responsables de pacientes en fase terminal o con enfermedades graves, conforme a lo establecido en la Ley N.º 7756.
El presupuesto extraordinario, por un total de ₡50.458,8 millones, fue remitido por la CCSS el 6 de noviembre de 2025 y aprobado por la Contraloría el 12 de noviembre de 2025. La CGR aclaró que ahora corresponde a la CCSS ejecutar dichos recursos, trámite en el cual la Contraloría no tiene responsabilidad directa.
Fondos aprobados
De acuerdo con el informe DFOE-BIS-0653-2025, los recursos aprobados comprenden:
₡2.700 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para financiar el subsidio de licencias de cuido.
₡42,5 millones por ingresos no tributarios para la compra de insumos médicos.
₡10.832,6 millones en transferencias corrientes del Gobierno Central para cubrir servicios a trabajadores independientes y asegurados voluntarios.
₡25.329 millones en transferencias del Gobierno Central para amortizar deudas con la CCSS.
₡10.054,7 millones del FODESAF para pensiones de personas adultas mayores en situación de pobreza.
Aprobación y fundamentos legales
La resolución se fundamenta en las atribuciones de la Contraloría establecidas en los artículos 184 de la Constitución Política y 18 de la Ley Orgánica de la CGR N.º 7428, así como en la Ley N.º 7756, que garantiza el subsidio a responsables de pacientes terminales o menores gravemente enfermos.
Además, la aprobación responde al cumplimiento de resoluciones recientes de la Sala Constitucional (N.º 2025035754 y N.º 2025035801), que ordenaron a la CCSS y al FODESAF realizar los pagos de manera inmediata, al considerar que estos subsidios tienen carácter constitucional y no pueden ser postergados.
La CGR precisó que el análisis de legalidad del presupuesto se limita al cumplimiento de los requisitos normativos, y que la ejecución de los fondos es responsabilidad exclusiva del jerarca y los titulares subordinados de la CCSS.
Finalmente, el documento reitera que la aprobación de los recursos no implica pronunciamiento sobre la elegibilidad individual de las personas beneficiarias, sino sobre la congruencia legal y constitucional de la incorporación presupuestaria.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió una comunicación oficial para aclarar la situación en torno al pago de las licencias de cuido del programa de fase terminal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según el comunicado firmado por Mariela Azofeifa Olivares, jefa de la Unidad de Prensa y Comunicaciones del Despacho Contralor, el presupuesto extraordinario de la CCSS, que incluye ₡2.700 millones para cubrir estas licencias, fue recibido por la CGR el jueves 6 de noviembre de 2025.
Puntos principales del pronunciamiento
Ingreso reciente del presupuesto: El expediente llegó a la CGR el 6 de noviembre, desmintiendo versiones que indicaban un retraso prolongado.
Monto global: El presupuesto extraordinario no incluye únicamente el rubro de licencias de cuido, sino varios gastos por un total de ₡50.459 millones, por lo que el análisis debe realizarse sobre el conjunto de los recursos.
Competencia técnica: El análisis se encuentra en la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa —área con competencia para aprobar presupuestos— y no en el Despacho de la Contralora.
Compromiso con la diligencia: La CGR afirmó estar analizando el presupuesto con la mayor agilidad posible, para resolver e informar a la brevedad.
Responsabilidad institucional: El comunicado enfatiza que la responsabilidad por la gestión presupuestaria recae sobre la CCSS, no sobre la Contraloría.
Transparencia del proceso: Mientras el estudio esté en curso, la CGR no adelantará criterio; una vez finalizado, se informará públicamente según el procedimiento habitual.
El documento cierra reafirmando el compromiso de la Contraloría con la transparencia, legalidad y atención diligente de los recursos destinados a las personas beneficiarias del programa de licencias de cuido.
Se llama Rudolph, y se apellida Lücke, y es el nuevo ministro de Hacienda, por lo cual, ha de lidiar como novillero, con las chambonadas que le heredara el exministro Nogui Acosta, quien, al tener más de una decena de causas penales bajo investigación en la Fiscalía General del Ministerio Público, ahora anda en busca de una candidatura a diputación, que, de ser elegible, le cubra con la manta de la inmunidad-impunidad con que abusa el gobierno chavista.
Pese a ser un profesional serio, don Rudolph cometió el error, de aceptar la cartera de Hacienda, con los compromisos que, en un apresurado listado de tareas ocurrentes, le entregaron Acosta y el presidente Chaves.
Uno de ellos, es el capricho del ministro de Justicia, señor Gerald Campos, quien, bajo los lineamientos de Chaves, hasta viajó a la tierra del dictador salvadoreño, a que le dieran copia de unos planos de la mega cárcel, construida allí, en el país con menor índice de desarrollo económico del istmo centroamericano.
Pues resulta, que para esa improvisada cárcel bukeliana en suelo tico, proyecto misterioso y confidencial, del que se desconoce hasta el terreno supuestamente reservado para su construcción, a don Rudolph le dieron instrucciones de defender una irracional modificación presupuestaria, que no creemos que le tenga muy contento. Y ha de ser así, pues, entre otros, al descuidado Ministerio de Seguridad Pública, que, por incapacidad de su jerarca, ha contribuido a hundir a Costa Rica en PROFUNDA INSEGURIDAD, que está golpeando la paz de las familias costarricenses, su ministro propone bajarle sustancialmente el presupuesto.
Y lo hace, a pesar de que se vive con miedo, pues la violencia se refleja en un creciente e incontenible número de homicidios, nunca antes sufrida por nuestro pueblo, mientras su jerarca Mario Zamora, parece dispuesto a establecer un récord olímpico en criminalidad. Él, y por supuesto Rodrigo Chaves, le ordenan, irresponsablemente, a don Rudolph, recortar en Seguridad, más de ¢4.100 millones, cual, si no se necesitaran más policías, más patrullas, más armas, más uniformes, más chalecos antibalas, mejores condiciones en infraestructura, mejor alimentación, etc.
Recorte que sí preocupa al ministro de Turismo, pues siente, cotidianamente, que la actividad turística, principal fuente de empleo y divisas de Costa Rica, desciende peligrosamente, en, por ejemplo, Puntarenas, Limón y Guanacaste, cuyos habitantes sufren al interior de sus hogares, el hambre hija de la pobreza por el desempleo, que no se mitiga con promesas demagógicas gubernamentales. Para esos sufridos compatriotas, ese recorte presupuestario es la peor noticia en el peor momento, mientras que, los narcotraficantes y demás delincuentes, que se han apoderado de nuestras otrora pacíficas comunidades, la reciben como la mejor colaboración gubernamental, para seguir cometiendo crímenes.
Don Rudoph, igualmente tiene que lidiar con disminuciones presupuestarias injustificadas, dentro de su mismo ministerio. Ante los impensados zarpazos a sus finanzas, “como quien no quiere la cosa”, dice estar de acuerdo en desechar de su presupuesto, ¢365 millones, que sabe, son esenciales para cubrir el déficit que le heredó su antecesor, que le impide, si quisiera, fortalecer lo que debería ser una lucha frontal contra la evasión de impuestos, que, como sabemos, ¡supera la deuda pública de Costa Rica!
Adicionalmente, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes le recortan ¢1.745 millones, para esa versión tica de mega cárcel bukeliana, sin importar la urgencia que tiene el gobierno, por atender las necesidades de infraestructura vial, construcciones y reparaciones de puentes, los túneles falsos en la ruta 32, las deterioradas rutas cantonales y nacionales, más inspectores de tránsito, etcétera.
Como también, la Salud no parece ser prioritaria para la administración Chaves, ¢886,3 millones del Ministerio de Salud, con déficit presupuestario crónico, le son arrebatados, sin importar, igualmente, lo que piense su ministra vicepresidenta, ni las autoridades contraloras responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos.
Asimismo, cual, si no hubiere una crisis grave en ciernes en nuestro comercio internacional, se recortan ¢237,8 millones, al ministerio de Comercio Exterior, que ahora tendrá tareas extraordinarias que podrían ser fundamentales.
En fin, se le ha encargado al novel ministro de Hacienda, tomar la tijera y recortar unos ₡8.000 millones para financiar desde este mismo año, una cárcel de la que se desconoce su costo operativo, las características técnicas de la construcción y ni siquiera la finca donde se construiría, que obliga a los señores diputados a no desdeñar la responsabilidad de actuar razonablemente, en busca de los mejores acuerdos para la Patria.
Y, ¡atención a esto!, lo quieren hacer, en momentos de verdadera emergencia nacional, por el error con los fondos del Banco Hipotecario de la Vivienda, procedentes de FODESAF, que obliga a ajustar ₡24.000 millones que han de salir de otros rubros presupuestarios, a ejecutarse en este año 2025. Para enmendarlo, se plantean cambios que también golpean la atención social, pues, nada menos, en la Caja los recursos del Régimen No Contributivo, se encuentra el riesgo de atrasos o interrupciones en el pago de pensiones vigentes, la imposibilidad de incorporar 11.300 nuevos beneficiarios, y hasta el pago del aguinaldo, lo que asimismo, agravaría el déficit financiero que ya enfrenta el régimen, golpeando a los ancianos en situación de pobreza o pobreza extrema, que los requieren para sobrevivir. Y ni hablemos del Instituto Mixto de Ayuda Social, responsable de la atención integral de familias en situación de pobreza y pobreza extrema, limitando la acción sobre áreas críticas como alimentación, vivienda, salud, educación y empleo a 706 beneficiarios de los 55.168 programados a partir de agosto 2025, por lo que estos hogares quedarían desprotegidos, aumentando así su pobreza, y la desigualdad y la exclusión social.
¿Seguirán imperando las acciones destructivas que caracterizan a la administración chavista?
Para entender lo que está pasando en Guatemala es necesario comprender el modus operandi de la política del país. Que en términos generales se resume en un Estado cooptado por mafias que gravitan alrededor de los tres poderes. Estas mafias forman redes cuyo objetivo es enriquecerse con el presupuesto público controlando el congreso y el ejecutivo y asegurarse impunidad controlando el sistema de justicia. Por cierto, esta forma de operar el sistema político fue revelada a la ciudadanía gracias a las investigaciones de la CICIG. Como consecuencias existe una institucionalidad democrática débil para soportar la carga de un desarrollo integral.
Ahora bien, durante el 2020 ha habido varios hechos que han tensado la política guatemalteca. Entre los que se puede mencionar problemas relacionados con la pandemia del COVID 19 y de índole político. En el caso del primero se encuentra el endeudamiento del Estado a raíz de la pandemia del COVID 19 y cuyos resultados positivos no son evidentes (hospitales desabastecidos, médicos que no reciben salarios, etc.) y un gobierno incapaz de hacer frente al aumento de desigualdades sociales. En el segundo existe un intento de debilitar el sistema democrático con el descaro del Congreso de la República por no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, los ataques contra la Procuraduría de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial Contra la Corrupción.
A todo eso se suma la forma autoritaria de ejercer el gobierno que ha asumido Giammattei, ya sea enfrentándose a periodistas, atacando a organizaciones indígenas o simplemente haciendo oídos sordos a las demandas ciudadanas en cuanto a destitución de ministros y rendición de cuentas. Esto le ha representado que después de 10 meses Giammatei sea uno de los presidentes peor evaluados de la región (30% de aprobación y esta va en picada).
¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Fue la aprobación del presupuesto para el siguiente año fiscal. Donde se hizo visible ese modus operandi de la estructura política guatemalteca. Hay varios puntos claves que molestó a la ciudadanía desde la aprobación en hora de la madrugada, diputados que alegan que el mismo día de la sesión fue entregado la propuesta y que ya todo estaba negociado, el aumento de la deuda, la compra de un nuevo edificio para el congreso, disminución de fondos para atender la desnutrición, aumento de fondos para el Congreso, etc.
Y lo peor de todo es el sentimiento de que los diputados se están aprovechando de la pandemia y las catástrofes naturales para hacer un presupuesto a la medida de la corrupción, con el apoyo del gobierno. Todo ello generó un consenso social de diversos sectores (que no se veía desde las manifestaciones del 2015) de hartazgo hacia el sistema político. Esto conllevo a la manifestación del sábado 11 de noviembre, siendo una de las consignas más importantes que el presidente vete el presupuesto. Pero la respuesta del gobierno fue la brutalidad policial, desde gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos, detenciones ilegales a periodistas y estudiantes, portación de armas de fuego de elementos de la fuerza pública y uso de la violencia física en contra de mujeres y jóvenes que manifestaban pacíficamente. Una brutalidad policial que en el pasado reciente solo se conocía en el interior del país contra los pueblos indígenas.
Como consecuencia de las movilizaciones ciudadanas, en horas de la madrugada el congreso suspendió el trámite del presupuesto para desmotivar próximas manifestaciones. Aun así, todavía quedan varios puntos importantes por ejemplo el descontento ya no solo contra el presupuesto sino contra el sistema político, un presidente que cada día es más impopular, un congreso que carece de legitimidad y falta conocer cuál va a ser la reacción de las organizaciones campesinas e indígenas más allá de sus comunicados en oposición al presupuesto y papel del congreso. Lo que es una certeza es que hay todo un ambiente propicio para que la movilización ciudadana continúe.
Fuente de las imágenes: Tomada por Doug Tejeda de la cuenta de twitter de Pía La Periodista (@PiaLaPeriodista) Las otras dos fueron tomadas de la cuenta de Twitter de Agencia Ocote (@AgenciaOcote)
